El PSOE rechaza retirar el título de hijo adoptivo de Elche al general Francisco Franco, exjefe del Estado

«El grupo municipal socialista entiende que lo que no podemos hacer es dar por válido, por legítimo, un acuerdo que adoptaron en su día quienes no tenían la legitimidad de la representación de la ciudad para adoptar esa decisión en aquel momento. Entendemos que anularla sería, en parte, legitimarla». De este modo justificó ayer el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Alejandro Pérez, la decisión del PSOE de rechazar la retirada a Francisco Franco del título de hijo adoptivo de la ciudad, concedido el 10 de mayo de 1939.

El pasado miércoles, el ilicitano José Antonio Carrasco Pacheco presentó en el Registro municipal una iniciativa ciudadana en la que solicitaba que se anulara tal concesión. Carrasco cuenta con el respaldo de particulares y de entidades como el Casal Jaume I, la Asamblea de Dones d'Elx, Esquerra Republicana, Esquerra Unida, Partido Comunista y Movimiento para la Unidad del Pueblo. A la petición se sumó ayer el Grup Cultural Ilicità Tonico Sansano Mora, a través de un comunicado en el que se solidarizó con el Casal Jaume I por las amenazas recibidas por dos individuos de extrema derecha, como denunció el pasado martes.

Debate

El grupo municipal de EU se comprometió a presentar una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento, secundando la petición ciudadana, con el fin de que se debata y se someta a aprobación. Pero el PSOE no está por la labor, «después de un análisis exhaustivo del tema», como aseguró Alejandro Pérez.

El portavoz adjunto del equipo de gobierno insistió en que «no podemos legitimar políticamente con un acuerdo de anulación, una decisión que entendemos que en su origen, es ilegítima políticamente por antidemocrática. El grupo socialista entiende que una corporación municipal democrática y constitucional como es la nuestra, tan solo puede conocer de las decisiones políticas que hayan adoptado las corporaciones municipales legítimas. Entendemos que esa condición no se da en una reunión de unos señores que constituyeron una comisión gestora, nombrada por un mando militar».

Sin embargo, Pérez reconoció que oficialmente existe un acta del Ayuntamiento en el que se recoge el acuerdo adoptado en mayo de 1939, por el que el general Franco era nombrado hijo adoptivo de Elche. Pese a ello, reiteró que la decisión estaba tomada, y que se había considerado que es la «más responsable».

Aseguró que su grupo «respeta todos los planteamientos porque hay muchas sensibilidades, y por eso hay que ser respetuosos y responsables. Pero no podemos legitimar una decisión que para nosotros no existe. Entendemos que este acuerdo no está vigente en la actualidad. Lo importante es que desde 1978 los españoles nos hemos dotado de una norma de convivencia que es la Constitución, que es incluyente, y en la que cabemos todos».

Tal y como se recoge en el libro Historia de Elche, de Alejandro Ramos Folqués, Francisco Franco Bahamonde figura como hijo adoptivo de la ciudad junto al catedrático alicantino Rafael Altamira y Crevea, por su labor desarrollada en América del Sur (1910); Augusto Barcia y Trelles, por su intervención en los Juegos Florales (1921); Manuel Benedicto y Vives, por su defensa y divulgación del Misteri y el Palmeral (1954); Pedro María Cubero López de Padilla, obispo de la diócesis en su visita pastoral (1877); Charles Louis Dreyfus, como prueba de gratitud por el desarrollo de Riegos de Levante (1919); Óscar Esplá Triay, en agradecimiento a su trabajo en favor del Misteri (1931); José Francos Rodríguez, que además dio nombre a una plaza en la ciudad (1916); Eugenio d'Ors, como defensor del Misteri y el Palmeral (1940); José Poveda, por su mediación en la venida a Elche del rey Amadeo I y la designación de ciudad (1871); Joaquín Torres García, que fuera arcipreste de Santa María, por la labor realizada en la construcción del templo (1905).

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Los inmigrantes suponen ya casi el 20% de la población total alicantina

La llegada a la provincia de miles de personas procedentes de países como Rumanía o Bulgaria provoca que el resto de inmigrantes europeos se reduzca hasta el 50% del total

C. BERNAL/ ALICANTE

La inmigración extranjera es el factor que está permitiendo que el aumento demográfico y vegetativo en la ciudad de Alicante mantenga niveles continuos de crecimiento. Así se desprende del estudio Evolución de la Población en Alicante y Elche, de Carlos Gómez, director del Observatorio para la Inmigración de la Universidad de Alicante (UA).

Mientras que en 1995, la mayoría de los extranjeros residentes legales en la provincia eran europeos, hasta alcanzar el 85% del total, diez años después suponen el 50% del total.

Los ciudadanos del Este de Europa han experimentado el mayor aumento porcentual, en cuatro puntos sobre el total de la población extranjera de la ciudad. Mientras que en 2003 los ciudadanos de Europa del Este representaban el 6% del total de los extranjeros de la ciudad, un año después ascendían al 10,6%, pasando en términos absolutos de 1,962 a 3.004 personas.

Los rumanos experimentan en 2004 el mayor incremento en el empadronamiento de extranjeros, un 80%, al tiempo que los búlgaros (en la fotografía) han tenido un aumento del 46,5%. Aunque Rumania es la nacionalidad con un mayor incremento respecto al año anterior y se consolida como una de las más relevantes a principios de 2005, la comunidad procedente de este país es mayor en Elche, que, en el citado año, dobla en número a la que vive en la capital.

La llegada de rumanos, especialmente mujeres acompañadas de sus hijos, es un hecho que también han detectado desde ONG y colectivos que trabajan con inmigrantes como Elche Acoge o Cáritas.

Mayor porcentaje
La provincia tiene el mayor porcentaje de población extranjera de España sobre el total de los habitantes empadronados al situarse 10 puntos por encima de la media estatal, que se calcula en el 8,5%, mientras que la de Alicante es del 18,5%. En Alicante ahora residen 174.934 extranjeros, 42.667 en 1996.

Estos resultados se obtienen de realizar un análisis comparativo entre la población inmigrante total de Alicante y el resto de los habitantes autóctonos. En términos absolutos, Alicante es la tercera provincia española con mayor número de población extranjera, sólo por detrás de Madrid y Barcelona, y por delante de otras provincias más importantes en número de habitantes.

El crecimiento de la población extranjera en Alicante en los últimos años ha sido 134 veces superior al crecimiento experimentado por la población española. Desde 1997 a 2004, la variación de la población extranjera fue del 670%, con 31.542 extranjeros en el año 2004.

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La CN-332 seguirá desdoblándose al norte y al sur

La ampliación de la N-332 a su paso por la provincia de Alicante no se va a limitar a la zona de la Vega Baja. Tras licitar las obras de desdoblamiento entre Pilar de la Horadada y Guardamar, Fomento prevé duplicar la capacidad de esta carretera en los tramos más saturados de la Marina Baixa, empezando por Benidorm y La Vila.

J. L./ ALICANTE

La permanente eclosión urbanística en la que está inmersa la franja litoral de la provincia hace años que estranguló la carretera N-332, la principal vía de comunicación que discurre en paralelo a la costa alicantina y que sigue siendo paso obligado para acceder a la mayoría de núcleos de población y zonas residenciales con vistas al mar.

Torrevieja y el laberinto de urbanizaciones que la circundan han convertido ese tramo de la carretera en el mayor punto negro de tráfico de la provincia. El Ministerio de Fomento ha agilizado el desdoblamiento de la vía a su paso por la Vega Baja merced al convenio que firmó en su día con la Conselleria de Infraestructuras, que se encargó de redactar los proyectos y de encarar el proceso de expropiaciones. Eso le ha permitido en apenas un año sacar a licitación las obras de la Vía Parque Pilar de la Horadada-Torrevieja y Torrevieja-Guardamar del Segura. Ambos tramos suman más de 20 kilómetros que duplicarán la capacidad de la carretera donde más tráfico soporta en dos o tres años.

A pesar del último impulso, el Ministerio de Fomento es consciente de que el desdoblamiento de esta carretera, que soporta un volumen de tráfico de 35.000 vehículos al día en el tramo de Torrevieja, llega con muchos años de retraso y por eso pretende dar continuidad a la ampliación en otros puntos potencialmente conflictivos antes de que la situación sea insostenible.

Por eso, el siguiente tramo que se va a desdoblar es la circunvalación de Benidorm, que pasará a tener cuatro carriles, dos en cada sentido, con el fin de facilitar el tránsito sobre todo en época estival, cuando más afluencia de turistas hay. El estudio de impacto ambiental y la adecuación técnica del proyecto ya están aprobados y el Ministerio pretende sacar a concurso las obras y adjudicarlas antes de final de año para que comiencen durante el primer trimestre de 2008.

La variante de La Vila
En cualquier caso, este es solo el primer paso de una actuación que pretende hacerse extensiva a otros tramos de la carretera N-332 que discurren por la Marina Baixa. Mientras por un lado se planifica la eliminación de travesías urbanas con nuevas circunvalaciones, el departamento que dirige Magdalena Álvarez también prevé ampliar carriles en variantes como la de La Vila Joiosa, inaugurada hace poco más de dos años. El tramo que sortea el núcleo urbano es de un solo carril en cada sentido, pero el trazado ya se ejecutó con vistas a una inminente ampliación y su ejecución sería relativamente rápida, pues no es necesario realizar más expropiaciones, según confirmaron fuentes gubernamentales.

Los otros puntos negros que se pretenden eliminar de la N-332 están situados entre La Marina, en Elche, y el sur del término municipal de Alicante, que también soportan un elevado flujo de vehículos incluso fuera de la temporada turística. Sin embargo, el mayor problema aquí es sortear el impacto ambiental que las obras tendrían en humedales como el de Santa Pola o Aguamarga.

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Alperi echa la culpa de todos sus males "a los rojos"

En presencia de más de tres mil personas que llenaban el Pabellón de El Cabanyal de Valencia y ante Mariano Rajoy, el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, empezó su discurso en el acto que sirvió para bendecir, de forma pública, su candidatura a la reelección, junto a la de Rita Barberá y Alberto Fabra, alardeando de que concurre a los comicios «imputado» pero que, pese a ello, cuenta con el apoyo del PP. Rajoy, por su parte, se mostró convencido de que el primer edil volverá a ganar porque «ha dado la talla» y garantizó su presencia en Alicante durante la campaña.

En una intervención que no pasó desapercibida ni entre el campismo ni, por supuesto, entre los zaplanistas, el alcalde trató de restar importancia a la investigación judicial que se sigue contra él por presunto trato de favor al constructor Enrique Ortiz en la explotación de tres aparcamientos. «He estado imputado tres veces, una en cada elección, y las he ganado todas y las volveremos a ganar», aseguró ante un auditorio que le aplaudió el reto. El alcaldable popular pasó por encima de la durísima lucha interna del PP en la capital alicantina y focalizó la culpa de todos sus males en la dupla formada por «socialistas y comunistas» que «me han intentado echar».

Alperi, sin embargo, evidenció que confía en la victoria en las urnas durante los comicios del próximo 27-M y se congratuló de que, pese a sus conflictos judiciales y al acoso de la oposición, el partido le haya propuesto para la reelección «porque - dijo - el PP confía en mi». El presidente del PP, Mariano Rajoy, en su intervención y a modo de respuesta, auguró que Luis Díaz Alperi, como también Rita Barberá y Alberto Fabra, «seguirá siendo» alcalde tras las elecciones de mayo. «Han dado la talla y se han preocupado de lo que inquieta a sus vecinos», ensalzó a los tres. Mariano Rajoy agradeció al alcalde que «asuma el compromiso con su ciudad» y garantizó a Alperi que «apoyará» su campaña municipal en Alicante.

Sobre el futuro de la ciudad, el primer edil, que tras el acto de ayer en Valencia será ungido también como candidato oficial en una próxima convocatoria en la capital alicantina, pidió otro mandato para «seguir gobernando y progresando», al tiempo que acusó al Gobierno central de paralizar el progreso de Alicante negando financiación para determinadas infraestructuras. Luis Díaz Alperi también defendió la capacidad de su partido para gestionar temas como la llegada de inmigrantes y «que este tema no se convierta en un problema».

Durante el mitin, Rajoy volvió a avalar, una vez más, al presidente de la Generalitat y del PP, Francisco Camps, como líder de los populares valencianos, tal y como ha hecho en las últimas semanas frente al acoso de los zaplanistas, especialmente, en medio de la disputa por el control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. «Volverá a ser presidente para mi felicidad y para la de todos los españoles», vaticinó el presidente del PP que puso de nuevo como ejemplo, «de toda España», la estructura de su formación porque ha hecho de la Comunidad Valenciana «referencia para millones de españoles por su buen hacer y su sentido común».

En este sentido, el presidente nacional del PP destacó la situación de la administración autonómica. «Es un espejo para todos, de progreso, es un lugar para venir y quedarse», dijo Rajoy.

Los principales dirigentes del sector zaplanista, a las puertas de la confección del grueso de las candidaturas municipales y autonómicas, evitaron cualquier gesto que pudiera ser interpretado como un desaire o un incremento de la tensión. Junto al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, - el dirigente sobre el que pivota el sector afín al ex ministro - estuvieron, entre otros, los consellers Miguel Peralta o Gema Amor; el presidente de las Cortes, Julio de España; destacados miembros de la dirección provincial de los populares como Macarena Montesinos o Carlos Mazón, vicesecretaria provincial y secretario de Organización, respectivamente; o ediles alicantinos casi Pedro Romero. No estuvo, eso sí, arropando a los candidatos y a Mariano Rajoy, el propio Eduardo Zaplana.

El acto público fue el colofón de una jornada completa en la que Rajoy paseó por Valencia entre gritos de respaldo - ¡Amunt Rajoy!, le corearon por la calle - y presidió, como un nuevo gesto de respaldo a Camps, la reunión de la junta directiva regional del PP. A puerta cerrada, el líder nacional de los populares se mostró más prudente sobre las expectativas electorales de la formación de cara a los próximos comicios municipales y autonómicos al tiempo que reclamó «trabajo e inteligencia». «Estaré muy encima y atento a lo que ocurra aquí». Reclamó a los dirigentes populares que desconfíen de los datos de los sondeos. «Encuestas hay de todo tipo. Pero no hay que lanzar las campanas al vuelo. Hay que trabajar», pusieron en boca del dirigente popular que, en público, pasó de los conflictos en el PPCV. «Tengo absoluta confianza en Camps para resolver los líos y los problemas internos».

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En la provincia de Alicante todavía son susceptibles de urbanizar 75 millones de m2 de suelo rústico

F.J. Benito

El feroz proceso urbanizador que desarrollan los ayuntamientos alicantinos desde el año 2000 ha provocado que en estos momentos se encuentren en tramitación cerca de 500 programas de actuación urbanística que, de ejecutarse, supondrán la recalificación de suelo rústico a urbano de unos 75 millones de metros cuadrados, el equivalente a 7.500 campos de fútbol que se llenarán, en su mayor parte, con viviendas. Promotores y consistorios han puesto en marcha en los últimos siete años unos 1.300 PAI -1.189 entre 2000 y 2005, según la patronal Provia- que de desarrollarse por completo hubieran significado la urbanización de 195 millones de metros cuadrados (casi veinte mil campos de fútbol).

Entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2006 se iniciaron en la provincia 326.480 viviendas, distribuidas en su mayor parte por Orihuela, Alicante, Elche y Torrevieja, localidades donde la actividad constructora ha sido tremenda y donde, por otro lado, comienza a notarse ahora la ralentización que sufre la venta de las viviendas turísticas (segunda residencia), tanto en el mercado extranjero como el nacional.

La delegación de europarlamentarios que visitará el próximo 1 de marzo la provincia para fiscalizar los cambios incorporados por el Consell en su legislación urbanística -sustitución de la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística por la LUV- se encontrará con que actualmente se están tramitando cerca de 500 proyectos para recalificar suelo rústico y desde 2000 ya se ha finalizado la urbanización de 532 PAI, unos ochenta millones de metro cuadrados. Un desarrollo intenso que ocupa grandes superficies de suelo y amenaza con provocar un serio desajuste entre la oferta y la demanda.

Los precios continúan disparados, sobre todo los de los pisos nuevos que salen a la venta una vez escriturados, y aunque los expertos estimen que la subida de este año no superará los dos dígitos porcentuales y se acercará cada vez más al IPC, se han convertido en un factor que retrae a la demanda. Si a esto unimos la subida de los tipos de interés hipotecarios la coyuntura, hoy calificada por los técnicos como suave aterrizaje, puede acabar con provocar un parón en la edificación, motor junto al turismo de la economía provincial.

El Colegio Oficial de Aparejadores estimó el lunes que si la construcción cae por debajo de las 46.000 viviendas al año el sector comenzará a resentirse. Ayer, fuentes de la patronal de la promoción de viviendas subrayaron que «una cifra normal y con la estaríamos satisfechos sería la de cuarenta mil pisos iniciados por año».

El ritmo de edificación de viviendas en Alicante desde que comenzó en 2000 el último «boom» ha hecho posible desde entonces que cada año comiencen a construirse en la provincia más cuarenta mil casas con puntas superiores a las cincuenta mil en 2003 y 2004, cuando se alcanzó el cénit constructor. A partir de entonces se ha producido lo que promotores y técnicos consideran suave aterrizaje de un sector que, no obstante, inició 48.133 pisos el pasado 2006, cifra favorecida por el efecto que tuvo la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación. No obstante, todas las señales apuntan a que la efervescencia de los últimos años no se va a volver a repetir, incluso a pesar de los 75 millones de metros cuadrados de suelo que se están tramitando actualmente. Superficie urbana en la que entra todo tipo de construcción, desde un campo de golf a un polígono industrial pero que mayoritariamente se utiliza para acoger viviendas.

De los 1.189 Planes de Actuación Integrada presentados a tramitación en la provincia desde 2000, un 45% están finalizados (532); un 37% en tramitación (439) y el 18% se han desestimado (204).

Segunda residencia Gran parte de culpa de que el sector de la edificación de viviendas atraviese por su peor momento de la década la tiene, incluso, la recesión en la que ha entrado la venta de la segunda residencia en España y resto de Europa. Descensos que están localizados el algunos municipios pero que han encendido la alarma entre muchos promotores. Según el último balance del Banco de España, la inversión extranjera en inmuebles se situó en 4.377 millones de euros hasta noviembre de 2006, lo que supone un descenso del 13,3% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando alcanzó los 5.049 millones de euros. Paradójicamente, el gasto de los españoles en la compra de inmuebles en el extranjero casi se duplicó, y pasó de 1.102 millones de euros en 2005 a 2.039 millones el pasado año. En noviembre se mantuvo la tendencia iniciada en 2005 en ambas partidas.Las inversiones españolas en inmuebles en el extranjero siguen creciendo a un ritmo acelerado en términos interanuales, mientras que la inversión extranjera en España sigue cayendo.

Para los analistas del Banco de España, pese a la desaceleración que se ha producido en el crecimiento del precio de la vivienda en España durante los últimos meses, llegando a situarse en el 9,1% en 2006, la habitual compra de inmuebles por parte de ciudadanos extranjeros, principalmente en las zonas costeras, se está viendo frenada por los altos precios.

Un informe de la UE presentado esta semana alertó de que la presión que ejerce el turismo residencial sobre la costa española se ha convertido en un factor acelerador de los efectos negativos del cambio climático.

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El presidente de la CAM impide una última "chorizada" de los secuaces de Zaplana

JORGE FAURO

La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha desautorizado el viaje a Sicilia que los consejeros de Gesfinmed, el holding financiero de la caja presidido por Armando Sala, tenían previsto realizar en las próximas semanas, tal como la empresa viene haciendo cada año como detalle hacia las personas que integran el órgano de gobierno de la mercantil.

La presidencia de la entidad de ahorro, que no ha comunicado oficialmente su decisión a Armando Sala, considera que el objeto del periplo no justifica los «elevados costes» del mismo. Gesfinmed, como hace la propia CAM con sus órganos de gobierno, organiza una expedición anual fuera de Alicante a la que invita a sus 12 consejeros y a sus acompañantes, todo con cargo a la caja de ahorros.

El presidente del holding que agrupa la aseguradora y la gestora de fondos de inversión de la CAM es Armando Sala, propuesto por los zaplanistas en el reciente proceso de renovación parcial de la entidad para apear de la presidencia a Vicente Sala, que fue reelegido. Los vicepresidentes y la mayoría de miembros restantes de Gesfinmed (Antonio Gil-Terrón, Javier Guillamón o Francisco Grau) también hicieron frente común para mantener, con zaplanistas y PSPV, el control de la entidad en contra de la postura de los gobiernos valenciano y murciano.

Al margen del objetivo turístico de este tipo de viajes, tanto la caja como las filiales del grupo que secundan esta tradición viajera aprovechan para reunir en sesión extraordinaria a sus consejos de administración. La expedición de Gesfinmed a Sicilia tiene previsto realizarse antes el 31 de marzo.

A pesar de esgrimir como argumento principal para bloquear la excursión lo gravoso de la misma, el veto a Gesfinmed constituye el primer signo de beligerancia del grupo mayoritario que gobierna la CAM contra quienes se enfrentaron hasta hace dos semanas por el control de la institución, básicamente, consejeros propuestos por el sector del PP afín al portavoz del grupo popular en el Congreso, Eduardo Zaplana. El referente de esta corriente dentro de la CAM no es otro que Armando Sala, presidente de la territorial de Alicante, vicepresidente tercero del Consejo y rival de Vicente Sala por el primer puesto en la entidad.

Reducidos a sector minoritario en los órganos de gobierno, vocales considerados zaplanistas están al frente de las grandes sociedades participadas, tanto en las que la institución tiene mayoría del capital como en aquellas donde su número de acciones da derecho a un consejero.

La nueva mayoría que tutela la CAM quiere hacer valer su peso para situar a los «suyos» en lugares donde no sólo se ejerce el control, sino que aparejan unas elevadísimas remuneraciones económicas. Los afectados consideran que la pretensión de apartarles se trata de una mera «vendetta».

Además Gesfinmed, los opositores al presidente de la caja - y, por extensión, a las posiciones de los presidentes valenciano y murciano, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel - dominan la principal sociedad de inversiones (Incomed) y ocupan plaza en mercantiles cotizadas (Unión Fenosa, Trasmediterránea, Sol Meliá, Abertis o Acesa), cuyos emolumentos a miembros de sus órganos de gobierno oscilan entre los 45.000 y los 70.000 euros al año.

De "Información"

El PSPV propone salvar el acuífero de Villena

El portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, señaló ayer que el Gobierno está cumpliendo con el compromiso adquirido con Villena de poner fin a las extracciones de agua de los acuíferos y terminar de una vez por todas con su sobreexplotación. «La medida de gravar los derechos de uso de las aguas subterráneas es una iniciativa que trata de recuperar los niveles de agua de los acuíferos de Villena, objetivo último del trasvase Júcar-Vinalopó», indicó Amorós.

El diputado provincial señaló que, frente a la postura práctica del Gobierno, «hallamos la incapacidad y la dejadez del Consell que no está acometiendo las obras del postrasvase, necesarias para que los agricultores de la comarca dispongan del agua procedente del Júcar». Según Amorós, es necesario que el «PP se retrate de una vez por todas y demuestre que está interesado en asegurar el agua a la provincia de Alicante y no en continuar con el debate de la división con este problema de todos, donde actúa de manera irresponsable».

Amorós señaló que el nuevo sistema de financiación del trasvase es más beneficioso para los usuarios, puesto que se establece un pago por agua consumida sin necesidad de pagar hasta que el agua no llegue. «Este sistema es distinto al anterior, donde los agricultores y ayuntamientos se comprometían a pagar por adelantado sin tener asegurado que hubiera caudal todos los años para el trasvase. Es decir, muchos años pagarían el coste de las obras aún sin recibir el agua prometida», añadió.

El dirigente socialista destacó que la medida de gravar las aguas subterráneas de Villena es «el primer gesto que hace una administración para defender a esta localidad del uso excesivo de sus propios recursos hídricos». Según Amorós, «Villena ha demostrado su solidaridad durante años, ahora es el momento de que se cierren los grifos de los acuíferos, permitiendo su recuperación para el futuro, gracias a que de una vez por todas el Júcar aportará caudal suficiente y continuado de agua para el riego, el principal consumidor».

Amorós lamentó que «unos pocos intereses empresariales y personales traten de paralizar uno de los proyectos más importantes de la provincia de Alicante, como es el trasvase Júcar-Vinalopó. Una apuesta que demuestra que el PSOE no está en contra de los trasvases, sino que utilizar todas las herramientas a su alcance para garantizar el agua a los alicantinos».

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Barreda amenaza con usar más agua del Júcar y el Segura además de acabar con el trasvase del Tajo

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, advirtió de que, además de que el trasvase Tajo-Segura tiene fecha de caducidad “se pongan como se pongan”, también “vamos a aumentar el uso y el consumo responsable del agua de las cuencas del Júcar y el Segura”.

El sucesor de José Bono en la presidencia de la Junta dijo también que le “da igual lo que diga la señora vicepresidenta del Gobierno”, María Teresa Fernández de la Vega, quien afirmó que el Ejecutivo no es partidario de poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura.

Barreda , que intervino ante el pleno de las Cortes regionales para informar sobre la III Conferencia de Presidentes autonómicos del pasado 11 de enero, en la que se habló sobre políticas de agua, dejó claro que no comparte el planteamiento de Fernández de la Vega. “Estoy radicalmente en contra de esa posición”, dijo.

Recordó que la propuesta de reforma del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, aprobada de forma unánime en las Cortes regionales y a la espera de su toma en consideración en el Congreso, establece el fin del trasvase para el año 2015, y añadió que en Murcia y en la Comunitat Valenciana están cada vez más nerviosos porque “nos vamos abriendo paso y la vulnerabilidad del trasvase es cada vez más evidente”.

Barreda apuntó en este sentido que ya sabían que lo que han hecho no le gusta ni al Gobierno de antes ni al de ahora, ni al PSOE de Murcia ni al de la Comunitat Valenciana ni a los populares de estas comunidades autónomas, “ya sabíamos que era difícil”.

Explicó que en la Conferencia de Presidentes hubo unas dificultades “enormes y hasta insalvables” para llegar a algún acuerdo por el antagonismo de algunas comunidades autónomas.

Los presidentes de la Generalitat y Murcia pretendieron que se firmara una declaración favorable al mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y “yo me opuse rotundamente”.

Argumentó también que Murcia y Valencia fueron contrarias a su propuesta de coparticipación de las comunidades autónomas en los órganos de gestión del agua porque “no quieren que participe Castilla-La Mancha, dado que ellos los han controlado siempre”.

Como también, continuó, cuando hablan de blindar el río lo que hacen es una falacia, una abstracción de una situación real, porque olvidan que el río Tajo ya está blindado, «en realidad quieren blindar el trasvase».

José María Barreda dijo que en su intervención ante los presidentes autonómicos se extendió en el problema del agua «con la fuerza que me daba» la reforma del Estatuto de Autonomía aprobada por unanimidad en las Cortes regionales e insistió que allí no fue a defender al PSOE sino a Castilla-La Mancha, «no soy un presidente del PSOE, sino de Castilla-La Mancha».

Por eso dijo que era contrario a que en las conferencias de presidentes haya portavoces según el color político, «yo no aceptaré instrucciones sectarias ni partidistas, porque soy presidente de Castilla-La Mancha».-(EFE)

El Mármol prevé un aumento sostenido del 7% en exportación durante 5 años para ser competitivo

La patronal alicantina de la piedra cree que sólo esa mejora contrarresta a China, India y Turquía

El mármol alicantino se marca el objetivo de consolidarse como el principal productor europeo y primer referente en el mercado internacional, con un ambicioso reto: incrementar sus exportaciones en una tasa sostenida del 7% durante los próximos 5 años. Sólo así asumen que serán competitivos frente a China, India y Turquía.

ZENÓN GUILLÉN

El gerente de la asociación empresarial Mármol de Alicante, Juan Fernando Guillén, asume “que va a costar conseguirlo”, pero entiende que la vía de futuro para el sector de la piedra natural en la provincia pasa por “mantener una línea de crecimiento constante en las exportaciones, que tienen que ir en la misma línea ascendente de 2006, que a falta del cierre final, oscila sobre una subida entre el 8 y 10%”. Tras algunos dudas e los ejercicios anteriores, las ventas al exterior vuelven a arrojar el mejor comportamiento, aunque también resalta el hecho de que el mercado nacional se estabiliza.

La patronal de la piedra evidencia de forma clara que el sector alicantino dónde tiene que jugar su carta es en la expansión internacional, ya que sólo de esa manera podrá hacer frente a la amenaza que suponen países como China, India y Turquía, que cada vez invaden más con sus productos los mercados de todo el planeta.

Con todo, la evolución positiva del mármol en la exportación tampoco es homogénea, puesto que el mayor volumen de facturación corresponde al producto bruto, mientras que los elaborados han caído en valor un 3,2%, un dato que obliga a las empresas a un análisis más profundo sobre la necesidad de una mayor innovación y apuesta por nuevos materiales, acompañado de un fortalecimiento de las marcas.

Las empresas alicantinas tienen la última palabra a la hora de crecer y marcarse objetivos ambiciosos. Por detrás, empujan cada vez más fuerte los elaboradores de los nuevos países emergentes. Así que es imprescindible redoblar esfuerzos.

En la actualidad, las ventas marmoleras a otros países representan casi el 40% del total en la provincia, una tasa por encima de la media nacional del sector, pero que en los próximos años deberá seguir creciendo. Para ello, se hace necesario reforzar el peso entre clientes tradicionales como EE. UU. y crecer firme en Asia y en los países árabes.

La industria de la piedra en la provincia tiene el aval de haberse convertido en una actividad puntera y sólida, impulsada por su vertiente exportadora. El Vinalopó es un área privilegiada, con una enorme calidad en el producto, que ha logrado satisfacer las demandas de consumo tanto en España como a nivel internacional.

Y aunque algunas empresas realizan una apuesta determinante en materia de innovación, hasta lanzar nuevos materiales y satisfacer los nuevos gustos sociales, hay otras firmas que tienen que avanzar más si quieren sobrevivir en un mercado global con tanta competencia.

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Los promotores temen la salida al mercado de miles de casas compradas por inversores

La ralentización en el incremento del precio de la vivienda puede sacar al mercado miles de inmuebles comprados por inversores que se convertirán en competencia directa de las nuevas construcciones, según los promotores. El sector confía en que sean los inmigrantes los que mantengan “viva la demanda” en el sector.

M.J. Carchano

En los últimos años se han conjugado una serie de factores que han propiciado un boom inmobiliario que probablemente no se repita en mucho tiempo. Los bajos tipos de interés, el crecimiento económico o la llegada de inmigrantes y turistas permitieron que el sector viviera sus años dorados. Sin embargo, los promotores reconocen que habrá una normalización del mercado, “no de crisis”, porque aquella “alineación de planetas”, como lo ha comparado el secretario general de la Asociación de Promotores y Agentes Urbanizadores de Valencia, Benjamín Muñoz, ya no existe. El representante de los promotores admitió ayer incluso que ha llegado el momento “de levantar el pie del acelerador y de bajar la fabricación de viviendas para atemperar la oferta y la demanda”.

En la presentación de unas jornadas para analizar si va a existir un cambio de ciclo en el sector en los próximos años, que se van a celebrar la próxima semana, Muñoz adelantó algunas claves que vaticinan lo que va a pasar en el sector inmobiliario hasta 2010. Como ya están haciendo, por ejemplo, las entidades bancarias, los promotores empiezan a confiar en la inmigración como el gran motor del sector en los próximos años.

En años anteriores, sólo en la provincia de Alicante se podían llegar a construir, y vender, 50.000 viviendas anuales. En los próximos años, hasta 2010, los promotores creen que existirá una demanda de 65.000 viviendas anuales en toda la C. Valenciana aunque sólo la mitad serán de nueva construcción. Será un cambio de ciclo pero «en sentido de normalización, no de crisis. El mercado seguirá sostenible y sostenido» , aseguró el secretario de la Asociación de Promotores y Agentes Urbanizadores de Valencia (APCV), Benjamín Muñoz, quien admitió, no obstante, «que ha llegado el momento de levantar el pie del acelerador, de bajar la fabricación de viviendas y atemperar la oferta y la demanda» .

Según explicó ayer Muñoz, la llegada de extranjeros que quieren fijar en la Comunitat Valenciana su residencia ha motivado que se sigan comprando pisos y por tanto se mantenga “viva” la demanda. Según los datos de que dispone la entidad, los extranjeros han contribuido a incrementar la población de la Comunitat Valenciana. Además, en una gran mayoría son adultos con grandes necesidades de vivienda.

Sin embargo, desde la asociación reconocen que va a ir disminuyendo el ritmo de construcción y esperan que los precios del suelo se contengan para “serenar el mercado”. Muñoz considera que es principalmente esta parte de la vivienda lo que hace aumentar el precio final. El presidente de la consultora Tecnigrama, Antonio Escudero, añadió que el precio total de los inmuebles bajará porque su tamaño será menor.

La tendencia a reducir la superficie de los pisos ya se comenzó a notar hace dos años. El mercado oferta ya viviendas de un dormitorio o estudios de 30 metros cuadrados que tienen un gran potencial de salida al mercado.

Sin embargo, la oferta de vivienda nueva no se adecúa a la formación de hogares. Es decir, según Juan Antonio Módenes, del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Comunitat se construyeron de media unas 75.000 viviendas anuales entre 2001 y 2005, aunque solamente se formaron 58.000 hogares. Es decir, la diferencia es de 17.000 viviendas de inversores y segunda residencia. Cerca de 12.000 se quedan vacías.

Módenes vaticina que a partir de 2006 parece que “la construcción de nueva vivienda se vincula menos a la demanda demográfica, es decir, a un inmueble para establecer un hogar, y depende cada vez más de la segunda residencia y origen internacional”.

El futuro es incierto principalmente porque existen variables que no se van a poder planificar. El constante incremento de los tipos de interés y la ralentización en el precio de la vivienda “puede contribuir a que salgan al mercado miles de viviendas adquiridas por inversores”. Según Muñoz, esos inversores podrían ver peligrar los rentables beneficios que esperaban obtener ya que los precios aumentarán quizás poco más del IPC y por ello convertirse “en una dura competencia para la oferta de nueva vivienda en construcción. Se podría producir una sobreoferta”.

Sí dejó claro que los promotores quieren adecuarse a la oferta que existe y no sólo adecuarse a la demanda, sino también construir viviendas de protección oficial, “el problema es que ninguna empresa quiere perder dinero”. En este sentido, el secretario general de la asociación de promotores aseguró que nadie en su sano juicio daría la espalda al 25 o 30% de la sociedad que demanda este tipo de vivienda, aquellos que solamente pueden acceder a viviendas protegidas.

Los promotores sí están seguros de que quizás se pueda resentir el mercado residencial en los próximos años. Por ello, confían en que la Comunitat Valenciana se consolide como “la California europea” y que la demanda de residencia en el litoral siga manteniéndose. “No se trata de llenarlo todo de cemento, sino de aprovecharse de una oportunidad de negocio extraordinaria”.

¿Será la Comunitat Valenciana el asilo de Europa Según el secretario de la Asociación de Promotores y Agentes Urbanizadores, Benjamín Muñoz, «si no lo conseguimos es porque ha fallado algo» por parte de la administración y las empresas del sector de la construcción. Para alcanzar este objetivo, Muñoz apuesta por crear servicios como «más campos de golf con un cierto orden, mejores infraestructuras ferroviarias y de carreteras para ser la " millor terreta" de Europa»

«No llenarlo todo de cemento»

Un deseo, puntualizó, que «no quiere decir llenarlo todo de cemento» porque «se trata de una oportunidad de negocio extraordinario» . La inversión en vivienda es la mejor opción, aseguró en varias ocasiones, aunque advirtió del efecto en los precios que puede tener «la sobreoferta que puede llegar a producirse si tanto los promotores como los inversores sacan las viviendas al mercado» . Sobre la construcción de viviendas protegidas el secretario de los promotores manifestó la «disposición total» de los empresarios para hacer este tipo de inmuebles aunque agregó que los empresarios «no pueden perder dinero» con ellos.


Infraestructuras
En este sentido, apuntó a que la construcción de infraestructuras como el AVE puede contribuir a fomentar la demanda de vivienda residencial por parte del mercado nacional, que se sumaría a la que ya se produce desde Europa. “La Comunitat no puede renunciar a convertirse en un destino turístico de primer orden”. También otro tipo de comunicaciones, como carreteras, pueden ayudar a fomentar la compra de viviendas. “Muchas familias, sobre todo parejas adultas con hijos independizados eligen segundas residencias como vivienda habitual”, lo que ayudaría a que las poblaciones de costa no se quedaran despobladas en invierno.

www.lasprovincias.es y levante-emv.es

Autoridades del puerto de Alicante muestran interés en reforzar la cooperación con Orán

Una delegación de la Autoridad Portuaria de Alicante, encabezada por su director general, Juan Ferrer Marsal, reafirmó ayer en Orán su interés por reforzar la cooperación en el sector marítimo, según fuentes del sector.

La delegación española viajó a Orán el miércoles y se ha entrevistado con los responsables del puerto oranés, además de visitar sus instalaciones.

La gestión de las instalaciones portuarias, el tráfico de pasajeros y de contenedores, así como los aspectos relacionados con la seguridad centraron las conversaciones de las dos partes, informaron fuentes del puerto oranés.

Alicante está enlazado con el Oranesado argelino mediante un servicio regular de transbordadores y navíos de transporte, que aumenta regularmente durante el verano hasta constituir un verdadero puente marítimo.

El tráfico durante el verano representa más del 50% del total anual, según las autoridades portuarias oranesas. (EFE)

El litoral mediterráneo acapara el 70% de los daños económicos en toda España por precipitaciones intensas

Paradojas del destino, el mayor aliado natural de la provincia, el Mediterráneo, también es su peor enemigo. Las cálidas aguas del mar, en torno a los 22 o 23 grados de media, son «responsables» de los episódicos fenómenos de lluvias torrenciales a los que está expuesto todo el Levante español cada cierto tiempo, indica el catedrático de Análisis de Geografía Regional de la Universidad de Alicante, Antonio Gil Olcina, en la fotografía.

El también director del Instituto Geográfico ha dirigido, junto con el historiador francés Gérard Chastagnaret, los estudios del libro Riesgo de inundaciones en el Mediterráneo occidental. Un tratado sobre las causas, los motivos y, sobre todo, las consecuencias de las inundaciones en la cuenca mediterránea española.

Uno de los datos más llamativos del estudio indica que las provincias orientales de España suman el 70% de los daños producidos por inundaciones en todo el país durante el periodo comprendido entre 1987 y el 2001. Una tendencia que continuará inalterable durante los próximos treinta años y que podría suponer unas pérdidas de 2.500 millones de euros en la provincia hasta el 2033, según recoge un informe del Instituto Geominero Español y el Consorcio de Compensación de Seguros incluido en el libro.

Las inundaciones y las sequías son «los dos riesgos de causa climática de efectos socioeconómicos y territoriales más importantes en el litoral mediterráneo español», se indica en el apartado Reducción del riesgo de inundaciones en el litoral, del también catedrático de la UA Jorge Olcina. Pero tampoco coge a nadie de improviso: la mitad de las viviendas y el 65% de los negocios e industrias tienen una póliza que les cubre este tipo de desastres.

Las causas de las inundaciones son los «condicionamientos geográficos» especiales de la cuenca mediterránea. La alta temperatura del mar provoca que «ingentes cantidades de vapor de agua vayan a la troposfera, a una altura máxima de doce kilómetros, que chocan con un aire anormalmente frío en los niveles altos de la atmósfera», explica Gil Olcina.

Se forman entonces unos «colosales cumulonumbos», preferentemente entre los meses de octubre y noviembre, que terminan descargando en poco tiempo cantidades desorbitadas de precipitaciones en muy poco tiempo. De hecho, el récord nacional y europeo de precipitación máxima en 24 horas lo ostenta la población alicantina de Jávea, con 871 milímetros. Sirva como referencia la precipitación media anual de Alicante: 355 milímetros. Más del doble, y en un solo día.

A pesar de este registro puntual en la Marina Alta, las zonas con mayor riesgo de sufrir inundaciones son la Vega Baja y el término municipal de Alicante. La escasa pendiente del Segura por Orihuela «favorece los desbordamientos del río cuando acontecen lluvias torrenciales». Por su parte, la capital de la provincia es «otro sector de riesgo en el litoral», con una inundación cada 19 meses de promedio.

El Plan Especial de Inundaciones del Río Segura, ideado en 1977 y construido a partir de 1987, y las obras de los colectores antirriadas en Alicante, terminadas en el 2003, deberían proteger a ambas ciudades de daños, perjuicios e incluso muertes provocadas por lluvias intensas. Pero en el caso de la capital, advierte Gil Olcina, «no sabremos si serán suficientes hasta que no ocurran».

Y no se pueden pronosticar por el momento, ni siquiera con toda la tecnología disponible, de ahí el peligro. Los directores del tratado no han sido capaces de crear un modelo que pronostique cuándo se producirá una tormenta fuerte. «Es un agua que no se prevé, salvo a tiempo real a través del satélite», indica Gil Olcina. Las inundaciones o las temidas gotas frías se producen cada cinco, diez o cada medio siglo.

Pero hay factores que, lejos de reducir los riesgos, aumentan los daños materiales que producen las precipitaciones que, inexorablemente, llegan a Alicante cada cierto tiempo. El catedrático de Climatología Jorge Olcina es tajante: «En los últimos lustros se ha registrado un incremento en el volumen de pérdidas económicas vinculadas a los episodios atmosféricos de rango extraordinario. Realmente ello es así». En especial, el alto grado de ocupación del suelo y el crecimiento demográfico desmedido de la provincia.

En cuanto al primero, la Agencia Europea de Medio Ambiente explica que «es probable que mediante el desarrollo urbanístico de lo que antes eran llanuras de inundación aumente la magnitud de las consecuencias negativas de los episodios» de lluvias intensas.

De hecho, «durante los últimos años se han venido a sumar nuevas áreas inundables, en relación con la ocupación de territorios de riesgo que ha traído consigo la intensa expansión residencial del litoral mediterráneo», explica en su capítulo Jorge Olcina. La antes citada Jávea es uno de ellos.

Es más, las grandes ciudades se han preparado para estos episodios. «La menor consideración del peligro inherente a los pequeños cursos de funcionamiento espasmódico, generalmente secos, ha conducido a la ocupación de espacios de ribera», apunta Olcina.

Sin ramblas

La necesidad de la construcción como eje económico de la provincia ha provocado que «el crecimiento de las ciudades de los últimos treinta años se ha realizado en multitud de ocasiones incorporando a la trama urbana cauces de barrancos y ramblas que no han sido respetados o, en el mejor de los casos, fueron minimizados», indica el profesor de la UA Alfredo Morales Gil en otra parte del libro.

Ahora, las llamadas ramblas resultan «insuficientes para la evacuación de las aguas de escorrentía», puesto que las antiguas avenidas que canalizaban el agua al mar derivan ahora en parques y jardines, para que sirva de riego.

Pero «el suelo tiene su propia lógica, urbanizable no absorbe nada de agua», explica el profesor Chastagnaret. En su condición de historiador advierte: «A los ancianos se les escucha después de las catástrofes. Hagámoslo antes».

www.laverdad.es

El 67% de los jóvenes de Alicante votará a un partido de izquierdas, según JJ. SS.

El 67 por ciento de los jóvenes alicantinos de entre 18 y 33 años votará a un partido de izquierdas en las elecciones del 27 de mayo, según la encuesta de intención de voto realizada por las Juventudes Socialistas (JJSS) y hecha pública por el secretario general de JJSS de Alicante, Raúl Ruiz.

Según los datos de la consulta, de los 511 jóvenes de Alicante encuestados, 345 votarán a un partido de izquierdas y 102 votarán a uno de centro-derecha, mientras que los 64 restantes se abstuvieron de contestar.

Ruiz precisó que en la franja de edad de 18 a 25 años, un 74 por ciento de los jóvenes apoyarán a la izquierda y un 26 por ciento a la derecha, y en la de 25 a 33 años, el 77 por ciento votará a un partido de izquierdas y el 23 por ciento a uno de derechas.

En su opinión, los jóvenes tienen una "gran responsabilidad" en las próximas elecciones para propiciar un cambio de gobierno tanto en la ciudad de Alicante como en la Comunitat Valenciana.

Sostuvo que la juventud alicantina está "muy concienciada" con este cambio y criticó que el PP no motive a los jóvenes para participar en la política, sino que los tilde de "radicales, pancartistas y delincuentes".

Junto a Ruiz, en la rueda de prensa participó el secretario general de las JJSS de España, Herick Campos, quien resaltó la gestión del Gobierno central en materia de empleo y vivienda para los jóvenes, al tiempo que criticó la "mala gestión, las mentiras y la crispación" del PP en la Comunitat.

"El PSOE cumple su programa electoral, tiene credibilidad y cercanía, frente a la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante que hacen política de espaldas a los jóvenes", insistió Campos. (EFE)

El PPCV se puede romper en favor de "Ciudadanos"

La amenaza de algunos referentes del zaplanismo en la Comunidad Valenciana de abandonar el PP para encarar desde otro partido la aventura electoral es real.

La suspensión de militancia de Fernando Mut, ex presidente local de los populares en Gandía, originó un cisma en la ciudad ducal que llevó a diez de los doce concejales a abandonar el partido.

Ahora, el propio Fernando Mut ha sondeado las posibilidades en el «mercado» electoral para afrontar desde otra formación política su proyecto para la ciudadanía. La falta de tiempo para cuajar un partido con garantías mínimas de rodaje e implantación ha obligado a Mut a mirar hacia alguna marca con algún reconocimiento.

Las primeras prospecciones se han encaminado hacia «Ciudadanos de la Comunidad Valenciana y Murcia» una marca derivada de «Ciutadans-Partit de la Ciudadania» que se presentó con éxito a las últimas elecciones catalanas. Las conversaciones se han producido ya, aunque no ha habido una propuesta a nivel oficial.

«Ciutadans», presidido por Albert Rivera y fundamentado en una serie de intelectuales catalanes como Albert Boadella, Félix de Azúa o Arcadi Espada, se presentó como alternativa al nacionalismo catalán y obtuvo una cierta respuesta de los ciudadanos en los últimos comicios autonómicos.

Siguiendo ese camino recorrido en la Comunidad Valenciana y Murcia «Ciudadanos» se quiere presentar a las elecciones locales en algunos municipios y Gandía podría ser uno de ellos.

La acción de Mut podría considerarse aislada, pero son varios referentes del zaplanismo en la provincia de Alicante los que han manifestado su intención de dejar el PP si finalmente no entran en la lista autonómica que elaborará el presidente regional, Francisco Camps.

No obstante, esta operación se antoja complicada porque los propios dirigentes de Ciudadanos de la Comunidad Valenciana y Murcia son reticentes a convertirse en un «cementerio de descontentos».

El principal problema con que se enfrentan los populares que meditan cambiar de adscripción política es el escaso eco que ha obtenido en la Comunidad y el relativo éxito del partido ciudadano en Cataluña. En esta comunidad, los seguidores de Rivera -que militó durante unos años en el PP- arrastran 3.000 afiliados y cerca de 10.000 simpatizantes, pero en la Comunidad y en Murcia apenas han comenzado las afiliaciones.

De hecho, el coordinador de la formación en ambas regiones, Vicente Carbona, destacó que su partido está mostrándose «muy exigente» en la campaña de afiliación, precisamente para impedir que políticos expulsados o que hayan abandonado otros partidos se sirvan de su marca para continuar con su propia trayectoria personal en la política municipal o autonómica.

Según Carbona, el principal miedo de «Ciudadanos» es convertirse en «un partido de políticos profesionales», dado que su fundación se basó, precisamente, en alejarse de la política convencional.

En cualquier caso, Carbona reconoció tener constancia del interés, tanto de Mut como de otros populares, en la posibilidad de recalar en su formación antes de los comicios de mayo. No obstante, matizó que, hasta el momento, no le ha llegado ninguna solicitud formal en este sentido. Si bien la escasa implantación de la formación ciudadana en la Comunidad, la distribución sociológica de los votantes valencianos y las diferencias con la ley electoral catalana -el listón del 5 por ciento es el principal escollo- dificultan la representación de «Ciudadanos» en las Cortes, la política municipal puede representar una salida aceptable para gran parte de referentes zaplanistas.

Además, no se puede olvidar que algunos de los citados populares «despechados» mantienen un cierto tirón electoral en sus zonas de influencia, lo que garantizaría mayores probabilidades de obtener un buen resultado a la federación de Carbona.

Sin embargo, no son sólo referentes zaplanistas los que han valorado la posibilidad de abrirse al proyecto ciudadano. Según han señalado distintas fuentes políticas, aquellos populares que por uno u otro motivo no repetirán como candidatos en sus localidades valoran la posibilidad de probar suerte con «Ciudadanos de la Comunidad Valenciana y Murcia».

Ese también podría ser el caso, según las mismas fuentes, del alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, si finalmente se decide a seguir en política lejos del PP, un extremo que todavía no ha descartado.

Por otra parte, no son pocos los socialistas que tras abandonar el PSPV de forma voluntaria o impuesta meditan también afiliarse a la formación ciudadana.

http://valencia.abc.es

Camps reclama para la Comunidad Valenciana el liderazgo de España en el siglo XXI

La Comunidad Valenciana es ahora un «espacio fundamental para toda España», según el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien reclamó para nuestra región una «nueva centralidad que permita ampliar el espacio de bienestar». Reclamó «liderar la España del siglo XXI en la parte que nos corresponda» porque los datos «avalan nuestro crecimiento» y, si eso no se produce, «España perderá la oportunidad». Insistió el presidente en la capacidad de liderazgo de la Comunidad y en la necesidad para España de crecer «a través del Eje Mediterráneo».

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, reivindicó que la Comunidad Valenciana tiene la obligación de «liderar» con sus decisiones y desde el centro del Eje Mediterráneo «la España del siglo XXI», y aseguró que, si no asume ese liderazgo, «desgraciadamente España perderá una oportunidad». Camps aseguró que esta autonomía tiene la responsabilidad de «liderar un modelo económico, social y político creíble con los nuevos tiempos», y reivindicó que esta tierra es «ejemplo para el resto de nuestro país».

La Comunidad Valenciana «está total y absolutamente preparada», manifestó Camps, quien aseguró que los datos avalan que se puede seguir creciendo como hasta ahora y «también nos exigen esa capacidad de liderazgo a favor de nuestros ciudadanos y a favor también de nuestros compatriotas».

Reivindicó que la Comunidad está ubicada en el centro del Eje Mediterráneo y tiene en consecuencia la «enorme responsabilidad de acertar en sus decisiones colectivas», entre otras cosas porque, si España «decide seguir creciendo», debe hacerlo «inexcusablemente» a través de ese eje.

El PSPV-PSOE pide en alegaciones que se deniegue licencia para apartamentos turísticos en El Plantío

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha presentado alegaciones contra la pretensión de Finca Lo Cirer de obtener licencia de obra y apertura para construir una urbanización de apartamentos turísticos en el campo de golf El Plantío, en la partida de El Bacarot.

En estas alegaciones el PSPV pide al Ayuntamiento que deniegue la licencia para construir los apartamentos que, en su opinión, son “viviendas encubiertas”, así como que se compruebe el cumplimiento de las obligaciones a que estaba sometido el promotor y que pida al Gobierno valenciano que modifique la Declaración de Interés Comunitario (DIC).

El portavoz socialista, Manuel de Barros, y el secretario general, Roque Moreno, precisaron que “más que la petición de licencia para un nuevo proyecto, la mercantil ha hecho una burda manipulación del proyecto anterior, que ya fue rechazado por la Justicia. Pretenden descaradamente de nuevo hacer viviendas, para más descaro con contador individual”. “Las alegaciones se centran en que el proyecto persigue edificar una urbanización de viviendas en un suelo donde esta prohibida esta actuación”.

“Para ello, se llega a manipular la DIC y a incluir datos que no son ciertos, como que el suelo es urbano consolidado, cuando es no urbanizable, entre otras inexactitudes, con el único objetivo de saltarse la ley”, añadieron. Respecto a la DIC, señalaron que hay confusión en la superficie adscrita, por lo que habría que comprobar la superficie exacta. Además dijeron que han desaparecido las circunstancias para la autorización de un hotel en la DIC, por lo que debería suprimirse tal autorización.

“Esto se demuestra en las sucesivas solicitudes de licencia, en las que al final el interés por el hotel desapareció, persiguiendo otros objetivos. Además, el plazo para ejecutar la instalación hotelera que autorizó la DIC ya pasó y no ha sido prorrogado”. El PSPV indica que el trámite de información pública tiene defectos.

Dos concejales socialistas, Blas Bernal y Luis Almarcha, presentaron la semana alegaciones contra El Plantío por su cuenta, desmarcándose de su grupo.

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Inhibición del juzgado nº 9 de Alicante en favor del nº 3 de Valencia en el tema "Terra Mítica"

El Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante , que abrió diligencias por diferentes delitos contra la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), constituida por la Generalitat para impulsar la creación de Terra Mítica, se ha inhibido en favor del Juzgado número 3 de Valencia, que investiga al parque por un supuesto fraude fiscal.

Según informaron hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el magistrado instructor considera que la denuncia que la Fiscalía presentó en Alicante por falsedad documental, fraude fiscal y malversación de caudales públicos "se refiere a una parte del entramado" investigado por el juzgado de Valencia.

El mes pasado, el juzgado de Alicante abrió diligencias previas contra la SPTA, las empresas Cobra, Moncobra y Atil Cobra, y la UTE "Terra Verd" -formada por Luis Batalla SA., Hormigones Martínez y C3 de la Construcción y Medio Ambiente- por la supuesta comisión de los citados delitos.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia mantiene abierta una investigación contra Terra Mítica y una veintena de empresas por un supuesto fraude fiscal de 4,4 millones de euros.

Según fuentes del TSJCV, el magistrado del juzgado alicantino ha estimado "necesario" el envío de la causa para su acumulación a la que se instruye en Valencia, ya que la denuncia presentada por la Fiscalía en Alicante "responde a la misma mecánica operativa" y "al mismo periodo de devengo" (año 2001).

Asimismo, considera que hay "una parcial identidad subjetiva de imputados que justifica el pronunciamiento de inhibición".

El juzgado de Instrucción número 3 de Valencia investiga la posible existencia de un mecanismo defraudatorio mediante el que se habrían deducido unas cuotas del IVA correspondientes a los años 2000 y 2001, emitiendo facturas de obras y servicios de distintas empresas que no se corresponden con auténticas ejecuciones.

Este entramado generó supuestamente un derecho de devolución tributaria en beneficio de la sociedad explotadora de Terra Mítica, indican las citadas fuentes.

Además, un informe de la Agencia Tributaria remitido a este juzgado, indica que las empresas proveedoras citadas anteriormente -Cobra, Moncobra y Atil Cobra-, pagaron al parque de Benidorm sobrecostes generados por errores de medición con facturas en las que figuraba el NIF de la SPTA.

El informe detecta significativas desviaciones correspondientes a pagos no justificados por las tres mercantiles, que además fueron satisfechos íntegramente cuando el parque aún les debía dinero por los trabajos realizados.

Según indicaron fuentes del TSJCV, el auto de inhibición dictado puede ser recurrido por las partes en un plazo de tres días.

Por otra parte, el candidato de Esquerra Unida por Alicante , Lluís Torró, calificó hoy al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de "cobarde político" por "eludir" el "escándalo" de Terra Mítica, en relación con la investigación judicial que realiza el juzgado de instrucción número 3 de Valencia sobre el parque temático y una veintena de empresas más por un presunto fraude a la Hacienda Pública, y afirmó en un comunicado que el jefe del Consell "lleva toda la legislatura evitando asumir su responsabilidad política".

Torró añadió además que desde el 3 de julio "estamos esperando a que dé cuentas por el accidente del metro de Valencia y escuche a las víctimas en primera persona" y, en este sentido, criticó que Camps "se ha negado reiteradamente a recibir a la asociación de víctimas y en todo el proceso de investigación no acudió a las Corts en ningún momento".

Con respecto a los casos de presuntos delitos de corrupción que, según dijo, afectan a "numerosos cargos públicos de la derecha valenciana", el candidato de EUPV consideró que el presidente de la Generalitat "no puede pretender que se imponga la realidad virtual que ofrece Canal 9".

En su opinión, "como presidente de la Generalitat es el responsable último de la nefasta gestión de Terra Mítica y como presidente del PP valenciano tiene la obligación de explicar por qué los alcaldes de Alicante , Orihuela y Torrevieja y el presidente de la Diputación de Castellón continúan siendo militantes del PP y cuentan con el espaldarazo de la dirección".

Para Torró, la "creciente 'marbellización'" de la Comunitat "pasará factura, no sólo al PP y a Camps, que esto es evidente, sino también a la economía valenciana que ve como la industria de los sueños y las corruptelas se come la economía productiva, la industria y la agricultura".

Por otra parte, el conseller de Economía, Gerardo Camps, admitió hoy que la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) podría personarse como perjudicada en las diligencias judiciales abiertas contra ella por presuntos delitos de malversación, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

El titular de Hacienda se pronunció en estos términos sobre la investigación judicial abierta tras la denuncia de la Agencia Tributaria contra la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos, creada para impulsar la construcción del parque Terra Mítica, por la devolución, al parecer improcedente, del IVA correspondiente al año 2001 por la cantidad de 1.566.626,37 euros.

Gerardo Camps aseguró que de toda la documentación con la que cuenta la Sociedad, desde las auditorías realizadas de control de la obra, pasando por las cuentas anuales de la misma depositadas en el registro, "no parece desprenderse ninguna consideración" que lleve a pensar que la firma conociera estas irregularidades.

El conseller afirmó que se actuaría igual que en Terra Mítica, donde el consejo de administración se ha personado como parte perjudicada en las causas abiertas contra el parque, si la investigación concluye que se han producido "algunos hechos irregulares que pueden ser calificados como delito".

Según Camps, si se prueba que hubo "connivencia entre algún empleado de Terra Mítica, que pudiera tener capacidad para hacerlo, y algún tercero que se valiera de esa relación para hacer un ilícito penal con aprovechamiento económico" la Sociedad "sería perjudicada", y como tal "ejercería" las acciones correspondientes.

"Lo que no se puede es hacer a Terra Mítica responsable de una cosa que le perjudica", afirmó, cuando "todos los documentos que se tienen no apuntan a que se haya producido una situación de este tipo" y en el caso de suceder no era "ni conocida ni asumida ni consentida por la comisión ejecutiva, el consejo de administración o la junta general de accionistas".

Gerardo Camps insistió en que está "absolutamente claro que la comisión ejecutiva, el consejo de administración y la junta general" no tenían "conocimiento alguno de que se hubiera producido una situación como ésta", ya que de lo contrario habría cometido "un doble delito", la irregularidad en sí y su encubrimiento.

"Yo no creo que los miembros de estos órganos hayan hecho absolutamente nada de esto", concluyó. (EFE y Europa Press)

Una misión del Parlamento Europeo visita este mes la provincia de Alicante para constatar irregularidades urbanísticas

El Partido Popular se opuso y pidió que se retrasara al menos hasta después de las elecciones

Una misión del Parlamento Europeo visitará del 27 de febrero al 3 de marzo la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía para investigar denuncias de irregularidades urbanísticas que han llegado a la comisión de Peticiones de la Eurocámara, según informaron hoy fuentes parlamentarias.

La delegación estará formada por el propio presidente de la comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, del grupo Unión por la Europa de las Naciones, y por el eurodiputado laborista británico, Michael Cashman. El Partido Popular, que se opuso a esta visita y pidió que se retrasara al menos hasta después de las elecciones municipales y autonómicas, todavía no ha decidido si enviará o no a un representante, según explicó su representante, Carlos Iturgaiz.

Iturgaiz denunció que se está intentando hacer una "sangría" sobre todo contra la Comunidad Valenciana, porque es la tercera vez que la visita una misión del Parlamento por irregularidades urbanísticas. "Es una visita política contra los Gobiernos del PP" que "no tiene precedentes" en ningún otro Estado miembro, dijo el parlamentario popular.

La mesa de la Eurocámara, donde está representado el presidente y los 14 vicepresidentes, dio este lunes su visto bueno al programa provisional de la visita, que se iniciará en Madrid el 27 de febrero con reuniones con el Gobierno central y autonómico
.

El miércoles 28 de febrero, los parlamentarios visitarán la zona de Galapagar y luego viajarán a Almería, donde se acercarán a las localidades de Albox y Almazora. El jueves 1 de marzo centrarán sus reuniones en la provincia de Alicante , con visitas a Orihuela, Torrevieja, Rojales, San Miguel de Salinas, Catral, Ibi, Parcent y Benissa.

El viernes 2 de marzo la misión se desplazará a Denia y Jávea y proseguirá hasta Valencia. Si hay tiempo, los eurodiputados se acercarán también a Benicasim y Oropesa. En todas sus etapas, los parlamentarios se reunirán con los afectados por abusos urbanísticos y con las autoridades. El 3 de marzo los parlamentarios regresarán a Madrid. (Europa Press)

Pla pide ´redefinir´ el plan Rabasa para impulsar la vivienda protegida y el crecimiento sostenible

El secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, abogó hoy por "redefinir" el plan urbanístico de Rabasa, que prevé 15.000 viviendas en 4,2 millones de m2, para impulsar la construcción de viviendas a "precio asequible" y conforme a los criterios de sostenibilidad.

El líder de los socialistas valencianos hizo estas declaraciones en Alicante antes de iniciar, junto a la candidata de su partido a la Alcaldía, Etelvina Andreu, un recorrido por el barrio de La Florida. Pla se refirió al macroproyecto de Rabasa y manifestó que los socialistas creen conveniente "reconsiderar y redefinir ese proyecto" ya que "puede ser bueno si se hace bien".

Tras reiterar su promesa de que si gobierna la Generalitat construirá una de cada dos viviendas a precio asequible, recordó que el grupo municipal socialista se ha opuesto al plan Rabasa porque atenta contra su "concepción" de urbanismo, que debe "volcarse" con la vivienda protegida.

Sostuvo que, pese a que en los últimos tiempos se ha construido "más que nunca" en el municipio, "durante muchos años en Alicante no se ha hecho vivienda protegida" y, por ello, abogó por "reconducir" el macroproyecto.

Además, expresó públicamente sus dudas sobre que el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, a quien denominó como "el conseller sandía", apruebe el plan Rabasa "tal cual está", y añadió que "no se puede plantear una nueva ciudad" con una única actuación sino que "debe hacerse de forma segmentada" y rebajando las 15.000 viviendas previstas.

El socialista opinó que la ciudad de Alicante "es el exponente más claro del fracaso del PP en política de vivienda" y dijo que esto se reflejó cuando más de 8.000 alicantinos expresaron recientemente su deseo de acceder a una vivienda de protección.

También criticó la política de vivienda del president de la Generalitat, Francisco Camps, y recordó que sus promesas en esta área "son menos creíbles" desde que hace un año afirmó que había cumplido su objetivo de poner en marcha 100.000 nuevas residencias a precios asequibles.

"No sé dónde están porque hoy la vivienda sigue siendo la principal preocupación de los valencianos", indicó Pla, quien aseguró que defiende un urbanismo "racional, sostenible y compartido con la iniciativa privada, pero con una fuerte apuesta por la vivienda de protección oficial y a precio asequible".

Para Pla, es necesario que el presidente de la Generalitat promueva el "respeto a las reglas del juego" y que se acabe "la discrecionalidad y el urbanismo a la carta".

En referencia a las palabras de Camps sobre que la Comunitat debe liderar el futuro de España, Pla contestó que "no es ninguna novedad" y que él ya lo propuso en un Debate sobre el Estado de la Comunitat, en el que le pidió que dejase el "victimismo y el lloriqueo" para pasar a "aglutinar a todas las regiones del Arco Mediterráneo".

Sin embargo, indicó que Camps "no tiene chispa en los planteamientos que hace" y vive una situación de "franca decadencia, continuismo e incapacidad para, más allá de la palabrería, que se le da bien, generar ilusión".

Al ser preguntado por el anuncio de Camps de que antes de abril tendrá la confirmación de si Valencia acogerá la celebración de un Gran Premio de Fórmula Uno en un circuito urbano, el líder de los socialistas valencianos explicó que no está "en contra de que Valencia tenga un acontecimiento tan relevante" como éste, pese a que cree que Camps ha asumido este objetivo, que es "complicado y difícil", "única y exclusivamente en clave electoral".

Subrayó que en este asunto de la Fórmula Uno "Camps y el PP no han contado absolutamente con nadie". En esta línea, abundó en que el propósito de los populares es conseguir "un anuncio en vísperas electorales" a pesar de que la posible organización del Gran Premio "comprometerá a futuros gobiernos". A pesar de estar profundamente disgustado de cómo lleva las cosas este señor, señaló en referencia a Camps, "somos gente de orden que cumplimos con los compromisos". Asimismo, pidió al jefe del Consell que, "si al final consigue que la Fórmula Uno" se dispute en Valencia, "no condicione mucho la vida de los ciudadanos ni las arcas públicas".

"Ya tenemos suficiente endeudamiento y suficiente desastre económico motivado por Camps y el PP", comentó Pla antes de confiar "en que esos compromisos -financieros- no sean insalvables". El secretario general del PSPV-PSOE enmarcó las gestiones del Consell por la Fórmula Uno dentro de una política del PP que considera que "este tipo de cosas son las fábricas del siglo XXI".

Por su parte, discrepó de esta concepción y sostuvo que el futuro valenciano "debe pasar del cemento al conocimiento" incentivando planes de investigación, desarrollo e innovación que hagan "que los mejores investigadores no tengan que marcharse. (EFE)