Camps afirma que los 200 millones de las líneas IVF de financiación empresarial se ampliarán en 2009

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, afirmó hoy que las líneas IVF de financiación empresarial destinadas a pymes de la Comunidad Valenciana, que cuentan con una dotación de 200 millones de euros, tienen como objetivo "dinamizar la economía y generar confianza y expectativas para seguir creciendo en el futuro".

Además, aseguró que esta medida "no termina aquí", ya que "el año que viene, si es necesario en el futuro seguir ampliando la cantidad de dinero, se seguirá ampliando", dijo.

Así lo explicó Camps tras la firma hoy en Valencia de esta iniciativa entre el conseller de Economía, Hacienda y Empleo, y presidente del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Gerardo Camps, y los representantes de las entidades participantes, Vicente Sala y Cirilo Arnandis como presidentes de las Federaciones de Cajas de Ahorros y de Cajas Rurales, respectivamente; el presidente del Banco de Valencia, José Luis Olivas; el director territorial del Banco Santander, Luis Javier Herrero; el subdirector general del Banco Popular Español, Carlos Juan Velázquez; el director regional del Banco de Sabadell, Jaime Matas; y el director de zona de Caja Murcia, Juan Hernández, además del director del IVF, Enrique Pérez Boada.

Con la firma de estas líneas de financiación, según destacó Camps, se materializa una medida, que forma parte del Plan de Impulso de la Economía Valenciana, y que fue anunciada en agosto como "fruto de una reflexión abierta" con empresarios, sectores productivos, cajas de ahorros y bancos de la Comunidad Valenciana iniciada "hace muchos meses" por la Generalitat, "dadas las circunstancias económicas que otros gobiernos no querían ver", para establecer las "posibles soluciones, en el corto y medio plazo".

La medida firmada hoy está dirigida a pymes y autónomos, y tiene como objetivo "atender las necesidades directas y concretas" y ajustarse "a la necesidad de cada iniciativa empresarial", lo que se realizará a través de las 2.752 sucursales que forman parte de las entidades que participan en el plan, y que permitirán que "esta propuesta llegue hasta el último rincón de nuestra Comunidad".

"Juntos vamos a salir de esta complicada situación económica en la que nos encontramos", aseveró Camps, quien consideró "muy importante" la colaboración dado que, a su juicio, supone "trabajar con sensatez, sentido común y responsabilidad".

Así, señaló que, ante la situación de crisis, la Generalitat "ha querido estar a la altura de las circunstancias, sabiendo muy bien cuál es su competencia, su cometido y el alcance de su capacidad para tomar decisiones" y "llevándolas hasta sus últimas consecuencias".

Esta medida está estructurada en tres líneas de financiación, una dirigida a la reestructuración de deuda y circulante, a la que se destinarán 150 millones de euros; otra a inversión en micro pymes --adquisición de inmovilizaciones materiales e inmateriales--, con 40 millones de euros; y una tercera a la renovación de flota para la actividad empresarial, con 10 millones de euros.

Respecto al tipo de interés de estos créditos para pymes, José Luis Olivas aseguró que estará "muy por debajo de los que actualmente existen en el mercado". En concreto, tendrán un tipo variable, referenciado al Euribor a seis meses, más 0,75 puntos porcentuales para la reestructuración de deuda y circulante y un aumento de 0,60 puntos para el resto.

Por entidades, la Federación de Cajas de Ahorros contará con 106.842.000 euros (Bancaja 60.202.952 euros; Caja Mediterráneo 45.139.048 euros; Caixa Ontinyent 1.500.000), la Federación de Cajas Rurales dispondrá de 27.130.000 euros (Ruralcaja 13.565.000; Caja Campo 5.642.500 euros; Caja Rural de Torrent 4,5 millones; Caja Rural Central de Orihuela 1.918.000 euros; Crédit Valencia 1.504.500).

En cuanto a los bancos, destinarán 22.609.000 euros al Banco de Valencia; al Santander, 18.637.000 euros; al Banco Popular Español, 11 millones de euros; y por último, el Banco de Sabadell contará con 7.316.000 euros y Caja Murcia 6.466.000.

El presidente del Banco de Valencia y de Bancaja, José Luis Olivas, calificó la medida de "muy acertada", ya que permitirá que el tejido productivo valenciano "tenga lo que necesita en este momento, que es apoyo económico".

Consideró que es "un camino que deberían tomar el resto de las administraciones públicas para apoyar la economía real" y evitar así que el "destruir empleo como se está haciendo actualmente".

Para Olivas, el problema "se extiende a toda la economía occidental" y se basa en la "falta de funcionamiento de mercados financieros" que provoca "falta de liquidez, por lo que las pymes, que son la economía real, no pueden acceder a créditos".

No obstante, matizó que todas las entidades financieras españolas están en una situación de solvencia "envidiable", en comparación con las de otros países europeos o Estados Unidos.

Preguntado sobre si las cajas se sienten maltratadas por el Gobierno central, Olivas afirmó que "no es un problema de maltrato de nadie" porque, a su juicio, las medidas del Ejecutivo central son "generales para bancos y cajas" y "falta ver --dijo-- cómo se distribuyen los avales prestados y la cantidad puesta a disposición del sistema financiero", algo que confío se hará "de una forma absolutamente seria y razonable".

Para el presidente de Bancaja, el porcentaje "más razonable" que correspondería a las cajas es el 50%, puesto que es lo que representan en el sistema. Además, resaltó que este tipo de acuerdos se deben tomar "lo más rápido posible" para que "el dinero empiece a fluir de nuevo a las empresas".

Detenido el edil de San Fulgencio por su presunta implicación en una trama urbanística

ALICANTE.- Agentes del Cuerpo Nacional de Policía acompañados por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, detuvieron hoy al concejal del Ayuntamiento de San Fulgencio, Manuel Barrera, por su presunta implicación en una trama urbanística, según confirmaron fuentes cercanas al caso.

El edil fue detenido a primera hora de esta mañana por la Policía Nacional, y sobre las 9.30 horas de hoy acudió al Ayuntamiento de San Fulgencio, custodiado por agentes y acompañado por el fiscal Anticorrupción, para realizar un registro del interior de su despacho y de su ordenador.

El registro se realizó a puerta cerrada y se prolongó hasta pasadas las 13.00 horas, según detallaron fuentes municipales, quienes explicaron que se ha decretado el secreto de sumario.

El edil, perteneciente a la Agrupación Independiente Mediterránea, --con la que gobierna el PSOE en coalición también con la Agrupación Popular San Fulgencio y Urbanizaciones (APSFU)-- el pasado viernes fue revocado por la alcaldesa Trinidad Martínez, de sus delegaciones como teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Comercio, Turismo, Industria, Desarrollo, Protocolo y Gabinete "por pérdida de confianza".

El pasado viernes, el fiscal Anticorrupción decidió abrir una investigación tras conocer una información publicada en la que se daba a conocer, con un vídeo grabado, que esta persona presuntamente cobró 5.000 euros de manos de una mercantil a cambio de favorecer el plan de 'La Cantera', que prevé la construcción de 4.000 viviendas, un campo de golf, hoteles, casino y un puerto fluvial en una zona que linda con el río Segura, junto a varias zonas protegidas por motivos arqueológicos y medioambientales, según la misma información.

La Universidad de Alicante investiga el aprovechamiento del lodo como combustible adicional

ALICANTE.- El Grupo de Residuos, Pirólisis y Combustión de la Universidad de Alicante está estudiando el aprovechamiento del lodo como combustible adicional y ha recibido el visto bueno del Ministerio de Ciencia e Innovación para, entre otros objetivos, conseguir un aprovechamiento del lodo de depuradora tanto como compost como combustible, cuando no sea posible otro tratamiento, según fuentes de la institución académica.

El grupo de investigación adscrito al Instituto Universitario de los Procesos Químicos de la UA iniciará el próximo mes los trabajos con lodos procedentes de depuradoras de la provincia de Alicante en instalaciones cerradas. En la actualidad, se conocen las principales consecuencias derivadas del proceso de compostaje y secado de lodos, pero no se ha analizado en profundidad sobre la parte sólida del lodo", ya que se pueden formar o concentrar algunos componentes tóxicos.

La reutilización de residuos y su aprovechamiento es uno de los propósitos fundamentales del grupo de este departamento de la Universidad de Alicante, formado por Ignacio Aracil, Juan Antonio Conesa, Andrés Fullana, Araceli Galvez, Francisca Gómez-Rico, Ignacio Martín, Julia Moltó y Helena Varela.

El laboratorio de Ingeniería Química dispone de diversos equipos como reactores y analíticos de medición de emisiones gaseosas. Además, se van a realizar análisis en los Servicios Instrumentales de la Universidad de Alicante con equipamiento innovador como el espectrómetro de masas de alta resolución, que permite analizar dioxinas en muestras a niveles de picogramos.

La investigación se realizará en instalaciones cerradas y se hará una valoración sobre la formación de compuestos clorados a 70 grados, una temperatura de referencia en la generación de compuestos químicos, donde puede haber una síntesis biológica.

"Ya hemos estudiado los compuestos que se desprenden con el proceso de secado, ahora queremos ver qué compuestos permanecen en los sólidos", indicó el director del Grupo de Residuos, Pirólisis y Combustión.

Según los estudios, "todos los indicadores dicen que la formación de dioxinas en secado y compostaje es mínima, pero se debe estudiar para intentar incluso evitarlo", ya que normalmente el proceso de generación de dioxinas en el compostaje "es despreciable y se trata de estudiar las condiciones de este proceso para tenerlo controlado".

Un borrador de la Unión Europea propone, para uso agrícola de lodos de depuradora, un límite de concentración máximo de dioxinas de 100 nanogramos por kilo de materia seca. Las dioxinas y furanos están presentes en todas las matrices naturales, es decir, en todo lo que tenga grasas; por ejemplo, están en los alimentos pero en pequeñas concentraciones, lo no suponen un riesgo para la salud.

Por otra parte, se va abordar la determinación y formación de contaminantes en los procesos de combustión de lodos, así como la destrucción con catalizadores y retención en adsorbentes en reactores, a escala de laboratorio, que se diseñarán y se montarán en las instalaciones del Instituto, a escala suficiente para obtener resultados significativos, pero que no supongan ningún riesgo de contaminación.

Finalmente, las mismas fuentes indicaron que el Grupo de Investigación "está abierto a trabajar y asesorar a empresas interesadas en estos procesos, y también con cualquier colectivo que esté interesado en que los procesos de aprovechamiento de residuos se realicen de forma correcta, con objeto de no sobrepasar los límites legales establecidos, y quizás los más importante, que no supongan un riesgo para el Medio Ambiente".

Se crea una plataforma en Elche para luchar frente a la crisis y el pago de las hipotecas

ELCHE.- Inmigrantes y españoles se han unido en Elche en una plataforma para luchar por el mantenimiento de unas cuotas de pago de hipotecas a los bancos que sean asequibles e impidan el desahucio de la vivienda y la salida a subasta de ésta por impago, según "Información".


Por el momento, 40 personas se han integrado, 20 ilicitanos y 20 inmigrantes (colombianos, ecuatorianos y rumanos, principalmente), en la recién creada Unión de Propietarios de Viviendas Hipotecarias con Intereses Impagables de Elche, que apuesta porque cada individuo se declare en suspensión de pagos y acuda a un proceso concursal de acreedores por la vía judicial.

"Se trata de evitar que se embargue la vivienda y evitar los intereses de demora", explica Felipe Naranjo, portavoz de la plataforma, quien concreta que lo primero que ha de realizar un afectado es "acudir al Colegio de Abogados para solicitar asistencia jurídica gratuita, y ante el juez hay que declararse en suspensión de pagos".

De esta manera, asegura Naranjo, "se establecen las cuotas a pagar de acuerdo con los ingresos". La plataforma asegura que el proceso de suspensión de pagos no es sólo para las empresas, sino que también puede ser utilizado por las personas de manera individual.

"Aunque los abogados dicen que la suspensión de pagos sólo es para empresas, en Madrid ya se está haciendo y hay sentencias judiciales al respecto", sostiene el portavoz de la plataforma.

En la reunión que los afectados mantuvieron esta semana, se ha decidido iniciar 20 procesos de suspensión de pagos de manera individual. Los afectados rechazan categóricamente que no se quiera pagar la hipoteca contratada, "al contrario, pero no es razonable que se hayan dado créditos para la compra de vivienda a razón de 390 euros al mes y ahora el banco pretenda cobrar por un quinto piso sin ascensor, de 70 metros cuadrados, 670 euros mensuales.

La gente quiere seguir pagando, pero una cifra razonable".

Los asistentes a la reunión de constitución de la plataforma pusieron en evidencia la angustia y desasosiego que les produce no poder hacer frente a los pagos. Una colombiana con cuatro hijos ponía encima de la mesa unos ingresos de 600 euros al mes y una cuota de hipoteca de 550 euros mensuales.

Los intereses de demora que ante los retrasos en el pago de la hipoteca están aplicando las entidades bancarias son causa de desesperación en algunos casos. "Dejas de pagar tres cuotas y te pasan unos intereses de demora de entre 6.000 y 8.000 euros, porque aplican un 25% de interés sobre el total del capital. Así es imposible vivir", considera Naranjo, quien entiende que se debe actuar. "No va a ser un camino fácil, pero lo importante es buscar soluciones".

Reclaman una ayuda de socorro del Gobierno

La plataforma de Elche promoverá, junto con otras que se están constituyendo en otros puntos del país, la creación en el ámbito del Estado de un fondo de garantía que socorra a quienes no puedan pagar sus hipotecas.

Felipe Naranjo insistía sobre esta cuestión en que "no se trata de que el Gobierno pague las hipotecas, sino que si hay una persona que no puede pagar, el Estado puede comprar la vivienda y arrendársela al anterior propietario de manera preferencial".

A juicio de Naranjo, "el problema social y psicológico que se está creando, más allá del económico, requiere de una intervención, porque hay una situación de alarma que va más allá".

La hipoteca se está convirtiendo en una pesada carga cada vez más difícil de soportar para las familias. La crisis y las continuas subidas del Euribor están provocando que cada vez más personas se vean incapaces de hacer frente al pago de sus viviendas.

El colectivo inmigrante ha sido uno de los primeros en reaccionar de forma activa ante este problema. El pasado verano se creó en Madrid la Unión de Propietarios de Viviendas Familiares con Hipotecas Impagables, integrada en su inicio por casi un centenar de familias extranjeras que adquirieron un piso gracias a un crédito hipotecario y que ahora tienen problemas para pagar las cuotas.

Esta plataforma nació en el seno de la Asociación América España Solidaridad y Cooperación, Aesco.

En poco más de dos meses «cerca de 5.000 familias de toda España, inmigrantes y españolas, han recurrido a esta plataforma cívica, según explica Gustavo Fajardo, responsable de los servicios jurídicos de la agrupación.

En Alicante, son «450 las familias que han pedido ayuda y asesoramiento a la asociación». Por este motivo, los responsables de la plataforma ultiman la puesta en marcha «de una delegación en la provincia, similar a otras que ya funcionan en Barcelona, Valencia, Murcia o País Vasco».

Precisamente, el pasado fin de semana, responsables de la plataforma en Madrid se desplazaron a Elche para mantener un encuentro con familias afectadas e informarles de todas las iniciativas que la plataforma está llevando a cabo.

El pasado martes se celebró una reunión en la sede de la Asociación de Colombianos en Elx con el objetivo de poner en marcha una delegación de la plataforma en la ciudad.

El objetivo de este colectivo es buscar una solución para quienes, momentáneamente, no pueden hacer frente a sus hipotecas debido a las continuas subidas del Euribor o a la crisis económica. Una de las iniciativas ha sido «la de plantear a las familias que se declaren en suspensión de pagos. Para ello, ya se han presentado en Madrid más de 400 solicitudes de justicia gratuita con el objetivo de plantear ante el juez dichas suspensiones», afirma Gustavo Fajardo.

Otra de las principales peticiones de la agrupación es la creación, por parte del Gobierno, «de un fondo de garantía hipotecaria para ayudar a las familias que, por circunstancias excepcionales, se ven imposibilitadas para hacer frente al pago de su vivienda».

Este fondo, «similar al que ya existe para los seguros de vehículos, sería sufragado por las entidades financieras y por quienes suscriban una hipoteca». Estas ayudas «deberían ser para familias que cumplan determinados requisitos y siempre de una manera temporal», explica Fajardo.

Responsables de la plataforma han hecho llegar estas y otras propuestas a la directora de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de la Vivienda en una reunión mantenida el pasado mes de julio «y de la que todavía estamos esperando una respuesta».

En Madrid, los afectados por esta situación ya han celebrado varias manifestaciones. El pasado 12 de octubre más de un centenar de inmigrantes se han concentraron en la madrileña plaza de Neptuno para reclamar al Gobierno un conjunto de medidas para ayudar a las familias a afrontar la crisis.

El acto fue convocado por la Asociación América España Solidaridad y Cooperación (AESCO), el Consejo de Inmigración de la Comunidad de Madrid (CODEIN) y la Plataforma de Ahorcados por las Hipotecas Impagables.

Los participantes, vestidos de rojo, exhibieron carteles con lemas como "Por la creación del Fondo de Garantía Hipotecaria", "Interés justo", "Hipotecas pagables", "Buscamos condiciones dignas para nuestras hipotecas", "ZP: Dinero para la banca, y ¿para las familias en crisis?" y "ZP: Ahora medidas de salvamento para las familias hipotecadas".

El martes 14 de octubre una comisión de vivienda fue al Congreso de los Diputados para exponer las propuestas que han desarrollado y que existen "frente al descontrol y a la mala praxis de los bancos" para que con ellas "hagan algo para la gente que no tiene solvencia". Los manifestantes vistieron camisetas rojas y se concentrarón en la Plaza de Neptuno.

La crisis está afectando en España gravemente al sector transporte

MADRID.- La ralentización económica y la falta de liquidez en las empresas está repercutiendo gravemente en el sector de transporte por carretera, dijo el lunes Fenadismer, la patronal de los transportistas independientes en España.

"La disminución muy importante de la actividad económica ... y la falta de crédito ha reducido el transporte por carretera entre un 25 y un 30 por ciento", dijo una portavoz de Fenadismer a Reuters.

La patronal representa unas 32.000 empresas con una flota de 70.000 vehículos.

La portavoz explicó que las pequeñas y mediandas empresas que representa tienen dificultades para gestionar su liquidez por la falta de crédito y la poca disposición de la banca para descontar papeles comerciales.

"Las perspetivas no son nada buenas y no esperamos ninguna recuperación antes de mediados de 2009", agregó.

Diego de Ramón se dirige a Sarkozy para que la Unión Europea depure responsabilidades en CAM

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón se ha dirigido como letrado y ciudadano comunitario al jefe del Estado francés, Nicolás Sarkozy, el pasado 25 de septiembre, en su calidad de presidente de turno de la Unión Europea, solicitando la depuración de responsabilidades en el seno de la Caja de Ahorros del Mediterráneo en base a sus reiteradas declaraciones al respecto en esas fechas y en diversos foros.

"Teniendo en cuenta las recientes declaraciones realizadas en Nueva York de que: “…los jefes de Estado y de Gobierno tienen que hablar claramente y "con franqueza sobre la gravedad de la crisis financiera internacional" y mostrándose partidario de identificar a los responsables de la situación y sancionarles.” Y seguir diciendo: “…debemos preguntarnos sobre nuestras responsabilidades. Hoy, millones de personas en todo el mundo tienen miedo por sus economías, sus apartamentos, por los ahorros que han colocado en los bancos”, en declaraciones realizadas al recibir un premio de la Fundación Elie Wiesel.

Y seguir diciendo:” Nuestro deber es darles respuestas claras. ¿Quién es responsable del desastre?. Que los responsables sean sancionados y rindan cuentas, y que nosotros, los Jefes de Estado, asumamos nuestra responsabilidad”

Luego añadió: “Si no hablamos claro, no construiremos un mundo de estabilidad”.

Si a esto añadimos la declaración que hizo su excelencia ante la Organización de las Naciones Unidas, en el mes de septiembre, en la Asamblea General, en nombre la Unión Europea, de que es necesario “moralizar” el capitalismo financiero para que se ponga más al servicio del desarrollo y menos al de la especulación...", es por lo que es necesario identificar a los responsables de la situación y sancionarles.

En este caso, sería identificar a las personas físicas que, con motivo de sus actuaciones o imprudencias temerarias financieras, han ocasionado perjuicio a los sectores sociales más débiles y que el Estado debe proteger a ultranza.

Nos estamos refiriendo a las cajas de ahorro en España, situación creada por sus directores, miembros del Consejo de Administraciones (representantes politicos que, según las Comunidades Autonomas donde gobiernen con mayoria, tienen el control económico de conceder “créditos a promotoras, constructoras o empresas que se encuentren cercanas a una idea politica de desarrollo inmobiliario”).

Nos estamos refiriendo a que una misma Administración municipal, comunitaria regional española, aprueba administrativamente recalificación de terrenos de rústica a urbana y después, con esas garantias y otras de menor medida, las cajas de ahorro en España le conceden grandes créditos multimillonarios, como por ejemplo créditos sindicados de mas de mil millones de euros, a una sola entidad inmobiliaria, a la que se le han recalificado más de treinta millones de metros cuadrados en una misma Comunidad Autónoma, la de Murcia (España tiene 17 Comunidades Autonomas).

Así, solicitamos que se identifiquen y depuren las responsabilidades habidas por imprudencia temeraria financiera de las cajas de ahorro españolas, en concreto de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en las personas físicas de sus directivos y miembros del Consejo de Administración, así como sobre los contratos blindados que tienen, y la merma o disminución de aplicación de los beneficios de las Cajas, que no van a los clientes de las mismas, sino a inversiones sociales que ahora se ven reducidas, y donde se aplican criterios de orientación politica por sus representantes elegidos por los distintos partidos que lo componen.

Como quiera que este ciudadano europeo inició ante el Parlamento Europeo, durante su Presidencia, dicha denuncia y puesto que en España no se han pronunciado las instituciones nacionales (Banco de España,Comisión Nacional del Mercados de Valores y otras), y que sí se ha pronunciado la Eurocámara, pasándolo a la Comisión de Peticiones, con el número de registro 1228/07, y ésta , a su vez, al Presidente de la Comisión don Marcin Libicki, en su contestación de fecha 9 de junio de este año, en la cual se admite, y ordena:

1.-Una investigación a la Comisión Europea,sobre el fondo de la petición.

2.-Un informe opinión al Banco Central Europeo.

3.-Y una información a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.

Pese a todo ésto, y nos estamos refiriendo a más de 5.000 millones de euros, una caja; es decir, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ha obtenido por las autoridades de mi país (integrante de la Unión Europea) autorización, el pasado día 2 de septiembre, para realizar actividades en regimen de libre prestación de servicios en otros tres países europeos, concretamente en Austria, Irlanda y Suecia, que se suman a Francia, Polonia, Portugal, Italia, Alemania, Bulgaria, Bélgica, Holanda y Rumania, donde Caja Mediterraneo ya estaba autorizada para realizar estas actividades.

(Se adjunta copia de la petición de investigación de dicha Caja de Ahorros del Mediterráneo por la fuerte concentración de inversiones inmobiliarias en la costa, con grandes desembarcos de dinero y de recalificaciones, y de promotoras de la propia entidad participadas, para así ahora depurar las responsabilidades como personas físicas de sus dirigentes por su posible imprudencia temeraria financiera, y sancionarles, así como también la admisión a trámite por el Parlmento Europeo y su comisión de peticiones).

Con el mayor respeto y admiración personal, sobre cómo lleva la politica exterior de su pais, Francia, y la de Europa, le saluda atentamente reconociendole como un gran estadista. Todo ello, sin perjuicio de que, incluso sometiéndole humildemente esta petición (ante la ausencia de las instituciones españolas y sus politicos en pronunciarse en estos extremos como su excelencia lo hace) por si quisiera o creyese oportuno realizar gestión sobre el resultado de lo realizado".

El valor en alza de la política / Jordi Sevilla

No sé si habrá acabado la crisis financiera. Pero mientras tanto, estoy tranquilo, porque mi dinero tiene la garantía del Estado.Desde esta semana soy, como todos ustedes, un triple A, que es la calificación que se da a los más solventes. Y todo ello gracias a los políticos, que han adoptado medidas coordinadas para combatir la crisis actual en, al menos, tres de sus cuatro frentes: confianza, liquidez y solvencia del sistema financiero.

Vivimos en una economía, en una sociedad, basada en la confianza, que se refuerza mediante la imposición de normas y contrapesos institucionales. Y esta crisis la ha quebrado entre bancos, entre estos y las empresas y la de los ciudadanos hacia el sistema financiero. De repente, nadie se fiaba de nadie y, así, los mercados no funcionan, la economía no funciona, se paraliza, entra en quiebra.

Y en medio de la amenaza de desastre total, surge alguien de quien nos fiamos todos, alguien en quien todos depositamos nuestra confianza, alguien a quien recurrimos para salvar los muebles: el Estado. Resulta que ese depósito de confianza que tenemos agotado entre privados nos ponemos de acuerdo para tenerlo todos lleno con el Estado. Y con esa garantía por medio, poco a poco esperamos que se recupere el crédito entre el resto de agentes del sistema.

Es el Estado y no el mercado, lo público y no lo privado, quien en esta hora de crisis concita las esperanzas de todos. El arte de la política consiste en gestionar este depósito de confianza que no es, tampoco él, incondicional, ni ilimitado. Y se ha hecho bien. Haciéndonos sufrir, pero bien. La acción política ha cubierto con su manto de seguridad la falta de confianza privada.

Ahora, de cara al futuro, la política tiene que seguir equilibrando las dosis justas de mercado y Estado, en una relación que ni es ni puede ser estática ni tampoco de signo encontrado, en el sentido de que uno siempre crece a costa del otro, ya que parece que ambos pueden ir de la mano y que la mayoría nos beneficiamos de ello cuando así ocurre. En lo financiero, pero también en lo social, en lo laboral, en los servicios públicos. En suma, practicar la vieja máxima socialdemócrata de tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario.

Esta crisis lo está siendo también de una cierta orientación ideológica. En la Depresión del 29 el Gobierno americano tardó tres años en adoptar medidas porque se creía que el mercado se corregiría solo. También ahora, la creencia en la capacidad autónoma de los mercados de derivados hizo que Greenspan se negara a regularlos, llevándonos adonde estamos. La política y el conjunto de ideas y creencias desde el que se ejerce influyen mucho sobre la actividad y el bienestar de los ciudadanos. Por eso, esperemos que esta crisis se lleve por delante la intransigencia dogmática hegemónica de estas décadas, según la cuál sólo el libre mercado, lo privado y bajar impuestos, eran buenos.

No podemos, porque no es ético, ni eficaz, mantener un sistema económico que se basa en una asimetría: para ganar dinero, nada como el mercado, para no perderlo, nada como el Estado. Las fronteras deben redefinirse sin irnos al otro lado, porque los fallos del Estado también existen. Por ello, más Estado, en forma de regulación, supervisión y sanciones, precisamente para que pueda haber mejor mercado, pero también mejor Estado en forma de mejores instrumentos como los impuestos, que podrían haber ayudado a mitigar la burbuja especulativa y un gasto público sometido a evaluación de eficiencia.

Ha sido la intervención pública, definida por los políticos democráticos, la que ha ayudado a estabilizar el sistema económico en que vivimos. Pero esa intervención debe tener límites conocidos.De otra manera, se puede establecer un pulso entre mercados financieros en exigencia recurrente de más y más dinero y un Estado atrapado ante la opinión pública por una intervención como pozo sin fondo.Pulso que ya vivimos cuando las especulaciones contra las monedas del Sistema Monetario Europeo, antes del euro. Las decisiones adoptadas y conocidas deben marcar los límites a partir de los cuales la histeria de los mercados se convierte, simplemente, en autodestructiva.

Los gobiernos, con su acción, también han desatascado otros dos problemas con los que interactúa la ausencia de confianza: insuficiencia de liquidez para que el sistema funcione y posibilidad de recapitalización, vía nacionalizaciones, que contrarreste el proceso de desapalancamiento derivado de la pérdida de valor de los activos que soportaban el crédito y que podía llevar a insolvencia generalizada.

Las entidades no se prestaban ni prestaban no sólo porque no se fiaran, sino por si acaso lo necesitaban ellas para cubrir eventuales pérdidas patrimoniales. Al final, el Plan Europeo ha resultado más consistente que el americano al permitir actuar sobre los tres niveles del problema con más contundencia.

Ahora faltan dos tareas de Hércules más: implementar lo aprobado con el debido control democrático y volver los ojos hacia la economía real ahora que han llegado los tiempos duros para el crecimiento y el empleo. El volumen de recursos canalizado hacia el sistema financiero es de tal magnitud que no puede hacerse sin la transparencia suficiente sobre la actividad gubernamental, pero tampoco sin compromisos conocidos, exigibles a los gestores privados perceptores de tan ingente ayuda. Así se está haciendo en el resto de países

Por otro lado, lo decidido sobre el sector financiero es condición necesaria, pero no suficiente, para combatir la crisis económica y no sólo encajarla. Recordemos, por ejemplo, que en EEUU se han establecido líneas de crédito público directamente a empresas y se impulsan medidas de alivio a las familias endeudadas.

Para todo ello, tendremos que girar los ojos, otra vez, hacia los políticos que son los únicos que pueden hacerlo. Así es la política, la buena política. Algo que no tiene precio, pero si valor. Mucho valor para la convivencia y que ahora, además, cotiza también en la Bolsa.

60 millones en créditos unen a políticos y cajas de ahorro

MADRID.- Los partidos políticos, que tienen créditos y avales concedidos por las cajas de ahorros por un importe de unos 60 millones de euros, van a tener la llave sobre las fusiones de estas entidades financieras. Uno de cada cuatro de esos euros los ha prestado La Caixa. Especialmente activas en la concesión de créditos a partidos políticos son BBK, Bancaja y Cajasol. Entre estas cuatro entidades rondan los 30 millones en préstamos, según estimación de "El Mundo".

La presencia de políticos y ex políticos en los consejos de las cajas, e incluso en la presidencia de varias de ellas, es notable (ver información adjunta). Eso lleva a que por sus manos pase la aprobación de préstamos a los mismos partidos políticos que les han colocado en ese puesto.

El partido que más ha recurrido al crédito de las cajas -según los datos existentes en los informes de gobierno corporativo de estas entidades- es el socialista, con más de 19,5 millones de euros. Le siguen CiU e Izquierda Unida, con 11,7 millones.

En el caso de la formación coordinada por Llamazares se da la particularidad, además, de que tiene vencidos más de 810.000 euros que debía haber devuelto ya a Cajasol. El PSOE también tuvo problemas el pasado año con un préstamo de la caja sevillana, pero ya ha regularizado su situación.

Cambio en 2003

A ello se une que, según la normativa financiera, aprobada en el año 2003 por el PP, los gobiernos autonómicos deben dar el visto bueno a las fusiones. Es más, en el caso de que se ponga en marcha la integración de dos cajas de distinta región, los responsables de esas entidades deberán recibir el plácet de ambos gobiernos regionales.

La ley es tajante: «Cuando se produzca una fusión entre cajas de ahorros que tengan sus sedes sociales situadas en diferentes comunidades autónomas, la autorización para la misma habrá de acordarse conjuntamente por los gobiernos de las comunidades autónomas afectadas». Y a partir de ahí «se determinará la proporción que corresponderá» a cada administración y entidad pública de la región en los órganos de gobierno de la nueva entidad.

La implicación política en el asunto de las fusiones entre cajas es total. La hemeroteca de las últimas semanas recoge una sucesión de declaraciones de gobernantes acerca de la conveniencia o no de fusiones.

El presidente andaluz, Manuel Chaves, aseguró, pocas horas después de que José Luis Rodríguez Zapatero diera el pistoletazo de salida a este proceso, que estaba dispuesto a dar «impulso político» para la integración de las cinco cajas andaluzas. Más claro aún fue el vicepresidente y consejero de Hacienda, José Antonio Griñán: «El proyecto de una gran caja andaluza no está derogado, sino en vigor. Favoreceremos nuevos procesos de fusión cuando todas las entidades estén en la misma posición, que será en primavera cuando Cajasol consolide su fusión». Esa fusión, fruto de la integración de El Monte y Caja San Fernando, tuvo lugar en mayo de 2007.

Ha sido la última unión de cajas en España. El anterior precedente se encuentra en 2001, cuando Bancaja absorbió Caja Carlet, ahogada por una mala situación financiera.

Pero ahora parece que no va a ser necesario que pasen seis años para ver una nueva fusión. El alcalde de León y vicepresidente segundo de Caja España, Francisco Fernández, abogó días atrás por integrar en la entidad leonesa a tres de las pequeñas cajas castellanas, es decir, las de Segovia, Avila y Burgos, dejando fuera a la salmantina Caja Duero, por su mayor tamaño. Mientras, el presidente regional, Juan Vicente Herrera, del PP, consideró «urgente» abordar este proceso y destacó la «vocación» de unión de las cajas regionales.

Y el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Anxo Quintana, del BNG, señaló esta misma semana que vería como «algo positivo» la fusión de las dos cajas gallegas: Caixa Galicia y Caixanova.

BBK-Kutxa, en marcha

Declaraciones similares se oyen en el País Vasco, donde se afirma sin rubor alguno que la proximidad de las elecciones en la región puede frenar la integración de la Kutxa y la BBK. Y se añade, además, que el PSOE y el PP vetan que a esa fusión se sume la alavesa Caja Vital. Otra evidencia más de que en este proceso no prima la lógica económica ni de mercado, sino el puro y duro interés político.

Como se ve, estas tesis no distinguen colores entre los partidos.Para los representantes de los ciudadanos, el control de las cajas de ahorros se ve como un asunto sustancial. Ningún gobierno quiere perder el control sobre las cajas de su ámbito de influencia -no en vano el reparto de los miembros de los órganos de dirección tiene mucho que ver con los resultados electorales.

A eso se une el colchón que estas entidades suponen a la hora de colocar a compañeros del partido en órganos generalmente muy bien retribuidos que se ven, en ocasiones, como el retiro ideal para quienes están cansados de la contienda política.

Este es uno de los asuntos que puede suponer el freno a las fusiones.Con menos cajas hay menos sillones que repartir, y ya hay voces que alertan de este riesgo. Eso sí, los holding financieros y carteras de cotizadas, con sus correspondientes consejos, dan otra oportunidad.

Los 755 consejeros se reparten más de 163 millones

Ser uno de los 755 consejeros repartidos en los consejos de administración de las 43 cajas de ahorros españolas resulta más que gratificante para el bolsillo, ya que, de media, cada uno de ellos se embolsó el pasado ejercicio 216.009 euros en concepto de sueldos, dietas por asistencia a los consejos y otras remuneraciones.

Las cifras resultan llamativas en cualquier caso, ya sea desde el punto de vista de la retribución (más de 163 millones de euros en total) o desde la perspectiva del número de consejeros por cada entidad. Claro que no todas las cajas de ahorros se reparten de igual manera sus asientos en la cúpula directiva, ni todas pagan a sus consejeros con el mismo sueldo. Entre las más generosas se encuentran La Caixa, que repartió en 2007 25,1 millones de euros entre sus 21 directivos, y Caja Madrid, donde la retribución a sus 18 consejeros sumó 23,4 millones de euros, es decir, más de 1,3 millones por cabeza.

Esta distribución del sueldo en comparación con otras entidades de menor tamaño se debe en parte a que La Caixa y Caja Madrid cuentan con muchas participaciones en compañías cotizadas que incrementan los bonus en forma de dividendos. Aun así, algunas cajas más pequeñas no se quedan cortas en la compensación a sus directivos, como Caja Segovia, que reparte más de 5,87 millones entre sus 17 consejeros (a 345.000 euros por barba de media), o Caixanova, con un sueldo total de 5,85 millones.

Políticos hechos banqueros

En el proceso de fusiones que se vislumbra en las cajas de ahorros tendrán un papel decisivo los partidos políticos. Pero también los sindicatos y las patronales, que tienen sentados a importantes cargos en los consejos de administración de distintas cajas.

Una de ellas es Caixa Catalunya, cuyo presidente es, desde 2005, Narcís Serra, ex ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno durante el mandato de Felipe González. Su promoción en la caja corrió a cargo del actual presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla. Pero éste no es el único caso: en Caja Navarra, por ejemplo, su presidente es a la vez el presidente del Gobierno autonómico, Miguel Sanz, mientras que en Bancaja el máximo cargo directivo corresponde a José Luis Olivas, ex presidente de la Comunidad Valenciana.

Prácticamente en todas las cajas españolas hay representación política, sindical y patronal de relevancia, un motivo que puede explicar por qué entidades como Cajastur o Cajasol tienen en sus consejos a 30 y 40 personas, respectivamente.

LOS CONSEJOS

755... So los sillones con los que cuentan los consejos de administración de las cajas de ahorros españolas. En muchos de ellos se sientan políticos.

40... Es el número de consejeros que tiene Cajasol. La entidad sevillana, pese a no ser una de las grandes del país, es la que tiene un consejo mayor.

LAS CIFRAS

15,9

Son los millones de euros que La Caixa ha prestado a los partidos políticos representados en su Asamblea. Es la entidad con una cifra más alta.

8 Cajas de ahorros afirman en sus informes de gobierno corporativo que no tienen ningún dinero prestado en este momento a alguna formación.

810.490 Son los euros que Cajasol tiene en el capítulo de morosos fruto de impagos por parte de Izquierda Unida.

EL PERSONAJE

Narcís Serra: El ex ministro de Defensa socialista es una prueba evidente del control que ejercen los políticos en las cajas.Montilla presionó para su nombramiento.

LOS ESTIMULOS

Zapatero: ««Habrá que colaborar para tener un mapa más racionalizado, competitivo y eficaz de nuestras entidades financieras».

Juan Vicente Herrera: El presidente de Castilla y León considera «urgente» la unión de las cajas de ahorros de la región.

LA CONSOLIDACION

El proceso de fusiones entre las cajas de ahorros no es nuevo.En apenas 20 años, desde 1988, nuestro país ha asistido a la desaparición de 32 entidades de esta naturaleza. De este modo, se ha pasado de las 77 cajas de ahorros que había en el citado ejercicio a las 45 que operan en la actualidad. En unos trimestres seguro que la cifra es todavía menor.

PRECEDENTES

2007... Tras más de una década de intentos, en mayo de ese año se produjo la fusión entre El Monte y Caja San Fernando, la última vivida.

2001... El entonces gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, emplazó a Bancaja a quedarse con Caja Carlet, acuciada por los problemas.

El PSOE cree que Cospedal se ausentó de los Congresos del PP en Murcia y Valencia para no hablar sobre el texto del Estatuto manchego

TOLEDO.- La secretaria de Comunicación del PSOE de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, consideró ayer que la ausencia de la presidenta regional del PP y secretaria general del partido, María Dolores De Cospedal, de los Congresos que este fin de semana ha celebrado su partido en Murcia y Valencia, se explicaría en su decisión de "no dar la cara en esas comunidades y así no tener que pronunciarse" sobre el Estatuto de Autonomía regional.

Según indicó en un comunicado la dirigente socialista, "en una semana, es el segundo renuncio en el que la presidenta del PP se ve inmersa, para no dar la cara por el Estatuto de Castilla-La Mancha que aquí dice respaldar".

Recordó Padilla que De Cospedal "el martes prefirió el silencio y los escaños de su partido en el Congreso a dar la cara y poner voz a los intereses de Castilla-La Mancha como sí hizo" el presidente regional, José María Barreda, y ahora este fin de semana "se marchó a Ceuta para no tener que acudir a Murcia y Valencia y pronunciarse ahí sobre lo que interesa a nuestra región como es la caducidad del trasvase Tajo-Segura".

Para la responsable de Comunicación del PSOE regional, con estas ausencias "para no ofender a sus compañeros del PP, Camps y Valcárcel, se pone en evidencia la poca valentía y falta de compromiso con nuestro Estatuto que demuestra la dirigente popular, así como la dificultad objetiva que tiene para compaginar su doble responsabilidad de líder nacional y regional del PP".

Esther Padilla pidió finalmente a De Cospedal que se fije en José María Barreda y "en cómo está dando la cara por los intereses de Castilla-La Mancha, demostrando que si tiene que elegir, para él es más importante defender a nuestra tierra que a nuestro partido, algo que no le ocurre a la dirigente 'popular'".

Las cajas rurales reactivan un gran proyecto de 'integración'

VALENCIA.- El director de Supervisión del Banco de España, Francisco Javier Aríztegui, no se anduvo por las ramas en una intervención reciente ante el colectivo de cooperativas de crédito y cajas rurales.«Mi intervención tiene un objetivo concreto: plantearles la conveniencia de abordar con rapidez la implantación de un Sistema Institucional de Protección (SIP)», afirmó.

«El Banco de España cree que dicho proyecto es estratégico», recoge "El Mundo".

Aríztegui pasó a continuación a explicar el porqué de esa urgencia.En el último año, las cooperativas de crédito han visto cómo se reducía su cuota principalmente en el mercado de depósitos, lo que se ha traducido en un incremento en la exposición al riesgo de liquidez del sector. Como consecuencia de ello, el porcentaje que la inversión crediticia representa sobre los acreedores no bancarios llega al 103%, por encima de las cajas de ahorros (97%) y al nivel de la banca.

En cuanto al crédito concedido por estas entidades, que ha crecido un 11% en base interanual, se desacelera al igual que sucede en el resto del sector financiero, pero con la peculiaridad de que continúa sustentándose sobre la financiación al sector inmobiliario: de los nuevos préstamos otorgados en el último año por las cajas rurales, el 64% corresponde al ladrillo.

Los saldos dudosos crecen con tasas del 130% interanual, la morosidad supone ya el 1,9% de la inversión crediticia y la cobertura con provisiones es del 120%. El ratio de eficiencia es el más débil de las entidades de depósito (54,1%, en comparación con el 45,5% de las cajas de ahorro y el 37,3% de la banca) y las pérdidas por deterioro crecen un 29% y ya suponen un 27% del margen de explotación.

En definitiva, para el Banco de España es imperativo poner en marcha un SIP. Esta fórmula de integración sin pérdida de la personalidad jurídica, impulsada desde Bruselas, debe cumplir siete condiciones: a través de un contrato o de un régimen legal de asignación de responsabilidades, garantiza la liquidez de todos los participantes para evitar situaciones concursales; cuenta con fondos inmediatamente disponibles; incorpora mecanismos para el seguimiento y la clasificación de los riesgos; publica cada año un informe con el balance, la cuenta de resultados, el estado de situación y la evolución de riesgos; elimina el uso múltiple de los recursos propios y la generación de capital entre sus socios; se basa en integrar a entidades homogéneas; y la salida debe notificarse con, al menos, 24 meses.

Para las cajas rurales, el discurso del Banco de España no es nuevo. Llevan trabajando en un SIP desde mayo de 2007, cuando se debatió por primera vez en profundidad el asunto. Entonces se acordó que las cinco grandes del Banco Cooperativo -Ruralcaja y las Cajas Rurales de Navarra, el Sur, Granada y Asturias- presentaran un proyecto.

Pero el tiempo ha pasado y, aunque estas entidades siguen trabajando en el diseño del SIP, lo cierto es que aún no han aportado nada.En ese contexto llegaron, hace unas semanas, las palabras de Aríztegui, para quien cuestiones como la territorialidad o el mantenimiento de la marca, no deben seguir siendo un obstáculo para el proyecto, según fuentes del sector.

Inicio del SIP

La reacción dentro del colectivo de cajas rurales ha venido de la mano de un grupo de 15 o 20 entidades medianas, que están de acuerdo en muchos de los aspectos que debería recoger el futuro SIP, y que han decidido tomar la iniciativa en paralelo al proyecto de las cinco grandes. Entre ellas hay algunas de la Comunidad Valenciana, como las de Torrent, Caja Campo o Crèdit, además de otras de referencia en Castilla-La Mancha (Ciudad Real o Toledo), y otras regiones. Ese grupo se ha puesto en contacto con una consultora.

La evolución de estas negociaciones será clave para atisbar la transformación de una fórmula cooperativa que en los últimos años se ha dividido en dos modelos: el de las entidades tesoreras, más conservadoras, que renunciaron a buscar financiación en el exterior; y el de las cajas que optaron por el tamaño y llevaron a cabo una estrategia de expansión. Si surge un SIP deberá ser capaz de compaginar ambas sensibilidades. De lo contrario, podrían crearse varios SIP en España.

La intención de las entidades medianas, en su mayor parte bien saneadas, es definir aspectos decisivos como el porcentaje de recursos propios que deberá aportar cada uno de los socios del SIP, o qué operaciones deberán someterse a la supervisión del órgano central que debe encargarse de controlar la marcha de la futura coalición de las cajas rurales españolas, o cuáles deben ser los criterios de riesgo.

Porque hay un asunto que preocupa a todas las rurales que participan en el debate, y que quieren que esté bien presente al margen de las cuestiones de forma: evitar la posibilidad de verse arrastradas por la crisis de alguno de sus socios en el SIP.

LAS CAJAS

17.000 empleados trabajan en las 83 entidades que hay en toda España. Hay más de 4.500 oficinas repartidas sobre todo en la Comunidad Valenciana y Andalucía.

41,7 millones es el total de activos que gestionan las cajas rurales. La mayor es Cajamar.

LA CLAVE

Cajamar, presidida por Antonio Pérez Lao, cree «oportuno» que se avance en el proceso de fusión de las cajas por necesidad ante las exigencias de la «globalización».

LAS CIFRAS

11%

Es el porcentaje al que ha crecido el crédito concedido por las cajas rurales en base interanual, según las cifras del Banco de España.

64% Del total de préstamos concedidos por las cajas rurales durante el último año, ese porcentaje se ha otorgado a todo tipo de proyectos inmobiliarios.

130% Los saldos dudosos crecen a tasas de más del 130% y la morosidad supone ya el 1,9% de la inversión crediticia.

Dimiten tres miembros de la junta directiva de Caisse d'Epargne tras perder 600 millones en derivados

PARÍS.- Los tres principales directivos del banco francés Caisse d'Epargne dimitieron este domingo tras la reciente pérdida en Bolsa de 600 millones de euros, según una fuente próxima al caso.

Se trata del presidente Charles Milhaud, el director general Nicolas Mérindol, y Julien Carmona, encargado de finanzas y riesgos.

Milhaud dijo que no pide "ninguna indemnización", al confirmar su dimisión este domingo por la noche.

La decisión fue tomada durante un consejo de vigilancia extraordinario, celebrado el domingo para dirimir la suerte de los directivos de la Caisse d'Epargne tras la reciente pérdida de 600 millones de euros.

Poco después, el banco anunció la sustitución de Milhaud, de 65 años, por Bernard Comolet, actual presidente del banco para la región parisina.

Asimismo, Mérindol, será sustituido por Alain Lemaire, actual presidente del banco para la región Provenza-Alpes-Córcega, declaró a la prensa Yves Huert, presidente del consejo de vigilancia de la entidad financiera.

Milhaud, que ha dirigido la Caisse d'Epargne desde 1999, ha formulado el deseo de permanecer en el grupo "algunos meses", el tiempo de cerrar las negociaciones en vistas a una fusión con el grupo Banque Populaire, precisó la misma fuente.

Carmona, por su parte, abandona el directorio y pasaría a ser director ejecutivo encargado de las finanzas, apuntó la misma fuente.

Varios de los participantes del consejo de vigilancia, que duró varias horas, estaban decididos a pedir la dimisión del presidente del directorio, Charles Milhaud, cuyo mandato llegaba a término a finales de 2009, según una fuente cercana al caso.

Milhaud declaró sentirse "responsable" de la pérdida de 600 millones de euros, que calificó de "grave", en una entrevista con el dominical francés Journal du Dimanche.

Por su parte, la ministra de Economía, Christine Lagarde, se declaró "satisfecha" tras el anuncio de las dimisiones de los principales directivos de la Caisse d'Epargne y consideró que "ello permitirá a las cajas de ahorros volver a empezar", informó el domingo el entorno de la ministra.

Previamente, el portavoz del gobierno francés, Luc Chatel, había declarado el domingo que "cada cual debía asumir sus responsabilidades", mientras que el ministro de Trabajo, Xavier Bertrand, deseó que se tomaran "decisiones" en el consejo de vigilancia.

El viernes, el presidente francés Nicolas Sarkozy exigió a los responsables "asumir las consecuencias", mientras que la oposición socialista reclamó "sanciones".

La propia Lagarde "llamó el viernes a los directivos de la Caisse d'Epargne a hacer frente a sus responsabilidades", recordó el entorno de la ministra.

"Los miembros del consejo de vigilancia hicieron el mismo análisis que la ministra", añadió la misma fuente al insistir en que la "pérdida no cuestiona la solidez del grupo y no tendrá impacto en los clientes, los empleados y los ahorradores".

A este respecto, un representante de los empleados de la entidad en el consejo de vigilancia se congratuló el domingo por la "buena decisión", en referencia a las dimisiones de los directivos.

La Caisse d'Epargne anunció el viernes una pérdida de 600 millones de euros, provocada por tres de sus corredores, que habían apostado por una subida del mercado de acciones justo antes de su caída brutal el pasado 6 de octubre.

El Cuarto Estado y el Madrid bancario, por Jesús Cacho

En 1993, con el Gobierno de Felipe González asediado por mil escándalos, Jesús Polanco, Antonio Asensio, Javier Godó y Mario Conde, como maestro de ceremonias, mantuvieron una serie de reuniones destinadas a alcanzar una postura común ante un interrogante de capital importancia: ¿Había que facilitar un cambio de Gobierno, dando paso a la nueva derecha democrática que había roto con el franquismo, o convenía, por aquello de lo malo conocido, seguir apostando por Felipe, por pestilente que fuera el perfume que el Régimen exhalaba? Los reunidos tenían, además, algo más prosaico de lo que ocuparse: repartirse el grupo Antena 3. La emisora de radio para la cadena SER, y la televisión para Asensio, con el apoyo dinerario de Banesto. Fue el famoso "pacto de los editores». Con el respaldo de los amos de la prensa, González volvió a derrotar a José María Aznar en las elecciones de junio del 93.

El episodio se ha puesto de actualidad con motivo del almuerzo celebrado el lunes 13 en el Palacio de la Moncloa entre Rodríguez Zapatero y los dueños de la práctica totalidad de los grupos de comunicación españoles. Polanco y Asensio, ya fallecidos, han sido ahora sustituidos por sus hijos, Ignacio y Antonio junior. La reunión se inserta en la categoría de síntoma de los males que aquejan a la democracia española y al sistema de libertades. Se trataba de inducir a los editores a contar la realidad al gusto del presidente, aunque podría decirse con mayor crudeza: ZP buscaba la complicidad de los medios para manipular la información. Ni más ni menos. Dice el ácrata Chomsky que "la manipulación y la utilización sectaria de la información deforman la opinión pública y anulan la capacidad del ciudadano para decidir libre y responsablemente. Si la información y la propaganda resultan armas de gran eficacia en manos de regímenes totalitarios, no dejan de serlo en los sistemas democráticos. Quien domina la información, controla también en gran medida a la sociedad".

El contubernio de la prensa con el poder político se ha convertido en proverbial en España. La primera vez que cantó el gallo fue también con Felipe González, con la Alianza Atlántica de fondo. "Otan, de entrada no". El socialismo de pana y tortilla hispano era contrario a la decisión adoptada por el efímero Calvo Sotelo, pero el camarada Billy Brandt cogió por las solapas a Felipe y le leyó la cartilla. Había que quedarse en la OTAN. Y Felipe reunió en su despacho de Moncloa a los editores y les pidió apoyo con gesto desgarrado. Se trataba de convencer a los españoles para que votaran sí en el referéndum, cuando el sentimiento mayoritario era no. En noviembre 1985, un sondeo reveló que el 46% de los ciudadanos era partidario de la salida, por solo un 19% favorable a la permanencia. De vuelta a Barcelona, Antonio Asensio reunió a los directores de los medios de Zeta en un almuerzo, reservado en la segunda planta del "Reno", calle Tuset esquina Travesera de Gracia, para contarles lo ocurrido e impartir instrucciones. Allí estaban Lago, Franco, Sebastián y otros. Solo uno levantó el dedo para decir que por ahí no pasaba. Y el milagro se hizo: el 12 de marzo de 1986, el 52,5% de los españoles dijo sí a la continuidad en la OTAN, frente al 39,8% que apostó por el no.

¿Por qué esconde el presidente del Gobierno sus actuaciones?

Es indudable que Rodríguez Zapatero debería poder reunirse con los empresarios de la comunicación en condiciones de normalidad, como lo ha hecho con los banqueros, con la CEOE y con quien estime menester. Lo que sucede es que ZP convierte lo normal en anormal al etiquetar el encuentro de secreto. La alarma aumenta cuando se constata que la primera reacción de los servicios informativos de Presidencia fue negar el encuentro. ¿Por qué esconde el presidente del Gobierno sus actuaciones? ¿Los ciudadanos son menores de edad a los que hay que engañar, o unos malvados a los que mantener en la ignorancia? Con todo, más preocupante aún es el hecho de que los dueños de los media no hayan denunciado la intención de Moncloa de interferir en su línea informativa, o al menos no hayan dado cuenta pública de la reunión. Su decisión de mantener silencio a cal y canto, como les pidió Zapatero, pone de manifiesto su disposición a "colaborar" aun a costa de traicionar la función primigenia de control al Poder que en una sociedad democrática les compete. Quevedo al revés: "He de callar, solo que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo".

Justo es reconocer que en el actual momento que vive España los editores tienen una misión esencial. En un país donde banqueros y ladrilleros siguen dando beneficios y repartiendo dividendos, que el Gobierno anuncie un plan de rescate para ellos tiene bemoles. El modelo oligárquico de partidos y sindicatos, sostenido casi en exclusiva por los PGE, necesita blindarse con un cinturón de silencio para resistir los embates, si los hubiere, de una opinión pública alarmada por el hecho de que los responsables del desaguisado, tanto públicos como privados, decidan apelar al uso de la riqueza nacional para taponar las vías de agua de quienes más tienen, sin explicar cómo se va a administrar tal estado de excepción financiera. Es verdad, la España anestesiada lo acepta todo, pero nunca se puede descartar que el señor de Alcorcón al que le han vendido un pisito a precio de oro que ahora parece que no vale nada, cuya hipoteca seguramente no va a poder pagar porque va a perder el curro, ese señor, digo, que mantiene familia con 1.500 euros mensuales, no agarre un soberano cabreo y decida un día, solo o en compañía de otros, coger carretera de Extremadura adelante y adentrarse en los madriles con la recortada en bandolera.

Ahí, en el filo de ese riesgo, es donde entran en juego los patronos de la prensa con su metralleta de letras. Se trata de mantener sedado al señor de Alcorcón diciéndole que aquí no pasa nada, que todo está en orden y no hay motivo para la alarma. Una función capital la suya. El ministro Bernat Soria ha dicho que en "un momento de crisis económica, es especialmente importante extremar la vigilancia sobre las enfermedades mentales", y es que en época de vacas flacas al personal se le va la olla cantidad. Yo creo que lo que Soria ha querido decir es que no hacen falta en Segovia más loqueros o casas de San Juan de Dios, sino más porras, más cuarteles de Policía, más antidisturbios dispuestos a mantener a raya a los ofendidos de Alcorcón que han decidido subir hacia La Cibeles para, como los campesinos del cuadro Il Quarto Stato (Pelizza da Volpedo), profanar los palacetes del Madrid bancario y decir aquello de ¿qué hay de lo mío...?

Un tipo capaz de mentir o negar la realidad con el mayor desparpajo

Parece que esta no ha sido la última cena -o almuerzo- de Jesús Zapatero con los doce apóstoles de la prensa, que ha habido alguna más en el pasado reciente en torno a asuntos tan espinosos como el fallido proceso de paz con ETA, lo cual explica muchas cosas. La fundamental: que este tipo, capaz de mentir o negar la realidad con el mayor desparpajo, pueda salir vivito y coleando, sin coste político alguno, de los callejones sin salida a los que le conduce la osadía trufada de ignorancia que le distingue. El fenómeno se ha vuelto a repetir estos días. El tipo que hasta ayer negaba la existencia de la crisis, se pasea hoy por el prado y mata moscas con el rabo con aire de haber descubierto la penicilina, simplemente porque ha sabido subirse en marcha al tren de las medidas adoptadas por otros países, iniciativas que hasta el domingo 5 de octubre rebotaban como dardos de insidia contra los cristales del despacho de un petrificado ZP.

Dos semanas después, el tipo piafa y gallea ufano, protegido por el muro de silencio construido en su derredor por los señores de la prensa a los que recibe en secreto. Deslumbrante paradoja a la española: un presidente que a duras penas puede hacer aprobar los PGE por la minoría parlamentaria de que dispone, parece gozar de un poder sin parangón –superior incluso al de Franco desde el punto de vista económico-financiero-. Controla el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que ha dejado de existir como poder independiente. Con los sindicatos por guardia de corps, se encama con la banca, mientras los dueños de los media –que esperan como agua de mayo su propio Plan de Rescate a lo Paulson- comen en su mano. Se entiende así que el artista no haya considerado pertinente pedir disculpas a la ciudadanía por tan contumaz desvarío a la hora de negar cualquier atisbo de crisis.

La realidad, sin embargo, es tozuda. Por fortuna, parece que las iniciativas de los Brown, Sarko y compañía, rebotadas aquí con presteza por Zapatero, han evitado la quiebra del sistema de pagos, pero, tras el triunfalismo consiguiente de los simples, el manual se impone: sigue su marcha inapelable la recesión de libro a que estamos abocados los españoles, fenómeno que, por desgracia, tiene pinta de ser una depresión capaz de enviar a 4 millones de españoles o más al paro. La evidencia es tan obvia que no se entiende el ataque de nervios de que parece haber sido víctima el entorno de Rajoy. Solo en el horizonte de esa crisis podría inscribirse con cierta lógica, por más que perversa, la iniciativa de cierto juez decidido, ¿con el aliento del Gobierno?, a investigar los crímenes cometidos durante guerra civil y dictadura, especie de causa general contra el franquismo orientada a reescribir la Historia. Solo una democracia como la nuestra, asediada por todo tipo de corrupciones, es capaz de consentir que aventureros como Garzón campen a sus anchas sin que nadie les llame al orden. El Campeador se enfrenta a la tarea de desenterrar fosas comunes por las cuatro esquinas. "España entretenida en destrozarse a sí misma", que dice Víctor Pérez-Díaz. Hercúlea labor de años, que mantendrá a la derecha ocupada y a defensiva, prisionera de los fantasmas del pasado. Cientos de fosas y millones de parados. Silencio, se rueda. Tenemos dictablanda progre para mucho tiempo.

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Camps premia a todos sus fieles en Alicante y purga al sector de Ripoll

VALENCIA.- Camps hizo lo que le dio la gana. A diferencia del congreso celebrado en Castellón hace cuatro años, nada había que negociar ni que consultar. Y encima, en esta ocasión, no tuvo ni contestación. El jefe del Consell pasó de un 25% de votos en blanco en 2004 a recibir el respaldo del 98% de los compromisarios, según relata "Información".

El presidente de la Generalitat conformó una ejecutiva gigantista -figuran 97 personas- pero a su medida; con presencia mínima de los restos del zaplanismo, aglutinado alrededor de José Joaquín Ripoll; y en el que premia a todos los dirigentes del PP de Alicante, sin excepción, que se han mantenido fieles a su causa a pesar de no controlar la dirección provincial, en manos del máximo mandatario de la Diputación y sus huestes.

El núcleo duro del PP quedará configurado, al margen de Camps, por el secretario del PP, Ricardo Costa, respaldado por cuatro vicesecretarios. Uno de ellos será David Serra, que se hará cargo de Organización. La nómina la completan César Augusto Asencio, alcalde de Crevillent y el único de la ejecutiva anterior que asciende, que será el responsable de la vicesecretaría de Política Local; además de la castellonense Beatriz Gascó y de la edil de Valencia Marta Torrado, vicesecretarias de Política Institucional y Comunicación. Cerrarán esta nómina de notables del PP, las cuatro ponentes del congreso. Rita Barberá, Mercedes Alonso, María José Català e Isabel Bonig serán las coordinadoras de acción política.

A partir de ahí, Camps ha dado sillones en la dirección a todos los cargos alicantinos que le han apuntalado en los momentos difíciles. En la lista de 22 miembros elegidos por el congreso figuran los diputados autonómicos Andrés Ballester, Elena Bonet, Ángela Barceló, Rafael Maluenda, César Sánchez y Luis Díaz Alperi, además de alcaldes como Bernabé Cano, Luisa Pastor o Juan Ramón Varó. José Cholbi y Maite Parra seguirán como vocales por designación directa de Camps mientras que los alcaldes de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, y Teulada, Josep Ciscar, estarán en las secretarías encargadas de la Política Local y Justicia, respectivamente. Sonia Castedo, Adela Pedrosa o Pedro Hernández Mateo, además de los consellers, son miembros natos.

Ripoll sigue en la dirección por su condición de presidente de la Diputación. Por esa vía, el líder del PP alicantino salvó a Jorge Sedano y Mónica Lorente. En todo caso, de entre los afines a Ripoll, por elección directa de Camps sólo entró Carlos Mazón y Ana Kringe, alcaldesa de Denia, aunque ésta logró plaza más como refuerzo institucional que por otra cosa. Como anécdota, Zaplana sigue formando parte de la dirección en su calidad de ex presidente. Un vestigio del pasado.

Crimen (financiero) contra la Humanidad / José Saramago*

La historia es conocida, y, en aquellos tiempos antiguos en que la escuela se proclamaba educadora perfecta, se le enseñaba a los niños como ejemplo de la modestia y la discreción que siempre deberían acompañarnos cuando el demonio nos tentara para opinar sobre lo que no conocemos o conocemos poco y mal.

Apeles podía consentir que el zapatero le apuntase un error en el calzado de la figura que había pintado, por aquello de que los zapatos eran su oficio, pero que nunca se atreviera a dar su parecer sobre, por ejemplo, la anatomía de la rodilla. En suma, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.

A primera vista, Apeles tenía razón, el maestre era él, el pintor era él, la autoridad era él, mientras que el zapatero sería llamado cuando de ponerle medias suelas a un par de botas se tratase. Realmente, ¿hasta dónde vamos a llegar si cualquier persona, incluso la más ignorante de todas, se permite opinar sobre lo que no sabe? Si no tiene los estudios necesarios es preferible que se calle y deje a los sabedores la responsabilidad de tomar las decisiones más convenientes (¿para quién?).

Sí, a primera vista Apeles tenía razón, pero solo a primera vista. El pintor de Felipe y de Alejandro de Macedonia, considerado un genio en su época, ignoró un aspecto importante de la cuestión: el zapatero tenía rodillas, luego, por definición, era competente en estas articulaciones, aunque fuera solo para quejarse, si ese era el caso, de los dolores que sentía. A estas alturas, el lector atento ya habrá entendido que no es de Apeles ni del zapatero de lo que se trata en estas líneas.

Se trata, sí, de la gravísima crisis económica y financiera que está convulsionando el mundo, hasta el punto de que no podemos escapar a la angustiosa sensación de que llegamos al final de una época sin que se consiga vislumbrar qué y cómo será lo que venga a continuación, tras un tiempo intermedio, imposible de predecir antes de que se levanten las ruinas y se abran nuevos caminos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Una leyenda antigua para explicar los desastres de hoy? ¿Por qué no?

El zapatero somos nosotros, todos nosotros, que presenciamos, impotentes, el avance aplastante de los grandes potentados económicos y financieros, locos por conquistar más y más dinero, más y más poder, con todos los medios legales o ilegales a su alcance, limpios o sucios, normalizados o criminales.

¿Y Apeles? Apeles son, precisamente, los banqueros, los políticos, las aseguradoras, los grandes especuladores que, con la complicidad de los medios de comunicación social, respondieron en los últimos 30 años, cuando tímidamente protestábamos, con la soberbia de quien se considera poseedor de la última sabiduría; es decir, aunque la rodilla nos doliera, no se nos permitía hablar de ella, se nos ridiculizaba, nos señalaban como reos de condena pública.

Era el tiempo del imperio absoluto del Mercado, esa entidad presuntamente auto reformable y auto regulable encargada por el inmutable destino de preparar y defender para siempre jamás nuestra felicidad personal y colectiva, aunque la realidad se encargase de desmentirlo cada hora que pasaba.

¿Y ahora? ¿Se van a acabar por fin los paraísos fiscales y las cuentas numeradas? ¿Será implacablemente investigado el origen de gigantescos depósitos bancarios, de ingenierías financieras claramente delictivas, de inversiones opacas que, en muchos casos, no son nada más que masivos lavados de dinero negro, de dinero del narcotráfico?

Y ya que hablamos de delitos: ¿tendrán los ciudadanos comunes la satisfacción de ver juzgar y condenar a los responsables directos del terremoto que está sacudiendo nuestras casas, la vida de nuestras familias, o nuestro trabajo?

¿Quién resuelve el problema de los desempleados (no los he contado, pero no dudo de que ya son millones) víctimas del crash y qué desempleados seguirán, durante meses o años, malviviendo de míseros subsidios del Estado mientras los grandes ejecutivos y administradores de empresas deliberadamente conducidas a la quiebra gozan de millones y millones de dólares cubiertos por contratos blindados que las autoridades fiscales, pagadas con el dinero de los contribuyentes, fingen ignorar?

Y la complicidad activa de los gobiernos, ¿quién la demanda? Bush, ese producto maligno de la naturaleza en una de sus peores horas, dirá que su plan ha salvado (¿salvará?) la economía norteamericana, pero las preguntas a las que tendría que responder están en la mente de todos: ¿no sabía lo que pasaba en las lujosas salas de reunión en las que hasta el cine nos ha hecho entrar, y no solo entrar, sino asistir a la toma de decisiones criminales sancionadas por todos los códigos penales del mundo?

¿Para qué le sirven la CIA y el FBI, además de las decenas de otros organismos de seguridad nacional que proliferan en la mal llamada democracia norteamericana, esa donde un viajero, a su entrada en el país, tendrá que entregar a la policía de turno su ordenador para que este copie el respectivo disco duro? ¿No se ha dado cuenta el señor Bush que tenía al enemigo en casa, o, por el contrario, lo sabía y no le importó?

Lo que está pasando es, en todos los aspectos, un crimen contra la Humanidad y desde esta perspectiva debe ser objeto de análisis, ya sea en los foros públicos o en las conciencias. No exagero. Crímenes contra la Humanidad no son solo los genocidios, los etnocidios, los campos de muerte, las torturas, los asesinatos selectivos, las hambres deliberadamente provocadas, las contaminaciones masivas, las humillaciones como método represivo de la identidad de las víctimas.

Crimen contra la Humanidad es el que los poderes financieros y económicos de Estados Unidos, con la complicidad efectiva o tácita de su gobierno, fríamente han perpetrado contra millones de personas en todo el mundo, amenazadas de perder el dinero que les queda después de, en muchísimos casos (no dudo de que sean millones), haber perdido su única y cuántas veces escasa fuente de rendimiento, es decir, su trabajo.

Los criminales son conocidos, tienen nombre y apellidos, se trasladan en limusinas cuando van a jugar al golf, y tan seguros están de sí mismos que ni siquiera piensan en esconderse. Son fáciles de sorprender. ¿Quién se atreve a llevar a este gang ante los tribunales? Todos le quedaríamos agradecidos. Sería la señal de que no todo está perdido para las personas honestas.

* José Saramago es premio Nobel de Literatura

Rajoy asegura que el agua es "de todos" y reivindica el AVE y financiación

VALENCIA.- El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, afirmó hoy en Valencia, donde clausuró el XII Congreso del PPCV, que el agua es "de todos los españoles" y reivindicó que sobre ella "deciden todos y no una parte" y acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero de "liquidar unilateralmente" el Plan Hidrológico Nacional, que "daba agua a toda España", sin dar "ninguna alternativa".

"Simplemente no ha hecho nada en cinco años y ha generado tensión y división entre españoles, lo que no debe hacer ningún gobernante que se precie", dijo, y añadió que el PP mantiene su postura "de siempre" y hará un PHN "para toda España". Hasta entonces, dijo, "estaremos en nuestro sitio, donde siempre hemos estado y pronto todos lo vais a ver".

Asimismo, exigió que el AVE, con "todas las prestaciones y no de segunda", llegue a "Castellón, Valencia y Alicante" y que se reconozca por parte del Gobierno central el millón más de personas que reside en una Comunitat en la que afirmó que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero está haciendo un "recorte del gasto social".

Según Rajoy, en la Comunitat no se ha tenido "la ayuda justa" que requería aunque señaló que hay "cinco millones de españoles con mucho cuajo, coraje y determinación" y con un gobierno autonómico y municipales al frente "con cabeza suficiente para que una sociedad como ésta esté a la altura de las circunstancias y ponga a Valencia donde está".

Así lo indicó en su intervención en el Pabellón 6 de Feria Valencia ante unas 5.000 personas que asistieron a la clausura del cónclave en el que resultó Francisco Camps fue reelegido al frente de los populares valencianos.

Rajoy fue interrumpido en varias ocasiones con expresiones del tipo "te queremos" --"yo también os quiero y mucho", respondió el líder del partido--.

Según Rajoy, este congreso es el "mejor marco para que reafirme con vosotros y con toda la Comunitat algunos compromisos", entre los que citó el agua, el AVE, la financiación y la seguridad y la Justicia, en una autonomía que, aseguró, ha dado un "gran salto hacia adelante", algo que "lo dice toda España".

En relación con el agua, afirmó que es "de todos los españoles" y sobre ella "deciden todos los españoles y no una parte".

En esta línea, consideró "justo dar agua a quien lo necesita" y subrayó que la Comunitat "necesita agua" y es "justo" darla a quien tiene esa necesidad, dijo Rajoy, quien añadió que a veces es conveniente "recordar obviedades" para que no se "olviden", como la decisión de Rodríguez Zapatero de "liquidar" el PHN, que el PP hará "para toda España".

Sobre el AVE, manifestó que debe llegar a las tres provincias y que sea "un tren de alta velocidad, con todas las prestaciones y no de segunda". Aseguró que el PP dará "esa batalla y la vamos a ganar como hemos ganado otras muchas en nuestra historia".

En esta línea, indició en que la Comunitat hay "cinco millones de españoles y no cuatro", por lo que "no se puede suprimir por decreto a un millón de españoles".

Por ello, subrayó que es "obligación del Gobierno, porque lo dice la ley y el sentido común, dotar de recursos a las comunidades" y, en este caso, a la Valenciana donde Rodríguez Zapatero está haciendo un "recorte del gasto social".

Otra de las obligaciones "básicas" del Gobierno, la "más importante", subrayó, es la seguridad y la Justicia y afirmó que en este caso el Ejecutivo "con cumple con la Comunitat como no cumple con la Policía y la Guardia Civil ni con nadie en España".

Rajoy transmitió a Camps sus felicitaciones por la reelección y la confianza depositada por sus compañeros y aseguró: "te lo has ganado, no ha sido fácil y tú eres el que mejor lo sabe".

En este sentido, afirmó que el PPCV es un "gran partido", "ejemplar", que lo ha "hecho muy bien" y ha sabido "mucho más que estar a la altura de las circunstancias" y le pidió que, si pueden, lo hagan "mejor", aunque señaló que no sabe si podría ser "posible".

No obstante, subrayó que ése debe ser el "objetivo".

La Generalitat informatizará el sistema de comunicaciones judiciales para optimizar la entrega de notificaciones

VALENCIA.- La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ha iniciado un expediente de contratación para el desarrollo de una nueva aplicación informática que permita mejorar las comunicaciones judiciales.

Se trata de incorporar un sistema que calcule las rutas que deben realizar los funcionarios encargados de la entrega de las notificaciones, para que se optimicen sus desplazamientos, "consiguiendo así una mejora en las condiciones de su trabajo y un incremento en la rentabilidad y eficacia de la gestión".

Así lo indicó, en un comunicado, la titular del departamento, Paula Sánchez de León, quien explicó que los Servicios Comunes de Actos de Comunicación llevan a cabo dos tipos de actos procesales fuera de la sede judicial y por encargo de los juzgados.

De esta forma, existen los actos de comunicación --notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos--, que realizan funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, y los actos de ejecución --embargos, constituciones de depósito, lanzamientos y otros--, que llevan a cabo una comisión judicial integrada por dos funcionarios.

Con el desarrollo del nuevo sistema, que se enmarca en el programa moderniza.just, se pretende "disponer de una herramienta que gestione las comunicaciones judiciales desde su salida del juzgado hasta su devolución al mismo órgano una vez cumplimentado", señaló Sánchez de León.

La consellera aseguró que esta medida es otra de las "múltiples iniciativas que está desarrollando el Consell para modernizar la Justicia, con el objetivo de agilizar los procedimientos y ganar en eficacia".

El sistema deberá calcular la ruta de los funcionarios teniendo en cuenta diversos parámetros como los trayectos a pie, el número de taxis a emplear, el número de domicilios a visitar, la urgencia de la entrega o el llamado allanamiento de carga, con el fin de que todos los funcionarios tengan la misma carga de trabajo.

La aplicación contemplará, además, un sistema de lectura óptica de los asuntos ingresados mediante un código de barras, para no tener que introducir manualmente la información.

En una primera fase, este sistema se implantará en el Servicio Común de Actos de Comunicación de los juzgados de Valencia y, posteriormente, se extenderá a aquellos servicios donde resulte aconsejable debido al volumen de expedientes que tramiten.

Este nuevo sistema prevé sustituir al que en la actualidad se utiliza para el mismo servicio, puesto que fue desarrollado hace una década y la tecnología y la cartografía empleadas no se ajustan ya a las necesidades actuales.

La morosidad de bancos y cajas en España podría alcanzar el 5% en dos años

MADRID.- La morosidad de los bancos y las cajas de ahorros en España podría situarse entre el 4% y el 5% en dos años, según la consultora Oliver Wyman, que resalta el rápido deterioro de la calidad del crédito en España en la primera mitad de 2008.

"España está en medio de la tormenta de crédito minorista, con un importante deterioro de la tasas de morosidad" aunque no alcanzará los niveles de anteriores crisis económicas, indicó el responsable de la firma para España y Portugal, Pablo Campos.

En España se ha registrado un rápido aumento en el número de créditos hipotecarios en los últimos años, a la vez que se han introducido productos de mayor riesgo, plazos muy largos, y se han disminuido los estándares de financiación para facilitar el acceso a la vivienda, sostiene la firma.

Oliver Wyman recalca que junto a España, Reino Unido e Irlanda son los países europeos que se verán especialmente afectados por el aumento de la tasa de impago, sobre todo en las áreas de crédito al consumo y préstamos hipotecarios.

Según sus cálculos, los bancos europeos registrarán unas pérdidas globales de 120.000 millones de euros en créditos minoristas entre 2008 y 2010, por el rápido crecimiento de los créditos registrado en los últimos años y por el actual escenario de desaceleración y aumento del paro.

Concretamente, la firma de consultoría prevé que las pérdidas globales por créditos impagados se eleven a 34.700 millones de euros este año en el Viejo Continente, a 42.500 millones el próximo ejercicio, y a más de 50.000 millones en 2010.

En este sentido, subraya que los bancos europeos están sufriendo mayores costes de financiación ante las restricciones de liquidez en los mercados mayoristas por la falta de confianza que persiste en el sistema financiero.

A esta falta de liquidez se suma un escenario de rápida caída en el precio de la vivienda y un entorno generalizado de deterioro económico con el aumento de la inflación, por lo que las pérdidas totales de créditos en Europa aumentarán "rápidamente", advierte.

La morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito a particulares y empresas se multiplicó por más de tres en agosto, hasta el 2,449%, la tasa más alta en más de 10 años, desde que se situó en el 2,48% en mayo de 1998, según datos del Banco de España.

Elche se presta a la conservación y mantenimiento de la N-340 hasta Alicante

ELCHE.- La junta de gobierno del Ayuntamiento de Elche acordó solicitar al Ministerio de Fomento que le ceda la titularidad de 17 kilómetros de la carretera nacional N-340, comprendidos entre esta población y Alicante, recoge "Abc".

En su solicitud, el Consistorio socialista argumenta que, como resultado de la construcción de la nuevas autovías y autopistas, la N-340 ya no cumple la función de vía interurbana con la que fue concebida originalmente, para unir Barcelona y Cádiz.

De hecho, recordaron fuentes municipales, muy pocos tramos de esta carretera permanecen en manos del Ministerio: el que discurre por el municipio de Alicante está gestionado directamente por su Ayuntamiento.

El Consistorio de Elche pretende transformar el citado trazado en una vía urbana para mejorar las comunicaciones con el parque industrial de Torrellano y la ampliación del recinto de la Institución Ferial Alicantina (IFA), cuya inminente apertura incrementará los desplazamientos entre ambos núcleos urbanos.

Esto le permitiría disponer de una ayuda estatal de 4 millones de euros, para adaptar la vía y mejorar su mantenimiento, que en estos momentos no es el más adecuado.

El portavoz del equipo de gobierno, Alejandro Pérez, indicó que, una vez la carretera sea propiedad del Ayuntamiento, se podrán abrir «nuevas conexiones con el parque industrial de Torrellano e incluso ir ampliando la Avenida de Alicante de acuerdo con las necesidades de crecimiento de la ciudad».

Si el Ministerio de Fomento accede a esta petición, añadió, se evitaría que esta vía tenga que estar «sujeta a las limitaciones, condiciones y servidumbres propias de una carretera nacional, en lo que ahora es fundamentalmente una vía de tipo urbano».

Con la cesión, el consistorio ilicitano reconvertiría el vial en un enlace urbano, que no estaría sometido a las limitaciones de una carretera nacional. Esto permitiría realizar las modificaciones y enlaces necesarios para canalizar el tráfico interior. Dos de los puntos en los que se actuaría serían Elx Parc Industrial, que incrementaría sus conexiones, y la institución ferial, en proceso de ampliación.

El trama de carretera solicitado tiene una longitud total de 17 kilómetros. Su importancia como vía de enlace interurbano desapareció con la construcción de la autovía y de Vía Parque.

La petición de cesión de la carretera ha estado precedida de conversaciones entre el equipo de gobierno y el ministerio, que ya ha comprometido 4 millones de euros en ayudas para reconvertir la carretera en vía urbana.

El trazado del AVE a Elche modifica el Plan General de Alicante y parte en dos El Plantío

ALICANTE.- El nuevo trazado ferroviario que conectará Alicante con Elche propuesto en el nuevo Plan General atraviesa por la mitad el campo de golf de El Plantío e incluso los apartamentos turísticos que se están acabando de construir en esta zona del Bacarot. La situación ha sido advertida por Esquerra Unida, que expresa su "sorpresa" por esta propuesta tras la polémica que ha generado la construcción de estos edificios, según "Información".

El Plan General que ha salido a exposición pública modifica el trazado ferroviario previsto por el Ministerio de Fomento. Se trata de la línea de ancho internacional, que permitirá la llegada del Ave a Elche. También conectará con el aeropuerto de El Altet, pero se prevé que esta conexión se realice mediante trenes de cercanías, aunque por las mismas vías.

Durante el pleno en el que se aprobó sacar el Plan General a exposición pública, la alcaldesa, Sonia Castedo, explicó que se había optado por modificar el trazado de las vías del tren para que no afecten a la nueva urbanización del Pla de Nadal, un plan parcial previsto entre la sierra del Porquet y el camino Viejo de Elche.

Lo llamativo del caso es que, en los planos que figuran en PGOU, se puede observar que las vías del tren atraviesan el campo de golf, así como los apartamentos turísticos que se están acabando de edificar en El Plantío. La zona de afección de las vías alcanza incluso dos de los lagos. Asimismo, cruzan la Vía Parque y el cerro de Colmenares.

Concretamente, se prevé una zona de afección de las vías del tren de 70 metros de ancho.

Miguel Ángel Pavón, portavoz del colectivo local de Esquerra Unida, expresa su sorpresa por este nuevo trazado propuesto por el Ayuntamiento "al afectar directamente a un complejo turístico amparado en todo momento por el equipo de Gobierno municipal, pese a las numerosas irregularidades asociadas al mismo, que desde EU hemos denunciado mediante alegaciones y escritos ante el Ayuntamiento y la Conselleria de Urbanismo".

Pavón destaca que este nuevo trazado, que discurre en paralelo a la autopista, permite dejar libre de afecciones unos terrenos del Bacarot que figuran en el Plan General como suelo no urbanizable común "pero se pueden recalificar en el futuro".

En su opinión, esta variación se produce "para no entorpecer el futuro desarrollo urbanístico del Bacarot, cuya primera avanzadilla es el Pla de Nadal". Pavón sospecha que esta partida rural "vaya a ser la tercera gran zona de expansión de la ciudad, tras la Condomina y Rabasa".

La construcción de los apartamentos turísticos de El Plantío que promueve la mercantil Finca Lo Cirer se encuentra actualmente en los juzgados, ya que el PSOE denunció que se estaba construyendo una urbanización de apartamentos, con cocheras, trasteros piscina y calles pese a que el Consell había autorizado sólo un hotel de 150 habitaciones.

Una sentencia ordenó reducir la edificabilidad, pasando de 22.500 a 14.500 metros cuadrados, pero la entonces concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, modificó la licencia y permitió reanudar las obras, lo que llevó al PSOE a denunciar que la edil incumplía el fallo judicial.