MADRID.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a 27 personas en 18 ciudades de toda España acusadas de falsedad documental e intrusión profesional, en una operación en la que se han intervenido dos academias desde las que se ofrecían expedientes académicos y títulos universitarios falsos supuestamente emitidos por universidades peruanas. Las investigaciones no han concluido y se esperan próximas detenciones en Perú.
Según informó la Policía en un comunicado, entre los detenidos se encuentran los propietarios de las dos academias, situadas en Alicante y Málaga.
La mayor parte de los arrestados había obtenido ilegalmente títulos universitarios que les habilitaba como médico cirujano, psicólogo, médico en terapia física y rehabilitación, químico farmacéutica, ingeniero forestal o historiador.
Algunos de ellos, amparados en sus falsas titulaciones, ejercían en clínicas privada en las que inyectaban silicona o botox, recetaban fármacos o ejercían como fisioterapeutas.
Uno de los detenidos, trabajaba en una residencia de ancianos en Cáceres, en la que, según explica la Policía, una imprudencia profesional "casi les cuesta la vida a dos ancianos por la receta de unos fármacos".
La operación, denominada 'Estudiante', se inició en San Sebastián, donde se produjeron las primeras tres detenciones de supuestos fisioterapeutas que declararon haber obtenido dichos títulos previo pago de unos 18.000 euros.
La investigación continuó en distintas localidades españolas, hasta un total de 27 detenidos y 12 imputados. Además se realizaron cinco registros: dos en Alicante, otros dos en Málaga y el último en Fuengirola. Las investigaciones no han concluido y se esperan próximas detenciones en Lima (Perú) de los responsables de emitir y enviar dichos títulos a España.
A raíz de las primeras detenciones realizadas en San Sebastián pudo identificarse al propietario de la academia que ofertaba las falsas titulaciones y que estaba ubicada en una localidad alicantina. Este individuo, Eduardo P.M., poseía además una clínica en la que ejercía como licenciado en Medicina y Cirugía y su mujer regentaba una parafarmacia contigua como diplomada.
Los datos bancarios de la mencionada academia reflejaban numerosas transferencias bancarias en concepto de "convalidación de títulos". Los agentes confeccionaron un listado con los ordenantes de dichos ingresos que fue remitido al Ministerio de Educación y Ciencia. Muchos de estos sujetos habían logrado homologar sus títulos, los cuales pudo comprobarse posteriormente que eran falsos.
Asimismo se averiguó que Eduardo P.M. contaba con otro socio, José L.M., que residía en Málaga, donde poseía otra academia desde la que ofrecía también estas falsificaciones que habían sido homologadas.
Los dos propietarios de estas academias mantenían contactos con distintos sujetos de las universidades de Perú, hasta donde viajaban periódicametne. Una vez que tenían un comprador, los certificados de cargas horarias, los certificados de estudios y la resolución rectoral, los detenidos pedían que les ingresasen una cantidad de dinero que oscilaba entre los 6.000 y 12.000 euros. Cuando ya poseían el título era cuando se solicitaba el último ingreso hasta alcanzar los 18.000 euros por titulación.
Toda la documentación era presentada al Ministerio de Educación y Ciencia que, mediante resolución, les otorgaba la homologación que les habilitaba para ejercer como tales. Los dueños de estas academias habían creado paralelamente lo que denominaron 'universidad virtual' para intentar justificar así que a través de ésta realizaban los correspondientes estudios.
La mayor parte de los títulos expedidos eran licenciaturas de Médico Cirujano. De éstos, un gran numero de detenidos trabajaban en clínicas privadas expidiendo altas y bajas medicas, así como recetando fármacos. Alguno de los detenidos trabajaba en residencias de la tercera edad, como es el caso de Cáceres, "donde una imprudencia profesional casi le cuesta la vida a dos ancianos por la receta de unos fármacos", indica la nota.
Además, en algún caso los detenidos habían abierto centros de medicina estética donde fabricaban cremas para la reducción de grasa corporal y realizaban tratamientos contra las arrugas, con inyecciones de silicona, botox o vitaminas para el relleno de diversas partes del cuerpo -en especial el rostro-, aplicación de radiofrecuencia y dermoabrasión, etc.
El segundo mayor porcentaje de títulos falsificados los tenían los Técnicos Médicos en Terapia Física y Rehabilitación, que con la homologación en España podían ejercer como fisioterapeutas. La gran mayoría de los detenidos en esta rama trabajaban como tales, en clínicas de rehabilitación o como fisioterapeutas de equipos de balonmano o voleibol, entre otros.
La falsificación de titulados en Derecho era menor. En estos casos estaban colegiados y ejerciendo como tales en despachos de abogados. Con el mismo porcentaje se encuentran licenciados en Psicología. En último lugar se adquirían títulos de Enfermería, Ingeniería Forestal, Farmacia, Arquitectura o Administración de Empresas.
En total, fueron detenidas o imputadas tres personas en San Sebastián, cinco en Alicante, tres en Málaga, ocho en Madrid, una en Ponferrada, una en Zamora, una en Sevilla, una en Cáceres, una en Mallorca, dos en Granada, tres en Barcelona, una en Coruña, dos en Albacete, una en Jaén, una en Badajoz, una en Córdoba y dos en Valencia.
