jueves, 8 de julio de 2010

Rajoy planea un congreso extraordinario del PPCV para relevar a Camps, Fabra y Ripoll

ALICANTE.- El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, planea un congreso extraordinario del PPCV en el mes de septiembre para relevar como líderes a los actualmente imputados en los tribunales: Francisco Camps, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll y sustituirlos por políticos más jóvenes y no salpicados por casos de corrupción, según fuentes de Génova 13 citadas por la Cadena SER.

Según fuentes de la sede nacional, la solución global al problema valenciano pasaría por la convocatoria de un congreso extraordinario que reordenase los equilibrios de poder. En el entorno de Rajoy se apuesta por la incorporación de caras nuevas al PP valenciano, sabedores de que el 'post zaplanismo' ha sido un fracaso que, de no solucionarse, puede complicar las aspiraciones electorales de un Rajoy que en Valencia, por el momento, sigue teniendo su principal granero de votos.

De confirmarse este extremo, parece claro que Francisco Camps no repetirá como candidato a la presidencia de la Generalitat en 2011 pese a la insistencia de los últimos días sobre la confirmación de su candidatura, que Fabra dejará la política debido a su enfermedad y situación procesal, y que Ripoll se quedará solo para enfrentarse a los eventuales cargos presentados contra él en los tribunales de justicia, susceptibles de deparar aún nuevas sorpresas hasta para el propio Eduardo Zaplana al tirar por elevación contra su lugarteniente.

La dirección nacional del Partido Popular es consciente de que tiene que tomar una decisión sobre José Joaquín Ripoll. Dentro de la dirección, en el entorno de la secretaría general, se apuesta por su suspensión de militancia. Sin embargo, el equipo de Rajoy está analizando la decisión judicial sobre el presidente de la Diputación Provincial de Alicante

Dicen que Rajoy pretende un nuevo reparto de poder a nivel provincial y regional en la Comunidad Valenciana dentro de su partido y que serán muchos los políticos dudosos que tendrán que abandonar a continuación sus actuales situaciones de poder y privilegio en la administración autonómica, por otra parte fuertemente endeudada y hasta 'gripada'.

Al parecer, tiene toda la pinta de ser firme la decisión de Rajoy de afrontar esta inaplazable cirugía política de urgencia porque la situación ya amenaza con dinamitar su propia candidatura a La Moncloa en los comicios de 2012 de seguir pudriéndose la situación de su partido en la Comunidad Valenciana a cuenta de secuenciales casos de probada corrupción, que pueden no haber terminado.

Entre los políticos que ya se barajan para sustituir a Camps, estaría el propio Esteban González Pons, ahora fiel escudero de Rajoy y político alejado de las intrigas de Valencia, el inefable Gerardo Camps, y hasta el castellonense Juan Costa (hermano de Ricardo), quien llegó a competir con Rajoy por el liderazgo nacional del PP. Se descarta absolutamente a Rita Barberá, incluso es más que probable que tampoco opte a su reelección como alcaldesa de Valencia.

El detonante de la imputación de Ripoll, presumiblemente por varios presuntos y graves delitos, ha convulsionado a todo el PP desde Madrid a Valencia y muestra como algo inaplazable una acción decidida de líder y aparato central frente a la recurrente corrupción en Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y, ahora, al parecer, la Región de Murcia como trueno gordo de esta corrosiva entrega por capítulos que todavía dicen aguarda muchas sorpresas para la gran militancia honesta del partido conservador fundado por Manuel Fraga.

Las pesquisas apuntan a blanqueo de dinero y financiación de partidos por la trama de Alicante

ALICANTE.- La investigación judicial para esclarecer una supuesta trama de corrupción político-empresarial en la comarca de la Vega Baja va más allá de una "mera contrata de basuras", señalaron fuentes del caso. Las diligencias judiciales se extienden a otras dos supuestas actividades ilícitas de relevancia: presunta financiación irregular de partidos políticos en la comarca y blanqueo de dinero, según las mismas fuentes recogidas por 'El País'.

La investigación considera clave en el apartado del blanqueo de dinero la participación de uno de los arrestados en la operación del martes, en concreto, del empresario de compraventa de vehículos Rafael Gregori. Este empresario, además, posee un concesionario de vehículos pesados, entre ellos camiones utilizados para la recogida de basuras. Gregori, que a su vez es presidente de la Fundación del Hércules, fue arrestado por una presunta estafa de más de siete millones de euros a una financiera. El caso se sigue investigando en los juzgados.

La implicación de los detenidos en operaciones vinculadas con blanqueo de capitales se deduce de una de las constantes de los interrogatorios a los que fueron sometidos en las dependencias de la Comisaría de Alicante los 11 detenidos el martes. En todos los casos, la policía repitió tres cuestiones de un cuestionario que apenas superó la decena de preguntas: ¿tiene dinero en paraísos fiscales?, ¿cuánto gana? y ¿ha ofrecido dinero a cambio de algún favor?

Estas dos ramas colaterales de la investigación para destapar la supuesta trama corrupta completan el eje central de la investigación: la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal número XVII, que corresponde a la Vega Baja, contrato dependiente directamente de la Diputación de Alicante, que presidía y sigue presidiendo el popular José Joaquín Ripoll. Esta investigación por la contrata de basuras comenzó en marzo de 2007 y arrojó los primeros arrestos una semana después de las elecciones municipales celebradas en mayo de ese mismo año. En esa fecha y por orden de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, los agentes arrestaron a Ángel Fenoll, industrial afín al PP y a su cúpula empresarial. En total, seis personas.

Al trascender a la opinión pública la posible vinculación de esta contrata con la operación judicial en curso, Ripoll paralizó el concurso. En enero de 2008, el presidente de la Diputación retomó el expediente y adjudicó la contrata a una UTE integrada por Cespa y el grupo Ortiz e Hijos, del contratista Enrique Ortiz. El contrato era por 20 años y estaba valorado en unos 250 millones de euros.

La planta dará servicio a 27 municipios de la comarca. Inicialmente, la adjudicación preveía que la planta se ubicaría en la planta denominada Lo Cartagena, ubicada en el término de la pedanía de Orihuela de Torremendo. Sin embargo, unos meses después, el adjudicatario cambia este emplazamiento por el de la finca aledaña denominada La Pistola. Este terreno es propiedad de Fenoll.

El supuesto trato de favor en la adjudicación de esta contrata está recogido en uno de los centenares de grabaciones que la policía incautó al industrial Fenoll en su domicilio y sede de sus empresas durante los registros efectuados con motivo de los arrestos de 2007. La investigación judicial se completó con nuevas pruebas incluidas en grabaciones telefónicas.

El Gobierno Zapatero acaba con la naturaleza genuina de las cajas de ahorro para entregarlas a los bancos

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que la nueva Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) permitirá a estas entidades emitir cuotas participativas con derechos políticos, similares a las acciones de las sociedades anónimas, por un importe no superior al 50% de su patrimonio para "evitar su desnaturalización".

Zapatero señaló que el Consejo de Ministros aprobará el viernes un Real Decreto para articular esta reforma, que definió como "fundamental, urgente y necesaria", y como "la más importante del sistema bancario español de la historia".

El presidente compareció este jueves tras reunirse con el comité ejecutivo de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) para abordar la reforma de la Lorca e insistió en que, a pesar de que el sistema financiero ha demostrado solvencia, las cajas de ahorros mostraban debilidades y carencias que había que fortalecer para su estabilidad en el futuro.

No obstante, matizó que el cambio legislativo se hace preservando la función social, los intereses generales de las cajas y su obra fundacional, y que se plantea con dos objetivos fundamentales: la capitalización de las cajas para facilitar el acceso a recursos de "máxima categoría" en iguales condiciones que otras entidades de crédito, y "la profesionalización y democratización de las cajas de ahorro".

Respecto a la capitalización, Zapatero explicó que la reforma del régimen de cuotas permitirá la entrada de inversores privados en las entidades, a los que se reconocerán derechos políticos de manera directamente proporcional a su participación en el patrimonio de la caja.

No obstante, se suprimen los límites a la tenencia de cuotas por un único partícipe y se establecen los principios de libertad de emisión y retribución de dichas cuotas. Estos títulos podrán ser emitidos desde el mismo momento en que entre vigor la nueva norma.

En relación a la profesionalización, Zapatero precisó que se limita la presencia de representación política de las cajas porque se establece "la incompatibilidad de los cargos electos a ser miembros de los órganos de gobierno de las cajas", y se "impide" la participación de representates de la administración ejecutiva en los órganos de gobierno de las entidades.

Asimismo, se refuerzan los requisitos de profesionalidad de los órganos de gobierno a través de exigencias especiales de cualificación y experiencia para al menos la mitad de los miembros del consejo de administración, y se refuerza el gobierno corporativo, extendiendo la obligación de informe anual a todas las cajas de ahorros.

La nueva ley también establece mayorías reforzadas en los órganos de gobierno para las decisiones fundamentales de la caja. De este modos, se establece la necesidad de una mayoría de dos tercios de los presentes para pasar a cualquiera de los otros modelos de funcionamiento y orden jurídico de las cajas, la integración, el ejercicio indirecto a través de un banco y la transformación en fundación cediendo patrimonio a un banco.

Zapatero recalcó que tras la reforma legal las cajas van a poder disponer de un "abanico extenso" de posibilidades para acceder a las mejoras alternativas de capitalización y que podrán integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP), cuya entidad central tendrá la naturaleza de sociedad autonómica, permitiéndoles el acceso directo a los mercados.

Asimismo, insisitiò en que las entidades también podrán ejercer su actividad indirectamente a través de un banco y podrán optar por traspasarle el patrimonio sujeto a la actividad financiera, así como transformarse en una fundación renunciado a su condición de caja.

El presidente expresó su deseo de que la reforma, "fruto en gran medida del proceso de diálogo con el PP", consiga un amplio apoyo parlamentario y de las comunidades autónomas, dado el "relevante papel" de las cajas en el sistema financiero español y de la importancia que la reforma tiene no sólo para la solvencia del sistema financiero, sino también para la capacidad del crecimiento económico del país.

"Las cajas van a tener la palabra decisiva sobre su futuro y sobre su posición en el sistema financiero, pero el cambio debe contar, para que sea lo más fuerte posible, con el mayor número de apoyos parlamentarios. Por ello trabajará el Gobierno", añadió.

Zapatero también agradeció la colaboración del PP y de las cajas de ahorros, con quien se ha mantenido "un intenso diálogo", para sacar adelante esta reforma, y avanzó que seguirá profundizando este diálogo con los representantes sindicales y con las comunidades autónomas.

En este sentido, subrayó que el Decreto Ley va a tener un carácter de "largo alcance y de reforma en profundidad" y que ha tenido espacios de encuentros "bastante considerables", que se han intensificado en las últimas semanas entre el responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado.

El presidente insistió que el diálogo ha sido "satisfactorio" y en que existe un marco de entendimiento, a expensas de que van a seguir seguir trabajando hasta que el Consejo de Ministros aborde mañana la reforma.

Asimismo, recordó que la reforma se produce tras concluir "con éxito" el proceso de reestructuración financiera mediante fusiones e integraciones, que comenzó hace un año con el Decreto Ley que regula el FROB, que también acordó con el Partido Popular.

En este sentido, consideró que para que esta reestructuración de las cajas de ahorros mantenga la eficiencia, la solvencia y las entidades se adapten al tamaño del mercado actual, exigía una reforma de "más calado" que afectase a su legislación.

El PSPV suspende su apoyo a la reforma del Rico Pérez por la imputación de Ortíz

ALICANTE.- La comisión ejecutiva municipal del PSPV-PSOE de Alicante ha acordado dejar en suspenso su apoyo al principio de acuerdo alcanzado para la reforma del Estadio Rico Pérez al estar imputado el empresario Enrique Ortiz -máximo accionista del Hércules- en relación con el caso "Brugal".

Fuentes socialistas han indicado que también "suspende" la participación de sus concejales en la citada comisión, "en tanto no se aclaren las circunstancias que vinculan a Enrique Ortiz y a representantes políticos del PP en este caso de corrupción".

El PSPV-PSOE exige, "en tanto se llega el final del proceso judicial, una solución rápida para que el Hércules disponga para finales de agosto de un estadio con las mínimas condiciones exigibles para la disputa de partidos de competición en Primera División".

Según fuentes socialistas, "dicha solución debería pasar de forma inexcusable por la agilización de las obras por un valor de 4.250.000 euros que, exigidas en el contrato de compraventa del estadio entre la mercantil Aligestión y el Ayuntamiento de Alicante, estaban destinadas a remozar dignamente el estadio".

El PSPV-PSOE demanda que "tanto en las citadas obras obligadas por contrato como en cualquier otra futura que se financie -sea por medio de inversión directa o diferida a través de cualquier otra fórmula de financiación con cargo al erario público- se efectúe por parte del consistorio un escrupuloso control político y técnico del alcance, coste y necesidad de las mismas".

Para ello, los socialistas proponen buscar "el asesoramiento de técnicos municipales especializados junto con técnicos externos".

Ripoll reconoce ahora que está imputado por el juez

ALICANTE.- El presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha anunciado que ha sido "imputado formalmente" en la investigación de la adjudicación de un plan de residuos, aunque el juez ha denegado las medidas pedidas por el fiscal, como una fianza de 500.000 euros para eludir la prisión y que se personara de forma periódica en el juzgado nº 3, en base a lo que estimase el juez, como medida cautelar.

Ripoll ha hecho una declaración sin preguntas en la Diputación menos de dos horas después de terminar su personación ante el titular del juzgado número 3 de Orihuela, Carlos Sanmartín, de quien ha comentado que no le ha aclarado "ni los hechos ni el por qué" de su imputación en el denominado caso "Brugal". Ripoll, que ha comparecido con la presencia de sus abogados, no ha querido especificar los delitos que se le imputan.

El dirigente del PP ha indicado que ha prestado declaración "voluntariamente" y que durante la primera media hora de su comparecencia el juez le ha explicado que "no había una citación judicial" y que, por lo tanto, podía hacer una declaración o negarse.

Al responder que deseaba declarar, ha proseguido, el juez le ha "imputado formalmente" y le ha leido "todos los derechos" que le asisten, y durante los siguientes 30 minutos le ha trasladado que no le podían contar "ninguno de los hechos recogidos en las diligencias previas" en su contra, a causa del secreto sumarial.

Ripoll ha recordado que la instrucción y el secreto de las actuaciones duran ya más de tres años, y ha agregado que el juez le ha explicado que los delitos de los que se le podría acusar podrían mantenerse o variar en el futuro.

Según el presidente de la Diputación y del PP alicantino, las preguntas que le han efectuado tanto el instructor como el fiscal han sido "genéricas" y tras las realizadas por sus propios abogados, se ha acabado su comparecencia.

Al terminar la declaración, el juez ha emitido un auto en el que adopta la decisión de mantener su libertad sin fianza y sin ninguna medida cautelar, rechazando de esta forma la petición del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, del medio millón de euros para eludir la cárcel o, si no, una personación periódica en el juzgado.

"No sé nada de las diligencias, ni de los hechos, ni del por qué. Comprenderán que no puedo contestar sus posibles preguntas y les pido disculpas, pero en cuanto se levante el secreto (sumarial) ejerceré acciones legales de mi defensa", ha adelantado.

Compromís: "La imputación de Ripoll es una mala noticia a la que nos tiene acostumbrados el PP"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha considerado este jueves que la imputación del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en el marco del llamado 'caso Brugal' es "una mala noticia a la que ya nos tiene acostumbrados el PP".

"Y es también una mala noticia y una imagen fatídica y mala para el País Valenciano, porque al resto del estado y en Europa nos ven como un nido de gobernantes corruptos", ha lamentado.

En opinión de Morera, el líder del PP, Mariano Rajoy, "no tiene más remedio ahora que tomar medidas y pedir responsabilidades o esta espiral de corrupción acabará arrastrándolo a él hacia el fracaso político".

El PSPV valorará el 'caso Brugal' en la puerta de la Diputación de Alicante

ALICANTE.- El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, comparecerá esta noche ante los medios para hacer una valoración de la imputación del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, por el denominado 'caso Brugal'. Desde el PSPV han denunciado que la comparecencia se hará a las puertas de la corporación provincial tras ser "expulsados los diputados provinciales socialistas de la sede del grupo".

Alarte, junto al portavoz Antonio Amorós, la secretaria provincial del PSPV-PSOE, Ana Barceló y la secretaria de Organización del PSPV-PSOE, Elena Martín, comparecerán fuera del edificio "después de que los servicios de Presidencia de la Diputación Provincial hayan expulsado esta tarde a los diputados provinciales socialistas", según las mismas fuentes.

Los socialistas han calificado lo ocurrido de "atentado en toda regla contra el derecho a informar y a declarar sobre este asunto cuando se trata de un hecho muy grave para esta institución, que se ha visto manchada por la imputación de su presidente".

"Es la primera vez que ocurre esta situación y lo que no entendemos es por qué nos echan de nuestro lugar de trabajo", ha apuntado Amorós

Ripoll queda en libertad tras prestar declaración durante cerca de cuatro horas

ORIHUELA.- El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha quedado en libertad tras prestar declaración durante cerca de cuatro horas ante el titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, que instruye el llamado caso 'Brugal', y ha convocado una rueda de prensa a las 21.30 horas en la sede de la corporación provincial.

José Joaquín Ripoll no hizo ningún tipo de declaración a la salida del juzgado, que abandonó acompañado por sus letrados, después de permanecer en las instalaciones judiciales desde las 16.00 horas.

El presidente de la Diputación de Alicante, ha entrado a las 16.00 horas en los juzgados oriolanos para prestar declaración ante el titular del juzgado de primera instancia número 3, que instruye el llamado caso 'Brugal' por presuntas irregularidades en la contrata de los servicios de tratamiento de basuras en la Vega Baja, dos horas después de lo previsto.

Ripoll ha llegado sobre las 13.55 horas a los juzgados de Orihuela, donde estaba citado a declarar a las 14.00 horas, y tras el receso previsto por el juez en la toma de declaraciones, ha vuelto a las dependencias judiciales a las 16.00 horas para prestar declaración.

Ripoll ofrece una rueda de prensa desde las 22.00 horas en la Diputación Provincial de Alicante donde informa sobre su paso por el juzgado de Orihuela.

Enrique Ortiz queda en libertad, imputado por un delito de cohecho y fraude

ORIHUELA.- El empresario alicantino y máximo accionista del Hércules CF, Enrique Ortiz, ha quedado en libertad, imputado por un delito de fraude y otro de cohecho, tras prestar declaración durante cerca de dos horas ante el titular del juzgado de Primera Instancia número 3 oriolano, que instruye el llamado caso 'Brugal', según ha señalado el letrado de Ortiz, Alejandro Bas.

El abogado hizo estas declaraciones cerca de las 18.00 horas de este jueves, acompañado por Enrique Ortiz, a la salida del juzgado número 3 de Orihuela, encargado del caso 'Brugal', donde acudió a las 16.00 horas para prestar declaración.

Bas ha señalado que el fiscal "pedía una medida cautelar de prisión eludible bajo fianza de 800.000 euros" que ha sido "desestimada", por lo que el juzgado no ha tomado "ninguna medida cautelar" contra Ortiz.

El propio empresario ha afirmado que "respeta a los jueces" y ha señalado que el titular del juzgado "no ha tomado ninguna medida cautelar" en su contra.

El juez imputa a Ripoll diversos cargos y decreta libertad provisional

ORIHUELA.- El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela ha acordado mantener la situación de libertad provisional para cinco de las personas que han comparecido este jueves a declarar de forma voluntaria dentro de la denominada 'operación Brugal', entre ellas el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, a quien ha imputado diversos cargos.

De esta manera el magistrado ha desestimado la petición del fiscal de fijar una fianza de 500.000 euros para el también presidente del PP en Alicante por lo que ha quedado en libertad sin fianza.

Asimismo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado, el juez ha ordenado el ingreso en prisión, eludible con una fianza de 100.000 euros, para el empresario Rafael Gregory, al que se le ha concedido un plazo para reunir dicha cantidad.

El juez ha tomado declaración, en calidad de imputadas, a estas seis personas --entre las que también se encuentra el empresario y el máximo accionista Hércules, Enrique Ortiz, un empleado de su empresa Inusa y otro de la firma Sufi y un empresario valenciano-- que debían comparecer en el marco de las Diligencias Previas 851/07, abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros.

En cada comparecencia se han practicado las diligencias de imputación judicial y se ha explicado a cada uno de los afectados por la investigación que no se les podían detallar los hechos imputados como consecuencia del secreto que afecta a las actuaciones, aunque sí que se les ha expuesto, de forma minuciosa, las figuras penales y los preceptos legales a los cuales se pueden referir sus conductas, ha detallado el TSJCV en un comunicado.

El Juzgado tiene previsto que mañana comparezcan para diligencia de imputación judicial y posterior declaración en calidad de imputadas, otras cinco personas, tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios de la localidad.

Contra los autos dictados por el magistrado-juez cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días, según se les ha notificado a las partes en el día de hoy.

El juez de Orihuela impone una fianza de 100.000 euros al empresario Rafael Gregory, detenido en la operación policial del martes

ALICANTE.- El juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela, que instruye el llamado caso 'Brugal' por presuntas irregularidades en la contrata de los servicios de tratamiento de basuras en la Vega Baja, ha impuesto una fianza de 100.000 euros al empresario de la automoción Rafael Gregory por los presuntos delitos de fraude, tráfico de influencias y cohecho, han informado fuentes cercanas al caso.

El empresario y ex presidente de la Fundación del Hércules, que ha prestado declaración en la mañana de este jueves, ha salido de los juzgados sobre las 14.30 horas, hora en la que el magistrado ha ordenado un receso en los interrogatorios, que se reanudarán a las 16.00 horas.

La toma de declaraciones arrastra un retraso de varias horas, ya que a la hora de comer continuaba pendiente la declaración de varios de los citados, entre ellos el empresario alicantino Enrique Ortiz y el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.

El director de la Policía defiende que en Alicante se ha actuado "en el marco de la legalidad y el Estado de Derecho"

GRANADA.- El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, defendió este jueves la labor de la Policía en las detenciones que efectuó el pasado martes en Alicante en la denominada 'Operación Brugal', entre ellas la del presidente de la Diputación alicantina, José Joaquín Ripoll, y aseguró que los agentes actuaron "en el marco de la legalidad establecida en el Estado de Derecho de España".

En declaraciones a los periodistas en Granada, donde presidió la inauguración del Laboratorio de Biología y ADN de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, Velázquez abogó por hacer uso en este asunto del "sentido común y las leyes", después de las críticas realizadas por miembros del PP al Ministerio de Interior y en concreto a su titular, Alfredo Pérez Rubalcaba.

"La Policía realiza investigaciones, y tras las investigaciones descubre presuntos delincuentes. Se efectúan declaraciones en la sede policial, se ponen a disposición del juez, y en los casos en que haya que efectuar registros son siempre con autorización judicial. Eso es exactamente lo que ha hecho la Policía", explicó.

En consecuencia, afirmó, todo se hizo "dentro de la legalidad y por lo tanto era lo que le correspondía a la Policía realizar", manifestó el director general, que en su discurso de inauguración del Laboratorio también se refirió a este asunto.

"La Policía actúa siempre en el marco del Estado de Derecho: cuando asegura la eficacia probatoria y cuando detiene y toma declaración a presuntos delincuentes. Es su trabajo incluso en los momentos en que esas detenciones se realizan sobre personas de relevancia pública", dijo.

Fernando de Rosa dice que el CGPJ apoya la posición del juez de Orihuela, "que es el que dirige la instrucción"

ALICANTE.- El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha asegurado este jueves que el CGPJ "apoya" la posición del titular del juzgado de primera instancia número tres de Orihuela "puesta de manifiesto ayer" en los dos comunicados remitidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y ha recordado que es el juez "el que dirige la instrucción" del caso por presunta corrupción llevada a cabo el pasado martes en la provincia de Alicante.

Al término de la inauguración este jueves de la jornada 'La reforma del Código Penal. El nuevo Código Penal ante el reto del Cibercrimen' en Dénia, a preguntas de los medios de comunicación, De Rosa se ha remitido a los comunicados emitidos este miércoles pasado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y por el propio CGPJ este jueves.

Este escrito, ha dicho, "avala lo manifestado por el juez de Orihuela en el sentido de que son unas actuaciones secretas". Además, ha remarcado que "el que dirige la instrucción es el propio juez, y habrá que esperar a la evolución de lo acontecido", ha indicado.

El CGPJ aclara que el TSJCV distribuyó las notas sobre la trama de Alicante a petición del juez de Orihuela

MADRID.- La Comisión de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aclarado este jueves, en relación con los dos comunicados divulgados ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en relación con la 'Operación Brugal' desarrollada contra una presunta trama de corrupción en Alicante, que "ambas se emitieron a instancia del titular del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, "quien así lo estimó necesario".

De este modo, los cinco vocales que integran esta comisión --Margarita Robles, Gabriela Bravo, Miguel Collado, Antonio Dorado y Margarita Uría--, han salido al paso de las críticas vertidas por algunos sectores que apuntaban al presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, como artífice de los comunicados, según señalaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

El TSJCV emitió un comunicado en la mañana del miércoles negando que el Juzgado de Orihuela hubiera ordenado la detención del presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll y otras diez personas en relación con la 'Operación Brugal' que investiga este órgano y añadiendo que no había citado a ninguna de ellas en relación con la instrucción abierta por una presunta trama de corrupción en la provincia.

Unas siete horas más tarde, el alto tribunal difundió una segunda nota señalando que titular del juzgado de primera instancia número de 3 de Orihuela había sido informado "verbalmente, aunque no de manera oficial", de las comparecencias previstas para mañana de algunas de las personas que fueron detenidas en el marco de la operación lanzada por la Fiscalía Anticorrupción en Alicante, entre ellas la de Ripoll.

En este segundo comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana aseguraba que, ante la "confusión suscitada por la citación para comparecer en este juzgado de varias personas", al término de la mañana de ayer no disponía de ninguna comunicación directa u oficial por parte de la Policía sobre el número de personas que hubieran sido detenidas en el transcurso de la operación, ni de su posterior puesta en libertad, ni de las fechas en las que hubieran sido emplazadas para comparecer en el Juzgado".

Añadía que con anterioridad a la operación desarrollada este martes únicamente se recibió consulta sobre horarios y disponibilidad del órgano judicial y, una vez concluida la mañana, "el Juzgado no tenía constancia oficial de comparecencia alguna prevista para mañana o próximos días en relación a las Diligencias Previas 851/07, excepto lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación".

Sin embargo, puntualizaba, "a media tarde, el juez ha sido informado verbalmente, aunque no de manera oficial, al respecto".

Asimismo, la nota explicaba que San Martín autorizó las entradas y registros practicados ayer como consecuencia de las correspondientes peticiones formuladas por parte de la Policía. Las resoluciones adoptadas fueron notificadas a los interesados "en tiempo y forma", recalcaba.

De la Vega cree "irresponsable" que Rajoy no exija dimisiones por la situación del PPCV

GANDÍA.- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado este jueves que es "irresponsable e imprudente" que el presidente del PP, Mariano Rajoy, no dé explicaciones ni exija responsabilidades a los dirigentes del PPCV ante la situación política en la Comunitat por las operación de Anticorrupción desarrollada en Alicante, y que afecta al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll; por la imputación del presidente provincial de Castellón, Carlos Fabra, así como por el 'caso Gürtel'.

De la Vega que se ha expresado de esta manera en el acto de apertura de las jornadas interpalamentarias de los socialistas valencianos que se celebra en Gandia en un momento de su discurso en el que hizo mención a la situación política en la Comunitat en relación a la última investigación judicial abierta en la provincia de Alicante con la llamada 'Operación Brugal'.

En este sentido, la dirigente socialista ha manifestado que Mariano Rajoy, en la Comunitat, "ya no sabe hacia dónde mirar, si al Castellón de Fabra, al Alicante de Ripoll o a la Comunitat de Camps, para encontrar a alguien que dé la más mínima explicación y que sea capaz de asumir sus propias responsabilidades.

La vicepresidenta ha señalado que son necesarios "algo mejor que unos líderes bajo sospecha que jamás han dado una explicación ni han asumido una sola responsabilidad política". Para De la Vega es "increíble que tras la detención" de Ripoll desde el PP pidan "prudencia y responsabilidad" y mientras, se dediquen a "atacar a fiscales y policías sólo por cumplir con su deber".

En este sentido, ha declarado además, que son los ciudadanos los que tienen derecho a exigir prudencia y responsabilidad a sus representantes políticos y ha subrayado que es "irresponsable e imprudente" intentar "huir hacia delante, lanzando insidias y sospechas, arremetiendo contra todo y contra todos, como hacen los dirigentes del PP".

La vicepresidenta, además, ha recordado que Rajoy puso a Camps como el modelo que quiere "para toda España", pero, en su opinión, los españoles "se merecen otra cosa" y por ello, instó a los socialistas valencianos a poner en marcha un "nuevo proyecto", como el elaborado en el programa para la reforma de la economía valenciana, capaz de "sanear" las cuentas públicas, estimule la iniciativa privada, un proyecto que se dedique a "hacer lo que debe hacer, trabajar a favor de los ciudadanos y no en contra del Gobierno".

El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, en esta línea ha señalado que las personas honradas, cuando tienen un problema con la justicia, lo que hacen es "ponerse al servicio de la legalidad, de la verdad y de los órganos jurisdiccionales".

Pero, el PP y el PPCV, cuando uno de sus miembros tiene alguna "responsabilidad, una explicación que dar o es objeto de una investigación --desde la presunción de inocencia, ha aclarado-- y tienen que responder, su actitud siempre es la misma, atacar, atacar y atacar a los órganos de justicia, fiscales y policía, que funcionan siempre bajo el orden constitucional".

Para Alarte, esta no es la respuesta de un ciudadano "ejemplar y honorable" y "no puede ser la respuesta de Rajoy, González Pons y el PP", al tiempo que ha afirmado que esta es la "sensación que cualquier ciudadano esta mañana tiene" al conocer la información que se publica en los medios.

Asimismo, ha criticado que la táctica del PP sea decir que los socialistas les "persiguen", por ello, la posición del PSOE ante esta situación es responder con "palabra y compromiso" y ante las exigencias de ética y honradez, hay que actuar con "transparencia, con explicaciones y responsabilidad política".

miércoles, 7 de julio de 2010

El Banco de España propone que cada autonomía recaude en función de su gasto

MADRID.- El Banco de España insistió anoche en que las comunidades autónomas deben compartir esfuerzos para lograr reducir el déficit público, y propuso que se establezca una "corresponsabilidad fiscal" para que cada gobierno regional se encargue de recaudar en función de lo que gasta.

Según explicó el director general del servicio de estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, durante su intervención en un curso sobre la economía española organizado por la Universidad Complutense, sería "muy bueno" establecer un criterio de este tipo.

Malo de Molina aclaró que el modelo de financiación autonómica es "sostenible", pero matizó que "otra cosa es cómo conseguir mantener la disciplina", en un marco de descentralización de competencias.

En cualquier caso, alabó la disposición autonómica a contribuir en la consolidación fiscal para lograr que el déficit público no supere el 6% del PIB al cierre de 2011.

Con este objetivo, recordó, el Gobierno tiene un programa "ambicioso y detallado", que supondrá una contención del gasto de una "proporción desconocida", pero que si se lleva a la práctica sin desviaciones, tendrá un esfuerzo positivo para la economía, añadió.

Recientemente, Bruselas pidió a España una reducción del gasto en un 1,75% del PIB, que la ministra de Economía, Elena Salgado, dijo que se conseguiría en un punto, con la reducción del techo de gasto de los presupuestos, y el 0,75% restante con la colaboración de las autonomías.

Alarte pide a Rajoy que disuelva la dirección del PPCV, nombre una gestora y que se convoquen elecciones

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha instado al presidente del PP, Mariano Rajoy a disolver los órganos de dirección del PPCV y que nombre una gestora con carácter de urgencia, mientras que al PP en las Corts Valencianes le pide la disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones anticipadas, "hoy con más razones todavía" y que se asuman responsabilidades políticas.

Alarte, que se ha pronunciado de esta manera en rueda de prensa convocada para valorar la situación política con motivo de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante en el marco de la operación 'Brugal', ha criticado que "de arriba abajo, la marea de la corrupción" se extiende por toda la Comunitat a través del PP.

El líder socialista ha señalado al líder nacional del PP, Mariano Rajoy, como el "responsable de toda esta situación" y le ha advertido de que con su "actitud de mirar hacia otro lado y su irresponsabilidad, está condenando a los valencianos a una situación de tremenda dificultad" y deja una situación que va "deteriorándose día a día sin que nadie dé ninguna respuesta".

Tras la intervención ayer en Alicante y las sucedidas "en las últimas semanas", Alarte ha remarcado que "ya no se puede hacer ninguna distinción entre los dirigentes del PP, todos son Camps".

"No existe -ha añadido- una o dos tramas vinculadas al PP, ni tramas de corrupción", sino que el PPCV "es en sí mismo una organización política en la que se consiente, se ampara o se elude, desde el punto de vista político, la lucha contra la corrupción".

A este respecto, ha lamentado que "todas las instituciones relevantes de la Comunitat Valenciana estén investigadas, intervenidas o participan directa o indirectamente en tramas de corrupción", lo que, a su juicio, conlleva que estén "paralizadas y envueltas en una marea de corrupción sin precedentes en la Comunitat".

"La impunidad, extendida y generalizada que ha instalado Camps, el no pasa nada, el todo vale, el todo es posible, gobierna el PPCV y a todas las instituciones", ha declarado Alarte, quien ha afirmado que no hay en Europa una región, ni gobierno regional "que se encuentre en una situación como se encuentran las instituciones de autogobierno de la Comunitat".

Para Alarte, esta es la manera del PP de entender la política y el "todo vale" es la "ética y la moral que han instalado en la Comunitat".

El líder socialista ha recordado, en este sentido, que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, "va a ser juzgado en breve por varios delitos gravísimos después de una larga investigación" y que la supuesta trama de corrupción 'Gürtel' afecta a parte del Gobierno valenciano, a dirigentes del PPCV y un "largo rosario de miembros del PP con diferentes responsabilidades".

"El poder ejecutivo, el poder legislativo, las direcciones del PP a todos los niveles y ahora, además, las basuras del PP y de Camps en la provincia de Alicante", ha lamentado Alarte, quien ha señalado que "de arriba abajo, se extiende la marea de corrupción de Camps y el PP sin que nadie haga nada más allá de mirar hacia otro lado".

El secretario general del PSPV ha advertido de que esta situación "pone en cuestión el funcionamiento de las instituciones, la normalidad democrática, la credibilidad de nuestras instituciones de autogobierno y, además todas ellas están paralizadas y son incapaces de hacer frente a la situación de crisis y a los problemas de los valencianos" que "no se merecen esta situación", ha apostillado.

Morera pide al PP que aparte de la vida pública a sus imputados "por el bien de la democracia"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianas, Enric Morera, ha pedido este miércoles al PP que aparte de la vida pública a los miembros de su partido que estén imputados "por el bien de la democracia". Además, ha pedido al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, que sea "consecuente con aquello que él ha pedido a sus compañeros de partido en el caso 'Gürtel', en el caso de salir imputado".

Morera, en un comunicado, se ha referido de esta manera a la rueda de prensa ofrecida este miércoles por el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en la que, a su juicio, "no ha aportado ningún dato de interés en un tema muy preocupante para la sociedad valenciana cómo es la situación de corrupción generalizada que sufre el PP en el País Valenciano".

En este sentido, ha comentado la necesidad de que los gobernantes valencianos "hagan una profunda reflexión para dar paso a una regeneración democrática, donde los políticos imputados en casos de corrupción sean apartados de la vida pública".

El síndic de Compromís ha lamentado que desde hace más de un año, "el PP de nuestro país está más pendiente de las acusaciones por corrupción y de los tribunales que de gobernar y de gestionar y el resultado de esa dejadez de funciones es más que evidente".

"Estamos a la cabeza del desempleo y para salir de la crisis necesitamos buenos gobiernos que generan confianza en la sociedad y, hoy por hoy, los gobiernos del PP sólo generan que preocupación y desconfianza por todos los casos de corrupción que los ocupa", ha añadido.

Morera pide al PP que aparte de la vida pública a sus imputados "por el bien de la democracia"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianas, Enric Morera, ha pedido este miércoles al PP que aparte de la vida pública a los miembros de su partido que estén imputados "por el bien de la democracia". Además, ha pedido al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, que sea "consecuente con aquello que él ha pedido a sus compañeros de partido en el caso 'Gürtel', en el caso de salir imputado".

Morera, en un comunicado, se ha referido de esta manera a la rueda de prensa ofrecida este miércoles por el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en la que, a su juicio, "no ha aportado ningún dato de interés en un tema muy preocupante para la sociedad valenciana cómo es la situación de corrupción generalizada que sufre el PP en el País Valenciano".

En este sentido, ha comentado la necesidad de que los gobernantes valencianos "hagan una profunda reflexión para dar paso a una regeneración democrática, donde los políticos imputados en casos de corrupción sean apartados de la vida pública".

El síndic de Compromís ha lamentado que desde hace más de un año, "el PP de nuestro país está más pendiente de las acusaciones por corrupción y de los tribunales que de gobernar y de gestionar y el resultado de esa dejadez de funciones es más que evidente".

"Estamos a la cabeza del desempleo y para salir de la crisis necesitamos buenos gobiernos que generan confianza en la sociedad y, hoy por hoy, los gobiernos del PP sólo generan que preocupación y desconfianza por todos los casos de corrupción que los ocupa", ha añadido.

La Policía tiene autoridad para detener en una investigación sin la autorización previa del juez

MADRID.- Fuentes del Ministerio del Interior aclararon hoy que la detención ayer del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, se enmarca en la autoridad y en la competencia que atesora siempre la Policía Nacional para proceder al arresto de algún sospechoso en el marco de una investigación judicial sin la necesidad de una autorización previa del juez que dirige las pesquisas.

Estas mismas fuentes precisaron que las detenciones practicadas ayer por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía son "perfectamente legales" y añadieron que son "habituales" en este tipo de operativos.

Asimismo, recuerdan que todas las entradas de registro realizadas ayer se hicieron a partir de una autorización judicial, lo que a su juicio, "evidencia" que es un juez quien dirige la operación en contra de las sospechas vertidas hoy por quien acusó a la Policía de suplantar la función del juez en este caso.

Las fuentes consultadas aseguraron que no hay ninguna diferencia de criterio entre el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y la Policía después de que el tribunal autonómico negase que hubiese ordenado la detención de ninguno de los implicados al tiempo que aclaró que ninguno de ellos se encuentra imputado por ningún delito.

La razón de esta aclaración es que ayer por la noche, el Ministerio del Interior difundió un comunicado de prensa en el que anunciaba la detención de nueve personas y añadía que "se les imputan los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento".

Otro de los puntos sometidos a debate es el hecho de que Ripoll asegurase hoy en rueda de prensa que ha sido citado a declarar por el Juzgado de Orihuela, si bien la citación que mostró ante los medios de comunicación portaba el sello de la Policía y el Ministerio del Interior.

En este caso, las fuentes consultadas explicaron que el Juzgado puede cursar la citación bien por medio de uno de sus agentes judiciales o por la Policía y de ahí que en este caso el documento llevase la firma de un funcionario policial.

Estas fuentes no precisaron si Ripoll ha sido citado a declarar como imputado o en calidad de testigo, si bien en el oficio no se comunica la necesidad de acudir con abogado, requisito obligatorio en el caso de los imputados.