lunes, 5 de marzo de 2012

Los afines a Puig considera que cuentan con el "respaldo mayoritario" de los militantes del PSPV

VALENCIA.- El portavoz de L'Alternativa Progressista del PSPV, José Manuel Orengo, ha estimado que disponen del "respaldo mayoritario" de los militantes en las tres provincias para el Congreso de los socialistas valencianos que se celebrará a final de mes en Alicante. Esta plataforma se aglutina en torno al precandidato a la Secretaría General del PSPV y diputado nacional, Ximo Puig. 

   Orengo, en un comunicado, ha explicado que no quiere dar cifras del número de delegados --resultantes de los congresos locales-- que apoyan las propuestas de esta plataforma para no entrar en una "guerra de datos" con las otras fuerzas del partido. Además, "nuestros delegados quieren que contemos con ellos, pero no que los contemos", ha apostillado.
   En este sentido, ha destacado la "altísima participación  que está registrando el proceso precongresual. Las enmiendas defendidas desde L'Alternativa Progresista "están siendo respaldadas de forma mayoritaria en las diferentes asambleas que están celebrando, a lo largo de todo el territorio valenciano, las agrupaciones socialistas ante el próximo Congreso Nacional del partido", ha remarcado.
   Así, José Manuel Orengo, se ha mostrado "muy contento" con  la forma en que está desarrollándose el proceso precongresual. De esta manera, ha insistido en la "altísima participación que estamos encontrando" y el "respaldo mayoritario que están encontrando nuestras propuestas".  
   Esta apreciación "contrasta con el suspenso que está obteniendo la gestión del secretario general del PSPV, Jorge Alarte". Para Orengo esto es una muestra clara "del deseo de cambio de los militantes socialistas, que saben que ser una alternativa real a los 17 años de gobierno del PP en la Comunitat Valenciana pasa por dar soluciones de carácter político, que debemos ofrecer, desde ya, desde el PSPV".
   Por otro lado, ha apuntado que los ciudadanos "reclaman una alternativa real al gobierno del PP, y eso pasa primero por un PSPV que ofrezca una solución política a sus problemas".

Los rectores creen que si la Generalitat mantiene "regularidad" en los pagos no habrá preocupación por las nóminas

VALENCIA.- El rector de la Universitat de València (UV), Esteban Morcillo, ha afirmado que si la Generalitat valenciana "mantiene cierta regularidad" en los pagos a las universidades, "no habrá preocupación" por la percepción salarial de los trabajadores de las instituciones académicas.

   Morcillo se ha manifestado en estos términos durante la presentación de un programa de becas remuneradas en presencia de seis rectores más de las universidades públicas y privadas de la Comunitat, en el Rectorado de la UV, donde también ha estado el presidente de Cierval, José Vicente González y un representante del Banco de Santander.
   El rector de la UV ha manifestado que en este momento, las universidades están "con un diferencial de dos meses" respecto a los pagos que les adeuda el Consell, correspondientes a los meses de enero y febrero.
   El máximo responsable de la Universitat ha destacado que la comunicación con la vicepresidencia de la Generalitat, la Conselleria de Educación, Formación y Empleo y la Conselleria de Hacienda, es "muy fluida".
   Morcillo ha reconocido que las universidades públicas valencianas se vieron obligadas a recurrir a pólizas bancarias, hace un tiempo, "para hacer frente a las obligaciones a corto plazo, y entre ellas, estaban las nóminas". Además ha recordado que "aproximadamente el 70 por ciento de los pagos" de las universidades se destinan a nóminas.
   El pasado 29 de febrero, la Conselleria de Educación pagó a las universidades públicas de la Comunitat Valenciana la mensualidad correspondiente al mes de diciembre, lo que supuso un montante de 66,5 millones de euros. Con este abono, la Conselleria se puso "al día" de los pagos del año 2011 con las instituciones de educación superior.
   En total, la Generalitat ha pagado en 2011 a las universidades 798 millones de euros para su funcionamiento y 25 millones de euros en proyectos de investigación. Esto hace una cifra global de más de 800 millones de euros.
   El presidente de Cierval, José Vicente González, ha tomado la palabra después de que Morcillo hablará de las deudas que la Generalitat mantiene con las universidades públicas. "Me da una envidia sana que solo les deban a las universidades dos meses, cosa que se multiplica por mucho cuando se trata de las empresas", ha señalado.
 "Me alegra mucho por la universidad", ha agregado, a lo que Morcillo le ha respondido, entre risas, que en su discurso "había intentado ser políticamente correcto".

Desde Bankia se reclama que la banca reduzca plantillas y oficinas

MADRID.- El consejero delegado de Bankia, el alcoyano Francisco Verdú, ha reclamado que el sistema financiero acometa el necesario ajuste de capacidad a través de la reducción de plantillas y del número de oficinas.

   "Nos sigue quedando demasiada capacidad instalada, hay muchas entidades que no han hecho el ajuste necesario", dijo hoy el 'número dos' de Bankia en el Encuentro Financiero organizado por la entidad y El País.
   Según Verdú, el real decreto ley de saneamiento del sistema financiero contribuirá a adelgazar la capacidad instalada del sector, si bien es necesario que bancos y cajas redoblen esfuerzos para ajustar su capacidad a la situación actual.
   El consejero delegado de Bankia sostuvo que la entidad presidida por Rodrigo Rato ha realizado importantes avances en la reducción de su capacidad, con unas 800 oficinas menos y una disminución del tamaño de la plantilla de en torno al 15%, lo que se traduce en unos 4.000 trabajadores.

Castedo insiste en la apuesta de la ciudad por Ikea y recuerda que hay más suelos aparte de Rabasa

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha insistido este lunes en "la apuesta de la ciudad por la instalación de Ikea, además cuanto antes" y ha recordado que el Ayuntamiento puso a disposición de la empresa sueca más terrenos, aparte del de Rabasa, tras el informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por el paso de una gran tubería por los terrenos.

    Sonia Castedo, preguntada por los medios de comunicación, se ha referido hoy al último informe de la Confederación. "No lo he leído, me sorprende que el informe no llegara en su momento, en el de la aprobación del plan parcial, y llegue ahora", ha dicho Castedo, quien no obstante ha rechazado "intencionalidad política" porque quiere "imaginar que está hecho con profesionalidad".
   En este sentido, ha apostado por "ver si existe o no solución y partir de ahí tomar la decisión que se tenga que tomar". Castedo ha resaltado "la apuesta de Alicante por la instalación de Ikea y por que su instalación sea cuanto antes" porque "daría una solución importante a la tasa de paro".
   Según la alcaldesa, "en el caso de que no pudiera ser --en Rabasa--, Ikea tendrá que ver otras ubicaciones", ya que el consistorio, según ha dicho, le ofreció "varias posibilidades" y "quien eligió la ubicación fue Ikea".
   En este sentido, se ha mostrado "convencida" de que la multinacional "sigue con la intención de implantarse en la ciudad de Alicante" y ha subrayado que el Ayuntamiento de Alicante "sigue poniendo a su disposición todos los suelos que existen en la ciudad con condiciones para llevar adelante esa implantación".

EU dice que Fabra "tiene que deshacerse de la cúpula del PP puesta por Camps"

VALENCIA.- La portavoz de EUPV en Les Corts, Marga Sanz, ha dicho hoy que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "tiene que deshacerse de la cúpula del PP puesta por Camps".

En un comunicado, Sanz se ha referido así a una información del diario El Mundo según la cual la Fiscalía estudia unir los casos Brugal y Gürtel en una única causa que investigue la supuesta financiación ilegal en el PPCV.
Para la portavoz de EUPV, "todos los caminos de las tramas corruptas parece que convergen en las mismas personas: Costa, Serra y García; y parece también que el objetivo de éstas era siempre el mismo: la financiación del PP".
Fabra, según Sanz, "tiene que actuar con mano dura, obligando de inmediato a que dejen su escaño e iniciando la apertura de una investigación interna en el seno de su propio partido".
Por otra parte, el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana ha abogado por "apoyar al presidente Fabra" por el bien de la Comunidad Valenciana y del PP. "Hay que cerrar filas. No existe un proyecto alternativo a Fabra, ni fuera ni dentro del PP. Su acierto será el de todos". En una entrevista publicada ayer por Levante, la responsabilidad de la situación económica es "colectiva", al no detectar un cambio de ciclo que "exigía políticas distintas". "Las administraciones públicas en general no han estado a la altura de las circunstancias", reflexiona.
Zaplana atribuye la pérdida de Bancaja, la CAM y Banco de Valencia a la "pésima actuación de los gestores en los últimos años", así como al "Banco de España y a la Generalitat" por no detectarlo.
El ex jefe del Consell apenas ha pasado de puntillas sobre el caso Gürtel. Ha reiterado que la situación le producía tristeza y que sintió "un gran alivio cuando acabó el juicio". Sobre su relación con Camps ha negado sentirse "traicionado", pero sí "sorprendido o en casos muy puntuales decepcionado". Mi relación con Francisco Camps no ha sido normal". Ha sido inexistente".
¿Debe dimitir un implicado en un caso de corrupción? El ex dirigente 'popular' cree que el responsable político tiene que tener un sexto sentido para saber si hay base en lo que se está denunciando. Y si hay base, hay que hacer que el implicado dimita".

El ministro Margallo pone a la Comunidad Valenciana como ejemplo de 'despilfarro'

VALENCIA.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha responsabilizado a las comunidades autónomas del "mayor desajuste" en la reducción del déficit. "La mayor parte del agujero pertenece a las comunidades autónomas y es una responsabilidad de las comunidades autónomas, pero también del Gobierno central, que es el que responde de sus obligaciones en Bruselas y es el que de acuerdo con la Constitución tiene la potestad de ordenar las economías y el horizonte general de la hacienda pública", ha explicado.

En una entrevista con la cadena Cope, Margallo ha lamentado "una ley de financiación completamente incompleta" y ha asegurado que el Gobierno central (el anterior) incumplió "su deber de vigilar a las comunidades autónomas".
Margallo, presentado por el PP valenciano y la Generalitat como un "ministro valenciano" pues fue diputado al Congreso por Valencia, ha asegurado que casi todas las autonomías han hecho "gastos absurdos", pero ha elegido a la Comunidad Valenciana como ejemplo del derroche. Ha dicho que España es "el único país en que hemos inaugurado aeropuertos peatonales" y ha pedido también regular la representación exterior de algunas autonomías. "Yo he visto que la Comunidad Valenciana ha llegado a tener en Bruselas a más de 60 personas. Yo no he llamado nunca a la oficina de la Comunidad Valenciana, porque me resultaba más sencillo coger el teléfono y hablar con el conseller de turno", ha explicado.
"Gran parte de las comunidades autónomas han hecho gastos bastante absurdos. Hemos visto trenes de alta velocidad donde la media de ocupación era de 18 pasajeros", ha considerado el ministro.

Sigue la 'guerra' en Vocento, empresa editora de los diarios 'La Verdad' y 'Las Provincias'

MADRID.- Zona noble de Vocento (empresa editora de 'La Verdad' y 'Las Provincias'). Cuatro grabados de músicos presiden la espaciosa sala donde el Consejo celebra sus cónclaves. Una sublimación del solfeo que no sirvió para amansar a las fieras el pasado lunes. El reloj marcaba ya las nueve de la noche cuando llegó el turno de preguntas. Los consejeros acababan de aprobar por unanimidad las cuentas de 2011, mejores en su esencia de lo que sugieren los 50 millones de pérdidas, relata hoy www.elconfidencial.com

Tomó entonces la palabra Santiago Bergareche y, como quien pide una aclaración a los números, anunció el golpe de estado: un grupo de accionistas solicitaba una Junta Extraordinaria para tomar el control de la compañía. Estupefacción en unos y aceptación serena en otros. En todo caso, declaración de guerra a la familia Ybarra y primer acto de una vendetta que empezó a fraguarse hace ya un lustro. Llega el momento del desquite. 

Corría el mes de mayo de 2007 cuando el entonces consejero delegado, José María Bergareche, hermano de Santiago, cesaba en el cargo. No era una tragedia, si acaso un paréntesis. Estaba pactado que accediera a la presidencia apenas meses después. Al punto de que ya había maniobrado para que el nuevo primer ejecutivo, escogido por un head-hunter, fuera Belarmino García, un hombre de paja que podría fácilmente manejar y que no sabía mucho del negocio (procedía de la operadora de móviles Amena). Todo bajo control… O casi. El resto de accionistas -los Ybarra, Urrutia y Luca de Tena- se aliaron a sus espaldas y optaron por un independiente para presidir el Consejo: una elección irreprochable, el marqués de la Romana, Diego del Alcázar. El mensaje que se lanzaba a los Bergareche no podía ser más claro: “No habéis sido fieles a nuestros pactos de familia”. 

Y es que en paralelo al proceso de sucesión, Emilio Ybarra, a la sazón copresidente del BBVA, se había visto envuelto en penosos procesos judiciales por el escándalo de las cuentas secretas del BBV en Jersey. A finales de 2006, el empresario se quejaba -incluso dejando testimonio por escrito- de que el diario ABC no sólo no le había apoyado, sino que se había aliado con la parte contraria. Y, entre otros, culpaba al consejero delegado. Tampoco ayudó a Bergareche que se le hubiera escapado incomprensiblemente la compra de Recoletos (Expansión y, sobre todo, la joya de la corona Marca) en favor de Unidad Editorial y los italianos de Rizzoli. Todo a pesar de haberla fraguado él mismo con un viejo accionista de Vocento, Jaime Castellanos. ¿Conclusión? La nueva alianza en el Consejo dejaba a los Bergareche en la reserva. Así hasta el pasado lunes.

De hecho, Santiago Bergareche lanzaba el órdago con apoyos que, al menos, le acercan al 40% del capital y le conceden chance. Para empezar, está con él Víctor Urrutia, el multimillonario vicepresidente de Iberdrola siempre presente en los movimientos exitosos en el accionariado de Vocento. ¿Qué le mueve dar un paso adelante? Aquí sólo caben hipótesis. Fuentes próximas al Consejo advierten de su proximidad a las tesis de Soledad 'Petisa' Luca de Tena. Y añaden que Petisa quiere guerra desde la salida del anterior consejero delegado, José Manuel Vargas, por quien sentía especial inclinación. Como barman de este coctel estaría el propio Castellanos, a quien muchos ven como el cerebro gris de la insurrección, que además “tiene bastante más del 4,4% que se le supone”. La guinda a este combinado la ponen otros accionistas minoritarios como Manuel Jove o Félix Revuelta. Con una pregunta de fondo, ¿con qué proyecto? 

¿Camino de una operación corporativa?

Sobre el papel, se trata de reducir el Consejo y aumentar el número de independientes para sacar de su actual parálisis al máximo órgano de representación de la compañía. Algunos accionistas no se lo creen. “Piensan que no hay proyecto, que son una UTE [unidad temporal de empresas] que busca tomar el control de la empresa y repartirse el botín. Y sin lanzar una opa ni poner un duro”, sugieren fuentes conocedoras de las inquietudes del frente contrario. Una reflexión que parte de que las Luca de Tena, cuya principal preocupación es el ABC, no hayan hecho público su apoyo al bloque rebelde. “Si lo hacen explícito pasan del 30% y están abocados a una opa por acción concertada”, remachan. Sin un plan para el futuro, el temor es que se trocee la compañía. Y ahí es donde surge el temor de una operación corporativa, sin que se olviden los negocios pasados de Castellanos, puro broker, con Unidad Editorial. 

El nuevo pulso accionarial pone a prueba un pasado de relaciones cosidas a sangre y fuego durante casi 100 años. Por un lado, la estirpe de los Ybarra, que impulsó en 1910 el nacimiento del original El Pueblo Vasco, un periódico conservador, vasco y españolista. Por otro, la familia Echevarría, emparentada con los Bergareche, controlaba El Noticiero Bilbaino, cabecera histórica de la capital vizcaína y algo más afín a las tesis liberales. Concluida la Guerra Civil y con Franco en el poder, los dos proyectos terminaron uniéndose en 1945, bajo aprobación del Caudillo, para dar forma a lo que sería el germen del grupo de prensa regional Correo. Desde entonces, los Ybarra, Echevarría y Bergareche han ido de la mano en una aventura empresarial que consiguió abrirles las puertas del mundo de la prensa en Madrid con la compra del también centenario ABC. Pero ahora, toda esa suma está en el aire.

El peor parado en toda la intriga es Luis Enríquez, consejero delegado desde julio, que pese a las promesas trabaja sabiendo que en dos meses puede estar jugando al golf. Casi peor son las dificultades que tendrá en los próximos 60 días para motivar a un equipo marcado por una desesperante sensación de déjà vu. Y es que parece que cada vez que se dinamiza la gestión, las familias se meten en una espiral de intrigas y maquinaciones que hace derrapar a la compañía. “Es una pena. Vamos en línea con el plan en 2012 con la que está cayendo. Y el promedio diario de ventas del 'ABC' se ha incrementado en 7.000 ejemplares en febrero”, aseguran fuentes internas de la firma. Y es cierto que los aparentemente malos números de 2011 fueron bien acogidos por los analistas. No en vano más de 21 millones se fueron en indemnizaciones, más de 8 en regularizar las vacaciones fiscales vascas y otra decena en echar la persiana en La 10. Sin el esfuerzo de limpiar las cuentas, el resultado es plano. Luego de aquí en adelante sólo puedo ir mejorando, pensará Enríquez. Aunque eso será si le dejan.

La crisis abierta en COEPA, a punto de cerrarse

ALICANTE.- El Comité Ejecutivo de Coepa ha confirmado hoy que la candidatura presentada por el empresario Moisés Jiménez Mañas para las elecciones a la presidencia de la patronal alicantina cumple todos los requisitos que exigen los estatutos, según ha indicado la confederación empresarial en un comunicado.

   El comité, reunido este lunes con carácter extraordinario en la sede de la confederación, ha dado el visto bueno a esta candidatura, que será la única que concurra a la presidencia de Coepa, en la asamblea que tendrá lugar el próximo día 22 de marzo en el Centro de Cualificación de la entidad, según la misma fuente.
   Las elecciones se celebran después de que el presidente en funciones, Enrique Martín, dimitiera del cargo y no decidiera presentarse. Martín estaba en funciones al frente de la patronal alicantina desde que Rafael Martínez Berna, presidente elegido, renunciara a su vez al cargo.
Las elecciones sólo contarán, pues, con este único candidato y director de la Institución Ferial Alicantina (IFA), Moisés Jiménez Mañas.
Su candidatura ha sido la única presentada en el plazo previsto, ya que la Secretaría General de la patronal alicantina cerró el viernes el plazo para la entrega de avales.
Jiménez Mañas, presidente de IFA desde julio de 2009 y miembro del comité ejecutivo de COEPA desde 1994, es un empresario del sector tecnológico.

La operación contra el blanqueo por actividad no declarada de empresarios asiáticos se salda con 23 detenidos

ALICANTE.- Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un total de 23 personas por su presunta participación en un entramado societario que blanqueó más de 60 millones de euros procedentes supuestamente de beneficios no declarados por empresarios asiáticos en la provincia de Alicante, según ha informado en un comunicado la Comisaría Provincial de Alicante.

   La Brigada Provincial de Policía Judicial y Aduanas de Alicante, en estrecha colaboración, abrieron una investigación tras recibir las denuncias por un robo con violencia de una importante suma de dinero, seguido de una detención ilegal y de otro robo con fuerza durante el último trimestre del pasado año, en las que las víctimas estaban relacionadas.
   Los investigadores lograron relacionar a las personas presuntamente involucradas en estos hechos con un entramado mercantil supuestamente dedicado a blanquear dinero procedente de ventas no declaradas de empresarios de origen asiático.
   Asimismo, pudieron concluir que la organización también se dedicaba supuestamente a la generación y venta de facturas falsas para evadir impuestos, ya que sus datos se cruzaron con otra investigación promovida anteriormente por la Agencia Tributaria y ya puesta en conocimiento de la autoridad judicial.
   Los investigadores lograron desenmarañar una compleja estructura que podría estar transfiriendo grandes cantidades de dinero de forma fraudulenta, a cuya cabeza presuntamente estaba un empresario español quien, a través de sus más estrechos colaboradores, se encargaba de organizar las actividades ilícitas investigadas.
   Esta persona supuestamente ordenaba y coordinaba los negocios jurídicos entre las distintas empresas pantalla, así como las transferencias del dinero procedente supuestamente de los beneficios no declarados de los empresarios chinos. Igualmente, a través de estos colaboradores presuntamente se encargaba de buscar y coordinar nuevos proyectos e inversiones para los beneficios ilícitamente obtenidos.
   Así mismo, las pesquisas policiales permitieron determinar que el encargado de gestionar la empresa financiera estaba en un escalón inferior, quien además asesoraba en la administración de los bienes inmobiliarios de la organización e informaba de las empresas a adquirir para aumentar el entramado societario.
   Además, se servían de otros colaboradores habituales que supuestamente se ocupaban de establecer vías para el envío de dinero al extranjero y para reinvertir los beneficios ilícitos, controlando al mismo tiempo a los testaferros de las empresas pantalla y los ingresos de efectivo realizados por los empresarios asiáticos.
   De este modo, mantenían a su vez contactos con dichos empresarios y con los transitarios e intermediarios aduaneros que gestionan la documentación necesaria para la importación de los contenedores, con las cuales, reales o ficticias, avalaban las salidas de divisas.
   Finalmente, los investigadores llegaron hasta los empresarios chinos que, a través de la red societaria creada, remitían a China y otros países asiáticos los beneficios no declarados por su actividad empresarial, eludiendo de este modo sus obligaciones tributarias en España.
   De acuerdo con la información obtenida, se ha podido constatar la existencia de multitud de transferencias internacionales, realizadas a través de las mercantiles investigadas, que representarían una cifra superior a 60 millones de euros sustraídos al control de la Hacienda Pública.
   A través de diferentes mercantiles supuestamente logró sustraer esta cantidad del control de la Hacienda Pública y acumuló una deuda tributaria de otros 18 millones.
   En la operación, la Policía Nacional ha detenido a un total de 23 personas, tres de ellas en cada una de las localidades alicantinas de Petrer, Benidorm y Elche, siete en Elda, cinco en Alicante capital, y otras dos en Los Alcázares (Murcia).
   Además, se ha intervenido abundante documentación contable, 200.000 euros en efectivo, numerosas piezas de joyería y siete vehículos de alta gama, según las mismas fuentes, quienes han concretado que los saldos bancarios de las cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones y otros activos financieros de las personas investigadas han sido bloqueados de manera cautelar por orden judicial.
   En los nueve registros practicados se ha intervenido un disco duro --oculto en doble fondo de una pieza de madera-- utilizado como servidor para llevar la contabilidad 'B' del entramado; abundante documentación relativa a la contabilidad 'B' de las empresas implicadas; sellos de empresas chinas, facturas en blanco y resguardos de envíos de dinero.
   La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal, la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta, ambas adscritas a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante; por la Comisaría de Elda y por los departamentos de Inspección, Informática y Aduanas de la Agencia Tributaria.

Medio centenar de alcaldes socialistas apoyan la gestión de Alarte contra la corrupción

VALENCIA.-  Medio centenar de alcaldes socialistas han suscrito este lunes un manifiesto en que reclaman "la unidad" del partido para "generar una alternativa" y dan aimismo sus apoyo a la actual dirección de Jorge Alarte en su lucha contra la corrupción, aunque consideran que "hay que dar 20 pasos más allá".

   El texto, impulsado por los alcaldes de Vila-real (Castellón), José Benlloch; Alcoi (Alicante), Toni Francés; y Ontinyent (Valencia), Jorge Rodríguez, ha contado con el apoyo de alcaldes y portavoces de Albal, Cocentaina, Serra, Marines, Gátova, Xixona, Quart, Eliana, o Alacuàs, entre otros. En total, son cerca de medio centenar alcaldes de los 132 socialistas y otros 12 que por pactos que gobiernan en la Comunitat.
   Al respecto, el primer munícipe de Vila-real (Castellón), José Benlloch, ha destacado que la dirección actual sí que ha sido "eficaz" en el planteamiento, por lo que respetando "la libertad de cada uno sí que queremos reconocer el trabajo a Alarte". Así, ha argumentado que "no es verdad que no se ha planteado una alternativa en la Comunitat", aunque "sí que es cierto que lo que más ruido hace" es la lucha contra la corrupción.
   No obstante, ha aclarado: "Hay que plantearnos que no solo con la lucha contra la corrupción se ganan las elecciones, teníamos que hacerlo, era imprescindible, pero ahora ya no podemos quedarnos en eso, la Justicia debe hacer su trabajo y nosotros  generan una alternativa y demostrar que donde gobernamos no hacemos estas barbaridades".
   Por su parte, el alcalde de Ontinyent (Valencia), Jorge Rodríguez, ha agregado que en el manifiesto se reclama al nuevo secretario general las cualidades que se exige a un buen alcalde como son "ser una persona capaz de cohesionar, generar equipos y sobre todo capaz de ilusionar a la gente alrededor de un proyecto". 
"Es esencial la denuncia de la corrupción, pero también está claro que eso es insuficiente para generar una alternativa potente que permita ilusionar a los ciudadanos y que les hagan volver a querer votar a los socialistas", ha argüido.
  Respecto a la propuesta del candidato Manuel Mata de establecer de una consulta entre todos los militantes para elegir al nuevo dirigente, el alcalde de Alcoi (Alicante), Toni Francés, ha comentado que los estatutos socialistas ya marcan "los mecanismos" y ha advertido de determinados gestos "pueden crear más confusión que aportar claridad al proceso". Así, ha señalado que en estos momentos el PSPV "ya está inmerso" en un proceso con "unas normas ya definidas que hay que respetar".
  El alcalde de Vila-real ha explicado que los firmantes del manifiesto son "el reflejo de un cambio" en unos Ayuntamientos que hace ocho meses "parecía imposible" y quieren que "ese reflejo" también se aplique en la política que tiene que hacer el PSPV a partir del 12 Congreso.
  En ese sentido, ha señalado que los firmantes "reivindicamos nuestros espacio dentro del programa del partido socialista" con "la defensa de unos valores que claramente nos diferencias de una política conservadora que ataca cada vez más a los ciudadanos de esta Comunitat". Así, en el texto se defiende una nueva descentralización con un 25 por ciento de la gestión de los recursos y se reclama una Generalitat "leal" que "pague lo que debe".
   Por su parte, el alcalde Ontinyent (Valencia), Jorge Rodríguez, ha indicado que también se apueta por una "lucha contra la corrupción", así como una apuesta por un modelo social "cohesionado" que evite que "aquellos que no hicieron nada para provocar la crisis se queden en el camino". 
"Los ayuntamientos socialistas podemos ser un buen escaparate para ver en estos momentos de crisis cómo puede haber un buen gestor y cuáles son los prioridades de cada uno, que en nuestro caso son las personas y la política social", ha destacado.  
   Del mismo modo, el alcalde de Alcoi (Alicante), Toni Francés, ha apuntado que han heredado unos Ayuntamientos "arruinados" por la crisis económica "pero también por la mala gestión del PP", por lo que hay que "aplicar políticas de austeridad reduciendo el gasto pero pensando siempre en los ciudadanos".
  Por ello, ha explicado que se oponen a la política de recortes de la Generalitat que "va en contra de los servicios públicos y de los ciudadanos". Asimismo, ha apuntado "la necesidad" de "la unión" de las fuerzas de izquierda y han planteado la necesidad de realizar un foro de municipalismo para debatir la influencia en la nueva dirección.

La auditora, a la que CAM ocultó datos según el FROB, no planteó ni una salvedad en 20 años

ALICANTE.- Caja Mediterráneo (CAM) gastó cantidades que oscilan entre los 900.000 y el millón de euros anuales en la contratación de las auditorías para autentificar sus cuentas, cuya veracidad cuestiona ahora el Banco de España, según revela hoy 'Abc'.

 Durante el juicio por el despido de María Dolores Amorós, celebrado el pasado día 24, la letrada de la CAM y uno de los administradores del FROB acusaron a la ex directora general de haber falseado las cuentas de la caja de ahorros, con el fin de ocultar al Banco de España y a los inversores la grave situación en la que se encontraba la entidad.
En su descargo, la letrada de Amorós alegó que dichas cuentas fueron auditadas por una prestigiosa firma sin recibir ni una sola salvedad. Del mismo modo, en las alegaciones que ha presentado al expediente disciplinario abierto por el Banco de España, el presidente de la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés Olmos, recuerda que en los últimos 20 años, exactamente desde 1991, la misma firma auditora no ha planteado ni una sola salvedad y ha dado por ciertas siempre las cuentas presentadas en su integridad.
Varios de los ex consejeros y directivos de Caja Mediterráneo expedientados por el Banco de España han avanzado que apelarán a este dato para rebatir la acusación de haber incurrido en irregularidades contables en la gestión de la entidad.
No obstante, durante el juicio por el despido de Amorós, el administrador del FROB José Antonio Iturriaga desveló que, tras la intervención por parte del Banco de España, la firma auditora presentó un informe adicional en el que sostiene que el equipo directivo le ocultó datos esenciales, como la prima por opción de compra que pagaba en la titulización de créditos vendidos a inversores institucionales. El FROB sostiene que el equipo directivo de Amorós utilizó este procedimiento para aparcar y ocultar en el balance una parte de sus activos «tóxicos», con el fin de evitar tener que dotar las provisiones establecidas por el Banco de España.
Según la última memoria elaborada por la CAM, la caja pagó en el ejercicio 2010 un total de 893.000 euros a la firma encargada de verificar sus cuentas: 385.000 euros por la elaboración de las auditorías y la cantidad restante, algo más de medio millón, por otros servicios de asesoramiento. En el ejercicio 2009, la factura fue ligeramente superior y ascendió a 1.094.000 euros.
Durante el juicio celebrado el día 24, el administrador del FROB, Iturriaga, atribuyó las irregularidades detectadas en las cuentas a la lucha por «cuotas de poder» en el seno del Sistema Integral de Protección (SIP) que CAM había negociado con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. La «fusión fría» se rompió en marzo del pasado año, después de que los responsables de Cajastur tuvieran conocimiento de las presuntas deficiencias que el Banco de España había detectado en el balance de Caja Mediterráneo.
Además del expediente disciplinario abierto por los servicios de inspección del Banco de España, la Audiencia Nacional tramita una querella contra Amorós y otros ex directivos de la caja por supuestas irregularidades en su gestión. 
Por su parte, la Plataforma CAM ha mantenido durante esta semana contactos con afectados por la quiebra de la caja, fundamentalmente inversores que compraron cuotas participativas y han perdido ahora sus ahorros, para presentar una segunda querella. Hasta el momento, el banco de España no ha facilitado los informes que le ha solicitado la comisión de investigación de las Cortes Valencianas.
Precisamente el abogado de esta plataforma, Diego de Ramón, quiere que ahora se investigue a los administradores de la auditora KPMG.

domingo, 4 de marzo de 2012

El PPCV asegura que Alarte está "tocado y hundido" tras su derrota en Alicante

VALENCIA.- La vicesecretaria de Comunicación del PPCV, Marta Torrado, ha asegurado este domingo que el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, está "tocado y hundido" y ha señalado que su derrota en Alicante "es el preámbulo de su salida de Blanquerías".

   Torrado se ha pronunciado así en un comunicado tras conocer el "estrepitoso batacazo" que ha recibido Alarte en la asamblea alicantina para elegir los delegados que irán al Congreso Federal del PSPV. Al respecto, ha recalcado que el dirigente socialista "se ha ido de vacío", ya que la lista encabezada por Ángel Luna en Alicante "no ha conseguido obtener ni un delegado".
   Para la dirigente 'popular', esta derrota evidencia "la soledad de un líder que tiene los días contados", ya que a medida que se acerca la fecha del cónclave del PSPV "son más los que alzan su voz en contra de Alarte, dejándole en una difícil situación de la que cada vez tiene menos salidas".
   Para Torrado, Alarte "se encuentra entre las cuerdas como consecuencia de una gestión oscura y sombría" que ha llevado al PSPV "a la situación más crítica de toda su historia, obteniendo los peores resultados electorales y haciendo que los militantes huyan despavoridos de un proyecto ante el que no se sienten identificados".
   Por ello, ha aconsejado a Alarte que deje "de buscar la paja en el ojo ajeno" y reconozca "que ha fracasado en su objetivo de dirigir el PSPV". Asimismo, ha subrayado que hasta el momento, el dirigente socialista "poco ha hecho por los valencianos y ahora los militantes le pasan factura por seguir anclado en discurso corrompido y vacío de contenido".

Compromís pregunta en las Corts sobre el estado de los expedientes a las emisoras piratas que emiten en la Comunitat

VALENCIA.- El portavoz del grupo parlamentario Compromís en las Corts, Enric Morera, preguntará en la Cámara valenciana sobre el estado de los expedientes que debería ejecutar el Consell sobre las televisiones y radios piratas que emiten en la Comunitat y cuya programación consiste, según ha advertido, en "consultas de tarot, pornografía o programas hechos desde fuera del territorio valenciano y que se emiten en cadena desde Madrid", incumpliendo la normativa.

   En un comunicado, Morera ha indicado que ya ha registrado ha registrado diversas preguntas para conocer el estado de estos expedientes. Desde Compromís consideran que muchas de las televisiones y radios "que incumplen a diario la ley no son ni multadas ni cerradas por el Consell" ya que se trata de "la 'Brunete' mediática del PP" en la Comunitat, "donde entrevistan al presidente (Alberto) Fabra, a los consellers o a la delegada del gobierno".
   Según Morera, la exconsellera y actual delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, dijo en febrero de 2011 que iniciaba los expedientes sancionadores de estas emisoras piratas, aunque hasta su marcha del Consell "no consta que multara o cerrara ninguna radio o televisión sin licencia, lo cual es muy preocupante porque ha permitido y tolerado el incumplimiento reiterado de la ley".
   Compromís ha recordado que la mayoría de televisiones piratas que emiten "con la permisividad del Consell" incumplen la ley de TDT y de radios locales, al no tener programación propia ni cumplir con las cuotas mínimas de espacios en valenciano, tal y como marca la ley.

La mitad de los expertos avalaría una nueva subida del IVA

MADRID.- La mitad de lo expertos y empresarios avalaría una subida de IVA para contener el déficit y el 69,7% aprobaría la introducción del copago en la sanidad pública, mientras que el 69% vería bien la devolución al Gobierno de algunas competencias transferidas a las comunidades y el 60,8% estaría de acuerdo con la introducción del copago en la Justicia (60,8%), según el consenso económico de PricewaterhouseCoopers (PwC). 

   Pese a estar a favor de estas iniciativas, las dos medidas más valoradas para contener el déficit son la reducción de los gastos de gestión de las administraciones públicas (97,9%) y la congelación de los salarios públicos, junto con la introducción de restricciones sobre el empleo público (83%).
   Además, el 92% de los panelistas considera que la Unión Europea debería suavizar los objetivos de déficit para que España no entre en una recesión "más profunda" de la prevista por los organismos internacionales, el Banco de España y el propio Gobierno.
   Los encuestados creen que el mayor problema de la deuda de la economía española reside en el sector privado (70,8%), por delante del sector público (33%). Además, el consenso cree que el mayor esfuerzo para contener la deuda lo está realizando el Estado central (75,4%) y el 61,1% culpa de la desviación del déficit a las CC.AA. En cambio, el 50,4% cree que se debe a una coyuntura económica peor a la prevista.
   En cualquier caso, la gran mayoría, el 89% del total, coincide en que las medidas de austeridad emprendidas por el Gobierno están condenadas al fracaso si no se acompañan de acciones "efectivas" de apoyo al crecimiento económico.
   En cuanto al suministro de liquidez del Banco Central Europeo (BCE) a las entidades financieras, el 67% asegura que "no está sirviendo en absoluto" para aumentar el flujo de crédito a empresas y familias, mientras que un 82,7% afirma que solo está sirviendo para que los bancos atiendan a sus propios vencimientos de deuda.
   Sobre la reforma del sector financiero, el 60,2% dice que cumplirá sus objetivos y solo un 3% cree que no lo hará en absoluto. Eso sí, más del 60% tiene la impresión de que el saneamiento de activos por valor de 50.000 millones se quedará corto.
   Para el 56,7% la reforma favorecerá la concentración en el sector financiero, aunque queda un amplio margen de recorrido hasta que el proceso se culmine de forma definitiva. El 58,7% cree que la reforma disipará las dudas sobre la valoración de los activos inmobiliarios, lo que se traducirá en una reducción "bastante significativa" del precio de la vivienda.
   Respecto a la situación económica, se ha elevado en casi 30 puntos el porcentaje de expertos y empresarios (hasta el 49,5%) que califican como "muy malo" el momento actual de la economía, aunque un 48,1% espera que la economía mejore. Para el conjunto de 2012, el 64,8% de los panelistas asegura que la economía se contraerá más allá del 0,5%. En 2013, el 35% estima que el PIB se situará entre el -0,5% y el 0,5% y el 38,8% cree que lo hará entre el 1% y el 1,5%.
   En cualquier caso, el 71% no ve una recuperación del consumo privado en los próximos seis meses ni de la demanda de vivienda (el 58,3%). Además, el 62% considera mala la situación económico-financiera de las empresas y no creen que vaya a mejorar en los próximos meses.
   Además, el 46,2% cree "desfavorables" las perspectivas de los mercados exteriores y el 55% asegura que lo seguirán siendo en los próximos seis meses. En concreto, los panelistas esperan una mala evolución en la economía de la UE, aunque el 54% piensa que la situación de EE.UU. mejorará en el futuro.

Sindicatos de cajas de ahorro piden a los diputados que se apliquen también ellos las nuevas indemnizaciones

MADRID.- El presidente de la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros (CSICA), Luis Alameda, ha registrado esta semana en el Congreso de los Diputados una carta dirigida a todos los grupos parlamentarios españoles en la que reclama a diputados y senadores que se apliquen también a sí mismos las nuevas indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades que recoge la reforma laboral aprobada por el Gobierno, y que será convalidada el jueves por el Pleno del Congreso. 

   La misiva reclama a los parlamentarios que apliquen la reforma "con coherencia y credibilidad", lo que a juicio de CSICA pasa por aplicar los nuevos criterios de indemnización a todos los parlamentarios que "renuncien al cargo o no sean reelegidos".
   "El cambio legislativo aprobado, susceptible de ser corregido, resulta de tan hondo calado que nos parecería razonable que su convalidación definitiva, en los términos que acaben siendo resultantes, esté sustentada en la coherencia y la credibilidad por parte de aquellos a quienes la ciudadanía ha otorgado su confianza representativa", justifica Alameda.
   Así, insta a diputados y senadores a aceptar esta petición porque "contribuiría a eliminar la incoherencia y el agravio comparativo que resultaría acordar medidas aplicables a los trabajadores para, supuestamente, mejorar la flexibilidad y la eficiencia de las empresas y, en cambio, eso no fuese aplicado a las instituciones" donde, según recuerda, los parlamentarios "pueden acceder  a la pensión máxima acreditando sólo el ejercicio de dos legislaturas completas".
   La Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros agrupa a 20.000 empleados del sector que, según denuncia, se verán "especialmente perjudicados por la reforma propuesta por el Gobierno".

La ministra de Fomento, tajante: "Ni un euro para cosas superfluas" ni para "obras faraónicas que no sirven para nada"

PONTEVEDRA.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que el Gobierno va a presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2012 "austeros", así como "serios y rigurosos", en los que "no se gaste ni un euro en cosas que sean superfluas", después de que el líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy, haya anunciado que se fijarán con un objetivo de déficit del 5,8% del PIB.

   "Vamos a hacer un presupuesto austero", ha dejado claro Ana Pastor, en declaraciones a los medios previas a su participación en la fiesta de la Arribada de Bayona  -que celebra el 519º aniversario de la llegada de la carabela Pinta a esta villa gallega--, para remarcar que: "tiene que ver con lo que nos está pasando, con los datos de paro que desgraciadamente tenemos".
   Así, preguntada por el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que el déficit público de este año cerrará en el 5,8% del PIB, Pastor ha destacado que el Ejecutivo central "está trabajando" en este sentido.
   En concreto, Pastor ha destacado que en "la línea de reformas" del Gobierno con el fin de "crear empleo" se ha aprobado el proyecto de Ley de estabilidad presupuestaria, que "significa que no se puede gastar más de lo que se tiene como ha pasado hasta ahora".
   Por ello, ha identificado "el rigor, la seriedad y las reformas" con "los objetivos del Gobierno de España", para lo cual ha puesto a modo de ejemplo, la Ley de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto fijado en la Constitución. "Y desde luego, no destinar en el caso mío, recursos a obras faraónicas que no sirven para nada", ha defendido la ministra de Fomento.

UPyD exhorta al Gobierno de Rajoy a tomar medidas contra el "despilfarro", como las televisiones autonómicas

MADRID.-   Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que el Gobierno central adopte de una vez medidas para evitar el "despilfarro" y las duplicidades en el conjunto de las administraciones públicas a tenor de la actual coyuntura económica y, entre otras propuestas, el partido de Rosa Díez aboga por eliminar diputaciones provinciales y por fusionar municipios.

   Éste es uno de los asuntos que UPyD ha venido reivindicando en los últimos años y el próximo miércoles lo volverá a reclamar en el Congreso con la interpelación que dirigirá al Gobierno y que dará lugar a la votación de una moción en el Pleno del próximo día 13.
   En su iniciativa, la formación magenta considera que las políticas de recortes que está adoptando el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y que recaen principalmente sobre el Estado central, no son "la solución ideal" al problema.
   "El Gobierno se está contentando con recortar de donde resulta más fácil, que muchas veces es en servicios públicos esenciales, ahondando en las desigualdades entre los españoles, cuyos derechos y prestaciones son cada vez más diferentes en función de la región en la que vivan", subraya.
   Así las cosas, UPyD defiende la necesidad de elaborar un plan nacional para "racionalizar" el entramado institucional autonómico y eliminar los miles de organismos --entre los que cita las televisiones autonómicas-- entidades, fundaciones, patronatos y observatorios "que pueblan el paisaje institucional autonómico y su tupida red clientelar".
   Y es que, en opinión de la portavoz nacional de UPyD, la supresión o fusión de determinados organismos reguladores de ámbito nacional, medida aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, tan sólo suponen cuantitativamente una reducción significativa del gasto.
   Por ello, frente a un modelo de Estado "insostenible e ingobernable" y para evitar más "despilfarro" y "corrupción", UPyD propone fusionar municipios, eliminar diputaciones provinciales y adoptar medidas legales que permitan un "verdadero" control presupuestario por parte del Estado respecto de las comunidades autónomas, que son actualmente las responsables de dos terceras partes del déficit total del Estado.
   Según cálculos de la formación magenta, si el Gobierno del PP opta por llevar a efecto estas medidas, se podría llegar a ahorrar hasta 40.000 millones de euros. "Aunque el ahorro fuera menor, es por ahí por donde hay que empezar y no subiendo impuestos y tocando lo imprescindible", ha resumido el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo.

Nuevos protectorados / Ignacio Ramonet


El 21 de febrero será recordado en Grecia como la jornada de la Gran Capitulación. Ese día, a cambio de la promesa de un segundo plan de rescate financiero,  el gobierno heleno aceptó las humillantes condiciones exigidas por el “clan europeo de la triple A” liderado por Alemania: draconianos recortes del gasto público, rebaja del salario mínimo, reducción de las pensiones, despido de 150.000 funcionarios, subida de impuestos y privatizaciones masivas.

De nada ha servido que los griegos lleven ya cuatro años de terapia de choque y de sacrificios sociales muy duros, ni que hayan tenido que someterse, el pasado 10 de noviembre, a un “golpe de Estado financiero” mediante el cual Berlín impuso, sin ninguna consulta democrática, al banquero Lukas Papademos (exvicepresidente del Banco Central Europeo) como Primer ministro de un gobierno tripartito compuesto de social demócratas, conservadores y extrema derecha.

Esta vez la afrenta ha sido mayor. Lo que se le ha exigido a Atenas es claramente una enorme cesión de soberanía, “probablemente la mayor realizada por un país en tiempos de paz” (1). De hecho, Grecia ha sido colocada bajo tutela europea, y dispone ahora, para todo lo que concierne a su presupuesto y a su economía, de un estatuto de soberanía limitada.

Semejante agresión se veía venir. Como una advertencia además a los otros países en dificultad de la zona euro, entre ellos España. En julio de 2011, ya Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo (2), había avisado: “La soberanía de Grecia será enormemente restringida” (3). Y el 27 de enero pasado, el diario británico Financial Times reveló un documento alemán que exigía el envío a Atenas de un Comisario con derecho de veto para dirigir el presupuesto público de esa nación y bloquear cualquier gasto no autorizado por sus acreedores. La víspera, en una entrevista al semanario Der Spiegel, el jefe del grupo parlamentario de la Unión Cristiano-Demócrata (CDU), Volker Kauder, fue aún más lejos: reclamó el envío a Grecia de “funcionarios alemanes que ayuden a construir una administración financiera eficiente”. Cosa que también pidió el propio ministro alemán de Economía, el muy liberal Philipp Rösler.

A tanto no se ha llegado, pero el acuerdo del 21 de febrero prevé “una presencia permanente en Grecia de una misión de la Comisión Europea” para controlar y vigilar sus cuentas, así como “una presencia reforzada de la troika [Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional] para supervisar permanentemente el pago de la deuda”. Los fondos transferidos en el marco del Plan de ajuste serán ingresados en una cuenta bloqueada que sólo la troika gestionará, no el gobierno griego. Y que únicamente servirá para reembolsar la deuda soberana, no para pagar los salarios de los funcionarios, por ejemplo, o las pensiones de los jubilados. Los nuevos bonos del Estado heleno no serán de derecho griego sino de derecho británico... En caso de conflicto entre Atenas y los acreedores privados, el litigio será juzgado en Luxemburgo, no en Grecia... Aunque no es oficial, la República Helénica ha dejado de ser un Estado soberano.

De modo encubierto, la Unión Europea (UE) ha entrado en una nueva etapa en la que los Estados fuertes (“el clan de la triple A” más Francia) exigen de los demás, y en particular de los Estados de la periferia, un cambio de régimen. No se trata directamente de un estatuto colonial. Pero se asemeja bastante a un tipo de administración que las grandes potencias establecieron durante la era colonial: el de protectorado.

Para los colonizadores, el protectorado era una manera de extender su influencia política y económica, y de colocar bajo tutela territorios extranjeros a los que se deseaba extraer las riquezas, sin asumir los inconvenientes y los gastos que acarrea habitualmente una anexión pura y simple. La diferencia con la colonia, es que el “Estado protegido” conserva formalmente sus instituciones, pero cede a la “potencia protectora” su política exterior y, sobre todo, su economía y su comercio exterior.

No puede sorprendernos pues que, desde el comienzo en 2008 de la crisis financiera, hayamos asistido, en el seno de la UE, y más particularmente en la Eurozona, a una pérdida manifiesta de soberanía de los Estados más deprimidos (Irlanda, Grecia, Portugal, Italia, España).

Como fase preliminar del nuevo estatuto de “protectorado europeo”, al que acaba tristemente de acceder Grecia.

Angela Merkel acuñó en septiembre pasado el concepto de “marktkonforme demokratie (democracia en conformidad con el mercado). Lo definió de la manera siguiente: “La elaboración del presupuesto del Estado es una prerrogativa fundamental del Parlamento, pero hay que hallar vías para que ese requisito democrático esté en conformidad con el mercado” (4). El mercado es ahora la pauta. Lo cual significa que ya no son los electores los que determinan las decisiones legislativas sino las Bolsas, los especuladores y los bancos (5).

Esta nueva filosofía antidemocrática triunfa hoy en Europa. Se está traduciendo ya en normas, leyes y tratados que limitan los márgenes de maniobra de los gobiernos y funcionan como un “piloto automático” para domesticar a las sociedades. A ese respecto, Grecia funciona como un modelo de lo que amenaza a los demás países de la periferia. Y que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) va a establecer, a partir del proximo mes de julio, como norma legal en la Unión Europea.

Concebido por Angela Merkel y aprobado ya, en su principio, por el Presidente del Gobierno español Mariano Rajoy, el MEDE es un nuevo organismo intergubernamental, una suerte de FMI europeo. Está siendo ratificado por los Parlamentos de los países  europeos sin ningún debate público, a pesar de que sus características podrían tener consecuencias nefastas para los ciudadanos. En efecto, el MEDE prevé la concesión de ayudas financieras a países en dificultad, a condición de que cedan soberanía, acepten colocarse bajo la tutela de una troika europea y apliquen despiadados planes de ajuste.

El MEDE está articulado con el “Pacto fiscal” adoptado el pasado 30 de enero por 25 de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Este temible Pacto (cuyo nombre verdadero es “Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria”) es también una exigencia de Alemania, y obligará a los Estados firmantes a incluir en sus Constituciones la llamada “regla de oro”, que impone mantener el déficit estructural anual por debajo del 0,5 % del PIB. Los países que no incluyan en sus Constituciones ese techo de gasto podrán ser denunciados ante el Tribunal de Justicia de la UE por cualquier otro de los Estados miembros.

Carlos Marx decía que los gobiernos, en la era industrial, no eran más que los consejos de administración de la burguesía. Hoy podríamos decir que, en la Europa “austeritaria” de Angela Merkel, los Gobiernos se están convirtiendo en los consejos de administración de los mercados. ¿Hasta cuándo?

(1) El País, Madrid, 21 de febrero de 2012.#
(2) El Eurogrupo coordina y supervisa las políticas y estrategias económicas comunes de los Estados de la zona euro (eurozona). Una vez al mes congrega a los ministros de Economía y Finanzas de esos Estados.
(3) Entrevista al semanario alemán Focus, 4 de julio de 2011.
(4) Declaración a la radio pública alemana Deutschlandfunk, 1 de septiembre de 2011.
(5) Léase Rafael Poch, “Un documento alemán pide un comisario para Grecia”, La Vanguardia, Barcelona, 28 de enero de 2012.

Exconsejeros de la CAM acusan a la cúpula de la caja de falsear actas

ALICANTE.- El hundimiento de Caja Mediterráneo (CAM) ha dejado a los pies de los caballos a los representantes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control. A todos, aunque a unos más que otros, los envuelve un manto de sospechas por el cúmulo de irregularidades, descontrol y mala gestión que llevó a la caja a ser intervenida por el Banco de España en julio de 2011. Y el aspecto de mayor impacto social tiene que ver con los elevados sueldos y millonarias indemnizaciones con las que un grupo de directivos salió de la caja antes de su intervenida, a juicio de 'El País'.

 El primer muro que tendrán que superar los exdirigentes de la CAM es el expediente disciplinario del Banco de España. El grueso de los afectados, 49 excargos que formaron parte de los órganos de gobierno entre 2008 y 2011, han optado por defenderse de manera individual a pesar de que el expediente del supervisor es genérico y no concreta las acusaciones individuales. En líneas generales, los exvocales de estos órganos podrán en el acento en el escaso poder decisorio que tenían frente a la cúpula, principalmente ante los directores generales, Roberto López Abad y su sucesora, María Dolores Amorós. Y, además, alegarán que el consejo, presidido por Modesto Crespo, falseó al menos dos actas de las reuniones. Una relativa al sueldo de Crespo y otra a la obligatoriedad de informar sobre una circular del supervisor. Entre las actas supuestamente falseadas está la de la reunión del 21 de diciembre de 2010 (once días después de que Amorós fuera nombrada directora general).
El 14 de diciembre previo el Banco de España remitió una circular a Amorós de obligatoria lectura en el consejo. Ni Crespo ni Amorós dieron cuenta de la carta en esa reunión, según distintos exconsejeros. Pero, paradójicamente, la misiva apareció posteriormente incluida en el acta de ese consejo. En la comisión de control se informó escuetamente de que había concluido la inspección del supervisor sin más detalles, a pesar de que en el acta posterior de esa reunión la referencia es mucho más amplia, agrega un vocal del mismo. Otra acta que algunos consejeros esgrimirán que se falseó es una reunión del consejo en 2009, al poco de llegar Crespo a la presidencia. Allí, nadie informó de que Crespo iba a tener un sueldo (300.000 euros) a través de una participada de la CAM . E igualmente, en el acta posterior se incluyó que sí se había dado cuenta de ese extremo nada baladí (antes ningún presidente había cobrado). Además, en los últimos meses se enviaron numerosas circulares internas “en las que Amorós encubre la situación de la caja”, dice un afectado por el expediente. “Ha sido un engaño detrás de otro”, agrega esta fuente, que al igual que otras asegura que el resultado del juicio por el despido de Amorós afectará al expediente. Si la juez que instruye el caso da la razón a los administradores del Banco de España que despidieron fulminantemente a Amorós libera indirectamente de cierta responsabilidad a los órganos de gobierno de la caja. Si le da la razón a Amorós, sobre ellos recaería más responsabilidad.

Mala imagen

Amorós acentuó la mala imagen que ha proyectado la entidad al reclamar hace una semana en el juicio por su despido laboral 10 millones de euros más de indemnización. El Banco de España, en su carta de despido, la acusa falsear las cuentas de la caja mediante artificios financieros y adjudicarse una pensión vitalicia de 369.497 euros a espaldas de los órganos de control. En líneas generales, los afectados comparten algunas pinceladas en las estrategias de defensa. Esgrimen que las cuentas de la caja estaban auditadas por KPMG y eran revisadas por el Banco de España. Y algunos recuerdan que los órganos de gobierno están compuestos por vocales a menudo ajenos al sector financiero, cuya labor es controlar los temas generales de la caja, no revisar la veracidad de cada paso que se da, entre otras cuestiones porque carecen de conocimientos para ello. “Das por supuesto que determinadas cosas se hacen bien”, resume un exconsejero. Varios vocales también coinciden en asegurar que entre sus alegaciones destacarán que votaron en contra de determinadas decisiones o que preguntaron por algunos asuntos al dudar sobre ellos. Uno de esos asuntos a los que se opusieron estos consejeros fue la renovación de préstamo de la CAM a Terra Mítica por indicación expresa del Gobierno Valenciano.
A partir de ahí, hay muchos matices en la defensa. Hay vocales de distintos años, decisiones de los primeros ejercicios o de los momentos previos a la intervención, medidas acordadas en distintos órganos de gobierno, o afectados que tenían responsabilidades además en otras comisiones de la entidad. Los 49 exdirectivos empezaron esta semana a presentar sus alegaciones, aunque la mayoría lo hará esta.

sábado, 3 de marzo de 2012

Puig apuesta por un equipo económico "solvente" para sacar a la Comunitat de la "bancarrota

VINAROZ.- El candidato a la Secretaria General del PSPV, Ximo Puig, ha apostado por la "necesidad" de que se pueda configurar un equipo económico "solvente, de primer nivel capaz de sacar a la Comunitat de la bancarrota en la que la ha metido el PP". 

   Así se ha pronunciado Puig, durante su intervención en la sede del partido en Vinaròs donde, al igual que está haciendo por toda la Comunitat, está presentado las propuestas que pondrá en marcha como posible secretario general.
   Puig ha afirmado que la sociedad verá como "alternativa" al PSPV, si es capaz de poner sobre la mesa propuestas "concretas y sólidas" que demuestren "que se puede sacar la Comunitat adelante". "Además de que se pueda corregir los gravísimos errores que ha cometido el PP durante estos 17 años de gobierno al frente de la Generalitat", ha agregado.
   El candidato a la secretaria general del PSPV ha insistido en que la sociedad "está pidiendo que se haga algo, que plante cara al PP, y que se haga con propuestas rigurosas y creíbles" porque el PP, "en apenas tres meses, ya ha demostrado con su reforma laboral, y con sus medidas fiscales que no van a sacar a España de la crisis".
   Puig considera "especialmente grave" la situación de la Comunitat Valenciana, después de que el jueves el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "dijera estar preocupado por los proveedores a los que debe dinero desde hace años". "Incluso llegaba a decir que para él la Fórmula 1 no es lo más importante y, sin embargo, al instante, ni siquiera sabía si ya le habían pagado a Ecclestone los millones correspondientes al canon del campeonato mundial previsto para este verano", ha explicado.
   El alcalde de Morella ha recordado que Alberto Fabra, como diputado autonómico, ha aprobado los presupuestos de la Generalitat en las  Corts, y, "por tanto es plenamente conocedor de cuáles han sido las prioridades del PP durante todos estos años", ha indicado.
   Del mismo modo, ha apuntado que como diputado, ha votado en contra de todas las enmiendas que planteaban los socialistas, cuando "se decía que era mejor destinar los recursos públicos a los parques tecnológicos y a impulsar una economía sostenible, en lugar de destinarlo todo a parques temáticos ruinosos y a sobrecostes".
   Por estos motivos, ha asegurado que "quien ha sido corresponsable de esas políticas, y quien las ha amparado durante tantos años, no tiene ninguna credibilidad ahora para hacer creer que puede cambiar las cosas".
   Puig ha señalado que se debe trabajar "duro para salir unidos y fuertes" del congreso nacional, para que los ciudadanos "empiecen a ver realmente como alternativa y confíen en nosotros para capitanear el futuro de la Comunitat", ha finalizado.