El
señor De Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo ha
afirmado en unas recientes declaraciones que Bankia no debería ser un
banco público, y que debe ser privatizado.
Aunque reconoce que habrá que
esperar porque ahora sería tal ganga que no se podría recuperar
prácticamente nada del dinero público transferido a Bankia. Y explica,
sin sonrojarse, que durante su etapa como ministro “inyectó” 43.000
millones de dinero público para “salvar” a la banca privada.
El
Banco Central Europeo es un poderoso aparato de poder supraestatal:
imprime el euro, fija los tipos de interés, supervisa y arbitra el
funcionamiento del sistema financiero. Ha sido y es una de las
instituciones clave en la imposición de todo tipo de medidas de
austeridad y recortes, que han esquilmado y saqueado a los países del
sur de Europa -España, Grecia, Italia, Portugal, denominados
despectivamente PIGS- para enriquecer a las plutocracias financieras y
monopolistas más poderosas de la Unión Europea, especialmente la
alemana.
Bankia
tenía que haber sido completamente privatizada a finales de 2019, una
de las exigencias impuestas por Bruselas en el rescate financiero de
2012. Cuando el exministro Luis de Guindos aún no había
sido nombrado oficialmente vicepresidente del Banco Central Europeo ya
lanzó su primer mensaje: “privatizar Bankia cuanto antes”. De
Guindos estaba ofreciendo el principal diamante financiero de la corona
-tallado con 25.000 millones de euros de nuestra sanidad, educación,
servicios sociales…- a la gran banca y al capital extranjero.
El
gobierno anterior ya fue vendiendo acciones de Bankia -el 7,5% en 2016 y
el 7% en 2017- y el capital extranjero ha ido sacando la mayor tajada
de la privatización parcial de Bankia. De hecho, mientras la
participación de los accionistas minoritarios se ha desplomado, del
21,89 % en 2013 al 8,75% actual, el capital extranjero ha multiplicado
por más de 6 su participación, de 3,85% a 24,2%.
Porque se les ofrece el
cuarto gran banco de España con unos activos superiores a 223.000
millones de euros, más de 2.500 oficinas y 8.200.000 clientes,
completamente saneado con 25.000 millones de dinero público y unos
beneficios anuales que en tres años superarán los 1.300 millones.
Privatizar
Bankia. Este es el objetivo con el que se diseñó el plan estratégico de
Bankia 2018-2020 y así elevar los beneficios para repartir más
dividendos y hacerla más atractiva a los compradores. El plan previsto
ha sido pasar de unos beneficios de 816 millones de euros netos en 2017 a
1.300 millones netos en 2020, un 62% más. Y en estos tres años, de 2018
a 2020, habría repartido 2.500 millones de euros entre los accionistas.
¿Quién lo dice?
Si
algo caracteriza al señor De Guindos es su larga trayectoria y fuerte
vinculación con Wall Street y los centros de poder del hegemonismo
norteamericano. Fue director para España y Portugal de
la mismísima filial de Lehman Brothers hasta su crisis en 2008. Es un
ejemplo prototípico del tipo de cuadros, formados y cooptados por la
superpotencia estadounidense, e instalados en puestos claves para
asegurar que el devenir económico de los países vasallos de EEUU no se
sale de los márgenes de los intereses del otro lado del Atlántico.
¿Cuándo lo dice?
El
señor De Guindos lo dice cuando se acaba de formar en España un
Gobierno de coalición inédito en Europa -una anomalía española, porque
dentro del gobierno existen representantes de fuerzas a la izquierda de
la socialdemocracia, gobierno producto del fuerte empuje de la mayoría
social progresista de nuestro país-, y hay miedo, entre los centros de
poder del hegemonismo estadounidense y alemán, de que traspase las
líneas rojas que le han impuesto, y que no llegue a privatizar Bankia.
Porque
la venta de Bankia no solo sería una operación ruinosa para España y
una nueva autopista de entrada para el capital extranjero y un gran
negocio para la banca; sería la renuncia a una gran Bankia pública, a un
potente brazo financiero imprescindible para la reindustrialización del
país, para inyectar crédito a las pymes y familias, y una segura fuente
pública de ingresos.
La privatización supondría la pérdida definitiva
de 17.666 millones de euros, de los 25 mil del rescate de Bankia y BMN,
dado el actual valor en bolsa de Bankia no permitiría al Estado -con el
61% de las acciones- recuperarlos.
Sería
una pérdida de soberanía económica. Porque sobre el futuro de la cuarta
entidad financiera del país no decide el Gobierno de España sino
Bruselas. Lo que no sucede así en todos los países de la Unión Europea.
Alemania se encargó de que las instituciones comunitarias no pudieran
entrar en su sistema financiero. Solo una ínfima parte de las más de 400
cajas de ahorros germanas está bajo supervisión comunitaria. Y si al
Deustche Bank, ahora en serios problemas, se le hubieran exigido las
condiciones impuestas a Bankia, hace tiempo que hubiera quebrado.
¿Para qué lo dice?
Para
apoyar las presiones de Bruselas y de la propia oligarquía española
-que buscan acelerar la subasta de Bankia- para que acabe beneficiándose
de ella un gran banco, nacional o extranjero. Porque la obligatoriedad
de privatizar Bankia, y en el plazo de tiempo más corto posible, busca
evitar que pueda imponerse la exigencia mayoritaria para impulsar una
banca pública.
Los
activos de Bankia suman más de 223.000 millones de euros. Es decir,
casi la recaudación total de la Hacienda pública durante todo un año. Si
Bankia se convierte en el embrión de una potente banca pública, esta
ingente cantidad de dinero podría colocarse al servicio del desarrollo
del país, de conceder créditos en condiciones favorables a empresas y
familias, para crear riqueza y empleo.
Que
el gobierno de Pedro Sánchez haya ampliado el plazo dado por Bruselas
para privatizar Bankia es una noticia. De entrada, defiende mejor los
intereses nacionales que la sumisa aceptación de unas condiciones que
claramente nos perjudican.
Y, sobre todo, permite más tiempo para
abordar un debate que permita convertir Bankia en el impulso a una banca
pública que coloque parte de los recursos públicos invertidos en el
rescate bancario al servicio del desarrollo industrial, científico e
investigador de España.
Porque
de las cinco grandes entidades bancarias una de ellas es Bankia,
todavía una banca pública en proceso de privatización. Según el volumen
de activos y depósitos Bankia ocupa el cuarto lugar por delante del
Sabadell, un 12% aproximadamente del sistema financiero español.
Frente
a la extraordinaria concentración bancaria existente, la creación de un
gran banco público estatal con las cajas y bancos rescatados con
nuestro dinero -como mínimo unos 223.000 millones de euros-, es un
elemento esencial para poner en marcha un Plan Nacional de
reindustrialización del país y modernización del tejido productivo que
genere nueva riqueza, y acabe con el paro y la precariedad.
Una
banca pública que se convierta en el motor financiero de la inversión
productiva reactivando el crédito destinado a la inversión y el consumo,
la inversión en sectores estratégicos, en investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i), creando millones de puestos de trabajo productivos y
de utilidad social.
Por
supuesto, y dada la corrupción, el latrocinio y la desvergüenza que han
imperado en las últimas décadas en las cajas de nuestro país, el nuevo
banco público debe nacer y funcionar bajo unas estrictas normas de
transparencia, auditoría, control y fiscalización de la gestión de esos
recursos públicos. Es decir, una banca pública, democrática y transparente.
Nosotros,
la inmensa mayoría de los españoles decimos: sin Bankia pública no hay
reindustrialización; lo decimos ahora cuando hay mejores condiciones,
con un inédito gobierno de coalición progresista -sin Bankia pública no
hay reindustrialización- y lo decimos con un objetivo vital -para
defender la reindustrialización de España- porque sin Bankia pública no
hay reindustrialización.
(*) Funcionario del Estado
