«Nuestros políticos llamados de izquierda, -un tanto frívolos digámoslo de pasada- rara vez calculan, cuando disparan sus fusiles de retórica futurista, el retroceso de las culatas, que suele ser aunque parezca extraño más violento que el tiro».
Esta reflexión en torno a Juan de Mairena la escribió Antonio Machado poco antes del inicio de la Guerra Civil. Insistía no obstante el gran poeta en que su imaginario maestro jamás estuvo por el apoliticismo, sino solo por el desdeño de la mala política que hacen «trepadores y cucañistas sin otro propósito que el de obtener ganancias y colocar parientes».
Está tan de moda que gente del Gobierno otorgue negocios y sueldos a familia y amigos, que pretendía yo dedicar este comentario a analizar las responsabilidades de nuestra izquierda fake, fraudulenta y charlatana, a la hora de animar con su proceder el actual crecimiento de la derecha extrema.
Pero hace apenas una semana comprobamos que nuestro presidente encabeza además un Gobierno a cuya incompetencia solo hace sombra la ineptitud y desconcierto de la oposición.
El caballero Sánchez llegó a España, procedente de un triunfal paseo por la India, la mañana siguiente a la noche del apocalipsis sucedido en Valencia. Cansado como estaba de atenciones y elogios, no tuvo prisa en viajar al lugar del desastre, a fin de enterarse de la magnitud del problema, limitándose a convocar un comité de crisis de cuya efectividad nada sabemos.
Desde un primer momento endosó la responsabilidad de la lucha contra la catástrofe al presidente de la Comunidad Valenciana, al que desde luego ofreció toda clase de indeterminadas ayudas, invocando la co-gobernanza de la situación, término que no aparece que yo sepa en ninguna de nuestras disposiciones legales.
El señor Mazón, encargado de combatir el horror, no le hizo asco a la encomienda. Y a partir de ese momento comenzó una carrera desenfrenada hacia su propia invalidación como líder político, dada su descomunal ineptitud en la gestión.
Mientras tanto el Congreso de los Diputados, en nombre del luto por las víctimas, guardaba un minuto de silencio y suspendía la sesión de insultos entre el poder y la oposición habitual de todos los miércoles. Pero no hizo así con el último ataque a la libertad de expresión, junto con el más reciente reparto de favores a militantes adictos y amiguetes, procurándose un consejo de la televisión pública que garantice la obediencia debida al mando.
Al hilo de estos hechos hubo tímidos comentarios de la oposición respecto a la eventualidad de que el Consejo de Ministros decretara el estado de alarma, pero poder y antipoder coincidían en no querer hacerlo para no perjudicar la imagen de presidente autonómico.
Como ya es sabido que una mayoría de diputados ni siquiera leen las leyes que votan, no es probable tampoco que se muestren interesados por normas vigentes hace ya más de cuarenta años. Una de ellas es la que regula los estados de alarma, excepción o sitio, promulgada con carácter de urgencia el 1 de junio de 1981, dos meses más tarde del golpe de Estado de los generales Milán del Bosch y Armada contra nuestra democracia.
En dicha ley se establece que el Gobierno podrá declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional «cuando se produzcan alteraciones graves de la normalidad, tales como catástrofes, calamidades o desgracias públicas, inundaciones, incendios o accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias, paralización de servicios esenciales o desabastecimiento de productos de primera necesidad».
En la mañana del día 30 de octubre, recién llegado Sánchez de los fastos hindúes, todas esas circunstancias se daban en medida impresionante en la Comunidad Valenciana, y con consecuencias menos graves en Castilla-La Mancha, mientras las lluvias torrenciales amenazaban también las islas Baleares.
En la tarde del mismo día ya se comenzó a hablar de cerca de cien muertos, de miles de personas bloqueadas en diversas autopistas y de incontables desaparecidos; se supo además que nadie había avisado a tiempo del temporal a los pueblos arrasados en donde habían perecido decenas de personas.
Incluso días más tarde ningún representante del Estado se personó allí, aunque el viaje no resultó dificultoso para los voluntarios a ayudar y los reporteros de las televisiones que transmitieron imágenes escalofriantes de lo que parecía el fin de nuestro mundo. Nada de eso conmovió la decisión del Gobierno de no encargarse directamente de luchar contra una catástrofe que no es local, sino nacional, y que afectó aunque en menor medida también a Cataluña, Andalucía y Extremadura.
Sánchez se ha mostrado dispuesto a ello solo en el caso de que se lo solicite el presidente de la comunidad autónoma. Pero eso no es necesario según la ley. La misma establece a las claras que decretado el estado de alarma la autoridad competente es el Gobierno, que puede delegar en el presidente de la comunidad si lo estima conveniente. Es responsabilidad directa del presidente, su gabinete y la mayoría parlamentaria que le apoya no haber adoptado las medidas extraordinarias necesarias ante la catástrofe de la semana pasada. Y de nadie más.
Por lo demás está fuera de dudas que el poder político, el nacional y el autonómico, es también culpable de la tardanza, la descoordinación y el caos a la hora de proteger a la población, primero, y de ayudarla más tarde a reparar los daños, que superan ya las doscientas víctimas mortales mientras los desaparecidos son por el momento casi incontables. Hay por lo demás anécdotas vergonzantes que ponen de relieve lo distante de las preocupaciones de los actuales políticos profesionales respecto a la realidad de las calles.
El mismo día que la mayoría sedicentemente progresista del Congreso renunció a enfocar sus trabajos en la catástrofe, prefiriendo dedicarse a controlar por la vía rápida RTVE, hubo declaraciones en el parlamento que hablan por sí solas de la catadura de quienes las pronunciaron. La diputada de Sumar Aina Vidal, favorita para sustituir a Iñigo Errejón como portavoz de su grupo, enfatizó: «Los diputados no estamos para ir a achicar agua». Eso dijo quien se define a sí misma como feminista, ecologista y sindicalista.
Lejos de mí, como de Juan de Mairena, agitar los sentimientos de apoliticismo. La política es una profesión no solo necesaria sino absolutamente admirable en la medida que quienes se dediquen a ella lo hagan con vocación de servicio, o sea de achicar el agua y conjurar los peligros que acechan a la ciudadanía.
La lucha por el poder es necesaria y lícita siempre que se respeten las instituciones, se refuerce el gobierno de las leyes, y se someta la acción de los gobiernos al escrutinio público, respetando y promoviendo la libertad de expresión en vez de persiguiéndola como hacen las actuales huestes monclovitas. Los partidos son absolutamente necesarios para el funcionamiento de las democracias.
Pero hace tiempo que existe una crisis de representación en la mayoría de ellas. Se están generando elites de poder para las que su principal, y casi único, objetivo es el mantenimiento del mismo so pretexto de que su misión no consiste en regular la convivencia y promover la igualdad sino transformar la sociedad con arreglo a su particular ideología e intereses. Por desgracia poder y sabiduría no van habitualmente juntos.
Para terminar empeorando las cosas el jefe del Gobierno después de su desastrosa visita de ayer a un pueblo destruido por la catástrofe, en la que fue víctima de insultos y agresiones, acusó a los revoltosos de ser minorías políticas violentas.
Ignoraba que ante lo que se enfrentó era un pueblo desesperado, y con razón, porque nadie le ayudó cuando lo necesitaba salvo el esfuerzo de los voluntarios y el testimonio de los reporteros que daban fe de que a ningún representante del Estado había acudido a ayudar a hombres y mujeres, desde ancianos a menores de edad, que defendían sus vidas y sus propiedades victimas ahora de la imprevisión y la especulación de muchos años. No se deben permitir y mucho menos aplaudir los desórdenes públicos.
Pero ayer todos vimos que el rey de España, Jefe del Estado, y la reina Letizia dieron una lección de ciudadanía y saber hacer a un jefe del Ejecutivo que huyó de la plebe porque la plebe no le aplaudía. Su declaración, como siempre impermeable a las preguntas de los periodistas, puso de relieve la falta de empatía que este gobernante tiene con su pueblo, su arrogancia y su desvergüenza que están aniquilando la historia y el esfuerzo de millones de antiguos electores socialistas.
Mirándole a la cara no puede uno menos de exclamar lo que ya dijera de la II República don José Ortega y Gasset: «No es esto, no es esto». Porque esto parece más bien un monigote. Si fuera así, citando de nuevo a Machado recordaré que un hombre público debe fidelidad a su propia máscara, pero debe procurar que no sea tan rígida e impermeable que le sofoque el rostro. Porque más tarde o más temprano tendrá que dar la cara.
(*) Periodista, ex director de El País (1976-1988) y ex presidente del Grupo Prisa (2012-2018).
