El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala ha emitido una diligencia de ordenación para pedir a los querellantes que, en el plazo de diez días, complementen el apoderamiento presentado para interponer esa querella, según ha informado el TSJCV en un comunicado.
Ello se debe a que el poder presentado es genérico y la doctrina jurisprudencial exige, conforme al artículo 277.7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ese apoderamiento sea «concreto, un poder especial, en el caso de un hecho punible determinado, con indicación de las personas contra las que se dirige la querella», entre otros requisitos.
Una vez completado ese trámite, el TSJCV tendrá que dar traslado de la querella al Ministerio Fiscal para informe, antes de resolver sobre la competencia del Alto Tribunal valenciano y sobre la admisión o inadmisión a trámite de la misma.
Iustitia Europa anunció la presentación de la querella «por prevaricación omisiva, omisión del deber de socorro y homicidio por imprudencia grave».
En el escrito acusa a Mazón de «abandono absoluto» en la gestión de la emergencia provocada por la DANA y detalla lo que considera una «cadena de fallos y omisiones flagrantes».
Además, sostiene que Mazón «ignoró la gravedad de la DANA y las posibilidades existentes de preparar la emergencia a través del Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana (Patricova), un protocolo diseñado específicamente para actuar en catástrofes de esta magnitud».
Asimismo, considera que, pese a que las alertas de AEMET advertían de lluvias torrenciales y riesgo extremo desde el 24 de octubre, el presidente autonómico «no solicitó la intervención de la UME hasta cuando ya existían las inundaciones, ha omitido la ley de protección civil y no ha solicitado el estado de alarma y, al parecer, subestimó los riesgos en sus comparecencias públicas, dejando a la población en una situación de extrema vulnerabilidad».
Ampliación de la querella
Iustitia Europa ha ampliado ahora su querella del 3 de noviembre ante el TSJCV por la gestión de la DANA ante el Tribunal Supremo. Incide en su ausencia en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) durante varias horas de la tarde del 29 de octubre, cuando se desató el desastre a causa de la DANA.
La querella indica que, tal y como han revelado distintas informaciones periodísticas, aquella tarde el presidente de la Comunidad Valenciana pasó varias horas en una comida con la periodista Maribel Vilaplana.
"Estuvo comiendo en el restaurante El Ventorro, de Valencia hasta cerca de las 18.00 horas", recoge el documento remitido al TSJCV.
Por tanto, el presidente se incorporó a la reunión con al menos "dos horas de retraso", cuando "la emergencia estaba desbordada y varias ciudades ya estaban inundadas".
La querella también señala que la alerta
de la Generalitat se emitió a las 20.12 horas de aquel día, "cuando
miles de personas veían inundadas sus poblaciones y propiedades"
También contra Teresa Ribera en el Supremo
El partido Iustitia Europa ha ampliado su querella por la gestión de la DANA ante el Tribunal Supremo. El 3 de noviembre presentó un escrito contra el presidente del Gobierno y el ministro del Interior.
Ocho días después, ha incluido entre los querellados a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que acusa de omisión del deber de socorro, prevaricación omisiva, homicidio imprudente y lesiones.
Por otro lado, la organización ha ampliado la querella presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra el presidente autonómico Carlos Mazón.
Los delitos que Iustitia Europa atribuye a la ministra Teresa Ribera son los mismos de los que acusó a Pedro Sánchez y a Fernando Grande-Marlaska. En el escrito original, el partido acusaba al Gobierno de dejar "desamparadas a miles de personas" al actuar con "pasividad".
"El Estado falló y desapareció en el momento de mayor necesidad, dejando a los ciudadanos en el caos y completamente desprotegidos ante una catástrofe que cobró cientos de vidas", apuntaba la querella.
En la ampliación presentada este lunes, el partido pone de relieve la "responsabilidad directa" de Teresa Ribera "como máxima autoridad respecto a de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)".
El escrito sostiene que el rol de la ministra "incluye la obligación de asegurar que se realicen todas las acciones preventivas necesarias" en casos de emergencia" y concluye que "su falta de intervención o la ausencia de directrices concretas en una situación de alto riesgo es una omisión de su deber de autoridad y supervisión".
Iustitia Europa explica que la Confederación Hidrográfica del Júcar había identificado en informes previos a la DANA "la necesidad de adecuar y mantener cauces y barrancos, incluyendo el barranco del Poyo, cuyo desbordamiento resultó devastador durante la DANA".
"Ribera debía garantizar la implementación de estas medidas preventivas", defiende la querella, y añade: "Su posición le exigía además la actualización y activación de protocolos de alerta y la supervisión de las condiciones de infraestructuras críticas en la cuenca".
Así, Iustitia Europa concluye que hubo "omisión de socorro" porque la CHJ "no emitió alertas en un plazo razonable tras detectar la crecida del barranco del Poyo".
"La inacción de Ribera agravó una situación de riesgo elevado, incumpliendo las obligaciones que su cargo le impone y exponiendo a la población a peligros evitables", finaliza el escrito.
