domingo, 30 de septiembre de 2018
miércoles, 18 de julio de 2018
Empeora el estado de salud de Zaplana en la cárcel
VALENCIA.- La jueza que investiga la «operación Erial», que llevó a prisión a Eduardo Zaplana, rechazó en junio excarcelar al ex presidente de la Generalitat valenciana por motivos de salud. El informe médico forense encargado por el juzgado señalaba entonces que Zaplana sufre, entre otras patologías, una leucemia aguda y un cuadro de «inmunosupresión profunda» que ocasiona «infecciones oportunistas», revela hoy La Razón.
Infecciones que, según el facultativo que examinó al ex ministro del
Gobierno de Aznar, «pueden causar complicaciones que agraven de forma
severa –hasta incluso con riesgo de muerte– su situación clínica».
La
propia dirección de la prisión de Picassent, donde se encuentra
internado, se ha mostrado preocupada por el estado de salud de Eduardo
Zaplana tras los últimos informes médicos que evidencian un serio
deterioro que ya le ha llevado en dos ocasiones a ser trasladado desde
el centro penitenciario al Hospital La Fe.
Un último parte facilitado
ayer por la familia refleja una infección en «paladar,
encías, lengua y faringe», además de hacer constar el cáncer en la
médula ósea y la leucemia que le aquejan.
«Dice el médico que le han
salido bultos en las manos que le están agarrotando y que puede perder
la movilidad» en esa zona, según sus allegados. Si no mejora volverá a
revisión en el hospital el día 31 de julio
La Generalitat valenciana defiende que Castilla-La Mancha no puede modificar el trasvase Tajo-Segura
ALICANTE.- Con ánimo de no entrar en confrontación y
anteponiendo el cumplimiento de la ley. Así se mostró el secretario
autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, tras la última
polvareda levantada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que defiende
que no se destine «ni una sola gota para el regadío en
el Levante» en relación al trasvase Tajo-Segura, según publica hoy el diario Información.
Para Rodríguez Mulero
no son las comunidades autónomas las que disponen de «las condiciones
para modificar una ley aprobada en las Cortes», en referencia a la norma
que regula los trasvases.
En este sentido, recordó, «son el Gobierno y
las Cortes quienes deciden qué hacer con el trasvase Tajo-Segura» y ninguno de ellos «ha manifestado nada que nos deba generar inquietud», al tiempo que
tachó las afirmaciones del día anterior hechas por el Gobierno de la
comunidad vecina de «anécdota y declaración sin fundamento».
El
secretario autonómico se pronunció así ante la prensa en el transcurso
de una reunión mantenida en Alicante con representantes del Sindicato
Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.
Con un nuevo trasvase pendiente para el
mes de agosto, el secretario autonómico de Agricultura llama a la
tranquilidad de los empresarios y cree que la llegada de agua hasta
la cuenca del Segura está garantizada a corto plazo.
«La disponibilidad
de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía está en el nivel 2, que
permitió hace unos días un trasvase de 38 hectómetros. Mientras sigamos
en el nivel 2 la propia normativa permite el trasvase».
A partir de
ahí, afirma Rodríguez Mulero, «si pasamos al nivel 3 hay otro sistema
para poder trasvasar. No hay motivo para pensar que en este nivel no se
puede trasvasar». Llegado el caso de alcanzar el nivel 4, entonces, «se
tiene que cumplir lo que dice la ley».
El secretario autonómico recuerda
el «déficit estructural de agua» que sufre el sur de
la provincia de Alicante y añade que «el Gobierno valenciano tiene claro
que se debe de cubrir» y para ello «tenemos una normativa que permite,
en determinadas circunstancias y situaciones hidrológicas, trasvasar».
En este sentido, y coincidiendo con las palabras del presidente Ximo Puig, Rodríguez Mulero cree que el trasvase es «irrenunciable mientras no haya alternativas».
Por
su parte, Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes
del Acueducto Tajo-Segura, lanzó también un mensaje de tranquilidad
acerca de la continuidad del trasvase.
«No hay razones para pensar que
no haya un trasvase en agosto. Estamos en nivel 2, con agua suficiente
para garantizar todos los usos de los embalses, tanto los propios de la
cuenca como los propios de abastecimiento».
El representante de los
regantes recuerda el papel que juega el trasvase a la hora de
«atemperar» el precio del agua y muestra su rechazo a depender del agua
desalada como alternativa a la del trasvase.
«Por un lado no se han
generado infraestructuras para que ese agua se pueda distribuir a lo
largo del regadío y por otro se verían incrementados los recibos en
hogares, comercios y regadíos».
Desde Asaja consideran «inaceptable» la
postura de Castilla La Mancha. La organización recuerda que esta
infraestructura es «imprescindible» para el mantenimiento de la
producción hortofrutícola de las tres provincias y que no puede
sustituirse por agua desalada, «ocho veces más cara».
El presidente de
Asaja, Eladio Aniorte, no comprende que «con una ley vigente
que prima los intereses de la cuenca cedente y que ha impedido que se
hayan podido realizar transferencias durante 11 meses, ahora tengan agua
y pretendan matarnos de sed».
Mientras,
el portavoz del PSPV en las Cortes, Manolo Mata, ha defendido la
continuidad del trasvase Tajo-Segura al considerar que «el agua de
España es de las españolas y de los españoles, no es de las comunidades
autónomas».
«Tiene que regir un principio: Que el agua está para quien
más la necesita, y nosotros la necesitamos más que nadie», afirmó ayer
Mata.
El alcalde de Elche, el
socialista Carlos González, ha rechazado los planes del gobierno de
Castilla-La Mancha y ha considerado que el trasvase Tajo-Segura es
«insustituible» para la Comunidad Valenciana y el campo ilicitano.
González se ha mostrado preocupado por la posición adoptada por
Castilla-La Mancha en torno al trasvase, al considerar que se trata de
«una posición de máximos que genera incertidumbre y que nos devuelve a
un escenario marcado por la conflictividad entre territorios».
Por
último, el secretario general de Podemos, Antonio Estañ, ha abogado por
abrir el debate sobre el agua en unos términos en los que se contemple
el escenario del cambio climático.
La Escuela Politécnica Superior de Orihuela celebra el viernes, 20 de julio, las Jornadas de Transferencia Tecnológica de la Alcachofa
ORIHUELA.- La Escuela Politécnica Superior de Orihuela celebra el próximo viernes, 20 de julio, la primera edición de las Jornadas de Transferencia Tecnológica de la Alcachofa. Los ponentes del sector agroalimentario tratarán la importancia del riego para esta hortaliza en tiempos de sequía y los tratamientos pre y post cosecha con el fin de aumentar la calidad y la vida útil de esta verdura, la cual se ve afectada por las graves consecuencias que el cambio climático tiene en el estado óptimo del agua.
La cita, coorganizada por la Asociación Alcachofa de España, cuenta
con la participación de Herminia Puerto (profesora en el área de
Ingeniería Agroforestal de la Universidad Miguel Hernández y directora
del grupo de investigación Agua y Energía para una Agricultura
Sostenible), que abrirá las jornadas haciendo una comparación entre el
riego convencional y por goteo.
En el primer caso se trata de un riego por inundación, que se hace
más espaciado en el tiempo y que da una alcachofa de más calidad, pero
con un crecimiento más lento. Por su parte, el regadío por goteo permite
una mayor utilización del agua, es más productivo y forma parte de la
solución ante la sequía.
A continuación, Joaquín Parra (investigador de la Estación
Experimental Agraria de Elche de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural) presentará el estudio
agronómico sobre la alcachofa de semilla, con la que están trabajando
desde hace cerca de 20 años.
Esta variedad evita los problemas de hongos
que en ocasiones aparecen en el tipo de cultivo por estacas de
alcachofa, traídas de otros puntos del país para la época estival o de
poca producción.
Durante la jornada también habrá tiempo para conocer los tratamientos
pre y post cosecha, que hacen aumentar la calidad y la vida útil de la
alcachofa, de la mano de Pedro J. Zapata (profesor en el área de
Tecnología de Alimentos de la UMH y miembro del grupo de investigación
Post-recolección de Frutas y Hortalizas).
Por su parte, Nuria García (miembro del área de Química Agrícola y
del grupo de investigación de Agroquímica y Tecnología Enológica de la
Universidad de Murcia) hablará sobre los avances y perspectivas en el
desarrollo de elaborados de alcachofa y Daniel Valero (catedrático del
área de Tecnología de Alimentos de la UMH) avanzará datos sobre el
Simposio Internacional de Alcachofa, Cardo y sus parientes salvajes, que
se celebrará en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, del 12 al
15 de marzo de 2019.
Las Jornadas de Transferencia Tecnológica de la Alcachofa están
organizadas por las Asociaciones Alcachofa de España y Alcachofa Vega
Baja del Segura, así como por la Universidad de Murcia, la Generalitat
Valenciana, la Universidad Miguel Hernández y la Escuela Politécnica
Superior de Orihuela.
El cambio climático y la sequía están alterando la calidad de las
aguas y la producción de la alcachofa.
Zapata señala, entre las
dificultades que supone esta problemática, un agua de menor calidad, más
inconvenientes en el desarrollo de esta hortaliza y menos riego.
"La
sequía hace que la producción sea más pequeña, con calibres inferiores, y
que la calidad de las alcachofas disminuya al ser más fibrosas",
sentencia.
Según el investigador, para paliar los efectos de la falta de agua se
estudian las rotaciones de riego, donde se busca aportar las mínimas
dosis de agua y obtener las mayores producciones y calidades. Ello se
consigue aumentando la frecuencia de regadío y bajando las medidas, o
viceversa, en el riego localizado.
El TSJCV tumba el decreto de la Generalitat Valenciana que marginaba el uso del castellano
VALENCIA.-
La
Justicia ha tumbado los aspectos esenciales del decreto del Gobierno
valenciano que marginaba el uso del castellano en la Administración.
Así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV)
ha declarado la nulidad parcial del Decreto 6/2017 de la Generalitat
Valenciana que regula el uso del castellano y del valenciano en la
Administración pública autonómica, según recoge hoy Abc.
La Generalitat ya ha anunciado que estudia la presentación de un recurso ante una resolución judicial que no es firme.
La sentencia declara contrarios a Derecho los preceptos que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en las notificaciones, la rotulación de edificios y la comunicación entre los empleados públicos y con los ciudadanos.
Asimismo, también considera nulos los artículos relativos al uso del valenciano en publicaciones y publicidad institucional, en los concursos públicos con proveedores, en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales.
De acuerdo con fuentes del TSJCV, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal valenciano estima parcialmente el recurso interpuesto por dos diputados del Grupo Popular y anula 11 artículos y una disposición final que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones en los trámites administrativos, la rotulación de edificios y dependencias públicas, la comunicación entre los empleados públicos y la de éstos con los ciudadanos, las publicaciones y publicidad institucional, los contratos con proveedores, así como en la la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales. Sobre algunos de estos artículos ya había emitido informe desfavorable el Consejo Jurídico Consultivo.
Los magistrados de la Sección Cuarta validan el resto de la norma cuya nulidad íntegra reclamaban los recurrentes, que mantenían que la discriminación positiva a favor del valenciano no garantizaba el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en la lengua oficial de su elección.
El Tribunal considera contrario a Derecho el artículo que impone al personal de la Administración de la Generalitat que atiende a la ciudadanía la obligación de iniciar en valenciano la comunicación con los particulares.
Siendo las dos lenguas oficiales medio normal de comunicación, “imponer de manera general y en toda circunstancia y sin justificación conocida”, el uso de una contraviene el Estatuto de Autonomía, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y la doctrina del Tribunal Constitucional, que considera inconstitucional que el uso preferente de una lengua sea impuesto por la norma en detrimento de la otra lengua oficial.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso del TSJ consideran que los documentos o expedientes emitidos por la Generalitat en valenciano sólo tienen validez dentro de la Comunidad Autónoma.
La sentencia declara contrarios a Derecho los preceptos que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en las notificaciones, la rotulación de edificios y la comunicación entre los empleados públicos y con los ciudadanos.
Asimismo, también considera nulos los artículos relativos al uso del valenciano en publicaciones y publicidad institucional, en los concursos públicos con proveedores, en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales.
De acuerdo con fuentes del TSJCV, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal valenciano estima parcialmente el recurso interpuesto por dos diputados del Grupo Popular y anula 11 artículos y una disposición final que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones en los trámites administrativos, la rotulación de edificios y dependencias públicas, la comunicación entre los empleados públicos y la de éstos con los ciudadanos, las publicaciones y publicidad institucional, los contratos con proveedores, así como en la la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales. Sobre algunos de estos artículos ya había emitido informe desfavorable el Consejo Jurídico Consultivo.
Los magistrados de la Sección Cuarta validan el resto de la norma cuya nulidad íntegra reclamaban los recurrentes, que mantenían que la discriminación positiva a favor del valenciano no garantizaba el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en la lengua oficial de su elección.
El Tribunal considera contrario a Derecho el artículo que impone al personal de la Administración de la Generalitat que atiende a la ciudadanía la obligación de iniciar en valenciano la comunicación con los particulares.
Siendo las dos lenguas oficiales medio normal de comunicación, “imponer de manera general y en toda circunstancia y sin justificación conocida”, el uso de una contraviene el Estatuto de Autonomía, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y la doctrina del Tribunal Constitucional, que considera inconstitucional que el uso preferente de una lengua sea impuesto por la norma en detrimento de la otra lengua oficial.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso del TSJ consideran que los documentos o expedientes emitidos por la Generalitat en valenciano sólo tienen validez dentro de la Comunidad Autónoma.
Esto
implica que para
que tengan eficacia en otras regiones han de ser traducidos al
castellano también cuando van dirigidos a aquellas autonomías que la
Generalitat denomina del “mismo ámbito lingüístico” que la valenciana,
es decir Cataluña y Baleares, porque el valenciano no es lengua
cooficial en las mismas.
Tras analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, la Sala concluye que el Decreto impugnado contraviene el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano que pretende desarrollar, motivo por el cual declara nulos aquellos artículos del decreto que pretenden validar el uso del valenciano en los trámites con otras comunidades a las que se alude como “pertenecientes al mismo ámbito lingüistico”.
“Con independencia de la naturaleza, concepto o consideración que se pueda mantener sobre el valenciano y/o catalán, aun en la tesis de que una y otra lengua cooficial en las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares y Valencia forman parte del mismo sistema lingüístico, que conforman una comunidad lingüística y ámbito lingüístico, que desde el punto de vista de la filología, valenciano y catalán sean la misma lengua, o incluso aunque se admitiera sin matices que científicamente son lo mismo valenciano y catalán y no lenguas similares– esta Sala no se define en ese punto- se juzga que el Decreto impugnado contraviene el sistema de fuentes determinado en la Constitución, aparte de no respetar el principio de jerarquía dentro del subsistema normativo autonómico valenciano”.
Tras analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, la Sala concluye que el Decreto impugnado contraviene el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano que pretende desarrollar, motivo por el cual declara nulos aquellos artículos del decreto que pretenden validar el uso del valenciano en los trámites con otras comunidades a las que se alude como “pertenecientes al mismo ámbito lingüistico”.
“Con independencia de la naturaleza, concepto o consideración que se pueda mantener sobre el valenciano y/o catalán, aun en la tesis de que una y otra lengua cooficial en las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares y Valencia forman parte del mismo sistema lingüístico, que conforman una comunidad lingüística y ámbito lingüístico, que desde el punto de vista de la filología, valenciano y catalán sean la misma lengua, o incluso aunque se admitiera sin matices que científicamente son lo mismo valenciano y catalán y no lenguas similares– esta Sala no se define en ese punto- se juzga que el Decreto impugnado contraviene el sistema de fuentes determinado en la Constitución, aparte de no respetar el principio de jerarquía dentro del subsistema normativo autonómico valenciano”.
Puntos de la norma que avala la Justicia
El TSJCV avala la norma del Consell en lo que afecta al resto de aspectos relacionados con las notificaciones por
cuanto, en contra de lo sostenido por el PP, sí garantiza el derecho de
los ciudadanos a elegir la lengua cooficial de las comunicaciones con
la Administración, tanto en los procedimientos iniciados de oficio como
en los iniciados a solicitud del interesado.
De modo que, según subraya el Tribunal, tal solicitud de la persona interesada para que se redacten los escritos en castellano se entiende implícita en el caso de que el procedimiento se haya incoado a petición del particular con una solicitud cumplimentada en castellano;y en los procedimientos incoados de oficio, a partir de la presentación de algún escrito en esa misma lengua cooficial.
Lo mismo ocurre con los certificados. No es ilegal expedirlos por defecto en valenciano, salvo que el solicitante pida que se hagan en castellano.
El Tribunal, en una sentencia notificada este miércoles a las partes, tampoco considera ajustado a Derecho el artículo que establece que las actuaciones administrativas internas, las que se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, se redacten exclusivamente en valenciano como prevé la norma aprobada por el Consell, por cuanto no todos tienen la obligación de conocer el valenciano.
Sobre este punto, la sentencia señala que “las actuaciones internas se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, sin que una gran parte de ellos tenga legalmente la obligación de conocer el valenciano, menos hasta el punto de poder comunicarse por escrito en dicha lengua”.
Al respecto, el Tribunal explica que la norma anulada parcialmente ignora la realidad plurilingüe de la Comunidad Valenciana reconocida en el Estatuto de Autonomía, en la que existen territorios predominantemente castellanoparlantes, con dependencias y servicios de carácter administrativo de la Generalitat. El artículo declarado nulo impone que “las actuaciones internas, también en esos casos, porque nada se salva en el precepto, se redactarán en valenciano”.
Según la sentencia, “la protección y recuperación del valenciano, como medida de fomento para su uso en todas las actividades administrativas son objetivos del todo consecuentes con el carácter de lengua propia de la Comunidad Valenciana” según el artículo 6 del Estatuto de Autonomía.
De modo que, según subraya el Tribunal, tal solicitud de la persona interesada para que se redacten los escritos en castellano se entiende implícita en el caso de que el procedimiento se haya incoado a petición del particular con una solicitud cumplimentada en castellano;y en los procedimientos incoados de oficio, a partir de la presentación de algún escrito en esa misma lengua cooficial.
Lo mismo ocurre con los certificados. No es ilegal expedirlos por defecto en valenciano, salvo que el solicitante pida que se hagan en castellano.
Rotulación ilegal
La sentencia también considera ilegal la regulación que hace el decreto de la Generalitat sobre el idioma a utilizar en los rótulos informativos de oficinas e instalaciones de la Administración de la Generalitat. El uso exclusivo del valenciano para las zonas valencianoparlantes y la posibilidad de emplear ambas lenguas para los territorios de predominio lingüístico castellano “no preserva el equilibrio entre las dos lenguas oficiales”, señalan los magistrados que apelan a las sentencias del Constitucional para recordar que “no existe el deber de conocer el valenciano y sí el castellano”. “El precepto es ilegal por dos razones: no preserva el equilibrio entre las dos lenguas oficiales, con la consecuencia de que no se dispensa el mismo trato a los ciudadanos castellanohablantes que a los valencianohablantes; no se olvide que no existe el deber de conocer el valenciano y sí el castellano, como se recuerda en las sentencias constitucionales citadas”, razonan los magistrados.El Tribunal, en una sentencia notificada este miércoles a las partes, tampoco considera ajustado a Derecho el artículo que establece que las actuaciones administrativas internas, las que se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, se redacten exclusivamente en valenciano como prevé la norma aprobada por el Consell, por cuanto no todos tienen la obligación de conocer el valenciano.
Sobre este punto, la sentencia señala que “las actuaciones internas se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, sin que una gran parte de ellos tenga legalmente la obligación de conocer el valenciano, menos hasta el punto de poder comunicarse por escrito en dicha lengua”.
Al respecto, el Tribunal explica que la norma anulada parcialmente ignora la realidad plurilingüe de la Comunidad Valenciana reconocida en el Estatuto de Autonomía, en la que existen territorios predominantemente castellanoparlantes, con dependencias y servicios de carácter administrativo de la Generalitat. El artículo declarado nulo impone que “las actuaciones internas, también en esos casos, porque nada se salva en el precepto, se redactarán en valenciano”.
Según la sentencia, “la protección y recuperación del valenciano, como medida de fomento para su uso en todas las actividades administrativas son objetivos del todo consecuentes con el carácter de lengua propia de la Comunidad Valenciana” según el artículo 6 del Estatuto de Autonomía.
“Faltaría más”, apostillan los magistrados, que, matizan que esto “ha de
acometerse en el marco estatutario y legal conforme a la doctrina del
Tribunal Constitucional y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que
niegan la viabilidad jurídica de que lleve consigo proscribir el
castellano, porque ha de permitirse utilizar también esa lengua oficial y
normal en todas las administraciones públicas”.
Los magistrados también anulan parcialmente el artículo que establece que las publicaciones periódicas de la Generalitat y la publicidad institucional se redactarán en valenciano.
Los magistrados también anulan parcialmente el artículo que establece que las publicaciones periódicas de la Generalitat y la publicidad institucional se redactarán en valenciano.
Tras recordar “la inexistencia de un deber
de conocer el valenciano”, la Sala concluye que “la previsión de que
sólo obligatoriamente hayan de redactarse en valenciano los folletos,
carteles y avisos de cáracter informativo o divulgativo en cualquier
soporte y, en general, todas las publicaciones, conculca el régimen de
cooficialidad que deriva de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y
de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano”.
Según explica en un comunicado el TSJCV, igualmente discriminatorio es el artículo que impone el empleo del valenciano a los licitadores que opten a los concursos públicos. “Esto supone desconocer que la opción lingüística no solo viene reconocida a la ciudadanía”, sino que “también alcanza a los contratistas o aspirantes a serlo, domiciliados dentro o fuera del territorio autonómico”.
Según explica en un comunicado el TSJCV, igualmente discriminatorio es el artículo que impone el empleo del valenciano a los licitadores que opten a los concursos públicos. “Esto supone desconocer que la opción lingüística no solo viene reconocida a la ciudadanía”, sino que “también alcanza a los contratistas o aspirantes a serlo, domiciliados dentro o fuera del territorio autonómico”.
Establecer el valenciano entre los
requisitos de los pliegos de condiciones de los concursos públicos
carece de “cobertura legal” porque la regulación de la materia relativa a
contratos del sector público es una competencia estatal; no autonómica.
El Tribunal también declara nulo el artículo que establece el valenciano como la lengua que se ha de utilizar en la señalización de carreteras, caminos, estaciones de autobuses y dependencias de interés público que depende de las entidades locales. El precepto, según la sentencia, es contrario a Derecho porque, con el resto de administraciones con sede en la Comunidad y con otras Administraciones públicas, establece que la señalización en el territorio han de serlo en valenciano mientras que en los territorios de predominio castellano no se establece la regla de que deba hacerse, al menos en castellano.
El Tribunal también declara nulo el artículo que establece el valenciano como la lengua que se ha de utilizar en la señalización de carreteras, caminos, estaciones de autobuses y dependencias de interés público que depende de las entidades locales. El precepto, según la sentencia, es contrario a Derecho porque, con el resto de administraciones con sede en la Comunidad y con otras Administraciones públicas, establece que la señalización en el territorio han de serlo en valenciano mientras que en los territorios de predominio castellano no se establece la regla de que deba hacerse, al menos en castellano.
Esto “supone un trato inmotivadamente desigual y en
perjuicio de los territorios de predominio lingüístico castellano sobre
los de predominio valenciano”.
La Sala rechaza el recurso del PP en aquellos extremos en los que pretendía la nulidad de otros artículos como el que regula la lengua que se utiliza en las relaciones con las instituciones estatutarias y con las entidades locales valencianas.
La Sala rechaza el recurso del PP en aquellos extremos en los que pretendía la nulidad de otros artículos como el que regula la lengua que se utiliza en las relaciones con las instituciones estatutarias y con las entidades locales valencianas.
El hecho de que
las primeras, las comunicaciones con instituciones estatutarias, se haga
en valenciano “no merece reproche de juridicidad”; la misma
consideración es aplicable a las comunicaciones con el resto de
administraciones con sede en la Comunidad y con otras Administraciones
públicas.
Con respecto a las segundas, el hecho de que las comunicaciones con entidades locales de territorios de predominio lingüístico castellano se redacten también en valenciano, “es una medida de fomento” de esta última lengua “perfectamente ajustada” a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
Por este motivo, según la Conselleria, "todos los artículos del decreto contemplan la premisa señalada en el artículo 4 y, por tanto, en ningún caso se excluye una lengua oficial respecto a la otra. Todas las referencias que se detallan en el decreto se hacen sin limitar el uso del castellano en la administración de la Generalitat".
Por su parte, la Portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, Maria José Ferrer San-Segundo, ha señalado que “el TSJCV ha desmontado una nueva ilegalidad del Botànic, gracias al recurso presentado por el PPCV sobre el uso de lenguas cooficiales en la administración”.
Para la portavoz popular, “la sentencia del TSJ demuestra que el Consell actúa ilegalidad tras ilegalidad y que los ciudadanos valencianos merecen libertad, no imposiciones. Los tribunales han vuelto a poner de manifiesto que Puig y Oltra actúan desde el sectarismo, con prohibiciones y, además, dictando normas contrarias a Derecho”.
Con respecto a las segundas, el hecho de que las comunicaciones con entidades locales de territorios de predominio lingüístico castellano se redacten también en valenciano, “es una medida de fomento” de esta última lengua “perfectamente ajustada” a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
La Generalitat estudia recurrir y el PP celebra el fallo
La Generalitat estudia la posibilidad de recurrir la anulación por el Tribunal Superior de Justicia de once artículos del decreto que regula el uso del valenciano en la Administración autonómica por considerar que la norma ignora la realidad plurilingüe de la Comunitat reconocida en el Estatuto de Autonomía.Un comunicado de la Conselleria de Educación, que recuerda que la sentencia no es firme, destaca que no comparte los preceptos por los que se han anulado los once artículos. A continuación precisa que el artículo 4 del decreto, que no se ha anulado, dice que el valenciano es la lengua propia de la Administración de la Generalitat y, como tal, será la lengua destacada de uso normal y general, sin que se pueda entender de esta declaración ninguna limitación respecto a la otra lengua oficial. Las referencias que se hacen al uso del valenciano en este decreto se entienden hechas en el sentido mencionado".Por este motivo, según la Conselleria, "todos los artículos del decreto contemplan la premisa señalada en el artículo 4 y, por tanto, en ningún caso se excluye una lengua oficial respecto a la otra. Todas las referencias que se detallan en el decreto se hacen sin limitar el uso del castellano en la administración de la Generalitat".
Por su parte, la Portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, Maria José Ferrer San-Segundo, ha señalado que “el TSJCV ha desmontado una nueva ilegalidad del Botànic, gracias al recurso presentado por el PPCV sobre el uso de lenguas cooficiales en la administración”.
Para la portavoz popular, “la sentencia del TSJ demuestra que el Consell actúa ilegalidad tras ilegalidad y que los ciudadanos valencianos merecen libertad, no imposiciones. Los tribunales han vuelto a poner de manifiesto que Puig y Oltra actúan desde el sectarismo, con prohibiciones y, además, dictando normas contrarias a Derecho”.
Las antiguas cajas de ahorro han dinamitado la mitad de sus oficinas durante la crisis
MADRID.- Las cajas de
ahorros han sido las tristes protagonistas de la crisis y la
reestructuración de la banca en España. Prueba de ello es que su
número de oficinas se ha se ha reducido en un 51% desde los máximos
que sus redes alcanzaron en 2008, un recorte superior al de los
bancos ya que muchas cajas existentes entonces han desaparecido en
distintas integraciones. No obstante, su compromiso
territorial se demuestra con un 32% de las sucursales en
poblaciones con menos de 10.000 habitantes, con CaixaBank a la
cabeza, según publica hoy www.capitalmadrid.com de la mano de José Luis Marco.
Un
total de 12.789 sucursales de las antiguas cajas de ahorros han
desaparecido en la última década, lo supone un 51% menos de las
existentes en 2008 como consecuencia de la profunda crisis y la
reestructuración de todo el sector bancario. Justo en ese año, el sector
de las cajas de ahorro alcanzó la mayor dimensión de su red con más de
25.000 sucursales abiertas.
Así se desprende del anuario estadístico de 2017 difundido por la
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). La reducción de las
redes de estas entidades ha sido constante y ya en 2012, cuando se
agudizó la crisis y se tuvo que pedir el rescate bancario a Bruselas, el
número de oficinas de las antiguas cajas de ahorros se situó por debajo
de las 20.000 sucursales.
Algunas de las entidades adheridas a la patronal de las cajas, como
Bankia, tuvieron que acometer un drástico recorte de su red como
imposición por las ayudas públicas recibidas para su recapitalización.
En paralelo, la reducción de cajeros ha sido algo similar en términos
absolutos (12.997 menos desde 2008), aunque porcentualmente es algo
inferior (-36,52%). El parque de cajeros automáticos de las antiguas
cajas de ahorros llegó a rozar los 36.000 terminales en 2008 y las
entidades aún mantenían 22.850 al cierre del pasado ejercicio.
Exclusión financiera
La profunda reestructuración de la banca española, con mayor
incidencia en el caso de las cajas de ahorros, ha dejado algunas
poblaciones en riesgo de exclusión financiera al haberse quedado sin una
oficina bancaria en su territorio. Sin embargo, las antiguas cajas de
ahorros han mantenido en buena medida su compromiso territorial.
El número de sucursales presentes en poblaciones con menos de 10.000
habitantes asciende hasta las 3.894 al cierre de 2017, lo que supone un
31,79% del total de sus redes. Ese número es superior al existente en
municipios con mayor población y, en teoría, con un mayor potencial de
negocio.
Un claro ejemplo de ese compromiso es el de CaixaBank, como suelen
defender sus principales directivos en numerosas ocasiones. El grupo
presidido por Jordi Gual, que cuenta con una red de casi 5.000 oficinas,
está presente en 1.347 municipios con menos de 10.000 habitantes.
Ibercaja se sitúa en el segundo puesto, con presencia en 583 de este
tipo de poblaciones, lo que representa más del 50% sobre el total de su
red con 1.147 sucursales.
Coste laboral
La menor dimensión de las antiguas cajas de ahorro también se ha
visto acompañada de una importante reducción de empleo en el sector. Las
entidades pertenecientes a CECA alcanzaron el máximo de 134.867
empleados en 2008, una cifra que se ha reducido en más de 62.500 puestos
de trabajo en la última década.
Esos datos suponen un ajuste de plantilla del 46,35%, un porcentaje
muy superior al 32% que se estima como media en el conjunto del sector
bancario. Pese a todo, los supervisores insisten en una nueva vuelta de
tuerca en el proceso de reducción del exceso de capacidad instalada. Los
responsables del sector asumen que, tal vez, sea necesario un nuevo
ajuste aunque de una dimensión muy inferior al ya realizado.
Hacienda quiere reimplantar un voraz Impuesto de Sucesiones en toda España
MADRID.- El Gobierno pretende armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en España. Este
tributo lo gestionan al 100% las comunidades autónomas, que deciden si
exprimen a sus ciudadanos con elevados gravámenes, como Asturias, o si
por el contrario, la presión fiscal tras la muerte de un familiar es
casi inexistente, como Madrid o Canarias, como recuerda hoy Libre Mercado.
A la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no le gustan los
impuestos bajos de estas regiones. De hecho, cuando era consejera de
Hacienda en el Gobierno de Susana Díaz llegó a calificar a la Comunidad de Madrid como un "paraíso fiscal". Y tras su llegada al Ministerio, Montero quiere coartar la libertad fiscal de Madrid o Canarias cuanto antes.
Según ha publicado El Economista,
Montero hará saber este jueves en el Consejo de Política Fiscal su
intención de establecer un tipo fijo de Sucesiones para todo el país.
Lo hará "después de que el nuevo Ejecutivo haya sugerido en varias
ocasiones en privado que desea dar este paso, respaldado con mayor o
menor entusiasmo por dirigentes autonómicos socialistas de la talla de
Javier Lambán, Emiliano García Page o Susana Díaz", asegura la
publicación.
La ministra buscará
consenso entre las regiones para llevar a cabo sus planes, aunque es
improbable que lo consiga. Regiones como Extremadura o Andalucía han
rebajado este año el Impuesto de Sucesiones y es probable que se pongan del lado de Madrid y Canarias en el debate.
Blackstone se cuela en la puja con Cerberus por 7.500 millones en pisos de Sabadell
MADRID.- Banco Sabadell y Cerberus trabajan a contrarreloj en la mayor operación inmobiliaria
del momento. La entidad catalana y el fondo norteamericano podrían
cerrar en los próximos días el traspaso de 7.500 millones en activos
inmobiliarios. Pero en las últimas jornadas ha resurgido un posible
competidor de Cerberus, su rival Blackstone, que está tratando de sumarse a la puja, según fuentes financieras consultadas por Voz Pópuli.
Banco Sabadell y Cerberus trabajan a contrarreloj en la mayor operación inmobiliaria
del momento. La entidad catalana y el fondo norteamericano podrían
cerrar en los próximos días el traspaso de 7.500 millones en activos
inmobiliarios. Pero en las últimas jornadas ha resurgido un posible
competidor de Cerberus, su rival Blackstone, que está tratando de sumarse a la puja, según fuentes financieras consultadas por este medio.
Este nombre vuelve a estar sobre la mesa ante la demora en cerrar la operación entre Sabadell y Cerberus. El fondo dirigido por John Snow sigue teniendo preferencia en las negociaciones, pero la entidad presidida por Josep Oliu no cierra la puerta a Blackstone por si se torciera la primera vía.
Blackstone
presentó la segunda mejor oferta por el bloque de activos adjudicados
que está a la venta, a continuación de Cerberus y por delante de Lone
Star.
La idea inicial de Sabadell era vender el
ladrillo de su balance dividido en dos. Por un lado, el procedente de su
negocio recurrente, valorado en 5.000 millones, dentro del 'Proyecto Challenger'. Y por otro, activos inmobiliarios de CAM, tasados en 2.500 millones, en el 'Proyecto Coliseum'.
Finalmente,
fuentes cercanas a los fondos señalan que la entidad ha decidido unir
ambos proyectos y adjudicar los 7.500 millones a un sólo candidato, para
lo que es Cerberus el candidato número uno, a día de hoy.
El
plan de Sabadell es tener cerradas estas desinversiones antes de
agosto. Los 2.500 millones del 'Proyecto Coliseum' dependen del visto
bueno final del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), ya que son activos
con garantías públicas.
El plan de Sabadell es asumir algo más del 20% del
esquema de protección de activos (EPA) a cambio de que el nuevo gobierno
socialista le permita hacer la operación de golpe, como adelantó este medio. El FGD estudia estructuras con las que diferir el impacto de la venta para que no afecten al déficit.
Para
Cerberus esta operación es crucial dentro del proceso de reordenación
del sector y el peligro de quedarse sin su mayor contrato de gestión en
España -a través de Haya Real Estate-, en Sareb.
La crisis de los interinos dinamita los primeros presupuestos de Sánchez
MADRID.-
Los primeros presupuestos con los que trabajará Pedro Sánchez están
amenazados por la nueva crisis de los interinos, que podría afectar a
más de 300.000 trabajadores en toda España. Las oposiciones masivas que
se harán públicas la próxima semana dejarán en la calle a un enorme
número de trabajadores interinos que no podrán aprobarlas, según
concluye www.economiadigital.es
Muchos de los interinos cuentan con más de tres años en sus puestos
de trabajo, lo que excede el máximo fijado por ley. Ahora, un tribunal
de Madrid ha dado la razón a un trabajador interino que reclamaba a la
Comunidad de Madrid una indemnización por despido.
El
juzgado de lo social de Madrid número 33 elevó el caso al Tribunal de
Justicia Europeo,
que ha determinado que no todos los interinos tienen derecho a ser
equiparados a un puesto fijo, pero dejó en manos de los jueces españoles
determinar si los interinos deben ser indemnizados si se quedan sin
trabajo porque otro aspirante ganó una plaza por una oferta de empleo
público.
Y el tribunal madrileño ha dado la razón al trabajador en cuanto a su
indemnización. Considera que, después de haber desempeñado un puesto de
trabajo durante más de tres años (el máximo legal para este tipo de
plazas) tiene derecho a una indemnización, que, en este caso, ha sido
fijada en algo más de 10.000 euros.
Indemnizaciones sin presupuestos
La sentencia sienta un precedente de máxima importancia (o gravedad)
para el Gobierno de Pedro Sánchez. Los tribunales comienzan a cuestionar
el acuerdo al que llegó el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
con los sindicatos, que pactaron que los trabajadores interinos que
pierdan sus puestos porque no pueden aprobar las oposiciones, no tienen
derecho a ningún tipo de indemnización.
Por tanto, el ejecutivo anterior
no tiene previsto en los presupuestos la indemnización para unos
350.000 trabajadores afectados que podrían quedar en el paro en breve.
El nuevo ministerio de Hacienda, en manos de María Jesús Montero, ha explicado a Economía Digital
que su intención es pagar a todos los trabajadores que ganen en los
tribunales la indemnización que Montoro y los sindicatos no le habían
reconocido. El ministerio asegura que el Estado cumplirá con todas las
obligaciones exigidas por sentencias adversas, aunque en este caso
pueden resultar mil millonarias.
“Nos parece una irresponsabilidad que el gobierno anterior no haya
incluido partidas presupuestarias para estos casos, pero también nos
parece que han tenido muy poca sensibilidad con trabajadores con más de
50 años que si no logran aprobar las oposiciones, quedarán en el paro
con muy pocas posibilidades de reinserción”, explica Miguel Ángel
Lorenzo, portavoz de Somos Sindicalistas, agrupación que criticó el
pacto entre Montoro y los sindicatos.
El gobierno de Mariano Rajoy evitó la convocatoria
de ofertas públicas de empleo durante los años de crisis por las
restricciones presupuestarias. Este año, se esperan las mayores
oposiciones de los últimos años tanto en los ayuntamientos y comunidades
autónomas como en el gobierno central.
La monarquía y los gobiernos anteriores, amenazados por el “arsenal Villarejo”
MADRID.- La filtración de las grabaciones del comisario Villarejo a Corinna Zu
Sayn-Wittgenstein, en las que la alemana acusaba al rey Juan Carlos del
cobro de comisiones y de usarla como testaferro, han aumentado la
inquietud en torno al Gobierno y a la Monarquía. El Ejecutivo de Pedro
Sánchez asume que no podrá evitar nuevas “bombas” relacionadas con el
“arsenal Villarejo”, revela hoy www.elconfidencialdigital.com.
Así lo reconoce altos cargos gubernamentales, que se preparan para el peor escenario posible. “Lo de Corinna solo es el principio.
En los próximos meses se conocerán más cosas, tanto por parte de
Villarejo, como por parte de la Audiencia Nacional, que ha acumulado un
material explosivo”, dicen esas fuentes.
Una filtración en el momento clave
Las
fuentes consultadas no tienen ningún género de duda que el ex
comisario, ahora en prisión, se oculta detrás de la difusión de las
grabaciones que él mismo hizo a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein hace tres
años. Villarejo “ha elegido un momento clave para sacarlas a la luz en una coyuntura más que delicada”, afirman.
Desde el Gobierno recuerdan que el juez de refuerzo del número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, al frente de la instrucción de la llamada “operación Tándem”,
que mantiene en prisión a Villarejo, tiene que ser renovado en el cargo
este mes para poder seguir en dicho juzgado. Una circunstancia que
conocía Villarejo.
El
ex comisario “ha lanzado su nueva amenaza” con el objetivo de que la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial no renueve al
magistrado. O que, en caso de que De Egea sea ratificado, este decida
sacarle de prisión a la espera del fin de la instrucción. Una maniobra
que, sin embargo, “no va a tener efecto” pero que “es el inicio de algo
aún más preocupante”.
“Nadie puede comerse 40 ‘terabytes’”
Los
cargos gubernamentales con los que ha hablado ECD dan por hecho que el
CGPJ mantendrá a Diego de Egea en el juzgado número 6 de la Audiencia
Nacional y, por tanto, al frente de la “operación Tándem”. Y añaden que el juez está decidido a “ir hasta el final”, lo que “puede desencadenar toda una guerra”.
En
Moncloa saben que, dentro del Cuerpo Nacional de Policía, Asuntos
Internos, está analizando, desde hace meses, los 40 ‘terabytes’ de
grabaciones, informes y documentación que
Villarejo ha ido guardando durante años y que fueron incautados en la
operación policial que el propio De Egea autorizó el año pasado. Se
trata de una información muy delicada y que “tarde o temprano verá la
luz”.
En ese sentido, en el Gobierno dan por hecho que el informe
que Asuntos Internos entregará al juez sobre ese material “va a ser
demoledor”. Y De Egea utilizará todas esas grabaciones para acusar a
Villarejo. Una decisión totalmente comprensible, ya que “nadie puede
comerse 40 ‘terabytes 'y no usarlos contra el acusado”, pero que puede representa “un problema muy gordo”.
Amenaza contra la Monarquía y el Estado
Las fuentes consultadas recuerdan que Villarejo “ha dedicado toda su vida a realizar grabaciones como las de Corinna”.
Por
tanto, “todas las instituciones”, empezando por la Monarquía pero
también por los gobiernos anteriores, “están amenazados”. No solo por
las nuevas filtraciones que pueda hacer el propio ex comisario, sino
porque, “más pronto que tarde”, la Audiencia Nacional hará pública gran
parte de esa documentación para proceder contra Villarejo.
Los
especialistas de Asuntos Internos de la Policía Nacional tienen hasta
el 30 de septiembre para analizar las grabaciones (sonido e imágenes) a
personalidades relevantes de la vida pública incautadas a Villarejo. Y
será entonces cuando, con el informe policial en la mano, el juez De
Egea decide si continúa con la investigación e, incluso, si se abren nuevas causas en otros juzgados competentes.
El
material, por tanto, podría distribuirse a otras dependencias
judiciales, lo que amplía, aún más, las posibilidades de su difusión. Un
escenario que inquieto al Gobierno.
Tal como se adelantó en estas páginas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya sabe que los 40 ‘terabytes 'analizados relacionan a Villarejo con cientos de políticos,
desde la Transición hasta prácticamente hoy, lo que puede provocar toda
una grave tormenta institucional en España que el Ejecutivo de Pedro
Sánchez no desea.
En ese sentido, las fuentes consultadas
reconocen que “incluso” hay información que sería positiva para sus
intereses (los del Gobierno), como por ejemplo “la demostración de que había una policía política que
se inventó la cuenta en Suiza de Trias y un informe contra Pablo
Iglesias”.
Pero “lo cierto es que nadie quiere que ahora se revuelva el
pasado de los anteriores gobiernos o de la Monarquía”.
“La Audiencia Nacional decide”
Las fuentes gubernamentales consultadas por ECD aseguran que existe interlocución directa entre Moncloa y Casa Real para
abordar éste y otros asuntos. No obstante, y pese a la gravedad de la
amenaza, “hay conciencia de que no se debe intervenir”.
El Gobierno, tal y como contamos ayer, no tiene intención de abrir una investigación contra la monarquía y Juan Carlos I. Pero tampoco puede evitar que la Justicia actúe en un proceso judicial, contra el comisario Villarejo que ya está abierto.
Por tanto, señalan desde Moncloa, “es la Audiencia Nacional la que decide” hasta dónde quiere llegar en este asunto.
En
el Ejecutivo dan por hecho que “usará los documentos” para poder acusar
al veterano policía. “La clave va a estar en qué se difunde y qué no”.
Jubilación es júbilo y jubileo / Guillermo Herrera *
Jubilación proviene del latín ‘jubilare’, que significa gritar
de alegría. Pero cabe preguntarse si el jubilado "grita de
alegría" cuando deja de trabajar en todos los casos. Depende de
cada persona.
No todos los jubilados sienten júbilo al abandonar definitivamente
sus ocupaciones laborales, pero la palabra ‘trabajo’ viene de la
voz latina ‘tripalium’ que designaba cierto instrumento de
tortura. Liberarse del tormento es motivo más que suficiente para
ponerse a cantar, pues eso significa el verbo ‘iubilare’:
lanzar gritos de alegría o ‘iubili’.
Confiesa Clara Llompart que: “Cuando llegas a casa no cabes en sí
de gozo, pero a la mañana siguiente, te levantas, no tienes donde
ir, el día se te hace eterno, está vacío... ¿qué hago con tantas
horas?... y es ahí dónde te das cuenta que estás jubilada y no ves
el júbilo por ninguna parte.”
Lo siento por su vacío doña Clara, pero yo creo que la jubilación
es todo lo contrario: la oportunidad de ser uno mismo y desarrollar
al máximo su potencial humano con la ayuda de la sabiduría y la
experiencia adquirida.
La mejor manera de no aburrirse es cultivar la curiosidad, el
entusiasmo y la pasión por determinados temas. El que no
se cultiva acaba convertido en un vegetal sobre un sofá, viendo la
basura que ofrecen las cadenas de televisión. Eso sí que es
aburrido.
Una persona se jubila cuando cesa en el servicio activo de su
profesión o actividad, por haber llegado a la edad fijada y obtiene
una pensión que le permite cubrir sus necesidades básicas, al menos
en teoría.
Obviamente, es un gran júbilo cuando el trabajador se retira de un
trabajo que lo oprime, pero es todo lo contrario cuando es un trabajo
que lo enriquece. El problema es que hay pocos trabajos
enriquecedores, como no sea el de los ricachones que
hacen fortuna.
Pasamos la vida esclavizados por responsabilidades laborales y
familiares con escasos momentos de libertad y con muchas
limitaciones para expresar nuestra verdadera identidad sin que nos
perjudique en el trabajo.
Cuando te jubilas, no te liberas del todo, porque siempre queda
alguna obligación familiar, y además tenemos que cuidar el propio
cuerpo físico, pero sí lo suficiente para empezar a vivir una
vida más plena y empezar a respirar con mayor libertad.
Aunque a la mayoría de los jubilados no nos sobra el dinero,
descubrimos que hay algo más valioso e importante que es el tener
tiempo libre para lo que nos dé la gana de hacer, incluido el
dormir buenas siestas, el leer un libro o el ver una película.
Sí, hay algo más importante que el dinero, una vez que se cubren
las necesidades básicas, que es el tiempo libre y la calidad de
vida, algo que no nos puede vender ningún fabricante.
Por eso la jubilación es sinónimo de júbilo, es decir de alegría,
y de jubileo. El jubileo era una fiesta pública que celebraban los
hebreos cada cincuenta años, en la cual se devolvían las heredades
a sus antiguos dueños y los esclavos recobraban la libertad.
En la cultura judía el Jubileo tenía un carácter sabático, no se
trabajaba la tierra y se restituían posesiones. La cultura cristina
heredó el Jubileo y también es aquí un año santo (un año de
indulgencias principalmente) que se celebra cada 25 años y fue
institucionalizado en Roma desde el siglo XIV.
Pero la jubilación actual es un derecho ganado por nuestra
cotización a la Seguridad Social y por las protestas obreras a
finales de siglo XIX y principios de siglo XX en Inglaterra y
Alemania. La clase trabajadora resultante de la revolución
industrial llegaba muy maltrecha en salud, después de años de
trabajo. Por lo cual los sindicatos y defensores de la clase obrera
reclamaron en Europa un subsidio económico para hacer frente a las
necesidades de la vida cotidiana.
En cualquier caso los trabajos actuales no dañan tanto la salud como
los antiguos, nos dan la oportunidad de comenzar una nueva vida que
será fea o bonita dependiendo de lo que seamos capaces de crear,
porque no olvidemos que cada uno crea su propia realidad, su cielo
o su infierno, o su limbo de aburrimiento.
(*) Periodista
martes, 17 de julio de 2018
Fomento envía cartas a las CCAA para preparar la liberalización del peaje de autopistas a punto de finalizar
MADRID.- El Ministerio de Fomento, mediante el envío de cartas a las Comunidades Autónomas, ha comenzado las actuaciones necesarias para garantizar que la prestación del servicio viario en las autopistas cuya concesión acaba entre este 2018 y 2019 se lleve a cabo en "condiciones óptimas" para los usuarios, una vez que se elimine el peaje.
Así, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, Pedro Saura, ha remitido cartas a los responsables de los
Gobiernos Autonómicos en las Comunidades por las que discurren estos
tramos de autopistas.
Las misivas han sido enviadas a Cataluña, Comunidad
Valenciana, Andalucía y Castilla y León, así como a la Diputación Foral
de Álava, con el fin de impulsar la creación de grupos de trabajo que
permitan canalizar las peticiones y necesidades que se transmitan desde
el territorio.
Estas actuaciones se inician después de que el pasado 12
de julio, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, lo anunciara durante
su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso de los
Diputados.
Ábalos aseguró que el Ejecutivo liberará durante esta
Legislatura los peajes de las autopistas cuya concesión acaba entre este
ejercicio y 2019. Estas autopistas son la AP-1 Burgos-Armiñón, cuyo
período concesional finaliza el 30 de noviembre de 2018, y las AP-7
Tarragona-Alicante y AP-4 Sevilla-Cádiz, cuya concesión termina el 31 de
diciembre del año que viene.
Bankia ultima la salida de un centenar de empleados en filiales del Grupo BMN
MADRID.- Una vez que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por la integración de Bankia y BMN se encuentra prácticamente cerrado, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri está ultimando la salida de más de un centenar de empleados
de filiales del Grupo BMN, surgido a raíz de la fusión de Caja Murcia,
Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra, según informaron fuentes
sindicales a Voz Pópuli.
En concreto, el banco alcanzó la semana pasada un principio de acuerdo con la representación sindical de Vector Capital, sociedad que estaba participada al 100% por BMN y actualmente en liquidación, para el despido de sus 53 empleados.
La actividad de esta empresa, que llegó a ostentar el 70% del fabricante de motocicletas Gas Gas, era la
prestación de todo tipo de servicios de estudio, análisis, gestión,
intermediación, negociación, administración, consultoría, asesoramiento
técnico, contable, comercial, fiscal y el establecimiento y ejecución de
supervisión, según consta en el Registro Mercantil.
Condiciones
Las
condiciones de este ERE son similares al acordado para la integración
de Bankia y BMN. Según las fuentes consultadas, el principio de acuerdo,
cuya negociación se cerró ayer, contempla prejubilaciones a partir de 55 años, y hasta los 63, con un 55% del salario bruto.
El trato también incluye bajas voluntarias con una indemnización de 30 días por año trabajado con un tope de 22 mensualidades más una serie de primas a determinar en función de los años trabajados en la empresa.
Se trata de una prima de 1.500 euros, otra
de 500 euros para los trabajadores con una antigüedad menor a cinco
años, de 1.500 euros para el rango de empleados que llevaban en la
empresa entre 5 y 10 años y de unos 7.000 euros a partir de una década
de antigüedad y una última de 2.500 euros lineales.
Además, los hasta ahora empleados de Vector Capital contarán con un derecho preferente para trabajar en el Grupo Bankia en el caso de que la entidad nacionalizada decida incrementar su plantilla.
Otras empresas
Por
otra parte, según las fuentes consultadas, Bankia y los sindicatos
comenzarán durante esta semana las negociaciones para aplicar otro ERE
en Bankia Mediación y BMN Mediación, operadores que se encargan de la comercialización de seguros del grupo.
A
pesar de que todavía no hay una propuesta formal, el planteamiento
inicial de Bankia es que salgan unos 45 trabajadores del total de 103
que conforman ambas empresas. Las negociaciones se extenderán durante
las próximas dos semanas, según las fuentes consultadas, por lo que está
previsto que concluyan a finales de mes.
Además, Bankia ha concluido la liquidación de Summa Seguridad, sociedad propiedad al 100% de BMN que estaba especializada en soluciones de seguridad y que contaba con unos 30 empleados.
ERE de febrero
Bankia alcanzó el pasado febrero un acuerdo con los sindicatos para la integración de Bankia y BMN que
contemplaba un máximo de 2.000 salidas voluntarias. Los acuerdos
relatados anteriormente no se incluyen en el marco de este acuerdo.
Según
avanzó el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, durante los
resultados trimestrales, está previsto que la totalidad de las 2.000
salidas se produzca antes de finales de año, antes de lo planeado
inicialmente -septiembre de 2019-, mientras que "la idea" era que dos
tercios del total, saliesen en el primer semestre.
Según
las fuentes consultadas, el expediente por el momento solo cuenta con
40 despidos forzosos, todos ellos concentrados en Andalucía, mientras
que el resto son bajas voluntarias.
Castilla-La Mancha propone ahora "ni una sola gota para el regadío en el Levante"
ALICANTE.- «El trasvase Tajo-Segura es irrenunciable». Así de contundente se mostró de nuevo ayer el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, al ser preguntado por el borrador del documento de posición en defensa del agua de Castilla-La Mancha, que defiende que no se destine «ni una sola gota de agua para el regadío en el Levante», recoge hoy el diario Información.
«Tengo que decir que estamos en absoluto desacuerdo y que el trasvase Tajo-Segura en
estos momentos y en estas condiciones para nosotros es absolutamente
irrenunciable», respondió el responsable autonómico, que subrayó que
«hay que abordar esta cuestión no desde la confrontación sino desde el
acuerdo».
Ximo Puig reiteró que «hay una ley en estos momentos que permite el trasvase» y afirmó que los valencianos quieren que «ese trasvase dé seguridad» y «estabilidad a lo que es la huerta de Europa». Preguntado por una próxima reunión con el presidente de la vecina comunidad, Puig confía en que se produzca «pronto».
Ximo Puig reiteró que «hay una ley en estos momentos que permite el trasvase» y afirmó que los valencianos quieren que «ese trasvase dé seguridad» y «estabilidad a lo que es la huerta de Europa». Preguntado por una próxima reunión con el presidente de la vecina comunidad, Puig confía en que se produzca «pronto».
Borrador
El
Gobierno de Castilla-La Mancha ha planteado en el borrador del
documento en defensa del agua que no se destine «ni una sola gota para
regadíos en el Levante» y solamente se facilite el agua de la cabecera
del Tajo en forma de trasvase si hay «necesidad real» de abastecimiento humano.
Así lo expresó el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, Francisco Martínez Arroyo, en una rueda de prensa que ofreció
para explicar los principales puntos que recoge el documento de posición
en defensa del agua en Castilla-La Mancha que ha resultado de seis
meses de reuniones con agentes sociales, económicos y medioambientales
de la región.
Por su parte, la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, indicó respecto al borrador del documento de posición en defensa del agua de Castilla-La Mancha, la necesidad de «abrir el debate» a la planificación hídrica del Estado. Así, Cebrián mostró la voluntad de abordar este asunto. «Si hace falta nos sentamos todos en una revisión de los planes hidrológicos de cuenca, que son los que han marcado las dotaciones y las oportunidades que hay», precisó la consellera.
La titular de Agricultura afirmó que se está «a la espera» de poder tener un diálogo con el Ministerio de Agricultura, el departamento que tiene «la competencia fundamental de la planificación de los recursos hídricos del agua».
La responsable autonómica añadió que «hay que ir hacia un uso más racional de los recursos hídricos que tenemos», al tiempo que resaltó que es «más preocupante el escenario de cambio climático al que nos dirigimos», en el que «las dotaciones de la Comunitat Valenciana pueden verse afectadas».
Por su parte, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) considera «inaceptable» el documento en defensa del agua que ha dado a conocer el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Por su parte, la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, indicó respecto al borrador del documento de posición en defensa del agua de Castilla-La Mancha, la necesidad de «abrir el debate» a la planificación hídrica del Estado. Así, Cebrián mostró la voluntad de abordar este asunto. «Si hace falta nos sentamos todos en una revisión de los planes hidrológicos de cuenca, que son los que han marcado las dotaciones y las oportunidades que hay», precisó la consellera.
La titular de Agricultura afirmó que se está «a la espera» de poder tener un diálogo con el Ministerio de Agricultura, el departamento que tiene «la competencia fundamental de la planificación de los recursos hídricos del agua».
La responsable autonómica añadió que «hay que ir hacia un uso más racional de los recursos hídricos que tenemos», al tiempo que resaltó que es «más preocupante el escenario de cambio climático al que nos dirigimos», en el que «las dotaciones de la Comunitat Valenciana pueden verse afectadas».
Por su parte, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) considera «inaceptable» el documento en defensa del agua que ha dado a conocer el Gobierno de Castilla-La Mancha.
El coordinador del Grupo
Parlamentario Popular (GPP) en las Cortes Valencianas, José Císcar, ha
exigido al presidente de la Generalitat «una defensa firme, cerrada y
sin contemplaciones» del trasvase Tajo-Segura y de las normas del
memorándum «que le aportan estabilidad y seguridad» a la transferencia
de caudales.
BBVA y Sabadell ultiman la venta de activos tóxicos con el FDG
MADRID.- El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y BBVA y Sabadell están a punto
de alcanzar un acuerdo definitivo que permita a los dos bancos vender la
mayoría de sus activos inmobiliarios dañados que cuentan con una
protección del FGD para de esta forma limpiar su balance, según publica hoy Expansión.
El fondo sabrá con certeza cuál es el coste de la protección y los
bancos a cambio asumirán un porcentaje mayor de las pérdidas
potenciales. Cálculos del sector cifran en el entorno de los 3.500
millones de euros el coste que deberá asumir el FGD.
Las negociaciones que desde hace meses mantienen los responsables del FGD, con Javier Alonso a la cabeza como presidente del mismo y subgobernador del Banco de España, con BBVA y Sabadell, además de con el Ministerio de Hacienda y el resto de las entidades financieras, están a punto de cerrarse con un acuerdo para que los dos bancos puedan desprenderse de la mayor parte de sus activos inmobiliarios dañados en una operación similar a la que hicieron tanto Santander con el riesgo de Popular como más recientemente CaixaBank.
El esquema es el mismo: los dos bancos agrupan en una nueva sociedad, o varias, los activos dañados y venden la mayoría del capital de esas compañías a un fondo de inversión, quedándose las entidades con una participación minoritaria que estaría en el entorno del 10% o el 20%. De esta manera, los bancos desconsolidan su posición inmobiliaria y el balance parece limpio.
El problema que tenían BBVA y Sabadell es que una parte importante de los activos a vender tienen hasta 2021 una garantía por la que el FGD se hacía cargo del 80% de las pérdidas que, sobre el valor en libros de esos activos, se produjeran en el momento de la venta.
Así ha venido siendo en los últimos ejercicios (Sabadell ha girado ya tres facturas anuales al FGD por las pérdidas de los tres últimos años y BBVA lo ha hecho por las de los dos últimos ejercicios). Y así podría seguir pasando hasta que se terminara el periodo de tiempo de la garantía.
Las negociaciones que desde hace meses mantienen los responsables del FGD, con Javier Alonso a la cabeza como presidente del mismo y subgobernador del Banco de España, con BBVA y Sabadell, además de con el Ministerio de Hacienda y el resto de las entidades financieras, están a punto de cerrarse con un acuerdo para que los dos bancos puedan desprenderse de la mayor parte de sus activos inmobiliarios dañados en una operación similar a la que hicieron tanto Santander con el riesgo de Popular como más recientemente CaixaBank.
El esquema es el mismo: los dos bancos agrupan en una nueva sociedad, o varias, los activos dañados y venden la mayoría del capital de esas compañías a un fondo de inversión, quedándose las entidades con una participación minoritaria que estaría en el entorno del 10% o el 20%. De esta manera, los bancos desconsolidan su posición inmobiliaria y el balance parece limpio.
El problema que tenían BBVA y Sabadell es que una parte importante de los activos a vender tienen hasta 2021 una garantía por la que el FGD se hacía cargo del 80% de las pérdidas que, sobre el valor en libros de esos activos, se produjeran en el momento de la venta.
Así ha venido siendo en los últimos ejercicios (Sabadell ha girado ya tres facturas anuales al FGD por las pérdidas de los tres últimos años y BBVA lo ha hecho por las de los dos últimos ejercicios). Y así podría seguir pasando hasta que se terminara el periodo de tiempo de la garantía.
Bankia ve peligrar los tres euros con la presión de Credit Suisse
MADRID.-
La remontada de los bancos se hace de rogar. Una vez concluido el
primer semestre del año, con un balance negativo en el sector, los
inversores amagaron en el arranque de la segunda mitad del ejercicio con
redoblar su apuesta alcista por la banca del Ibex, concluye hoy Expansión.
Las últimas jornadas, en cambio, han frustrado este rebote, y los bancos acaparaban, al cierre de ayer, cuatro de las seis mayores caídas del Ibex en lo que va de año. Al frente de este ránking, en el sector, sobresalía Bankia, con un 19% de pérdidas en 2018, por encima del 13% que compartían BBVA, Sabadell y Santander, y del 2% de CaixaBank. Bankinter, el único de los bancos del Ibex que resiste en positivo en el año, acumulaba un 10% de revalorización.
El informe emitido hoy por los analistas de Credit Suisse vuelve a dejar rezagado a Bankia. La firma suiza de inversión revisa a la baja sus valoraciones sobre Bankia, Sabadell y CaixaBank. De sus nuevos precios objetivo, el único que se sitúa por debajo de su cotización es el emitido sobre Bankia.
Credit Suisse rebaja cerca de un 14% su valoración del banco más castigado del Ibex en lo que va de año, desde los 3,60 hasta los 3,10 euros por acción. Esta nueva valoración no otorga margen para la remontada en Bolsa del grupo, al quedarse un 1% por debajo del cierre de la sesión de ayer.
Las caídas en la sesión de hoy deparan nuevos mínimos desde el año 2016 en la cotización de Bankia, por debajo de los 3,1 euros, a un paso ya de perder el nivel de los 3 euros. Su capitalización se afianza de esta forma por debajo de los 10.000 millones de euros.
En plena cuenta atrás para los resultados trimestrales que publicará Bankia el próximo 26 de julio, los analistas de Credit Suisse ajustan un 1% al alza sus estimaciones de ganancias para el conjunto de 2018, si bien incorpora unas rebajas del 12% en sus previsiones de resultados para el año 2019 y del 13% para 2020.
Las presiones derivadas de la valoración emitida por Credit Suisse se suman a las ejercidas en los últimos tiempos por los bajistas. Los últimos datos publicados por la CNMV elevaron las posiciones cortas en Bankia a nuevos máximos históricos, al elevarse al 4,53% de su capital. Este porcentaje duplica con creces el 2,49% contabilizado al cierre de 2017.
Las caídas sufridas por Bankia han elevado el potencial alcista que refleja la valoración del consenso del mercado. El precio objetivo medio emitido por los analistas recopilados por Reuters se sitúa en 3,85 euros por acción, más de un 20% por encima del cierre de ayer, si bien las firmas han rebajado su valoración media desde los niveles superiores a los 4 euros que alcanzaba a finales de 2017.
CaixaBank y Sabadell Los analistas de Credit Suisse no sólo rebajan hoy sus perspectivas sobre Bankia. También recortan a la baja su valoración sobre CaixaBank y Banco Sabadell. A pesar de este recorte, la firma suiza sí ve potencial alcista en los dos bancos.
La nueva valoración de CaixaBank, 4,3 euros por acción, es fruto de un descenso del 6% respecto a la estimación previa, aunque se sitúa un 14% por encima del cierre de ayer.
Las acciones de Banco Sabadell también tienen un 14% de recorrido al alza respecto a su cotización actual, de acuerdo con el nuevo precio objetivo emitido por Credit Suisse, 1,6 euros.
La firma suiza recorta igualmente sus perspectivas de resultados para los dos bancos españoles. Reduce un 11% sus estimaciones sobre sabadell para 2018 y un 5% para 2019 y 2020. En el caso de CaixaBank, disminuye sus estimaciones para 2018 un 9%, y mantiene sin cambios sus proyecciones para 2019 y 2020.
Las últimas jornadas, en cambio, han frustrado este rebote, y los bancos acaparaban, al cierre de ayer, cuatro de las seis mayores caídas del Ibex en lo que va de año. Al frente de este ránking, en el sector, sobresalía Bankia, con un 19% de pérdidas en 2018, por encima del 13% que compartían BBVA, Sabadell y Santander, y del 2% de CaixaBank. Bankinter, el único de los bancos del Ibex que resiste en positivo en el año, acumulaba un 10% de revalorización.
El informe emitido hoy por los analistas de Credit Suisse vuelve a dejar rezagado a Bankia. La firma suiza de inversión revisa a la baja sus valoraciones sobre Bankia, Sabadell y CaixaBank. De sus nuevos precios objetivo, el único que se sitúa por debajo de su cotización es el emitido sobre Bankia.
Credit Suisse rebaja cerca de un 14% su valoración del banco más castigado del Ibex en lo que va de año, desde los 3,60 hasta los 3,10 euros por acción. Esta nueva valoración no otorga margen para la remontada en Bolsa del grupo, al quedarse un 1% por debajo del cierre de la sesión de ayer.
Las caídas en la sesión de hoy deparan nuevos mínimos desde el año 2016 en la cotización de Bankia, por debajo de los 3,1 euros, a un paso ya de perder el nivel de los 3 euros. Su capitalización se afianza de esta forma por debajo de los 10.000 millones de euros.
En plena cuenta atrás para los resultados trimestrales que publicará Bankia el próximo 26 de julio, los analistas de Credit Suisse ajustan un 1% al alza sus estimaciones de ganancias para el conjunto de 2018, si bien incorpora unas rebajas del 12% en sus previsiones de resultados para el año 2019 y del 13% para 2020.
Las presiones derivadas de la valoración emitida por Credit Suisse se suman a las ejercidas en los últimos tiempos por los bajistas. Los últimos datos publicados por la CNMV elevaron las posiciones cortas en Bankia a nuevos máximos históricos, al elevarse al 4,53% de su capital. Este porcentaje duplica con creces el 2,49% contabilizado al cierre de 2017.
Las caídas sufridas por Bankia han elevado el potencial alcista que refleja la valoración del consenso del mercado. El precio objetivo medio emitido por los analistas recopilados por Reuters se sitúa en 3,85 euros por acción, más de un 20% por encima del cierre de ayer, si bien las firmas han rebajado su valoración media desde los niveles superiores a los 4 euros que alcanzaba a finales de 2017.
CaixaBank y Sabadell Los analistas de Credit Suisse no sólo rebajan hoy sus perspectivas sobre Bankia. También recortan a la baja su valoración sobre CaixaBank y Banco Sabadell. A pesar de este recorte, la firma suiza sí ve potencial alcista en los dos bancos.
La nueva valoración de CaixaBank, 4,3 euros por acción, es fruto de un descenso del 6% respecto a la estimación previa, aunque se sitúa un 14% por encima del cierre de ayer.
Las acciones de Banco Sabadell también tienen un 14% de recorrido al alza respecto a su cotización actual, de acuerdo con el nuevo precio objetivo emitido por Credit Suisse, 1,6 euros.
La firma suiza recorta igualmente sus perspectivas de resultados para los dos bancos españoles. Reduce un 11% sus estimaciones sobre sabadell para 2018 y un 5% para 2019 y 2020. En el caso de CaixaBank, disminuye sus estimaciones para 2018 un 9%, y mantiene sin cambios sus proyecciones para 2019 y 2020.
Alicante tiene los municipios más pobres y Valencia, los más ricos de la Comunidad Valenciana
VALENCIA.- Tres de los veinte
municipios con menos renta por habitante de España se encuentran en la
Comunitat Valenciana; concretamente en la Vega Baja del Segura. Almoradí, Torrevieja y Crevillent
tienen el dudoso honor de aparecer en un ránking en el que la localidad
de Níjar en Almería encabeza la clasificación con una renta media de
sólo 6.264 euros por residente, según recoge Las Provincias.
En cambio, ningún municipio valenciano se encuentra entre los que tienen una mayor renta de España. La lista la encabezan tres localidades madrileñas (Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Las Rozas), todos ellos con ingresos superiores a los 18.000 euros.
El primer municipio valenciano en el ránking es Bétera, con una renta media de 12.859 euros, muy por debajo de los 23.861 de Pozuelo de Alarcón, la más alta del país.
Son datos de 'Indicadores Urbanos', un estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) en el que se recogen parámetros de contenido socioeconómico para
conocer y medir la calidad de vida en las áreas territoriales. Los datos
se refieren a municipios con una población superior a los 20.000
habitantes.
Alicante se presenta como la provincia de la Comunitat con los municipios más pobres de la Comunitat. Almoradí (6.849), Torrevieja (7.108 euros por habitante), Crevillent (7.213), Aspe (7.530), Petrer (7.832), Pilar de la Horadada (7.947), y Elda
(7.955) (todos colindantes o muy cercanos a la Región de Murcia) son
las localidades valencianas con la renta per cápita más baja y ninguno
de ellos alcanza el umbral de pobreza.
La provincia de Valencia, en cambio, concentra los municipios con un
nivel de renta más alto de la Comunitat. A Bétera le siguen Alboraya (12.420 euros por habitante), Valencia (11.858), Castellón de la Plana (10.913) y Sant Joan (10.731).
En el entorno de Valencia
se encuentran varias de las localidades valencianas con ingresos más
elevados. Es el caso de Bétera y Alboraya y también de Riba-roja, Sagunt y La Pobla de Vallbona, estas tres poblaciones con rentas que rondan los 10.500 euros anuales.
La clasificación no varía
si se tiene en cuenta la renta media por hogar. Los municipios
alicantinos siguen a la cola y los del entorno de Valencia encabezan la
lista. Torrevieja y Almoradí son los más pobres, mientras que Bétera y
Alboraya, son los que cuentan con un mayor poder adquisitivo.
La Encuesta de Condiciones de Vida, publicada la pasada semana por el INE, señala que el umbral de pobreza se encuentra en unos ingresos por persona de 8.522 euros anuales y de 17.896 en el caso de los hogares (definidos por dos adultos y dos menores). La renta por habitante en la Comunitat, con 9.801 euros, se sitúa por debajo de la media nacional (11.074), según los datos de este estudio.
A partir de estos datos,
Alfafar, Almoradí, Aspe, Calp, Crevillent, Elche, Elda, Orihuela,
Petrer, Pilar de la Horadada, Torrevieja y Villena se encontrarían por
debajo de este umbral.
La encuesta establece lo que denomina áreas urbanas funcionales (AUF) formadas por aquellos municipios en el que más del 15% de la población ocupada
se desplaza a esa ciudad por motivos de trabajo. En España se han
definido 70. Cuatro de las diez más pobres pertenecen a la Comunitat y
dos de ellas (las de Elche y Torrevieja) son las que menor renta tienen
de todo el Estado.
Zonas verdes
La
auditoría recopila también otros datos socioeconómicos sobre las
ciudades. Así, Alcoy y Sagunt son dos de las ciudades españolas con
menos zonas verdes. Mientras que Benidorm es el quinto municipio mayor
de 50.000 habitantes a nivel nacional que más suelo destina a estos usos
y a instalaciones deportivas y de ocio, con el 10,92% de la superficie.
Valencia destina un 4%
del suelo a estos usos, seguido por Paterna (2,9%), Alicante (2,1%),
Gandia (1,67%), Torrevieja (1,47%), Castellón (1,37%), Elda (1,33%), San
Vicente del Raspeig (1,2%), Elche (1,1%) y Torrent (0,23%).
Un respeto para los tribunales alemanes / José Luis Manzanares *
Tras
esa advertencia, vayan unos breves comentarios al rechazo del Tribunal
Superior de Schleswig-Holstein a entregar al ex presidente catalán
Puigdemont para ser juzgado en España por el delito de rebelión.
En primer lugar, no hay una conjura internacional contra España
(antes decían que la hubo judeo masónica), ningún menosprecio de nuestro
Tribunal Supremo por parte de aquel Tribunal Alemán de ámbito, en
principio, autonómico. La Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE)
deja a cada país la regulación del procedimiento para tramitar y
resolver las correspondientes solicitudes. Los alemanes se han inclinado
por estos Tribunales Superiores de los Länders y nosotros por la
Audiencia Nacional, también si la petición proviniera de un Tribunal
Supremo extranjero. Así, pues, menos gestos de dignidad ofendida.
En segundo término, el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein no ha
entrado ni podía entrar en si los hechos atribuidos a Puigdemont
configuran o no un delito de rebelión en el Código Penal Español. Se ha
limitado a afirmar que son atípicos en el derecho alemán, o sea, que en
la República Federal serían impunes porque su delito de alta traición
(allí no existe el de rebelión como tal) requiere de una violencia
medial o amenaza de la misma que, en este caso, no se habría dado con la
intensidad requerida. Que para nosotros pueda haber delito de rebelión,
con una interpretación más laxa de la violencia, no es cosa suya.
En tercer lugar, sería conveniente tener bien claro que es la propia
Orden Europea la que distingue entre una larga lista de delitos en los
que la entrega es casi automática y aquellas otras infracciones
criminales en la que se aplica el principio de doble incriminación, de
forma que la entrega solo procedería si los hechos fueran constitutivos
de delito también en el país al que se dirige la petición.
Repitámoslo,
los tribunales alemanes y sólo los alemanes serán competentes para
pronunciarse sobre este punto que solo a su derecho se refiere. No ha
habido choque de trenes, ni actitud ofensiva frente a nuestro Tribunal
Supremo, ni nada por el estilo.
En este caso la Orden Europea ha funcionado correctamente, aunque no con el resultado deseado por nuestro Tribunal Supremo.
(*)
Consejero Permanente de Estado, Magistrado del Tribunal Supremo (J),
Abogado del Estado (J) y Profesor Titular de Derecho Penal
martes, 3 de julio de 2018
Sindicalistas corporativistas pueden tomar el poder en la Confederación Hidrográfica del Segura
MURCIA.-
Aunque no se ha producido hasta el momento, todo parece indicar que los
próximos máximos responsables de Confederación Hidrográfica del Segura
(CHS) serán dos sindicalistas del sindicato corporativista y de derechas
Fedeca, que representa solo a los altos funcionarios del Estado, según dice en nota de prensa la sección sindical de CC OO en la CHS.
"Desde hace días en la prensa regional se viene anunciado que el próximo presidente del Organismo Autónomo será Mario Urrea, interventor de Fedeca
en el último proceso electoral, por lo tanto, alguna vinculación con
esta Organización tendrá, además de que tiene la “bendición de los
jerarcas” del SCRATS, lo que, a nuestro juicio, no es la garantía de
autonomía e independencia que debiera presidir la gestión del Organismo.
Para la Secretaría General del Organismo se anuncia como posible a Mónica Gonzalo, actualmente delegada sindical electa de Fedeca
y representante de este sindicato en las reuniones de la CHS.
Contraria, entre otros, a la funcionarización de los titulados
superiores y medios del personal laboral que accedieron por el principio
de mérito y capacidad a plazas reservadas para funcionarios, algo que
es una auténtica discriminación en la AGE.
Por si a alguien se le escapa que tipo de sindicato es Fedeca, basta leer su denominación: Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, una organización corporativa, conservadora de la que suelen formar parte los que se auto consideran la “elite” de los funcionarios y que, con este perfil, lógicamente tiene la representación que tienen.
Actualmente Fedeca recibe un trato especial del Segura, mantiene un espacio sindical en la web del Organismo, cuando por la representatividad obtenida en las últimas elecciones sindicales no les corresponde, algo que, en su día, CC.OO., denunció ante los responsables del Ministerio, pero probablemente el Gobierno y sus adláteres de derechas prefirieron mantener; por lo tanto, no hubo sorpresa.
Lo que si sorprende es que, el nuevo “Gobierno de izquierdas”, opte en su caso, por nombrar
máximos responsables del Organismo de cuenca a sindicalistas de Fedeca, aunque cuenten con el beneplácito de los jerarcas del SCRATS que deben haber optado por “bendecir” lo conocido antes que nombren desde el Ministerio a alguien con criterio propio que no vayan a coincidir con los intereses de esa jerarquía".
López Abad y Amorós vuelven al banquillo por las preferentes de la CAM
MADRID.- La Audiencia Nacional juzga desde mañana a los ex directores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y María Dolores Amorós por presunta estafa en la venta de preferentes, delito por el que los afectados piden para ambos hasta diez años de prisión.
La sección cuarta de la sala de lo Penal será la encargada de celebrar las vistas, en las que sólo ejercerán la acusación las plataformas representadas por la asociación de consumidores Adicae y el abogado Diego de Ramón, después de que la Fiscalía Anticorrupción no presentara escrito contra los ex directivos.
Éstas solicitan para ambos diez años de cárcel por estafa agravada en concurso con publicidad engañosa; en el caso de Adicae, pide una multa de 36.500 euros, así como la inhabilitación de los ex directivos para desempeñar cargo, empleo o profesión dentro del sector bancario.
Respecto a la responsabilidad civil, reclama que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria en las cantidades que la sala determine una vez se ejecute la sentencia.
Diego de Ramón, por su parte, fija la indemnización en 11 millones de euros, una cuantía de la que discrepó la juez Carmen Lamela el pasado enero al decretar la apertura del juicio oral ya que "no han podido ser concretados hasta el momento los perjuicios a los perjudicados".
No obstante, las dos apuntan a la aseguradora Caser como responsable civil directo, en tanto que piden que la Fundación CAM y Banco Sabadell, que adquirió la entidad a precio de saldo en diciembre de 2011, respondan en calidad de subsidiarias.
En junio de 2016, la sección tercera de la sala de lo Penal ratificó
el procesamiento de López Abad y Amorós, cuyas defensas alegaron que no
existió falsificación de la información facilitada en el momento de la
contratación por parte de los clientes.
En concreto, los ex directores generales reiteraban que los datos ofrecidos al público fueron correctos y veraces, y apelaban tanto a la inexistencia de perjuicio para los inversores como a la diligencia en la comercialización, proceso en el que "se observaron todas las exigencias que establecía la legislación y las posibles deficiencias".
Además, cargaban contra el resto de entidades que vendieron estos productos "en igualdad de condiciones", un argumento rechazado entonces por el tribunal, que destacó que "la ausencia de procedimientos penales contra ellos" no determina que tales hechos no puedan perseguirse.
Al margen del presente procedimiento, el pasado octubre la Audiencia Nacional condenó a López Abad y Amorós, junto a otros dos antiguos miembros de la cúpula de la entidad, a tres años de cárcel por "distorsionar" los estados contables entre 2010 y su intervención en 2011, "vulnerando" la imagen de la CAM en momentos de grave crisis.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)