MADRID.- Dos meses después de las elecciones municipales y constituidos los ayuntamientos, caras nuevas se encargarán de dirigir el urbanismo en las corporaciones locales con el objetivo de recuperar la confianza de los ciudadanos, despejar las dudas de corrupción y buscar el desarrollo sostenible.Los partidos políticos no quieren volver a protagonizar portadas compartidas con constructores, licencias irregulares y dinero en bolsas de basura y los ayuntamientos no están dispuestos a tolerar capítulos al más puro estilo de "Huevos de oro" -el film de Bigas Luna que retrató el Benidorm más esperpéntico-.
La sombra de la "Operación Malaya" es alargada, pero Alba Echeverría, la nueva delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, ha desembarcado en el consistorio con el fin de hacer desaparecer del imaginario de la Costa del Sol las "mamachichos" y los "mirós" en el baño.
El avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de este enclave malagueño ya se encuentra en fase de exposición pública y puede ser consultado por todo el que quiera en una sala del Palacio de Congresos marbellí.
El PP espera dar un soplo de aire fresco, de la mano de la Junta de Andalucía, al urbanismo marbellí, feudo de escándalos inmobiliarios en las últimos años bajo el mandato del GIL.
También el PSOE quiere desterrar la "pesadilla" de la construcción en Andratx (Mallorca), explica a EFE el nuevo edil de Urbanismo de esta localidad mediterránea, Epifanio Méndez, quien tacha de "mal sueño" el escándalo en esta localidad encabezado por el ex alcalde Eugenio Hidalgo.
Méndez recuerda que después de su elección "no podía entrar en su despacho" porque el anterior equipo de Gobierno municipal había convertido las dependencias destinadas al edil de esta materia en un "almacén".
"Para llegar a la mesa tuve que ir saltando encima de montones de expedientes", prosigue el nuevo edil, quien dedicó sus primeros días a convencer al personal del departamento -"machacado psicológicamente y desmotivado"- de que no se marchase de la Concejalía.
Después de reorganizar todo el archivo de su área durante veinte días, ahora se enfrenta a los retos de estudiar los expedientes de obras pendientes, aplicar las nuevas normas subsidiarias y readaptar la situación de las urbanizaciones privadas.
En el archipiélago canario también tiene bastante trabajo por delante el nuevo concejal de Urbanismo del municipio de Telde, José Antonio Perera, quien tiene que poner orden en este consistorio que fue escenario del conocido "Caso Faycán".
El edil del PSOE, cuyo partido gobierna junto a NC esta corporación grancanaria, buscará plasmar sobre suelo insular "una nueva política urbanística y del territorio", según consta en el programa electoral socialista de las pasadas elecciones municipales.
Los socialistas en esta localidad defienden un "concepto de urbanismo al servicio de la cohesión social" y proponen modificar el Plan General de Ordenación "para convertirlo en elemento dinamizador" y "acabar con el actual e ineficiente modelo de ciudad difuso por uno más equilibrado".
En esta tarea, los nuevos ediles tendrán que colaborar con los gobiernos autonómicos, a los que corresponde la competencia de urbanismo.
Precisamente, en los Ejecutivos regionales nuevos "fichajes" deberán lidiar durante los próximos cuatro años con leyes, licencias y planes.
Tal es el caso de Gabriel Vicens, consejero de Movilidad y Ordenación Territorial en el Gobierno que dirige Francesc Antich en Baleares, que ya ha abogado en los primeros días al frente de este Departamento por sacar adelante con todo el consenso posible una Ley autonómica del Suelo.
En Castilla-La Mancha tienen como nuevo rostro del urbanismo a Julián Sánchez Pingarrón, un consejero dispuesto a "llevar a cabo políticas eficaces de promoción de suelo", en las que cobrará vital importancia el fomento de la vivienda protegida, declaró él mismo.
Ajenos a las cacerías en África, los relojes de oro y los coches deportivos, una nueva hornada de políticos ha llegado para tratar de eliminar las dudas sobre los departamentos de Urbanismo y encontrar el equilibrio entre el crecimiento y la sostenibilidad de las ciudades. Tienen una legislatura para llevarlo a cabo.- (EFE)
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