MADRID.- La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, afirmó ayer que el IV acuerdo marco de la estiba no se ajusta a la legalidad, como pusieron de manifiesto los dos informes jurídicos solicitados al respecto por Puertos del Estado, y negó que el rechazo a este acuerdo responda a la oposición de esta institución a sustituir las sociedades de estiba, de participación pública mayoritaria, por APIEs, asociaciones integradas por capital privado.Durante su comparecencia en la sesión de control en el Senado, Álvarez apuntó que el acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria fue revisado por Puertos del Estado ante la posible falta de legitimidad de las empresas que agrupa uno de sus firmantes, la patronal del sector Anesco, al tener contratado sólo al 8% de los trabajadores, así como por la posible invasión de ámbitos de competenciales ajenos a servicios públicos básicos de estiba y desestiba por parte de los propios firmantes.
La ministra señaló que no sólo Puertos del Estado fue partidario de impugnar el acuerdo alcanzado en julio de este año, ya que el 20 de septiembre de 2007 los presidentes de todas las autoridades portuarias que presiden las sociedades estatales de estiba firmaron un documento en el que manifestaron compartir íntegramente los argumentos de la petición presentada por Puertos del Estado.
Más aún, añadió, otras organizaciones como UGT y CC.OO. o la Confederación Española de Pesca han solicitado la no inscripción del acuerdo.
Por su parte, el senador de CiU en el Senado, Pere Macías acusó a las autoridades portuarias de no estar cumpliendo la legalidad vigente y afirmó que la "situación es grave".- (Agencias)
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