MADRID.- La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa es el resultado de dos años de trabajo de auditores externos encargados por el Ministerio de Medio Ambiente y este miércoles fue presentado ante el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el órgano consultivo que agrupa a administraciones, expertos, ecologistas y agentes sociales. Su objetivo es tan ambicioso como complicado, un cambio de modelo en la gestión de la franja costera, el fin de los desmanes urbanísticos y restañar los daños ocasionados con construcciones ilegales e infraestructuras contra natura.
Propone demoliciones, compra pública de terrenos y un franja de exclusión de 500 metros desde la línea del oleaje. Eso sí, dejó claro que «han de ser las comunidades autónomas y los ayuntamientos afectados quienes ejecuten voluntariamente el plan porque la mayoría de las competencias son suyas».
El Gobierno estará detrás, apoyando con fondos y expertos, matizó la ministra.
«Nos jugamos mucho en términos ambientales y económicos», recordó la ministra de Medio Ambiente, que presidió la décima sesión del CAMA en esta legislatura. No le falta razón. Años de turismo playero masivo, la fiebre de las segundas residencias, la proliferación de puertos deportivos, espigones, etc, han acercado el cemento al borde mismo de la arena y más allá.
Además, existe la amenaza de la subida del nivel del mar por el cambio climático, perceptible ya, pero que en España podría llegar a los quince metros de media para el año 2050, según los estudios más rigurosos. En las próximas décadas, los casi 900 kilómetros de fachadas marítimas urbanas en el Mediterráneo, Andalucía occidental y los archipiélagos «están expuestos a sufrir daños significativos y crecientes por la acción del mar», subraya la Estrategia presentada.
Ése es el panorama y lo que se pretende es frenar la degradación natural e inducida, evitar el éxodo de turistas a países más vírgenes -la patronal del sector turístico costero ha advertido del riesgo- y, a la vez, devolver para el uso público la franja costera más próxima al agua.
España tiene 8.000 kilómetros de litoral y, de ellos, 600 han sido «transformados por obras artificiales», detalla la estrategia. El estudio se centra en el arco mediterráneo, el litoral atlántico andaluz y los dos archipiélagos, las zonas más degradadas. Para una segunda fase queda el retrato de la cornisa cantábrica y Galicia.
En algunas autonomías mediterráneas, más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables y casi el 25% del litoral es costa artificial. Según el informe, un tercio de la costa del Mediterráneo requiere «restauración y/o mejora ambiental», y la mitad de los 1.000 kilómetros de playas y casi el 70% de los sistemas de dunas «necesita algún arreglo». Pese a todo, en la estrategia no se han anunciado medidas concretas que adoptar desde ya.
Narbona insistió en que corresponde actuar a comunidades autónomas y ayuntamientos. El Ministerio de Medio Ambiente «colaborará para defender el litoral hasta donde haya acuerdos» y consenso, plasmado en convenios bilaterales con cada comunidad.
Además, la ministra recordó que los 500 metros de exclusión para nuevas construcciones desde la línea del oleaje es «una recomendación» que ya aplican algunas regiones, como Murcia, Cantabria, Asturias, o Cataluña y que «debería generalizarse».- (Agencias)
(Playa de Poniente, en Benidorm)
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