MADRID.- Un informe de la Agencia Tributaria apunta presuntas irregularidades en la contabilidad del PP valenciano, que podría haberse beneficiado de donaciones indirectas de determinadas empresas que sustituían al partido a la hora de abonar servicios a la empresa Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, considerado el responsable de la trama Gürtel en esa Comunidad.
El citado documento de Hacienda fue solicitado el pasado 6 de mayo por Antonio Pedreira, juez del tribunal superior de Madrid (TSJM), y analiza los pagos y cobros de Orange Market en el 2007, año en que se celebraron elecciones autonómicas.
La dirección popular, al conocer que se había difundido este informe, montó en colera: entiende que se ha buscado condicionar la decisión del Supremo en torno a Camps y anunció una querella contra el funcionario responsable del dosier, «por falsedad de documento público y prevaricación».
«Habiéndose rebasado el límite de lo admisible en el uso torticero y oscuro de las instituciones del Estado, el PPCV hará uso de todos y cada uno de los instrumentos que le asisten en un Estado de derecho para poner fin a la campaña estatal orquestada por el Gobierno socialista para dañar la imagen de este partido», avisó el PP en un comunicado.
En el ya mencionado informe de la Agencia Tributaria se señala que Orange Market, en el 2007, documentó mediante facturas e incluyó en su contabilidad «solamente una parte de los servicios realizados», pese a que también prestó otros «que no incluyó en su contabilidad, ocultando también el cobro recibido por ellos».
La Agencia Tributaria destaca que el receptor «único o principal» de estos servicios que dan lugar a cobros opacos «es el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV)». La conclusión es que «del gasto total de la campaña, incluyendo la parte correspondiente a la cuota del IVA repercutido –en los casos en que Orange Market emitió factura–, una parte fue pagada por el PPCV y otra por terceros».
En este contexto, se agrega que la «opacidad» con la que se entregan las cantidades a la empresa del Bigotes para el pago de los gastos de campaña electoral «hace presumir que no se correspondan con recursos declarados o transparentes».
«Por ello presumimos que esos pagos del PPCV se corresponden con donaciones o aportaciones anónimas recibidas de terceros», se sentencia.
Los conservadores aseguran no entender por qué la Agencia Tributaria se dedica ahora a sacar conclusiones de esta índole. «Nunca un informe sobre la actividad de un proveedor puede valorar la legalidad o ilegalidad de uno de sus clientes, máxime cuando el cliente en cuestión, el PPCV, tiene al día sus responsabilidades tributarias, fiscales y de control», dicen los populares.
El citado documento de Hacienda fue solicitado el pasado 6 de mayo por Antonio Pedreira, juez del tribunal superior de Madrid (TSJM), y analiza los pagos y cobros de Orange Market en el 2007, año en que se celebraron elecciones autonómicas.
La dirección popular, al conocer que se había difundido este informe, montó en colera: entiende que se ha buscado condicionar la decisión del Supremo en torno a Camps y anunció una querella contra el funcionario responsable del dosier, «por falsedad de documento público y prevaricación».
«Habiéndose rebasado el límite de lo admisible en el uso torticero y oscuro de las instituciones del Estado, el PPCV hará uso de todos y cada uno de los instrumentos que le asisten en un Estado de derecho para poner fin a la campaña estatal orquestada por el Gobierno socialista para dañar la imagen de este partido», avisó el PP en un comunicado.
En el ya mencionado informe de la Agencia Tributaria se señala que Orange Market, en el 2007, documentó mediante facturas e incluyó en su contabilidad «solamente una parte de los servicios realizados», pese a que también prestó otros «que no incluyó en su contabilidad, ocultando también el cobro recibido por ellos».
La Agencia Tributaria destaca que el receptor «único o principal» de estos servicios que dan lugar a cobros opacos «es el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV)». La conclusión es que «del gasto total de la campaña, incluyendo la parte correspondiente a la cuota del IVA repercutido –en los casos en que Orange Market emitió factura–, una parte fue pagada por el PPCV y otra por terceros».
En este contexto, se agrega que la «opacidad» con la que se entregan las cantidades a la empresa del Bigotes para el pago de los gastos de campaña electoral «hace presumir que no se correspondan con recursos declarados o transparentes».
«Por ello presumimos que esos pagos del PPCV se corresponden con donaciones o aportaciones anónimas recibidas de terceros», se sentencia.
Los conservadores aseguran no entender por qué la Agencia Tributaria se dedica ahora a sacar conclusiones de esta índole. «Nunca un informe sobre la actividad de un proveedor puede valorar la legalidad o ilegalidad de uno de sus clientes, máxime cuando el cliente en cuestión, el PPCV, tiene al día sus responsabilidades tributarias, fiscales y de control», dicen los populares.
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