VALENCIA.- Las Corts Valencianes han rechazado este miércoles --con los votos en contra del PP y a favor de los tres grupos de la oposición-- una propuesta de EUPV que plantea la creación de una comisión no permanente de investigación sobre el 'caso Brugal', para esclarecer los vínculos entre la supuesta trama y las personas públicas afectadas y, subsidiariamente, la depuración de responsabilidades políticas.
El PP ha destacado que este asunto no tiene nada que ver con ningún miembro relacionado directamente con la Generalitat y ha instado a dejar trabajar a la justicia, mientras que los grupos de la oposición han hecho hincapié en la necesidad de que exista "transparencia" en la vida política.
El diputado de EUPV Lluís Torró ha acusado al PP de permitir que "algunos de los principales implicados en esta trama" estén sentados en el hemiciclo de las Corts, en referencia a los diputados autonómicos del PP Sonia Castedo --alcaldesa de Alicante-- y Luis Díaz Alperi, su predecesor en el cargo, de los que este último no ha asistido a la sesión plenaria de este miércoles.
Torró ha hecho hincapié en que en este asunto hace falta "luz y taquígrafos", así como "dar la cara y enseñar todas las cartas". El parlamentario de EUPV ha señalado que "del procedimiento judicial derivarán penas y sanciones", pero lo que deben hacer las Corts es "aclarar responsabilidades políticas".
A su juicio, "no sería comprensible que no se aprobara la comisión, que escondieran la cabeza bajo el ala una vez más" y ha manifestado que "la transparencia puede empezar por aquí", con la aprobación de la comisión.
Por su parte, el diputado del PP Antonio Peral ha expresado su "indignación" por esta propuesta. En su opinión, la única intención de EUPV es "intoxicar a la opinión pública, promocionarse y perjudicar la actividad parlamentaria de la Comunitat Valenciana". Así, ha acusado a EUPV de practicar "cañorrerismo político".
Peral ha asegurado que este asunto no tiene nada que ver con ningún cargo público ni institución que tenga relación directa con la Generalitat, puesto que "se circunscribe a ayuntamientos y diputaciones de la provincia de Alicante". El parlamentario 'popular' ha instado a EUPV a "dejar que las investigaciones sigan su curso a través del cauce judicial que ya está en marcha".
Torró, en su turno de réplica, ha dicho sentir "tristeza y vergüenza" y ha recordado que, hasta el día de hoy, "ninguno de los implicados ha salido a la calle para decir que esto no es cierto". Peral le ha urgido a "dejar funcionar a la administación de justicia para que haga su trabajo" y le ha instado a que pida la comisión de investigación "en los ayuntamientos o en las diputaciones correspondientes" para que se ocupen de un asunto que "sí les compete".
Por su parte, el parlamentario socialista Javier Macho ha expresado el apoyo de su grupo a esta comisión de investigación sobre el 'caso Brugal', y ha destacado: "ya no podemos admitir excusas". Así, ha advertido al PP de que con su voto en contra a esta propuesta dejan claro que "nos les gusta ni quieren que nadie investigue esto y que los compromisos y buenas palabras de Rajoy y de Fabra son simplemente papel mojado".
Asimismo, la diputada de Compromís Mireia Mollà ha incidido en que "ya era hora" de plantear una comisión de este tipo y ha subrayado que "quien nada teme, nada esconde".
Tampoco el PGOU de Alicante
El PP en las Corts también ha rechazado una proposición no de ley de la Coalició Compromís para que se suspenda al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, que está siendo investigado en el marco del 'caso Brugal', hasta que se determine su legalidad por parte de los órganos jurisdiccionales.
Durante el debate, Oltra ha leído algunos artículos de prensa en los que se han publicado conversaciones de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, con miembros investigados en la trama: "Ella pedía y el promotor obedecía", ha concluido. Castedo, presente en el pleno de las Corts como diputada del PP, se ha reído al ser nombrada por la diputada de Compromís de esta manera y Oltra lo ha considerado un "insulto" a la ciudadanía.
Además de la petición sobre el PGOU, la propuesta rechazada por el PP apostaba por la creación de un parque público de viviendas; que se garantice el acceso a la vivienda mediante alquileres asequibles que no superen un porcentaje máximo del 25 por ciento sobre la renta del arrendatario o la unidad familiar; que se disponga de viviendas con servicios comunes para colectivos específicos; viviendas de acogida temporal para familias en situación de exclusión social o alto riesgo de exclusión.
Frente a esto, el PP ha presentado una enmienda transaccional para que el Consell "dé prioridad" para acceder al alquiler de vivienda del parque público a las familias en riesgo de exclusión social por la pérdida de vivienda en procesos de ejecución hipotecaria. Sin embargo, ha considerado que esta propuesta era un "insulto a la gente que se ha quedado en la calle" porque la solución del PP es "ponerles en una lista".
Asimismo, se ha rechazado que el Consell firme un convenio con la CAM para que las viviendas de las que disponen en stock por los impagos sean puestas a disposición del parque público y que el IVVSA haga lo mismo con sus viviendas en stock. Igualmente, Compromís pedía al Gobierno valenciano que adquiera las casas a medio construir, para que formen parte del parque público de viviendas.
En este punto, la diputada socialista María José Salvador ha anunciado la presentación de una enmienda transaccional para que el Consell negocie, además de con la CAM, con otras cajas de ahorro. Sin embargo, el presidente de la Mesa, Juan Cotino, ha indicado que no tenía constancia de dicha propuesta, por lo que no ha sido contemplada.
La 'popular' Verónica Marcos ha argumentado que es "complicado" incrementar el parque público de viviendas de la Generalitat porque ya se dispone de una red pública de vivienda y porque "hemos hecho los deberes estos años". Asimismo, ha aprovechado para criticar al Gobierno socialista por "eliminar" las ayudas al sector de la vivienda.
Por parte del PSPV, que ha apoyado la propuesta de Compromís, igual que EUPV, la diputada María José Salvador ha lamentado la política "errática" y "socialmente fría" del Consell en materia de vivienda social, así como la "reducción" presupuestaria para las ayudas para vivienda en los presupuestos de la Generalitat de los últimos años.
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