ALICANTE.- Tres
ex consejeros de Caja Mediterráneo (CAM) han dirigido al Banco de
España un pliego de alegaciones en el que atribuyen las posibles
irregularidades detectadas en la gestión de la entidad al «núcleo duro»
directivo formado en torno al ex presidente Modesto Crespo y a los ex
directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, según 'Abc'.
El
escrito remitido al regulador está firmado por Juan García Gómez —que
fue consejero de CAM entre 2004 y 2010—, Juan Bernal Roldán y Manuel
Muelas Yébenes, estos últimos consejeros desde febrero de 2010 hasta que
la caja fue intervenida, el pasado julio. Los dos primeros fueron
elegidos en representación de los ayuntamientos, mientras que Muelas
procede de los impositores.
En
su pliego de alegaciones, asumen que las irregularidades expuestas en
el expediente disciplinario abierto por el Banco de España «no son la
manifestación de una conducta negligente por parte de los consejeros,
sino una clara manifestación de una conducta continuada y planificada
por parte de quienes tienen el control efectivo de la entidad».
Los
mismos gestores que, añade el escrito, se fijaron «indemnizaciones
millonarias por prujubilarse, a pesar de la situación financiera», y
aprobaron la incorporación de directivos de la caja al ERE cuando ya se
había cerrado el plazo legal de inscripción.
Los tres ex
consejeros que firman el pliego de alegaciones explican que la gestión
diaria de la caja estaba formada por un núcleo duro» en torno a Modesto
Crespo, López Abad y María Dolores Amorós, junto con los tres
vicepresidentes y el resto de miembros del comité de dirección.
Los
firmantes de la alegación añaden que el equipo directivo ocultaba
información a la mayoría de los consejeros, a los que se les impedía
incluso obtener copias de las actas del consejo y de otros documentos
internos: sólo se les permitía tomar notas a mano, por motivos de
seguridad.
Durante
las reuniones del consejero, señala el escrito, todas las cuestiones se
aprobaban sin debate previo y sin que hubiera apenas margen para pedir
aclaraciones. Todos los informes internos que eran expuestos ante el
consejo estaban avalados previamente por los auditores, por el propio
Banco de España o por la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).
En
estas circunstancias, añaden los firmantes de la alegación, les
resultaba imposible conocer unas irregularidades que «sólo han podido
salir a la luz después de una concienzuda labor inspectora del Banco de
España, labor que ni es posible ni le es exigible a un consejero general
de la entidad. ¿Teníamos que hacer de detectives privados para
investigar el trasfondo de los préstamos y refinanciaciones que se
hacía?».
No hay comentarios:
Publicar un comentario