MADRID.- El gobernador del Banco de España, Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, y el director general del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Mariano Herrera, se han
dirigido al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos,
solicitándole la petición de un informe al Consejo de Estado para que se
pronuncie sobre la obligatoriedad o no de comparecer en la comisión de
investigación de la CAM en las Corts Valencianes.
Fernández Oróñez y Mariano Herrera han respondido así en sendos
escritos al segundo requerimiento que el presidente de las Corts, Juan
Cotino, envió hace dos semanas a las nueve personas que se han negado a
comparecer en la comisión de investigación de la CAM en el parlamento
valenciana.
Cotino también les remitió el dictamen elaborado por los servicios
jurídicos de la cámara en el que consideran que quienes no atiendan a
los requerimientos de las comisiones de investigación se enfrentan a la
sanción prevista en el artículo 502 del Código Penal por un delito de
desobediencia.
El gobernador del Banco de España, en su carta con fecha de
entrada en las Corts del pasado viernes, señala que el segundo
requerimiento plantea "un grave conflicto institucional que afecta a las
facultades que puede ejercer una asamblea autonómica sobre
instituciones estatales sujetas expresamente al control de las Cortes
Generales y que, adicionalmente, se encuentran sometidas a un estricto
deber de confidencialidad derivado de la legislación europea, como es el
Banco España".
Asimismo, añade que esto obliga al Banco de España a "actuar bajo
el principio de máximo respeto a la ley". Por ello, "y en defensa de un
cauce legal específico que permitiera dirimir el citado conflicto" se ha
dirigido al ministro de Economía para que el Consejo de Estado
"dictamine sobre la obligatoriedad de los requerimientos de información y
de comparecencia" dirigidos por el parlamento valenciano a altos cargos
del Banco de España, de la Administración de Estado, del FROB y de
otros entes estatales.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez concluye su escrito rogando al
presidente de las Corts que tenga por contestados los requerimientos
dirigidos al Banco de España y sus altos cargos y empleados,
supendiéndolos "en tanto se evacua el mencionado dictamen".
Por su parte, el director general del FROB, Mariano Herrera, ha
respondido también al segundo requerimiento realizado por las Corts
respecto a él mismo y al exdirector del organismo, Julián Atienza.
En el escrito, con fecha de entrada en las Corts este mismo lunes,
Herrera recuerda en contestación al primer requerimiento se hacía
referencia a la doctrina del Consejo de Estado, según la cual "el deber
de comparecer ante comisiones de investigación de asambleas autonómicas
no alcanzaría a representantes o empleados de órganos o entidades
estatales".
No obstante, añade que según el dictamen elaborado por los
servicios jurídicos de las Corts, "el hecho de que las citadas
comisiones no puedan controlar la actuación del FROB, no sería obstáculo
para entender que esa cámara pueda solicitar la comparecencia de sus
representantes en el marco de la necesaria cooperación entre
administraciones en un estado compuesto".
En este sentido, señala que "tal comparecencia se ceñiría a su
condición de expertos capaces de asesorar o suministrar información a la
comisión a fin de que ésta pueda atender a la finalidad para la que fue
creada", como es esclarecer el proceso que llevó a la intervención de
la caja alicantina por parte del Banco de España.
Mariano Herrera hace referencia en su carta a la "divergencia de
criterios jurídicos" sobre la existencia o no de una obligación de
comparecer y al "secreto al que están sujetas las delibertaciones" de la
comisión rectora del FROB".
Por ello, plantea al ministerio de Economía y Competitividad la
conveniencia de solicitar que el Consejo de Estado "se pronuncie
específicamente sobre los requerimientos para comparecer ante la
comisión de referencia, a fin de asegurar que nuestra actuación se
ajusta estrictamente a la legalidad".
En cualquier caso, Herrera destaca que las conclusiones del
dictamen elaborado por los servicios jurídicos de las Corts
justificarían, a su juicio, "la posible reconsideración de las
comparecencias cursadas a distintos miembros de la comisión rectora y
directores generales del FROB".
No obstante, matiza que "al no estar sujeta la actuación de este
organismo al control de esa comisión", la información que podría ofrecer
el FROB "se referiría exclusivamente a la derivada de su condición de
administrador provisional de la CAM".
Al respecto, asegura que esta información "ha sido ya cumplida y
detalladamente suministrada mediante la comparecencia, el pasado 2 de
mayo, de quienes ostentan la representación del FROB a tales efectos".
En concreto, el 2 de mayo intervino en la comisión de investigación de
la CAM el administrador provisional del FROB en Banco CAM SA, José
Antonio Iturriaga.
Finalmente, Herrera ruega en su escrito que se tenga por
contestados los requerimientos y suspendidas las comparecencias
solicitadas en tanto se pronuncie el Consejo de Estado.
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