ALICANTE.- La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, reunida este viernes,
ha aprobado el plan económico-financiero para cumplir con la regla de
gasto. El presupuesto se mantiene en 347 millones de euros "sin
recortes" y la reducción del cinco por ciento del impuesto de bienes
inmuebles (IBI), aunque no se aplicarán nuevas bajadas de tasas y
tributos en 2025 y 2026.
Así lo ha señalado el ejecutivo
municipal en un comunicado, en el que ha indicado que este documento
contempla "compensar" los 29 millones excedidos, además de sin aplicar
esas nuevas reducciones de impuestos, "con el aumento de los ingresos
por importe de 16 millones por la nueva tasa de basuras impuesta por
Moncloa" y "limitando el uso de los remanentes de tesorería de 155
millones" a "amortizar deuda y a la dotación de créditos para las
operaciones pendientes".
Además, según el gobierno local, "se
implantará la obligatoriedad de efectuar informes de seguimiento y
control de la ejecución presupuestaria con carácter mensual que sirvan
de elemento esencial para la toma de decisiones respecto al cumplimiento
de la regla de gasto".
El concejal de Hacienda, Toni Gallego,
ha remarcado que se ha dado luz verde al plan "sin necesidad de reducir
ninguna partida presupuestaria", por lo que el presupuesto de 347
millones "sigue adelante en su ejecución conforme estaba previsto, sin
recortes y garantizando el funcionamiento de todos los servicios
municipales".
"No podremos bajar los impuestos en 2025 y 2026, pero se
mantiene la rebaja del 5% del IBI aprobada en el anterior mandato", ha
apuntado.
Gallego ha
vuelto a criticar la "limitación" que supone para los ayuntamientos que
no puedan utilizar sus ahorros --en el caso de Alicante, 155 millones
de euros-- por "la decisión de Moncloa de aplicar la regla de gasto".
"Esta decisión tan solo habilita a las administraciones locales a
amortizar deuda de los préstamos solicitados y operaciones pendientes de
crédito", ha añadido.
Y ha remarcado: "No puede el Gobierno
de Pedro Sánchez seguir teniendo secuestrados los ahorros de todos los
alicantinos y de todos los españoles en sus municipios de residencia,
sin que los podamos dedicar a mejorar las infraestructuras y servicios
municipales".
Igualmente, el edil ha pedido al Ejecutivo
central que habilite "mediante un decreto ley la posibilidad al menos de
utilizar" esos ahorros "para atender inversiones financieramente
sostenibles".
"Moncloa está llevando a los ayuntamientos a aumentar la
recaudación vía impuestos municipales y también los ahorros mediante la
aplicación de la regla de gasto, cuando somos las administraciones más
saneadas del Estado y mientras el Gobierno central sigue aumentando de
forma indisimulada el gasto y la deuda pública", ha apostillado.
Desde la oposición, la portavoz del PSPV en el consistorio, Ana
Barceló, ha reprochado al alcalde, Luis Barcala, que "cargue en los
bolsillos de las familias alicantinas las repercusiones del plan
económico-financiero que se ha visto obligado a aprobar como
consecuencia de su mala gestión económica y su incumplimiento de la
regla del gasto en 2024".
El grupo socialista ha sostenido en
un comunicado que "la receta económica del alcalde contempla la
actualización de ordenanzas fiscales para aumentar la recaudación
impositiva en 2026, teniendo previsto ingresar un 152% más por la ORA y
un 20% adicional por la grúa".
"Además, se verá obligado a
renunciar a su compromiso con la ultraderecha para rebajar el IBI de
cara al próximo ejercicio, que fue la piedra angular de su pacto para la
aprobación de los presupuestos que están en vigor", ha apuntado la
formación.
Barceló considera que "el alcalde tiene que dar
explicaciones sobre este ajuste económico que va a cargar sobre los
bolsillos de las familias alicantinas con una subida de tasas" y ha
reiterado: "El único responsable del ajuste presupuestario es Barcala
por su nefasta gestión económica y su mala planificación, que obliga
ahora aumentar la carga fiscal a todos los alicantinos", ha señalado
Barceló.
El PSPV ha aseverado que el plan aprobado por la
Concejalía de Hacienda prevé que "por el servicio de zona azul de
aparcamiento se recaudarán más de 5,6 millones de euros (un 152% más con
respecto a 2024) y casi 2,2 millones de euros por el servicio de grúa
(un 20% más)".
Asimismo, la edil socialista Silvia Castell ha
subrayado, respecto al impuesto de construcciones (ICIO), que el plan
económico-financiero "refleja que se producirá un incremento de
recaudación, aunque lo cierto es que en el último año, y tras la rebaja
acordada con Vox de este impuesto, se han recaudado 1,6 millones menos
con respecto al ejercicio anterior".
"Otra de las
consecuencias de este plan económico financiero radica en que el
gobierno de Barcala tendrá que redactar de forma obligatoria informes de
seguimiento y control presupuestario con carácter mensual para dar
cuenta de la gestión de los fondos públicos", ha sentenciado el PSPV.
De otro lado, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha indicado que
"este plan económico-financiero es un atraco fiscal con todas las
letras" y cree que "el concejal de Hacienda y el alcalde han decidido
sangrar a los vecinos con una tasa de basura récord y paralizar
inversiones, mientras mantienen su maquinaria de propaganda intacta".
"El agujero de 29 millones lo han cavado ellos mismos dilapidando el
remanente y ocultando gastos como el contrato del autobús urbano. Ahora
pretenden endosar la factura a las familias alicantinas", ha aseverado
el edil de la coalición en un comunicado.
Y ha zanjado:
"Exigimos la retirada inmediata de esta chapuza y la presentación de un
plan serio de eficiencia con menos asesores, menos autobombo y más
inversión social. Si el alcalde y su concejal de Hacienda no saben
cuadrar las cuentas sin vaciar los bolsillos de la gente, que se
marchen. Alicante merece gestores, no recaudadores compulsivos".
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