También está pendiente la aprobación del límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', que tendrá que ser aprobado por el Congreso y el Senado y que constituyen los pasos iniciales para la elaboración y presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020.
La senda de estabilidad presupuestaria actual y oficial, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, fijó un objetivo de déficit para el conjunto del Estado del 0,5% del PIB para 2020 y estabilidad presupuestaria ya en 2021, unas metas prácticamente inalcanzables, ya que las últimas previsiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez apuntaban a un déficit del 1,7% este año y del 0,4% en 2021, aplazando la estabilidad presupuestaria para el año 2022.
Aunque por ahora se desconoce la distribución de los nuevos objetivos de déficit por administraciones, es previsible que se otorgue un mayor margen, tal y como ha sucedido ya con las comunidades autónomas.
En concreto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el pasado viernes la relajación de los objetivos de déficit para las regiones, estableciendo un déficit del 0,2% del PIB este año, del 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde 2022.
Con esta senda el Gobierno da más flexibilidad para el cumplimiento, puesto que el objetivo autonómico previsto inicialmente por el Ejecutivo de Sánchez era de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones lograsen estabilidad presupuestaria ya el año que viene. De hecho, la senda que aprobó el PP establecía equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas ya para el ejercicio 2020.
En el caso de las entidades locales, Montero, junto a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, presidió este lunes la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) en la que se trasladaron las metas para las entidades locales, de previsible equilibrio presupuestario ante el superávit del conjunto del subsector, que ronda el 0,4% del PIB.
La nueva meta para el Estado y la Seguridad Social no se conocen aún, si bien Montero avanzó el viernes que se les requerirá un esfuerzo mayor que a las regiones, de en torno a "tres y cuatro escalones".
Respecto a la deuda pública, el Gobierno calcula que la ratio de deuda pública podría haber concluido 2019 en el 95,9% del PIB, y se marcó la meta de rebajarla al 94,6% este año, si bien estas cifras podrían relajarse también en la nueva senda.
El Gobierno está en constante diálogo con Bruselas respecto a las previsiones y la nueva senda, a la espera del plan presupuestario sobre el que se pronunciará en su momento la Comisión Europea. Tras sacar a España del procedimiento de déficit excesivo, Bruselas reclamaba al país un ajuste estructural del 0,65% del PIB, equivalente a unos 8.000 millones de euros, para el año pasado y el actual. 
Las cuentas españolas están actualmente controladas en el llamado brazo 'preventivo', en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico.
Tras aprobar la senda con los nuevos objetivos de déficit y deuda y el límite de gasto no financiero ('techo de gasto') en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo de coalición tendrá que llevarlos al Congreso de los Diputados y el Senado, en donde deberá conseguir el apoyo suficiente para su visto bueno. Si finalmente logra el respaldo al 'techo de gasto' y a la senda de déficit y deuda, el Ejecutivo presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020.
La votación de la nueva senda autonómica en el CPFF, que no se reunía desde 2018, dio como resultado su aprobación gracias a los doce votos a favor de las nueve comunidades autónomas gobernadas por el PSOE: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria (en coalición con PRC), Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y Navarra (en coalición con Geroa Bai y Podemos), más el voto de Melilla (presidida por Cs) y del propio Ministerio de Hacienda. 
Por el contrario, rechazaron la nueva senda las cinco regiones del PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia), más la ciudad autónoma de Ceuta.
Navarra participó votando a favor, aunque se acoge a un régimen especial, al igual que País Vasco, que no envió a ningún representante a la reunión. Cataluña acudió pero no votó.
Estos posicionamientos dejan entrever el panorama de las negociaciones que empezará en breve el Gobierno, aunque conseguir que el techo de gasto y especialmente los Presupuestos salgan adelante en el Parlamento será mucho más complicado que la aprobación de la senda para las comunidades autónomas, ya que en el CPFF el Ministerio de Hacienda cuenta con el 50% de los votos, frente a la otra mitad correspondiente a las autonomías.
Así, el Ejecutivo de coalición dará paso en breve a las negociaciones con los distintos grupos para recabar apoyos suficientes como para poder aprobar en el Congreso y en el Senado dicha senda y el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto'.
Desde el Gobierno empezarán a trabajar en las negociaciones con el fin que no vuelva a repetirse el rechazo de la Cámara Alta que se produjo en el año 2018 con la primera senda presentada por el Gobierno de Sánchez y a las cuentas públicas de 2019.