viernes, 29 de octubre de 2010

Bruselas destina 3,5 millones para recolocar a parados del sector textil y la construcción en Alicante

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha aprobado este viernes destinar casi 3,5 millones de euros del Fondo de Adaptación a la Globalización para ayudar a recolocar a 350 trabajadores despedidos de la industria textil y a 300 trabajadores que se dedicaban al corte, tallado y acabado de la piedra para la construcción en la provincia de Alicante. La subvención todavía tiene que ser ratificada por la Eurocámara y por los Gobiernos de los Veintisiete.

   Todos estos despidos se han producido en la provincia española de Alicante, en sectores que no están vinculados entre sí, lo cual "demuestra que el impacto de la crisis financiera y económica sobre el empleo se extiende cada vez más", ha declarado el comisario de Empleo, László Andor, en un comunicado. "Confío en que estos trabajadores se beneficien del apoyo formativo que el Fondo puede ofrecer", ha señalado.
   Por lo que se refiere al sector textil, la solicitud española se refería a 544 despidos en 143 empresas. A escala local estos despidos representan, en los cinco municipios más afectados, el 35,13 % del aumento del desempleo en el sector manufacturero durante el período comprendido entre abril de 2009 y enero de 2010.
   El paquete de ayuda del Fondo de Adaptación a la Globalización ayudará a 350 de los más desfavorecidos a encontrar de nuevo empleo ofreciéndoles diversas opciones de formación, promoción del espíritu empresarial y acompañamiento hacia la creación de empresas, ayuda para la búsqueda intensiva de trabajo y prestaciones e incentivos. El coste total estimado del paquete es de casi 3,2 millones de euros, de los cuales la UE financiará 2 millones.
   En cuanto al sector del corte, tallado y acabado de la piedra para la construcción, la solicitud de ayuda por parte de España se refería a 528 despidos en 66 empresas. El número de trabajadores despedidos en este sector en la provincia de Alicante, relativamente estable en el período 2005-2007, aumentó un 405 % en los dos años siguientes. El coste total de la ayuda es de 2,2 millones de euros, de los cuales la UE financiará más de 1,4 millones.
   El Ejecutivo comunitario considera que las perspectivas de empleo en Alicante "parecen particularmente frágiles, dado el ya mencionado impacto de la crisis en las empresas textiles y el hecho de que el corte, tallado y acabado de la piedra se han considerado en los últimos años la red de seguridad para los trabajadores despedidos en otros sectores".

De la Vega defiende una "actitud firme" ante la corrupción y que hay que erradicarla

VALENCIA.- La ex vicepresidenta primera del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega ha defendido que frente a la corrupción hay que mantener "una actitud firme" y ha subrayado que se debe erradicar "provenga de quien provenga". 

   De la Vega se ha manifestado en estos términos durante una rueda de prensa ofrecida junto al secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, antes de reunirse en Valencia con diputados nacionales, autonómicos y cargos orgánicos del PSPV, y preguntada sobre su opinión sobre los casos de corrupción que afectan a la Comunitat.
   Al respecto, la ex vicepresidenta ha afirmado que frente a la corrupción, "tolerancia cero", y ha añadido que hay que tener "una actitud firme, hay que perseguirla, condenarla y erradicarla provenga de quien provenga".  
   Asimismo, e interrogada sobre si le ha quedado algo por hacer tras su salida del Ejecutivo central, ha resaltado que todos los proyectos del Gobierno en la Comunitat "están en marcha" y ha apuntado que serán una realidad "más pronto que tarde". Ha indicado que le producirá "mucha satisfacción" verlos culminados y, al respecto, ha citado la llegada del AVE a Valencia, que será "muy pronto".
   En esta línea, ha indicado que el Gobierno de Rodríguez Zapatero invierte en la Comunitat un total de cinco millones de euros diarios.  Ha precisado que en los últimos siete presupuestos, el Ejecutivo ha invertido "solo en infraestructuras" en el territorio valenciano un total de 13.400 millones de euros, lo que supone 1.914 millones al año y cinco millones al día.
   Inquirida sobre si se ha sentido maltratada por el Gobierno de la Generalitat, ha puntualizado que, aunque no ha venido "a polemizar", le hubiera gustado contar con más cooperación por parte de las instituciones valencianas.
   "El Gobierno de España ha invertido presupuesto y esfuerzo pero en muchas ocasiones de la Comunitat o de algunas de las instituciones solo hemos recibido insultos y ataques totalmente infundados", ha lamentado.
   Ha subrayado que los hechos "están ahí y lo que van a juzgar los ciudadanos son esos hechos". Ha remarcado que el "compromiso" del Gobierno central con la Comunitat es "evidente" puesto que nunca "había habido un nivel de inversión ni de esfuerzo de medios" como ahora.
   Ha reconocido que se podrían "haber acelerado en algunos casos" o incluso "culminado" más proyectos si se hubiera contado con "la colaboración de las instituciones de la Comunitat". "Los gobiernos están para cooperar, y he echado de menos esa cooperación", ha remachado.
   De la Vega ha expresado su agradecimiento a "toda la sociedad valenciana" por la "confianza" depositada en ella y ha asegurado que ha sido una "mujer afortunada por haber representado a la gente de esta tierra en el Congreso de los Diputados" y por haber formado parte de "un gobierno que se ocupa desde el primer día de defender los intereses de los valencianos".
   Ha reconocido que es "verdad que queda mucho por hacer, pero también es mucha la tarea que se ha realizado". En cuanto a los "compromisos cumplidos" ha citado la creación en Valencia de una sede de la Fundación Biodiversidad, el trasvase Júcar-Vinalopó, el plan de reconversión de cítricos y las medidas de apoyo a sectores productivos o a la internacionalización de las empresas valencianas.
   Como medidas que están a "punto de culminarse" ha resaltado la llegada del AVE y la ubicación del Centro de Comunicaciones de la ONU en Quart de Poblet (Valencia), entre otras. También ha destacado la próxima reforma del complejo policial de Zapadores en Valencia y del Mercado Central, que se licitará el próximo año, ha dicho. Ha manifestado que todos los proyectos "verán la luz más pronto que tarde".
   Ha expresado su agradecimiento a Jorge Alarte y a "todos los compañeros que en el día a día han hecho más fácil mi trabajo", así como a las instituciones valencianas "aunque no puedo ocultar que me hubiera gustado contar con más colaboración por parte de alguna de ellas". También ha destacado que ha sido "el mayor honor" haber podido representar a los valencianos en el Congreso de los Diputados.
   De la Vega ha defendido que el proyecto socialista en Valencia es un proyecto de "futuro, de cambio, de reforma y de nueva actitud para hacer de ésta una Comunitat más abierta y transparente y volcada en resolver los problemas de los ciudadanos". En la política, ha comentado que no hay "recetas mágicas" sino "esfuerzo, trabajo, dedicación y valores".
   Por su parte, Alarte ha señalado que De la Vega "es una de esas personas que lo que hace marca un antes y un después en la vida de la gente" y, citando a Adolfo Suárez, ha subrayado que será "ex muchas cosas pero nunca será ex política en el sentido de seguir trabajando por la gente". También ha destacado que pasará a la historia de España como la primera mujer vicepresidenta del Gobierno
   Ha afirmado que como diputada por Valencia "entendió muy bien lo que pasa en esta tierra" y, de hecho, ha revelado que le había escuchado una "buena síntesis" al decir que en la Comunitat "nos jugamos al democracia". Ha trasladado el reconocimiento de los socialistas valencianos a su labor y ha remarcado que se sienten "orgullosos" de la tarea de María Teresa Fernández de la Vega.
   También ha señalado que venir a Valencia ha sido una iniciativa de la propia ex vicepresidenta y a él le pareció una "gran idea". En la rueda de prensa han acompañado a De la Vega y a Alarte, el candidato del PSPV a la alcaldía de Valencia, Joan Calabuig, y la secretaria del partido en la provincia de Valencia, Carmen Martínez.
   Posteriormente, en su intervención de despedida en la Oficina Parlamentaria de Blanquerías, De la Vega ha señalado que el PSPV es "el partido de la dignidad, de la gente honrada y trabajadora, de quienes confían en su esfuerzo y se esfuerzan cada día por Valencia y los valencianos", al tiempo que les ha traslado "mucho ánimo, mucha fuerza" y les ha emplazado a "seguir trabajando".
   Por otro lado, se ha mostrado "muy orgullosa" de haber trabajado con José Luis Rodríguez Zapatero, "con un presidente que da la cara, que se pone en primera fila cuando hace más falta, que asume las decisiones, las fáciles y las difíciles, como propias, que afronta los problemas cuando otros dan media vuelta o, como dice la canción, fumando esperan frotándose las manos".
   Al acto han acudido, entre otros, el ex presidente de la Generalitat Joan Lerma, el delegado de Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, el portavoz socialistas en las Corts, Ángel Luna, el presidente de los socialistas valencianos, Óscar Tena, y la secretaria de Organización y candidata a la alcadía de Alicante, Elena Martín, además de numerosos diputados provinciales, autonómicos y nacionales, alcaldes y concejales de la Comunitat.

Enrique Ortiz elude hablar del caso y afirma que cuando la haga dejará a todos "contentos"

ALICANTE.- El empresario y máximo accionista del Hércules CF, Enrique Ortiz, preguntado por los medios por el informe de la Fiscalía Anticorrupción alicantina que le vincula con la presunta obtención de información privilegiada del Ayuntamiento de Alicante sobre el PGOU de la ciudad, ha eludido hablar de este tema, ha asegurado que lo hará cuando lo tenga que hacer y que, en ese momento, dejará a todos "contentos".

   Enrique Ortiz ha realizado estas declaraciones este viernes en Alicante, tras una rueda de prensa en la que ha participado después del entrenamiento que los jugadores del Hércules CF tenían previsto, donde ha indicado que "cuando tenga que hablar de esos temas ya hablaré, y seguro que os dejo contentos a todos, tened paciencia que ya hablaré cuando sea el momento".
   El pasado lunes, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, compareció en una rueda de prensa en la que facilitó un escrito ha de la Fiscalía Anticorrupción, --en relación con una de las causas del 'caso Brugal' que el juzgado de Orihuela remitió a un órgano de Alicante-- que considera que existen indicios de que la primer edil pudo facilitar información privilegiada a Ortiz sobre la tramitación del nuevo PGOU.
   En el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, este órgano cree que  Castedo pudo pactar con Ortiz la remodelación del estadio Rico Pérez y recibir dádivas del empresario, algo que la primera edil negó en la rueda de prensa. 
Según Fiscalía, Castedo podría haber diseñado y resuelto aspectos de la redacción del planeamiento "a la medida de Ortiz".
   Por su parte, Castedo afirmó que en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad "no hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno" y negó haber recibido dádivas de este constructor.

Una Plataforma pide al Fiscal que investigue si Ortiz ha cumplido las condiciones de compra del Rico Pérez

ALICANTE.- El secretario general de la Plataforma Vecinos por Alicante, José Luis Valdés, ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción alicantina que investigue si Aligestión --propiedad del empresario Enrique Ortiz-- ha incumplido el contrato por el que el Ayuntamiento le vendió en 2007 el estadio Rico Pérez, y que le obligaba a "entregar 4,2 millones de euros" para el "acondicionamiento de las instalaciones", algo de lo que "no existe constancia".

   José Luis Valdés ha presentado este viernes un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción alicantina en el que recuerda al Fiscal que el 29 de septiembre de 2009 le hizo llegar un escrito de denuncia sobre "el incumplimiento del contrato administrativo de venta de las instalaciones deportivas municipales del llamado estadio Rico Pérez, por arte de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Alicante a la empresa Aligestión, propiedad de Enrique Ortiz".
   La Plataforma apunta que el incumplimiento se produce "por parte de Aligestión en el capítulo de las mejoras de la obra civil de las estructuras del estadio" que se establecieron "como condición de obligado cumplimiento para la efectiva venta del estadio", por un valor de 4,2 millones de euros.
   Para José Luis Valdés, "han pasado ya todos los plazos, y por parte de Ortiz no se ha hecho nada de la reparación del estadio", por lo que ha considerado que "sigue habiendo una connivencia, y más demostrado ahora con el 'caso Brugal', entre la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el ex alcalde alicantino, Luis Díaz Alperi, y Enrique Ortiz".
   Además, Valdés ha señalado que presentan este documento para "recordarle al fiscal que se puso una denuncia en su momento" y para pedirle "que se reanude" y que comunique "en qué situación se encuentra".
   "Ha habido un incumplimiento flagrante por parte del Ayuntamiento y de Ortiz en la rehabilitación del Rico Pérez, ya que han pasado casi dos años y medio y el empresario no ha hecho el proyecto de rehabilitación, ni se ha gastado un duro, y la alcaldesa lo está consintiendo", ha señalado Valdés.
   Respecto a las obras que se han realizado este verano en el Rico Pérez, el secretario general de la Plataforma Vecinos por Alicante ha indicado que "si Ortiz ha hecho alguna reparación en el estadio, las ha hecho como propietario del mismo y sin ajustarse al compromiso que hubo en su momento".
   Por otra parte, la Plataforma Vecinos por Alicante ha solicitado al presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, que "ponga en funcionamiento los mecanismos legales que correspondan" para que el caso Mercalicante "no prescriba en el tiempo sin establecer ninguna responsabilidad penal contra los imputados".
   Así, solicitan al presidente de la Audiencia que "ponga en marcha los mecanismo que establecen las leyes", para que el caso "no pueda ser cerrado por prescripción en el tiempo del plazo que hay establecido en las normas judiciales".

jueves, 28 de octubre de 2010

Marcelino Camacho muere a los 92 años en su casa de Madrid


MADRID.- El ex líder del sindicato CC OO, Marcelino Camacho, ha muerto a la 1.30 de esta madrugada en su casa de Madrid a los 92 años y rodeado de los suyos, según han informado fuentes de la familia poco después. Aquejado de una  grave y larga enfermedad, fue hospitalizado hace un mes.


Fundador de CC OO, hoy con un millón de afiliados, este comunista soriano convencido y símbolo de la lucha activa contra el franquismo, también reconstruyó el PCE y pasó catorce años en las cárceles de la Dictadura.

Según fuentes de la Comisión Ejecutiva del sindicato, la capilla ardiente quedará instalada en la calle Lope de Vega, número 40, de Madrid, entre las 10.00 horas del viernes y las 11.30 horas del sábado. 

Media hora después el féretro será trasladado a la Puerta de Alcalá, donde se celebrará un acto de despedida a las 12.30. El cuerpo será enterrado a las 14.00 horas en el Cementerio Civil.

Biografía

Marcelino Camacho Abad nació el 21 de enero de 1918 en Osma la Rasa (Soria). Hijo de ferroviario, fue fundador y primer secretario general de CC.OO. entre 1978 y 1987, y diputado por el PCE entre 1977 y 1981, partido al que se afilió en 1935, un año después de hacerlo en UGT.
   Su profesión fue la de fresador, pero su historia como sindicalista y defensor de la libertad se empezó a forjar cuando con apenas 18 años cortó las vías del tren junto a otros compañeros tras el alzamiento del bando nacional, para intentar cortarle el paso. Durante la Guerra Civil lucharía como voluntario del lado republicano.
   Finalizado el conflicto regresa a Madrid donde fue detenido y condenado en juicio sumarísimo de urgencia a 12 años y 1 día, con posterior sentencia firme de 6 años y 1 día, por el delito de 'auxilio a la rebelión', por ser miembro voluntario en el Ejército Republicano.
  Por indultos y libertad condicional sale de su encarcelamiento, avanzado el año 1941. Semanas después movilizan su reemplazo, pasando a la Inspección de Campos de Concentración y a batallones disciplinarios de penados.
  Después de pasar por diversos campos de concentración, llega a Cuesta Colorada (Tánger) en el 93 batallón disciplinario de Penados. A finales de 1943 logra evadirse, llegando a través del entonces Marruecos francés hasta Orán, donde le conceden asilo político.
   En 1957 es indultado y a su regreso a España se emplea como obrero del sector metalúrgico en la empresa Perkins Hispania. Es entonces cuando resulta elegido miembro del comité de empresa e impulsa la creación de forma clandestina de Comisiones Obreras (CC.OO.), de orientación comunista.
   La primera reunión general de las CC.OO. tiene lugar en junio de 1967, en Madrid, pero el movimiento sindical pronto empezaría a ser perseguido. Hasta 9.000 personas, muchas de ellas afiliadas a CC.OO., fueron condenadas entre 1963 y 1977. Uno de ellos fue Marcelino Camacho.
   Concretamente, Camacho es detenido el 24 de junio de 1972 en la reunión de la Coordinadora Estatal de CC.OO. y condenado a veinte años de prisión por dentro del conocido como sumario 1.001, juicio iniciado el día que mataron a Carrero Blanco, en diciembre de 1974.
   Le fue rebajada esta sentencia por el Tribunal Supremo en febrero de 1975, a seis años, siendo puesto en libertad definitivamente en mayo de 1976. Así pues, pasó cerca de 14 años en las prisiones y campos de concentración.
   Camacho fue elegido secretario general de CC.OO. en 1978 y un año antes diputado por Madrid del PCE, cargo que revalidó en 1979, si bien acabaría dimitiendo por discrepancias con su partido antes de romper con la disciplina de voto.
   El carismático sindicalista dirigió CC.OO. hasta 1987. De aquellos años destaca la primera huelga general convocada al gobierno de Felipe González en 1985. Cuando abandonó la dirección del sindicato, con Antonio Gutiérrez como sucesor, Camacho fue nombrado presidente honorífico, pero dimitió en 1996 por el distanciamiento del sindicato con el PCE.
   Hasta la fecha, Camacho había militado en el PCE y había conservado el carnet nº1 de CC.OO. Además, posee la Gran Cruz del Mérito Civil, concedida por el Jefe de Estado, el 25 de junio de 1983; la Orden Lázaro Peña de primera clase, concedida por el Consejo de Estado de la República de Cuba, el 6 de julio de 1984; la Medalla de Oro de la FDGB de la República Democrática Alemana, el 26 de enero de 1988 y, la Orden de Primera Clase de la República Popular Búlgara, concedida por el Consejo de Estado, en enero de 1988.
   El 18 de noviembre de 1988 obtuvo también la Orden del Mérito Constitucional. El 12 de enero de 1989, fue nombrado profesor honorario por la Universidad Complutense de Madrid.
   En marzo de 2008, sus compañeros le rindieron un homenaje en el Auditorio de CC.OO., que hoy recibe su nombre, un emotivo acto que finalizó con miles de afiliados a CC.OO. cantando a coro La Internacional.
   Camacho compartió la mayor parte de su vida con su esposa, Josefina Samper, con la que se casó en 1948 y tuvo dos hijos, pero, sobre todo, se dedicó por entero a la lucha obrera y por las libertades, algo que él mismo plasmó en sus memorias 'Confieso que he luchado', publicadas en 1990.  

Renfe admite que el AVE entre Madrid y Málaga no alcanza las expectativas de viajeros

MÁLAGA.- El presidente de Renfe Operadora, Teófilo Serrano, ha admitido que el tráfico de viajeros en la línea de alta velocidad (AVE) entre Madrid y Málaga se sitúa por debajo de las expectativas iniciales, y ha sugerido que ello puede deberse a que aún no está conectada con la Costa del Sol Occidental.

Desde su puesta en servicio en diciembre de 2007, la línea ha superado los 5,5 millones de viajeros y durante el pasado año alcanzó cerca de 1,5 millones de usuarios, un balance "un poco por debajo" de la previsión de pasajeros, que Renfe cifró antes de su funcionamiento en unos 2 millones durante 2009.
Durante su intervención en el Foro Joly-Andalucía, Serrano ha sido autocrítico al manifestar: "puede que sea por culpa nuestra, porque no hemos sido capaces de promocionar el servicio lo suficiente, pero seguimos intentándolo".
El presidente de Renfe, que ha recordado que la mayoría de los usuarios viajan en el AVE por motivos de negocio, no de ocio o turísticos, ha afirmado que están "contentos" con la línea Madrid- Málaga, pero "no tanto", porque les gustaría que viajaran más personas.
"La línea de Málaga no es particularmente brillante, pero cubre razonablemente los costes", ha referido.
En su opinión, hay "un problema claro", que es que la costa aún no está comunicada todavía, una conexión que "quizá" ayudara a incrementar el número de viajeros en el AVE.
Sobre el tren litoral, ha señalado que supone que "están trabajando en ello" las administraciones competentes (Junta y Gobierno central), y que cree que su explotación "incluso pagando unos cánones" podría funcionar.
Respecto a esta infraestructura, ha achacado a la crisis económica a la situación de espera en la que se encuentra, ya que "la financiación privada con que se podía contar ya no está disponible" y debido a que es una obra muy cara, no podía financiarse mediante procedimientos tradicionales.

El Príncipe de Asturias anima a "plantar cara con más eficacia" a la corrupción

SEVILLA.- El Príncipe de Asturias ha animado a "plantar cara con mayor coordinación y eficacia a la violencia, el crimen organizado y la corrupción a ambos lados del Atlántico". De este modo, el Príncipe de Asturias ha afirmado que "no cabe duda de que los graves problemas de seguridad ciudadana y de violencia, que se tratarán en estos encuentros, requieren una atención prioritaria, pues atentan contra los más elementales derechos humanos, cercenan la libertad, dificultan el desarrollo y, al trascender fronteras, demandan un análisis y tratamiento globales".

Don Felipe, ha destacado, en esta línea, que el "crimen organizado, el poder corruptor de los tráficos ilícitos y sus ramificaciones de todo tipo se manejan con habilidad y rápidez mayor al avanzar las tecnologías, la apertura y la interconexión de todo tipo en el mundo".
"No nos podemos quedar quietos lamentándolo y culpando a la globalización", ha dicho, señalando que éste es "uno de los grades enemigos de la estabilidad y el progreso, al que hay que plantar cara con mayor coordinación y eficacia a ambos lados del océano", aunque, según ha precisado, "la lucha más cruenta se esté librando allá y requiera compartir más una visión y análisis común, además de la voluntad de cooperar incluso actuar conjuntamente sumando esfuerzos y capacidades".

Según Salgado, ya se dan todos los requisitos para que se concedan más créditos en España

MADRID.- La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha lanzado una advertencia a las entidades financieras asegurando que en este momento "se dan todos los requisitos" para que puedan atender la demanda de crédito de familias y empresas, una vez que los problemas de liquidez de los mercados financieros han desaparecido.

   Salgado, que ha participado en el 'Foro Cinco Días', indicó que una vez que el Gobierno ya ha hecho sus "deberes" con la aprobación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la reforma de la Ley de Cajas, y toda vez que ha comenzado el proceso de reordenación del sector financiero, es necesario que las entidades realicen ahora su trabajo y atiendan la demanda de crédito.
   En este sentido, dijo que en los últimos datos que ofrecerá el Banco Central Europeo (BCE) ya se verá cómo bancos y cajas españoles están recurriendo "mucho menos" a la financiación de la autoridad monetaria.
   En cualquier caso, señaló que es preciso que se produzca un desapalancamiento de la deuda de familias y empresas y que su endeudamiento crezca "más despacio" que la evolución del PIB. Hasta que esto llegue, señaló que el ICO, en lo que va de año, ha concedido préstamos a autónomos y pymes por valor de 15.000 millones de euros, un 30% más que el pasado ejercicio.
   Salgado admitió que pymes y autónomos son lo que más dificultades tienen a la hora de acceder al crédito y, por ello, adelantó que el Ministerio de Economía solicitará a bancos y cajas, así como al Banco de España, que los datos que ofrecen sobre concesiones de créditos los den desagregados por importes para ver si efectivamente la mayor parte de los préstamos van a grandes empresas. "Según eso, tendremos que decidir si hace falta alguna actuación adicional", añadió.
   En cuanto a la reestructuración del sector financiero en España, la ministra dijo que actualmente se encuentra en la "mitad" del proceso y, a pesar de que indicó que se había producido alguna dificultad por parte de algunas administraciones autonómicas, confió en que la fase administrativa de todos los procesos de reordenación haya finalizado a finales de este año. "Después se producirán ajustes de capacidad que deberá vigilar el Banco de España", apuntó.
   Preguntado por si es preocupante el nivel de activos de la banca vinculados al 'ladrillo', cifrados en 181.000 millones de euros por el Banco de España, Salgado dijo que a pesar de que la absorción del sector inmobiliario va a ser "lenta", los test de estrés a la banca han demostrado la solidez de la misma. "Así que tranquilidad absoluta", insistió.
   Finalmente, la titular de Economía entró en el debate sobre la posibilidad de imponer una tasa al sector financiero, y señaló que España, a diferencia de otros países europeos, no ha perdido dinero con las ayudas financieras, sino que las mismas han reportado a las arcas públicas 2.500 millones de euros.
   "Imponer una tasa a la banca para recuperar el dinero de las ayudas públicas...nosotros no nos sentimos identificados con ello", reiteró Salgado, tras indicar que otra cosa diferente es aprobar una tasa sobre las transacciones financieras, medida que defiende España siempre que se aplique en un ámbito geográfico muy amplio para evitar deslocalizaciones.

Luna acusa a Blasco de falsear documentos para acreditar el envío de ayudas a Nicaragua

VALENCIA.- El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, ha acusado este jueves al conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, de falsear las justificaciones de pago que acreditarían que las ayudas a la cooperación otorgadas a la Fundación Cyes llegaron a Nicaragua.

El diputado socialista ha rebatido el informe elaborado por los beneficiarios de estas subvenciones, publicado el pasado lunes por El Mundo, y ha acusado directamente al titular de Solidaridad de estar detrás del mismo.
"Su conseller está instalado en la falsificación", ha asegurado Luna, quien ha insistido en que Blasco "se dedica a falsear las justificaciones" que acreditarían el desarrollo de los proyectos de cooperación previstos en Nicaragua.
Según Luna, dos de los cuatro apuntes incluidos en el documento, la suma de los cuales rebasa el millón de euros, no han pasado por ninguna cuenta corriente, frente a los dos restantes, en los que sí figura su paso por una endidad bancaria. "¿Cómo se los han llevado a Nicaragua, en maletines?", se ha preguntado el dirigente socialista.
El PSPV denunció recientemente el supuesto desvío de parte de los fondos destinados a proyectos de cooperación en Nicaragua y otorgados a la Fundación Cyes para la supuesta compra de diversos inmuebles por parte de esta organización humanitaria.
El síndico del grupo socialista ha ido más allá apuntando a una trama corrupta, orquestada por Blasco, que operaría desde el pasado año con la colaboración de ONG afines.
Según Luna, las cinco organización que trabajan con la Fundación Solidaria Entre Pueblos han pasado de recibir dos proyectos a un total de 12 por valor de 3,5 millones de euros.
Al respecto, ha señalado que de 1997 a 2007 la media del importe de los proyectos de la cooperación valenciana ascendía a 75.000 euros, mientras que la media de estas ONG es de 300.000 euros por proyecto, de los que el 30% "va a parar a las empresas supuestamente de servicios que montaron la ONG Solidaria entre Pueblos".
Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha manifestado su apoyo "absoluto y total" al conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco.
Camps se ha pronunciado de esta manera en la sesión de control en respuesta al portavoz del PSPV, Ángel Luna, quien ha señalado el "respaldo tibio" del jefe del Consell a Blasco y le ha preguntado si asume "el resultado judicial de las pesquisas que se han iniciado en relación con algunos expedientes" de la Conselleria de Solidaridad relativos a subvenciones a ONG y si iba a actuar en consecuencia.

El presupuesto consolidado de la Generalitat para 2011 asciende a 16.015 millones y cae un 4,2%

VALENCIA.- El vicepresidente segundo y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, ha anunciado este jueves que el presupuesto consolidado de la Generalitat para 2011 --incluye a la administración y empresas públicas--, asciende a 16.015 millones de euros, lo que supone un descenso del 4,2 por ciento respecto al año anterior. Además, estas cuentas prevén la venta de patrimonio público por valor de 392 millones. 

   Camps, que se ha pronunciado de esta manera en la rueda de prensa posterior a la entrega del proyecto de ley de presupuestos para 2011 en las Corts, ha asegurado que son las cuentas que, "como instrumento económico, necesita la Comunitat para salir cuanto antes de la crisis".
"Ello es complementario a que el Gobierno de España tome medidas adecuadas, que hasta ahora no lo está haciendo", ha dicho.
   En cualquier caso, ha recalcado que "todo ello se ha de hacer manteniendo los niveles de protección social", al tiempo que ha subrayado que estos presupuestos son "austeros, realistas, eficaces para luchar contra la crisis y garantes de la cohesión social".
   En el marco de las cuentas para 2011, la Generalitat prevé la venta de patrimonio público por valor de 392 millones de euros dentro de un 'Plan de optimización del patrimonio'. Al respecto, ha explicado que la subasta de aquellos bienes que no necesiten una recalificación de su uso, como los solares, se realizará en el primer semestre del año, mientras que los bienes inmuebles requieren que el Ayuntamiento de Valencia recalifique su uso --por estar todos ellos en la ciudad--, lo que se hará en el tercer trimestre.
   A preguntas de los medios, ha indicado que la Generalitat no prevé la reordenación "con carácter general" del segundo escalón de altos cargos de la administración por considerar que es "imposible reducirlas más" las secretarías autonómicas y direcciones generales.
   "Con carácter general no valía la pena hacerlo", ha sentenciado Camps, quien ha defendido que la Generalitat es la administración "más barata" de España y una de las que "menos altos cargos tiene" por habitante. Según ha apuntado, suman entre 150 y 180 personas.
   Además, ha indicado que "las reordenaciones de segundos escalones, presupuestariamente tienen poca incidencia porque desaparece el alto cargo pero no los servicios administrativos", con lo que "vimos que el poco ahorro que iba a suponer, tampoco era sustantivo a la hora de afrontar la crisis".
   Por otro lado, ha explicado que el presupuesto de 2011 se ha elaborado previendo un déficit del 1,3 por ciento del PIB y la Generalitat recurrirá al endeudamiento, limitado a 1.321 millones, frente a los 2.549 millones del presente ejercicio.
   Asimismo, la deuda de la Generalitat en estos presupuestos alcanza los 678 millones, aunque tiene previsto amortizar deuda por valor de 135 millones y llevar a cabo emisiones de deuda por un importe de 1.328 millones, con lo que la variación del endeudamiento de la Generalitat es de 1.188 millones.
Por su parte, los gastos financieros ascenderán a 512 millones, con lo que se destinarán a este concepto 3,7 de cada 100 euros del presupuesto.
   En cuanto a la inversión territorializada --corresponde al las inversiones reales del presupuesto, capítulo VI--, la Generalitat destinará a Castellón 72,3 millones, un 19,3 por ciento menos que el año pasado; 109,4 millones a Alicante (-29,2%); y 192,9 millones a Valencia (-51,5%). La inversión sin territorializar asciende a 289,4 millones.
   Camps ha destacado que el gasto social representa el 82,5% del presupuesto, 13.714 millones (-4,7%). Por departamentos, los menos afectados son Educación, con 4.273.490,67 euros (-3,6%); Sanidad, con 5.515.298,7 euros (-3,6%) y Bienestar Social, con 673.447,61 euros (+0,1%), que es la única que crece. Así, la Generalitat gastará al día 15,1 millones en sanidad y 12,2 millones en educación.
   Por orden de inversión, tras estas tres 'Conselleries', se sitúan Infraestructuras y Transporte, con 313,384 millones (-26,4%);  Justicia y Administraciones Públicas, con 310,967 millones (-4,9%); Agricultura, Pesca y Alimentación, con 288,725 millones (-13,2%); Medio Ambiente, Agua, Vivienda y Urbanismo, con 260,776 millones (-22,8%); e Industria, Comercio e Innovación, con 222,599 millones (-7,8%).
   Le siguen Economía, Hacienda y Empleo, con 177,354 millones (-7,3%); Cultura y Deporte, con 160.748 millones Gobernación, con 94,070 millones (-0,3%); Solidaridad y Ciudadanía, con 82,424 millones y Presidencia de la Generalitat, con 18,739 millones (-9,5%).
   En cuanto a los gastos e ingresos, en este último apartado descienden un 4,7 por ciento. El conseller ha destacado que la Comunitat recibirá más por tributos cedidos pero se verá compensado por la reducción de transferencias del Estado. Así, se prevé incremento en la recaudación por el IRPF del 41,8% y del 92,6 por ciento en caso del IVA. No obstante, ha destacado el descenso del 66,6 por ciento en las transferencias corrientes -por la caída de entregas a cuenta y el nuevo modelo de financiación--.
   El conseller ha resaltado también que el Gobierno valenciano no va a subir los impuestos, lo que supondrá un beneficio acumulado de 1.587 millones del que se podrán aprovechar cuatro millones de valencianos.
   Los gastos descienden un 4,7 por ciento por la aplicación del Plan de Austeridad y la rebaja de los salarios de los funcionarios. Así, los gastos de funcionamientos bajan un 3,3 por ciento, un 2,1 por ciento las transferencias corrientes y se incrementa un 16,6 por ciento los gastos financieros.
   Por lo que se refiere al sector público, supondrá a las arcas autonómicas un coste de 3.567.893,31 euros. De las sociedades mercantiles, CACSA acapara 408,9 millones, mientras que el IVF recibirá 267,1 millones, 150,4 la televisión autonómica, 128,6 Vaersa o 225,3 Ciegsa.

La Generalitat emitirá deuda por valor de 1.000 millones que adquirirá CAM y Bancaja con un interés del 4%

VALENCIA.- El conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, ha explicado este jueves que la Generalitat "en breve" va a emitir deuda por valor de 1.000 millones de euros al 4 por ciento de interés que va a ser adquirida por Caja Mediterráneo (CAM) y Bancaja por un plazo de 18 meses.

   Camps, en la rueda de prensa de presentación del presupuesto para 2011 tras entregarlo a las Corts, ha explicado que esta emisión de deuda tendrá lugar "en breve" porque el consejo de administración de Bancaja ya lo ha aprobado y el de CAM "tendrá que hacer lo mismo".
   En este sentido, ha recordado que la Comunidad de Madrid ha realizado una operación similar con la emisión de deuda por valor de 500 millones de euros que se quedó La Caixa y dos entidades de la entidad catalana.
   Preguntado por si la Generalitat contempla otra emisión de deuda hasta final de año, el conseller ha señalado que "en principio" no lo tienen previsto porque "con este dinero conseguiríamos perfectamente financiar el gasto hasta final de año". No obstante, "no se descarta que si se abren los mercados en diciembre, a lo mejor se pueda hacer una pequeña emisión", ha apuntado.

Alarte asegura que la nueva presidenta del TSJCV tiene una "gran tarea y responsabilidad"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha señalado que la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, elegida hoy en sustitución de Juan Luis de la Rúa, tiene "una gran tarea y responsabilidad entre manos" y le ha ofrecido su colaboración". 

   Alarte en una entrevista concedida a RNE  ha mostrado hoy su consideración al acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) así como su "respeto profundo" a la elección de De la Oliva a la que ha deseado "el mayor de los éxitos".  
   El secretario general del PSPV ha asegurado que la nueva presidenta del TSJCV tiene "una gran tarea entre manos, una gran responsabilidad" y desde "la cooperación, la autonomía la independencia, la absoluta libertad y el sometimiento solo a la ley del Estado del Derecho que tiene la nueva presidenta encontrará en el PSPV "ciudadanos respetables honorables y colaboradores para su tarea".
Por otra parte, jueces, abogados y procuradores de la Comunitat Valenciana han calificado a la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, como "sensata", "trabajadora" y "muy objetiva", y han mostrado su confianza en su proyecto "renovador".
   "Su calidad profesional y humana es extraordinaria", ha asegurado la magistrada Carolina Rius, en representación de Foro Judicial, quien ha recordado que De la Oliva ha sido la primera mujer jueza en la ciudad de Valencia. "Nos alegramos por ella, por la Administración de Justicia y por los ciudadanos", ha resaltado.
   Rius, que también ha querido destacar la calidad del resto de aspirantes a la plaza, ha definido a De la Oliva como "excelente profesional" y como una persona "sensata, objetiva, trabajadora", y "capaz de desarrollar su nuevo cargo estupendamente". Le ha recordado que tiene que enfrentarse a retos "difíciles" pero ha augurado que podrá afrontarlos "sobradamente".
   Por su parte, otro magistrado y miembro de Jueces para la Democracia, José Manuel Ortega, ha felicitado a la nueva presidenta y ha destacado --a nivel personal-- que llega al cargo "con muchos ánimos" y con un proyecto "renovador" para poder asumirlo. Por ello, confía en que haga un buen trabajo aunque le ha advertido de que el camino "se demuestra andando".
   Ortega ha resaltado que "por fin" se haya resuelto la situación de la presidencia del TSJCV, cargo que tendría que haberse renovado hace ya un año. Así, entiende que ahora se puede respirar porque el CGPJ ha resuelto una situación "muy preocupante" y ha cumplido finalmente con sus obligaciones institucionales. "Esto favorece --ha añadido-- a los ciudadanos, a las instituciones y a la Administración de Justicia".
   Por otro lado, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav), Francisco Real, ha resaltado que De la Oliva le parece una "excelente" profesional, aunque también ha matizado que el resto de aspirantes a la plaza del TSJCV "estaban plenamente capacitados" para el cargo.
   Considera que la nueva presidenta está "correctamente preparada" para afrontar el cargo "por su trayectoria profesional y por sus relaciones con la abogacía", algo que valora, según ha comentado.
   Real también ha aplaudido que De la Oliva se comprometiera en su entrevista ante el CGPJ a ser "muy firme" en la lucha contra la corrupción, porque, a su juicio, debe de encargarse de "desterrar" todo tipo de corrupción. "De su programa se desprendía que merecía la pena apostar por ella", ha subrayado.
   Asimismo, el decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia, Francisco Cerrillo, también ha felicitado a De la Oliva por su nombramiento y ha destacado que es una "buena" jueza. No obstante, ha advertido de que "parece que carece de experiencia tanto en órganos colegiados como en puestos de responsabilidad administrativos".
   Ha afirmado que le gustaría que la nueva presidenta del TSJCV, valenciana de 54 años, mantuviera una línea de colaboración con la procura, y "se siguiera con la buena relación institucional" que los procuradores mantenían con el anterior presidente, Juan Luis de la Rúa.
   También ha coincidido con Ortega en que "lo positivo" de esta decisión es que "ya se haya adoptado una resolución porque esta situación transitoria era un poco insostenible para todos", ha asegurado.
   Su elección, según ha comentado, "ha sido un cambio de cromos con los distintos presidentes de los tribunales superiores de justicia, y aquí tocaba alguien conservador y como el candidato oficial, Pedro Castellano, estaba vetado por la parte conservadora del Consejo, se ha nombrado a De la Oliva".
"Ésta era la única solución", ha dicho.

Fenoll preparó escritos "coercitivos" para influir en las listas del PP de Orihuela, según un informe policial

ALICANTE.- Un informe policial incluido en el sumario del caso 'Brugal' apunta a que el empresario oriolano Ángel Fenoll, imputado en el marco de la causa, preparó escritos "anónimos y coercitivos" con supuesta información comprometedora sobre personas del entorno del PP para influir en la confección de las listas 'populares' de Orihuela en las elecciones municipales de 2007, una táctica que, según se dice en unas conversaciones grabadas de estos escritos, ya se habría utilizado con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el ex ministro de Trabajo y ex jefe del Consell, Eduardo Zaplana.

   Asimismo, el informe reproduce una conversación entre Fenoll y la persona que supuestamente preparaba estos escritos, Javier Bru, en la que el empresario oriolano pregunta si "se le mandó algo a Rajoy o no", a lo que su interlocutor responde: "no, creo que no".
   Según las conversaciones recogidas en la documentación, Ángel Fenoll hace referencia a que, en una ocasión anterior, estos escritos --coactivos o intimidatorios que podrían contener cintas grabadas con conversaciones comprometedoras, según apunta la Policía--, que denomina 'gaviotas', hicieron que finalmente el ex alcalde de Orihuela José Manuel Medina no repitiera como cabeza de lista por el PP de cara a las elecciones municipales, si bien en esta ocasión el objetivo perseguido sería que el ex primer edil no influyera en la confección del resto de la lista.
   "La otra vez sí que lo hice y algo daría resultado cuando Camps no puso a Medina", señala Fenoll durante una conversación intervenida por los agentes. El informe añade, además, que el empresario oriolano pone a disposición de miembros del PP de Orihuela, afines a él, el material comprometedor para que "tengan plenos poderes para confeccionar las listas".
   El objetivo de las cartas, según el propio Fenoll, es que: "usted no puede hacer la lista del mangoneo, porque si hace la lista del mangoneo yo le pego fuego al quiosco", en referencia a que no se le permita a Medina la confección de la lista electoral con gente próxima al ex alcalde.
   El encargado de la redacción de estos escritos, que se querían mandar "a Madrid" y "a la prensa" y que contendrían información sobre 16 presuntas imputaciones --según Fenoll--, indica durante otra conversación con el empresario oriolano que su contenido incluirá un aviso al destinatario en el que se le advierte de que "si no deja hacer la lista con personas que no estén manchadas con la corrupción" se dirá que conocía, "desde hace más de dos años", esa situación.
   No obstante, tal y como se refleja en las conversaciones intervenidas por la policía meses antes de los comicios locales, este segundo envío de cartas no tuvo lugar. Asimismo, el informe policial recoge que, durante un registro de la casa de Ángel Fenoll posterior a las Elecciones Municipales de 2007, se encontraron diferentes resguardos de una compañía de envíos cuyos destinatarios eran Eduardo Zaplana y Francisco Camps.

El 'hombre del maletín' socialista ofreció ayuda a Fenoll cuando le investigó Hacienda

ALICANTE.- Las investigaciones policiales en el marco del «caso Brugal» han evidenciado la estrecha relación que existía entre el empresario oriolano Ángel Fenoll —uno de los presuntos «cabecillas» de la trama con epicentro en la Diputación de Alicante— y varios responsables socialistas, según publica 'Abc'.

Especialmente fluida era su relación con el ex secretario de Finanzas del PSPV José Cataluña. Con Joan Ignasi Pla como secretario general, las peticiones de ayuda del empresario oriolano a Cataluña eran frecuentes, tal como ha venido publicando Abc.
 Una de las más sorprendentes, con todo, es la petición de auxilio que cursa Fenoll al ex dirigente socialista al saberse investigado por la Agencia Tributaria.
Corría el 17 de enero de 2008. Fenoll llamó al socialista para ponerle al corriente de que le habían citado en la Comisaría para declarar «por el tema de la Agencia Tributaria por delito fiscal». Según se recoge en el sumario del «caso Brugal», Cataluña le sugirió al empresario de las basuras que, si quería, le mandase una copia de la citación. «Son varias», aclaró el industrial.
En el transcurso de la conversación, intervenida por los investigadores, el ex secretario de Finanzas del PSPV se ofrece a ayudar a Fenoll ante su inminente declaración en sede policial. Así, le sugiere que alguien le acerque la documentación «en un sobre cerrado particular a su nombre», y que «le mirará algo». Fenoll le apremia: tiene que ser rápido porque la citación es el lunes siguiente, 21 de enero.
«Pónselo en un sobre»
El mismo día, a media tarde, un familiar de Fenoll estaba en la sede del PSPV —según concluye la Policía del análisis de las conversaciones intervenidas—, pero no encontró a Cataluña. Tras recibir instrucciones del hijo del empresario, Antonio Ángel Fenoll, optó por dejar la documentación en recepción, a su atención.
«Lo otro pónselo en un sobre», le indicó Antonio Ángel Fenoll. Para la Policía, «la documentación va acompañada, al parecer, de algo más» que no pueden especificar. Minutos más tarde, se capta otra conversación entre Fenoll y Cataluña en la que el primero le informa de que ya ha dejado la documentación en la sede del PSPV, y éste replica que «cuando lo lea, le llamará».
La investigación de la Agencia Tributaria no fue la única ocasión en que Fenoll intentó recabar la ayuda de Cataluña. Tal como ha publicado este periódico, el empresario oriolano mantuvo varias conversaciones con el ex responsable de Finanzas de los socialistas valencianos en las semanas previas a la adjudicación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja, para intentar que convenciese a los representantes socialistas en el Consorcio de que apoyasen su oferta.

El TSJ abre una causa por cohecho a Luna por las obras y el coche de Ortiz

VALENCIA.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha abierto dos causas penales al portavoz socialistas en las Cortes, Ángel Luna, por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. El Alto Tribunal descarta investigar al parlamentario del PSPV por prevaricación, como pretendía el PP, según 'Abc'.

Los dos procedimientos judiciales que la Sala de lo Civil y Penal ha acordado abrir parten de sendas querellas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular: la primera, por las relaciones del síndico socialista con el empresario Enrique Ortiz, que supuestamente costeó las obras en su vivienda y le regaló un vehículo; la segunda, por exhibir en la Cámara Autonómica un informe del «caso Gürtel» cuando el juez instructor de las diligencias en Mardid, Antonio Pedreira, aún no había levantado el secreto de sumario.
Luna fue alcalde de Alicante entre 1991 y 1995. Durante esos años, las empresas de Ortiz, también implicado por presunta corrupción en los «casos Gürtel» y «Brugal», fue uno de los principales adjudicatarios del Consistorio alicantino. Nada más perder la Alcaldía, el hoy diputado autonómico realizó unas obras en la vivienda familiar. Los trabajos los habrían realizado dos empresas de ex ediles socialistas. El importe de los mismos, más de 4.200 euros, los habría pagado el empresario del que se convirtió en empleado a los tres años de dejar de ser alcalde y abandonar la política municipal.
Multa e inhabilitación
Ortiz contrató a Luna como asesor jurídico en 1998. La relación laboral se prolongó hasta 2002. Cuando se extinguió, el coche de empresa que Luna había utilizado durante esos cuatro años pasó a ser de su propiedad. Ahora está a nombre de su hijo.
Los querellantes mantienen el puesto de trabajo, el vehículo y las obras fueron un regalo de Ortiz al político como pago por los 72 contratos de obras por importe de 7,2 millones de euros que le adjudicó el político socialista mientras fue alcalde. El PP sostiene que esas adjudicaciones, el 30 por ciento de la actividad total del Consistorio, fueron irregulares; que se fraccionaron para eludir la licitación pública de esas obras. El TSJ, sin embargo, no aprecia irregularidades en las adjudicaciones susceptibles de ser perseguidas como delito.
La Sala, en el auto en el que admite la querella, considera que no hay ni «arbitrariedad» ni ilegalidad en las adjudicaciones. Por eso no investiga al querellado por prevaricación, como quería el PP. Abre, sin embargo, unas diligencias contra él por si la aceptación de las obras y el coche «pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho» del artículo 425 del Código Penal,
Este precepto castigado con multa —el importe podría ascender al triple del valor de la dádiva— y suspensión de cargo público —de seis meses a tres años— a «la autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado». Este último supuesto —el coche, las obras y el empleo como recompensa del favor ya realizado— sería es el que se investiga en el caso de Luna.
Este artículo sólo contempla la prisión si el acto realizado por el político para obtener la dádiva fuera constitutivo de delito, extremo que la Sala descarta al considerar que las adjudicaciones no fueron arbitrarias. No obstatnte, no rechaza que se hayan infringido «las normas administrativas de contratación», aspecto éste que es perseguible por la vía contencioso-administrativa pero no penal.
La querella del PP cayó en manos del magistrado Juan Climent, nombrado por las Cortes a propuesta del PSPV. Climent era el ponente, el encargado de estudiar si había motivos para abrir una diligencias. Ahora, después de que la Sala haya acordado proseguir la investigación, Climent se convierte en el instructor de las diligencias previas incoadas por un presunto delito de cohecho.
El instructor procederá ahora a practicar diligencias; a recabar documentación y a tomar declaración al querellado o a las personas que considere oportuno. Si Luna es llamado por el juez, declarará como imputado.
No obstante, el magistrado podría archivar la causa sin citarle. Juega a favor del investigado el tiempo transcurrido desde que se cometieron los hechos. Los delitos podrían haber prescrito.
Si el querellante, el Grupo Popular en las Cortes, quiere ser parte en la causa y ejercer la acusación, tendrá que pagar 9.000 euros de fianza.

Dimite el portavoz del PSPV en Alicante tras aparecer en un informe del 'Brugal'

ALICANTE.- El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante y presidente del grupo socialista en la Diputación alicantina, Roque Moreno, ha anunciado este jueves que renuncia a su acta de edil, deja todos sus cargos públicos y volverá a la Universidad de Alicante.

El edil ha reconocido que dimite por "decisión personal" y porque cometió el "error" de llamar por teléfono al constructor Enrique Ortiz para pedirle un "favor" para "un amigo suyo que estaba en una "situación dramática".
En concreto, tal y como revelan los informes policiales del caso 'Brugal', Moreno medió para que el empresario alicantino y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, contratara al hijo del secretario del ex concejal del Ayuntamiento de Alicante, Vicente Ronda, que era amigo suyo.
Moreno ha reconocido que lo que hizo "está mal" porque "la gente en situaciones de necesidad merece igualdad de oportunidades", pero ha subrayado que, después de reconocer su error, considera que lo mejor es dimitir para "dar ejemplo", porque según su opinión, los políticos deben asumir responsabilidades políticas, al margen de las posibles penales.
Tras declararse "honrado, honesto y honorable", ha asegurado que está "muy tranquilo" porque sobre su persona no habrá nada más en la operación "Brugal" que esa petición a Ortiz, y ha desvinculado la conversación que mantuvo con él de que en ese momento formara parte de la comisión municipal que estudiaba la remodelación del estadio Rico Pérez, de cuyo club de fútbol es dueño Ortiz.
Ha subrayado también que todas las conversaciones filtradas del informe policial, en las que existen sospechas de supuestos tratos de favor, salen a colación de planes o proyectos urbanísticos en los que el PSOE "siempre ha votado en contra".
Según ha explicado en el transcurso de la rueda de prensa, en la que ha recibido el apoyo de la práctica totalidad de la ejecutiva local, ha trasladado ya su decisión a las ejecutivas provincial y nacional del PSPV.
Moreno ha anunciado que seguirá ejerciendo como secretario general de la ejecutiva local del PSOE y ha anunciado este jueves una reunión urgente del organismo para comunicar su renuncia de forma oficial.

Flores llamó 'extraoficialmente' a Ortiz para informarle sobre la adjudicación de una contrata

ALICANTE.- Las conversaciones grabadas por la Policía a Enrique Ortiz desvelan que tenía una relación de amistad con el conseller de Infraestructuras, Mario Flores, al que considera "como un hermano", y que éste llamó al empresario "extraoficialmente" para informarle de que había sido adjudicatario de una obra de mantenimiento, según consta en un informe policial incluido en el sumario del 'caso Brugal'.
 
Así, el conseller llamó a Ortiz en julio de 2008 para comunicarle que había sido adjudicatario de las concesiones de conservación, reparación y adecuación de las carreteras de la Conselleria en Valencia Sur.
"Te llamo solamente para decirte que las sido adjudicatario de las concesiones de mantenimiento. O sea que, muérete", indica el conseller, y le pide expresamente "que no diga nada". Enrique Ortiz le corta y le dice: "ya lo sé. nada. Bueno, Te quiero", según recoge el informe policial .
Tras esta adjudicación, Ortiz mantiene en días sucesivos varias conversaciones con otras personas, en las que destaca que Flores "la verdad es que se está portando el tío conmigo de puta madre". "Me tiene encantado, sí señor", señala.
En otra comunicación, Ortiz reconoce que "al principio", Flores le había dicho en relación con esta concesión de mantenimiento, "que no podía ser, aunque le gustaría, pero no podía ser porque me había dado lo otro", en alusión al proyecto del tranvía adjudicado a la UTE de Ortiz con Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC), relativas a las obras de la variante ferroviaria de la Línea 1 del tranvía en el tramo de la Finca Adoc por cerca de 32 millones de euros.
Por otra parte, los agentes de la UDEF registraron una llamada telefónica entre Teodoro Velázquez, directivo del Grupo FCC y Ortiz, en la que Velázquez informa a este último empresario de que "Mario" -quien pudiera tratarse del citado conseller, según estima la Policía- le había explicado que la adjudicación del tranvía había sido "muy competido" y había tenido que soportar "muchas presiones".
Así mismo, según recoge el documento, Velázquez informa a Ortiz que el conseller le ha pedido que "le haga un favor", para ayudar al cierre de la temporada del Club Balonmano Femenino Mar Alicante con entre 60.000 y 70.000 euros.
Según el informe, Teodoro Velázquez no llega a comprometerse en nada con "Mario", pero llama a Ortiz para contárselo y le insta a que asuman el pago conjunto de esa cantidad, que concreta en 72.000 euros como UTE, porque como "FCC no puede".
No obstante, Ortiz se niega a pagar, alega que ya ha realizado "pagos anteriores a terceras personas", y recuerda que participa en diversos deportes. En este punto, Teodoro Velázquez remarca que "Mario" le ha llamado "por lo de la Finca Adoc", y con ello, según estima el informe de la Policía, "confirma la relación del favor solicitado con la concesión del trazado".
Ortiz mantiene su negativa a pagar y le comenta que es "una práctica habitual". En este sentido, el empresario alicantino le pone como ejemplo pagos solicitados a mercantiles como Acciona e Intersa-Infraestructuras Terrestres SA, y le explica que "no tendrá más remedio que pagar".
Enrique Ortiz también se pone en contacto con el presidente del citado club de balonmano, Antonio Navarro, quien está al tanto del encargo y le aclara que se ha solicitado "exclusivamente" a FCC, haciendo creer a Teodoro Velázquez que Ortiz ya había pagado una cantidad equivalente.
El informe policial recoge también que la relación existente entre Enrique Ortiz, Mario Flores y Antonio Navarro "no es nueva", y ese mismo mes de mayo Ortiz ordena a un directivo de una de sus empresas, Inusa, José Candel, que adquiera ropa de trabajo a la mercantil de Antonio Navarro.
Candel se muestra contrario, porque ya existe un contrato con otro proveedor, pero Enrique Ortiz justifica su decisión en que "Mario Flores es como un hermano suyo".
Las conversaciones entre Ortiz y Flores también recogen "charlas amistosas", en las que plantean la posibilidad de organizar una cena con sus respectivas mujeres.

La jueza independiente Pilar de la Oliva presidirá el TSJ de Valencia por su firmeza contra la corrupción

MADRID.- La titular del juzgado de instrucción número 10 de Valencia, Pilar de la Oliva, será designada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en sustitución de Juan Luis de la Rúa.

El Consejo General del Poder Judicial ha desbloqueado en el pleno celebrado este jueves las presidencias de los TSJ que todavía estaban pendientes, entre ellas la de la Comunidad Valenciana.
De la Oliva, que ha contado con el respaldo del grupo conservador, se ha impuesto en la votación a los otros dos magistrados que optaban a este cargo: el a priori favorito Pedro Castellano, y Javier Lluch Correl.
Durante la fase de entrevistas a los aspirantes, De la Oliva demostró su firmeza contra la corrupción en la Comunidad Valenciana, cuyo origen situó en el urbanismo.
La designación sobre el sustituto de De la Rúa ha sido hasta hoy una decisión espinosa, ya que el TSJ de Valencia es el órgano encargado de investigar la rama valenciana del caso 'Gürtel' y de decidir si juzga al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por los trajes supuestamente obsequiados por Álvaro Pérez 'El Bigotes', socio del líder de la trama, Francisco Correa, en Valencia.
Hasta en tres ocasiones el CGPJ ha intentado sin éxito encontrar un recambio de garantías para el tribunal valenciano. En la último pleno, que tuvo lugar el pasado mes de septiembre, se optó por no someter a votación las candidaturas ante la certeza de que ninguna de ellas reuniría los apoyos suficientes.
El acuerdo, en esta ocasión, también se ha hecho esperar. Se ha cerrado esta misma mañana antes del pleno, después de que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunieran el miércoles sin obtener resultados.
De la Rúa, que desde hace más de un año ejercía en funciones de presidente del TSJ de Valencia, tuvo un papel decisivo en el archivo de la causa contra Camps y otros dirigentes del PP por un presunto delito de cohecho impropio. No obstante, la investigación fue reactivada por el Tribunal Supremo.

miércoles, 27 de octubre de 2010

'Flamenquito', mojitos y 'marisquito' en el yate de Ortiz

ALICANTE.- El yate del poderoso empresario Enrique Ortiz fue escenario de fiestas, celebraciones y ágapes de lujo, regados con el mejor vino y champán, para que los dirigentes del PP de Alicante se reunieran y celebraran alguno de sus logros políticos. Ya lo admitía, el 28 de agosto de 2009, la esposa del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll: "Con amigos como tú, qué suerte tengo, qué afortunada soy", dijo Margarita de la Vega, tras disfrutar de unas vacaciones en Mallorca a bordo del yate Elena, propiedad del empresario, principal imputado en el caso Brugal, según recoge hoy 'El País'.

En la cubierta del barco, según se desprende de la investigación policial, al parecer también se brindó por la aprobación provisional del Plan Rabassa, el plan urbanístico de Alicante o el archivo del caso de los aparcamientos.
En la noche del 26 de junio de 2008 el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, y su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, junto a otros ediles populares, se enrolaron en el yate para festejar, según el sumario, el archivo por el Tribunal Supremo del llamado caso de los aparcamientos, que precisamente investigaba un supuesto trato de favor del Ayuntamiento a Ortiz por la modificación de tres aparcamientos municipales, y en cuya causa estaban imputados Ortiz, Alperi y Castedo. El plan era cenar en el barco, ver el partido de las semifinales de Europa (España-Rusia) y luego contemplar, desde el mar, el castillo de fuegos artificiales desde la playa del Postiguet, con motivo de las fiestas de San Juan. La policía identificó en el barco a Ortiz, Alperi, Castedo y a los ediles, Marta García Romeu, Sonia Alegría y Virgilio Ortiz, hermano del empresario.
La policía intervino una conversación del 25 de junio de 2008 entre el alcalde y el empresario, en la que quedó registrado cómo el alcalde confiesa: "Mañana va a salir ese tema, no sé si será buena idea, pero me la suda, podemos hacer una fiestecilla, invitar a los concejales que yo estime conveniente". "Preparemos un pequeño lunch", dice el empresario, a lo que el alcalde, contesta: "Nos tomamos unas cervezas y marisquito, yo te digo cuántos vamos, y lo hacemos en la cubierta de arriba". En otra conversación, interceptada por la policía, el empresario advertía a su hermano de que no le dijera a nadie que iba "a venir Luis", en referencia al alcalde. En esas fechas también se acababa de aprobar provisionalmente el plan urbanístico y el Plan Rabassa de Alicante. En agosto del año pasado la esposa de Ripoll narraba cómo estaban en el yate "bailando flamenquito, con los mojitos y el champán", y agregó que durmieron "maravillosamente bien, nos bebimos cinco botellas de champán y caímos pumba".

El sumario del 'caso Brugal' destapa un sinfín de corruptelas de cargos del PP

ALICANTE.- Los 40 tomos o 20.000 folios del caso Brugal, una investigación judicial que arrancó con la supuesta adjudicación irregular de un contrato de basura por parte de la Diputación Provincial de Alicante, salpican a varias decenas de dirigentes políticos, mayoritariamente del PP, que tiene en su poder los principales Gobiernos en la comunidad valenciana, pero también a alguno del PSOE, según 'El País'.

La lectura de miles de folios de la investigación judicial muestra un sinfín de corruptelas que afectan a concejales, alcaldes, diputados provinciales y hasta consejeros autonómicos valencianos.
La mecánica era siempre la misma: los empresarios que pretendían algún trato de favor de las instituciones valencianas, o bien pagaban comisiones ilegales a los cargos públicos o intermediarios que les favorecían, o bien colocaban a parientes de esos cargos públicos en sus empresas; o ponían a disposición de los dirigentes políticos un yate con el capitán incluido; o hacían regalos especialmente caros a sus benefactores. Lo que sigue es solo una muestra de lo que aparece probado en el sumario por documentos oficiales o grabaciones telefónicas a sus protagonistas.
- Concurso de basuras. La investigación destapa que en el concurso convocado para adjudicar el Plan Zona de Gestión de Residuos de la Zona XVII, hubo pactos encubiertos para que el empresario Ángel Fenoll, cuya oferta perdió, se quedara con una parte del negocio que le facilitó uno de los ganadores, Enrique Ortiz.
El sumario apunta a las gestiones del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll (PP), para conseguir este objetivo. A cambio, Fenoll compró una televisión local en quiebra por orden del propio Ripoll. A su vez, el adjudicatario del negocio de las basuras, Enrique Ortiz, premió con regalos al presidente de la Diputación Provincial por esta concesión.
- Plan General de Alicante. Los crecimientos urbanísticos de Alicante destaparon la influencia del empresario Enrique Ortiz sobre las decisiones del Gobierno municipal, presidido por la alcaldesa Sonia Castedo, del PP. Así, en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, Ortiz mantuvo contactos con las principales autoridades responsables del plan y presumió ante sus empleados de que era "la mano negra" en ese proyecto.
- Estadio Rico Pérez. Miguel Ángel Fuster, amigo del vicepresidente autonómico, Gerardo Camps, intermedió, según la investigación, para que la Comunidad Valenciana avalara por 16 millones de euros al club de fútbol del Hércules, cuyo principal accionista era Enrique Ortiz. Este empresario pagó al intermediario al menos 12.000 euros por sus gestiones, según el sumario del caso.
- Empresa del hijo del alcalde. Como favor al hijo de Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante que facilitó a Enrique Ortiz las operaciones urbanísticas más importantes de la ciudad, el empresario le crea una sociedad de publicidad llamada Verass Operadores Publicitarios.
- Enchufismo. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo Ramos, logró que Enrique Ortiz colocara en sus empresas a dos personas que había recomendado. Castedo mantenía con Ortiz una estrecha relación sobre los negocios del empresario, destapada por los pinchazos telefónicos.
- Entradas gratis. Enrique Ortiz regaló cuatro entradas por 600 euros a un concejal de Alicante cuyo voto era importante para alguno de los negocios del empresario.
Son solo algunos de los ejemplos de las innumerables corruptelas que ha descubierto una larguísima investigación judicial que dura varios años y que ha destapado en distintas instituciones de la Comunidad Valenciana una serie de adjudicaciones irregulares basadas en el trato de favor al poderoso Enrique Ortiz. Este empresario hablaba también con parientes de los principales miembros del Gobierno de Francisco Camps, como el consejero Juan Cotino o el ex consejero Fernando de Rosa y trataba sobre negocios multimillonarios (el concurso eólico o la construcción de Palacios de Justicia) que adjudicaba el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana.