Manos Limpias, Vecinos por Alicante y el 15M presentan querellas para conseguir depurar responsabilidades en la CAM

ALICANTE.- El Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias ha confirmado haber presentado ante la Audiencia Nacional una denuncia contra la última cúpula directiva de la CAM y la inmediatamente anterior y contra el director del Instituto Valenciano de Finanzas Jorge Vela, como presuntos autores de los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y delito societario. Esta denuncia se une a las presentadas en la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por los colectivos del 15-M y Vecinos por Alicante.

   La denuncia presentada por este colectivo pide que sean investigados los expresidentes de la entidad, Vicente Sala y Modesto Crespo; los exdirectores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós; así como el ex director general de Inversiones Inmobiliarias de CAM, Daniel Gil; el ex director general de Inversiones y Riesgos, Francisco Martínez; el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, y el expresidente de la Comisión de Control, Ramón Avilés Olmos. Amplían, además, la denuncia contra "aquellas otras personas que pudieran ser imputadas de las diligencias que se practiquen".

   Según argumenta Manos Limpias, la intervención de la CAM por parte del Banco de España "se produjo como causa y consecuencia de una gestión claramente perjudicial por parte de sus órganos directivos a los intereses generales de más de tres millones de impositores y que han dejado a la CAM al borde la quiebra".

   Entre los argumentos sobre la mala gestión, el sindicato alude a la  concesión de créditos y préstamos a consejeros y altos directivos, y en concreto a la cifra de 171 millones de euros concedidos al interés del 0 por ciento. 

  "A fecha de la intervención la CAM mantiene créditos vivos sobre sus consejeros de 114 millones de euros sobre los 171 millones de euros concedidos". Los beneficiarios, según señala la misma fuente, son, entre otros, los siguientes consejeros de la entidad: Juan Ramón Avilés, José Enrique Garrigós, Aniceto Benito, José García Gómez, Francisco Grau, Gregorio Fernández, Antonio Magraner, Antonio Gil Terrón y Modesto Crespo.

   Además, en la denuncia también señala que los altos cargos han estado percibiendo "sueldos atípicos", de 4,5 millones de euros al año", así como "los despidos de lujo", de los que cabría "destacar el de Roberto López Abad, que podría llegar a los seis millones de euros".

   Igualmente, ha añadido, la caja "pagaba para recalificar solares e intervino en más de 100 operaciones a este respecto". Según ha asegurado, la CAM "ponía el dinero y los constructores conseguían el visto bueno de los Ayuntamiento". Mediante esta fórmula, ha insistido, se consiguieron 200.000 metros de suelo rústico para recalificar en la partida alicantina de Aguamarga.

   En su denuncia, también hace constar, que la caja concedió créditos y prestamos a promotores inmobiliarios "sin las garantías adecuadas", incluso "en plena crisis de la burbuja inmobiliaria". 

  Manos Limpias también asegura que Caja Mediterráneo "falseó la contabilidad, aduciendo beneficios cuando había pérdidas". Según ha destacado, "los interventores del FROB han destapado de momento un agujero inicial de más de dos mil millones de euros", por lo que los beneficios de la CAM "eran ficticios reflejaban un beneficio de 39 millones de euros para maquillar la contabilidad". De hecho, acusan a la entidad de haber "ocultado sistemáticamente los balances".

  Para Manos Limpias, "la estructura organizativa de la CAM no contaba con líneas de responsabilidad clara y definidas" y, por ello, según alega, "al supervisarla afloran operaciones de riesgo con personas vinculadas a la CAM".

   En este sentido, ha recalcado que los gestores "ocultaron información, incumpliendo el deber de veracidad informativa a socios, depositantes y público en general" y "se financiaron obras faraónica de la Generalitat, de las diputaciones y ayuntamientos en base a razones políticas a sabiendas de la quiebra económica de estas instituciones".

   También ha censurado el "exceso de posicionamiento en el sector inmobiliario pese a la caída de la burbuja inmobiliaria, favoreciendo a compromisos políticos y "amiguetes".

   Es evidente también que hay una responsabilidad por parte del presidente de la Comisión de control de la CAM "invigilando" con independencia de la responsabilidad penal, señala.

Otras denuncias

  Representantes del Movimiento 15M y de Vecinos por Alicante han acudido igualmente a la Audiencia de Alicante para presentar ante el fiscal Anticorrupción un escrito y una denuncia, respectivamente, contra la actuación de los directivos de Caja Mediterráneo.

   Los primeros en acudir a la Audiencia Provincial de Alicante la semana pasada ha sido un grupo, que se erige como representante del Movimiento 15M en Alicante, con el fin de hacer llegar un escrito con 99 firmas, en las que pide a la Fiscalía Anticorrupción que investigue la actuación del consejo de administración de la entidad, tras los hechos que han motivado la intervención del Banco de España.

   Según su representante, María Jesús Casado, el objetivo del escrito es que la Fiscalía "investigue de oficio si hay indicio de delito" en la actuación del consejo de administración saliente y también del anterior y a los directivos de la caja. 

  En este sentido, y preguntada por qué delitos podrían haber sido presuntamente cometidos, Casado ha indicado que de "momento faltan 4.500 millones de euros, se han estado dando préstamos a cero por ciento y a plazo indefinido, lo cual, en justicia, no es un préstamo, es un regalo". 

   "Es muy importante que sepa toda España que la ciudadanía alicantina está movilizándose porque esto no es de recibo" y que después de lo ocurrido "nos lo vayan a vender deprisa, en verano, sin publicidad ni taquígrafos, a un banco y a un precio mucho menor del precio del rescate".

   Por su parte, Vecinos por Alicante ha presentado una denuncia, ampliada de la que ya presentó en el mes de abril, al entender que los hechos que ya denunciaron en su momento "han sido comprobados con la intervención del Banco de España".

   Su portavoz, José Luis Valdés ha argumentado que las circunstancias "han cambiado" con la intervención, por lo que han decidido presentar "esta nueva denuncia como recurso y ampliación" de la anterior, con la finalidad de que se "depuren de forma oficial y pública los hechos acaecidos de la previsible mala gestión de la entidad y las responsabilidades en que hubieran incurrido los órganos gestores durante aproximadamente 14 años atrás, que han dado como resultado llegar a la actual y previsible situación de la desaparición de la entidad".

   Según Valdés, "los máximos responsables no pueden ser otros que los equipos dirigentes de la entidad" durante el plazo citado, así como los representantes de la Conselleria de Economía "por su falta de control y tutela" y "por ende los presidentes de la Generalitat habidos en ese periodo de tiempo".

Murió hoy Vicente Sala, ex presidente de Caja Mediterráneo, tras ser denunciado ante el fiscal

ALICANTE.- El empresario alicantino y expresidente de Caja Mediterráneo, Vicente Sala Belló, ha fallecido este martes tras una larga enfermedad, según han confirmado fuentes de la entidad financiera. Ayer mismo había sido denunciado ante el fiscal de la Audiencia Nacional por varios presuntos delitos.

   Vicente Sala, de 72 años, fue presidente de la caja alicantina entre 1998 y 2009, aunque ya había pertenecido al consejo de administración de la CAM. Dejó la presidencia al alcanzar los 70 años, edad de jubilación de los presidentes de cajas de ahorros, en junio de 2009.

Anteriormente, fue vicepresidente segundo y presidente del Consejo Territorial de Alicante, desde 1994 hasta 1998.

Vicente Sala, ha fallecido hoy en Alicante como consecuencia de un cáncer que venía padeciendo desde hace muchos meses y que le mantuvo hospitalizado en varias ocasiones.

El fallecido presidió CAM durante el periodo de mayor apogeo de la entidad con sede en Alicante y abandonó el cargo en junio de 2009 al cumplir los 70 años, edad máxima fijada para ostentar el cargo.

Sala fue elegido presidente de CAM el 19 de febrero de 1998, después de cuatro años como vicepresidente segundo y máximo responsable de la caja en el ámbito territorial de Alicante, y sustituyó en el cargo a Román Bono, quien a su vez había ostentado el puesto durante quince años.

Por su jubilación, en junio de 2009 le sustituyó Modesto Crespo, que el pasado 22 de julio fue cesado por el Banco de España y sustituido por tres administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) con motivo de la intervención de CAM.

Se da la circunstancia de que ayer mismo el sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos 'Manos Limpias' presentó un escrito de denuncia ante el fiscal jefe de la Audiencia Nacional contra Sala y Crespo por posibles delitos de apropiación indebida, falsedad documental y delito societario al frente de CAM, entre otros exdirigentes de la entidad.

Además, Sala Belló figura en la pieza separada del sumario del caso Brugal relacionada con supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ya que el fiscal le atribuye un supuesto delito de aprovechamiento de información privilegiada para obtener beneficios en actuaciones urbanísticas.

A lo largo de su trayectoria al frente de CAM, que se prolongó hasta 2009, fue miembro del Consejo de Administración de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), presidente de EBN Banco (Banco de Negocios) y consejero de la Federación Valenciana de Cajas de Ahorro, organismo que también presidió.

Sala Belló fue requerido también para el desempeño de funciones de consejero en diversas empresas e instituciones, como el Consejo Regional del Banco Internacional de Comercio, el Fondo de Garantía de Depósitos, el Banco de Fomento, el Consejo Asesor Técnico Grupo Industrial del Banco Central y Autopistas del Mediterráneo (AUMAR).

A estas entidades se suman otras, como Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones S.A., Enagás y Unión Fenosa, han añadido las citadas fuentes.

Miembro de la Asociación Valenciana de Empresarios, de la Asociación Valenciana de Estudios Avanzados y del Real Club de Regatas de Alicante, ostentaba su vicepresidencia. Era amigo personal del rey don Juan Carlos.

   Nacido en Novelda en 1939, estaba casado y era padre de cuatro hijos, así como un empresario con más de cincuenta años de experiencia, fundamentalmente en el sector químico y de la automoción.

Movilización sindical

Por otra parte, CGT ha convocado, dentro de su calendario de movilizaciones, una manifestación en defensa de los trabajadores y de la obra social de Caja Mediterráneo y para pedir que se depuren responsabilidades en la entidad, al tiempo que ha mostrado su apoyo a la manifestación convocada por el Movimiento 15-M para este próximo domingo.

   En apenas dos semanas hay convocadas sendas manifestaciones en Alicante para pedir responsabilidades a los directivos de la CAM y para exigir el mantenimiento de los puestos de trabajo y de la Obra Social de la entidad, que según CGT y Movimiento 15-M, convocantes de estos actos, debe continuar siendo pública.

   Tras la convocatoria del Movimiento 15-M, que celebrará la manifestación este domingo desde la plaza de la Montañeta, CGT ha convocado otro acto reivindicativo, que saldrá desde los servicios centrales de la caja, en Óscar Esplá, hasta llegar al Banco de España, en la Rambla de Méndez Núñez. 

   Ambas convocatorias comparten los objetivos de "pedir responsabilidades" y "garantizar los puestos de trabajo y la Obra Social", así como la defensa de "una banca pública, sin ánimo de lucro y al servicio de la ciudadanía".

   Además de este acto, CGT mantiene las concentraciones frente a la central de CAM los días 25 y 29 de agosto, a las 18.00 horas en la primera convocatoria, y a las 15.20 en la segunda.

   Tres colectivos, Movimiento 15-M, Vecinos por Alicante y Manos Limpias han presentado en los últimos días denuncias contra la cúpula directiva saliente de la Caja y contra la anterior, la presidida precisamente por Vicente Sala, por la situación por la que Caja Mediterráneo fue intervenida.

La CAM perdió en los últimos 10 años 3.537 millones por deterioro de activos

ALICANTE.- Los males de Caja Mediterráneo (CAM) no tienen que ver solo con las fallidas inversiones inmobiliarias o la pérdida de valor de sus activos vinculados al sector del ladrillo. La gestión del negocio bancario también abre muchos interrogantes. La agresiva política expansiva del director general entre 2001 y 2010, Roberto López Abad, y la apertura de oficinas sin atender a otro criterio que el crecimiento en volumen provocó que los gastos de administración pasaran de los 330 millones de 2001 a los 624 del año pasado, un crecimiento del 90% en una década, según publica 'El País'.

Sin embargo, el margen de intermediación bancaria, es decir, la diferencia entre los intereses cobrados a los clientes y los devengados como cargas asimiladas fue el año pasado casi la misma que cuando el directivo accedió al cargo. En 2001, la caja alicantina obtuvo 575 millones de beneficios por este concepto y 10 años después, 586. El resultado de este desigual crecimiento ha sido que en 2010 los gastos de administración (gastos de personal y otros gastos generales) superaron en 38 millones de euros a los beneficios imputables al negocio bancario.

La CAM diseñó un plan de expansión entre 2003 y 2008 que la llevó a superar las 1.000 oficinas y tener presencia en las 17 comunidades y dos ciudades autónomas de España, pero también a disponer de nueve oficinas en el extranjero. Algunas como las de Varsovia, Casablanca, Cancún o Santo Domingo se podían justificar con las inversiones inmobiliarias de la caja en esos países, pero otras como la de Ginebra, en Suiza, son de dudosa necesidad. Ya en 2009, rectificó su política y cerró 116 sucursales, descenso que ha continuado sin que los gastos de administración hayan parado de crecer. Antes de ser intervenida el pasado 22 de julio, la CAM aprobó un plan para cerrar otras 122 oficinas y quedarse con una red formada por 841, más de 200 menos que en 2008.

La primera década de este siglo ha supuesto para la CAM pérdidas por el deterioro de activos financieros de 3.537 millones de euros, el 30% del margen bruto que consiguió durante esos 10 años, que fue de 11.741 millones. Especialmente significativo es que en 2008 y 2009, los ejercicios siguientes a la explosión de la burbuja inmobiliaria, la entidad anotó en su cuenta de pérdidas 887 y 861 millones de euros, respectivamente, por el deterioro de sus inversiones crediticias. Esos 1.748 millones tuvo que restarlos de los 2.780 millones que declaró como margen bruto. O, lo que es lo mismo, la CAM perdió el 63% del dinero que había ganado en sus cuentas consolidadas por la toxicidad de una gran parte de sus activos.

Aunque ya en 2010 solo declaró unas pérdidas de 199,7 millones por el mismo concepto, el informe de auditoría del año pasado recogía que el volumen de activos financieros de la cartera de inversiones crediticias que estarían vencidos o que se habrían deteriorado el año pasado habría sido de 2.110 millones de euros si no se hubieran renegociado sus condiciones. Tras la renovación de las estipulaciones, ese dinero desapareció de la cuenta de pérdidas en el que habría tenido que anotarse una gran parte, lo que hubiera provocado la presentación de un resultado final con pérdidas.

La política crediticia, decantada hacia el riesgo en el ladrillo, llevó a la CAM en 2010 a tomar posiciones en el accionariado de hasta 52 empresas vinculadas a la promoción inmobiliaria, más allá de los préstamos que concedió a grandes empresarios del sector con los que tenía exclusivamente una relación comercial. En las pruebas de solvencia, que la calificaron como la entidad que más capital necesitaba de Europa, la misma caja admitió tener créditos pendientes con promotores o tener inmuebles adjudicados por un importe total de 17.500 millones de euros, 12 veces el margen bruto que obtuvo en 2010, que fue de 1.379 millones de euros.

El PSPV exige a Rajoy y Fabra que tomen una decisión sobre los cuatro diputados denunciados

VALENCIA.- El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en las Corts, Francisco Toledo, ha exigido al presidente del PP, Mariano Rajoy, y al jefe del Consell y responsable del PPCV, Alberto Fabra, que "tomen una decisión" sobre "los cuatro diputados valencianos acusados de nuevos delitos por la Fiscalía Anticorrupción", ya que Toledo considera que su presencia en la cámara autonómica "es una burla a los valencianos".

   "De los 55 diputados del PP un total de 14, el 25 por ciento, están imputados o implicados en graves casos de corrupción, y el candidato nacional del PP mira hacia otro lado", ha señalado Francisco Toledo.

   El parlamentario del PSPV se ha expresado en estos términos en un comunicado tras conocer las informaciones que apuntan a que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denunciante ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra 16 personas --cuatro de ellos diputados del PP en las Corts-- por supuesto delito electoral relacionado con las elecciones de marzo de 2008.

   Toledo ha indicado que "el Tribunal Superior de Justicia Valenciano ya investiga la presunta financiación ilegal del PP en los comicios autonómicos de 2007, pero los nuevos indicios y las pruebas obtenidas cifran en más de un millón de euros la cantidad que el partido pudo obtener por el mismo sistema ilícito para actos en los que participó Rajoy en su última campaña", ha denunciado.

   A su juicio, estos datos "obligan al candidato del PP a salir inmediatamente de su plácido escondite vacacional y dar la cara ante la sociedad, porque le afectan directamente y ponen en tela de juicio su propia campaña electoral y la ética de su partido".

   En su opinion, "el hecho de que Rajoy pudiera haberse beneficiado de Gürtel directamente puede explicar por qué encubrió durante más de dos años a Francisco Camps y a toda la cúpula del PPCV", ha añadido.

   El diputado socialista ha destacado que esta información "vuelve a dejar en ridículo a quienes han insistido una y otra vez en que nadie se vendía por cuatro trajes", y ha criticado que el PP "ha instaurado en la Comunitat Valenciana un sistema generalizado de corrupción y el caso de los trajes sólo era la punta del iceberg".

   "Fabra debe saber que si continua negando la realidad y comete los mismos errores que cometió Camps su destino será el mismo", ha apuntado. Asimismo, ha hecho hincapié en que el 'caso Gürtel' "no está muerto, está más vivo que nunca y sólo acabará cuando todo esté investigado y juzgado". "Eso lo garantiza nuestro sistema democrático en el que los socialistas valencianos confiamos plenamente", ha destacado Toledo.

Fabra reducirá personal y dejará de lado todo lo "superfluo", comenzando por Canal 9

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado que seguirá haciendo recortes y que reagrupará las empresas públicas "para abaratar costes" y ha indicado que será necesario reducir el personal. Asimismo, ha destacado que dejará de lado "todo lo superfluo o no prioritario".

   Alberto Fabra ha hecho hincapié en la necesidad de "concentrar cada euro de la Generalitat en generar ilusión y optimismo, ofreciéndoselo a los emprendedores, ayudando a las empresas, generando posibilidades de acceso a la financiación y apostando por la formación".

   Respecto al próximo plan de ajuste sobre empresas públicas y fundaciones que prepara el Consell, ha explicado que habrá que reagrupar las empresas públicas para hacer "más con menos". Así, ha dicho que mantendrá la estructura dirigida a los ciudadanos, pero de una forma "más eficaz y eficiente". "Habrá que reducir personal, por supuesto, habrá que concentrar los objetivos, habrá que ser más eficientes", ha resaltado.

   Preguntado por los cambios que se harán en Canal 9, ha asegurado que se negociará con los sindicatos "para hacerles ver hasta dónde podemos llegar", porque "es una necesidad". Para Fabra, la situación actual de la Televisión Valenciana es "inviable" y, en este sentido, ha abogado por "mantener la filosofía y la esencia, pero recortando gastos".

   En otro orden de cosas, el presidente de la Generalitat ha dicho que no es partidario ni del copago, ni de aplicar de tasas, porque considera que "hay muchísimas cosas que hacer antes".

"Tenemos que reajustarnos, reducir todo aquello que sea superlfuo, evitar gastos innecesarios", y se ha mostrado convencido de que después de hacer todo esto "no será necesario hablar de nada más".

   "Aquí lo que hemos dicho es que 'ya vale de tener una financiación inadecuada' para la Comunitat", ha indicado Fabra, quien ha asegurado que "durante mucho tiempo se nos ha estado dando para cuatro millones de ciudadanos y somos cinco", lo que ha hecho que la Comunitat Valenciana haya recibido "7.400 millones de euros menos que otras comunidades autónomas en cuanto a la renta per capita concedida en función de los habitantes".

   Por ello, ha incidido en que la Comunitat ha tenido que hacer "un esfuerzo titánico" para "intentar que los ciudadanos no vieran reducido su nivel de prestación servicio, ni el nivel de las infraestructuras para poder seguir siendo competitivos".

   Del mismo modo, ha apuntado que la financiación "inadecuada" por parte del Estado ha provocado que en la Comunitat se haya incrementado la deuda. Sin embargo, ha afirmado que "toda la deuda que tenemos es porque hemos hecho muchas inversiones", a pesar de "la falta de financiación y de apoyo" por parte del Gobierno central.

   Alberto Fabra ha hecho hincapié en la necesidad de "adecuar" la financiación para evitar que haya "ciudadanos de primera y de segunda" y todos puedan tener "las mismas oportunidades". 

"Una vez que eso esté estabilizado, que no se premie a ninguna comunidad por cuestiones partidistas, entonces veremos que soluciones hay", ha apostillado.

   En cuanto a si se plantea devolver competencias al Estado, ha explicado que el estado de bienestar lo están manteniendo las comunidades autónomas. Por ello, ha advertido de que "o bien el Gobierno nos asegura dinero para mantener la calidad y la excelencia de esos servicios, o tenemos que replantear el panorama". También ha destacado la importancia de "evitar duplicidades" entre administraciones.

   En su opinión, "las condiciones han cambiado", lo que hace necesario "un debate conjunto de todas las comunidades" quienes, a su juicio, están haciendo "un esfuerzo para mantener la cohesión" y están garantizando "el estado de bienestar".

   Por otro lado, Fabra ha manifestado que todos los políticos tienen  la "obligación" de "luchar contra el paro" que supone "el gran lastre que tiene la sociedad". A su juicio, "las administraciones tenemos que ajustar las estructuras administrativas", al igual que los ciudadanos "lo han hecho ya en sus casas y en sus empresas".

"Tenemos que dar la sensación de estar con los mismos problemas que tienen ellos", ha señalado.

   Para el presidente de la Generalitat, la situación actual es "muy compleja", ya que la sociedad está "resignada, decepcionada con los políticos, no encuentra ningún tipo de ilusión, es temerosa con lo que puede pasar en un futuro", por lo que apuesta por "romper esa dinámica".

   Se trata de una labor que, en su opinión, "tenemos que hacer entre todos", pero ha subrayado que "la mayor responsabilidad la tiene el Gobierno central, que es el que ha generado esta situación". En opinión de Alberto Fabra, la colaboración que debe existir tiene que "permitir ir saliendo de la crisis, generando optimismo y credibilidad en los políticos".

Salgado: 'La CAM no se troceará'

MADRID.- La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, ha dicho que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), la última en ser intervenida por el Banco de España, no se troceará en principio, sino que se ofertará completa y las ofertas decidirán en qué condiciones se vende.

   Preguntada sobre si la reestructuración ha tenido algún coste para el contribuyente, afirmó que los réditos para el Estado procedentes de avales y préstamos superan los 3.000 millones de euros.

   Así, en el caso de las dos cajas intervenidas con anterioridad, recordó que la reestructuración de la Caja Castilla La Mancha se hizo con dinero del Fondo de Garantía de Depósitos, procedente del propio sector, mientras para CajaSur se aportaron garantías por unos cientos de millones de euros. "La diferencia es positiva. No le ha costado dinero al contribuyente", concluyó.

Responsabilidades en el final de la CAM / José María Perea Soro *

Han pasado poco más de dos semanas desde que Camps y la CAM protagonizaron dos de los hechos más notables en la historia de nuestra comunidad: la primera dimisión de un presidente de la Generalitat por haber sido citado a juicio por presunta corrupción y la intervención del único banco con sede en Alicante, heredero de una caja de ahorros con 136 años de antigüedad. Diversos artículos en el diario 'Información', así como algunas cartas al director, han puesto de manifiesto estas dos vidas paralelas hacia el declive, así como el papel determinante del ex-molt honorable en la crisis de la caja de ahorros.

Los alicantinos podemos vivir en septiembre-octubre una situación por la que ya pasamos hace unos años cuando el Banco de Alicante desapareció. Un Gobierno presidido por José María Aznar, con Rato y Rajoy como hombres fuertes, entregó Argentaria (la banca pública conformada por el Banco Exterior de España, el Banco de Alicante y otras entidades regionales de menor peso económico) al Banco Bilbao Vizcaya para transformarse en el actual BBVA. Es probable que sea el BBVA quien, de nuevo, se quede con la propiedad de un banco alicantino, el casi inédito Banco CAM, intervenido por el Banco de España el 22 de julio de 2011.

La Caja de Ahorros del Mediterráneo llegó a unos activos de alrededor de 75.000 millones de euros, casi un millar de oficinas y 3,3 millones de clientes, como resultado de sucesivas fusiones que culminaron hace veintiún años con la protagonizada por la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia con la Caja de Ahorros Provincial de Alicante, ésta última entidad fundada por la Diputación para servir de apoyo, primordialmente, a los ayuntamientos de la provincia. 

Hasta llegar a ese punto, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alicante, fundada en 1875 por la burguesía comercial alicantina para dotarse de un instrumento financiero propio, había realizado en 1940 y 1975 procesos de fusión con entidades locales de las provincias de Murcia y Alicante, manteniendo siempre la sede central, y la capacidad de decisión, en la capital de la provincia.

El Banco de Alicante surgió en 1965 con el mismo objetivo, el de contar con una entidad financiera autóctona, en este caso bancaria. Antonio Ramos Carratalá, director de la Caja del Sureste desde los años 40, estuvo entre los impulsores del nacimiento del Banco de Alicante, que hizo de su nombre bandera para conquistar el mercado local. Su crecimiento fue espectacular hasta que, atrapado por el excesivo riesgo contraído con la actividad constructora, entró en manos de Banca Catalana antes de ser intervenido por el entonces Fondo de Garantías, precedente del actual FROB, que redujo el valor de las acciones a una peseta en la conocida como "operación acordeón" del capital social de la entidad bancaria.

El ladrillo, como se dice hoy, arrastró a la intervención del Banco de Alicante por las autoridades del Banco de España, como ha sucedido ahora, en gran medida, con Caja Mediterráneo. Un nuevo paralelismo en la historia de ambas entidades, surgidas del mismo deseo social e intervenidas por la misma causa económica.

El Banco de Alicante, adjudicado en febrero de 1983 al Banco Exterior de España en pública subasta, supo remontar, con presidentes como Francisco Fernández Ordoñez, hermano del actual gobernador del Banco de España, y de Miguel Boyer, hasta situarse de nuevo, en pocos años, como una entidad bien gestionada, con beneficios y una clara expansión en los municipios y, sobre todo, presente en todos los sectores económicos de la provincia, que tuvieron en la entidad un apoyo acorde a sus propósitos fundacionales.

La privatización interesada que de todo lo público realizó el Gobierno de España, en los primeros años con el Partido Popular en el poder, condujo a la desaparición definitiva del Banco de Alicante con todo el grupo Banco Exterior. Ahora, la desmedida intervención de la Generalitat en las cajas de ahorro valencianas, desde que el PP alcanzara el poder en 1996, ha acabado con Bancaja, refugiada en Caja Madrid, y con la CAM, convertida en banco intervenido y expuesta en la plaza pública al mejor postor.

Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps, presidentes de la Generalitat entre 1996 y 2011, pasarán a la historia como los responsables del fin del sueño valenciano: contar en estas tierras, de Vinaroz a Orihuela, con instrumentos financieros propios que sirvieran para impulsar nuestra economía, como hacían vascos y catalanes. Un fracaso histórico e irreversible, probablemente, en estos tiempos de economía globalizada. Zaplana y Olivas encontraron un refugio bien dotado económicamente, y el tercero, pese a su dimisión como imputado, está llamado -Rajoy dixit- a nuevas glorias políticas. ¡Cosas veredes, amigo Sancho!

Finalmente, dos palabras más sobre la CAM, intervenida con casi ¡un billón! de las antiguas pesetas, entre los 2.800 millones de euros de recapitalización y los 3.000 millones de disponibilidad inmediata, que con esto del euro todas las cifras parecen pequeñas. Los últimos datos contables de la CAM atribuían a las comisiones de clientes más del 80 por ciento de la cifra total de beneficios. Luego, era verdad que la caja era nuestra, de los impositores, ya que nuestra fidelidad a la entidad era la que mantenía en positivo sus resultados y no la buena gestión financiera e inversora de sus consejeros y directivos, tan bien remunerados en créditos preferentes y sueldos millonarios. 

Los especialistas en Historia Económica tienen suficiente material para un estudio, tanto de la intromisión política partidista en las instituciones financieras, como de lo descabellado de tantas decisiones económicas ruinosas de un grupo dirigente (Consejo y altos directivos). En el batiburrillo de sonoros fracasos de la CAM, y malas amistades, se pueden ver arrastrados la Obra Social, un patrimonio y un mecenazgo cultural irremplazables en Alicante, algunas empresas participadas bien gestionadas o proyectos de futuro como los surgidos del estudio I+D para acciones concretas en el territorio de Alicante, sobre cuya continuidad se abren ahora muchas incógnitas.

Todos los alicantinos perderemos con la desaparición de la CAM, cuando sea adjudicada entera o troceada. La sociedad valenciana, con lo sucedido en Bancaja y la CAM, ha fracasado en su voluntad de dotarse de instrumentos financieros cercanos y atentos a la realidad del territorio y de sus gentes, de sus sectores económicos y sociales. Pero no todos somos igual de responsables. Hay algunos que por acción, como los expresidentes de la Generalitat ya mencionados, como por omisión, capítulo que encabezan las organizaciones patronales y camerales regionales y provinciales tan sumisas durante los últimos años a los desafueros del poder establecido, tienen sobre su conciencia un mayor peso. 

En el capítulo de responsables/irresponsables destacan aquellos miembros del Consejo de Administración -captados o cooptados por los dirigentes de partidos, sindicatos e instituciones económicas- y aquellos altos directivos que han protagonizado muchos de los avatares de la CAM en los últimos tiempos. Son quienes, a la vista de lo que se va conociendo, quizá tengan que responder en otras instancias. Socialmente, al menos, ni vestidos de arpillera ni cubiertos de ceniza, deberían pisar la calle sin sonrojo. 

(*) Periodista

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2011/08/14/responsabilidades-final-cam/1158314.html

EUPV lamenta que Fabra actúe "con el estilo permisivo ante la corrupción" de Camps

ALICANTE.- La diputada de EUPV, Esther López Barceló, ha pedido este sábado la dimisión del diputado del PP y exalcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, recientemente imputado en su tercera causa penal por un supuesto delito electoral, y ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "actúe con el estilo permisivo ante la corrupción propio de Francisco Camps".

   En un comunicado, la diputada se ha referido así a las declaraciones efectuadas por Fabra tras conocerse la imputación de Hernández Mateo, en las que defendió "la presunción de inocencia de cualquier persona hasta que no se demuestre lo contrario".

   Para López Barceló, el código ético del PP "lo dice muy claro" y con tres causas penales abiertas, el diputado 'popular' tendría "que dimitir ya".

   La diputada de EUPV por Alicante considera que "ya es hora, con tres causas penales a las espaldas, de que Alberto Fabra reaccione" en este caso" y ha insistido en que la formación pide su dimisión "con el código ético del PP en la mano".

Italia suprimirá las provincias de menos de 3.000 kilómetros cuadrados

ROMA.- El ministro de Reformas Institucionales italiano, Roberto Calderoli, dijo hoy que el Gobierno aprobó "la supresión de las provincias de menos de 300.000 habitantes o de 3.000 kilómetros cuadrados de superficie", y que para ello se elaborará un censo en otoño de 2011.

Calderoli compareció hoy en rueda de prensa junto con los ministros de Economía, Guilio Tremonti, y de Trabajo y Políticas Sociales, Maurizio Sacconi, para ilustrar los detalles del decreto ley aprobado ayer en Consejo de Ministros.

El Gobierno italiano aprobó ayer un nuevo plan de ajuste presupuestario de 45.500 millones de euros con el que pretende alcanzar el equilibrio presupuestario en 2013 y calmar la inquietud de los mercados sobre la situación que atraviesan las finanzas públicas del país.

Según cálculos realizados por los medios de comunicación a partir de los datos ofrecidos por Calderoli, entre 29 a 35 provincias italianas pueden desaparecer.

En cuanto a los 8.094 ayuntamientos existentes en Italia, hay 1.970 con menos de 1.000 habitantes por lo que para ellos será obligatorio la fusión municipal, dijo el ministro.

Calderoli prevé además una reducción de alrededor de 54.000 cargos y asesores a finales de la legislatura sobre los 140.000 actuales.

Por su parte, Tremonti, dijo que la llamada "contribución de solidaridad" penaliza con un 5 % los salarios que superen los 90.000 euros al año, y con un 10 % a los que excedan los 150.000, todos ellos deducibles de la renta.

La "contribución de solidaridad" tendrá una duración de tres años computables a partir de 2011.

El ministro de Economía ratificó que el decreto ley no necesita una cuestión de confianza en el Parlamento, porque es suficientemente "serio y comprometido" para implicar a la clase política en aras del interés general.

En su intervención, el ministro de Trabajo y Políticas Sociales anunció que, en consonancia con los solicitado por el Banco Central Europeo (BCE), el decreto ley contempla la flexibilidad del mercado de trabajo para impulsar la contratación a nivel empresarial, pero también el despido del personal.

Comentó que la jubilación de hombres y mujeres (que hasta ahora se jubilaban a los 65 y 60 años respectivamente) pasará a los 67 años en los próximos cinco años y que en 2050 podría elevarse a los 70.

El gobierno italiano prometió que su nuevo programa de austeridad reducirá la abultada burocracia del país mediante la eliminación gradual de miles de empleos a medida que se reorganiza la administración de las provincias.

El primer ministro Silvio Berlusconi consideró las reducciones como "excesivas", pero reconoció que no hubo otro remedio debido al descontento generalizado de los ciudadanos ante los privilegios de la clase política italiana.

Ante las presiones del Banco Central Europeo, el gobierno aprobó el viernes un plan adicional de austeridad de 45.500 millones de euros en los próximos dos años para equilibrar el presupuesto del 2013.

El plan —una mezcla de reducción del gasto y aumento de los impuestos, incluyendo una "tasa de solidaridad" para los salarios más cuantiosos— intenta apaciguar los temores de los mercados y asegurar que Italia no acabe pidiendo un plan de rescate para evitar la bancarrota.

Roma había aprobado ya el mes pasado un recorte del gasto público de 70.000 millones de euros, pero el gobierno sostuvo que la situación financiera se ha deteriorado de forma palpable desde entonces.

El ministro del gabinete Roberto Calderoli dijo el sábado que el número de legisladores nacionales —unos 1.000 en la actualidad— será reducido en un 50%, aunque será necesario un largo proceso constitucional.

Agregó que las administraciones provinciales menores a 3.000 kilómetros cuadrados (1.160 millas cuadradas) o con poblaciones de menos de 300.000 habitantes serán abolidas. Muchos consideran que esas administraciones —una figura que se encuentra entre las municipalidades y las regiones — son una costosa duplicación.

Aunque el número preciso será determinado por un censo en el cuarto trimestre, la medida seguramente afectará a entre 29 y 365 gobiernos provinciales, dijo Calderoli. El diario La Repubblica indicó que entre ellas figuran Siena, Trieste y Prato, un importante centro de negocios en las afueras de Florencia.

Las poblaciones con menos de 1.000 residentes serán consolidadas con otras mayores, cambio que afecta a unas 1.970 municipalidades de 8.094 en todo el país, según el gobierno.

Esas reducciones significan que unos 5.000 cargos elegidos serán eliminados, así como varios miles de empleos relacionados, dijo Calderoli. Esas medidas entrarán en vigor en las próximas elecciones municipales.

El tema de la excesiva burocracia ha figurado desde hace años en el debate entre los partidos italianos. Pero, la indignación ciudadana alcanzó recientemente nuevos niveles al quedar exenta la clase política de las reducciones.

Los municipios españoles enfrentan una profunda crisis

MADRID.- Las 8.115 municipalidades españolas están afectadas por las deudas que contrajeron después de dos décadas de vacas gordas que supuso el auge de la construcción antes de estallar la burbuja en el 2008.

Existe una creciente preocupación en España de que las municipalidades y los gobiernos regionales corran el riesgo de no poder cumplir con sus obligaciones. Esta semana, en La Mancha, Castilla, tres de cada cuatro farmacias cerraron en una "huelga" para protestar por la demora en el pago de 125 millones de euros que les debe el gobierno regional por las recetas farmacéuticas que los ciudadanos reciben del sistema nacional de salud.

Los gobiernos locales y regionales asumieron grandes obligaciones durante los años de bonanza, pero ahora sus arcas se han vaciado.

Muchos pueblos contrataban a numerosos empleados a medida que los municipios recaudaban las tarifas de los permisos de construcción y las licencias de negocios, además de mayores impuestos a la propiedad. Las autoridades se lanzaron a construir carreteras, escuelas, guarderías, atracciones turísticas y centros para retirados.

La crisis financiera del 2008 redujo los fondos y convirtió el auge en un desastre. Ahora la construcción está paralizada y los negocios están cerrando mientras España lidia con un desempleo de casi el 21%, récord para la eurozona. Muchos municipios casi no pueden pagar a sus empleados, no pueden despedir trabajadores debido a las reglas sobre el servicio público, están pagando con demora al sistema de salud, y tratan de aplazar o reestructurar las deudas que asumieron con los costosos proyectos de infraestructura.

La nación podría ser la próxima en necesitar un rescate financiero después de Grecia, Irlanda y Portugal, y hay quienes dicen que el ejemplo de su municipio demuestra que España necesitará la ayuda de la Unión Europea, pese a las promesas de las autoridades centrales de que la nación no la precisará.

La deuda de los gobiernos locales ascendía a 35.000 millones de dólares a fines del 2010, un 11% más que en el 2008, y se pronostica que podría aumentar este año a medida que siguen declinando los ingresos de las municipalidades.

"El panorama es negativo, y si no enfrentamos los problemas de los municipios tendremos más ejemplos como Moratalla, en la Región de Murcia", advirtió Pedro Arahuetes, alcalde de Segovia y presidente de la comisión de finanzas de la asociación que representa los municipios y provincias de España.

"Se trata de aumentar impuestos o reducir servicios. No existe una máquina para fabricar dinero".

Arahuetes dijo que el gobierno central español debe considerar una reforma controvertida para disponer la fusión de pequeñas comunidades a fin de que ahorren costos, al menos para los pueblos de no más de 400 habitantes que tengan sus propios municipios.

"La distribución territorial de los pueblos en España es totalmente insostenible y alguien tiene que encarar este problema seriamente", agregó.

Grecia lo hizo el año pasado, cuando redujo sus 1.034 municipalidades a 325 para dinamizar los servicios y reducir costos y desperdicios. En Italia, el gobierno del primer ministro Silvio Berlusconi emitió el viernes un decreto de emergencia para abolir la administración provincial de las ciudades con menos de 300.000 personas, mientras que los pueblos pequeños con menos de mil residentes se fusionarán con comunidades más extensas.

Fabra cree que Gürtel "ha quedado atrás" y no despeja el futuro de Ripoll

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado que el 'caso Gürtel' "ha quedado atrás" y ha dicho que a la hora de hablar de futuro sí le van a encontrar, pero no en todo lo que implique "intentar hurgar en el pasado".

   Alberto Fabra ha señalado que el exjefe del Consell Francisco Camps, con su dimisión, tomó "una decisión valiente, difícil de ver en el panorama político español" para "evitar que alguien pudiera poner en tela de juicio su honorabilidad, la de la institución o la del partido".

   Preguntado por si considera que el juicio del caso Gürtel distorsionará la campaña electoral de las elecciones nacionales, ha dicho que la dimisión de Camps ha dejado a algunos con "el pie cambiado" porque "era el único argumento político que usaban en estos años".

   "Ahora ya no saben de qué hablar y algunos intentarán alargar, estirar esta situación", ha criticado. Sin embargo, está convencido de que la Comunitat Valenciana "ha dado un paso" y ha dejado la situación "atrás, ya no existe".

   En opinión de Fabra, la decisión de Camps de dejar su cargo es "muy complicada" y, a su juicio, merece "el reconocimiento de todos". En este sentido, considera que se trata de una decisión "muy difícil de tomar, sobre todo cuando estás convencido de que eres inocente". Asimismo, ha manifestado que dejar el cargo para evitar "poner en tela de juicio lo que es la institución o el partido dice mucho de la persona que tomó esa valiente decisión".

   Respecto a las declaraciones que hizo el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, quien dijo que el exjefe del Consell podría volver a la primera línea de la política, Alberto Fabra ha hecho hincapié en que la política "necesita grandes políticos" y ha subrayado que Camps "lo es".

   Asimismo, se ha mostrado convencido de que Camps "saldrá absuelto y será declarado inocente". A su juicio, "la política no puede desaprovecharlo en estos momentos de extremas dificultades", puesto que es "uno de los mejores", ha destacado.

   Preguntado sobre si ha pedido consejos a su antecesor en el cargo, el presidente de la Generalitat ha reconocido que en algunas cuestiones sí. "Soy una persona que me dejo aconsejar, me gusta escuchar", ha dicho sobre sí mismo, y de Camps ha indicado que es "una persona con una amplia, amplísima experiencia en la administración" que, además, tiene "una gran visión del Estado y de la Comunitat Valenciana".

   Por otra parte, respecto a las voces críticas del partido, ha asegurado que han sido más "sobre las formas que sobre el fondo" y ha incidido en que el PPCV es "un partido muy fuerte, tremendamente fuerte y con muchas ganas de decir lo que piensa, lo que cree y ayudar a los ciudadanos para que también tomen esa decisión el 20 de noviembre".

   Del mismo modo, Fabra, que ha negado que en el PP existan "familias", ha dicho que lo que hay es "un proyecto y gente comprometida, que además somos amigos y que no generamos recelos entre nosotros".

"Sumamos para hacer llegar nuestro proyecto de futuro, en este caso, más allá de la Comunitat Valenciana para que Rajoy sea presidente", ha apostillado.

   Inquirido sobre si abrirá la puerta del partido a los militantes que se han ido en los últimos años, ha recordado que lleva militando en el PP 30 años y que está "convencido de lo significa ser miembro de un partido", lo que implica "ser disciplinado, ser crítico en los órganos en los que se debe de hacer, pero luego intentar sumar y apostar por el proyecto".

   Sin embargo, "aquellas personas que han ido contra el partido lo van a tener difícil porque han demostrado que no están dispuestas a sumar", ha resaltado. Porque, tal y como ha aseverado, él quiere gente que "crea en el proyecto, que crea en las personas y que crea que yendo juntos es la única manera de poder seguir adelante".

"Esas personas tendrán la puerta abierta del PP, las otras lo van a tener difícil", ha resaltado Fabra.

   Sobre el futuro del expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll, Alberto Fabra ha dicho que ha demostrado que es "un activo del  partido" y ha indicado que hay que contar con las personas "válidas".

   "Ripoll ha tenido prestigio allá donde ha estado y seguro que tendrá un espacio donde seguir generando oportunidades y defender el proyecto de todos los valencianos en el lugar que le correponde", ha subrayado.

Aguilar dice que Francia se compromete a garantizar la libre circulación de los camiones españoles

MADRID.- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha asegurado que el Gobierno francés, a través del ministro de Agricultura del país, se ha comprometido a garantizar la libre circulación de mercancías y la seguridad de los camiones y transportistas españoles en el territorio galo.

   Aguilar hizo estas declaraciones a raíz de los ataques a camiones españoles que transportaban frutas y hortalizas en Francia, por parte de un grupo de agricultores, que lanzaron a la calzada la carga de los vehículos de transporte procedentes de la Península.

   En una entrevista concedida a la 'Cadena Ser', la titular de la cartera de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha afirmado que ha solicitado a su homólogo francés que aseguren la plena seguridad del funcionamiento normalizado de los almacenes españoles que se hayan en el Sur de Francia.

   Según Aguilar, el ministro galo se ha comprometido "plenamente" ante estas peticiones y ha lamentado todos los hechos que han sucedido durante los días pasados. Además, ha indicado que ambos gobiernos han acordado trabajar conjuntamente en una propuesta a la Comisión Europea (CE) para establecer mecanismos de regulación "eficaces y efectivos" que impidan que estas situaciones se vuelvan a repetir.

   "Los precios en relación con las cosechas están por los suelos, no se cubren los costes de producción y esta situación es insostenible y la Comisión debe actuar. Por este motivo, vamos a presentar una propuesta fuerte y potente encima de la mesa para que se tomen decisiones urgentes en el marco de la Unión Europea", ha añadido.

   La ex alcaldesa de Córdoba ha afirmado que estos ataques a los camiones españoles no se tratan de actos "plenamente organizados por parte de los agricultores franceses" y ha señalado que el Gobierno francés está comprometido a poner fin a esta situación que acontecido.

    Por otro lado, Aguilar ha explicado que la posibilidad de que los transportistas españoles lleven escolta en Francia "no tiene ninguna eficacia" y ha resaltado que la opción más adecuada es atajar estos ataques y "poner punto y final a la situación".

   Por último, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha indicado que a principios de septiembre viajará a Francia, donde se reunirá con su homólogo francés, al que ha solicitado conocer los daños ocasionados en las mercancías y en el transporte por las protestas de los agricultores galos. En este sentido, ha añadido que propondrá un "resarcimiento" de daños "urgente, rápido y eficaz".

CGT convoca movilizaciones en Caja Mediterráneo para exigir una venta de la entidad con "garantías"

ALICANTE.- CGT ha convocado para el 18, 22, 25 y 29 de agosto una serie de movilizaciones para "exigir garantías" para mantener los "puestos de trabajo, condiciones laborales y la obra social", así como para que se "depuren responsabilidades" y que la caja sea adquirida por "una caja o grupo de cajas", en lugar de que se produzca "una venta disgregada de la CAM", según ha informado el sindicato en un comunicado.

   CGT se ha dirigido a los administradores del Banco de España "exigiendo que no se produzca la venta sin las citadas garantías" y, según ha asegurado, "ante la falta de respuesta de los administradores" han decidido convocar estas movilizaciones, que se celebrarán a las puertas de la central, situada en Óscar Esplá. Todas serán a las 15.30, salvo la del día 25, que será a las 20.30 horas.

  "Nos parece una grave irresponsabilidad, por parte del Banco de España, el anuncio de venta al mejor postor. Un organismo público, como el Banco de España, debe velar por los puestos de trabajo y evitar la venta disgregada", ha añadido.

Piden al FROB que las cuentas de la Caja Mediterráneo se hagan públicas

ALICANTE.- El Movimiento 15-M de Alicante ha enviado un escrito al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en el que piden que las cuentas de Caja Mediterráneo (CAM) se hagan públicas y pide responsabilidades a sus gestores, según ha informado en un comunicado este movimiento, que ha resaltado que enviará la carta a la Policía Nacional y a la Fiscalía Anticorrupción.

En su escrito, los representantes de 15-M piden que la CAM "no se convierta en Banco CAM, sino que siga siendo una Caja de Ahorros", aunque este proceso ya fue iniciado hace meses, así como "conocer las cuentas, que se enjuicie a los responsables" y que "las cantidades dedicadas a respaldar los valores en Bolsa se usen para que no paguemos los españoles tanto dinero por reflotar la caja".

Así mismo, demandan que "no se despida a los empleados que no se han visto implicados en las operaciones presuntamente fraudulentas y que sean de probada competencia y que se paralicen y anulen los proyectos CAM de marcado carácter antihumanitario y antiecológico".

Este escrito será enviado también a la Fiscalía Anticorrupción, al Cuerpo Nacional de Policía, al jefe de Inspección de Hacienda y al Banco de España.

Según han argumentado, "la intervención de la CAM por parte del Banco de España para evitar la quiebra de la entidad deja a la Comunidad Valenciana y a la sociedad alicantina en particular sin su principal arma financiera".

A su juicio, "su quiebra significa que ciudadanos, pequeñas y medianas empresas de nuestro entorno tendrán obligatoriamente que acudir para pedir dinero a entidades cuyos centros de decisión están en Madrid, Barcelona, o incluso en el extranjero".

También han lamentado "la posible pérdida de la obra social, los muchos puestos de trabajo directos o indirectos que se van a perder" y han expresado su "sospecha de que no se va a pedir responsabilidades a los responsables".

Un concejal del PP es el propietario del 96% del suelo del PAI de Callosa de Ensarriá

ALICANTE.- La diputada de EUPV Esther López Barceló ha tildado de "escándalo" el hecho de que un regidor del PP sea propietario del 96% del suelo del Programa de Actuación Intergrada (PAI) de Callosa d'En Sarrià.

   En un comunicado, López ha asegurado que aunque para el concejal del PP este PAI es "un gran negocio", para el resto de la población supone una "reliquia de la época del ladrillo", y ha explicado que el proyecto es "un auténtico desastre", dado que, según ha apuntado, duda de que en la actual época de crisis "alguien se atreva a invertir en la construcción".

   Por ello, la diputada ha criticado el "absolutamente insostenible" modelo urbanístico de la localidad y ha agregado que parece que los grupos que aprobaron este PAI --PP,PSOE y Bloc-- "no se han dado cuenta" de la  crisis económica y del ladrillo.

   "Es increíble que a estas alturas todavía tengamos que criticar proyectos así, cuando casi todo el mundo ya es plenamente consciente de la absoluta insostenibilidad del modelo urbanístico salvaje", ha concluido.

El puerto de Alicante aumenta un 3,75% su tráfico global y un 9,7% en contenedores

ALICANTE.- El puerto de Alicante ha aumentado un 3,75 por ciento su tráfico global de mercancías y un 9,7 por ciento en contenedores de enero a julio respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar 742.738 toneladas movilizadas en 89.374 TEUs y 1.340.821 toneladas transportadas en total.

   En un comunicado, la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) ha valorado que el tráfico "continúa de forma gradual su recuperación" y ha achacado ese "continuado repunte", tras cuatro meses consecutivos con datos positivos, al crecimiento de la mercancía en contenedor y del tráfico exterior de importación y, especialmente, de exportación.

   Respecto al aumento del tráfico de contenedores, ha resaltado que "certifica la consolidación de este tipo de tráfico como el más relevante de la dársena alicantina", al aglutinar más del 50 por ciento del total de toneladas movidas.

   Históricamente, eran los tráficos vinculados al sector de la construcción los que aportaban el mayor volumen, tales como cemento, clínker, escoria y otros graneles sólidos.

   Dentro del conjunto del tráfico exterior (13,85%), la exportación ha crecido un 16,41 por ciento, tras alcanzar las 440.200 toneladas, mientras que la importación suma 346.711 toneladas, lo que representa un aumento del 10,74 por ciento.

   Desde la Autoridad Portuaria han resaltado asimismo que, hasta el 31 de julio, el puerto de Alicante prácticamente ha duplicado sus cifras en tráfico de cruceros respecto al año anterior.

   En concreto, en los primeros siete meses del año han recalado en Alicante 28 cruceros y 51.554 cruceristas, frente a los 26.225 de 2010, lo que supone un aumento del 96,58 por ciento.

   En este apartado, destaca el repunte del 6,73 por ciento en el número de pasajeros de los ferries con destino a Orán y Tánger, con 136.379 personas que han pasado por la terminal marítima de Orán frente a las 127.780 que lo hicieron en 2010.

   Por otro lado, la Autoridad Portuaria de Alicante se ha referido al "bloqueo" que sufre la segunda fase de las obras del acceso sur y ha asegurado haber "cumplido con todos los compromisos requeridos en el ámbito de sus competencias".

   Ha aludido así a la autorización de la ocupación de más de 25.000 metros cuadrados de terreno portuario para la consecución de la primera fase del proyecto, así como a la construcción del parque litoral 'Parque del Mar', paralelo a la avenida de Elche.

   Sobre ese parque, han precisado que su límite "lo marca la vía ferroviaria que mantiene Adif, de quien depende la decisión de eliminar esa barrera y permitir el acceso ciudadano al parque".

   Es más, han destacado que, para facilitar esa medida, la Autoridad Portuaria ha ofrecido a Adif operar en la terminal interior de mercancías, ubicada en los terrenos de la empresa concesionaria TMS, mientras se acomete la futura plataforma logística de La Serreta.

   La APA también ha presentado diversas propuestas para alcanzar un acuerdo respecto a las compensaciones de volumen planteadas dentro de la zona operativa del puerto --pese a quedar fuera de sus competencias--, ya que éstas "carecen de los instrumentos de gestión, además de comprometer un dominio público estatal ratificado en el Plan Especial del Puerto de 2006", conforme a un criterio de gestión de 1990 ya derogado.

Fabra confía en que el Banco de España ´aclare´ la situación de la CAM

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, confió en que "el control y tutela" que está ejerciendo el Banco de España tras la nacionalización de Caja Mediterráneo (CAM) "lo aclare todo" porque "los ciudadanos necesitan confiar en las entidades" y en este momento "la transparencia es lo que toca".

Fabra realizó estas manifestaciones durante una visita al Centre de Coordinación de Emergencias de l'Eliana a preguntas de los medios sobre su opinión por la retirada de funciones pero no de sueldo de la directora general de la CAM, María Dolores Amorós, y las declaraciones del líder del PP, Mariano Rajoy, sobre la subida de sueldos de directivos bancarios.
Al respecto, el presidente comentó que "estas cuestiones en este momento las está dirimiendo el Banco de España".

"Y espero que se aclare absolutamente todo a través de ese control y tutela que está haciendo para el bien, no solo de la entidad, sino de todos los ciudadanos", señaló.
En la misma, opinó que "los ciudadanos necesitan confiar en las instituciones, en las entidades y las administraciones" y agregó que "la transparencia y la claridad es lo que toca".

El conseller Rosado afirma que el sistema sanitario podría llegar a la quiebra

VALENCIA.- El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha afirmado este viernes que comparte la idea apuntada recientemente por su antecesor en el cargo, Manuel Cervera, acerca de que "de no producirse cambios en el sistema sanitario tal como lo tenemos planteado en este momento, podríamos llegar a la situación de quiebra" y ha remarcado que, por ese motivo, esos cambios "se van a producir con toda seguridad". 

   "Si no hacemos los deberes como los tenemos que hacer los que nos dedicamos a la gestión sanitaria, tanto a nivel de la Comunitat Valenciana como también de todo el Estado español, es probable que no llegáramos muy lejos en cuanto a las previsiones de salud", ha señalado a preguntas a los periodistas tras clausurar la 'I Summer School' del Centro Superior de Investigación en Salud Pública.

   Rosado ha apuntado que, "por esto, es prácticamente necesario y es prácticamente obligado que se produzcan estos cambios, que se van a producir con toda seguridad dentro de la sanidad, para conseguir que los logros que hasta ahora se han obtenido en sanidad se puedan trasladar al futuro"

   Al respecto, ha precisado que "no se trata de recortar aspectos sanitarios, sino que se trata de gestionar de la mejor forma posible lo que tenemos para de algún modo poder llevarlo al futuro".

   Preguntado por el cierre de farmacias en Castilla-La Mancha en protesta por los impagos del Gobierno autonómico, el titular de Sanidad ha aseverado que la Comunitat Valenciana está "en una situación favorable con respecto a otras comunidades autónomas gracias a la relación mantenida con los colegios farmacéuticos" y que, de hecho, tienen este tema "bastante bien controlado".

   Así, ha valorado que "de momento" han logrado que "se siga cobrando en tiempo y en forma oportuna" y ha aseverado que "en los próximos meses" continuará esa situación. No obstante, ha rehusado hablar de un periodo mayor de tiempo y ha optado por limitarse al que puede "controlar" en estos momentos, ya que "el futuro económico del país permanece bastante incierto".

   Rosado ha enmarcado las acciones de protesta de las farmacias en las dificultades que sufren todos los sectores a raíz de la "crisis económica importante" que atraviesa España y ha señalado que "se tienen que organizar para conseguir sus logros".

   En cualquier caso, ha defendido que "la farmacia es un elemento importantísimo del gasto sanitario y debe estar perfectamente coordinado con las autoridades sanitarias para conseguir de algún modo que se pueda llevar a cabo el cobro de sus emolumentos y el cobro de los medicamentos que se están consumiendo", momento en el que ha ensalzado las conversaciones mantenidas en los últimos meses por las 'Conselleries' de Hacienda y de Sanidad con el sector.

   Preguntado por la finalidad de las cuantiosas transferencias de crédito relativas a su departamento que publica este viernes el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), el titular de Sanidad ha indicado que van destinadas a "pagar algunas de las deudas" que tiene suscritas la Conselleria y a acometer "algunos de los pagos a proveedores que se están realizando".

   Rosado ha comentado que esas modificaciones presupuestarias "son elementos normales" que se realizan "todos los ejercicios" y que "permiten ir afrontando cada uno de los costes y de los pagos que se tienen que ir haciendo dentro de las Consellerias".

El exalcalde de Torrevieja, imputado por un presunto delito electoral

ALICANTE.- El exalcalde de Torrevieja y diputado autonómico, Pedro Hernández Mateo, está llamado a declarar como imputado el próximo 16 de septiembre por un presunto delito electoral, cometido el pasado mes de mayo, según han confirmado fuentes judiciales, quienes han precisado que lo más probable es que el juzgado que instruye la causa se inhiba a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ya que Hernández Mateo tiene la condición de aforado.

   

El titular del Juzgado nº 5 de Torrevieja ha llamado al exalcalde a declarar en calidad de imputado por un delito electoral presuntamente cometido en la campaña electoral de los últimos comicios autonómicos, concretamente el 19 de mayo, tras una denuncia del PSPV-PSOE contra los 'populares' que celebraron un acto en un recinto que había sido prohibido por la Junta Electoral Provincial de Alicante.

   No obstante, y dada la condición de aforado del histórico dirigente 'popular', esta declaración "puede no celebrarse si antes el juez envía una exposición motivada de inhibición" en favor del tribunal autonómico.

   Los hechos ocurrieron durante la pasada campaña, cuando la Junta Electoral Provincial de Alicante denegó al PP la celebración un acto en el Auditorio de la Música de Torrevieja, al estimar un recurso presentado por el PSPV de esta localidad, que alegaba que ese espacio no se había puesto a disposición de todos los partidos políticos para su uso.

   Los 'populares' habían previsto celebrar en este auditorio un acto de campaña con la presencia del entonces presidente de la Generalitat valenciana y candidato a la reelección, Francisco Camps, y el candidato a la alcaldía por esta formación, Eduardo Dolón.

   Sin embargo, los socialistas impugnaron el uso de este recinto porque, según alegaron en su momento, no había sido ofrecido a todos los partidos concurrentes en las elecciones y porque, además, es propiedad de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, por lo que el carácter público tenía que haber asegurado el acceso a todos.

   Ante estos hechos, el PP trasladó el acto al teatro. De nuevo, los socialistas lo impugnaron porque, según aseguran, tampoco fue ofrecido al resto de formaciones como espacio para celebrar actos electorales.

   Además de en esta causa, el exalcalde está imputado en dos más, una de ellas relativa a un presunto delito de tráfico de influencias, por la plusvalía que supuestamente obtuvo con la compraventa de una finca rústica y que podría ascender a más de cinco millones de euros; y la segunda por un supuesto delito de prevaricación y falsedad en la adjudicación de la contrata de la basura del municipio.

Asaja amenaza con bloquear La Jonquera para protestar contra el boicot galo

BARCELONA.- La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Cataluña ha anunciado este viernes que bloqueará el regreso de los turistas franceses a su país cortando la carretera de La Jonquera como respuesta al boicot de los productores galos y a los recientes ataques a camiones procedentes de la Península que transportaban fruta y hortalizas.

   El coordinador de Asaja en Cataluña, Albert Castelló, ha asegurado que ya se ha acabado la paciencia, "ojo por ojo y diente por diente", y ha afirmado que es absurdo seguir con buenas palabras y esperar actuaciones de los gobiernos.

   Además, ha avisado de que si siguen los ataques en la frontera de aquí a final de mes "automáticamente irán a buscar intereses franceses y a causarles el mayor daño posible".

   Ha emplazado a la policía catalana a ser "guardianes" y a defender los intereses de catalanes y españoles cuando se produzcan estos ataques, tal y como ha asegurado que hacen los cuerpos de seguridad galos.

   Asaja ha arremetido de nuevo contra el Gobierno por su "inmovilidad" a la hora de tomar medidas concretas para defender los intereses de los productores autóctonos, que esta semana han estado sufriendo nuevos ataques en la frontera.

Bruselas recuerda a Francia que debe garantizar la libre circulación de mercancías

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha señalado hoy que no ha sido informada formalmente de los últimos ataques de agricultores franceses contra camiones que transportaban frutas y verduras desde España, pero ha dejado claro que condena "todo tipo de acción ilegal y destructiva" y ha recordado a Francia que los países de la Unión Europea deben tomar las medidas necesarias para garantizar la libre circulación de mercancías.

   "No hemos recibido nuevas quejas. Pero de manera general, evidentemente la Comisión condena toda acción ilegal y destructiva", han declarado fuentes del Ejecutivo comunitario. Las fuentes han confirmado que están al tanto de las informaciones publicadas sobre los incidentes de los pasados 9 y 11 de agosto en la frontera francesa, pero han señalado que las autoridades españolas no han notificado los incidentes a Bruselas.

   En cualquier caso, apuntan las fuentes, "todo Estado miembro está obligado a tomar todas las medidas necesarias y proporcionadas, con el objetivo de garantizar la libre circulación de los bienes sobre su territorio". También tienen la obligación de informar al Ejecutivo comunitario "en caso de obstáculos importantes" a este derecho.

   Sin embargo, las fuentes consultadas, advierten de que las normas de la Unión Europea confieren a las autoridades nacionales "la competencia exclusiva" en lo que concierne al mantenimiento del orden público y a las medidas a poner en práctica para garantizar el derecho a la libre circulación en una situación específica.

   El pasado julio, tras un primer ataque de piquetes franceses contra camiones con frutas españolas, Bruselas se puso en contacto con París para advertirle de su obligación de cumplir las normas del mercado único. La gendarmería se comprometió entonces a intervenir si fuera necesario para impedir nuevos casos, según las fuentes.

   La Comisión puede actuar si recibe una queja formal. Primero la somete a examen y si lo considera necesario contactar con el Estado miembro. Si Bruselas considera que el país en cuestión infringe la regulación europea que le obliga a proteger la libre circulación de mercancías, podría iniciar un procedimiento de infracción.

Ya se habla de la absorción del puerto de Alicante por el de Valencia

ALICANTE.- El presidente provincial del PP, ex presidente de la Diputación y virtual titular de la autoridad portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll, adalid natural del alicantinismo en su máxima expresión, tendrá que lidiar con un 'miura' en su nueva trayectoria política: el proceso de absorción de la gestión del puerto de Alicante por el de Valencia. El Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado, mantiene inalterable su plan para reducir de 28 a 11 las autoridades portuarias con el fin de ganar en eficiencia y suprimir aquellas gerencias que, como la de Alicante, son deficitarias, según se relata hoy en 'La Verdad'.

El movimiento no ha pasado desapercibido en los últimos días para los representantes del consejo de administración por parte de la patronal Coepa, Cámara, PSOE y Ayuntamiento de Alicante, muchos de los cuales también tendrán que salir a finales de año.

Ripoll tendrá que asumir que su condición de autoridad portuaria de Alicante será muy interina. Porque Puertos del Estado tiene ya determinado cambiar a fondo el mapa portuario español. En el mes de mayo, el presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, afirmó en una entrevista en el diario 'Expansión' que España necesita mantener tres tipos de puertos: los energéticos, los de importación y exportación y los de hub en cadenas logísticas».

No lo aclaró, pero dejó caer que España necesitaría ocho autoridades portuarias peninsulares (La Coruña-Ferrol, Gijón, Bilbao, Barcelona, Tarragona, Valencia, Algeciras y Huelva) y otros tres insulares (Las Palmas, Tenerife y Baleares).

El Gobierno de España no quiere enfrentarse a los localismos y chovinismos que generan los puertos, porque nadie quiere que su puerto se dirija desde otro lugar. Pero Puertos del Estado aseguró ayer que, en una franja de distancia de cien kilómetros, «lo lógico» es que los puertos pequeños y deficitarios, como el de Alicante, sean «coordinados» por el vecino. En este caso, Valencia.

La previsión de Puertos del Estado es que, a la vuelta de cuatro años, se ejecuten esas «coordinaciones de gestión», por no hablar de fusiones o absorciones. La autoridad portuaria de Alicante, en principio, no perdería puestos laborales, pero tampoco se descartan si la práctica totalidad de la gestión depende de Valencia. 

Un portavoz de Puertos del Estado admite ante 'La Verdad' que el puerto de Alicante no alcanza el índice de rentabilidad sobre el inmovilizado del 2,5%. Este es un requisito básico previsto en la Ley de Puertos del Estado.Voces empresariales alicantinas alertan de que el puerto de Alicante lleva ya dos años sin cumplir este precepto.

Por otra parte, los empresarios y trabajadores del Puerto de Alicante no entienden que vayan a quitar a Miguel Campoy, cuya labor en los últimos dos años y pico elogian, para poner en su lugar a José Joaquín Ripoll, pero no porque vaya a mejorar los proyectos de Campoy, sino por cuestiones políticas; porque de pronto les parece mal haber mandado a Ripoll de la presidencia de la Diputación a las listas del paro, siempre según 'La Verdad'.