Blanco anuncia que el tramo de la autovía A-7 del Barranco de la Batalla se pondrá en marcha el 31 de octubre

ALCOY.- El ministro de Fomento, José Blanco, ha anunciado que el tramo de la autovía A-7 a la altura del Barranco de la Batalla se pondrá en servicio el próximo 31 de octubre, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Fomento.

   Blanco, acompañado por la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leyre Pajín, y por la secretaria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-Piñero, ha supervisado este miércoles las obras de la variante del Barranco de la Batalla en la autovía A-7.

   Este tramo de autovía, cuyo presupuesto supera los 96,6 millones de euros, sustituye al antiguo trazado de la carretera N-340, que ha servido históricamente tanto de itinerario de conexión entre Alicante y Valencia, como de eje de vertebración para las comarcas del interior de ambas provincias.

   Así, tras la puesta en servicio de este tramo, el Ministerio de Fomento completará la autovía del Mediterráneo A-7 entre Valencia y Alicante, mejorará el trazado de este corredor, y transformará en una vía de alta capacidad, dotándolo de unos elevados niveles de funcionalidad y seguridad vial.

   De esta manera, más de 25.000 vehículos se verán beneficiados cada día por esta actuación, cuya inversión total asciende a 316,3 millones de euros, según han indicado las mismas fuentes.

   El trazado se localiza íntegramente en el término municipal de Alcoy, y se inicia a continuación del tramo de autovía de la Variante de Ibi- Castalla en el enlace de Xixona, que finaliza en el tramo de autovía de la Variante de Alcoy, en su enlace sur, que conecta con la población de Alcoy a través de un ramal que se puso en servicio en diciembre de 2009.

   La obra ejecutada tiene una longitud de 4,5 kilómetros y sus características geométricas son las correspondientes a una velocidad de proyecto de 80 kilómetros por hora con radio mínimo en planta de 600 metros y una pendiente longitudinal máxima del 5,5 por ciento.

   Además, la autovía está compuesta por 2 calzadas de 2 y 3 carriles respectivamente de 3,50 metros cada uno, arcén interior de un metro y exterior de 2,50 metros. Las calzadas están separadas por una mediana variable de 2 a 25 metros a lo largo de su traza, según las mismas fuentes.

   El tramo de la Variante del Barranco de la Batalla ha visto su diseño y ejecución condicionada de manera "muy significativa" debido a que atraviesa parajes de gran valor ambiental, como son el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, el Bien de Interés Cultural del Molinar de Alcoy y la colonia de quirópteros que habitan el LIC de la Cueva Juliana, que se encuentra situada "muy cerca".

   La compleja orografía ha obligado a la construcción de grandes estructuras entre las que destacan los túneles de la Font Roja, constituidos por dos tubos dobles de más de 900 y 600 metros de longitud; un viaducto doble sobre el barranco de la Batalla de 205 metros de longitud total, con luz máxima de 103 metros y altura máxima en pilas de 61 metros; y un sistema de pasos de fauna sobre la autovía como protección ambiental de la zona.

Luisa Pastor dice que no quitaría el sueldo a los diputados sin fe en la institución

ALICANTE.- La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, ha considerado este miércoles que el anuncio de su homólogo valenciano, Alfonso Rus, de retirar el sueldo a los diputados que no crean en la institución, es fruto del "fragor de la batalla" y aunque ha asegurado que ella no lo haría, también pediría a otros partidos que no utilizaran "las demagogias en vísperas electorales, no beneficiará para nada ni a la institución, ni sobre todo a la ciudadanía".

   Tras un encuentro con la consellera de Turismo, Lola Johnson, Luisa Pastor ha hecho estas declaraciones, preguntada por el anuncio de Rus, después de que algunos diputados manifestaron durante el pleno de la Corporación provincial su posición favorable a eliminar las diputaciones.

  "Yo creo que el fragor de la batalla se dicen muchas cosas", ha dicho Pastor, quien preguntada por si ella tomaría esta medida, ha manifestado: "yo no tomaría esa medida en la Diputación de Alicante, pero también les pediría a mis compañeros de otros partidos que no utilizaran las demagogias en vísperas electorales, no beneficiará para nada ni a la institución, ni sobre todo a la ciudadanía".

   La presidenta de la Diputación de Alicante ha dicho que las "cosas hay que hacerlas bien si queremos que llegue a buen puerto, si no las hacemos bien, seguiremos con este debate por los siglos de los siglos pero 'no aclarirem res'".

   A su juicio, "ese debate tan llano de diputaciones sí, diputaciones no,  es un debate inmaduro, lo que hay que estudiar y debatir en profundidad y con tranquilidad es qué competencias tiene que asumir la diputación, qué competencias tiene que asumir la Generalitat y cuáles hay que asumir en las entidades locales".

   Según Pastor, "una vez asumidas las competencias claras, ver qué competencias le quedan a las diputaciones, que yo las tengo muy claras: las diputaciones están para la asistencia a municipios pequeños y esta provincia tiene muchos, una vez visto eso y dimensionada la institución para el tema que les ocupe, entonces es cuando hay que hablar de diputaciones sí o no".

   En este sentido, ha insistido en que primero "tiene que haber clarificación de competencias y después dimensionar las instituciones y con un buen estudio de costes y de competencias, ver si es necesario cargarse las diputaciones para hacer consejos de no sé qué".

Castedo dice que el informe policial de Brugal "interpreta" y las interpretaciones "son peligrosas"

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha considerado que el informe policial del 'caso Brugal' sobre presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que implica a su hermano, el abogado José Luis Castedo y al exedil Javier Gutiérrez, es un documento "que interpreta que, que cree que, que supone que", pero, según ha puntualizado, "las suposiciones y las interpretaciones son peligrosas".

   A preguntas de los medios de comunicación, ha dicho que no puede hacer declaraciones "haciendo suposiciones, creyendo que, o interpretando".

   Castedo ha subrayado que las "suposiciones y las interpretaciones son peligrosas, y pongo un ejemplo con el que no quiero, ni mucho menos, comparar este caso con ningún otro, pero lo pongo porque está muy cercano: el caso de Marta Domínguez".

   Según ha detallado, "esas interpretaciones, ese creer, ese suponer que, llevó a detener a una deportista, a entrar en su vivienda, a que a nivel nacional estuviera en boca de todo el mundo, a una humillación pública que, después esas suposiciones y ese creer que, no era cierto, pero el daño ya se había hecho".

   Por ello, ha insistido en que ella prefiere "no hacer declaraciones en tanto en cuanto no tenga toda la documentación, para no tener que creer que ni interpretar que, sino para demostrar que".

"Creo que es lo lógico y lo que por sentido de la responsabilidad, debo de hacer", ha añadido.

   Además, ha remarcado que "no está en igualdad de condiciones" ante el informe publicado, y ha subrayado que, cuando decidió "dedicarse a la política" y fue "elegida cabeza de lista para Alicante, no creía que el peaje que iba a tener que pagar iba a ser tan alto".

   "Sabía que yo iba a tener que pagar un peaje importante, pero nunca creí que incluso mi familia, tuviera que pagarlo también", ha manifestado.

Johnson muestra su "máximo respeto" por la investigación policial en torno al PGOU de Alicante

ALICANTE.- La consellera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, ha mostrado este miércoles su "máximo respeto" por las investigaciones policiales integradas en el 'caso Brugal' en relación con presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

   Al término del encuentro de trabajo mantenido con la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, a preguntas de los medios de comunicación sobre las pesquisas policiales en torno a los abogados José Luis Castedo, --hermano de la alcaldesa de Alicante--, y Javier Gutiérrez, Lola Johnson ha insistido en que el Consell "siempre respeta todas las investigaciones policiales".

   "Nos remitimos a las declaraciones que los directamente implicados han hecho", ha indicado, al tiempo que ha considerado que esta postura "es el mejor servicio" que pueden hacerle "a la justicia, que es en beneficio de todos", ha señalado.

El Círculo de Empresarios propone reducir el número de ayuntamientos

MADRID.- El presidente del Círculo de Empresarios, Claudio Boada, ha apostado por reducir el número de los actuales 8.114 ayuntamientos, así como repensar el papel de las diputaciones provinciales e instituciones insulares equivalentes.

   Durante la presentación del 'Libro Marrón' del organismo, bajo el título de 'Cómo reformar las Administraciones Territoriales', Boada consideró "excesiva" la cifra actual de ayuntamientos y añadió que en otros países europeos que han optado por la eliminación de algunos de ellos se han generado "virtuosas economías de escala".

   Además de estas propuestas, abogó por establecer un techo de gasto en las administraciones autonómicas, por avanzar en la suficiencia y responsabilidad fiscal de las mismas y por "replantear el mapa competencial" en lo relativo a las diputaciones y cabildos insulares.

   Boada indicó que el Círculo de Empresarios ha sentido una sensación "agridulce" con la reforma de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria, dado que por un lado lamentan que se haya tenido que recurrir a la Carta Magna para asegurar el equilibrio presupuestario ya incluido en otras leyes, pero por otro lado se alegran de que los dos grandes partidos políticos hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en algo.

   Por su parte, el expresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y exalcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, que ha prologado el 'Libro Marrón', destacó que la crisis económica ha puesto en evidencia "con absoluta crudeza" la imposibilidad de seguir manteniendo la actual estructura de un Estado donde las funciones y órganos se superponen "duplicándose o incluso triplicándose".

   "Donde las competencias se ejercen sin tener la titularidad, careciendo por tanto de los recursos presupuestarios, o donde, por ejemplo, el acceso a la carrera administrativa se ve sustituido por un arbitrario sistema de contratación directa, al servicio por desgracia muchas veces de un clientelismo partidario", subrayó.

   Para Vázquez, es una "falacia" que la crisis económica actual sea la única causante de la imposibilidad de seguir manteniendo el nivel de gasto en las administraciones, sino que más bien ha sido el "detonante".

"Las reformas son una necesidad perentoria y urgente y para llevarlas a cabo sólo falta decisión política", indicó.

Cataluña, Valencia, Murcia y Baleares defienden en Bruselas que el Corredor Mediterráneo es "vital"

BRUSELAS.- El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y los de Valencia, Murcia y Baleares han viajado este miércoles a Bruselas para defender que el corredor ferroviario del Mediterráneo debe ser uno de los ejes prioritarios para la UE en la futura red transeuropea de transporte, porque es una ruta "clave" para unir estratégicamente el sur de Europa con el resto del continente y con nuevos mercados como el asiático.

   El Ejecutivo comunitario dará a conocer el 19 de octubre la lista de las infraestructuras prioritarias que recibirán parte de los casi 32.000 millones de euros que Europa prevé invertir en el desarrollo de su red de transporte entre 2014 y 2020.

   En un acto promovido por el lobby Ferrmed para defender este proyecto, los representantes de las regiones implicadas han destacado que su territorio suma cerca del 50% de la población de España y el 50% de la economía del país, reúne además en torno al 55% de la producción industrial, y por él pasa el 60% del transporte de mercancías, según los datos presentados por las regiones.

   Artur Mas ha pedido en su intervención en el seminario que las autoridades que "tengan poder de decisión, que lo ejerzan" para poner en valor este plan, y También ha destacado el consenso entre los distintos grupos políticos y regiones que apuestan por el eje mediterráneo, y ha señalado que son conscientes de que se están jugando el futuro.

   A menos de un mes para que la Comisión haga pública su propuesta con los candidatos a recibir los fondos, el presidente balear, José Ramón Bauzá, ha pedido el respaldo explícito de Madrid para dar un impulso a la baza del corredor Mediterráneo: "Somos optimistas, pero necesitamos sin ningún tipo de duda ni ambigüedad que el Gobierno central apoye este proyecto", ha dicho en declaraciones a la prensa.

   Anteriormente, en su intervención en la conferencia, Bauzá ha lamentado que en la actualidad sea más caro llevar un contenedor de Mallorca a Barcelona que a Hong Kong, y ha dicho que eso les reduce competitividad.

   También el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha mostrado su preocupación ante la prensa porque ha dicho no tener noticia de que el Gobierno central haya remitido a Bruselas ningún documento de apoyo al proyecto; un apoyo que las regiones han pedido insistentemente --ha dicho-- y del que no hay "constancia" pese a que las autoridades sí hayan mostrado su respaldo públicamente.

   Varcárcel, además, ha dejado claro que la iniciativa de la línea ferroviaria para el Mediterráneo "no es un capricho de nadie" ni un asunto para "enfrentar regiones", porque se trata de un proyecto "para vertebrar Europa".

"Pretendemos hacer fuerte a Europa y hacernos fuertes con Europa", ha remachado.

   El presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, ha incidido en que "Europa necesita las infraestructuras que sean más productivas" y ha opinado que, si sale adelante la línea del Mediterráneo, servirá para hacer más competitiva a la región porque será una columna que los hará más fuertes.

   Ha asistido en representación de Andalucía el director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), Sergio Moreno, que ha asegurado que el proyecto es enormemente necesario para el desarrollo de su comunidad y ha pedido que no sea utilizado como "herramienta de confrontación" entre ciudades y regiones.

   Según Ferrmed, el ahorro por el paso del tráfico por carretera al ferrocarril equivaldría en el período 2016-45 a 30.000 millones de euros y el ahorro en tiempo de transporte en el mismo periodo de tiempo significaría 36.500 millones.

   Además, el ahorro en emisiones de CO2 sería del orden del millón de toneladas anuales; todo ello, sin contar el impacto favorable para la economía de les regiones más directamente implicadas que rondaría el 1% del PIB durante los primeros 10 años, realizadas las inversiones, según los cálculos de Ferrmed.

El Grupo socialista señala la desconexión del Ayuntamiento de Alicante con la OAMI

ALICANTE.- Elena Martín, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha dicho hoy que “la presentación del informe El Impacto Económico de la OAMI en la Provincia de Alicante ha puesto de relieve la importancia de esta institución. El Ayuntamiento de Alicante, la Diputación Provincial y la Generalitat no se implican ni colaboran lo suficiente con una institución de rango comunitario como la OAMI”.

Desde el año 1994 y con el impulso del Gobierno Socialista de Felipe Gonzalez, Alicante cuenta con una institución de rango europeo. La OAMI inició su actividad en nuestra ciudad en ese año y, a partir de ahora, gracias al Gobierno de España, a través de su Secretaría de Estado para las Relaciones con la Unión Europea, esta institución tendrá sede permanente en nuestra ciudad.

“Tenemos que lamentar que la alcaldesa no haya considerado necesario asistir al acto celebrado hoy en la Cámara de Comercio, en el que se ha valorado la importancia para Alicante de esta intitución europea. Este desinterés está en clara consonancia con la escasa atención prestada por los Gobiernos Municipales a la OAMI desde su implantación en Alicante”, ha afirmado la portavoz socialista.

Según Elena Martín, “un signo claro de que el Ayuntamiento de Alicante ha vivido de espaldas a la OAMI y su impacto positivo para nuestra ciudad, es la carencia casi absoluta de medios de transporte urbano adecuados que la conecten con el centro urbano”

La portavoz socialista ha anunciado que su Grupo propondrá la negociación entre Ayuntamiento y OAMI de un convenio de colaboración entre ambas instituciones, para potenciar su presencia e influencia en la ciudad de Alicante.

El PSPV aprovecha el mal trance de Castedo para tratar de arrinconarla ligándola a la corrupción de Alperi

ALICANTE.- Elena Martín, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, ha tratado hoy de arrinconar políticamente a la alcaldesa conservadora Sonia Castedo, aprovechando el mal trance por el que pasa y, ligándola, además, a la corrupción que emana de su antecesor, Luis Díaz Alperi.

“Según se desprende del informe policial, el epicentro de la trama corrupta del PGOU, no está en un despacho de abogados particular, sino en la alcaldía de Alicante y su concejalía de Urbanismo bajo el gobierno del Partido Popular”, ha manifestado.

Para la portavoz socialista, “el despacho del hermano de la alcaldesa no es la clave sino un mero instrumento, creado a tal efecto, para intervenir y controlar, de modo encubierto y ventajista, todo el proceso de tramitación del Plan, bajo las directrices de Alperi y Sonia Castedo.”

“Sin Sonia Castedo como concejal de Urbanismo y su alcalde Alperi, no habría sido posible montar este entramado de información privilegiada, contactos y chanchullos del que nos habla el informe policial”, ha añadido.

“Fueron ellos, los que tenían todo el control político desde sus cargos públicos, quienes eligieron y situaron a sus peones, promovieron los contactos, dando las órdenes oportunas, y manipularon el PGOU para, presuntamente, sacar beneficio o beneficiar a otros”, ha afirmado Martín.

Después de afirmar que habrá que esperar a las decisiones judiciales y manifestar su máximo respeto a la labor desarrollada por Policía, jueces y fiscales, Elena Martín ha aclarado: “Todos los implicados en esta trama tendrán que responder ante la Justicia, pero la alcaldesa Sonia Castedo y el diputado Luis Díaz Alperi, tienen además la obligación de asumir su responsabilidad política y dar todas las explicaciones a la ciudadanía que les eligió.”

La oposición pide la dimisión de Castedo y que Fabra suspenda el PGOU de Alicante

VALENCIA.- Los grupos de la oposición en las Corts Valencianes han reclamado la dimisión de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por su presunta implicación en el 'caso Brugal' y también han instado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que suspenda la tramitación del Plan General del Ordenación Urbana alicantino (PGOU), así como que suspenda de militancia tanto a Castedo como a los también diputados Luis Díaz Alperi y Pedro Hernández Mateo y los envíe al grupo Mixto.

   Los portavoces de la oposición se han pronunciado de esta manera tras la Junta de Síndics al ser preguntados por las últimas informaciones sobre la investigación policial del 'caso Brugal'.

   De esta manera, el portavoz del PSPV, Jorge Alarte, ha instado a Fabra a "enviar al grupo mixto y suspender de militancia, asumiendo las responsabilidades políticas que sin duda tienen" los diputados Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi y Pedro Hernández Mateo, estos últimos exalcaldes de Alicante y Torrevieja. En este sentido, ha advertido de que Fabra "tiene que pasar a los hechos" y no puede hacer de las Corts Valencianes un "refugio" de presuntos corruptos "como hizo Camps, porque acabará como él".

   Para Alarte, Fabra tiene la oportunidad de "demostrar si estamos en un tiempo diferente" y, en referencia a los tres diputados, ha subrayado que es "muy evidente" la responsabilidad política que tienen.

   Por su parte, la portavoz de EUPV, Marga Sanz, ha señalado que "se confirma el papel del despacho del hermano de Castedo a la hora, supuestamente, de repartir favores e información" sobre la confección del PGOU de Alicante. En su opinión, ahora el PP "tiene una obligación inmediata que es el cese de la alcaldesa de Alicante".

   Por ello, considera que Sonia Castedo "debe dimitir" y el PP "tiene que tomar cartas en el asunto" porque es un "escándalo que vuelve a salpicar al PP", ha remarcado Marga Sanz, quien ha denunciado la existencia de un "clan supuestamente corrupto que está salpicando a la ciudad de Alicante".

    El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que suspenda la tramitación del PGOU de Alicante porque "se ha robado a los alicantinos su tierra", ya que "se ha practicado un urbanismo a la medida del bolsillo de cuatro estafadores que han pringado a responsables políticos". Asimismo, ha reclamado en el parlamento valenciano la creación de una comisión de investigación sobre el Plan Rabassa.

   En este punto, el síndic de Compromís ha considerado que "no estaría de más" que la Agencia Tributaria "actuara de oficio" para investigar el patrimonio del diputado y exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi.

   En otro orden de cosas, Morera también han solicitado la comparecencia de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, para que dé cuenta de los méritos que han valorado para el nombramiento de José Joaquín Ripoll como presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante.

Compromís exige la dimisión de los implicados en las presuntas irregularidades del PGOU de Alicante

ALICANTE.- Compromís ha exigido la dimisión de los políticos y técnicos implicados en las presuntas irregularidades del PGOU de Alicante "dada la gravedad de los hechos que se les imputan y que dejan al descubierto que el planeamiento urbanístico de Alicante ha servido únicamente para que estas personas hicieron negocio", según ha informado la coalición política en un comunicado. 

   La diputada de Compromís Mireia Mollà ha asegurado que las últimas informaciones conocidas sobre esta pieza separada del caso Brugal --en las que se habría descubierto que el hermano de la alcaldesa Sonia Castedo y un ex regidor socialista realizaban alegaciones al PGOU que ellos mismos estimaban después a través de una sociedad-- "acabarían por confirmar que la redacción de este documento urbanístico es totalmente irregular".

   "Sencillamente es ilegal que las mismas personas sean las que proponen y las que deciden la ordenación urbana de la ciudad de Alicante y nos preguntamos hacia dónde miraba el Ayuntamiento en el momento en que se estaban produciendo estas presuntas anomalías por parte de una empresa subcontratada por la firma responsable de la elaboración del PGOU", ha indicado la diputada de Compromís.

   Mireia Mollà ha recordado que "estos presuntos delitos cometidos en la redacción del documento urbanístico se suman a las acusaciones que el fiscal ha hecho sobre la actual alcaldesa de Alicante y su predecesor y diputado autonómico del PP, Luis Díaz Alperi, que habrían aceptado regalos del empresario Enrique Ortiz a cambio de información privilegiada del PGOU".

   "Ante todas estas evidencias, ni Sonia Castedo ni Luis Díaz Alperi, como tampoco los técnicos encargados de la elaboración del documento, pueden seguir defendiendo que el PGOU de Alicante se redactó a través de un procedimiento correcto y legal, de manera que Compromís pide su dimisión", ha destacado la diputada autonómica.

   En este sentido, el portavoz de Compromís per Alacant, Tomàs Mestre, ha indicado que "un PGOU bajo sospecha judicial por numerosos delitos no puede ser de ninguna forma aprobado por la Generalitat".

Posibles compradores de la CAM piden al Banco de España garantías de liquidez antes de pujar

MADRID.- Posibles compradores de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entre los que destacan Santander, BBVA, la Caixa, y las cajas vascas, reclaman al Banco de España que ofrezca garantías de liquidez que permitan afrontar los vencimientos de deuda de la entidad antes de pujar por ella, informaron fuentes conocedoras del proceso.

   Esta línea de liquidez, que se sumaría a la de 3.000 millones de euros que ya aportó el Banco de España a la CAM tras intervenirla el pasado mes de julio, serviría para cumplir con las obligaciones de pago de la entidad alicantina, de alrededor de 5.400 millones de euros sólo en el ejercicio 2012.

   Dicha facilidad de liquidez podría articularse a un plazo de tres años, ampliable a cinco, a un coste de Euríbor más el precio de seguro de impago (CDS) de la entidad compradora. "La facilidad de liquidez va a ser decisoria para los posibles compradores", incidieron las fuentes.

   Los posibles compradores de la CAM abogan por una linea de liquidez que permita afrontar los vencimientos de deuda de la caja alicantina ante la cerrazón de los mercados mayoristas de financiación y la complejidad de emitir deuda privada en el actual escenario.

   En el cuaderno de venta de la CAM que el Banco de España ha remitido a través de Bank of America-Merrill Lynch a las entidades financieras figura la posibilidad de ofrecer facilidades para afrontar la financiación de la deuda de la CAM.

   El Banco de España aspira a cerrar la venta de la CAM antes de las próximas elecciones del 20 de noviembre y da de plazo a las entidades hasta el próximo 26 de septiembre para expresar su interés por la entidad en una declaración de intenciones.

   Cuando se presenten las ofertas no vinculantes, el Banco de España  realizará una selección de las entidades para hacerles llegar una auditoría detallada de la CAM (due diligence) con información precisa sobre su exposición más problemática.

   El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez evaluará la capacidad financiera y de gestión de los ofertantes para adjudicar la entidad intervenida y priorizará a aquellos que soliciten la menor cantidad de recursos públicos para digerir la CAM.

   En el cuaderno de venta también figura un Esquema de Protección de Activos (EPA) que el organismo ofrecerá al comprador de la CAM a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para compensar las posibles pérdidas que afloren.  

   En la primera fase del EPA, que consta de tres tramos, las pérdidas que surjan se compensarán con las provisiones de la entidad, sin aportación alguna del FROB.

   En el segundo tramo, el FROB cubriría el 80% de los primeros 2.500 millones de euros de quebranto, mientras que el 20% restante correría a cargo del comprador. En el tercer tramo, el organismo se haría cargo del 90% de las siguientes pérdidas que se registrasen, en su caso, y el comprador, del 10% restante.

   Según la información remitida a la CNMV, la CAM registró pérdidas de 1.136 millones de euros en el primer semestre de 2011, con una tasa de morosidad del 19%. Su nivel de solvencia se encuentra en el 4,8%, aunque teniendo en cuenta la inyección de 2.800 millones de euros del FROB, éste se eleva al 11,8%.

Cándido Méndez teme que "le van a dar un palo" a la Obra Social de la CAM

ALICANTE.- El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado que Caja Mediterráneo (CAM) se encuentra en una situación "muy difícil" y ha mostrado su preocupación por la permanencia de los trabajadores y por la Obra Social, a la que, según ha dicho, "le van a dar también un palo, porque va a depender de los teóricos beneficios" que la caja tenga como participante en el banco.

   En un encuentro informativo ofrecido este martes en Alicante, Cándido Méndez ha recordado que las cajas de ahorro en general se encuentran sometidas a un proceso de reestructuración que "se está haciendo tarde y mal a costa de los trabajadores y de eliminar su naturaleza jurídica".

   Ante este proceso de conversión de las cajas en bancos, que según ha adelantado "va a generar muchos problemas en relación con el mantenimiento del empleo", dado que la entidad tiene más de 6.000 empleos fijos, varios centenares de empleo temporal, y estructura en varias comunidades autónomas. En todo caso, ha asegurado que UGT "va a defender los puestos de trabajo, y la permanencia e incidencia que la CAM tenía en el pasado".

   Además, ha opinado que la CAM se encuentra en esta situación por que "ha habido una mezcla, y ahora se está pagando, de una gestión que ha tenido notables errores, con una sobreacumulación de riesgos en el sector del ladrillo, y en determinadas obras faraónicas de la Generalitat valenciana en el pasado".

   De igual modo, ha opinado que "el desarrollo de Alicante sin la CAM probablemente no se entienda, pero el futuro de Alicante, con el papel del pasado de la CAM tampoco es un futuro que se pueda asentar sólidamente".

Rubalcaba quiere poner límites a los sueldos de alcaldes y concejales

MADRID.- El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, cree que "debería haber unas reglas o un acuerdo político" para limitar los sueldos de alcaldes y concejales conforme a determinados criterios, tras apuntar que tal vez no sea posible que estas retribuciones las regule unilateralmente el Ejecutivo central.

   Rubalcaba se ha expresado así en un 'chat' en el diario '20 Minutos', en el que ha defendido también su propuesta de reformar las diputaciones provinciales, lo que según sus cálculos permitiría ahorrar 1.000 millones de euros.

   El candidato ha apostado por "evitar duplicidades" y "reducir gastos superfluos" en las administraciones pero ha rechazado la devolución al Gobierno de competencias autonómicas como la sanidad y la educación.

   A su juicio, "los grandes servicios públicos deben estar administrados cerca de los ciudadanos", con normas básicas para todo el Estado y, además, exigiendo a las administraciones "que gestionen bien", y que " el dinero que el estado da para la sanidad o para educación se gaste en sanidad y en educación y no en otras cosas".

   Rubalcaba ha subrayado su empeño en que la sanidad pública tenga recursos suficientes "para que el copago no sea necesario" y ha reconocido que también "las Universidades públicas necesitan más dinero". 

"Es un tema de las Comunidades y también debería serlo del Estado", ha defendido.

El despacho de Salvetti cobró 100.000 euros a un empresario por subsanar un error del plan general provisional

ALICANTE.- El empresario ilicitano Ramón Salvador contrató al despacho Salvetti, cuyos socios son José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, y el exedil socialista Javier Gutiérrez para presentar una alegación contra la revisión del PGOU que cambiaba el uso de unas propiedades de urbanas a rústicas. Además, ambas partes firmaron un contrato por el que si Salvetti conseguía un aumento de la edificabilidad prevista en el planeamiento de 1987, Salvador le pagaba 30 euros por metro cuadrado.

   El informe policial de la pieza separada del 'caso Brugal' relativa al PGOU de Alicante, contiene un contrato firmado por Ramón Salvador, uno de los socios de la empresa Imagen Urbana --propietaria de los terrenos--, y Salvetti, por el que los abogados se comprometen a presentar una alegación contra la revisión del planeamiento.

   La alegación fue estimada y se declararon las parcelas como urbanas, aunque sujetas a una actuación integrada y al carecer de las condiciones adecuadas de urbanización, según la LUV, pasa a ser considerada como solar.

   En concreto, el objeto de la alegación era que en la revisión del plan se cambió a rústico el uso de unos terrenos, situados en el llamado Pla de Xirau --en los límites entre los términos municipales de Alicante y San Vicente del Raspeig--, reconocidos como urbanos (UBA) en el Plan General de 1987. La finalidad, según el informe, es que las parcelas fueran "reclasificadas urbanas, recuperando su clasificación y consideración anterior a la exposición pública del plan revisado".

   Para ello, contrata a Salvetti como "especialistas asesores en contactos y negociaciones con la administración pública", todo ello "a cambio de una remuneración establecida en 100.000 euros más IVA". Además, añade "unos honorarios de éxito, que se materializarán una vez que las fincas sean consideradas nuevamente de suelo urbano en el plan general".

   La cuantía establecida en el contrato, clasificado como "confidencial", será de "igual a la cantidad que resulte de multiplicar 30 euros por cada metro cuadrado de techo que atendiendo a los parámetros del nuevo Plan General exceda del Aprovechamiento que le correspondía a la mercantil Imagen Valenciana SL, según las determinaciones del Plan General de 1987".

"Es decir, se recibirán 30 euros por cada metro cuadrado de techo que exceda de los 55.888,54 metros cuadrados de techo que ya tenía el sector".

   Además, según añade el informe, el importe de la presente minuta se elevó a "la cantidad total 116.000 euros que se podrán hacer efectivos mediante pago en metálico, talón bancario o mediante transferencia".

   Según la Policía, en "las bases de datos de la Agencia Tributaria constan dos ingresos a Salvetti Abogados en el año 2009 por parte de dos sociedades vinculadas a Ramón Salvador" y que "ambos ingresos son por la cantidad cada uno de ellos de 58.000 euros", por lo que "la suma de ambos ingresos asciende a la cantidad de 116.000 euros, que es la cantidad estipulada en los honorarios del contrato de prestación de servicios referido".

   Así, en otra de las partes del sumario reveladas anteriormente y que el informe policial vuelve a recoger, se refleja una conversación entre Ortiz y Salvador, de agosto de 2008, en la que Ramón Salvador pregunta al empresario por la identidad del abogado urbanista que ha redactado el PGOU, a lo que Ortiz contesta que "un equipo de Javier Gutiérrez".

   Ortiz le pregunta a Salvador si se ha ocupado de hablar con Javier Gutiérrez para que "metan" los terrenos del Pla de Xirau en el PGOU, a lo que Salvador contesta que "claro". "Pues entonces estará metido", responde Ortiz. Finalmente, Salvador confirma "el compromiso que contrajo con él el señor Gutiérrez", por lo que Ortiz zanja diciendo: "pues ya está, seguro que sí, hombre claro, no hay problema".

   Tras la aparición de las primeras informaciones sobre el caso Brugal, relativo al PGOU de Alicante, el empresario se presentó en la Policía el 13 de abril de 2011, al saber que se encontraba entre los investigados y entregó una declaración por escrito y documentación sobre los planes urbanísticos.

   Según el escrito, su empresa, Imagen Valenciana, tenía presentado un PAI ante el Ayuntamiento para desarrollar esa zona. Sin embargo, en el documento del Plan General ese suelo aparecía como no urbano, por lo que presentó una alegación que realizó Francisco Milán siguiendo el asesoramiento del despacho Salvetti Abogados.

   Sin embargo, la policía asegura que este "extremo no parece casar con la realidad, en cuanto que la documentación intervenida incide en la idea de que la redacción formal de la alegación también correspondió a Salvetti Abogados".

   "Al tener copia de la alegación que Ramón Salvador presentó en el Ayuntamiento, con su correspondiente número de registro de entrada, y haber procedido a su cotejo con el boceto de alegación intervenido en el ordenador --de Javier Gutiérrez--, se puede decir con rotundidad que ambos documentos son idénticos en cuanto a su contenido", agrega.

   Además, destaca que se "han identificado más pagos por parte de Ramón Salvador a Salvetti, vinculados al contrato de prestación de servicios de asesoramiento".

Bruselas propone un ranking que mida la calidad de los profesores universitarios

BRUSELAS.- La comisaria de Educación, Androulla Vassiliou, ha propuesto este martes crear en 2013 un "ranking multifuncional" para medir la excelencia de las universidades y centros de educación superior europeos que midan factores como "la calidad de los profesores" con el objetivo de "aumentar la transparencia" y para garantizar que los jóvenes europeos puedan tomar "la decisión mejor informada" sobre qué estudios escoger para conseguir "un buen trabajo".

   En rueda de prensa para presentar la nueva estrategia del Ejecutivo comunitario para modernizar y mejorar la calidad de la enseñanza superior, Vassiliou ha recordado que en la actualidad sólo hay 28 universidades e institutos de educación superior en Europa entre los 100 primeros del mundo y sólo dos entre los 20 primeros en la actualidad aunque éstos sólo miden la excelencia investigadora del centro.

   La comisaria ha avanzado que quiere que el nuevo ranking de centros que se elaborará "a nivel europeo" tengan en cuenta "otros factores" como la calidad de los profesores, calculado por ejemplo en base al número de licenciados que finalmente obtienen un trabajo, los métodos docentes, la vinculación entre el centro y la sociedad o su grado de internacionalización.

   "Pero para ir adelante necesitamos una cooperación de un numero sustancial de unas 500 universidades", ha explicado. "Nuestra intención es guiar a los jóvenes sobre qué cursos son los que les darán mayor posibilidad de tener un buen empleo, pero es el joven el que tiene que decidir qué quiere hacer con su vida", ha puntualizado.

   La comisaria ha explicado que el Ejecutivo comunitario ya ha realizado un estudio interno sobre la factibilidad de realizar un ranking a partir de este tipo de criterios y ha precisado que Bruselas publicará "al final de este año" un concurso público para "encontrar un consorcio que pueda llevar adelante esta iniciativa". 

"Esperamos que en el año 2013 presenten los primeros mapas de universidades y ranking", ha explicado.

   Vassiliou ha reconocido que la crisis "ha empeorado una tasa de desempleo alarmante" entre los europeos, ha insistido en que "hay que hacer más para que los jóvenes accedan al mercado de trabajo" y ha justificado "modernizar" el sistema de educación superior porque los licenciados y otros graduados de educación superior tienen un riesgo "significativamente menor" de perder el empleo. La tasa de desempleo entre los licenciados se sitúa en el 5,4 por ciento de media frente al 9,3 por ciento europea.

   "A la altura de 2020 el 35% de todos los empleos en la UE requerirá una cualificación de nivel superior, pero sólo el 26% de la fuerza laboral actual está vinculada a la educación terciaria", ha advertido la comisaria, que ha dejado claro que las universidades y centros de Formación Profesional superior europeos necesitan "una financiación adecuada y sostenible", avanzando un peso "más fuerte" en el futuro de los fondos estructurales para mejorar en educación.

   La Estrategia para modernizar la educación superior pretende, entre otros, "aumentar el número de graduados, mejorar la calidad de la educación y maximizar la contribución de las instituciones educativas para que ayuden a la sociedad a emerger más fuerte de la crisis", ha explicado. "Esta agenda pone la educación superior en el centro de nuestra estrategia de crecimiento y empleo", ha precisado.

   Los Estados miembros ya se han comprometido a aumentar de media al menos hasta el 40 por ciento el número de estudiantes universitarios y de otras ramas de educación superior de entre 30 y 34 años en 2020, un objetivo que España se ha comprometido a elevar hasta el 44 por ciento. "La Formación Profesional será incluso más importante en el futuro", ha reconocido la comisaria.

   La estrategia se basa en pilares básicos como reforzar la movilidad de los jóvenes o reforzar la relación entre las universidades y el mundo empresarial para identificar las demandas laborales "de los próximos cinco años".

   "Creemos que la movilidad permite a los jóvenes adquirir las capacidades transversales que necesitan para tener éxito en la vida", ha justificado Vassiliou, que ha dejado claro que si el Viejo continente podrá salir "con éxito" de la crisis económica actual "dependerá de las cualidades, conocimiento y capacidades de innovación" de los europeos. Además, ha lamentado que "demasiados pocos europeos completan la educación superior en comparación con los principales competidores" de Europa como Japón, China o Estados Unidos.

   Por ello, ha propuesto, entre otros, destinar "alrededor de 100 millones" de euros anuales en préstamos para jóvenes estudiantes que quieran estudiar un 'Erasmus Máster' en otro Estado miembro y crear "un doctorado industrial europeo" en el marco del programa de movilidad de investigadores científicos 'Marie Curie', con un presupuesto de 4.700 millones de euros en la actualidad.

   En este sentido, ha subrayado la importancia de "garantizar que la educación superior sea relevante y dé respuesta a las necesidades del mercado, no sólo las del presente" y que contribuya a "estimular la creación de trabajos de calidad para el futuro", así como que garantice "más oportunidades" para que los jóvenes estudien o realicen un periodo de prácticas laborales en otro Estado miembro tras recordar que la movilidad es una capacidad "clave" del futuro.

   Por ello, entre otras medidas Bruselas propone "reforzar los vínculos entre la investigación educativa y el mundo empresarial" y que se garantice que "la financiación es suficiente, eficiente y está bien dirigida".

   La comisaria ha prometido "un aumento sustancial" del presupuesto comunitario en investigación, educación, formación de jóvenes y del presupuesto para programas de intercambio de estudios Erasmus o de movilidad para jóvenes científicos 'Marie Curie' en las próximas perspectivas financieras de 2014.

   El Ejecutivo comunitario propone elevar hasta los 15.200 millones de euros el presupuesto comunitario entre 2014 y 2020 para financiar acciones educativas y de investigación, lo que representa un aumento del 73% en términos generales y un 46% en el caso del presupuesto específico para promover la investigación.

El incierto destino de la CAM / Vicente Clavero

A falta sólo de una semana exacta para que finalice el plazo de presentación de ofertas por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), todavía no ha aparecido un candidato resuelto a hacerse con ella. Como el tiempo apremia, el Banco de España ha puesto en circulación durante los últimos días mensajes inequívocos sobre su voluntad de blindar al comprador frente a futuros quebrantos. Pero el reflotamiento de la CAM es un reto de tal envergadura que, al menos de momento, nadie ha reunido el suficiente valor para dar un paso al adelante, aunque hay a quien ganas no le han faltado.

Con 70.000 millones de euros en activos, tres millones largos de clientes y una presencia muy destacada en la zona de Levante, la CAM es una pieza apetecible, salvo por su elevada exposición al ladrillo. Entre hipotecas y préstamos a promotores, suma un riesgo superior a los 31.000 millones, con una tasa total de morosidad del 19%. La mayoría de las grandes suspensiones de pagos derivadas del pinchazo de la burbuja inmobiliaria (Martinsa-fadesa, Nozar, Polaris World…) le han pillado de lleno y el Banco de España ha tenido que poner a su disposición 5.800 millones, la mitad para cubrir necesidades de liquidez.

Esa copiosa aportación de dinero no evitó que la CAM fuera una de las entidades españolas suspendidas en las últimas pruebas de estrés, que cifraron su déficit de capital en 947 millones de euros. El problema de fondo, sin embargo, no es tanto el volumen de recursos que todavía pueda requerir como la desconfianza que suscita la situación real de la caja, pues las cuentas son peores conforme más en detalle se conocen.

Tan es así que, a finales de marzo, en vísperas de la aprobación definitiva, sus socios en el SIP del Banco Base sufrieron un ataque de pánico y optaron in extremis por desbaratar el proyecto. Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura dejaron con un palmo de narices a la CAM y al Banco de España, que apoyaba entusiásticamente la operación; pero hicieron bueno el dicho de que más vale ponerse una vez colorado que veinte amarillo. Es probable que nunca se alegren bastante de la traumática decisión que entonces tomaron.

Visto lo visto, parecen muy lejanos ya los intentos de la Generalitat valenciana para formar un grupo regional de cajas bajo su control. Año y pico después de aquello, Bancaja sobrevive a la sombra protectora de Caja Madrid, mientras la CAM navega anegada por crecientes vías de agua, sin patrón definitivo y con destino incierto.

El ecuatoriano Banco Pichincha compra carteras de créditos de inmigrantes para crecer en España

MADRID.- El Banco Pichincha de Ecuador ha dado un paso más en su estrategia de crecimiento en el mercado español, donde cuenta con 13 sucursales (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Lorca) y quiere instalar dos más antes de fin de año (el plan de negocio diseñado hasta el año 2014 contempla 20 oficinas), según publica hoy 'Capital Madrid'. 

Desde que en abril del año pasado comenzara a operar como banco (desde 2007 estaba en España pero con una oficina de representación), ha llegado a captar 250 nuevos clientes mensuales en cada una de sus sucursales y ya suma 30.000. La nueva vía de crecimiento en el mercado del grupo bancario ecuatoriano es la compra de carteras de créditos en manos de inmigrantes. No sólo ecuatorianos, sino también colombianos y peruanos.

El Pichincha se ha hecho cargo de medio millar de préstamos personales, con un importe medio de 10.000 euros, que ciudadanos ecuatorianos residentes en España habían contratado con Bankia. Los responsables de la filial española del banco ecuatoriano matizan que no se trata de créditos impagados o morosos, y que el Pichincha no actúa como un fondo ‘buitre', que compra carteras de préstamos vencidos, ya que esas operaciones de financiación de consumo se están amortizando sin problemas.

El Banco Pichincha quiere hacer más operaciones de estas características con Bankia y con otros bancos y cajas de ahorro, siempre que sus titulares sean inmigrantes latinoamericanos. Y no descarta ampliar los acuerdos a los préstamos hipotecarios, aunque a medio plazo, no de manera inmediata.

Esta estrategia parte de la idea de que "las crisis son momentos de oportunidad", como señalan en la entidad ecuatoriana. Fidel Egas, presidente del Banco Pichincha, señalaba en su presentación en España que "somos conscientes que hemos venido en épocas de vacas flacas a España, pero precisamente por eso hay más necesidades para la población ecuatoriana que reside aquí".

"Hemos percibido que no sólo no les dan crédito sino que no les atienden", explicaba entonces. El director general del banco en España, Jorge Marchán, señala abiertamente que el sector financiero español "se olvidó del migrante".

El Pichincha es una de las entidades que más remesas gestiona a Ecuador, 6.000 mensuales, con un importe medio de 450 euros. Ofrece productos de ahorro tanto en euros como en dólares. Y préstamos para financiar compras de bienes y servicios en España y en Ecuador. Y dispone de una línea especializada en microcréditos para que los inmigrantes puedan instalar negocios en España.

La compra de créditos por parte del Banco Pichincha España ha generado inquietud entre las asociaciones de inmigrantes ecuatorianos, que temen que, en caso de impago, la entidad intente cobrar el préstamo embargando bienes en el país de origen. Algo que desmiente la entidad: "De ninguna manera un banco español puede perseguir bienes en Ecuador".

La inquietud de los inmigrantes tiene razones de peso. Hay unos 100.000 ciudadanos, el 27% de toda la comunidad ecuatoriana residente en España, en el paro, según la Secretaría Nacional del Migrante (Senami), una institución pública, de Ecuador en Madrid, que se refiere a los que tienen la documentación en regla. "La situación entre los ‘sin papeles' es más precaria aún", explican en Senami. Esa tasa de paro entre los residentes ecuatorianos en España es siete puntos superior a la del desempleo de la población española (21%, con cuatro millones de personas). Y además apenas un tercio de esos parados recibe algún tipo de ayuda pública para seguir subsistiendo, ni el subsidio de paro ni la renta de 400 euros que el Gobierno español da a los parados de larga duración que han agotado ya la prestación. Esta ayuda es la última red de salvación para muchos desempleados. El programa fue planeado en un principio para finalizar en febrero de 2010, pero el Gobierno español viene prorrogándolo desde entonces. Los datos se refieren siempre a inmigrantes ecuatorianos con la residencia en regla en España.

"La situación entre los sin papeles es más precaria", advirtió Jara.

El desplome del sector de la construcción explica ese elevado paro entre los residentes ecuatorianos. Pese a ello, sólo el 9% de los ecuatorianos que viven en España ha optado por el retorno, aunque el Gobierno ecuatoriano ofrece créditos para iniciar negocios en su país (ya ha concedido 11,6 millones de euros, según datos de la Senami) y el español tiene programas para capitalizar el paro. En Senami explican el escaso éxito del plan retorno en que el ecuatoriano está dispuesto a la movilidad geográfica, y se ha detectado una nueva migración desde España a otros países de la Unión Europea, principalmente a Reino Unido. Además, las redes de apoyo familiar, muy desarrolladas en Ecuador, hacen que los programas de retorno a Ecuador apenas tengan éxito.

La Secretaria del Migrante de Ecuador, Ana Beatriz Tola, afirmaba durante una reciente visita a Madrid que los inmigrantes reclaman "formación y capacitación" para desempeñar otros trabajos ajenos a la construcción, entre ellos los que desempeñaban antes de volcarse en el ladrillo para enviar dinero y sacar sus familias adelante. 

Más de un centenar de ecuatorianos que antes eran maestros han participado en un "programa de actualización pedagógica" realizado a través de un convenio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) para tratar de ejercer esa profesión en España. Y la Senami está intentando que tengan reconocimiento en España títulos académicos obtenidos en Ecuador.

El PSOE sugiere la dimisión de Alperi como diputado tras las nuevas filtraciones del 'caso Brugal'

ALICANTE.- Elena Martín, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, ha dicho hoy, a propósito del informe policial sobre el caso Brugal que ha trascendido a la opinión pública alicantina, que: “La nueva documentación sobre el caso Brugal empieza a despejar dudas sobre el funcionamiento de la trama y el tráfico de influencias existente en el Ayuntamiento de Alicante.”

Para la portavoz socialista municipal, queda patente que “Alperi, siendo alcalde de Alicante, intervenía en una empresa de asesoramiento urbanístico, justo en el momento que se contrata la redacción de la revisión del PGOU.”

De lo incluído en el informe policial, se desprende, según Elena Martín que “la información del PGOU fue manejada, manipulada y amañada para favorecer intereses privados, mucho antes de que fuera conocida por el resto de los ciudadanos”,

Según Elena Martín. “Estas revelaciones ponen en un serio aprieto a la alcaldesa de Alicante, entonces concejal de Urbanismo, porque los alicantinos y alicantinas tienen derecho a preguntarse quien y a cambio de que, puso a disposición del despacho de su hermano, información privilegiada durante la tramitación del PGOU”

“Mucho nos tememos que al bochorno del supuesto enriquecimiento ilícito que estamos conociendo ahora, se terminará sumando otra factura para los ciudadanos y ciudadanas de Alicante: la posible suspensión judicial del PGOU de Alicante, después de años de tramitación y gasto de dinero público” ha afirmado la portavoz socialista municipal.

“Alperi debería dimitir como diputado, por la vergonzosa y manifiesta confusión de sus intereses privados, con su responsabilidad pública y por el modo en que, bajo su mandato y con Sonia Castedo como concejal de Urbanismo, se favoreció a terceros en la tramitación del PGOU.”

“Esperaremos a que la Justicia diga la última palabra pero, es inaplazable que Sonia Castedo, de explicaciones de todo lo sucedido a los ciudadanos y ciudadanas de Alicante.”

La Policía investiga si Alperi compró por 1.502 € a Solana una sociedad con dos barcos valorados en 600.000€

ALICANTE.- Un informe policial integrado en la pieza separada del caso Brugal, relativa al PGOU de Alicante, investiga si el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, compró por 1.502 euros al empresario Antonio Solana, el 49 por ciento de una sociedad que poseía dos barcos valorados en más de 600.000 euros, y que no figuraron en la escritura de compraventa, según recoge un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales incluido en el sumario de Brugal.

   En dicho informe policial de la Brigada contra la Delincuencia Económica y el Blanqueo de Capitales, la Policía considera "relevante" la existencia de un documento informático intervenido en el registro del despacho Salvetti, identificado como Contrato de Arrendamiento de Servicios Andarx Business.

   Este documento es un boceto de un contrato que suscribe la mercantil Blaurban, S.L, --cuyo socio y administrador público es Javier Gutiérrez, colaborador externo en la redacción del PGOU de Alicante--, para encargar a la mercantil Andarx Business, S.L, el desarrollo de una labor de gestión y asesoramiento integral  en los procesos de inversión inmobiliaria que la primera desarrolle, fechado el 01 de julio de 2010, por el cual debe abonar 2.500 euros al año a la segunda.

   Blaurban había sido constituida en 2004 con un capital social de 3.006 euros, con el objeto social la compraventa, alquiler, promoción, de toda clase de bienes inmuebles; urbanización y parcelación de terrenos y edificaciones totales y parciales en nombre y por cuenta propia, construidas directamente o por medio de terceros, todo ello con el fin de venderlos.

   Por su parte, Andarx Business S.L. había sido constituida en 2005 por Ramón Cerdá Sanjuan, persona que ha sido investigado en varias operaciones de blanqueo de capitales por su relación con la creación de empresas 'expresss' que quedan como empresas latentes en su cartera para su venta posterior a compradores necesitados de sociedades.

   Según las pesquisas policiales, en noviembre de 2005 el conocido empresario de la ciudad de Alicante y ex presidente del Alicante Club de Fútbol, Antonio Solana adquiere Andarx Business, y en abril de 2008 vende el 50 por ciento de esta sociedad al por entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi.

    Ocho meses después, en diciembre de 2008 --cuando el alcalde ya ha dimitido de su responsabilidad al frente del Consistorio-- esta misma empresa adquiere dos embarcaciones, una de ellas valorada en 610.633 euros.

   A continuación, en febrero de 2010, Solana vende a Díaz Alperi el 49 por ciento de las participaciones sociales de la sociedad, de modo que el exalcalde se queda como propietario del 99 por ciento de la sociedad.

   El informe policial estima que "llama realmente la atención que, en el año 2010, cuando Díaz Alperi adquiere el restante 49 por ciento de la sociedad, en realidad lo que está adquiriendo igualmente es el 99 por ciento de la propiedad de los barcos".

   No obstante, "la transacción realizada del 49 por ciento de las participaciones sociales se valora en 1.502 euros, cuando en realidad, el valor transmitido, aparte de las participaciones sociales correspondería al 49 por ciento del valor de las dos embarcaciones, es decir como mínimo, el importe de 300.000 euros, que no se refleja en la escritura de compraventa de participaciones sociales".

   La importancia de este documento además radica, en opinión de los investigadores, en que "dicho contrato relaciona a la figura del ex alcalde de Alicante, con Javier Gutiérrez".

   Por ello, consideran que sería necesario un estudio pormenorizado de Andarx Business S.L., para tratar de confirmar si este contrato ha llegado a ser firmado y el verdadero alcance del mismo en cuanto al objeto del contrato y la posible relación con los hechos investigados realizados por el despacho Salvetti Abogados.

   Además, el análisis de esta empresa permitiría aclarar el contrato de compraventa de participaciones sociales "del 49 por ciento del accionariado de la sociedad, que conlleva igualmente ostentar la propiedad de las dos embarcaciones".

El informe policial dice que el 90% de los ingresos del despacho del hermano de la alcaldesa Castedo provienen del PGOU

ALICANTE.- El despacho creado por José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, y un socio, el exconcejal socialista, Javier Gutiérrez, recibía el 90 por ciento de sus ingresos percibidos el año de su creación y el siguiente provienen de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según la pieza separada del Caso Brugal, referente al planeamiento de la ciudad de Alicante.

   Los informes policiales de esta pieza, investigada por el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, indican la existencia de "indicios suficientes que permitirán inferir que la creación y actividad de Salvetti Abogados y Consultores S.L. estaría estrechamente relacionada con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante".

   En este sentido, añade que esta vinculación llega hasta el punto de que "prácticamente el 90 por ciento de los ingresos percibidos durante los años 2008 --año de su creación-- y 2009 se deben a distintos trabajos efectuados y cobrados al respecto".

   El informe policial indica que Salvetti comenzó a operar el 30 de diciembre de 2008, aunque su fecha de inscripción en el Registro Mercantil fue el 21 de octubre de 2009. Su actividad, la mayoría de ella relacionada con el PGOU, era presentar alegaciones en representación de personas o empresas perjudicadas por el planeamiento en trámite.

   Sus administradores son, desde su inicio, el ex concejal socialista, Javier Gutiérrez, y José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, quien había trabajado de 2004 a 2008 en la dirección territorial de la Conselleria de Territorio, donde prestaba servicios jurídicos y actuaba como vocal ponente en la Comisión Informativa de Urbanismo.

   José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, según el informe, tenían "una vinculación inequívoca no sólo a través de Salvetti Abogados, sino incluso desde el periplo como técnico autonómico de José Luis Castedo", ya que se encontraron en el despacho y en el ordenador de Javier Gutiérrez documentación elaborada por el primero y enviado desde dependencias de la Generalitat.

   Estos documentos que establecen esta relación entre ambos datan del 28 de septiembre del año 2007, cuando José Luis Castedo "desde, al parecer su dirección de correo electrónico corporativo en la Generalitat" envió a Gutiérrez "un informe de asesoramiento inequívocamente relacionado con los trabajos de la finalización de la revisión del plan general de Alicante".

   El 19 de diciembre de 2007, el Ayuntamiento de Alicante anuncia el inicio del concurso para la finalización de la ejecución de los trabajos de revisión del plan general y en febrero de 2008 adjudica el contrato a Laboratorio de Proyectos.

   En el registro domiciliario practicado en Salvetti Abogados, los agentes hallaron el borrador de un contrato con la sociedad Laboratorios Proyectos S.L., cuya fecha de creación era dos meses anterior a conocerse la adjudicación.

   Esto lleva a los investigadores a pensar que o "bien tenía conocimiento previo de que el concurso les iba a ser adjudicado o bien que, como no se ha intervenido el contrato original firmado, simplemente se trate de una previsión de trabajo en el caso de que dicho concurso fuera adjudicado".

   El contrato entre ambas mercantiles, que finalmente fraguó, establecía que G&M debía realizar "informe de opinión jurídica sobre las alegaciones presentadas en cada comento de tramitación de la revisión a petición de la mercantil" y que podía "redactarlo libremente en función de las características de éstas, individualizadas o agrupándolas por conceptos o de cualquier otra forma".

   Las "presuntas irregularidades" a las que hace referencia el informe policial son que, a juicio de la policía, Castedo y Gutiérrez presentaban alegaciones que ellos mismos se encargaban de resolver. Así, las alegaciones eran presentadas a través de Salvetti y contestadas a través de G&M, dos mercantiles a las que la policía atribuye "identidad única".

   Según añade, "es una constante encontrar papel corporativo y carpetas con el logotipo G&M vinculadas al domicilio social de Salvetti Abogados" y, según asegura, "queda plasmada la relación de asesoramiento realizada por José Luis Castedo para G&M", tal y como aparecen en archivos informáticos que contienen informes de esta empresa y cuyo autor era el hermano de la alcaldesa.

   "Se advierte una comunión de intereses entre el despacho Salvetti y la sociedad G&M" que se resumen en que Salvetti "es el encargado de las redacción de diferentes alegaciones de varios de los perjudicados por las revisiones que se van realizando del PGOU y la empresa G&M, subcontratada por la mercantil Laboratorio y Proyectos SL, es la encargada de la estimación o desestimación de las alegaciones presentadas".

   También indica que se "tiene constancia e indicios racionales suficientes para poder decir que Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, además de contestar a las alegaciones a través de la sociedad G&M redactaban para determinadas empresas y particulares la propia alegación a presentar al Ayuntamiento" a través de Salvetti y que eran "remunerados por este servicio. Incluso algunos clientes se llegaban a redactar determinados contratos de prestación de servicios futuros".

   Algunas de las empresas para las que hicieron trabajos a través de algunas de las dos mercantiles son Incadesa, en concreto una alegación y un convenio de permuta, presuntamente realizado por José Luis Castedo, de terrenos en Aguamarga, hacia el Ayuntamiento de Alicante.

   Entre los trabajos facturados, figuran en el informe Deproinmed --Grupo Ortiz y Bancaja--, sobre terrenos en la Sierra de Foncalent; con Antonio Solana en El Portell; así como otras acciones relacionadas con diversos empresarios en otras áreas de la ciudad como Puerto Amor, Tabarca, Finca San Gabriel, Finca Urbanova, entre otras.

Bruselas acoge una conferencia a favor del Corredor Mediterráneo

MADRID.- El próximo miércoles 21 de septiembre se celebrará en Bruselas la "FERRMED Transeuuropean cluster conference", en apoyo al Corredor Mediterráneo. El acto reivindicativo tendrá lugar días antes de que la Comisión Europea (CE) de a conocer el borrador sobre la Red Ferroviaria Central Transeuropea. 

   Entre los principales temas, se abordará la confirmación de las directrices proclamadas en la anterior cumbre celebrada en Bruselas el pasado 12 de enero, así como las ventajas para la Unión Europea de la inclusión en la Red Ferroviaria Central Transeuropea de las principlaes líneas y nodos del Área de influencia del Gran Eje FERREMED.

   Asimismo, tras la incitativa del Ayuntamiento de Barcelona, se hará un llamamiento para la constitución de la "FERRMED Clauster of Cities Association", desde San Petersburgo hasta Casablanca, con el propósito de efectuar un seguimiento coordinado y potente del desarrollo de los Planes de inversiones transeuropeos.

   La cumbre representa la unidad de criterio de las comunidades españolas en defensa del Corredor Mediterráneo, por lo que acudirán los presidentes de las Comunidades Autónomas de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, de Valencia, Alberto Fabra, de Cataluña, Artur Mas, y de Baleares, José Ramón Bauzá.

   Además, contará con la participación de un representante de la Junta de Andalucía y otras regiones, así como decenas de empresarios, organizaciones empresariales y sociales, alcaldes y destacadas personalidades de la CE.

   Las actividades se celebrarán desde las 14 a las 17:30 horas en la Residencia Palace- Internacional Press Centre. Tras el acto se ofrecerá una conferencia de prensa para explicar con más detalle esta iniciativa.

    El Corredor Mediterráneo, desde el punto de vista socioeconómico, es absolutamente "imbatible" y puede ser una gran opción para que España se convierta en una gran plataforma logística intercontinental.

   El ahorro por el paso del tráfico por carretera al ferrocarril equivaldría durante el período 2016-2045 a 30.000 millones de euros, y el ahorro de tiempo de transporte en el mismo periodo de tiempo significaría 36.5000 millones. 

Además, también se producirían ahorros en las emisiones de CO2, por un total de un millón de toneladas anuales. El impacto favorable para la economía de las regiones implicadas sería del 1% del PIB durante los primeros 10 años.

Blanco presentará el estudio del Corredor Mediterráneo en octubre

VALENCIA.- El ministro de Fomento, José Blanco, presentará el estudio y las inversiones del Corredor Mediterráneo en Valencia en la segunda mitad del próximo mes de octubre, según ha anunciado este lunes en rueda de prensa el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la capital del Túria, Joan Calabuig. 

   La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, remitió el pasado miércoles una carta a José Blanco para solicitarle que haga una exposición pública en la ciudad del estudio técnico del Corredor Mediterráneo. El Ministerio de Fomento, cumpliendo esta petición, lo hará en la segunda quincena de octubre.

   Joan Calabuig ha hecho hincapié en que "los esfuerzo de las organizaciones sociales, económicas y empresariales de la Comunitat, en la línea de exigir la construcción del eje del Corredor Mediterráneo y de sus declaración como parte de la Red Central Transeuropea de Transportes, va por muy buen camino".

   En este sentido, el portavoz socialista ha expresado su felicitación al conjunto de la sociedad civil valenciana "por el trabajo que se ha realizado y que se sigue realizando" y, asimismo, ha mostrado su convencimiento de que la Comisión Europea aprobará el proyecto del Corredor Mediterráneo "en los próximos días".

Roche busca una solución "urgente" a la situación de impagos que en algunos hospitales alicantinos superan los dos años

MADRID.-   La compañía farmacéutica Roche afirma que, en este momento, su objetivo principal es encontrar una solución "urgente" a la situación de impagos que presentan algunas comunidades autónomas, por este motivo trabaja con las autoridades sanitarias "con el fin de garantizar los empleos y la continuidad de su actividad sanitaria en España".

   De este modo responde tras la decisión de la farmacéutica de dejar de suministrar medicinas a algunos hospitales públicos de Grecia debido al impago de las facturas, y la advertencia de su presidente, Severin Schwan, en una entrevista publicada por el diario 'Wall Street Journal', de tomar medidas similares en otros países, entre ellos España.

   Y es que, según destaca, en el caso de España existen hospitales, concretamente de Castilla y León que tienen retrasos en el pago de hasta 900 días. El problema es, añade, que "las operaciones de Roche Farma se centran principalmente en el canal hospitalario", por lo que es especialmente vulnerable a la morosidad de los hospitales, "cuyo impacto en la compañía es más grave y más rápido que para otros laboratorios farmacéuticos".

   Así, el periodo medio de pago de comunidades autónomas como Castilla y León o Cantabria supera los 700 días; y les siguen de cerca Andalucía, Valencia y Castilla-La Mancha que tienen un periodo medio de pago superior a los 600 días.

   No obstante, desde la farmacéutica afirman que "lo más importante para Roche son los pacientes, su bienestar y su acceso a medicamentos y soluciones diagnósticas innovadores", por este motivo se comprometen a hacer todo lo posible para no perjudicar ni a los pacientes ni al normal funcionamiento de los centros hospitalarios.

   Precisamente, con esta intención desde Roche Farma se lleva meses negociando y colaborando "estrechamente" con las Autoridades Sanitarias de las respectivas Consejerías de Sanidad para buscar una solución.