jueves, 5 de marzo de 2009

El presidente de Mercadona define la crisis como la III Guerra Mundial "sin balas"

VALENCIA.- El presidente de Mercadona, Juan Roig, calificó hoy la coyuntura económica actual como la III Guerra Mundial "sin balas y sin bombas", y consideró que hacer frente a esta "economía de guerra" será un proceso "muy duro", que requerirá trabajar "más y mejor" para elevar la productividad.

Preguntado en rueda de prensa por la gestión de la situación económica por parte de los poderes públicos, Roig opinó que en España no se está gestionando bien la crisis y lamentó que se haya tardado en reconocerla y que se considere que todo el problema está en el sector bancario, cuando, a su juicio, "la culpa la tenemos todos".

Tras defender que las medidas políticas deben orientarse a crear empleo en vez de a "mejorar el desempleo", consideró que la sociedad civil "no está reconociendo" la crisis, y remarcó que se ha acabado la abundancia y que hay que "cambiar la forma de vida".

"Todos nos hemos pasado diez pueblos y ahora nos toca a todos apretarnos el cinturón", puesto que "estamos esperando que Obama nos lo solucione, y Obama no nos va a solucionar la crisis", sentenció.

Roig resaltó que "hay que dejar de hacer puentes y empezar a volver a trabajar los sábados, suprimir las fiestas locales", y, en definitiva, adoptar medidas que vayan en pro de la productividad. "Todos tenemos que trabajar más, y todos es todos, estamos en plena crisis y ésta va a ser muy dura", subrayó.

El presidente de Mercadona apuntó que "después de hacer los deberes" al frente de la compañía, es el momento de "exigirle al resto de la sociedad, a políticos, empresarios y trabajadores, que todo el mundo se ponga a trabajar para salir de la crisis tan espectacular que atraviesa todo el mundo y España en particular".

Para que España salga de la crisis, según agregó, "la sociedad tiene que actuar" y la primera "receta" que aplica en su empresa es "trabajar mejor y más todos, quitar el foco de los beneficios, ganar menos dinero todos, incrementar la productividad y bajar los precios".

Al respecto, se mostró convencido de que su "responsabilidad como empresa" supone "cumplir con todo ello y dar ejemplo al resto de la sociedad", por lo que está "tomando decisiones, aunque algunas de ellas no son fáciles, y, sobre todo, no son populares", en alusión a la política de bajada de precios y eliminación de referencias y de "todo lo que no añada valor".

"Con lo que sabemos, tenemos que hacer por España y por la sociedad lo que, prescribiendo, podemos hacer", tarea que, según dijo, consiste en "vender productos de calidad a unos precios muy bajos, y hacer cosas, no esperar que los demás las hagan por nosotros".

Un 5% menos de beneficio

Mercadona cerró 2008 con un beneficio neto de 320 millones de euros, cifra que supone una disminución del 5 por ciento respecto al obtenido en el ejercicio anterior, pese a que las ventas de la cadena aumentaron un 10 por ciento, hasta alcanzar los 15.379 millones de euros, según señaló el presidente de la compañía, Juan Roig.

Roig, que presentó hoy en rueda de prensa los resultados del pasado ejercicio, achacó el hecho de "no haber alcanzado el beneficio previsto por un 1 por ciento" a que "han fallado las ventas" por la crisis económica actual, a la bajada de precios "a toda velocidad" llevada a cabo por la cadena desde octubre para adaptarse a la situación, y a los 15 millones de euros que "costó" la huelga de transporte del pasado mes de junio.

Explicó que las ventas evolucionaron "de forma distinta" a lo largo del pasado año, ya que, mientras en el primer semestre "la economía no funcionaba bien" pero los síntomas de la crisis no se percibían "de forma llamativa" y Mercadona estaba "más o menos capeando" la situación, la huelga del transporte dio paso a una "disminución del ritmo de crecimiento" y en septiembre, empezó ya "el crecimiento negativo de facturación y número de clientes".

Detienen al escritor y profesor Luis Leante, premio 'Alfaragua" de novela 2007

ALICANTE.- El escritor caravaqueño Luis Leante fue detenido ayer por la Policía acusado de hacer desaparecer dos cámaras de vigilancia del instituto de Alicante donde imparte clases de Latín. El escritor fue denunciado por la directora del centro y recibió la visita de agentes de paisano que le condujeron a comisaría para prestar declaración.

Un familiar de Leante confirmó que se encontraba en las instalaciones policiales tras negarse a desvelar dónde ocultó las cámaras de vigilancia que él mismo había arrancado de los pasillos del centro educativo donde desarrolla su labor como docente.

Luis Leante, ganador del Premio Alfaguara con la novela Mira si yo te querré, no pudo soportar la presión de sentirse vigilado constantemente por las cámaras de vigilancia que, al parecer, se han colocado en el instituto de El Pla sin el acuerdo del claustro de profesores, según explicaron a La Verdad fuentes familiares.

Según aseguraron fuentes cercanas al escritor, durante los últimos meses, coincidiendo con la concesión del prestigioso premio literario -aunque había ya antecedentes-, Luis Leante se sentía acosado por el seguimiento de su trabajo que se hacía desde la dirección del centro.

La presencia de una de las cámaras enfocándole directamente hacia el interior del seminario que estaba impartiendo en la tarde del martes desató su indignación hasta el extremo de arremeter contra el objetivo que le observaba fijamente. Siempre según fuentes familiares, su reacción continuó con otra cámara que había en un pasillo próximo al lugar del seminario.

El escritor y profesor de Latín se llevó las dos cámaras y no ha querido desvelar el lugar donde las ha depositado. Ha sido esta circunstancia, negarse a declarar dónde se encuentran, lo que ha provocado que la denuncia haya seguido su curso y que fuese trasladado a comisaría para prestar declaración. Se le acusa de un delito de hurto por valor de 1.000 euros. Ayer seguía declarando y estaba previsto que pasara la noche en comisaría.

El ganador del premio Alfaguara de Novela 2007, el murciano Luis Leante, ha pasado la noche en los calabozos en calidad de detenido por, presuntamente, hacer desaparecer tres cámaras de seguridad del instituto El Pla, de Alicante, donde imparte clases de Latín.

Fuentes policiales han indicado que Leante fue arrestado este miércoles y que ha pasado la noche en los calabozos de la comisaría norte del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en Alicante a la espera de que este jueves se terminen las diligencias.

Al parecer, Leante podría haber retirado por su cuenta las cámaras por estar disconforme con su reciente instalación. Según fuentes policiales, el literato se niega a colaborar con la Policía y a desvelar el paradero de las cámaras de vigilancia.

Según la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, la dirección del instituto de enseñanza secundaria (IES) El Pla presentó una denuncia el pasado martes por el robo de tres cámaras de seguridad y aportó las cintas de grabación de las mismas.

Educación tuvo conocimiento de que, este miércoles, agentes de la Policía Nacional detuvieron en el centro a uno de los profesores como consecuencia de las investigaciones.

La Conselleria ha recordado la "necesidad" de instalar cámaras de seguridad en las zonas de acceso debido a las dimensiones del centro y a la existencia de numeroso material de valor en las aulas donde se imparten ciclos formativos.

Leante (Caravaca de la Cruz, Murcia, 1963) ganó con su obra 'Mira si yo te querré' la X edición del Premio Alfaguara de Novela, dotado con 132.938 euros.

Autor de numerosos libros y de más de una decena de premios literarios, es licenciado en Filología por la Universidad de Murcia y desde 1992 vive en Alicante, donde trabaja como profesor de Latín.

Presión psicológica

En su entorno familiar, aunque no saben cómo pudo responder con esa reacción tan enérgica, trataban ayer de encontrar una justificación en la presión que sobre Luis Leante ha podido ejercer la dirección del centro en los últimos meses. El escritor había comentado en su entorno familiar que estaba sufriendo acoso laboral, conocido popularmentre como mobbing, por parte de sus superiores en el instituto donde trabaja.

La directora del instituto, Marina Carmen Sanz Moreno, no pudo ser localizada ayer por La Verdad para que diera su versión sobre estos hechos porque se encuentra de viaje, según explicó su madre. En el instituto El Pla no cogieron el teléfono.

El escritor caravaqueño Luis Leante es actualidad estos días por la salida al mercado de su nueva y esperada novela, La luna roja (Alfaguara),

miércoles, 4 de marzo de 2009

Moody's coloca el 'rating' de Ahorro Corporación en revisión para una posible rebaja

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Moody's Investors Service situó hoy el 'rating' a largo plazo 'A2' de Ahorro Corporación Financiera (ACF) en revisión de cara a una posible rebaja del mismo.

La decisión de Moody's refleja el potencial deterioro en el perfil crediticio de la entidad como resultado de las difíciles y volátiles condicones del mercado de capitales, que no sólo afectan a ACF sino a todas las cajas de ahorro españolas, que son sus clientes principales, además de socios y propietarios.

En este sentido, la agencia de calificación precisó que analizará la resistencia futura de los ingresos de la entidad, las implicaciones para su perfil de liquidez del incremento del apalancamiento de ACF, así como las pérdidas potenciales ligadas a depreciaciones en su relativamente pequeña cartera de créditos estructurados.

"Dada la magnitud de algunos de estos desafíos, el análisis de Moody's podría resultar en una rebaja de la calificación alargo plazo de más de una categoría", señaló la agencia.

España propone al G-20 regular el sueldo de ejecutivos y transparencia financiera

MADRID.- El Gobierno propuso a los organizadores de la cumbre financiera del G20 en Londres regular los salarios de los altos directivos y que las entidades financieras informen de todas sus actividades a las autoridades, además de promover la educación financiera entre los clientes.

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hace 10 propuestas a las autoridades británicas, encargadas de organizar la cumbre del G20 del 2 de abril en Londres, que debe encontrar soluciones a la crisis financiera internacional.

Madrid estima prioritario "un cambio urgente" en las instituciones financieras internacionales para que los beneficios de la globalización "estén más extendidos" y haya una regulación de los mercados "de gran calidad", según el documento.

Para ello, propone que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ejerza de "supervisor financiero internacional" para prevenir y alertar de las crisis, según el texto, enviado recientemente en respuesta a una petición de propuestas del gobierno británico a los países participantes.

Asimismo, considera que los recursos del FMI deben reforzarse para "proteger su papel como prestamista de última instancia", y que las instituciones multilaterales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deben aumentar sus préstamos en épocas de crisis.

Madrid estima que "las autoridades públicas deben tener toda la información relevante acerca de las instituciones" financieras.

Los altos salarios de los ejecutivos de estas entidades deben regularse y tener en cuenta los casos en que "el rendimiento ha sido catastrófico".

Además, deberá promoverse la "educación financiera" entre los clientes de estas entidades, que tienen "derecho a recibir una información exacta y justa", y deberán tomarse "medidas enérgicas contra las prácticas engañosas o abusivas".

El Gobierno detecta que la "ineficiencia masiva a la hora de asignar crédito" ha originado la crisis, por lo que propone regular los vaivenes de los bancos para evitar que dejen de conceder préstamos, como ocurre actualmente.

Por último, los costes sociales de la quiebra de entidades financieras deben asumirlos éstas.

Peralta dice que Soler ha respondido "con fundamento" y que no procede otra actuación más allá de la que él anuncia

VALENCIA.- El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, afirmó hoy que el alcalde del municipio alicantino de Elche, Alejandro Soler, ha respondido "con fundamento" y "con razones" ante la aparición de facturas del consistorio para publicitar actos del PSOE, por lo que aseveró que "no procede" otra actuación "más allá de la que él anuncia".

Peralta se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras recibir a una representación de la Federación de Cofradías de Pescadores, al ser preguntado por si consideraba "necesario" abrir una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Elche.

Al respecto, afirmó que Soler ha dado una respuesta "con fundamento" y "con razones", y "habiendo llevado a cabo las actuaciones oportunas en el consistorio", dijo. En su opinión, él ha dado "respuestas" porque "ha llevado a cabo una actuación oportuna" y "ha confirmado que no procede otro tipo de actuación más allá de la que él anuncia".

Ricardo Peralta insistió en que, por "respeto" a la autonomía municipal, lo que Soler ha hecho le merecía "toda credibilidad", ya que, opinó, "lo hace con fundamento", reiteró.

Garzón y Vicente Magro optan a presidir la Audiencia Nacional

MADRID.- El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, han presentado primero en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sus solicitudes para presidir la Audiencia Nacional. También ha anunciado su opción, Baltasar Garzón.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, parte como favorito, a la espera de cerrar la lista de candidatos. El Poder Judicial se prepara para una dura controversia jurídica sobre los votos necesarios para elegir presidente de la Audiencia Nacional.

La plaza de presidente de la Audiencia Nacional está vacante desde que Carlos Dívar asumió el pasado mes de septiembre la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS).

Vicente Magro (en la imagen) accedió a la presidencia de la Audiencia Provincial de Alicante en 2001 y fue portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

También es autor del protocolo de coordinación para la lucha contra la violencia doméstica puesto en práctica en Alicante en 2001.

El nombramiento tiene que ser decidido por el pleno del Consejo por una mayoría de tres quintos de sus miembros.

Varios candidatos al cierre del plazo

Casi todos apuraron hasta el último día el plazo para presentar su candidatura a la presidencia de la Audiencia Nacional, pero al final no faltó a la cita ninguno de los magistrados más esperados.

El que más expectación concita es Baltasar Garzón, que en plena polémica por la investigación del 'caso Gürtel' decidió optar a la plaza que permanece vacante desde que Carlos Dívar fue designado presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

Horas después hizo llegar su instancia el magistrado Javier Gómez Bermúdez, presidente del tribunal que juzgó el 11-M y que ya arrebató a Garzón la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Cerrado el registro del CGPJ a las 18:30 horas de la tarde, la lista de candidatos ascendía a once magistrados, incluidos los cuatro ya citados. Pero cualquier juez pudo presentar su petición en cualquier juzgado de guardia hasta las 24 horas, por lo que la relación definitiva se conocerá este jueves.

Garzón presenta como avales su currículo y la proyección internacional que ostenta, que le sitúan en puestos destacados del escalafón de la carrera judicial. Sin embargo, no podrá sortear el lastre que supone su proyección mediática y su pasado político, que le restan apoyos, según reconocieron fuentes jurídicas. La último vez que aspiró a promocionar acabó escaldado. En 2006 compitió por la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con Gómez Bermúdez, mil puestos por debajo de él en el escalafón judicial, y perdió.

El vencedor entonces tampoco tiene posibilidades ahora. El expediente de Gómez Bermúdez está manchado por la sospecha de que fue la fuente de información que utilizó su mujer en el libro de confidencias que escribió sobre el proceso del 11-M, lo que le valió su despido como jefa de prensa de los tribunales madrileños.

Otros magistrados de la Audiencia Nacional que, sin posibilidades, optan a su presidencia son Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 y con "buena imagen" entre los conservadores, incluido el presidente Carlos Dívar; los dos magistrados que integraron el tribunal del 11-M, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás; el actual presidente en funciones, el magistrado Carlos Lesmes, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y otro compañero de esa sala y el más veterano de todos los candidatos, José Luis Sánchez García. El presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca, Antonio Díaz Delgado, también fue antes magistrado del tribunal central.

Quinielas


En muchas quinielas, el magistrado que parte con ventaja es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, miembro de la ejecutiva de Jueces para la Democracia (JpD), respetado por la carrera, de quien se destaca su apuesta por el consenso y su carácter discreto.

Parece el candidato del sector progresista del CGPJ, ya que cinco de los 20 vocales pertenecen a su misma asociación, aunque tiene una dura rival, la magistrada de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional Elisa Veiga, ex vocal del Poder Judicial (1996-2001), que retiró su candidatura a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para competir por la plaza ahora en concurso. Es la única mujer que lo intenta.

Y todo a expensas de lo que decida el magistrado de la Sala de lo Militar del Supremo Ángel Juanes, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, también miembro de JpD, respetado por toda la judicatura sin distinciones ideológicas.

Desde el sector conservador, el apoyo parece decido a favor del presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que fue miembro del servicio de inspección del Poder Judicial y conoce bien los entresijos de la 'casa' y de la carrera judicial.

Los once candidatos serán entrevistados a partir de la próxima semana por un grupo de cinco vocales que conforman la Comisión de Calificación. Un sistema de elección donde prima el "mérito y la calidad" y evita "amiguismos". Dicha comisión elevará una terna de aspirantes al pleno del consejo, que previsiblemente el 26 de marzo elegirá al sustituto de Carlos Dívar.

Pero antes será necesario resolver un último escollo procesal.

El presidente de la Audiencia Nacional tiene categoría de magistrado del Supremo, pero no lo es. En principio, la mayoría de los vocales cree que su nombramiento debe acogerse al sistema reforzado que exige al menos tres quintos de los votos, es decir, 13 de los 21 vocales del Poder Judicial.

Pero un combativo grupo de ellos defiende que la ley no menciona de manera expresa esa plaza, por lo que debe ser cubierta por el sistema normal, con el que bastan once votos para salir. La elección de uno u otro sistema puede inclinar la balanza a favor de distintos candidatos, por lo que la diatriba no es baladí.

Caja Mediterráneo comienza a concienciarse de la crisis

ALICANTE.- Caja Mediterráneo acaba de poner en marcha un sistema para eliminar los envíos y comunicaciones de cartas por el sistema tradicional de correo postal. Lo está anunciando entre sus decenas de miles de usuarios del servicio CAM Directo por Internet, según 'La Verdad'.

Bajo varios conceptos ligados al medio ambiente, en la CAM también subyace el interés económico vía ahorro de papel y de mano de obra, lógicamente. «Porque no acumularás papeles que siempre acaban en la basura. Tendrás a tu disposición inmediata por Internet todos tus comunicados sin esperar a que llegue el correo. Si necesitas alguno podrás imprimírtelo. Y, por supuesto, mejorarás el medio ambiente», advierte desde el lunes a sus clientes internautas.

CAM se compromete ahora a informar de saldos y movimientos a través de e-mail y sms y, a quien se apunte a este nuevo servicio, lo incluye en una lista para cuatro sorteos mensuales de sendas wii.

Está teniendo buena aceptación una medida que también entronca directamente con la crisis económica y financiera de los últimos meses. A estas medidas, la CAM ha sumado la rebaja de dietas a sus consejeros, según ha revelado recientemente en sus informes de gobierno corporativo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La explosión del desempleo / Ignacio Ramonet

Hay que repetirlo: la crisis aún no ha tocado fondo. Y las próximas noticias van a ser peores. Las Bolsas siguen desplomándose. Los planes de rescate fracasan uno tras otro. No impiden que las principales economías del mundo -Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, España- entren en recesión. Grandes o pequeños, los bancos se hallan en situación objetiva de quiebra. Si no se nacionaliza la banca urgentemente y en bloque, el sistema financiero occidental podría perecer.

Lo más grave es que esta nueva fase de la crisis arrastrará a algún país en su caída. Por ejemplo: Irlanda, inmersa en una grave recesión, con un sector bancario muy vapuleado y un déficit público que podría elevarse hasta el 11% del PIB. Otros países (Letonia, Estonia, Ucrania, Pakistán) podrían declararse en quiebra.

El huracán económico se ha llevado por delante una cuarta parte de la riqueza mundial. Y está provocando, en casi todo el planeta, el cierre de fábricas, la explosión del desempleo, una escalada proteccionista y la radicalización de las protestas sociales.

Causa de pobreza, de angustia y de exclusión, la lepra del desempleo se extiende. En Estados Unidos, la recesión ha destruido 3,6 millones de puestos de trabajo, a un ritmo nunca visto. La mitad durante los últimos tres meses. El total de parados ya asciende a 11,6 millones. Y firmas gigantes como Microsoft, Boeing, Caterpilar, Kodak, Pfizer, Macy’s, Starbucks, Home Depot, SprintNextel o Ford Motor planean desprenderse de 250.000 asalariados en 2009. La confianza de los consumidores se ha desplomado.

En China, la caída de las exportaciones provoca el hundimiento de la producción fabril y despidos masivos. Más de 20 millones de trabajadores venidos del campo han perdido su empleo. En la India, entre octubre y diciembre de 2008, medio millón de puestos de trabajo se destruyeron.

En Francia, una cifra resume la magnitud del seísmo: el número de horas de paro forzoso pasó de 200.000 en enero de 2008 a 13 millones en diciembre (1). Ya hay más de 2,5 millones de desempleados. Y para los menores de 25 años, el aumento de la tasa de paro alcanzó, en 2008, el 20%…

En España, durante el pasado mes de enero, el número de despidos aumentó en casi 200.000 personas; y el total de desocupados sobrepasa ya los 3.320.000. En 2009, el paro afectará a unos 850.000 trabajadores más, con lo cual la suma de parados superará los cuatro millones… Más de 827.000 hogares cuentan con todos sus miembros desempleados…

En la UE, el número de parados es de 17,5 millones, 1,6 millones más que hace un año. Y para 2009, se prevé la pérdida de 3,5 millones de empleos. En 2010, la desocupación escalará hasta el 10% de la población activa.

En Sudamérica, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2009, se registrará un aumento de 2,4 millones de desempleados. Si bien los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay), así como Venezuela, Bolivia y Ecuador, podrían capear el temporal, varios Estados centroamericanos, México y Perú, por sus lazos con la economía estadounidense, sufrirán.

El director general de la OIT, Juan Somavía, estima que el número de desempleados en el mundo (190 millones en 2008) podría incrementarse en 51 millones más a lo largo de 2009. Y recuerda que los trabajadores pobres (que ganan apenas dos euros diarios) serán 1.400 millones, o sea el 45% de la población activa mundial (2).

La brutal explosión del desempleo provoca naturalmente el retorno del nacionalismo económico. Rusia ha decidido elevar el gravamen para los coches importados y ha introducido aranceles a la carne de ave y de cerdo. Ecuador lo ha hecho para los teléfonos móviles y el material de transporte. La India ha anunciado que prohibirá durante seis meses la importación de juguetes de China. Argentina e Indonesia han creado nuevos aranceles para limitar algunas importaciones.

Grecia ha prohibido a sus bancos que socorran a las sucursales en otros países balcánicos. EEUU ha decidido apoyar a las Big Three (Chrysler, Ford, General Motors) de Detroit, pero sólo para que salven sus plantas en el país. No ayuda a las multinacionales extranjeras (Toyota, Kia, Volkswagen, Volvo) instaladas en su territorio. Francia y Suecia han anunciado que condicionarán las ayudas a sus industrias automotoras: sólo podrán beneficiarse los centros ubicados en sus respectivos países.

La ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, declaró que el proteccionismo podía ser “un mal necesario en tiempos de crisis”. El ministro español de Industria, Miguel Sebastián, insta a “consumir productos españoles”. Y en Alemania, gran país exportador, una reciente encuesta reveló que el 78% de los empresarios de PYME eran favorables a medidas proteccionistas (3).

Este auge del nacionalismo económico está provocando brotes de xenofobia. En Reino Unido, uno de los países más golpeados por la crisis, con unas previsiones de reducción de la actividad del 2,8%, miles de obreros del sector de la energía, gritando la consigna ” UK jobs for British workers! ” (”Empleos británicos para trabajadores británicos”), se declararon en huelga contra la contratación de trabajadores portugueses e italianos en las obras de la refinería Total de Lindsey (Lincolnshire).

Al mismo tiempo, en ese mismo país, cientos de miles de polacos eran “invitados” a regresar a su tierra natal. Igual en Irlanda, donde el sentimiento antipolaco crece a medida que aumenta el índice de desempleo. En Italia se está expulsando sin miramientos a los rumanos. Y en todas partes se cuestiona el derecho de residencia de los inmigrantes legalmente establecidos (léase, p. 3, el artículo de Javier de Lucas).

En numerosos países, grandes empresarios o banqueros que reclaman a gritos -y obtienen del Estado- ayudas millonarias, se aprovechan de la crisis para despedir a mansalva y reducir costes. Una actitud que, en el actual contexto de crecimiento descontrolado del desempleo, enfurece. Por eso se multiplican las protestas sociales.

Las turbulencias ya han causado la caída de los Gobiernos de Bélgica, Islandia y Letonia. Se han registrado manifestaciones en Francia, con una huelga nacional el 29 de enero, enfrentamientos violentos en Guadalupe y una nueva jornada nacional de acción prevista para el 19 de este mes. Los países más vulnerables de la UE: Hungría, Bulgaria, Grecia, Letonia, Lituania… también han registrado protestas y disturbios más o menos violentos.

Para los ciudadanos, el desempleo es una de las peores formas de represión; una demostración en carne propia de la violencia del capitalismo. Por eso la rabia. Se avecinan tiempos sombríos. El concepto de crisis no alcanza a explicar el momento que estamos viviendo. Un cambio de era. Una mutación de valores. ¿Una esperanza de justicia y de progreso?

Notas:
(1) Sami Nair, “¿Xenofobia o Europa social?”, El País , Madrid, 7 de febrero de 2009.
(2) Le Monde , París, 28 de enero de 2009.
(3) Time Magazine , 4 de febrero de 2009.

martes, 3 de marzo de 2009

El PP de Elche asegura que han aparecido dos pagos más de facturas del PSPV

ELCHE.- La portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Elche, Mercedes Alonso, aseguró que han descubierto dos facturas del PSOE más, por valor de 2.030 euros, pagadas por el consistorio y que responden a actos organizados por los socialistas cuando ya era alcalde Alejandro Soler, según indicaron en un comunicado fuentes del PP, quienes señalaron que "este nuevo caso reafirma" la necesidad de una comisión de investigación.

El PP de Elche ya presentó la pasada semana una querella por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación contra el alcalde de la localidad, Alejandro Soler, por el supuesto pago por parte del Ayuntamiento a medios de comunicación de dos facturas, por valor de 6.000 euros, de su campaña como candidato en las últimas elecciones municipales.

Ahora, según destacó hoy Mercedes Alonso, "han aparecido dos pagos más de forma explícita, uno por un especial de jornadas educativas del PSOE a nivel nacional por valor de 2.030 euros, que corresponden a la orden de pago 363 y otra en la misma orden, por la misma cantidad, lo que hace un total de 4.060 euros".

Además, según añadió, "el pago se realizó en diciembre de 2007, siendo ya alcalde de Elche el señor Soler".

Mercedes Alonso opinó que este "nuevo caso en la trama de financiación del PSOE reafirma la puesta en marcha de una comisión de investigación y una auditoría de las cuentas públicas, porque los ilicitanos tienen derecho a saber qué está ocurriendo con el dinero público en este Ayuntamiento y por qué se paga propaganda del Partido Socialista con el dinero de todos los ciudadanos".

A su modo de ver, los socialistas "tendrán que explicar por qué el error inicial se ha convertido en una cadena de errores" y exigió "explicaciones y respuestas" ante "el silencio del señor Soler" que, según dijo, "comienza a ser más que preocupante".

Por ello, Alonso reclamó a Alarte que se "deje de ambigüedades porque en numerosas ocasiones tanto él como el señor Zapatero han asegurado que Elche es el modelo de gestión de los socialistas valencianos y hoy este modelo está más que en entredicho".

En este sentido, opinó que con "las declaraciones efectuadas por el señor Alarte ayer, se convierte en cómplice de las actuaciones del señor Soler".

La portavoz del PP hizo extensiva esta responsabilidad a la secretaria de Organización, Leire Pajín, y al vicesecretario general, José Blanco, a quienes también pidió explicaciones porque en uno de los pagos era "un acto del PSOE federal".

"La trama de financiación llega desde hoy a Madrid", apostilló.

Anticorrupción pide al TSJCV la revocación del sobreseimiento libre del ex alcalde de Alicante

ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha presentado ante la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un recurso de revocación del auto de sobreseimiento libre del ex alcalde de Alicante y diputado en las Corts Valencianes, Luis Díaz Alperi, al tiempo que reclama que continúe la instrucción respecto el aforado.

Este recurso, hecho público hoy, fue presentado ayer por el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, después de que el TSJCV dictara un auto de sobreseimiento libre y parcial en el procedimiento del 'caso Mercalicante', "referido únicamente" a al aforado Luis Díaz Alperi, al no considerar los hechos constitutivos de delito. Además, en el auto se hace referencia a la "inactividad" del fiscal en la causa y la existencia de "vulneración de derechos de todas las partes" por "dilación indebida" en el proceso.

En el auto del TSJCV, el magistrado instructor, Juan Montero, resolvió decretar el sobreseimiento libre y parcial respecto a Díaz Alperi, al entender que los hechos que se le han imputado por las acusaciones populares y por el fiscal no son constitutivos de delito, y le exonera de la comisión de cualquier implicación en el agujero financiero de unos seis millones de euros, que se produjo en la empresa mixta entre 2000 y 2002 como consecuencia de las irregularidades presuntamente cometidas el entonces gerente de mercantil, José Emilio Clavero.

Tras la notificación del auto, realizada el pasado 20 de febrero, la fiscalía ha decido pedir la "revocación" del auto, lo que conllevaría "la continuación de la instrucción respecto al aforado", así como "el pronunciamiento por la Sala" sobre "la falta de actividad o expresiones similares" referidas al Ministerio Fiscal.

En primer lugar, según el recurso, el fiscal indica que "la apreciación de las dilaciones indebidas es propia de la sentencia condenatoria" y que "su efecto es la atenuación de la pena". Por tanto, según añade, "no se comprende, desde tal enfoque, por qué el instructor insiste en su auto sobre el retraso de la causa, a la que ha de ponérsele remedio aquí", lo que le lleva a "mantener que ya no es coherente que falte por practicar otras diligencias relevantes y que por tanto la instrucción está completa".

Sin embargo, según el Ministerio Fiscal, "conviene recordar que, si bien la causa fue incoada en el año 2002, la querella contra los miembros de la Comisión Ejecutiva de Mercalicante fue ordenada admitir a trámite por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por auto de 21 de Febrero de 2005". De este modo, subraya que la instrucción respecto a los miembros de la comisión, en cuya calidad está imputado Díaz Alperi, es de cuatro años y no de seis, como afirma el auto.

Además, respecto a la complejidad de la causa, Briones argumenta que "más de 10.000 folios de instrucción convierten esta causa en única, con seguridad, de cuantas se han tramitado en la provincia de Alicante".

"Es fácil convenir que, por folios que integren una causa y aun cuando pudiera producirse dilaciones indebidas, ello no implica que la investigación esté completa, porque los aforamientos se producen al margen de la instrucción de las causas", según añade.

El fiscal considera así que la "instrucción ha de permanecer incólume sin más incidencia que la preceptiva inhibición objetiva" porque, según insiste, el "deber es llegar hasta el final de las instrucciones, con o sin aforamiento, y que éste no perjudique la investigación penal".

Insiste de este modo, según añade en su escrito, en que "falta la práctica de diligencias muy importantes en la instrucción" y rechaza lo expuesto en el auto apelado, del que "parece desprenderse que la duración de la instrucción provoca la inutilidad de su continuación".

A su juicio, "confunde el auto la duración de la instrucción con su plenitud" porque "hay diligencias pendientes de practicar y no son extemporáneas, son consustanciales a una instrucción en marcha que obligadamente debe continuar hasta entenderse lógicamente concluida y que avale, tras la valoración de toda la prueba, abrir en su caso la siguiente fase procesal".

Según Briones, "los hechos presuntamente delictivos que se están investigando son los mismos que se contienen en la querella admitida por la Audiencia Provincial de Alicante en 2005" y "el aforamiento no debe destruir una instrucción en marcha".

Además, señala también en el recurso que el auto del instructor "contiene reiteradas apreciaciones respecto al Ministerio Fiscal sobre su falta de actividad" y a este respecto apunta que "tales alusiones son reiteradas a lo largo del auto dictado y suponen además la imputación al fiscal de hechos que podrían comportarle la comisión de una falta grave".

Briones rebate estas apreciaciones alegando que el "dictamen sobre competencia fue solicitado por el Juzgado al Ministerio Fiscal en agosto de 2007" y "fue firmado y presentado, también en soporte informático, personalmente ante el juzgado de Instrucción en Noviembre de 2007, tras su visado por la jefatura de la Fiscalía especial Anticorrupción".

En ese momento, según añade, "quedaba aún pendiente para el Juzgado la práctica de una auditoria de gestión, que la magistrada consideraba de interés para pronunciarse a su vista". Así, el fiscal sostiene que la auditoria "fue firmada el 3 de Octubre de 2008 y la exposición razonada es del 10 de noviembre de 2008".

El paro alcanza los 169.349 desempleados en febrero en Alicante

VALENCIA.- El número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en la Comunidad Valenciana creció en 26.246 personas en el mes de febrero, la segunda mayor subida de España tras Andalucía, un 6,75 por ciento más que el mes anterior, de tal modo que la cifra de desempleados en la región se situó en 415.091 personas, informó hoy el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

A nivel nacional, el número de parados se acercó en febrero a los 3,5 millones de desempleados, tras sumar 154.058 parados más respecto a enero (+4,63 por ciento), en lo que es la mayor subida en este mes dentro de la serie histórica.

En concreto, el volumen total de parados alcanzó a cierre del pasado mes la cifra de 3.481.859 desempleados, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996. El incremento mensual, de 154.058 parados, aunque elevado, es inferior al que se experimentó en enero (+198.838 desempleados). En cualquier caso, febrero fue el quinto consecutivo en el que paro subió por encima de los 100.000 desempleados.

Del total de desempleados de la Comunidad Valenciana, 219.581 son hombres y 195.510 mujeres y 56.305 menores de 25 años. En términos interanuales, el número de parados se incrementó en 172.937 personas, lo que supone un 71,42 por ciento.

Por sectores, el mayor incremento se dio en Servicios, con una subida de 13.830 parados en febrero, seguida de Construcción, con 4.750 personas, Industria, con 4.513 personas, y Sin empleo anterior, con 1.692 y por último en Agricultura, con 1.461 nuevos parados.

Por provincias, Castellón fue donde más aumentó el paro en términos relativos, un 11,35%, lo que supone 4.865 personas más, de modo que el paro alcanza los 47.721 desempleados; seguida de Valencia, en la que creció un 7,19%, lo que supone 13.282 nuevos desempleados hasta llegar a los 198.021; y por último Alicante, donde la tasa subió un 5,02%, lo que significa 8.099 personas más hasta situarse en los 169.349 desempleados.

De los 219.581 parados, 67.562 fueron extranjeros de los sectores Agricultura (3.152). Industria (5.964), Construcción (20.474), Servicios (32.734) y Sin Empleo Anterior (5.238).

En cuanto a la contratación, el número de contratos tramitados en la Comunidad Valenciana cayó en 5.069 unidades hasta situarse en los 86.232 contratos, lo que supone un 5,55 por ciento menos que el mes anterior. De estos, 11.564 fueron indefinidos y 74.668 fueron temporales.

lunes, 2 de marzo de 2009

El sector textil y el de equipos electrónicos, los más afectados por falsificaciones y piratería

MADRID.- El sector textil y el de equipos electrónicos son los más afectados por las falsificaciones y la piratería, según se desprende del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 'Impacto económico de la falsificación y la piratería'.

No obstante, el estudio destaca que el 50% de las economías encuestadas afirman que el fenómeno se ha extendido a otros sectores durante los últimos cinco años, de los que el 26% cree que la expansión ha sido rápida. Sólo cuatro economías de las encuestadas consideran que este fenómeno ha reducido su ámbito en los ltimos cinco años.

Concretamente, el valor de mercancías intervenidas en 30 economías ascendió a 581 millones de dólares (464 millones de euros) en 2005 (el 0,01% del total de importaciones de todas las economías afectadas). Los cinco principales países de origen de mercancías infractoras acumulan el 58% de todas las intervenciones de mercancías.

Según el informe, el volumen de la actividad infractora mundial ascendería 200.000 millones de dólares (160.000 millones de euros) teniendo en cuenta que dicho resultado no abarca la totalidad de las operaciones aduaneras mundiales ni refleja los datos de los mercados domésticos.

El estudio destaca la presencia cada vez mayor de productos de consumo masivo, incluyendo análisis específicos de sectores como el audiovisual, automoción, componentes eléctricos, alimentación, tabaco y farmacéutico.

Asimismo, subraya la importancia de distinguir entre los consumidores que compran dichos productos conscientes de su carácter de imitación desleal o pirata frente a los consumidores que son realmente engañados

domingo, 1 de marzo de 2009

Crítica del método / Jordi Sevilla

La manera en la que los gobiernos del mundo conducen la lucha contra la crisis económica les está reforzando como poderes autónomos, alejados de los mecanismos tradicionales de control democrático.Tenemos entre manos una crisis de gran complejidad que afecta a muchos sectores, a muchos países, a muchas personas y carecemos de una estructura democrática de poder mundial con la que hacerle frente.

La ausencia de un gobierno democrático mundial obliga a utilizar ese remedo que hemos dado en llamar gobernanza. Mediante estructuras informales, como la del G-20, cuya próxima reunión tendrá lugar en Londres este lunes, se juntan representantes de unos pocos gobiernos nacionales autoelegidos por su poder, en forma de potencia económica aparente, sin excluir a algunos de países claramente no democráticos ni a otros con sistemas manifiestamente mejorables.

Si la estructura y los mecanismos de toma de decisiones en organismos internacionales consolidados por el tiempo, como la ONU o el FMI, son ya claramente distantes de los principios democráticos occidentales (separación de poderes y una persona, un voto), los nuevos esquemas de coordinación informal pero efectiva de las cosas reproducen un sistema de toma de decisiones elitista, feudal y censitario.

Este tipo de gobernanza, aun siendo mejor que el caos de los mercados incontrolados y siendo preferible estar dentro que fuera, es inferior a un gobierno democrático, tanto desde el punto de vista moral como, también, de la eficacia. La crisis del automóvil, por ejemplo, tiene causas y efectos mundiales, pero estamos intentando buscar soluciones parciales desde cada uno de los países por separado, pues los mercados son globales pero los estados no.

El resultado de este método de coordinación en forma de un club que tiene reservado el derecho de admisión podrá ser positivo desde el punto de vista de la gestión técnica de las cosas, pero deficiente, necesariamente, desde la gestión política, de política democrática, de la misma.

Por tanto, si teníamos el problema de una globalización económica no sometida a reglas y controles, se suma ahora un profundo déficit democrático en el gobierno de esta crisis mundial y, si me apuran, grandes deficiencias, también, en su gobernanza que, como hemos visto, es algo distinto.

En democracia, la forma es parte consustancial del fondo. Cómo hacer las cosas define al sistema democrático mucho más que las cosas que se hacen. El procedimiento mediante el cual se aprueban las políticas es tan importante como el contenido material de éstas. Porque la clave del asunto radica, precisamente, en asumir y dejar constancia permanente de dos cosas fundamentales: nadie tiene por sí solo toda la verdad y los seres humanos somos capaces de discutir y alcanzar acuerdos razonados.

En política democrática no hablamos de cuestiones técnicas que deban decidir los expertos a espaldas de los ciudadanos, sino de decisiones que impactan en las condiciones de vida y en las creencias de muchos. Por eso hay que informar, debatir, consultar con la gente, hacer pedagogía, intentar convencerla con argumentos a favor de un determinado curso de acción. De otro modo, se debilita el valor supremo de la democracia como el mejor procedimiento para resolver conflictos con gran repercusión social.

No aminora este problema el hecho de que la mayoría de miembros asistentes al club de los poderosos sean democracias que tendrán que pasar por sus parlamentos una parte importante de las decisiones acordadas allí. Y no lo hace porque en las últimas décadas da la impresión de que no sólo no hemos sido capaces de democratizar la gobernanza mundial, sino que estamos trasladando parte de los defectos de ésta a la manera nacional de gobernar -incluso en países democráticos- mediante dos fenómenos que debilitan la esencia misma de la democracia.

En primer lugar, la sustitución de la critica a las políticas por la descalificación de los políticos.En segundo lugar, la personalización excesiva en líderes, más o menos carismáticos y televisivos, en quienes depositamos toda la confianza y el poder, eludiendo nuestras responsabilidades ciudadanas con la res publica, incluso en la faceta de control adecuado.

Estos dos hechos, aplicados al ámbito de la gestión nacional de la crisis económica, se traducen en que apenas hay debate en torno a propuestas alternativas, a la vez que se desanima la participación pública en la búsqueda de soluciones. Así, las medidas adoptadas por los gobiernos, sea en el ámbito nacional o mediante la coordinación intergubernamental, son iniciativas unilaterales que surgen de ellos mismos y que no han sido discutidas previamente con publicidad y participación de colectivos, con lo que se desincentiva la corresponsabilidad pública.

Una crisis económica de esta magnitud no es una cuestión que deba resolverse de espaldas a la gente. Las medidas a adoptar son política de alto nivel, porque buscan repartir socialmente los esfuerzos, sacrificios y recompensas, abriendo opciones de futuro entre las que la sociedad debe elegir. Pero, en lugar de movilizar la energía colectiva llamando al debate público, a la participación social, al pacto político, dejamos el protagonismo exclusivo en manos de los gobiernos que, a menudo, como en Francia, menosprecian el significado de las protestas sociales que van creciendo conforme se agudiza la crisis.

No he sido capaz de encontrar las razones por las que el paquete de ayuda aprobado por la administración de Obama no ha contado más que con tres votos republicanos cuando se parece más a las soluciones ofrecidas por Bush que a las primeras propuestas demócratas.Sólo hay una: que las peleas entre partidos les ha parecido a éstos más importantes que el futuro de su país, siguiendo un esquema maniqueo según el cual uno tiene todas las virtudes y su adversario, todos los defectos.

El resultado es que, ni a escala internacional ni nacional, las medidas de lucha contra la crisis y a favor de un nuevo orden económico están sirviendo para reforzar y profundizar en una democracia participativa, sino más bien, todo lo contrario. Con ello, nos debilitamos todos. Es un error, espero que de método y no de concepción.

www.elmundo.es


Secretos / Antonio Orejudo

Cuando el aparato financiero del partido sea condenado en firme, el PP seguirá sosteniendo su nueva teoría de la persecución. Lo hizo el PSOE, lo hacen ahora los populares y mañana volverá a hacerlo alguno de los dos ante la mirada resignada y dócil de la ciudadanía.

Llámame lo que quieras, pero estoy harto de los partidos políticos. Urge una regeneración democrática que limite su papel. Hubo un tiempo en que fueron el único cauce de acción política. Hoy su implantación en la sociedad real es inexistente. Y como la Iglesia católica, siguen aferrándose a sus privilegios económicos.

Convertidos en empresas, en lobbies financiados con dinero público, los partidos políticos son en buena parte responsables de la corrupción moral, de la porquería que nuestra joven democracia ha ido acumulando bajo la alfombra. Y lo peor de todo es que este perverso sistema, basado en el poder omnímodo de los partidos, está blindado. En sus manos, y sólo en sus manos, está la sanación de ese cáncer que se llama ‘financiación’.

Echo en falta ese periodismo de investigación que ponga negro sobre blanco lo que es un secreto a voces: con los ingresos oficiales es imposible que un partido político pueda mantener tantos paniaguados y costear dos campañas electorales simultáneas más otra que viene en camino. Y, claro, ninguno de ellos reformará una ley que los beneficia para limitar sus ingresos, para que sus cuentas sean más claras o para reducir las campañas electorales a unas cuantas apariciones gratuitas en la televisión pública.

Si los partidos son el corazón del sistema, la corrupción económica, que salpicó al PSOE, que ahora salpica al PP y que volverá a ser noticia en unos años, no es una excrecencia episódica: es la secreción natural de nuestra democracia.
www.publico.es

Los trabajadores de la Comunidad Valenciana realizan 1,7 millones de horas extraordinarias en tres meses

VALENCIA.- Los trabajadores de la Comunidad Valenciana realizaron en el cuarto trimestre de 2008 un total de 1,7 millones de horas extraordinarias, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Según estos datos, la Comunidad Valenciana fue la tercera autonomía en número de horas extraordinarias, superada por Cataluña, con 3,37 millones de horas, y Madrid, con 2,19 millones de horas. A continuación se situó Andalucía, con 1,4 millones de horas extraordinarias

Ésta última autonomía también fue una de las comunidades con menos horas no trabajadas por vacaciones, con 37,9 horas no trabajadas por empleado durante el cuarto trimestre del año. Sólo contabilizaron menos horas de vacaciones las comunidades de Canarias (37,3 horas), Murcia (37,1) y Madrid.

El Gobierno usará todas las armas contra las crisis de cajas y bancos

MADRID.- "El Gobierno está llamando a los bancos, a través de los responsables del Banco de España, para advertirles de que puede entrar en su capital. Si no hay crisis, ¿para qué quieren entrar en las entidades, para reforzarlas o para mangonearlas?", acusa sin sutilezas ni matices Cristóbal Montoro, portavoz de Economía del PP, según publica hoy 'El País'.

Responsables de algunas entidades financieras consideran que Montoro, con estas declaraciones públicas, quería pinchar un proyecto que impulsó una parte del Gobierno. En concreto, todos apuntan al ministro de Industria, Miguel Sebastián. Según fuentes populares, que corroboran otras de la banca, Sebastián es partidario de seguir el modelo de Sarkozy, que ha inyectado capital público, de forma obligatoria, a todas las entidades francesas, según su tamaño. Los bancos y las grandes cajas se oponen radicalmente a esta medida.

Están convencidos que tras ella llegará el control estatal sobre la concesión de créditos. Sería como entrar en la cocina de las entidades y decidir el riesgo que se asume. La banca no olvida aquella frase de Sebastián: "Se nos acaba la paciencia con los bancos", tras acusarles de cerrar el grifo de los créditos.

Sin embargo, el Ministerio de Economía, dirigido por Pedro Solbes, afirma que es falso que se vaya a implantar capital público de forma obligada a todo el sector. "El plan es utilizar, en primer lugar, los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD). Además, se pueden recapitalizar entidades con dinero público, sin olvidar las fusiones bajo la intervención y el control del Banco de España", comentan fuentes de Economía.

Es decir, se utilizará toda la artillería disponible contra las crisis que atraviesen las entidades financieras. El que se use una u otra arma "dependerá de cada caso" y de la situación general. El ministerio transmite tranquilidad: "En España no hay una crisis general del sistema financiero, como ocurre en otros países". No obstante, el propio vicepresidente del Gobierno advirtió, el lunes pasado, que el Gobierno "está preparado para intervenir", en referencia al sistema financiero español.

Las perspectivas oficiales (y sobre todo las no oficiales) hablan de un aumento del paro y de una caída del mercado inmobiliario que se traducirá, sin duda, en una angustiosa escalada de la morosidad. La relación es directa: cuantos más impagados hay, se necesitan más provisiones, lo que reduce los beneficios. Cuando las provisiones no son suficientes, las entidades entran en pérdidas y los morosos se comen el capital. Aquí es cuando empiezan los problemas de solvencia y llegan las intervenciones del Banco de España, como ocurrió con Banesto.

Las entidades financieras no pueden abrir la persiana si no tienen un nivel de capital del 8%. Antes de traspasar esa línea roja, el supervisor les pide un plan de viabilidad. Si éste no es convincente, el Banco de España las mete en la UVI para buscar una solución. Ese camino ya lo ha recorrido Caja Castilla-La Mancha, que negocia su fusión con Unicaja.

Salvo este caso, el resto del sector parece que aguanta, tras casi 20 meses de crisis, con más o menos goteras. Pero la clave es el factor tiempo. "No hay duda de que la banca española es solvente, pero si la crisis dura demasiado puede haber entidades más frágiles", ha reconocido con realismo Solbes.

El nivel de impagados todavía es bajo, cercano al 4%, pero crece a toda velocidad. Además, el incremento no va a ser homogéneo: habrá grandes diferencias en función del crédito inmobiliario. En algunos casos, como Caixa Catalunya, Caja Madrid o Caja Castilla-La Mancha, los créditos malos ya representan alrededor del 5% del total, con posibilidades de alcanzar el 9% este año. En otros, como el Santander, BBVA, Popular o La Caixa, las cifras de morosos están por debajo del 3% y podrían no cruzar el umbral del 4% este año.

En su comparecencia en el Congreso, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, abrió la puerta a posibles recapitalizaciones y sostuvo que el FGD puede desempeñar un papel "importante" para sanear entidades.

Sin embargo, el Fondo suma apenas 7.500 millones de euros y puede quedarse corto, sobre todo si quiebran entidades de tamaño medio. Las ayudas no saldrán gratis. Cuando se recapitalice una entidad, el Gobierno exigirá que se saneen los activos malos. Y cuando haya fusiones, la entidad resultante deberá tener la solvencia necesaria.

¿Qué pasará con los ejecutivos? Economía quita hierro a esa cuestión. "En Banesto había irregularidades que acabaron en un juicio, pero si no existen esos problemas, no hay por qué echar a los gestores". El sector discrepa abiertamente.

"Si los malos gestores siguen en su puesto tras recibir ayuda del Gobierno, podrían perjudicar a las demás entidades". Ponen el ejemplo de una entidad zombi que, tras una inyección de capital, ofrezca grandes remuneraciones por los depósitos y créditos a bajo precio. "Eso debilitaría a los competidores sanos, provocaría un efecto dominó".

Intervención o algo más

Ésta ha sido la semana de los debates semánticos en el mundo financiero. Abrió el fuego el presidente del BBVA, Francisco González, al afirmar que la mejor opción para salvar una entidad con problemas de solvencia "es la intervención y el saneamiento por el Fondo de Garantía de Depósitos, seguida de la vuelta al sector privado". Al poco tiempo, aclaró que él no era partidario de la nacionalización. "Que quede claro que no se deben nacionalizar las entidades", añadió. Pedro Solbes, vicepresidente del Gobierno, también rechazó las nacionalizaciones, aunque apoya las recapitalizaciones con dinero público.

¿Qué diferencia hay entre una intervención con capital público y una nacionalización? En el BBVA aclaran que se interviene cuando el Estado entra, gestiona y sale al poco tiempo del capital. Si se queda, esa intervención se convierte en nacionalización. En Economía ponen el ejemplo de Banesto, "que no fue considerado una nacionalización", pese a que contó con recursos públicos. Esta quiebra costó al final de todo el proceso 1.157 millones, la mitad a costa del Fondo de Garantía (que sufragan los clientes de los bancos) y la otra mitad a cargo del Banco de España.

Algunos ejecutivos del mercado critican a las grandes entidades "que piden que el Estado sanee a los bancos o cajas con problemas para luego comprarlos a bajo precio". El Santander, por ejemplo, hizo grandes plusvalías con Banesto. "Las crisis son tiempos de oportunidades", dicen los primeros ejecutivos de la banca española. ¿Quién las podrá aprovechar?

Según la lista de clasificaciones de riesgo de la agencia Fitch, en principio, los fuertes son los situados al comienzo de la lista, frente a los del final, a los que les ha cogido la crisis en una situación de más debilidad. Caja Castilla-La Mancha cierra la lista.

sábado, 28 de febrero de 2009

Luna acusa a Camps de "jugar al escondite con los valencianos" por no ofrecer información sobre contratos

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, acusó hoy al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, de "jugar al escondite con los valencianos" por a la "negativa de los consellers de ofrecer información sobre una serie de contratos de determinadas empresas con las que ha trabajado el Consell".

Luna subrayó en un comunicado que "esto es especialmente grave en estos momentos y constituye una falta de respeto hacia la ciudadanía", que está "preocupada por las noticias que relacionan a su presidente, al presidente Camps, con las investigaciones de la Audiencia Nacional".
Por ello, lamentó que "en lugar de venir a las Corts a ofrecer transparencia de verdad y explicar lo que los ciudadanos quieren saber, se escudan en el reglamento para hablar solamente de lo que ellos quieren".

Así, lo calificó como una "maniobra política de falsa transparencia orquestada por el presidente Camps", que, según dijo, "defrauda las expectativas públicas y constituye claramente un nuevo fraude del jefe del Consell en relación con las obligaciones de transparencia y de control a las que se tenía que ver obligado cualquier gobernante público".

En este sentido, afirmó que desde el PSPV "venimos pidiendo desde hace tiempo explicaciones sobre cómo el Consell gestiona los contratos públicos y, desgraciadamente para la transparencia del Parlamento valenciano, el PP desde hace años se escuda en el reglamento de la Cámara autonómica para no ofrecer esas explicaciones".

Asimismo, señaló que "desde que el presidente Camps aparece relacionado con unas actuaciones que está investigando la Audiencia Nacional, el Consell pretende montar la semana que viene una nueva escenificación de falsa transparencia con sus consellers en las Corts", pero --lamentó-- estos, "a última hora de ayer, contestaron a las peticiones de máxima concreción del grupo parlamentario socialista con una nueva negativa escudada en el actual reglamento de la Cámara".

Por ello, urgió al Consell a "no escenificar la necesaria transparencia que la sociedad valenciana exige a sus gobernantes públicos" porque "el presidente Camps tiene una nueva oportunidad para no defraudar otra vez a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana".

viernes, 27 de febrero de 2009

Industria destinará 10,9 millones para bonificar préstamos a empresas textiles, de calzado, mueble y juguete

MADRID.- El Consejo de Ministros autorizó hoy al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a adquirir compromisos de gasto por un importe total de 10,96 millones de euros, con cargo a los ejercicios 2010, 2011 y 2012, para atender las bonificaciones de tipos de interés y las comisiones de gestión de los préstamos destinados a la mejora de la competitividad de los sectores dedicados al textil, calzado, mueble, juguete, curtidos, marroquinería y madera.

El departamento de Miguel Sebastián necesita adquirir compromisos de gasto por valor de cinco millones de euros en 2010, otros cinco millones en 2011 y 960.000 euros en 2012.

El Gobierno recordó que en 2006 instruyó al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la apertura de una línea de financiación de préstamos de mediación para el sector textil-confección, calzado, muebles y juguetes, por un importe de 450 millones de euros para el período 2006-2008.

La vigencia de esta línea --que fue ampliada en 2007 a los sectores de curtidos, marroquinería y madera-- finalizó el pasado 22 de diciembre, pero la actual situación de crisis financiera "aconsejan continuar y mejorar esta línea".

Así, el Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2008, autorizó su ampliación por importe de 50 millones de euros anuales para el horizonte temporal 2009-2011, con un total 150 millones.

Además, se acordó financiar la bonificación de tipos de interés de préstamos con 11,25 millones de euros (una partida de 290.000 euros para 2009; de cinco millones de euros para 2010; cinco millones para 2011, y 960.000 euros para 2012), y financiar la comisión de gestión del ICO (gastos financieros) con 375.000 euros para el periodo 2009-2011.

Ahora, el departamento de Miguel Sebastián necesita adquirir compromisos de gasto por valor de cinco millones de euros en 2010, otros cinco millones en 2011 y 960.000 euros en 2012.

Por otro lado, la financiación de la comisión de gestión del ICO para el año 2010 por estas actuaciones ascenderá a 125.000 euros.

Anteriormente, para el año 2010, se habían adquirido compromisos de gasto por 1,87 millones de euros para financiar la comisión de los gastos de gestión ICO en el Plan VIVE 2008-2010, que deben ser tenidos en cuenta para determinar los nuevos límites de compromiso de gasto a autorizar.

La suma de ambas cantidades necesita la autorización del Gobierno para que el Ministerio adquiera compromisos de gasto de dos millones de euros con cargo a ejercicios futuros.

Toxo propone reformar la Ley española de cajas para garantizar su estabilidad ante los "riesgos" que corren

MADRID.- El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, aseguró hoy que las cajas de ahorros se encuentran en situación de "riesgo", por lo que propuso anticiparse y acometer una modificación de la ley que las regula para garantizar su estabilidad.

Durante su intervención en el 'Foro de la Nueva Sociedad', el líder de CC.OO., se refirió específicamente a este tipo de entidades, que han sostenido el grueso del crédito hipotecario en los últimos años, actualmente en pleno frenazo, y que han acaparado el 70% de las emisiones de deuda del Gobierno en 2008.

Toxo consideró que también "es necesario abrir una discusión sobre la situación de la banca" desde un punto de vista más amplio, a la vista de que las medidas adoptadas desde el Gobierno para proporcionarle liquidez han sido "importantes", pero también "insuficientes" o, en todo caso, inadecuadas.

En cifras, Toxo mostró su preocupación por que el sistema financiero cuente con compromisos de refinanciación de 230.000 millones de euros antes de 2011 y de 800.000 millones a largo plazo.

"Se está notando la ausencia de un banca pública, pero no se puede construir sobre la marcha", indicó para 'disculpar' a renglón seguido al Instituto de Crédito Oficial (ICO), que, en su opinión, "no puede jugar ese papel".

Por otro lado, Toxo se refirió a la posibilidad de que el Estado proceda a la recapitalización de entidades financieras en difícil situación, y afirmó que el sistema financiero es el epicentro de los problemas económicos que atraviesa el país.

Ahora bien, el líder de CC.OO. rechazó cualquier intervención del Estado que no conlleve la adquisición de "derechos políticos".

A su juicio, lo contrario permitiría que los que han comandado a la banca en los últimos años, "repartiendo dividendos de manera exagerada", sigan "campando a sus anchas" preservando su cuenta de beneficios.

"No soy partidario de nacionalizar las pérdidas, y que los recursos sirvan para repartir beneficios", concluyó.

Proponen en Valencia la realización de un acto con militantes del PP en apoyo a Camps

VALENCIA.- El presidente del Partido Popular (PP) de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, anunció que propondrá a los miembros del Comité Ejecutivo Provincial la realización de un acto con militantes del PP en apoyo al jefe del Consell, Francisco Camps, ante la investigación que realiza el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la 'operación Gürtel'.

Rus aseguró en un comunicado que planteará ésta y otras propuestas "fuertes e importantes" en el Comité que prevé reunirse en las "próximas semanas" porque afirmó que se siente "abrumado ante las numerosas muestras de cariño, afecto y solidaridad de los ciudadanos con Camps".

"La gente quiere estar cerca del presidente y plantarle cara a todos aquellos que pretenden aislarlo", indicó Rus al tiempo que afirmó que "son muchos los ciudadanos que quieren mostrarle su respaldo en persona".

En este punto, el presidente del PP provincial recalcó la "magnitud" del "acoso a nuestro partido político", por lo que, subrayó la necesidad de "levantar la cabeza, salir a la calle y decirle al PSOE por dónde se tiene que ir a Roma".

A su juicio, "no se puede intentar salpicar a personas honradas y honestas como Francisco Camps e intentar confundir y minusvalorar la importante labor que está realizando por la Comunitat", manifestó y advirtió de que no permitirán que "ante la proximidad de los comicios gallegos y vascos se trate de ensuciar la imagen de personas dignas y honestas".