viernes, 6 de marzo de 2009

El Consell niega las acusaciones y anuncia acciones legales contra quienes hayan "falseado hechos"

VALENCIA.- El vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, anunció que el Gobierno valenciano iniciará "las actuaciones judiciales que estén a nuestro alcance contra aquellas personas que hayan difamado o hayan falseado" hechos en relación a la persona del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y mostró su confianza en la Justicia y en que "en los próximos días" se aclarará la "no relación" del jefe del Consell en los hechos.

Así lo indicó en un comunicado tras conocerse la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el que se inhibe de una parte de la investigación sobre el 'caso Gúrtel' al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) al encontrar indicios de responsabilidad penal en el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del secretario general del PPCV, Ricardo Costa.

Rambla afirmó que el Gobierno valenciano "se reitera en lo manifestado por el presidente hace unos días negando la relación de los hechos que se atribuyen" al jefe del Consell en la investigación de Garzón y anunció que desde el Gobierno valenciano se iniciarán "las actuaciones judiciales que estén a nuestro alcance contra aquellas personas que hayan difamado o hayan falseado" hechos en relación con Camps.

"El Consell confía plenamente en la Justicia y estamos convencidos de que en los próximos días se aclarará la no relación del Presidente con los hechos que se están investigando", señaló Rambla en el comunicado.

Camps asegura estar "indignado" pero en paz

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, aseguró hoy estar "indignado por las cosas que se dicen" en alusión a su imputación en la operación Gürtel, aunque afirmó asumir con "absoluta paz" la situación y garantizó que seguirá trabajando "con más fuerza y más ilusión que nunca". "Hoy me noto más acompañado que nunca", aseveró.

Camps, que se expresó de este modo en declaraciones a los medios tras la toma de posesión de José Cholbi como Síndic de Greuges, subrayó su "indignación por las cosas que se dicen y proponen".

"Pero asumo con absoluta paz y tranquilidad el momento que corresponde sin olvidar en ningún momento que voy a seguir trabajando todos los minutos, todos los días, con más fuerza si cabe como presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana".

Para el jefe del Consell, "hay circunstancias en la vida que a uno le hacen estar más fuerte, más ilusionado y más convencido que nunca de su trabajo, de su lealtad y de su servicio a los ciudadanos".

"Continuaré con toda la fuerza del mundo confiando plenamente en la justicia, que estoy convencido que hará justicia", sentenció.

El PPCV lleva ante la Fiscalía Anticorrupción documentación sobre cinco nuevas facturas del Ayuntamiento de Elche

ALICANTE.- La coordinadora regional del PPCV, Mercedes Alonso, entregó hoy ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante una denuncia contra el alcalde socialista de Elche, Alejandro Soler, acompañada de documentación relativa al presunto pago por parte del Ayuntamiento ilicitano de cinco facturas que se refieren a actos de propaganda del PSPV.

Según Mercedes Alonso de estas cinco facturas, "unas de ellas están firmadas desde el principio de su tramitación" por el actual alcalde de Elche, Alejandro Soler, como concejal de Hacienda, "en las que se ordenaba el inicio del trámite administrativo" para el pago.

Estas cinco facturas aportadas hoy corresponden con el supuesto pago, por parte del Consistorio, de publicaciones especiales en un medio de comunicación en las que aparece Alejandro Soler como candidato a la alcaldía. Así estas facturas se refieren a un especial 'Jornadas Educativas de Calidad' --al que le corresponden dos facturas--, y a un especial para cada uno de los barrios ilicitanos de Carrús, Altabix y Pla.

Alonso indicó que "en estos especiales aparece Alejandro Soler (en la imagen) como candidato a la alcaldía de Elche", por lo que le preguntó al alcalde "qué piensa hacer para asumir sus responsabilidades" respecto a estas facturas, que ascenderían a unos 11.000 euros en total.

Asimismo, Alonso destacó que además de las facturas presentadas hoy y de las dos primeras denunciadas en Elche, "hay dos más", pagadas con "dinero público" y que no han sido denunciadas por el PP, "que hemos conocido esta mañana en la Comisión de Hacienda" y que corresponden con "dos publicaciones en el mismo medio de comunicación, dos inserciones del 8 de marzo, Día de la Mujer".

Además, Alonso afirmó que es "inconcebible, en la época en que estamos, que paguen gastos del partido con dinero de todos los ilicitanos", y añadió que "lo que está haciendo es llevarse el dinero de todos los ilicitanos a la casa del Partido Socialista de Elche para propaganda y autobombo de Alejandro Soler".

Asimismo, Alonso indicó que el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, se "ha convertido ya en cómplice de Alejandro Soler, al mantenerle en el cargo y no pedirle las responsabilidades políticas que le corresponden a estos actos".

jueves, 5 de marzo de 2009

El Gobierno no ve "viable" incrementar sus aportaciones a las inversiones locales por la crisis

MADRID.- El Gobierno considera que, "dado el actual escenario económico", no parece "viable" un incremento "notable" de la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales que realiza a través de las aportaciones a los presupuestos de los Planes Provinciales e Insulares de Cooperación para las obras y servicios de competencia municipal.

En una respuesta parlamentaria al diputado 'popular' Juan Antonio Gómez Trinidad, el Ejecutivo recuerda que la "subvención" de la Administración General del Estado a estas inversiones, diseñadas por las diputaciones provinciales, es el 50% para los "obras y servicios obligatorios" y del 40% para las restantes que, sin tener ese carácter, sean de competencia municipal.

Sin embargo, el Gobierno descarta aplicar un incremento notable de estas aportaciones ante el contexto que afronta la economía española, y señala que se trata de una "cooperación" con las entidades locales en las que también participan diputaciones provinciales y comunidades autónomas.

La respuesta, fechada el 26 de enero, no hace ninguna mención al Fondo Estatal de Inversión Local, dotado con 8.000 millones, que, según las estimaciones del propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, creará 278.000 empleos directos y otros 100.000 indirectos y constituye la principal medida presentada hasta ahora por el Ejecutivo para paliar la situación financiera de los consistorios.

La CAM incluye en su política retributiva a la plantilla la opción de recibir cuotas participativas

ALICANTE.- Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha incluido en su política retributiva a la plantilla, que contempla la posibilidad de sustituir parte de la retribución anual, fija o variable por determinados productos, la opción de recibir cuotas participativas, informó hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La caja señaló que esta opción es voluntaria por parte del empleado y asciende a un máximo de 12.000 euros al año por trabajador.

La entrega de las cuotas participativas solicitadas por los empleados se realizará una vez al mes e íntegramente con títulos que la entidad tiene en su autocartera, mediante operaciones extrabursátiles mediante operaciones extrabursátiles instrumentadas de acuerdo con los procedimientos previstos en el Real Decreto 1416/1991 de 27 de septiembre, sobre operaciones bursátiles especiales y sobre transmisión extrabursátil de valores cotizados y cambios medios ponderados.

Estas operaciones se realizarán al precio de cierre de cotización de las cuotas participativas del quinto día hábil anterior a la fecha de pago.

Estas entregas no se encuadran en ninguno de los supuestos de suspensión establecidos en el contrato de liquidez suscrito con Ahorro Corporación Financiera.

Garzón dice que el PP de Valencia pudo recibir 420.700 euros en concepto de comisiones de Correa

MADRID.-El juez Baltasar Garzón sostiene en el auto por el que se inhibe de una parte de la investigación sobre el 'caso Gürtel' en favor del TSJ de Valencia que el PP pudo recibir 420.700 euros en concepto de "comisiones en adjudicaciones amañadas" por el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.

En un auto hecho público hoy, el magistrado afirma que "esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa de Correa".

APUNTE 2002: PP VLC: 420.700 EUROS

Así, explica que en la "contabilidad B" de uno de los pisos utilizados por la trama de Correa en la calle de Serrano de Madrid aparece "una hoja de ingresos con un apunte de fecha 18 de diciembre de 2002". En este apunte figura una cantidad de un millón de euros de la que no consta procedencia y dentro de la distribución de esa cantidad y como "primer concepto" aparecen las siglas "PP VLC", con una cantidad asociada de 420.700 euros.

"El dinero recibido se distribuyó para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia", apunta el juez de la Audiencia Nacional, que añade que en este traspaso "no existe lógica" porque "un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Correa se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones".

APUNTE 2005: 15.000 EUROS

Añade que existe un segundo apunte fechado en agosto de 2005 en el que aparecen con la clave "bruja" entradas y salidas de la caja B de Orange Market, entre las que figura uno correspondiente a 15.000 euros procedentes del PP de Valencia. Así, Garzón llega a afirmar: "Conclusión: figura un apunte de entrega de 15.000 euros al PP de Valencia procedente de la caja B de Orange Market".

La tercera irregularidad financiera del PP valenciano a la que Garzón se refiere está relacionada con "los gastos de organización del Congreso" regional que esta formación celebró el 28 de septiembre de 2002, que ascendieron a 240.582,77 euros.

El juez explica que el PP de Valencia abonó a Orange Market por la organización de este evento "dinero de procedencia A y B" y aclara que, a su entender, "el B fue obtenido fuera del control fiscal y en efectivo". El dinero facturado legalmente ascendió a 90.151,82 euros, mientras que el negro alcanzó los 150.430,95 euros.

LOS TRAJES DE CAMPS

También señala que el presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', pagó trajes al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por importe de 12.783 euros y que éste pudo facilitar a cambio la concesión de adjudicaciones a esta empresa.

Entre los trajes que 'El Bigotes' encargó para el presidente de la Generalitat figuran "un smoking confeccionado para ir a Nueva York y un chaleco blanco para una recepción en el Vaticano", así como "una americana sport, una deportiva Barbour, una chaqueta austriaca y una de fantasía".

Tras recordar que Camps "ocupa un cargo de responsabilidad en la Generalitat valenciana", Garzón añade que Correa, "a través de Orange Market, obtuvo la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo entre 2006 y 2009" por un importe superior a los cuatro millones de euros.

Según el auto, Camps acudió a las tiendas de Madrid Milano y Forever Young a instancias del presidente de Orange Market con el fin de "adquirir ropa", ya que en estos establecimientos trabajaba el sastre José Tomás, que era una "persona de su confianza".

El instructor asegura que en el momento en que los trajes se encargaron, las tiendas generaron un concepto "a cuenta" que la empresa de 'El Bigotes' se encargó de abonar mediante transferencia o cheque. De esta forma, la ropa encargada se hizo "a medida", lo que requería "la toma de medidas de patronaje y la elaboración de una ficha para la empresa confeccionadora". Toda esta documentación obra en las diligencias previas instruidas por Garzón.

LLAMADAS AL SASTRE

La implicación de Camps en la trama se basa en las declaraciones realizadas por su sastre, José Tomás, y la imputada Isabel Jordán, además de facturas, documentos y anotaciones contables intervenidas. "Se puede afirmar que se habría utilizado a una o varias empresas para disimular facturas que ocultaban los productos reales supuestamente entregados en forma gratuita al señor Camps, haciendo aparecer conceptos falsos", dice el auto.

La resolución también explica que durante la toma de declaración policial de Tomás, que se produjo el pasado 9 de febrero, éste recibió varias llamadas de Camps que "no atendió" al señalar que "había hablado con él y le había dicho que Álvaro era un bocazas".

TRAJES DE COSTA, GUINOT Y BETORET

En cuanto a Costa, Campos Guinot y Betoret, el juez detalla también que compraron trajes en las mistas tiendas que Camps por importes, respectivamente, de 7.325, 4.850 y 9.950 euros.

En relación con Costa y con el eurodiputado Gerardo Galeote, Garzón recuerda que el Ministerio Fiscal informó el pasado 23 de febrero que "por el momento" no disponía de "elementos suficientes" para inhibirse de la causa en favor del Tribunal Supremo. En su escrito de ayer, sin embargo, el Ministerio Público extendió la petición de imputación referida al diputado valenciano.

MÚLTIPLES DELITOS

Garzón también explica en el auto que la investigación se inició por los presuntos delitos de blanqueo de dinero, defraudación fiscal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento público, oficial y mercantil, revelación de secretos, prevaricación y tráfico de influencias, que imputa indiciariamente a los tres presuntos cabecillas de la trama --Francisco Correa, Pablo Crespo, Antoine Sánchez-- y al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

Según el magistrado, el conglomerado de empresas de Correa "centraba su actividad en el sector de la publicidad, organización de eventos, asesoramiento y diseño de campañas de promoción y sus principales clientes eran entes públicos pertenecientes a las administraciones local, autonómica o estatal".

"Para la obtención de estos contratos públicos utilizaban las relaciones con las personas que ocupaban puestos de responsabilidad en dichos órganos, de tal forma que conseguían, sin que existiera una libre concurrencia, las adjudicaciones", explica Garzón. "En contraprestación a la obtención de los contratos para sus empresas entregaban a los responsables políticos compensaciones de naturaleza económica en la forma y en el lugar que le solicitaran", añade.

La producción industrial cae un 26,5% en enero en la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- El Indice General de Producción Industrial (IPI) bajó en enero en la Comunidad Valenciana un 26,5 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, por encima de la media nacional que, con un descenso del 23,6 por ciento, igualó la caída histórica registrada en diciembre de 2008, la mayor en 15 años.

La producción industrial bajó en todas las comunidades autónomas en el primer mes del año, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los mayores descensos se registraron en Aragón (-29%), País Vasco (-27,2%), Cataluña (-27,1%), Comunidad Valenciana (-26,5%), Navarra (-26,1%), Andalucía (-21,7%) y Baleares y Murcia, ambas con un -21,6 por ciento.

Mientras, las menores caídas se dieron en Madrid (17%), Canarias (-16,7%), La Rioja (-14,1%), Asturias (-11,9%) y Extremadura (-10,8%).

A nivel nacional, casi todas las actividades experimentaron en enero descensos en su producción, destacando la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, que registró una caída del 54,4%, en línea con la difícil situación que vive el sector del automóvil y la desaceleración del consumo.

En enero también se registró una disminución superior al 40% en fabricación de otros productos minerales no metálicos (-46,1%), mientras que otras industrias extractivas cayeron un 38,9%, seguidas de la metalurgía, productos hierro y acero (-38,5%) y fabricación de muebles (-38,1%).

La venta de viviendas cae un 37,6% en la Comunidad Valenciana en 2008

VALENCIA.- La venta de viviendas en la Comunidad Valenciana cayó durante 2008 un 37,6 por ciento con respecto al año anterior, con lo que se sitúa como la tercera autonomía con mayor porcentaje de descenso tras Cataluña (-45,3%) y Baleares (-43,2%), a pesar de que Valencia fue la sexta capital de provincia donde más casas se vendieron el pasado año, con 6.170, según datos publicados por el Ministerio de Vivienda.

Asimismo, la localidad alicantina de Torrevieja se sitúa como el municipio que no es capital de provincia con mayor número de ventas, con 3.138, mientras que Orihuela, en la misma provincia, es cuarta, con 2.835.

Ricardo Costa niega las acusaciones y asegura que son "infundadas"

VALENCIA.- El secretario general del PPCV, Ricardo Costa, negó hoy, tras conocer el auto del juez Garzón en el que se inhibe de una parte de la investigación sobre el 'caso Gúrtel' al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) al encontrar indicios de responsabilidad penal en el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de él mismo, todas acusaciones que se les imputan y afirmó que son "infundadas".

Asimismo, advirtió de que emprenderán acciones legales contra aquellos que han realizado las acusaciones y "han mancillado" el nombre de su partido. Costa realizó estas declaraciones en la puerta del PPCV de Valencia con motivo del auto del juez Garzón conocido hoy.

El responsable popular añadió que están "sorprendidos, indignados y asombrados" por esta situación y manifestó que colaborarán con la Justicia a la que piden "rapidez y diligencia".

Garzón implica a Camps, Costa, Campos y Bertoret en la supuesta trama de corrupción

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sostiene en el auto por el que se inhibe de una parte de la investigación sobre el 'caso Gürtel' en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que la presunta trama de corrupción y tráfico de influencias desmantelada con la 'Operación Gürtel' "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional, que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de dicho partido, sita en la calle Génova de Madrid".

Así consta en un auto hecho público hoy en el que se inhibe de una parte de la investigación sobre el 'caso Gürtel' en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), al encontrar indicios de responsabilidad penal en el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario general del PP de Valencia y diputado autonómico, Ricardo Costa.

Garzón imputa también al ex secretario de Organización del PP de Valencia José Víctor Campos Guinot y al ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret Parreño.

Garzón explica que los responsables políticos del PP "convirtieron" a la empresa Special Events, liderada por Correa, "en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política".

Así, entre 1996 y 2004, Correa desarrolló "un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del partido o bien, una vez que obtenían un cargo público, facilitaban la entrada de las empresas de Correa en la administración que gobernaban".

"Para ganarse el favor de los responsables políticos entregaba dádivas de todo tipo, desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos", detalla la resolución judicial. De esta forma, Correa consiguió crear "una relación estable" con los dirigentes del PP "ganando su confianza a la vez que favorecía la obtención de negocio para sus empresas".

De esta manera, Garzón explica que, "una vez que el responsable político alcanzaba un cargo dentro de una administración local o autonómica comenzaba a introducir personas de su confianza en puestos clave dentro de la organización administrativa con el fin de controlar tanto la concesión de contratos públicos como el posterior pago de los servicios realizados".

No obstante, los "cambios" que se produjeron en la dirección del PP nacional a partir de 2004 provocarían, según Garzón, "un cambio en la tendencia seguida hasta entonces", de forma que la organización política a nivel nacional "se desvinculó" de las empresas de Correa, "si bien se adaptó a la nueva coyuntura mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia", en referencia a Orange Market y su presidente, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

El presidente de Mercadona define la crisis como la III Guerra Mundial "sin balas"

VALENCIA.- El presidente de Mercadona, Juan Roig, calificó hoy la coyuntura económica actual como la III Guerra Mundial "sin balas y sin bombas", y consideró que hacer frente a esta "economía de guerra" será un proceso "muy duro", que requerirá trabajar "más y mejor" para elevar la productividad.

Preguntado en rueda de prensa por la gestión de la situación económica por parte de los poderes públicos, Roig opinó que en España no se está gestionando bien la crisis y lamentó que se haya tardado en reconocerla y que se considere que todo el problema está en el sector bancario, cuando, a su juicio, "la culpa la tenemos todos".

Tras defender que las medidas políticas deben orientarse a crear empleo en vez de a "mejorar el desempleo", consideró que la sociedad civil "no está reconociendo" la crisis, y remarcó que se ha acabado la abundancia y que hay que "cambiar la forma de vida".

"Todos nos hemos pasado diez pueblos y ahora nos toca a todos apretarnos el cinturón", puesto que "estamos esperando que Obama nos lo solucione, y Obama no nos va a solucionar la crisis", sentenció.

Roig resaltó que "hay que dejar de hacer puentes y empezar a volver a trabajar los sábados, suprimir las fiestas locales", y, en definitiva, adoptar medidas que vayan en pro de la productividad. "Todos tenemos que trabajar más, y todos es todos, estamos en plena crisis y ésta va a ser muy dura", subrayó.

El presidente de Mercadona apuntó que "después de hacer los deberes" al frente de la compañía, es el momento de "exigirle al resto de la sociedad, a políticos, empresarios y trabajadores, que todo el mundo se ponga a trabajar para salir de la crisis tan espectacular que atraviesa todo el mundo y España en particular".

Para que España salga de la crisis, según agregó, "la sociedad tiene que actuar" y la primera "receta" que aplica en su empresa es "trabajar mejor y más todos, quitar el foco de los beneficios, ganar menos dinero todos, incrementar la productividad y bajar los precios".

Al respecto, se mostró convencido de que su "responsabilidad como empresa" supone "cumplir con todo ello y dar ejemplo al resto de la sociedad", por lo que está "tomando decisiones, aunque algunas de ellas no son fáciles, y, sobre todo, no son populares", en alusión a la política de bajada de precios y eliminación de referencias y de "todo lo que no añada valor".

"Con lo que sabemos, tenemos que hacer por España y por la sociedad lo que, prescribiendo, podemos hacer", tarea que, según dijo, consiste en "vender productos de calidad a unos precios muy bajos, y hacer cosas, no esperar que los demás las hagan por nosotros".

Un 5% menos de beneficio

Mercadona cerró 2008 con un beneficio neto de 320 millones de euros, cifra que supone una disminución del 5 por ciento respecto al obtenido en el ejercicio anterior, pese a que las ventas de la cadena aumentaron un 10 por ciento, hasta alcanzar los 15.379 millones de euros, según señaló el presidente de la compañía, Juan Roig.

Roig, que presentó hoy en rueda de prensa los resultados del pasado ejercicio, achacó el hecho de "no haber alcanzado el beneficio previsto por un 1 por ciento" a que "han fallado las ventas" por la crisis económica actual, a la bajada de precios "a toda velocidad" llevada a cabo por la cadena desde octubre para adaptarse a la situación, y a los 15 millones de euros que "costó" la huelga de transporte del pasado mes de junio.

Explicó que las ventas evolucionaron "de forma distinta" a lo largo del pasado año, ya que, mientras en el primer semestre "la economía no funcionaba bien" pero los síntomas de la crisis no se percibían "de forma llamativa" y Mercadona estaba "más o menos capeando" la situación, la huelga del transporte dio paso a una "disminución del ritmo de crecimiento" y en septiembre, empezó ya "el crecimiento negativo de facturación y número de clientes".

Detienen al escritor y profesor Luis Leante, premio 'Alfaragua" de novela 2007

ALICANTE.- El escritor caravaqueño Luis Leante fue detenido ayer por la Policía acusado de hacer desaparecer dos cámaras de vigilancia del instituto de Alicante donde imparte clases de Latín. El escritor fue denunciado por la directora del centro y recibió la visita de agentes de paisano que le condujeron a comisaría para prestar declaración.

Un familiar de Leante confirmó que se encontraba en las instalaciones policiales tras negarse a desvelar dónde ocultó las cámaras de vigilancia que él mismo había arrancado de los pasillos del centro educativo donde desarrolla su labor como docente.

Luis Leante, ganador del Premio Alfaguara con la novela Mira si yo te querré, no pudo soportar la presión de sentirse vigilado constantemente por las cámaras de vigilancia que, al parecer, se han colocado en el instituto de El Pla sin el acuerdo del claustro de profesores, según explicaron a La Verdad fuentes familiares.

Según aseguraron fuentes cercanas al escritor, durante los últimos meses, coincidiendo con la concesión del prestigioso premio literario -aunque había ya antecedentes-, Luis Leante se sentía acosado por el seguimiento de su trabajo que se hacía desde la dirección del centro.

La presencia de una de las cámaras enfocándole directamente hacia el interior del seminario que estaba impartiendo en la tarde del martes desató su indignación hasta el extremo de arremeter contra el objetivo que le observaba fijamente. Siempre según fuentes familiares, su reacción continuó con otra cámara que había en un pasillo próximo al lugar del seminario.

El escritor y profesor de Latín se llevó las dos cámaras y no ha querido desvelar el lugar donde las ha depositado. Ha sido esta circunstancia, negarse a declarar dónde se encuentran, lo que ha provocado que la denuncia haya seguido su curso y que fuese trasladado a comisaría para prestar declaración. Se le acusa de un delito de hurto por valor de 1.000 euros. Ayer seguía declarando y estaba previsto que pasara la noche en comisaría.

El ganador del premio Alfaguara de Novela 2007, el murciano Luis Leante, ha pasado la noche en los calabozos en calidad de detenido por, presuntamente, hacer desaparecer tres cámaras de seguridad del instituto El Pla, de Alicante, donde imparte clases de Latín.

Fuentes policiales han indicado que Leante fue arrestado este miércoles y que ha pasado la noche en los calabozos de la comisaría norte del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en Alicante a la espera de que este jueves se terminen las diligencias.

Al parecer, Leante podría haber retirado por su cuenta las cámaras por estar disconforme con su reciente instalación. Según fuentes policiales, el literato se niega a colaborar con la Policía y a desvelar el paradero de las cámaras de vigilancia.

Según la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, la dirección del instituto de enseñanza secundaria (IES) El Pla presentó una denuncia el pasado martes por el robo de tres cámaras de seguridad y aportó las cintas de grabación de las mismas.

Educación tuvo conocimiento de que, este miércoles, agentes de la Policía Nacional detuvieron en el centro a uno de los profesores como consecuencia de las investigaciones.

La Conselleria ha recordado la "necesidad" de instalar cámaras de seguridad en las zonas de acceso debido a las dimensiones del centro y a la existencia de numeroso material de valor en las aulas donde se imparten ciclos formativos.

Leante (Caravaca de la Cruz, Murcia, 1963) ganó con su obra 'Mira si yo te querré' la X edición del Premio Alfaguara de Novela, dotado con 132.938 euros.

Autor de numerosos libros y de más de una decena de premios literarios, es licenciado en Filología por la Universidad de Murcia y desde 1992 vive en Alicante, donde trabaja como profesor de Latín.

Presión psicológica

En su entorno familiar, aunque no saben cómo pudo responder con esa reacción tan enérgica, trataban ayer de encontrar una justificación en la presión que sobre Luis Leante ha podido ejercer la dirección del centro en los últimos meses. El escritor había comentado en su entorno familiar que estaba sufriendo acoso laboral, conocido popularmentre como mobbing, por parte de sus superiores en el instituto donde trabaja.

La directora del instituto, Marina Carmen Sanz Moreno, no pudo ser localizada ayer por La Verdad para que diera su versión sobre estos hechos porque se encuentra de viaje, según explicó su madre. En el instituto El Pla no cogieron el teléfono.

El escritor caravaqueño Luis Leante es actualidad estos días por la salida al mercado de su nueva y esperada novela, La luna roja (Alfaguara),

miércoles, 4 de marzo de 2009

Moody's coloca el 'rating' de Ahorro Corporación en revisión para una posible rebaja

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Moody's Investors Service situó hoy el 'rating' a largo plazo 'A2' de Ahorro Corporación Financiera (ACF) en revisión de cara a una posible rebaja del mismo.

La decisión de Moody's refleja el potencial deterioro en el perfil crediticio de la entidad como resultado de las difíciles y volátiles condicones del mercado de capitales, que no sólo afectan a ACF sino a todas las cajas de ahorro españolas, que son sus clientes principales, además de socios y propietarios.

En este sentido, la agencia de calificación precisó que analizará la resistencia futura de los ingresos de la entidad, las implicaciones para su perfil de liquidez del incremento del apalancamiento de ACF, así como las pérdidas potenciales ligadas a depreciaciones en su relativamente pequeña cartera de créditos estructurados.

"Dada la magnitud de algunos de estos desafíos, el análisis de Moody's podría resultar en una rebaja de la calificación alargo plazo de más de una categoría", señaló la agencia.

España propone al G-20 regular el sueldo de ejecutivos y transparencia financiera

MADRID.- El Gobierno propuso a los organizadores de la cumbre financiera del G20 en Londres regular los salarios de los altos directivos y que las entidades financieras informen de todas sus actividades a las autoridades, además de promover la educación financiera entre los clientes.

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hace 10 propuestas a las autoridades británicas, encargadas de organizar la cumbre del G20 del 2 de abril en Londres, que debe encontrar soluciones a la crisis financiera internacional.

Madrid estima prioritario "un cambio urgente" en las instituciones financieras internacionales para que los beneficios de la globalización "estén más extendidos" y haya una regulación de los mercados "de gran calidad", según el documento.

Para ello, propone que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ejerza de "supervisor financiero internacional" para prevenir y alertar de las crisis, según el texto, enviado recientemente en respuesta a una petición de propuestas del gobierno británico a los países participantes.

Asimismo, considera que los recursos del FMI deben reforzarse para "proteger su papel como prestamista de última instancia", y que las instituciones multilaterales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deben aumentar sus préstamos en épocas de crisis.

Madrid estima que "las autoridades públicas deben tener toda la información relevante acerca de las instituciones" financieras.

Los altos salarios de los ejecutivos de estas entidades deben regularse y tener en cuenta los casos en que "el rendimiento ha sido catastrófico".

Además, deberá promoverse la "educación financiera" entre los clientes de estas entidades, que tienen "derecho a recibir una información exacta y justa", y deberán tomarse "medidas enérgicas contra las prácticas engañosas o abusivas".

El Gobierno detecta que la "ineficiencia masiva a la hora de asignar crédito" ha originado la crisis, por lo que propone regular los vaivenes de los bancos para evitar que dejen de conceder préstamos, como ocurre actualmente.

Por último, los costes sociales de la quiebra de entidades financieras deben asumirlos éstas.

Peralta dice que Soler ha respondido "con fundamento" y que no procede otra actuación más allá de la que él anuncia

VALENCIA.- El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, afirmó hoy que el alcalde del municipio alicantino de Elche, Alejandro Soler, ha respondido "con fundamento" y "con razones" ante la aparición de facturas del consistorio para publicitar actos del PSOE, por lo que aseveró que "no procede" otra actuación "más allá de la que él anuncia".

Peralta se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras recibir a una representación de la Federación de Cofradías de Pescadores, al ser preguntado por si consideraba "necesario" abrir una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Elche.

Al respecto, afirmó que Soler ha dado una respuesta "con fundamento" y "con razones", y "habiendo llevado a cabo las actuaciones oportunas en el consistorio", dijo. En su opinión, él ha dado "respuestas" porque "ha llevado a cabo una actuación oportuna" y "ha confirmado que no procede otro tipo de actuación más allá de la que él anuncia".

Ricardo Peralta insistió en que, por "respeto" a la autonomía municipal, lo que Soler ha hecho le merecía "toda credibilidad", ya que, opinó, "lo hace con fundamento", reiteró.

Garzón y Vicente Magro optan a presidir la Audiencia Nacional

MADRID.- El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, han presentado primero en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sus solicitudes para presidir la Audiencia Nacional. También ha anunciado su opción, Baltasar Garzón.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, parte como favorito, a la espera de cerrar la lista de candidatos. El Poder Judicial se prepara para una dura controversia jurídica sobre los votos necesarios para elegir presidente de la Audiencia Nacional.

La plaza de presidente de la Audiencia Nacional está vacante desde que Carlos Dívar asumió el pasado mes de septiembre la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS).

Vicente Magro (en la imagen) accedió a la presidencia de la Audiencia Provincial de Alicante en 2001 y fue portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

También es autor del protocolo de coordinación para la lucha contra la violencia doméstica puesto en práctica en Alicante en 2001.

El nombramiento tiene que ser decidido por el pleno del Consejo por una mayoría de tres quintos de sus miembros.

Varios candidatos al cierre del plazo

Casi todos apuraron hasta el último día el plazo para presentar su candidatura a la presidencia de la Audiencia Nacional, pero al final no faltó a la cita ninguno de los magistrados más esperados.

El que más expectación concita es Baltasar Garzón, que en plena polémica por la investigación del 'caso Gürtel' decidió optar a la plaza que permanece vacante desde que Carlos Dívar fue designado presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

Horas después hizo llegar su instancia el magistrado Javier Gómez Bermúdez, presidente del tribunal que juzgó el 11-M y que ya arrebató a Garzón la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Cerrado el registro del CGPJ a las 18:30 horas de la tarde, la lista de candidatos ascendía a once magistrados, incluidos los cuatro ya citados. Pero cualquier juez pudo presentar su petición en cualquier juzgado de guardia hasta las 24 horas, por lo que la relación definitiva se conocerá este jueves.

Garzón presenta como avales su currículo y la proyección internacional que ostenta, que le sitúan en puestos destacados del escalafón de la carrera judicial. Sin embargo, no podrá sortear el lastre que supone su proyección mediática y su pasado político, que le restan apoyos, según reconocieron fuentes jurídicas. La último vez que aspiró a promocionar acabó escaldado. En 2006 compitió por la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con Gómez Bermúdez, mil puestos por debajo de él en el escalafón judicial, y perdió.

El vencedor entonces tampoco tiene posibilidades ahora. El expediente de Gómez Bermúdez está manchado por la sospecha de que fue la fuente de información que utilizó su mujer en el libro de confidencias que escribió sobre el proceso del 11-M, lo que le valió su despido como jefa de prensa de los tribunales madrileños.

Otros magistrados de la Audiencia Nacional que, sin posibilidades, optan a su presidencia son Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 y con "buena imagen" entre los conservadores, incluido el presidente Carlos Dívar; los dos magistrados que integraron el tribunal del 11-M, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás; el actual presidente en funciones, el magistrado Carlos Lesmes, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y otro compañero de esa sala y el más veterano de todos los candidatos, José Luis Sánchez García. El presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca, Antonio Díaz Delgado, también fue antes magistrado del tribunal central.

Quinielas


En muchas quinielas, el magistrado que parte con ventaja es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, miembro de la ejecutiva de Jueces para la Democracia (JpD), respetado por la carrera, de quien se destaca su apuesta por el consenso y su carácter discreto.

Parece el candidato del sector progresista del CGPJ, ya que cinco de los 20 vocales pertenecen a su misma asociación, aunque tiene una dura rival, la magistrada de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional Elisa Veiga, ex vocal del Poder Judicial (1996-2001), que retiró su candidatura a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para competir por la plaza ahora en concurso. Es la única mujer que lo intenta.

Y todo a expensas de lo que decida el magistrado de la Sala de lo Militar del Supremo Ángel Juanes, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, también miembro de JpD, respetado por toda la judicatura sin distinciones ideológicas.

Desde el sector conservador, el apoyo parece decido a favor del presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que fue miembro del servicio de inspección del Poder Judicial y conoce bien los entresijos de la 'casa' y de la carrera judicial.

Los once candidatos serán entrevistados a partir de la próxima semana por un grupo de cinco vocales que conforman la Comisión de Calificación. Un sistema de elección donde prima el "mérito y la calidad" y evita "amiguismos". Dicha comisión elevará una terna de aspirantes al pleno del consejo, que previsiblemente el 26 de marzo elegirá al sustituto de Carlos Dívar.

Pero antes será necesario resolver un último escollo procesal.

El presidente de la Audiencia Nacional tiene categoría de magistrado del Supremo, pero no lo es. En principio, la mayoría de los vocales cree que su nombramiento debe acogerse al sistema reforzado que exige al menos tres quintos de los votos, es decir, 13 de los 21 vocales del Poder Judicial.

Pero un combativo grupo de ellos defiende que la ley no menciona de manera expresa esa plaza, por lo que debe ser cubierta por el sistema normal, con el que bastan once votos para salir. La elección de uno u otro sistema puede inclinar la balanza a favor de distintos candidatos, por lo que la diatriba no es baladí.

Caja Mediterráneo comienza a concienciarse de la crisis

ALICANTE.- Caja Mediterráneo acaba de poner en marcha un sistema para eliminar los envíos y comunicaciones de cartas por el sistema tradicional de correo postal. Lo está anunciando entre sus decenas de miles de usuarios del servicio CAM Directo por Internet, según 'La Verdad'.

Bajo varios conceptos ligados al medio ambiente, en la CAM también subyace el interés económico vía ahorro de papel y de mano de obra, lógicamente. «Porque no acumularás papeles que siempre acaban en la basura. Tendrás a tu disposición inmediata por Internet todos tus comunicados sin esperar a que llegue el correo. Si necesitas alguno podrás imprimírtelo. Y, por supuesto, mejorarás el medio ambiente», advierte desde el lunes a sus clientes internautas.

CAM se compromete ahora a informar de saldos y movimientos a través de e-mail y sms y, a quien se apunte a este nuevo servicio, lo incluye en una lista para cuatro sorteos mensuales de sendas wii.

Está teniendo buena aceptación una medida que también entronca directamente con la crisis económica y financiera de los últimos meses. A estas medidas, la CAM ha sumado la rebaja de dietas a sus consejeros, según ha revelado recientemente en sus informes de gobierno corporativo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La explosión del desempleo / Ignacio Ramonet

Hay que repetirlo: la crisis aún no ha tocado fondo. Y las próximas noticias van a ser peores. Las Bolsas siguen desplomándose. Los planes de rescate fracasan uno tras otro. No impiden que las principales economías del mundo -Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, España- entren en recesión. Grandes o pequeños, los bancos se hallan en situación objetiva de quiebra. Si no se nacionaliza la banca urgentemente y en bloque, el sistema financiero occidental podría perecer.

Lo más grave es que esta nueva fase de la crisis arrastrará a algún país en su caída. Por ejemplo: Irlanda, inmersa en una grave recesión, con un sector bancario muy vapuleado y un déficit público que podría elevarse hasta el 11% del PIB. Otros países (Letonia, Estonia, Ucrania, Pakistán) podrían declararse en quiebra.

El huracán económico se ha llevado por delante una cuarta parte de la riqueza mundial. Y está provocando, en casi todo el planeta, el cierre de fábricas, la explosión del desempleo, una escalada proteccionista y la radicalización de las protestas sociales.

Causa de pobreza, de angustia y de exclusión, la lepra del desempleo se extiende. En Estados Unidos, la recesión ha destruido 3,6 millones de puestos de trabajo, a un ritmo nunca visto. La mitad durante los últimos tres meses. El total de parados ya asciende a 11,6 millones. Y firmas gigantes como Microsoft, Boeing, Caterpilar, Kodak, Pfizer, Macy’s, Starbucks, Home Depot, SprintNextel o Ford Motor planean desprenderse de 250.000 asalariados en 2009. La confianza de los consumidores se ha desplomado.

En China, la caída de las exportaciones provoca el hundimiento de la producción fabril y despidos masivos. Más de 20 millones de trabajadores venidos del campo han perdido su empleo. En la India, entre octubre y diciembre de 2008, medio millón de puestos de trabajo se destruyeron.

En Francia, una cifra resume la magnitud del seísmo: el número de horas de paro forzoso pasó de 200.000 en enero de 2008 a 13 millones en diciembre (1). Ya hay más de 2,5 millones de desempleados. Y para los menores de 25 años, el aumento de la tasa de paro alcanzó, en 2008, el 20%…

En España, durante el pasado mes de enero, el número de despidos aumentó en casi 200.000 personas; y el total de desocupados sobrepasa ya los 3.320.000. En 2009, el paro afectará a unos 850.000 trabajadores más, con lo cual la suma de parados superará los cuatro millones… Más de 827.000 hogares cuentan con todos sus miembros desempleados…

En la UE, el número de parados es de 17,5 millones, 1,6 millones más que hace un año. Y para 2009, se prevé la pérdida de 3,5 millones de empleos. En 2010, la desocupación escalará hasta el 10% de la población activa.

En Sudamérica, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2009, se registrará un aumento de 2,4 millones de desempleados. Si bien los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay), así como Venezuela, Bolivia y Ecuador, podrían capear el temporal, varios Estados centroamericanos, México y Perú, por sus lazos con la economía estadounidense, sufrirán.

El director general de la OIT, Juan Somavía, estima que el número de desempleados en el mundo (190 millones en 2008) podría incrementarse en 51 millones más a lo largo de 2009. Y recuerda que los trabajadores pobres (que ganan apenas dos euros diarios) serán 1.400 millones, o sea el 45% de la población activa mundial (2).

La brutal explosión del desempleo provoca naturalmente el retorno del nacionalismo económico. Rusia ha decidido elevar el gravamen para los coches importados y ha introducido aranceles a la carne de ave y de cerdo. Ecuador lo ha hecho para los teléfonos móviles y el material de transporte. La India ha anunciado que prohibirá durante seis meses la importación de juguetes de China. Argentina e Indonesia han creado nuevos aranceles para limitar algunas importaciones.

Grecia ha prohibido a sus bancos que socorran a las sucursales en otros países balcánicos. EEUU ha decidido apoyar a las Big Three (Chrysler, Ford, General Motors) de Detroit, pero sólo para que salven sus plantas en el país. No ayuda a las multinacionales extranjeras (Toyota, Kia, Volkswagen, Volvo) instaladas en su territorio. Francia y Suecia han anunciado que condicionarán las ayudas a sus industrias automotoras: sólo podrán beneficiarse los centros ubicados en sus respectivos países.

La ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, declaró que el proteccionismo podía ser “un mal necesario en tiempos de crisis”. El ministro español de Industria, Miguel Sebastián, insta a “consumir productos españoles”. Y en Alemania, gran país exportador, una reciente encuesta reveló que el 78% de los empresarios de PYME eran favorables a medidas proteccionistas (3).

Este auge del nacionalismo económico está provocando brotes de xenofobia. En Reino Unido, uno de los países más golpeados por la crisis, con unas previsiones de reducción de la actividad del 2,8%, miles de obreros del sector de la energía, gritando la consigna ” UK jobs for British workers! ” (”Empleos británicos para trabajadores británicos”), se declararon en huelga contra la contratación de trabajadores portugueses e italianos en las obras de la refinería Total de Lindsey (Lincolnshire).

Al mismo tiempo, en ese mismo país, cientos de miles de polacos eran “invitados” a regresar a su tierra natal. Igual en Irlanda, donde el sentimiento antipolaco crece a medida que aumenta el índice de desempleo. En Italia se está expulsando sin miramientos a los rumanos. Y en todas partes se cuestiona el derecho de residencia de los inmigrantes legalmente establecidos (léase, p. 3, el artículo de Javier de Lucas).

En numerosos países, grandes empresarios o banqueros que reclaman a gritos -y obtienen del Estado- ayudas millonarias, se aprovechan de la crisis para despedir a mansalva y reducir costes. Una actitud que, en el actual contexto de crecimiento descontrolado del desempleo, enfurece. Por eso se multiplican las protestas sociales.

Las turbulencias ya han causado la caída de los Gobiernos de Bélgica, Islandia y Letonia. Se han registrado manifestaciones en Francia, con una huelga nacional el 29 de enero, enfrentamientos violentos en Guadalupe y una nueva jornada nacional de acción prevista para el 19 de este mes. Los países más vulnerables de la UE: Hungría, Bulgaria, Grecia, Letonia, Lituania… también han registrado protestas y disturbios más o menos violentos.

Para los ciudadanos, el desempleo es una de las peores formas de represión; una demostración en carne propia de la violencia del capitalismo. Por eso la rabia. Se avecinan tiempos sombríos. El concepto de crisis no alcanza a explicar el momento que estamos viviendo. Un cambio de era. Una mutación de valores. ¿Una esperanza de justicia y de progreso?

Notas:
(1) Sami Nair, “¿Xenofobia o Europa social?”, El País , Madrid, 7 de febrero de 2009.
(2) Le Monde , París, 28 de enero de 2009.
(3) Time Magazine , 4 de febrero de 2009.

martes, 3 de marzo de 2009

El PP de Elche asegura que han aparecido dos pagos más de facturas del PSPV

ELCHE.- La portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Elche, Mercedes Alonso, aseguró que han descubierto dos facturas del PSOE más, por valor de 2.030 euros, pagadas por el consistorio y que responden a actos organizados por los socialistas cuando ya era alcalde Alejandro Soler, según indicaron en un comunicado fuentes del PP, quienes señalaron que "este nuevo caso reafirma" la necesidad de una comisión de investigación.

El PP de Elche ya presentó la pasada semana una querella por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación contra el alcalde de la localidad, Alejandro Soler, por el supuesto pago por parte del Ayuntamiento a medios de comunicación de dos facturas, por valor de 6.000 euros, de su campaña como candidato en las últimas elecciones municipales.

Ahora, según destacó hoy Mercedes Alonso, "han aparecido dos pagos más de forma explícita, uno por un especial de jornadas educativas del PSOE a nivel nacional por valor de 2.030 euros, que corresponden a la orden de pago 363 y otra en la misma orden, por la misma cantidad, lo que hace un total de 4.060 euros".

Además, según añadió, "el pago se realizó en diciembre de 2007, siendo ya alcalde de Elche el señor Soler".

Mercedes Alonso opinó que este "nuevo caso en la trama de financiación del PSOE reafirma la puesta en marcha de una comisión de investigación y una auditoría de las cuentas públicas, porque los ilicitanos tienen derecho a saber qué está ocurriendo con el dinero público en este Ayuntamiento y por qué se paga propaganda del Partido Socialista con el dinero de todos los ciudadanos".

A su modo de ver, los socialistas "tendrán que explicar por qué el error inicial se ha convertido en una cadena de errores" y exigió "explicaciones y respuestas" ante "el silencio del señor Soler" que, según dijo, "comienza a ser más que preocupante".

Por ello, Alonso reclamó a Alarte que se "deje de ambigüedades porque en numerosas ocasiones tanto él como el señor Zapatero han asegurado que Elche es el modelo de gestión de los socialistas valencianos y hoy este modelo está más que en entredicho".

En este sentido, opinó que con "las declaraciones efectuadas por el señor Alarte ayer, se convierte en cómplice de las actuaciones del señor Soler".

La portavoz del PP hizo extensiva esta responsabilidad a la secretaria de Organización, Leire Pajín, y al vicesecretario general, José Blanco, a quienes también pidió explicaciones porque en uno de los pagos era "un acto del PSOE federal".

"La trama de financiación llega desde hoy a Madrid", apostilló.

Anticorrupción pide al TSJCV la revocación del sobreseimiento libre del ex alcalde de Alicante

ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha presentado ante la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un recurso de revocación del auto de sobreseimiento libre del ex alcalde de Alicante y diputado en las Corts Valencianes, Luis Díaz Alperi, al tiempo que reclama que continúe la instrucción respecto el aforado.

Este recurso, hecho público hoy, fue presentado ayer por el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, después de que el TSJCV dictara un auto de sobreseimiento libre y parcial en el procedimiento del 'caso Mercalicante', "referido únicamente" a al aforado Luis Díaz Alperi, al no considerar los hechos constitutivos de delito. Además, en el auto se hace referencia a la "inactividad" del fiscal en la causa y la existencia de "vulneración de derechos de todas las partes" por "dilación indebida" en el proceso.

En el auto del TSJCV, el magistrado instructor, Juan Montero, resolvió decretar el sobreseimiento libre y parcial respecto a Díaz Alperi, al entender que los hechos que se le han imputado por las acusaciones populares y por el fiscal no son constitutivos de delito, y le exonera de la comisión de cualquier implicación en el agujero financiero de unos seis millones de euros, que se produjo en la empresa mixta entre 2000 y 2002 como consecuencia de las irregularidades presuntamente cometidas el entonces gerente de mercantil, José Emilio Clavero.

Tras la notificación del auto, realizada el pasado 20 de febrero, la fiscalía ha decido pedir la "revocación" del auto, lo que conllevaría "la continuación de la instrucción respecto al aforado", así como "el pronunciamiento por la Sala" sobre "la falta de actividad o expresiones similares" referidas al Ministerio Fiscal.

En primer lugar, según el recurso, el fiscal indica que "la apreciación de las dilaciones indebidas es propia de la sentencia condenatoria" y que "su efecto es la atenuación de la pena". Por tanto, según añade, "no se comprende, desde tal enfoque, por qué el instructor insiste en su auto sobre el retraso de la causa, a la que ha de ponérsele remedio aquí", lo que le lleva a "mantener que ya no es coherente que falte por practicar otras diligencias relevantes y que por tanto la instrucción está completa".

Sin embargo, según el Ministerio Fiscal, "conviene recordar que, si bien la causa fue incoada en el año 2002, la querella contra los miembros de la Comisión Ejecutiva de Mercalicante fue ordenada admitir a trámite por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por auto de 21 de Febrero de 2005". De este modo, subraya que la instrucción respecto a los miembros de la comisión, en cuya calidad está imputado Díaz Alperi, es de cuatro años y no de seis, como afirma el auto.

Además, respecto a la complejidad de la causa, Briones argumenta que "más de 10.000 folios de instrucción convierten esta causa en única, con seguridad, de cuantas se han tramitado en la provincia de Alicante".

"Es fácil convenir que, por folios que integren una causa y aun cuando pudiera producirse dilaciones indebidas, ello no implica que la investigación esté completa, porque los aforamientos se producen al margen de la instrucción de las causas", según añade.

El fiscal considera así que la "instrucción ha de permanecer incólume sin más incidencia que la preceptiva inhibición objetiva" porque, según insiste, el "deber es llegar hasta el final de las instrucciones, con o sin aforamiento, y que éste no perjudique la investigación penal".

Insiste de este modo, según añade en su escrito, en que "falta la práctica de diligencias muy importantes en la instrucción" y rechaza lo expuesto en el auto apelado, del que "parece desprenderse que la duración de la instrucción provoca la inutilidad de su continuación".

A su juicio, "confunde el auto la duración de la instrucción con su plenitud" porque "hay diligencias pendientes de practicar y no son extemporáneas, son consustanciales a una instrucción en marcha que obligadamente debe continuar hasta entenderse lógicamente concluida y que avale, tras la valoración de toda la prueba, abrir en su caso la siguiente fase procesal".

Según Briones, "los hechos presuntamente delictivos que se están investigando son los mismos que se contienen en la querella admitida por la Audiencia Provincial de Alicante en 2005" y "el aforamiento no debe destruir una instrucción en marcha".

Además, señala también en el recurso que el auto del instructor "contiene reiteradas apreciaciones respecto al Ministerio Fiscal sobre su falta de actividad" y a este respecto apunta que "tales alusiones son reiteradas a lo largo del auto dictado y suponen además la imputación al fiscal de hechos que podrían comportarle la comisión de una falta grave".

Briones rebate estas apreciaciones alegando que el "dictamen sobre competencia fue solicitado por el Juzgado al Ministerio Fiscal en agosto de 2007" y "fue firmado y presentado, también en soporte informático, personalmente ante el juzgado de Instrucción en Noviembre de 2007, tras su visado por la jefatura de la Fiscalía especial Anticorrupción".

En ese momento, según añade, "quedaba aún pendiente para el Juzgado la práctica de una auditoria de gestión, que la magistrada consideraba de interés para pronunciarse a su vista". Así, el fiscal sostiene que la auditoria "fue firmada el 3 de Octubre de 2008 y la exposición razonada es del 10 de noviembre de 2008".