Alarte dice que Castedo debe explicar de dónde saca documentación y pide que los jueces lo investiguen todo

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha considerado que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, debe explicar "de dónde sacó el papel" en referencia a la documentación mostrada este martes por la primera edil para demostrar que no dio trato de favor al empresario Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal', ni recibió  dádivas de este constructor. 

"Pero sobre todo --ha puntualizado Alarte-- el PP debe explicarlo todo" porque "ya superan el centenar los dirigentes 'populares' que estan siendo investigados o imputados por diversas causas de corrupción". 

   El líder de los socialistas valencianos ha realizado estas declaraciones preguntado por los medios por su valoración de que Castedo haya mostrado documentación "bajo secreto de sumario" referida al 'caso Brugal', lo que "recuerda" al informe policial sobre la trama Gürtel que exhibió el portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, y por lo que el PPCV ha presentado una querella.

   Al respecto, Alarte ha comentado que la alcaldesa de Alicante "lo tendrá que explicar" aunque ha insistido en que lo más importante es que "los jueces, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía de la democracia lo investiguen absolutamente todo porque está en juego la credibilidad de las instituciones democráticas".  

   El secretario general del PSPV ha expuesto la sensación de que es difícil de creer que "Francisco Camps y el PPCV habían extendido de esta manera la corrupción, el abuso del poder y la confusión de lo público y lo privado" y ha manifestado que el presidente de la Generalitat "representa el epicentro de este tsunami de corrupción, que ha extendido una manera de entender la política inaceptable desde el punto de vista democrático".  

   Por ello, ha recalcado que la Comunitat Valenciana "necesita pasar página, un cambio de gobierno y de tiempo, aunque sólo sea para que nada se quede escondido en el cajón".

COMFIA-CCOO pide mayor transparencia en torno a los reajustes en las cajas integradas en el SIP con CAM

ALICANTE.- El secretario general de COMFIA CCOO, José María Martínez, ha reclamado una "mayor transparencia" en torno al proceso de reestructuración previsto en la entidades integradas en SIP de Caja Mediterráneo (CAM), Cajastur-CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura, y que los reajustes sean voluntarios para los 2.000 trabajadores que tendrán que salir de la plantilla.

   En un encuentro informativo ofrecido este martes en Alicante, coincidiendo con la reunión que mantiene en Madrid la mesa única laboral con la dirección del grupo, José María Martínez ha hecho hincapié en que "lo fundamental" es que "el ajuste de plantilla sea un proceso negociado y no traumático".

   "Lo básico para CCOO es que las personas tengan las mejores condiciones y que sea voluntario", ha remarcado, al tiempo que ha apostado por que las "restricciones se produzcan mediante un acuerdo intergeneracional, con una salida digna para los trabajadores de mayor edad".

   Así mismo, ha reclamado que la dirección sea "absolutamente transparente" y determine la dimensión de la reestructuración que pretende abordar, y que afectará a 2.000 de los 14.000 trabajadores que conforman la plantilla de las cajas integradas en el SIP --sin contar a las empresas de los grupos--.

   Por otra parte, interrogado sobre la demanda interpuesta ante la Audiencia Nacional por CGT-CAM contra la mesa única, por la que este miércoles se celebrará el juicio, José María Martínez ha considerado que con esta medida "las secciones sindicales que rechazan la mesa no quieren atender la propia realidad".

   En su opinión, este miércoles cabe esperar que la Audiencia Nacional les comunique que "su demanda no tiene posibilidades de prosperar e intente obligarles a una conciliación, o entrar a juzgarlo, y que la sentencia salga en uno o dos meses".

La apertura de muchas investigaciones para depurar responsabilidades estanca la corrupción urbanística

MADRID.- La corrupción de políticos y funcionarios se ha estancado en España, después de cinco años de incremento, debido a la menor inversión inmobiliaria por el pinchazo de la burbuja urbanística y a la apertura de numerosas investigaciones para depurar responsabilidades en ese sector. 

Esta es la conclusión que se desprende del Índice de Percepción de la Corrupción 2010 elaborado por Transparencia Internacional (TI), que mide el grado de corrupción que las empresas y expertos atisban en el sector público de 178 países.

Según el presidente de la organización en España, Jesús Lizcano, España ha mantenido este año la nota cosechada en el ejercicio anterior (6,1 puntos) debido a la crisis económica, que ha hecho que exista "menos dinero disponible y menos inversión en el sector inmobiliario". 

Lizcano destaca en el Mapa Mundial de Corrupción, que los países que aparecen en rojo son los más corruptos pero que a tal corrupción contribuyen las empresas de países desarrollados, que aparecen en amarillo y con menor índice de corrupción. TI lleva a cabo también un índice de trasparencia en los ayuntamientos y está cerrando otro sobre las comunidades autónomas.

El catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria también ha explicado que en los últimos años "se daban todos los factores para que hubiera corrupción urbanística", especialmente en el sector público local. 

"Había un monopolio de los gobiernos municipales y especialmente de los alcaldes, había discrecionalidad, pocos controles y mucho dinero, lo que hacía de esas circunstancias un cóctel explosivo", ha dicho Villoria, que ha añadido que en la actualidad la corrupción ha mermado por la falta de liquidez, el aumento de la supervisión y la menor capacidad de los alcaldes para aprobar convenios.

Villoría ha citado la percepción del Eurobarómetro de la Unión Europea de 2009: el 75% creía que en su país había corrupción: en España se elevaba al 89% el porcentaje, porcentaje similar al de quienes consideraban que hay corrupción en los ayuntamientos. 

"Sólo el Cuerpo Nacional de Policía contabiliza 750 investigaciones con políticos implicados; 1.000 personas implicadas y más de 3.000 millones de euros incautados en casos en casos de corrupción", anotó Villoria va a tomar parte en una investigación que financia la Unión Europea para evaluar la calidad de la democracia en 27 países: empezarán por analizar los medios de comunicación.

En la presentación del índice, el jurista Antonio Garrigues Walker ha denunciado que España no tiene en cuenta la importancia de este y otros índices, como el de la innovación, a pesar de que hay herramientas para que los inversores decidan si apostar o no por un país.

Gracias a estos factores, España ha podido mantener su calificación este año y colocarse en el puesto 30 de los países menos corruptos del mundo, frente al puesto 23 que llegó a ostentar en 2004, cuando obtuvo una nota de 7,1 puntos, que no ha parado de descender desde entonces.

"Espero fervientemente que nos encontremos en un punto de inflexión" ha dicho el máximo responsable de Transparencia Internacional en España, que ultima un estudio sobre la corrupción en las Comunidades Autónomas. Los miembros de la organización también han confiado en que se mejore la inversión en personal especializado en la lucha contra la corrupción porque esas actuaciones siempre "dan resultados".

A nivel mundial, la crisis económica ha alterado este año sustancialmente la clasificación que elabora la organización, debido a que el rescate de entidades financieras afectadas por los activos tóxicos ha aumentado la percepción de corrupción en muchos países. No obstante, Dinamarca sigue liderando el listado de países menos corruptos, con una nota de 9,3, la misma que Nueva Zelanda y Singapur. Por regiones, en Europa suspenden ocho de 22 países mientras que en Asia Central y Europa del Este, suspenden todos.

El profesor Jesús Sánchez-Lambás, miembro del Comité Ejecutivo de TI, ha recordado que España viene descendiendo en su puntuación desde 2004. "Que sólo mantenga su puntuación y se sitúe en el puesto 30 de un total de 179 países es insuficiente al tratarse de la octava potencia mundial y ser la corrupción una de las mayores lacras mundiales". 

A su juicio, países como Islandia, Estados Unidos y Suecia desciendan posiciones arrastrados por impacto de la crisis y el comportamiento de los sistemas financieros, especialmente por la presencia de activos tóxicos procedentes del mundo inmobiliario.

En el lado contrario, suben posiciones Haití, Singapur y Chile. En el primer caso, por la presencia internacional y en los otros dos "por sus destacados esfuerzos en la lucha contra la corrupción". 

El país americano, rodeado de algunos de los más corruptos del mundo, ha incorporado a su legislación la responsabilidad penal de las personas jurídicas; una medida que también incorporará la reforma del Código Penal español que llega a contemplar la liquidación de la empresa implicada en procesos de corrupción. 

"Si bien requiere reforma procesal para que se aplique y no dará frutos en la lucha contra la corrupción hasta dentro de seis o siete años", según Sánchez-Lambás.

Alarte cree que PPCV está en "situación insostenible" y que los valencianos lo limpiarán antes que la Justicia

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha afirmado este lunes que el Consell y el PPCV está "desde hace meses en una situación insostenible" y considera que el presidente del PP, Mariano Rajoy, se ha equivocado con los cálculos de que sea la Justicia la que "limpie" el partido porque lo harán los valencianos en las elecciones. 

   Alarte se ha pronunciado de esta manera en rueda de prensa al ser preguntado por el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que considera que existen indicios de que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, pudo facilitar información privilegiada al constructor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, sobre la tramitación del nuevo PGOU.

   Al respecto, ha apuntado que será la candidata socialista a la Alcaldía de Alicante, Elena Martín, la que haga las valoraciones sobre esta cuestión, "en cuanto conozcan las acusaciones formales que hace la Fiscalía, "que desconocemos", ha apuntado.

   Por otro lado, opina que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "está equivocándose con un cálculo que ha hecho", que es que los "tribunales, fiscal y Policía, hagan su trabajo de limpieza del PPCV. A cambio, los valencianos sufrimos una situación terrible".

   "Se ha equivocado en el cálculo porque es muy probable que los valencianos le acaben haciendo el trabajo y de paso, que él tampoco gane las elecciones", ha apostillado.

Los empresarios piden que los nuevos funcionarios tengan "remuneraciones variables"

SANTANDER.- El nuevo presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Isak Andic, ha reclamado que los funcionarios que se vayan incorporando a la Administración tengan remuneraciones variables y una estabilidad laboral similar a la de los trabajadores de la empresa privada. 

   Andic ha apostado por "una retribución variable y una estabilidad en los puestos de trabajo similar a la empresa privada, de cara a las nuevas incorporaciones porque se entiende que los derechos adquiridos no se pueden tocar", aclaró anoche en el marco del XIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar.

   El presidente de Mango, que sustituye a Simón Pedro Barceló tras dos años en el cargo, ha matizado que las remuneraciones de los empleados públicos deben ser "variables para ganar eficacia y rentabilidad" en la administración pública.

   Andic ha adelantado algunos de los objetivos de su programa al frente del IEF y ha solicitado una mayor flexibilidad laboral, la reducción de las cotizaciones sociales, mejorar el marco fiscal para facilitar la exportaciones de las empresas españolas al extranjero y ayudas fiscales a la contratación de los jóvenes para que estén dos años exentos de cotizar a la seguridad social.

   Además, el presidente de IEF ha pedido al Gobierno que aumente el gasto destinado a educación y formación profesional para preparar a los jóvenes y luchar para que el abandono escolar baje del actual 30%. Andic también ha destacado la importancia de fomentar el inglés entre los jóvenes como sucede en países como Francia y Alemania.

   Por último, Andic ha pedido al Gobierno que lleve a cabo "sin dilación" todas las promesas económicas que "tenía hechas" y ha alabado el reciente cambio del Ejecutivo porque "da confianza".

   En este sentido, el director general del Instituto de la Empresa Familiar, Fernando Casado, ha añadido que el Gobierno "tiene que adelantar las reformas, decir cómo van a desarrollarse" para "dar confianza a las entidades financieras extranjeras porque la necesidad de España está en la financiación".

Aristóbulo de Juan aboga por iniciar otra oleada de fusiones e intervenir cajas infracapitalizadas

VALENCIA.- El primer secretario general del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y ex director general del Banco de España, Aristóbulo de Juan, ha abogado por acometer una "segunda oleada de fusiones" entre cajas de ahorro, que sea "muy diferente" a la realizada en los últimos meses e incluya intervenciones del Banco de España en entidades "infracapitalizadas" o "en situaciones de insolvencia no detectadas".

   Así lo ha señalado en la conferencia 'Enseñanzas (vigentes) de la patología bancaria y su aplicación en España' que ha pronunciado este lunes en Valencia y en la que ha planteado, a modo de hipótesis, la "estrategia alternativa" que se debería seguir "si el diagnóstico oficial, basado en que el sector de cajas tiene problemas de dimensión y de eficiencia, pero no de solvencia, no es el acertado". "Aunque ojalá lo sea", ha recalcado.

   En su opinión, "debería diseñarse ya un nuevo paquete de medidas con una alternativa diferente" que pase de "basarse en mecanismos de liquidez" a centrarse en "mecanismos de capitalización y cambios en el sistema de gestión de las entidades", para lo que considera "requisito indispensable" que exista "voluntad política".

   Ha remarcado que deberían producirse "nuevas intervenciones en entidades infracapitalizadas, con cambios inmediatos de consejeros y directivos y una investigación profunda de la situación real" de la entidad, para después inyectar capital, "comprar los activos malos" según el valor que poseen "en los libros" y estudiar "un préstamo o aval, pero siempre como complemento".

   De Juan considera que, para lograrlo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) "no es la solución" dado que obliga a las cajas a devolver las ayudas en cinco años a un precio "caro", en vez de obtener "inyecciones de capital fijo, que es lo que necesitan".

   Por este motivo, ha instado a recurrir al Fondo de Garantía de Depósitos "porque así quienes lo sufragarían serían las entidades privadas" y ha defendido que éstas podrían aumentar su aportación al FGD --1 por mil de la base de cálculo para las cajas y 0,6 para los bancos-- mientras que el propio fondo también puede recibir préstamos del FROB a través de emisiones de crédito.

   De Juan, que desde 1978 trabaja en crisis bancarias, ha destacado que la causa de la crisis de las cajas es la "mala gestión", por haber registrado "un crecimiento demasiado rápido y una asunción de riesgos desmedidos" concentrados en el sector inmobiliario.

   Así, ha hecho hincapié en que "el supervisor debe intervenir en cuanto detecta un nivel suficiente ende insolvencia en que apoyarse jurídicamente" para "investigar dentro de la entidad" porque "cuanto más tarde se aborda a fondo la insolvencia, más costoso resulta".

   "Una supervisión eficaz debe conllevar la comprobación directa e in-situ de la salud de las entidades", ha recalcado el ex director general del Banco de España, quien ha subrayado que las pruebas de esfuerzo "pueden ser instrumentos útiles, pero no siempre son inteligibles y realistas", por lo que "pueden equivocar al supervisor y hacerle bajar la guardia a la hora de valorar los activos e identificar la necesidad de provisiones específicas".

   En este punto, ha resaltado que "cuando las entidades tienen problemas serios, sus gestores suelen ocultar los problemas mediante el maquillaje de sus cuentas" --con instrumentos como "refinanciaciones de operaciones inviables" o la "sobrevaloración de los bienes recibidos en pago de deuda y de las acciones canjeadas por créditos--, de modo que "los peores créditos, aquellos que pueden cargarse a una entidad, nunca están contabilizados como morosos".

   Así, ha denunciado que ese "infraprovisionamiento" debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar la solvencia de esas entidades porque debería estar contemplada en el cálculo de los recursos propios --capital más reservas menos insuficiencia de provisiones-- y, de no ser así, "el capital regulatorio y el capital contable pueden servir para poco como indicadores de solvencia" e "incluso ocultar contablemente situaciones de descapitalización real".

   "Las situaciones de insolvencia nunca son declaradas por el banquero, o casi nunca", ha recalcado De Juan, quien ha agregado que "con frecuencia, tampoco son identificadas por los auditores ni por el supervisor hasta que la entidad se queda ilíquida", con lo que si esa insolvencia es "profunda", las "escasas pérdidas" que declara el banquero se doblan cuando son detectadas por el auditor externo, vuelven a duplicarse con la llegada de los inspectores y se multiplican nuevamente por dos con la intervención del regulador.

   "Y al final, se pone la entidad en venta y las pérdidas fruto de una 'due-diligence' --radiografía completa de la sociedad-- multiplicarán por dos las identificadas por los interventores".

   De Juan ha apuntado que, "en los procesos de saneamiento, resulta inevitable la adopción de medidas de repugnan" y ha precisado que "suele corresponder al Gobierno la asunción de pérdidas", que "constituye un pecado fiscal" pero "debe aceptarse con realismo" por tratarse de "un mal menor".

   Es más, ha defendido que "cualquier pérdida en que se incurra es buena, si resulta ser la última", y ha indicado que la "prueba de fuego" de una operación de saneamiento requiere "la pronta regeneración de la función del crédito y la capacidad de atraer inversiones fuertes que aseguren un futuro sostenible".

González Pons insta a Wikileaks a investigar a Rubalcaba para revelar "secretos oficiales" y "verdades"

SANTIAGO.- El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha invitado este lunes al portal de información Wikileaks a descubrir al vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, porque "tendrá oportunidad de sacar no sólo secretos oficiales, sino verdades que llevan mucho tiempo pidiendo ser desveladas".

   "Rubalcaba es candidato a la siguiente investigación de Wikileaks si es que apostamos por la libertad de información y el esclarecimiento de todas las verdades donde haya una democracia", ha advertido el dirigente popular, en declaraciones a los medios, antes de pronunciar la conferencia 'Nuevas tecnologías, nuevos derechos y nuevos ciudadanos'.

   Tras señalar que el Gobierno debería "replantearse" la acumulación de poder que queda en manos del vicepresidente Rubalcaba, González Pons ha señalado que la web que reveló información secreta en Estados Unidos (EE.UU.) sobre las guerras de Afganistán e Irak y Pérez Rubalcaba "son el uno para el otro".

"Son como el sheriff de Nottingham y Robin Hood", ha ironizado.

   "El día que Wikileaks descubra a Rubalcaba, sus años en la época de los GAL y en el actual Ministerio del Interior y su paso a la portavocía del Gobierno tendrá oportunidad no sólo de sacar secretos oficiales sino verdades que llevan mucho tiempo pidiendo ser desveladas", ha ratificado.

   Al tiempo, ha incidido en que el vicepresidente maneja "todas las fuentes de información confidencial del Gobierno", mientras que gestiona también "intereses de los medios públicos y privados", y se ha mostrado convencido de que, con esta acumulación de cargos, la libertad de expresión "sufre".

   "Que ningún español espere que Rubalcaba genere ningún puesto de trabajo porque no va a garantizar nada más que el suyo y el de Zapatero --el presidente José Luis Rodríguez Zapatero--", ha advertido, para concluir que, cuándo éste "llega", la verdad "siempre es la primera víctima".

El Ayuntamiento de Alicante regula las condiciones de implantación de Ikea

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, Miguel Carratalá, de la urbanizadora Viviendas Sociales del Mediterráneo, y representantes de Ikea han suscrito este lunes un convenio por el que se regulan las condiciones de implantación del centro comercial de la multinacional sueca en la ciudad.

   El convenio, suscrito en el Ayuntamiento alicantino, da paso al inicio del plazo de un mes que tiene el agente urbanizador para presentar una modificación puntual del Plan Parcial Rabasa.

   Según el delegado de Urbanismo en el Consistorio de Alicante, Alfonso Mendoza, la ratificación que se ha producido este lunes "permite que el urbanizador presente una modificación del Plan Parcial, que admitirá así la inclusión del centro comercial dentro del sector".

   Según Mendoza, este acuerdo es "muy beneficioso" puesto que permitirá la creación "de un gran número de puestos de trabajo" y "agiliza" la llegada de Ikea a la ciudad.

Gerardo Camps dice que es "absolutamente imposible" su implicación en el caso Brugal

ALICANTE.- El conseller de Economía, Gerardo Camps, ha asegurado este lunes que es "absolutamente imposible" que esté relacionado o implicado "con algo irregular" en torno a las adjudicaciones de varias actuaciones en los municipios de Alicante y San Vicente del Raspeig.

   Al término de su visita a las obras del Auditorio de la Diputación de Alicante, a preguntas de los medios de comunicación, ha considerado "infundadas" las informaciones que le vinculan a la investigación del caso 'Brugal'.

   "No tengo por costumbre pronunciarme sobre noticias que provienen de filtraciones que, yo diría en este caso, ya estamos acostumbrados desde el PP y desde las instituciones que gobierna el PP, normalmente interesadas, que suelen quedarse en nada y que además te colocan en una situación de indefensión porque no sabes exactamente si se te acusa de algo", ha dicho.

   "En mi caso ya les digo que es absolutamente imposible, si se te relaciona o implica con algo irregular, y que van más encaminadas a hacer de una noble tarea, como es la política, un lodazal".

   El conseller ha añadido que la noticia "es infundada porque es una filtración de un presunto informe policial" que ha asegurado que ni ha visto ni conoce y que, en su opinión, "está falto de coherencia".

   "Se me implica en no sé qué trama de un palacio que no está ni licitado, de otro parque cultural en otra localidad que no está ni licitada, y del mantenimiento de unos servicios en Ciudad de la Luz, que desde que la Ciudad de la Luz es Ciudad de la Luz, cuando nunca ese mantenimiento ha existido y no está ligado a ninguna empresa", ha defendido.

   En cuanto a las presuntas irregularidades en la concesión de un aval de 16 millones de euros al Hércules Club de Fútbol por parte del Instituto Valenciano de Finanzas, Gerardo Camps ha remarcado que este aval "es exactamente igual al que ha recibido el Valencia Club de Fútbol y el Levante C.F".

   "Si alguien cree que cuando es el Hércules Club de Fútbol el que recibe el mismo trato que otros equipos de fútbol de esta comunidad, eso está mal, yo soy de los que creo que todos los equipos de fútbol de esta comunidad tienen que recibir el mismo trato", ha dicho.

Castedo niega trato de favor a Ortiz en el PGOU ante el escrito de Fiscalía pero no admite preguntas al respecto

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha afirmado este lunes que en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad "no hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno" y ha negado haber recibido dádivas de este constructor, al que la Fiscalía Anticorrupción cree que hay indicios de que la primera edil pudo facilitar información privilegiada en relación con el planeamiento de la capital alicantina.

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, imputa a la regidora los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. En esta causa, y de acuerdo al informe policial, también está implicado el ex alcalde de Alicante y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, así como el subdirector general de Bancaja, José Cortina.

La acusación del fiscal, basada en las escuchas telefónicas del caso Brugal, describe tres supuestos hechos delictivos en los que habría estado implicada Castedo en calidad de concejal de Urbanismo de Alicante, cargo que ostentó hasta su llegada a la alcaldía en septiembre de 2008. El primero de estos hechos está relacionado con una supuesta información privilegiada al promotor Ortiz sobre la elaboración del nuevo PGOU.
En este apartado, Briones relata hasta tres encuentros de la entonces edil y el responsable del equipo redactor del planeamiento, el arquitecto Jesús Quesada, en las que supuestamente Castedo facilitó datos del PGOU. "El día 3 de julio de 2008 se produce una cita con Enrique Ortiz para proporcionarle el plano del plan general y se interviene una conversación entre ambos en la que Enrique Ortiz reconoce que el plano entregado es uno que él ya poseía pero sin la última modificación", reza el escrito.
El segundo hecho supuestamente delictivo hace referencia a "diseños a la medida de Ortiz" de otros aspectos del PGOU relacionados con los índices de edificabilidad previstos en distintos programas urbanísticos, entre ellos el APA-9, el PAU-3, Lomas Garbinet y Rico Pérez.
"El día 30 de julio de 2008 se produce una llamada con Enrique Ortiz en la que Sonia Castedo confirma que tiene un plano del PGOU y en la que el empresario le pide que "le pinte de azul" tres parcelas. Al parecer es lo que queda pendiente de cambiar, reconociendo dos zonas: al lado de Rabassa y la planta suya de Tizor", afirma el fiscal.
Y el tercer hecho supuestamente delictivo está vinculado a la remodelación del estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules, cuyo máximo accionista es precisamente Enrique Ortiz. "En fecha 26 de junio de 2008 se interviene una conversación entre Enrique Ortiz y Jesús Quesada en la que el jefe redactor del PGOU accede a prestar auxilio en el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez con la anuencia de Sonia Castedo, extremo este último que se confirma en la llamada al efecto", concreta el fiscal.
El escrito del ministerio público concluye con la relación de dádivas que Castedo habría recibido presuntamente por parte de Ortiz para garantizar esos favores urbanísticos. La lista de regalos, que incluye su primera etapa ya como alcaldesa, es la siguiente: Alojamiento y transporte a Andorra en las vacaciones invernales durante al menos los años 2008 y 2009; viaje y transporte a Ibiza con familia y amigos en las vacaciones veraniegas de 2009; regalo de un turismo de la marca Mini modelo Cooper para una persona de confianza de Sonia Castedo, a petición de esta última; solicitud a Enrique Ortiz, directa o a través de personas de confianza de Castedo, de la contratación de personal en sociedades de su órbita, según 'El País'.


Castedo, que ha comparecido en rueda de prensa convocada hoy mismo y en la que no ha admitido preguntas, ha facilitado el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, --en relación con una de las causas del 'caso Brugal' que el juzgado de Orihuela remitió a un órgano de Alicante-- que considera que existen indicios de que la alcaldesa pudo facilitar información privilegiada al constructor y máximo accionista del Hércules C.F., Enrique Ortiz, sobre la tramitación del nuevo PGOU.

   En el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, este órgano cree que  Castedo pudo pactar con Ortiz la remodelación del estadio Rico Pérez y recibir dávidas del empresario, algo que la primera edil ha negado. Según Fiscalía, Castedo podría haber diseñado y resuelto aspectos de la redacción del planeamiento "a la medida de Ortiz".

   La alcaldesa de Alicante ha asegurado que durante la elaboración del PGOU de la ciudad "no hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno" y ha señalado que no ha recibido dádivas de este empresario.

   La Fiscalía ha apreciado estos indicios en base a unas escuchas telefónicas, en 2008, de conversaciones intervenidas por la Policía entre Ortiz y Castedo, en las que se señala un "apaño" en el APA-9, en las 'Lomas Garbinet', en la zona del estadio Rico Pérez, y un cambio de ordenación en el PAU 3.

   Así, Castedo ha destacado que el APA-9 fue aprobado en 1993, su programa de actuación integrada se aprobó en 2003, y "se mantiene en el nuevo PGOU sin variación" respecto a lo que se autorizó en su momento. Del mismo modo, la alcaldesa ha señalado que no ha habido "incremento en la edificabilidad" ni en el APA 9 ni en el PAU 3.

   Además, la primera edil ha indicado que la remodelación del estadio José Rico Pérez se trataba de un proyecto "conocido perfectamente por todos los alicantinos", que Enrique Ortiz presentó al PP y al PSPV en el Ayuntamiento, y que "finalmente se frustró" porque se concluyó "que no era económicamente viable, ni aconsejable".

   También se ha referido Castedo a las acusaciones de "acuerdo lucrativo" para Enrique Ortiz "con la recalificación del estadio José Rico Pérez", una recalificación que fue "rechazada". Castedo considera que la Fiscalía entiende que el empresario tuvo información privilegiada al entregarle el equipo redactor del PGOU el "proyecto de finalización" del Plan, así como la ficha de planeamiento del sector que comprende el estadio.

   Sobre esto, la alcaldesa ha destacado que el artículo 83 de la Ley Urbanística Valenciana especifica que durante la redacción técnica del PGOU el ayuntamiento "formulará consultas y formalizará acuerdos con otras administraciones o entidades representativas de los colectivos ciudadanos particularmente afectados, reflejando su resultado en el expediente". En esta línea, ha añadido que Enrique Ortiz es "representante del Hércules C.F.", una entidad "representativa de la ciudad" y afectada por el Plan.

   Por último, la alcaldesa ha negado haber recibido dádivas por parte de Ortiz. En concreto el escrito hace referencia a un viaje a Andorra en 2008 y 2009, del que Castedo ha presentado facturas a su nombre; de un viaje en yate a Ibiza, que ha reconocido haber hecho; del regalo de un coche a una persona de confianza, que Castedo ha negado y del que ha enseñado facturas de compra, así como de la solicitud a Ortiz de contratación de personal en sus sociedades.

   Sobre este último punto, Castedo ha señalado que se ha valido "de sus influencias" para ayudar a personas que acuden diariamente al Ayuntamiento, en situaciones "dramáticas" por estar en paro, para lo que ha acudido a la empresa de Ortiz y "a todas las mercantiles con las que tiene relación el Ayuntamiento", algo que ha afirmado que seguirá haciendo.

   Por último, la primer edil del consistorio alicantino ha considerado que en "todas las acusaciones" que realiza la Fiscalía sobre ella ha existido "tergiversación", puesto que el Ministerio Fiscal "no ha concluido su investigación", ya que el documento oficial del PGOU "demuestra que no hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno de esta ciudad".

   Para Castedo, la no finalización de la investigación "quiebra el principio de inocencia" y se adentra en "la presunción de culpabilidad, valiéndose de información sesgada y no contrastada".

   "Si el fiscal hubiera terminado la investigación habría concluido que ninguna de las aspiraciones del empresario en cuestión fue atendida en el planeamiento urbanístico", por lo que "Enrique Ortiz no consiguió nada de lo que pidió", ha destacado Castedo.

   La primer edil ha considerado que se encuentra en un caso "jurídicamente inconsistente, que no se sostiene", por lo que no se trata de "un asusto judicial", sino del "comienzo de la campaña electoral de quienes ven en el PP no un adversario político, sino un enemigo al que hay que destruir", puesto que "se busca una condena mediática, conscientes de que una derrota electoral es harto improbable".

Las cajas de ahorro elevaron un 50% sus créditos a grupos políticos en 2009

MADRID.- La cajas de ahorros cerraron operaciones de financiación con los grupos políticos por importe de 41,38 millones de euros durante 2009, lo que supone un incremento del 50% respecto a 2008, cuando las entidades concedieron 27,44 millones de euros, según datos de la memoria de responsabilidad social corporativa de las cajas.

   A pesar del fuerte crecimiento experimentado en el último año, la financiación a partidos políticos sólo representa el 0,0044% de los préstamos totales de las cajas, que en 2009 alcanzaron 930.240 millones de euros. Del importe total concedido a los grupos políticos, el 73,70% del importe correspondió a préstamos, el 24,88% a créditos y el 1,18% a operaciones de aval.

   Asimismo, el importe total de las operaciones crediticias efectuadas con instituciones públicas (incluidos entes territoriales) que han participado en la designación de consejeros generales de las asambleas ascendieron en 2009 a 3.178 millones de euros. Del total, el 58,59% de las operaciones se realizaron con ayuntamientos, el 26,36% con comunidades autónomas y el 12,90% con diputaciones.

   Las entidades también llevaron a cabo un total de 513 operaciones vinculadas --aquellas que realizan con las personas con las que mantiene un vínculo estrecho-- con miembros de los consejos de administración por 144,48 millones de euros. El importe medio de las operaciones alcanzó los 281.640 euros.

   De la cantidad destinada a operaciones vinculadas, 59,8 millones correspondieron a préstamos y 56 millones a créditos. No obstante, estos importes son inferiores a los que las cajas destinaron durante 2008, ya que en este año concedieron 67 millones a créditos y 100 millones a préstamos.

   Las cajas de ahorros también cerraron con los miembros de los consejo de administración operaciones de aval, 'leasing', línea de riesgo, 'confirming' o comercio exterior, entre otras, por un importe de 28,61 millones de euros, un 28% menos que en 2008.

   Asimismo, las cajas formalizaron 191 operaciones con miembros de las comisiones de control, que alcanzaron 19,81 millones de euros, lo que deja un importe medio por operación de 103.686 euros. Del total, 11,58 millones correspondieron a préstamos; 3,3 millones a avales; 3,08 millones a créditos y 1,7 millones a otros.

El precio de la vivienda en España está sobrevalorado en un 47,6%

LONDRES.- El precio de la vivienda en España está sobrevalorado en un 47,6%, pese a los descensos registrados en los precios en los últimos meses, según el semanario británico 'The Economist', que constata que el ratio que compara el importe de venta de los inmuebles y el precio de los alquileres es más elevado en España que en el resto de las principales economías mundiales y europeas. 

   Tras España, Francia es, entre las principales economías del mundo, el país con el precio de la vivienda más sobrevalorado, en concreto un 42,5%. Por debajo, se encuentran el Reino Unido (32%), Canadá (23,9%), China (18,1%) e Italia (-10,5%). Incluso en Japón, Alemania y Estados Unidos el valor de la vivienda está por debajo del precio ideal: un -34,6%, un -12,9% y un -2,1% respectivamente.

   Entre el resto de los 20 mercados analizados por el semanario económico británico, tan sólo Hong Kong, con un ratio entre el importe de venta de los inmuebles y el precio de los alquileres del 58,1%, y Australia, con un 63,2%, superan el dato registrado por el sector inmobiliario español.

   Por otra parte, el semanario económico también analiza la evolución de los precios de la vivienda registrada en los últimos años en estos 20 mercados clave y constata que, a diferencia del "mar de porcentajes negativos" de 2009, sólo cuatro países registraron descensos en el precio de la vivienda en el tercer trimestre de 2010.

   En concreto, los precios de la vivienda descendieron en Italia (-2,8%), España (-3,4%), Japón (-4,9%) e Irlanda (-17%). Sin embargo, 'The Economist' también resalta que únicamente ha empeorado en este periodo "la catástrofe inmobiliaria de Irlanda", ya que España e Italia han visto moderarse estos descensos con respecto a las cifras de hace un año, cuando los precios bajaron un 8,3% y un 3,8% respectivamente.

   En este sentido, considera que los datos muestran una "separación habitual" entre los países más fuertes de Europa y los periféricos, ya que, frente a los descensos de Irlanda, España e Italia, Alemania y Francia han cambiado ya de tendencia y los precios de la vivienda comienzan de nuevo a subir, en concreto un 4,8% y un 6%, respectivamente.

   En el caso del Reino Unido, destaca que el ritmo anual de apreciación de los precios en el mercado inmobiliario del país se han ralentizado desde el verano, lo que hace temer nuevos descensos, dado que el precio de la vivienda británica está bastante sobrevalorado.

   Los mayores aumentos en los precios de la vivienda, al igual que en el informe publicado en julio, se produjeron en Asia, con Singapur (+23,1%), Hong Kong (+20,6%) y China (+9,1%) a la cabeza, junto con Australia (+18,4%). Además, la publicación muestra su sorpresa por que China subiera el pasado mes de octubre los tipos de interés y no hiciera lo mismo Australia, donde la vivienda está mucho más sobrevalorada.

Las ejecuciones hipotecarias en la Comunitat llevadas a los tribunales en 2009 aumentó un 54%

MADRID.- El volumen de ejecuciones hipotecarias en la Comunitat Valenciana llevadas a los tribunales se incrementó un 54 por ciento en 2009 hasta los 16.290 embargos, según un informe de Moody's Investor Service donde alude a datos del Consejo General del Poder Judicial.

   A nivel nacional se registraron el pasado año 93.319 ejecuciones hipotecarias, un 59 por ciento más que en 2008, cuando se registraron 58.686 ejecuciones.

   Cataluña registró 18.053 ejecuciones, un 61 por ciento; Andalucía un 55 por ciento hasta los 17.774 embargos; la Comunitat Valenciana contabilizó 16.290 embargos un 54 por ciento más, y Madrid, 10.655 ejecuciones, un 64 por ciento más. La comunidad que mayor incremento registró en el ultimo año en número de ejecuciones hipotecarias fue Aragón con un incremento del 98 por ciento hasta 2.478, y la región que menos incremento experimentó fue País Vasco, con un aumento del 27 por ciento, hasta 1.255 ejecuciones.

   En el conjunto nacional, el rápido deterioro de la economía española y las condiciones de falta de liquidez de su mercado inmobiliario han forzado a los bancos a realizar un número récord de ejecuciones hipotecarias en España desde 2007, según un informe de Moody's Investor Service.

   Estas ejecuciones hipotecarias elevan la severidad de las pérdidas y estrangulan la liquidez de las titulizaciones hipotecarias residenciales, dice un informe sobre procesos de litigios de hipotecas en España firmado por el vicepresidente de Moody's, Alberto Barbachano.

   El volumen de ejecuciones hipotecarias en España llevadas a los tribunales se incrementó un 126 por ciento en 2008 y un 59 por ciento en 2009 en tasa interanual. Sólo en el primer trimestre del ejercicio 2010 se registró el récord de 27.561 ejecuciones hipotecarias, dice la firma.

El PSPV considera que a Blasco "sólo le queda confiar en su abogado para librarse de posibles consecuencias penales"

VALENCIA.- La secretaria de Movimientos Sociales y ONG del PSPV y diputada del grupo parlamentario socialista en las Corts, Clara Tirado, ha destacado este domingo que el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, "no ha aclarado, ni aclarará dónde está el dinero, ni les enseñará un documento que indique que se ha reintegrado el dinero de esos inmuebles", por lo que, a su juicio, "sólo le queda confiar en su abogado para librarse de posibles consecuencias penales".

   La dirigente socialista se ha expresado en estos términos en un comunicado en relación a la "trama en torno a la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, por la que presuntamente ha malversado fondos públicos".

   Al respecto, ha aseverado que "es hora de que Blasco explique cómo se gastan dos millones de euros en un programa de alimentación y en la construcción de pozos". 

 Para Tirado, "llama la atención que, desde el primer momento, la Conselleria y Blasco hayan ido de la mano de la Fundación Solidaridad Entre Pueblos", que "está en estos momentos bajo sospecha y que no tiene acreditada experiencia en este tipo de construcciones de hospitales, porque es una fundación de reciente creación (2008)", ha subrayado.

   "Blasco está mintiendo y no los medios de comunicación que están publicando sobre el caso, a los que no ha dado explicaciones de dónde está ese dinero", ha manifestado Clara Tirado, quien ha declarado que "la operativa del señor Blasco se repite desde hace años", ya que "sigue siendo un experto en urdir tramas, generar asociaciones, organizaciones y colectivos de reciente creación, en muchos casos sin experiencia, y en crear relaciones cruzadas entre ellos y una serie de empresas que facturan".

"Y eso es lo que, una vez más, hemos visto que está sucediendo en cooperación", ha sentenciado.

   Según la diputada socialista, "es lamentable que se utilice la solidaridad, la cooperación y la ayuda al Tercer Mundo, para generar dinero a no sé quién y para que llegue al bolsillo de no se sabe quién".

   Asimismo, ha afirmado que el director general de Inmigración y Cooperación, José María Felip, "tendrá que explicar cómo una fundación sin experiencia se va de la mano de la Conselleria para hacer frente a un proyecto de estas características, algo cuanto menos curioso". En esta línea, ha apuntado que "se trata de las adjudicaciones de unas subvenciones claramente irregulares y que generan un rosario de presuntos delitos".

   Además, ha explicado que Felip, "seguramente fue nombrado para poder firmar este expediente, porque sus predecesoras en el cargo dimitieron precisamente porque se negaron a firmar el expediente".

   Así, ha denunciado que José María Felip "firmó la subvención para dos proyectos con un importe de dos millones de euros que debían ir destinados a la construcción de pozos en Nicaragua y a un programa de soberanía alimentaria", y, ha concluido: "de este dinero, al país de destino no han llegado ni siquiera 100.000 euros".

Compromís exige "límites y reglas claras" a la actividad crediticia para evitar "abusos" de los bancos

VALENCIA.- El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha registrado en las Corts una proposición no de ley para introducir "límites y reglas claras" a la actividad crediticia para "evitar abusos por parte de las entidades financieras y el sobreendeudamiento familiar". 

   Según publica el Boletín Oficial de las Corts Valencianes (BOCV), la coalición exige también que  los particulares insolventes que sean deudores "de buena fe", de la misma manera que lo hacen las empresas, "puedan liquidar sus deudas y empezar de cero".

   Por ello, reclama hacer extensiva la dación de la vivienda habitual en pago de la deuda hipotecaria, es decir, "con lo entrega de la vivienda, la persona puede saldar la deuda con la entidad financiera y no se le embarga ningún otro patrimonio familiar; con la entrega de las llaves queda resuelta la deuda".

   En su opinión, "no es justo" que la persona insolvente por causas sobrevenidas se vea "abocada a la exclusión social y financiera, cuando, por otra parte, el banco ya se queda con su vivienda habitual".

   De esta manera, pide incorporar a las administraciones autonómicas y locales la implementación de fórmulas mediante las que estas administraciones tengan "derecho de tanteo y retracto" en las subastas de viviendas ejecutadas para poder paralizar el desahucio.

   Asimismo, reclama que la administración tenga prioridad en la adquisición de aquellas viviendas desahuciadas para crear un parque de VPO en una zona concreta y problemática de un determinado municipio o para ofrecerlos en alquiler a los antiguos propietarios en condiciones asumibles por los mismos.

Rubalcaba también se hace con el control del Centro Nacional de Inteligencia

MADRID.- El recién ungido por José Luis Rodríguez Zapatero como vicepresidente primero, ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, también acumulará el poder del control político efectivo sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Fuentes de la lucha antiterrorista trasladan a La Gaceta su inquietud por el poder que acumula el también ex portavoz del Ejecutivo de Felipe González, dados los precedentes en la materia.

“Está cantado, Zapatero apuesta por el final de ETA como última baza de la legislatura y delega en Rubalcaba, cediéndole hasta el control político de los servicios secretos y la potestad de marcar las líneas maestras de su actuación”, alertan las mismas fuentes.

Efectivamente, tal y como establece la Ley 11/2002, de seis de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (la norma que sustituyó el antiguo Cesid por el actual CNI regulando con rango de ley los servicios de información), la principal misión de la casa no es otra que la de “proporcionar al Gobierno la información e inteligencia necesarias para prevenir y evitar cualquier riesgo o amenaza que afecte a la independencia e integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones. 

Para ello, pese a lamentables episodios de un pasado no tan lejano, el centro se adscribe al Ministerio de Defensa con unos “objetivos definidos por el Gobierno” que se aprueban anualmente “por el Consejo de Ministros y se plasmarán en la Directiva de Inteligencia”.

El espionaje español se coordina con el resto de servicios de información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que ya controlaba Rubalcaba mediante “la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, presidida por el vicepresidente del Gobierno que designe su presidente, e integrada por el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Economía, el secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado, director del Centro Nacional de Inteligencia” .

De acuerdo con la ley, la citada comisión es la que propone al presidente “los objetivos anuales” del CNI. Esto es, Rubalcaba asume el control político de las directrices que deben guiar la actuación del espionaje español. También debe “realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo de los objetivos” del CNI y velar por la coordinación de éste con los FyCSE y “los órganos de la Administración civil y militar”.

La Comisión de Rubalcaba se reúne con una periodicidad mensual, aproximadamente, y el vicepresidente primero, ministro del Interior y portavoz del Gobierno deberá presentar la Directiva Anual de Inteligencia, secreta, antes de que concluya 2010.

Con la dirección político y gubernamental del Centro Nacional de Inteligencia, Rubalcaba acumula toda la información sensible recabada por y para el Estado y ordena sus líneas maestras. Cierra el círculo y se asegura un particular desquite con los servicios secretos, organismo con el que ha mantenido roces más o menos soterrados como los de 2008 (entonces dirigía la Casa Alberto Sáiz, hombre de confianza del multipropietario presidente del Congreso, José Bono).

Clemente asegura que el PPCV está "absolutamente harto de la cacería política que tiene montada Rubalcaba"

ALICANTE.- El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, ha afirmado este sábado en Torrevieja que en esta formación "estamos absolutamente hartos de la cacería política que tiene montada Rubalcaba con esa parte de la Policía que trabaja para él" y ha asegurado que "cada vez que las perspectivas electorales del PSOE disminuyen", sale en los medios de comunicación alguna investigación relacionada con dirigentes del PP.

   Así lo ha indicado en rueda de prensa al ser preguntado por los medios de comunicación por la información que publica este sábado El País sobre la implicación del conseller de Economía, Gerardo Camps, en el 'caso Brugal', que investiga presuntas irregularidades en la contrata de los servicios de tratamiento de basuras en la Vega Baja, según no de los informes policiales del sumario.

   Clemente ha asegurado que esto "es absolutamente intolerable" y ha considerado que "no ha pasado jamás en democracia que se pretenda, de forma tan reiterada, conseguir en los juzgados lo que no se puede conseguir por las urnas".

   En su opinión, "cada vez que las perspectivas electorales del PSOE disminuyen, nos encontramos con una amplia investigación retransmitida por los medios de comunicación, donde se explicita que se está investigando a dirigentes del PP". El dirigente 'popular' ha recalcado que le gustaría que esta investigación se realizara "con la misma contundencia con las reales anomalías que se están detectando en la gestión de dirigentes socialistas".

Alarte dice que el Consell pone en venta el patrimonio de los valencianos "para pagar las facturas de la corrupción"

MADRID.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha manifestado que la Comunitat Valenciana "vive en un estado de alarma" y que el Consell "pone en venta el patrimonio de los valencianos y valencianas para pagar las facturas de la corrupción". 

"Este estado de alarma por el futuro de la Comunitat tiene un culpable claro: un gobierno que decide vender las sedes de sus Consellerias para pagar las facturas de la corrupción", ha incidido.

   Alarte se ha pronunciado en estos términos durante su intervención en el Comité Federal del PSOE, celebrado este sábado en Madrid, en el que el dirigente socialista valenciano ha asegurado que en la Comunitat "contamos por cien los imputados y son innumerables los casos de corrupción", según ha informado el PSPV en un comunicado.

   Para Alarte, "en la Comunitat nos jugamos algo más que unas políticas u otras, nos jugamos la democracia". Así, ha aseverado que ésta es "una comunidad muy importante para el Estado español" a lo que ha añadido que el cambio "será posible".

"Y lo haremos desde la humildad, desde el convencimiento, el compromiso y desde la decisión colectiva de todos los socialistas valencianos de dar la batalla, de mirar a la gente, de hablar, como decía Pablo Iglesias, al corazón y a la inteligencia, y de no amilanarnos ante tanta desvergüenza e indecencia", ha asegurado.

El alcalde de Benidorm expresa su "gratitud absoluta" al PSOE y asegura que no va a "defraudar a nadie"

BENIDORM.- El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, ha expresado este sábado su "gratitud absoluta" al PSOE, después de que el Comité Federal del partido haya ratificado su candidatura, y ha asegurado que no va a "defraudar a nadie".

   Navarro ha destacado que va a seguir gobernando con el objetivo de que "los vecinos de Benidorm tengan lo mejor que un alcalde les pueda dar". Asimismo, ha indicado que ha estado trabajando "desde la honradez" lo que "ahora ha dado sus frutos".

    El Comité Federal del PSOE, máximo órgano del partido entre Congresos, ha ratificado este sábado la candidatura de Agustín Navarro, declarado tránsfuga por el Pacto Anti transfuguismo, para el Ayuntamiento de Benidorm. Durante la reunión del Comité no ha habido alusiones a esta candidatura, que se ha aprobado por asentimiento junto a la de todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.

   La candidatura de Benidorm ha provocado malestar entre varios dirigentes del PSOE, pero ninguno ha pedido votarla por separado en la reunión del Comité Federal. El presidente del partido, Manuel Chaves --que preside el Pacto Antitransfuguismo como ministro de Política Territorial--, dijo públicamente que no le gustaba pero que serían los órganos del PSOE quienes decidieran.

   La candidatura llegó con el aval del PSPV y sólo podía ser aprobada por el Comité Federal, porque Agustín Navarro es independiente --dejó el PSOE hace un año, junto a todos los concejales que firmaron la moción de censura para desbancar al PP de la alcaldía-- y la Comisión Federal de Listas no tenía competencias para decidir sobre ella.

El alcalde de Torrevieja anuncia que no se presentará a las próximas elecciones

TORREVIEJA.- El alcalde de Torrevieja, el 'popular' Pedro Hernández Mateo, ha anunciado este sábado que no se presentará a los próximos comicios municipales, como ya dijo en la última campaña electoral, cuando pidió el voto "por última vez". Asimismo, ha dicho que se pone a disposición del partido para otras tareas que le puedan encomendar, aunque, según ha dicho, "no habría problema en que me fuera a mi casa".

   Hernández Mateo ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en Torrevieja, en la que ha estado acompañado por el secretario general del PPCV, Antonio Clemente; por el vicesecretario de Organización del partido, David Serra; y por el vicesecretario general del PPCV, José Císcar.

   El primer edil de Torrevieja ha explicado que en las últimas elecciones dijo que no volvería a repetir como candidato y pidió el voto "por última vez". Así, ha incidido en que "las cosas que se dicen hay que cumplirlas". Además, ha dicho que esto también se lo prometió a "alguien que quiero más y que es mi familia".

   El alcalde ha subrayado que deja "la política municipal", pero se pondrá a disposición del partido "para otras tareas que me puedan encomendar". No obstante, ha destacado que "no habría problema de que me fuera a mi casa".

   En su opinión, esta decisión la ha tomado "en el momento oportuno" ya que "quedan siete meses de legislatura para seguir trabajando con mayor ilusión que el primer día".

"Vamos a trabajar con ahínco y como presidente local del partido voy a poner a trabajar  a todas las bases del partido en busca del mejor candidato para las próximas elecciones", ha indicado.

   Hernández Mateo ha asegurado que está "tranquilo, satisfecho y conforme" con lo que ha hecho "gracias a la ayuda de los compañeros que he tenido estos años". Asimismo, ha dicho que "si ponemos luces y sombras, me quedo con más luces en la gestión".

   Además, ha pedido que no se "especule" con nombres de posibles candidatos. Al respecto, ha asegurado que en Torrevieja "no existen familias, ni corros, existe un partido fuerte, con vocación de servicio que quiere ganar las próximas elecciones".

   Asimismo, ha destacado que el PP es un partido "fuerte, cohesionado y que no tiene una sola fisura en cuanto a su funcionamiento". Del mismo modo, ha aseverado que han hecho "los deberes".

   También ha hecho hincapié en que se ha logrado una "incorporación extraordinaria" de afiliados del PP de Torrevieja, al alcanzar la cifra de 1.819 afiliados. Todos son "posibles candidataos, con los mismos derechos", ha apostillado.

   Por su parte, Antonio Clemente ha manifestado que el PPCV "respeta" la decisión de Hernández Mateo "como no puede ser de otra manera", pero ha añadido que "mentiría si dijera que nos alegramos". En este sentido, ha mostrado su deseo de que "no se retire del todo" y se ha mostrado convencido de que "ocupará responsabilidades en el partido, dentro de la mayoría absoluta que el PP alcanzará el 22 de mayo".

   Clemente considera que Hernández Mateo ha tomado una decisión "correcta", ya que el alcalde tenía "un compromiso familiar y político". Asimismo, ha destacado que es "una garantía" que el actual primer edil vaya a continuar como presidente local. Así, augura que con su "buen saber hacer" se conseguirá "el mejor resultado posibles para Torrevieja".

   El dirigente popular ha señalado que "el PP va a seguir funcionando porque Pedro va a estar allí", pero también porque el partido, a su juicio, está "fuerte, unido, sin fisuras, tanto en Torrevieja, como en la Comunitat Valenciana y en España".

   "Si fuera socialista en Torrevieja me lo haría mirar", ha destacado Clemente, quien considera que "es para preocuparse el haber perdido todas elecciones durante tantos años".  

   Pedro Hernández Mateo, de 62 años, es presidente local del Partido Popular de Torrevieja desde 1983 y alcalde del municipio desde 1988. También ha sido vocal del comité regional del PP y portavoz de turismo y medio ambiente en las Corts Valencianes.