miércoles, 27 de octubre de 2010

Puxeu asegura que las críticas del PP hacia la ministra Aguilar por el tomate "rayan la demagogia"

MURCIA.- El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ha asegurado que las acusaciones del PP de la Región de Murcia a la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, sobre el tomate, "rayan la demagogia". 

   Puxeu ha salido al paso de las declaraciones del portavoz parlamentario del PP en la Asamblea Regional, Juan Carlos Ruiz, quien acusó a la ministra de "venderse por sillón ministerial" y "traicionar" lo que solidariamente apoyó como miembro del Gobierno andaluz, que suscribió el 4 de octubre en contra de nuevos cupos de importación de tomate marroquí a la UE.
   A juicio de Puxeu, "buscar la bronca política con algo que el PP cuando estaba en el Gobierno defendía y aplaudía raya la demagogia". Otra cosa, subrayó, "es la defensa legítima de los productos del tomate para mejorar su posición", que pasa, explicó, "por la buena defensa del tomate español y una buena línea de apoyo para mejorar su competitividad". Ésa, recalcó "es nuestra posición y no hay ningún cambio, ni mucho menos".
   En este sentido, Puxeu explicó que los acuerdos euromediterráneos son un tema muy amplio y complejo "con amplísimas repercusiones económicas y sociales, todas ellas favorables para el espacio euromediterráneo".
   Y dentro de estos acuerdos, indicó, "que son bien enviados desde la Conferencia de Barcelona y se han ido reanudando y rehabilitando en el año 95 y 2003".
   De hecho, en el año 2003, "el vicepresidente Javier Arenas y el ministro Miguel Arias Cañete aseguraban que eran favorables para la economía española y especialmente para la andaluza", ha recordado.
   Pero, indicó, "ahora nos encontramos ante un proceso de finalización de negociaciones por parte de la UE, los países ribereños y en caso abierto con Marruecos".
   Se han declarado una serie de productos sensibles, frutas y hortalizas, especialmente tomates, y esa producción en España mantiene la posición de liderazgo con 4,6 millones de toneladas de producción.
   Dentro del renglón de frutas y hortalizas, continuó, "nuestro producto interior y exportaciones se acerca a los 18.000 millones de euros, y el tomate es una producción muy importante en volumen, y está muy focalizada en zonas con empresas muy competitivas y potentes en Almería, Granada, Murcia y Alicante".
   Por su puesto, señaló, "hemos defendido y defendemos en nuestros acuerdos esta singularidad y esta situación sensible para esa producción pidiendo un mayor volumen --que está pendiente de ratificación por el Parlamento Europeo--, con un incremento de 50.000 toneladas en un periodo determinado y con unos precios de entrada que respeten las producciones españolas".
   Además, concluyó, "tratamos de avanzar en un plan de apoyo y mejora de competitividad al sector del tomate español y para ello ya se ha aprobado, en conferencia sectorial, dotar de un presupuesto especial con fondos nacionales para hacer más competitivas las producciones españolas".

El TSJCV se declara competente en las querellas del PP contra Ángel Luna

VALENCIA.- El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) se ha declarado competente para hacerse cargo de las dos querellas presentadas por el PP contra el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, por supuesta revelación de secretos y por presunto cohecho.

La primera querella contra el portavoz socialistala presentó el PP por esgrimir durante una sesión un documento del sumario del caso Gürtel que estaba bajo secreto de sumario. La Sala de lo Civil y Penal se hace cargo así de la causa que investigó del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, al que le pide las diligencias. En un comunicado, el TSJCV explica que pedirá la certificación de la condición de diputado de Luna y de su condición de portavoz. "El magistrado instructor decidirá en su momento sobre la personación instada por quienes han presentado la querella", añade.
El PP decidió presentar la querella contra Luna por exhibir en un pleno de las Cortes del pasado mayo un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía sobre la adjudicación de contratos por parte de RTVV en la visita del Papa a Valencia en 2006, en el marco de la investigación del caso Gürtel. Según el PP, el documento aún estaba bajo secreto de sumario en ese momento.
Tras conocer esta decisión de la Sala de lo Civil y Penal, Luna ha manifestado que se encuentra a la "entera disposición" del TSJ valenciano y ha subrayado que va a estar incurso en un procedimiento judicial "por denuncia de una colla de imputados encabezados por el propio presidente" de la Generalitat, Francisco Camps. "A mí no me denuncian los jueces, ni los fiscales ni la policía", ha remarcado. También ha censurado Luna que los populares "no paran de descalificar a los fiscales, a los jueces y a los policías", mientras que él respeta "profundamente" la actuación de los tribunales, y en concreto del TSJ valenciano. "Hay una denuncia que tiene que ser instruida, esa denuncia me afecta a mí y, por tanto, como aforado tienen que instruirla ellos; soy totalmente respetuoso y desde este momento me declaro a su entera disposición para lo que quieran disponer en relación con mi persona", ha añadido el portavoz socialista.
La Sala de lo Civil y Penal también se ha declarado competente para investigar a Luna en relación con la segunda querella del PP por un supuesto delito de cohecho durante su etapa como alcalde de Alicante, entre los años 1991 y 1995. El PP acusa a Luna de haber aceptado que empresas del promotor Enrique Ortiz se hicieran cargo de una reforma en su casa por valor de 698.600 de las antiguas pesetas como supuesta compensación por favores que le habría realizado mientras fue alcalde. La reforma del piso se hizo cuando Luna ya no ejercía ningún cargo público.En esa misma querella, el PP acusa a Luna de prevaricación por presuntas irregularidades en los procesos de licitación pública durante su etapa como alcalde, pero el TSJ rechaza esta acusaciónpor entender que del relato de los hechosno se desprende indicio alguno de ese delito.
El TSJ pide 9.000 euros, a pagar de forma solidaria, para que el PP pueda personarse como acusación popular en la causa.

Nuevas revelaciones del 'caso Brugal'

ALICANTE.- Las conversaciones grabadas por la policía a Enrique Ortiz, todopoderoso empresario y promotor inmobiliario en la Comunidad Valenciana implicado en los casos de corrupción Gürtel y Brugal, han destapado nuevos indicios delictivos en la adjudicación de contratos por parte de varias consejerías del Gobierno de Francisco Camps y por el Ayuntamiento de Alicante bajo el mandato del anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, ambos del Partido Popular.

En las conversaciones, a las que ha tenido acceso 'El País', se detallan diversas gestiones de Enrique Ortiz con personas muy próximas al Gobierno valenciano para negocios pagados con dinero público.
- Juzgados de Valencia. En una de las conversaciones, correspondiente a 2008, Ortiz habla con Alberto de Rosa, hermano de Fernando, entonces consejero de Justicia valenciano y hoy vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. Alberto de Rosa le pregunta a Ortiz por qué no se ha presentado al concurso de construcción de la Ciudad de la Justicia de Paterna y este le responde que porque creía que Lubasa era la empresa que podía llevarse el mismo. El hermano del consejero le dice que Lubasa está en Villareal y ambos quedan para comer y Ortiz le dice: "Voy a dar la orden a partir de ahora de que nos presentemos a todo lo que salga". El hermano del consejero le contesta: "Perfecto". Tras esta conversación, Ortiz habla con un subordinado de su empresa y le reprocha que no se hayan presentado al concurso de Paterna con la siguiente advertencia: "Tenemos que presentarnos, de las consejerías, a toda la Comunidad, a las diputaciones igual. A lo de la Comunidad tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!".
- Concurso eólico. Enrique Ortiz pretende sacar tajada del concurso de parques eólicos de la Comunidad Valenciana y llama al dueño de la empresa Sedesa, Vicente Cotino, hermano del consejero valenciano Juan Cotino, para preguntarle si se presentan al concurso con Diversia. Pero Cotino, que parece tener información privilegiada sobre ese proyecto multimillonario, le desanima: "Olvídate". Ortiz le insiste: "¿Eso no se puede amañar, o qué?". Y Cotino le informa de que está "todo el pescado vendido", que el concurso está adjudicado de antemano porque se "ha comprometido el presidente", y aunque se presentarán diversas empresas, como Endesa o Acciona, se adjudicará a Iberdrola, que irá con Bancaja.
- Plan Rabassa de Alicante. El alcalde de Alicante en 2008, Luis Díaz Alperi, del PP, apremia al empresario Enrique Ortiz para sacar adelante el Plan Rabassa, la mayor operación urbanística en la ciudad de Alicante con el desarrollo de 13.500 viviendas en la periferia.
Por la conversación se deduce que el Ministerio de Fomento tiene en sus manos la aprobación definitiva del proyecto y falta la autorización del director general de Carreteras. A este proyecto se opuso la Delegación del Gobierno, porque no estaba garantizado el suministro de agua para la nueva población de las 13.500 viviendas, y también el PSOE. El regidor Díaz Alperi mete prisa a Ortiz: "Enrique, el tema de Rabassa hay que espabilarlo por Dios". Y el promotor inmobiliario le cuenta que ha quedado con "Chema Pajín", padre de la actual ministra de Sanidad, que entonces trabajaba como asesor en la Subdelegación del Gobierno, "a ver si me hace una gestión". El alcalde de Alicante le contesta: "Bueno, pues que Leire coja y hable con el director general y ya está".
La actual ministra y entonces secretaria de Organización del PSOE, afincada familiarmente desde hace años en Benidorm (Alicante), se mostró anoche muy tranquila sobre el contenido de estas conversaciones. Pajín sí quiso dejar claro que como diputada y destacada dirigente socialista de Alicante ha tenido durante años muchos encuentros y contactos con el alcalde popular, sobre muchos temas, especialmente en su época de secretaria de Estado de Cooperación. Pero negó tajantemente que jamás haya hecho ninguna gestión a favor del regidor, ni mucho menos del empresario Enrique Ortiz, y matizó que siempre ha sido contraria al denominado Plan Rabassa.
Sobre la mención en las conversaciones entre Ortiz y Díaz Alperi a su padre, la ministra comentó que en esa época su progenitor era asesor de la Subdelegación del Gobierno.
Previamente a esas conversaciones sobre la familia Pajín, Ortiz también habló con sus colaboradores sobre la manera de premiar a un cargo de la Dirección Provincial de Carreteras, dependiente de Fomento, para que ayudase en las autorizaciones necesarias para sacar adelante el Plan Rabassa.

"Me ha llamado mi hermano..."

Alberto de Rosa es director general de Ribera Salud, una empresa privada que gestiona cinco hospitales públicos de la Comunidad Valenciana. En junio de 2008, Alberto de Rosa, hermano de Fernando de Rosa, entonces consejero de Justicia, habla con Enrique Ortiz:
Alberto de Rosa. Me ha llamado mi hermano y me dice, oye, que no se ha presentado Enrique a Paterna.
Enrique Ortiz. En Paterna... ¿A qué provincia pertenece Paterna?
A. de R. A Valencia.
E. O. ¿De cuánto era la obra?
A. de R. No lo sé, de 10 u 11 millones.
E. O. Eso es lo que me dijiste que estaba muy bien Lubasa.
A. de R. No, ese era Villareal.
E. O. Ostias.
A. de R. No pasa nada, oye.
E. O. Vamos a quedar, yo voy a dar orden a partir de ahora que todo lo que salga que nos presentemos.
A. de R. Perfecto.
E. O. Tenemos que quedar la semana que viene y comemos los tres.
A. de R. Vale, perfecto.
Ortiz habla luego con uno de sus empleados al que le explica: "Yo le llamo a Alberto de Rosa para comer con su hermano para pedir alguna de las adjudicaciones. Me dice, el de Villareal es para Lubasa pero el de Paterna puede ser, y ahora me llama y me dice, si no te has presentado. Le voy pidiendo y no me presento. Tócate los cojones. Y ahí tenemos un huevo de posibilidades, tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!... Alberto, que nos llevamos de puta madre, me dice, pero Enrique ¿Cómo puede ser esto? Se ha quedado alucinado."

"Está el pescado vendido ya"

El 13 de junio de 2008, Enrique Ortiz llama a Vicente Cotino, hermano del consejero valenciano Juan Cotino. Ambos son empresarios, adjudicatarios de múltiples contratos de la Administración valenciana. Ortiz le pregunta si se presentan al concurso de los parques eólicos con Diversia.
Vicente Cotino. Olvídate.
Enrique Ortiz. ¿Eso no se puede amañar o qué?
V. C. Está todo el pescado vendido.
E. O. Ya, pero, y ¿quién está? ¿Quién está metido ahí?
V. C. Iberdrola, para él.
E. O. ¿Todo?
V. C. Sí.
E. O. ¿Y nada para nadie?
V. C. Es que van a traer a Iberdrola Renovables y se ha comprometido el presidente.
E. O. Entonces no hay ni que pensar en eso.
V. C. Nada, no pierdas ni un minuto.
E. O. Es que me ha llamado gente de Eólicos de Castilla-La Mancha.
V. C. Nada, tú diles que no, que es mucha inversión o lo que quieras, pero eso está vendido el pescado.
E. O. ¿No vamos a ir nadie?
V. C. Irá Endesa, irá Acciona, irán los que tengan que ir, pero de acompañamiento.
E. O. ¿No hay manera de que nos metan en ningún lado a nadie?
V. C. Nada. De todas formas, yo el lunes he quedado con José Luis. Si quieres se lo digo, pero imposible.
E. O. Hombre, Diversia deberíamos. Yo, yo lo digo porque ¿quieres que le diga yo algo a Mario?
V. C. No, Mario no pinta nada ahí.
El concurso eólico fue adjudicado en junio del año siguiente a la empresa Iberdrola Renovables.

Esquerra Unida se personará en el 'caso Brugal'

VALENCIA.- La diputada y coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Marga Sanz, ha anunciado que su formación se personará en el caso Brugal "en lo que afecta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, "para estudiar qué está sucediendo" y si ha habido tratos de favor al promotor Enrique Ortiz por parte de cargos del PP, como sostiene el fiscal. EU pedirá, además, la paralización del planeamiento, que aún no está aprobado definitivamente.

Sanz ha exigido al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que dé explicaciones sobre las últimas informaciones publicadas con conversaciones de implicados en el caso Brugal, ya que, en su opinión, "ha llegado a extremos que exigen una explicación inmediata de lo que está sucediendo". Se trata de "hechos gravísimos donde se implica a la cúpula del PP en Alicante" y "esto está salpicando al conjunto del PP y de las instituciones y exige una respuesta", ha remarcado la coordinadora general de EU. La investigación de la fiscalía "exige una explicación del presidente por la dimensión que está tomando este caso y que excede lo que en estos momentos podría ser contestado por un consejero, alcaldesa u otra persona de la administración valenciana", ha subrayado Sanz.
La pieza separada del caso Brugal que afecta al plan urbano de Alicante implica a una veintena de personas por cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada, entre ellas la alcaldesa, Sonia Castedo; su antecesor, Luis Díaz Alperi, y cargos de la CAM y Bancaja. En el centro de la trama, el fiscal sitúa al promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, que también está imputado en el caso Gürtel por supuesta financiación ilegal del PP.

Ortiz pagó al hijo de Alperi las acciones de una empresa

ALICANTE.- El promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, colmó con una extensa lista de regalos al ex alcalde de Alicante y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, del PP, para garantizarse un trato de privilegio en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según recoge el escrito del fiscal Anticorrupción sobre esta pieza separada del sumario general del caso Brugal y plasma 'El País'. 

Ortiz, que posee de manera directa el 25% del suelo urbanizable de Alicante y hasta el 70% con unión con otras firmas, es el cabecilla de esta trama, según el fiscal y la policía. El regalo más destacado de Ortiz a Alperi fue, según el fiscal, el pago de la cuota de constitución de la empresa Verass Operadores a Otto Luis Díaz Alperi, hijo del ex primer edil.
En esta causa, aún bajo secreto del sumario y que dirige el Juzgado número 5 de Alicante, el fiscal acusa a un total de 21 personas. Estas diligencias están en el DVD que el instructor del sumario general, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, entregó el viernes a las partes. Ayer, San Martín dictó una providencia exigiendo la devolución del DVD y la destrucción de las copias.
La lista de acusados en esta causa está encabezada por Ortiz, seguido de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y Luis Díaz Alperi, por los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias. También están implicados el ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Vicente Sala, y el director de inversiones inmobiliarias de la entidad, Daniel Gil y, junto a ellos, Juan Zurita y José Cortina, directores generales adjuntos de Bancaja. Los cuatro están acusados de aprovechamiento de información privilegiada. La implicación de estos altos ejecutivos de la CAM y Bancaja estaría relacionada con la compra de suelo rústico en zonas protegidas para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras áreas urbanizables de la ciudad.
Entre el resto de los 21 imputados, sobresale María Manuela Carratalá, esposa de Ortiz, en este caso por cohecho, el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y el ex concejal socialista Javier Gutiérrez, estos por los delitos de tráfico de influencias y revelación de información privilegiada.
El resto dádivas que supuestamente recibió Luis Díaz Alperi del promotor Ortiz son éstas: gestión y posible pago de un viaje a la isla de Creta en jet privado, posible abono de determinadas viviendas a los tres hijos del ex alcalde a través de una sociedad interpuesta, finalización de una promoción de viviendas promovidas por Otto Alperi, pago de un palco para seis personas en el estadio Rico Pérez y posible entrega de una "cantidad grande" de dinero por parte de la esposa del contratista.

Zaplana dice sentir "gran tristeza" por la situación en la Comunidad Valenciana

MADRID.- Eduardo Zaplana ha vuelto por un rato a la arena pública. Y lo ha hecho para criticar con dureza la situación que se vive en la Comunidad Valenciana, que él gobernó desde 1995 hasta 2002. Cuando se fue, le sucedió el que entonces era su fiel seguidor y después su principal rival político, Francisco Camps. Zaplana ha señalado, preguntado por la riada de escándalos de corrupción que estallan en su comunidad, que siente "una gran tristeza por la situación que están recogiendo los medios de comunicación y que todos conocemos", recoge 'El País'.

Nadie en el PP, mucho menos ningún miembro de la dirección de Mariano Rajoy, ha hablado tan claro sobre la situación en esa comunidad. Rajoy sigue, pese a todo, y a las nuevas conversaciones que evidencian los tejemanejes del empresario Enrique Ortiz con hermanos de varios consejeros de Camps para obtener adjudicaciones, apoyando a Camps como candidato. "La Comunidad Valenciana es puntera, y en los últimos años ha sabido estar en el liderazgo del crecimiento, siempre ha estado en la vanguardia en épocas de crecimiento, y la verdad es que en un momento de crisis como este, las imágenes que nos acompañan cada día desearía que no fueran las que son. Con la crisis, es el momento de la política con mayúsculas, de los políticos, del liderazgo. Y me quedo en la superficie, no identifico responsables, causas ni razones, pero no me gusta la situación", ha sentenciado Zaplana durante un almuerzo organizado por Nexos, en el que se le entregaba un premio al mejor ministro de Trabajo de la democracia.
Zaplana, ya liberado de la responsabilidad política como ex miembro de la cúpula del PP, no ocultó su enemistad con Camps. Se le preguntó qué haría si él fuera en este momento presidente de la Generalitat. "No estoy en las mejores condiciones para dar ningún consejo [a Camps], para qué vamos a ser hipócritas".
Zaplana evitó criticar a Rajoy y su nueva línea política, pero sí reivindicó el tipo de oposición que se hizo cuando él era portavoz parlamentario, de la que ahora el propio líder del PP, que entonces también era el máximo responsable, quiere alejarse. "Fue una época muy difícil. Habíamos perdido las elecciones. Pero no debíamos estar tan desacertados cuando en 2008 sacamos el mejor resultado en votos de la historia del PP, y eso que habíamos perdido cuatro años antes. Hoy les toca a otros tomar las decisiones, y les deseo la mejor de las suertes".
Utilizando en todo momento un tono suave, Zaplana, que hablaba en una sala con dos docenas de diputados, entre los que estaban los más cercanos al ex portavoz como Carlos Aragonés, Miguel Ángel Cortés y Vicente Martínez Pujalte y otros muchos, evitó criticar al Gobierno y mantuvo una línea muy distinta a la oficial. Incluso admitió que la congelación de las pensiones era casi inevitable porque el Gobierno necesitaba "tomar decisiones duras para que se le tome en serio" y los mercados internacionales crean que está dispuesto a hacer recortes, aunque señaló que se podría haber evitado este recorte, y otros, si se hubieran tomado antes las decisiones.

Ortiz buscó la intermediación del padre de Pajín para la aprobación de un plan urbanístico en Alicante

ALICANTE.- El empresario alicantino Enrique Ortiz, imputado en el marco de la operación 'Brugal', buscó la intermediación del político alicantino José María Pajín, padre de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, para que consiguiera la firma del director general de Carreteras del Ministerio de Fomento, necesaria para la aprobación final del Plan Rabassa de Alicante.

   En una conversación entre Ortiz y el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, recogida en un informe policial en el sumario del caso Brugal al que ha tenido acceso Europa Press, el empresario, preguntado por cómo van los trámites para la aprobación final de este plan urbanístico, señala que ha quedado con "Chema Pajín" para que le haga "una gestión" respecto a la firma del director general de un informe "hecho desde Alicante".
   Asimismo, el alcalde de Alicante, quien, según indica el informe policial, "parece conocer" al político, dice a Ortiz: "pues que Leire coja y habla con el director general y ya está", a lo que el empresario responde: "estoy en ello, eso estoy ahí a ver si me lo hacen ya".
   El informe policial recoge que en la conversación Díaz Alperi muestra su "inquietud" y su "intención" de que se arreglen todos los asuntos pendientes acerca del plan parcial. "Enrique, el tema de Rabassa hay que espabilarlo, por Dios", dice el ex alcalde alicantino.
   En ese momento, el único documento que faltaba para la aprobación del plan era el informe del Ministerio de Fomento, firmado por el director general de Carreteras, según recoge el informe incluido en el sumario del caso 'Brugal'.
   Asimismo, las conversaciones telefónicas recogidas en el informe policial del caso 'Brugal' en torno al empresario Enrique Ortiz revelan sus contactos con Alberto De Rosa, hermano del entonces conseller de Justicia y Administraciones Públicas y actual vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, para conseguir adjudicaciones en las infraestructuras del área judicial.
   Así, en una conversación mantenida en junio de 2008, Alberto De Rosa advierte al constructor que no se ha presentado al concurso para el proyecto de estructura, instalaciones, obras y equipamientos de la sede judicial de Paterna (Valencia), que salió a licitación por 10,7 millones de euros, rubricado por el propio Fernando De Rosa.
   A continuación, Alberto De Rosa le explica: "me ha llamado mi hermano y me dice que no se ha presentado Enrique en Paterna". Ortiz no recuerda de qué concurso se trata y se pregunta si no era éste el concurso que el propio Alberto le dijo que Lubasa "estaba muy bien", a lo que su interlocutor le aclara que ése otro era el "de Villareal".
   Ortiz muestra su intención de presentarse "a todo lo que salga", y habla de quedar a "comer los tres". Instantes después de concluir esta conversación, el constructor alicantino habla por teléfono con el director de su empresa para informarle de que no han concurrido al concurso de Paterna.
   "Yo le llamo a Alberto De Rosa, que vamos a comer con su hermano para pedir alguna de las adjudicaciones (...) Le voy pidiendo y no me presento", comenta Ortiz, Y ahí tenemos un huevo de posibilidades, tenemos que presentarnos, de las Consellerias, a todas la Comunidad, las Diputaciones igual ¿No ves que tenemos reparto?. Y aquí nos toca".

José María Pajín dice que no ha mediado entre Ortiz y Fomento en el Plan Rabasa

ALICANTE.- El político alicantino José María Pajín, padre de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha asegurado que no ha mediado en el Plan Parcial Rabasa entre el empresario alicantino Enrique Ortiz y el director general de Carreteras del Ministerio de Fomento.

   En una entrevista concedida este miércoles a la Cadena Ser, José María Pajín ha indicado que Ortiz le pidió "por medio de otra persona" que tomara "un café" con él, a lo que accedió sin "muchas ganas".
   "Todavía estando yo jubilado, por medio de otra persona me pidió tomar un café y aunque no tenia muchas ganas accedí a escucharlo", ha señalado José María Pajín.
   Además, Pajín ha indicado que en su encuentro, Ortiz le planteó que "tenía un problema de carreteras" y que "le maltrataban mucho los ministerios" y que "se sentía dolido" por esto, puesto que "le trataban mal".
   "Yo le dije que no me lo creía y que estaba jubilado" ha destacado Pajín, quien ha señalado que en la fecha de esa reunión "supone" que el Plan Rabasa "estaba aprobado".
   "Estoy acostumbrado a recibir personas y a escuchar que si la Administración no agilizaba proyectos de carreteras, se iban paralizando otros proyectos de muchas ciudades", ha afirmado Pajín.

Un informe policial revela conversaciones entre Vicente Cotino y Ortiz sobre la adjudicación del Plan Eólico

ALICANTE.- Un informe policial integrado en el caso 'Brugal' recoge una conversación entre el empresario Enrique Ortiz y Vicente Cotino,  hermano del conseller de Bienestar Social Juan Cotino, en la que el segundo explica que en este concurso "el pescado está vendido ya" porque "el presidente se ha comprometido con Iberdrola Renovables".

   Entre los miles de folios que recogen la investigación policial del caso incluyen las conversaciones mantenidas por Enrique Ortiz, imputado en la causa, con varios interlocutores para interesarse por la adjudicación del Plan Eólico de la Generalitat Valenciana en 2008.
   Ortiz es socio de 'Diversia Concesiones y Servicios SL', presidida por el hijo de Vicente Cotino, el empresario alicantino le propone concurrir al concurso con su compañía. No obstante, su interlocutor le pide que "se olvide del asunto. ¿Por que?, es por, ¿Eso no se puede amañar o qué", le replica Ortiz.
   Vicente Cotino insiste en que se "olvide", porque "está el pescado vendido ya", pero ante la insistencia del empresario por conocer "quién está metido ahí", Cotino le explica que "se lo adjudicarán a Iberdrola", porque "van a traer aquí Iberdrola Renovables y se ha comprometido el presidente".
   Al respecto, le detalla además que "irán Endesa y Acciona, irán los que tiene que ir, pero de acompañamiento", y poco después añade que "irá Bancaja con Iberdrola pero porque es otro acuerdo global".
   Ante esta situación, Ortiz le pregunta si quiere que él mismo "le diga algo a Mario" --en referencia al conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores--, y su interlocutor le aclara que "Mario no pinta nada ahí" y le pide que no le diga nada a Mario porque lo mete "en un aprieto".

Castedo pide al juez que levante el secreto de sumario y que le permita aportar documentación

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha solicitado al titular del juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante --que lleva la parte del 'caso Brugal' relativa al PGOU de la ciudad-- que "levante cuanto antes el secreto de las actuaciones" y que le permita aportar "toda la documentación" que acredita "la legalidad" del planeamiento urbanístico, con la finalidad de poderse "defender" del "linchamiento mediático" que se está produciendo.

   Sonia Castedo ha hecho estas declaraciones este miércoles en Alicante, a la salida de los juzgados a los que ha acudido para presentar un escrito con la intención de poder defenderse "ante las acusaciones y las interpretaciones que provocan que mediáticamente se pueda juzgar a una persona".
   En el escrito presentado, Castedo ha indicado que "a la vista de las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación", solicita al Juzgado "que se proceda a levantar cuanto antes el secreto de las actuaciones", con el fin de "preservar los legítimos derechos constitucionales de todo ciudadano que depara el artículo 24 de la Constitución Española --derecho a la tutela judicial efectiva sin que se pueda producir indefensión--, para evitar un "linchamiento mediático, así como acusaciones mediáticas, sin ser formalmente y al día de hoy, parte en las actuaciones judiciales".
   Asimismo, Castedo solicita al titular del juzgado que "de ser ciertas las sospechas y acusaciones que aparecen en los medios de comunicación contra mi persona y referentes a unos informes policiales que la Fiscalía contra la corrupción de Alicante hace suyos", le permita "aportar toda la documentación que acredita, sin ningún género de dudas, las erróneas interpretaciones de los informes citados, así como de las conversaciones telefónicas, ya que todos los documentos referentes al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante son y han sido siempre públicos".
   Del mimo modo, la alcaldesa pide adjuntar "toda la restante documentación" para "acreditar debidamente la legalidad de todas y cada una" de sus actuaciones.
   Una vez presentado el documento en el juzgado, la alcaldesa ha asegurado que "solamente es la justicia la que puede juzgar a las personas" a lo que ha añadido que "ante los intentos mediáticos de determinadas personas de intentar hacer daño, la justicia debe estar también para proteger".
   "Solo quiero que me dejen defenderme y es lo que he venido a pedir aquí", ha indicado Castedo, quien ha señalado que se está pretendiendo un "linchamiento mediático", puesto que se han publicado "interpretaciones sobre determinadas conversaciones", mediante las que "los medios intentan dar a entender que se benefició a Enrique Ortiz".

Lorente dice que está "tranquila" ante el levantamiento del secreto de 20.000 folios del sumario

ALICANTE.- La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, ha asegurado que está "tranquila" ante el levantamiento del secreto de 20.000 folios que forman parte del 'caso Brugal', y ha señalado que la aparición de su nombre en estos informes "políticamente no favorece, e igual se ha hecho por eso". 

   Mónica Lorente ha realizado estas declaraciones durante la visita a las obras del nuevo retén de la Policía Local oriolana en la pedanía de San Bartolomé.
   "Políticamente no favorece, igual, se ha hecho por eso", ha dicho la alcaldesa sobre la aparición de su nombre en los informes de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. Además, ha indicado que el caso "será un proceso largo" en el que se irá comprobando "quién escribe los guiones de estas historias".
   La alcaldesa ha manifestado que "confía plenamente en la Justicia" y ha señalado que se niega a creer que "en pleno siglo XXI ocurran esta cosas".
   "Quiero que alguien profundice en estos escritos, porque cuando se dice indicios es que pueden ser o no ser", ha indicado Lorente, quien ha señalado que "en otro escrito, la Fiscalía se cura en salud" y ha avanzado que irá informando "de todos los pasos que se den".

Ripoll considera "evidente" la existencia de connotaciones políticas en el caso Brugal

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, considera "evidente" la existencia de connotaciones políticas en el 'caso Brugal', puesto que, a su juicio, los informes policiales son "malintencionados, sesgados y falsos".

   José Joaquín Ripoll ha realizado estas declaraciones este miércoles en una rueda de prensa en Alicante, donde ha presentado sobre las iniciativas de pago que ofrece 'Suma' a los ciudadanos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
   El presidente de la institución provincial, imputado en el marco de la 'operación Brugal', ha declinado hacer declaraciones sobre las nuevas informaciones publicadas, porque, según ha indicado, "no ha variado nada" desde el levantamiento parcial del sumario.
   "No se ha producido ningún movimiento nuevo desde el levantamiento del sumario", ha señalado Ripoll, quien se ha negado a "hacer juicios de valor sobre valoraciones interpretaciones", en su opinión, "subjetivas, que en algunos casos son malintencionadas, en otros casos sesgadas, en otros casos son falsas y se contienen en los informes policiales" y en "los informes y las peticiones del fiscal en algunos casos".
   Asimismo, el presidente de la Diputación ha indicado que todavía no tienen la competencia de que juzgado va a juzgar las diferentes tramas surgidas de la 'operación Brugal'. "Si en algún momento el juez considera que debo aclarar algo, seré el primero en facilitarle toda la información que el juez quiera", ha apuntado.
   Preguntado por la rueda de prensa este lunes de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, sobre las presuntas irregularidades en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, Ripoll ha opinado que fue una decisión "correcta", que sólo "le compete a ella".
   "Yo soy partidario de dar explicaciones", pero no "todos los días", ha asegurado el también concejal del Ayuntamiento de Alicante, quien ha señalado que el plan urbanístico "estuvo elaborándose mucho tiempo".

martes, 26 de octubre de 2010

El alicantino Sánchez Dragó reconoce en su último libro haberse acostado con dos niñas de 13 años

MADRID.- En su último libro Dios los cría... y ellos hablan de sexo, drogas, España, corrupción...(Planeta), el escritor alicantino Fernando Sánchez Dragó asegura haber mantenido relaciones sexuales con dos "lolitas" de 13 años en Tokio. En la página 164 de la obra, que recoge sus conversaciones con el dramaturgo Albert Boadella, Sánchez Dragó narra lo ocurrido, que sitúa en la capital japonesa en 1967, según cuenta 'El País' de este autor medio afincado en la playa de Muchavista, en Campello. 

Cuenta que salió del metro y se topó de frente "con unas lolitas de esas -ahora hay muchas- que visten como zorritas, con los labios pintados, carmín, rimel, tacones, minifalda...". El escritor, que dirige y presenta en la cadena pública Telemadrid el programa de literatura Las noches blancas, da más detalles. "Las muy putas se pusieron a turnarse". Y afirma: "Las delincuentes eran ellas y no yo".
Tras trascender estos detalles, Sánchez Dragó, que se jacta en la obra de que el delito ya ha prescrito, ha querido rectificar y señala que lo que relata en el libro es "una anécdota trivial y sin mucha chicha convertida en literatura". "No hubo delito suponiendo que lo fuese, por la sencilla razón de que no pasó nada de particular", ha dicho a 'El País'.
"Era un grupo de chicas y chicos. Nos fuimos a tomar un café al lado de la estación de Ikebukuro. Hubo risas, chanzas y coqueteos. Luego cada mochuelo y cada mochuela se fue a su olivo. No creo, además, que tuvieran 13 años, sino algunos más. Era una forma de hablar. Los jóvenes japoneses tienen un aspecto muy aniñado", asevera.
El escritor ha asegurado que ha contado esa anécdota -"anécdota, insisto", dice- en "infinidad de entrevistas y algún libro". "¿Por qué se llama ahora al escándalo? ¿Habrá alguna razón oculta?", se pregunta.
Sin embargo, a pesar de sus últimas declaraciones tratando de salir del paso, en su libro no deja de dar detalles sexuales de las que llama "lolitas". "No hay nada como la piel tersa, los pechitos como capullos, el chochito rosáceo", dice. En la página 159, antes de contar el encuentro en Tokio, el dramaturgo Albert Boadella le cuenta que a él le gustan las mujeres cincuentonas. "Las mujeres, a partir de los 50, empiezan a tener un atractivo irresistible, adquieren una solidez erótica pausada pero intensa", apunta Boadella. Pero Dragó le contesta: "Ese es un punto de disidencia entre nosotros. A mí me gustan las de 15". Y más adelante sigue: "Llámame viejo, llámame como quieras pero es así. Y conste que, por desgracia, no hago nada. Pura boquilla. No están los tiempos como para meterse en ese tipo de fregados".
El comité de empresa de Telemadrid y CC OO, UGT y CGT han pedido a la dirección de la cadena pública madrileña la destitución inmediata del presentador de Las noches blancas. "Es absolutamente inadmisible que un tipo que presume de haber mantenido relaciones sexuales con niñas de 13 años aparezca en una empresa pública de comunicación", señalan en un comunicado.
"No es la primera vez que la verborragia desenfrenada de este individuo desprestigia al Ente Público Radio Televisión Madrid. Baste recordar su afición a hacer propaganda gratuita de bebidas alcohólicas y de medicamentos no autorizados por las autoridades sanitarias cuando presentaba el informativo de la noche en Telemadrid. Pero este último caso, en el que se jacta de haber cometido un delito tan repugnante como la pederastia, supera ya todos los límites", añaden.
La cadena pública Telemadrid, que emite el programa del que Sánchez Dragó es director y presentador, ha declinado hacer declaraciones. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, en cuya televisión pública trabaja Sánchez Dragó, tampoco ha querido valorar las afirmaciones del escritor: "Tendrá que contestar Telemadrid, puesto que está contratado allí. Y él tendrá que responder de sus declaraciones. En cualquier caso, no lo ha dicho en el ámbito de la cadena", ha asegurado una portavoz.
Dragó insiste en que lo que cuenta en el libro es una anécdota. Pero ¿es el título una novela o un ensayo? ¿Realidad o ficción? La editorial Planeta califica la obra de conversación entre Dragó y Boadella y la promociona con un texto de contraportada que anuncia "ideas rompedoras, iconoclastas, lo más políticamente incorrectas que imaginar se pueda". "Ideas y vivencias en las que se habla de sexo -nada arredra al locuaz Dragó cuando se suelta-, de drogas...". La editorial no ha querido salir al paso de la polémica suscitada por el libro. Una portavoz remitió para cualquier cuestión al propio escritor.

El papa Benedicto XVI afirma que toda persona tiene derecho a emigrar

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Benedicto XVI ha afirmado que toda persona tiene derecho a emigrar a la búsqueda de un futuro mejor y ha denunciado que muchos emigrantes sufren acciones "dramáticas e indignas del hombre y de sociedades que se consideran civilizadas". 

El Pontífice ha hecho estas manifestaciones en su mensaje con motivo de la 97 Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, que se celebrará el 16 de enero de 2011, que presentó hoy en el Vaticano el arzobispo Antonio María Veglió, presidente del Consejo Pontificio para los Emigrantes e Itinerantes.
El lema de esta jornada es "Una sola familia humana" y en su mensaje, el Papa exhortó a los fieles a abrir sus corazones a los emigrantes, para que en el mundo se imponga la justicia y la caridad, "columnas para la construcción de una paz auténtica y duradera".
Tras referirse a las diferentes situaciones que obliga a las personas a emigrar, el Obispo de Roma precisó que los movimientos migratorios hay que verlos también dentro del fenómeno de la globalización, de la que dice que "no es sólo un proceso socioeconómico, sino que conlleva también a una humanidad cada vez más interrelacionada", que supera fronteras geográficas y culturales".
"La Iglesia no cesa de recordar que el sentido profundo de este proceso histórico (la globalización) y su criterio ético fundamental vienen dados por la unidad de la familia humana y su desarrollo en el bien. Por ello, todos, tanto emigrantes como las poblaciones que los acogen, forman parte de una sola familia y todos tienen el mismo derecho a gozar de los bienes de la tierra, cuyo destino es universal", afirmó.
Benedicto XVI agregó en su mensaje que el bien común universal abarca toda la familia de los pueblos, por encima de cualquier egoísmo nacionalista.
"En ese contexto se debe considerar el derecho a emigrar. La Iglesia lo reconoce a todo hombre, en el doble aspecto de la posibilidad de salir del propio país y la posibilidad de entrar en otro, en busca de mejores condiciones de vida", subrayó.
Al mismo tiempo, precisó el Papa, los Estados tienen el derecho de regular los flujos migratorios y defender sus fronteras, asegurando siempre el respeto debido a la dignidad de todo ser humano.
Los inmigrantes, prosiguió en su texto, tienen el deber de integrarse en el país de acogida, respetando sus leyes y la identidad nacional.
Se trata -subrayó- de conjugar la acogida que se debe a todos los seres humanos, en especial si son indigentes, con la consideración sobre las condiciones indispensables para una vida decorosa y pacífica, tanto para los habitantes originarios como para los nuevos llegado.
Benedicto XVI también se refirió en su mensaje a los refugiados y demás emigrantes forzados, para los que exigió el respeto de sus derechos, así como su seguridad y cohesión social.
"El mundo de los emigrantes es vasto y diversificado. Conoce experiencias maravillosas y prometedoras, y, lamentablemente, también muchas otras dramáticas e indignas del hombre y de sociedades que se consideran civilizadas", denunció el Papa.
Señaló que para la Iglesia, esta realidad evidencia aún más la vocación de la humanidad a formar una sola familia.
El Pontífice también se refirió a los estudiantes extranjeros e internacionales, de los que dijo que son parte de los futuros dirigentes de sus países y que constituyen puentes culturales y económicos entre estos países y los de acogida.
Gabriele Ferdinando Bentoglio, subsecretario del Consejo Pontificio para los Emigrantes e Itinerantes, que participó en la presentación se refirió al asunto de los refugiados de los que dijo que hay 15 millones, de ellos 10,4 millones están bajo el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR).
Bentoglio dijo también que el número de personas evacuadas en sus propios países es de 27 millones.

Marcelino Camacho se encuentra en estado grave pero no ha muerto


MADRID.-   Comisiones Obreras ha aclarado esta noche que el histórico dirigente y fundador del sindicato, Marcelino Camacho, de 92 años, se encuentra ingresado en un centro hospitalario de Madrid en estado grave pese a que el coordinador general de EUiA y diputado del Parlament de Catalunya, Jordi Miralles, ha afirmado en un comunicado que había muerto.



El sindicato CC.OO. desmintió poco después que el histórico dirigente del sindicato hubiera fallecido, tal y como anunció esta noche ese otro comunicado anterior, según informó el responsable de Comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano.

Desde el sindicato, tras contactar con la familia de Camacho, se negó rotundamente este extremo, según la versión del propio hijo del histórico activista.

Posteriormente, la formación política EUiA ha lamentado haber anunciado través de un comunicado, remitido a todos los medios sobre las 22.00 horas, la "información errónea" del fallecimiento de Marcelino Camacho, histórico dirigente de CCOO.

   Una vez desmentida la información, la propia EUiA ha emitido un segundo comunicado a las 22.57 en el que lamentaba la confusión, que ha sido reproducida por la mayoría de ediciones digitales de los periódicos.

   "Lamentamos la nota de prensa anterior donde informábamos de la muerte del fundador de la Confederación Sindical de CCOO, Marcelino Camacho. Hemos recibido una información errónea donde se informaba de su muerte pero, actualmente, Camacho sigue ingresado en el hospital", ha afirmado el EUiA.

El TC admite el recurso de amparo contra la sentencia de las cesiones de crédito

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite el recurso de amparo presentado por la Asociación de Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) contra la sentencia del Tribunal Supremo que archivó el 'caso de las cesiones de crédito' estableciendo la denominada 'doctrina Botín', que impide abrir juicio oral a instancias exclusivas de la acusación popular, según el auto de admisión notificado a las partes.

   En el auto, el Constitucional abre una pieza de suspensión de la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2007 por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
   Además, el Alto Tribunal da un plazo de tres días (a contar desde hoy martes) al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a los directivos del Santander, entidad que comercializó estos productos en los años 80, para la presentación de sus respectivas alegaciones al recurso presentado por el abogado de la asociación, Iván Hernández, vinculado al fallecido Rafael Pérez Escolar.
   El recurso de amparo se fundamenta en que la sentencia del Supremo venía a acabar con la figura de la acusación popular en el procedimiento penal, consagrada en el Derecho español desde hace casi un siglo y cuyos fundamentos fueron matizados en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 'caso Atutxa'.
   El Tribunal Constitucional da un plazo de 10 días a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional y al Juzgado central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional para que remitan todas las actuaciones llevadas a cabo sobre el caso.
   Las cesiones de crédito fue un producto financiero comercializado por el Santander entre 1987 y 1989 a sus clientes. La Fiscalía investigó más de 47.240 operaciones con unos 3.500 titulares por un importe superior a los 2.600 millones de euros, a través de las cuales los clientes podrían haber cometido un supuesto delito fiscal.
   Los 15 magistrados del Pleno de lo Jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmaron, con cinco votos particulares emitidos en contra, el archivo de la causa dictado en diciembre de 2006 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Los directivos del Santander estaban acusados de presuntos delitos fiscales que causaron un perjuicio patrimonial de 84 millones de euros.
   De los 138 clientes de la entidad que fueron acusados de defraudar a Hacienda a través de estos productos, un centenar de las causas fueron enviadas a los Juzgados de Instrucción de sus respectivas provincias y 38 están dentro del proceso de la Audiencia Nacional.
   Durante el proceso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, representada por el fiscal Vicente González Mota, pidió en 14 ocasiones el archivo de las actuaciones contra los responsables de la entidad, mientras que la Abogacía del Estado se pronunció en los mismos términos en siete ocasiones.
   El auto del Tribunal Constitucional está firmado por la presidenta, María Emilia Casas y los magistrados Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez-Zapata, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps.

Las hijuelas del 'caso Brugal' llevan hasta el juzgado a once presuntas tramas delictivas

ORIHUELA.- La sombra de las grabaciones del empresario oriolano Ángel Fenoll es alargada. A partir de los datos que él mismo facilitó y que le llevaron a la cárcel junto a su hijo se puso en marcha una operación que ha salpicado a cargos de gran parte de la provincia, incluida la alcaldesa de Alicante. Las grabaciones telefónicas a los protagonistas han destapado otras presuntas irregularidades que ya están en los juzgados, se escribe en 'Información'. 

En el diario 'Información' se detallan once posibles tramas de esta "resaca de Brugal", que forman parte del sumario.

Trama Calp
Las grabaciones de Fenoll apuntan a irregularidades en la adjudicación y construcción de una planta de transferencia de residuos en Calp. En ellas aparecen entregas de dinero en "grandes cantidades" desde 1998 y se sospecha que las irregularidades continúan con la manipulación del pesaje de los vertidos que llegarían a esta planta y que determinarían la facturación al Ayuntamiento. El fiscal mantiene que Francisco Artacho, ex cuñado del diputado provincial y concejal calpino Juan Roselló, intervino entre Fenoll y cargos municipales para que se autorizara la construcción de la citada planta. Tanto él como Roselló y otros dos ediles populares, entre ellos el ex alcalde Francisco Javier Morató, habrían recibido dinero del empresario oriolano, al igual que el concejal de IU Manuel Roura.

Recogida de residuos y limpieza viaria de Orihuela costa
Las empresas de Ángel Fenoll Proambiente y Colsur prestaban el servicio desde 1990 de Orihuela Costa y, según las grabaciones del propio empresario, se habrían producido irregularidades en el pesaje de los residuos. Esto propició que se investigara a Miguel Pedro Mazón, teniente de alcalde en Orihuela con el PP y que, al parecer, pdo recibir dinero de Fenoll en relación a la recogida de algas.

Caminos a la planta de Proambiente
El fiscal ve presuntas irregularidades en los permisos que otorgó el Ayuntamiento de Orihuela para la construcción de la planta de gestión de residuos de Proambiente, propiedad de Fenoll, a principios de los años 90. A raíz de las grabaciones se investiga a Joaquín Daniel Cuenca, presidente de la Asociación de Regantes Murada Norte y que presentó una carta en favor de Fenoll en el Ayuntamiento de Orihuela a cambio supuestamente de dinero.

Financiación del PSOE de Abanilla (Murcia)
Los investigadores tienen constancia de la presunta financiación ilegal del Partido Socialista de Abanilla, en Murcia, a cambio de evitar que sean cuestionadas públicamente la figura y los negocios de Fenoll, al estar ubicada en esta población la planta de Proambiente. El secretario general local del PSOE y concejal José Antonio González, y los ediles socialistas José Antonio Cutillas, Manuel José Martínez, Dolores Mateo y María Dolores Saurín podrían haber recibido contraprestaciones económicas.

Recogida de residuos en Callosa de Segura
Existen indicios de presuntas irregularidades en el servicio de recogida de residuos con posibles pagos al alcalde, el popular Francisco Javier Pérez Trigueros.

Delito medioambiental
Según las escuchas telefónicas también podría haberse cometido un delito medioambiental por el vertido irregular de residuos en unas fincas propiedad de Francisco Poveda al tener el empresario oriolano clausuradas parte de su planta de gestión de residuos.

Descubrimiento y revelación de secretos de Hacienda
Las investigaciones a Fenoll y sus empresas destaparon que su entorno más cercano utilizaba información privilegiada proveniente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat) para minimizar los efectos de las inspecciones al parecer con la colaboración de funcionarios de Hacienda. En este apartado también se investiga a un guardia civil.

Financiación del Hércules
La investigación señala al empresario Rafael Gregory, amigo del presidente de la Diputación y miembro de la Fundación Hércules, y le atribuye el uso de sus influencias para conseguir presuntamente financiación para la fundación por parte de la Diputación a cambio de que ésta adjudicara obras de menor cuantía a dos empresas, Arosa y Tizor. Además de a Gregory, el fiscal pide investigar al vicepresidente cuarto de la Diputación, Carlos Mazón, al ex presidente de la Fundación Hércules Ignacio Mangada, al gerente de esta entidad, Nicolás López, y al administrador de Asfaltos Reunidos, Obras Arosa y Bonete Producción, Antonio Bonete.

Alzamiento de bienes de Autisa. La madeja de la que salen los hilos
También las escuchas pusieron sobre la pista a las autoridades de un presunto alzamiento de bienes en el grupo Autisa, de la familia Gregory. La importancia de esta investigación es que dentro de este presunto delito Rafael Gregory pide ayuda a Ángel Fenoll para traspasar propiedades al entramado empresarial del oriolano y así eludir el embargo. Y en el transcurso de esa investigación aparece Enrique Ortiz por una de las adjudicaciones a las que ambos empresarios optaban. De esta forma salen a la luz todas las presuntas actividades irregulares del máximo accionista del Hércules con diversos cargos de la provincia.

Plan General de Ordenación Urbana de Alicante
El fiscal sostiene que altos cargos del Ayuntamiento de Alicante le facilitaron a Ortiz información privilegiada del contenido del PGOU y ve viable que incluso se produjeran cambios de planeamiento favorables al empresario al tiempo que se le permitía adquirir zonas cuyo cambio de calificación le supondrían "ingentes beneficios". Las presuntas irregularidades tienen que ver con las principales actuaciones urbanísticas que se están llevando a cabo en Alicante -la mayoría incluidas en el Plan General- que son: Saladares de Aguamarga, Aguamarga-Ciudad de la Economía, estadio Rico Pérez, Torres de la Huerta-Condomina y Fontcalent. 

Según las primeras investigaciones el máximo beneficio se obtendría con el cambio a urbanizables de zonas protegidas de la ciudad. El fiscal mantiene que, a través de la mercantil Deproinmed, que estuvo mucho tiempo sin actividad, Ortiz fue comprando las zonas que mayor valor adquirirían una vez que se aprobara el Plan. El escrito alude a las "estrechas relaciones" que el empresario mantiene con la alcaldesa y a la participación de José Cortina, subdirector de Bancaja y "máximo beneficiado de las gestiones irregulares".

Sociedad de Proyectos Temáticos. Futuro Palacio de Congresos
La investigación también detectó presuntas irregularidades en la adjudicación del nuevo Palacio de Congresos y del Parque Cultural de San Vicente del Raspeig; en la adjudicación para el mantenimiento y la gestión de servicios de Ciudad de la Luz y en la concesión de un aval de 16 millones al Hércules por parte del Instituto Valenciano de Finanzas.

En todas las actuaciones Ortiz aparece como solicitante, el vicepresidente del Consell, Gerardo Camps, como representante administrativo y el piloto de rallyes y amigo de éste último Miguel Ángel Fuster como intermediario y receptor de contraprestaciones.

El fiscal implica en el 'caso Brugal' a Vicente Sala, ex presidente de la CAM

ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción implica también al ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, a otro alto directivo de la entidad y a dos directores generales adjuntos de Bancaja en la supuesta trama corrupta del caso Brugal, que en una parte de la investigación judicial afecta a la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante

Esta trama, según la investigación, está supuestamente liderada por el promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, y afecta a Sonia Castedo, alcaldesa de la ciudad, del PP, y a su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi. El fiscal imputa a la regidora y al ex primer edil los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada en relación con la elaboración del nuevo plan general, en el que habrían beneficiado a Ortiz a cambio de regalos, según recoge 'El País'.
El ministerio público, a partir de los informes policiales, concluye que tanto Castedo como Alperi ofrecieron un trato de favor a Ortiz a cambio de dádivas. Entre los supuestos regalosestá el pago de viajes de recreo (a Baleares, en el caso de Castedo, y a la isla de Creta, en el caso de Alperi). Castedo negó ayer cualquier trato de favor al promotor. "Ortiz no consiguió nada de lo que pidió", dijo. La regidora solo admitió uno de los regalos, un viaje en yate a las Baleares.
Además, el fiscal Anticorrupción en Alicante, Felipe Briones, acusa al ex presidente de la CAM Vicente Sala de al menos el delito de aprovechamiento de información privilegiada. Según el escrito inicial del fiscal, este delito estaría vinculado a operaciones para obtener con la compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad. En este apartado cita una operación de compra de suelo en el humedal de Agua Amarga para canjear en la zona urbanizable de La Condomina.
El segundo directivo de la CAM al que implica el fiscal es Daniel Gil, director de inversiones inmobiliarias de la CAM. El fiscal le atribuye el mismo delito que a Sala por operaciones urbanísticas similares.
El ministerio público también imputa a José Cortina y Juan Zurita, directores generales adjuntos de Bancaja. Al primero por la compra de terreno en el humedal de Agua Amarga con una empresa propiedad de Ortiz, y participada por Bancaja Habitat, cuyo consejero delegado es Cortina, y al segundo por otra operación de compra de suelo en la Condomina. Ambos están acusados de aprovechamiento de información privilegiada.
La lista de implicados en el caso del PGOU de Alicante incluye a un total de 21 personas. Aparte de los dos alcaldes, los directivos de las cajas y el presunto cabecilla de la trama, Ortiz, destacan la mujer del dueño de Hércules, María Manuel Carratalá, por supuesto cohecho; el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, por tráfico de influencias e información privilegiada, y Javier Gutiérrez, ex concejal del PSOE y socio del hermano de Castedo, por los mismos delitos.
Las supuestas ilegalidades durante la tramitación del nuevo PGOU de Alicante salieron a la palestra en el curso de las escuchas telefónicas del denominado caso Brugal, cuya investigación dirige desde mayo de 2007 el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. El pasado mes de julio, el instructor se inhibió de esta pieza del sumario general y la trasladó al Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular aún no ha adoptado ninguna resolución.
En el sumario general del caso Brugal hay al menos un centenar de imputados por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude. Los más destacados son el líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Los dos pilares básicos de esta causa general son la contrata de la basura del municipio de Orihuela y la adjudicación de la planta de basura de la comarca de La Vega Baja (sur de Alicante).

Por su parte, el diario 'Levante' informa hoy que el alcance del caso Brugal trasciende a la alcaldesa de Alicante, a su antecesor Luis Díaz Alperi y al constructor Enrique Ortiz. El sumario, que contiene varios informes policiales, implica en el escándalo de presunta corrupción a un total de 21 personas. Entre ellas, al ex presidente de la CAM Vicente Sala, a la mujer de Ortiz, a directivos de Bancaja y de la propia Caja de Ahorros del Mediterráneo, así como a empleados y amigos del constructor y a un hermano de la alcaldesa de Alicante.

El jefe de la elaboración del Plan General también estaría implicado en la trama, según el acusador público. Además, otro de los que están salpicados por el caso Brugal es el hijo del anterior alcalde Luis Díaz Alperi.

­Informe de la Unidad de Blanqueo

La policía reclamó para poder hacer frente a la investigación los datos fiscales de 25 empresas a la Agencia Tributaria, muchas de ellas vinculadas a Enrique Ortiz. Entre estas firmas, la Unidad de Blanqueo de Capitales de la UDEF pidió a Hacienda los movimientos de ingresos y pagos de la firma Salvetti Abogados y Consultores SLP, creada por Javier Gutiérrez Miguélez —colaborador externo del equipo de redactor del PGOU de Alicante— y José Luís Castedo Ramos, hermano de la alcaldesa, Sonia Castedo.

La investigación apunta a que esta mercantil estaría colaborando de manera irregular con Enrique Ortiz para la obtención de beneficios por parte de éste en relación a las modificaciones en el citado plan.

Entre la relación de firmas figuran también tres mercantiles –Verass Operadores Publicitarios, Obras Profesionales Alicante y Mas Pcovein– vinculadas a uno de los hijos del ex alcalde Luís Díaz Alperi, sobre las cuales Ortiz habría aportado patrimonio, tanto para su constitución y contratación como, supuestamente, para la continuación de unas obras, según consta en uno de los informes policiales adjuntos.

Entre el listado también se citan varias empresas de Ortiz, entre ellas Enrique Ortiz e Hijos, principal mercantil de contratación de obra pública del grupo Cívica.

El informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales destaca que ha sido adjudicataria de carreteras y un tramo del TRAM de Alicante por parte de la Conselleria de Obras Públicas a cambio, según la Policía, de una aportación al Mar Alicante de Balonmano Femenino.

Un campeón de rallies medió entre Ortiz y la administración del PP

El informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la UDEF pone de manifiesto diversas aportaciones de Ortiz a empresas de Miguel Ángel Fuster, campeón de España de Rallies, como contraprestación a su labor de intermediación entre el empresario alicantino y diferentes instancias de la administración autonómica.

Asimismo, «parecen registrarse», según cita el documento, «abonos al despacho de abogados en el que trabajaría el padre de Ricardo Costa» como contraprestación a supuestas gestiones llevadas a cabo por su hijo. También se pidió información sobre empresas de Ángel Fenoll y Rafael Gregory, así como del Hércules SAD.

Entre las firmas también destaca Cala Merced, filial de Ecisa y promotora de los pisos que presuntamente Ripoll adquirió como contraprestación a su presunta mediación en el Plan Zonal; o Tabarka Media y Canal 37 de Televisión, las empresas en las que, supuestamente, Ángel Fenoll inyectó dinero a instancias de Ripoll para compensar su presunto apoyo en el plan zonal de residuos.

La Mesa de las Corts tramita una petición de Compromís para la creación de una Comisión de Investigación sobre 'Gürtel'

VALENCIA.- La Mesa de las Corts Valencianes ha tramitado este martes una petición de Compromís para que se debata en el pleno la creación de una comisión no permanente de investigación para clarificar la relación del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, los consellers y altos cargos de las entidades públicas valencianas con las empresas relacionadas con el caso 'Gürtel', según ha informado fuentes parlamentarias.    

Se trata de una iniciativa que la coalición presentó el pasado 13 de abril al considerarlo "oportuno", una vez se levantó el secreto de sumario.

No obstante, la propuesta fue rechazada y Compromís presentó en septiembre un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por considerar que el PP, con mayoría en la Mesa había vulnerado los derechos fundamentales y libertades públicas al no tramitar esta y otra iniciativa.

Alarte dice que Castedo debe explicar de dónde saca documentación y pide que los jueces lo investiguen todo

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha considerado que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, debe explicar "de dónde sacó el papel" en referencia a la documentación mostrada este martes por la primera edil para demostrar que no dio trato de favor al empresario Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal', ni recibió  dádivas de este constructor. 

"Pero sobre todo --ha puntualizado Alarte-- el PP debe explicarlo todo" porque "ya superan el centenar los dirigentes 'populares' que estan siendo investigados o imputados por diversas causas de corrupción". 

   El líder de los socialistas valencianos ha realizado estas declaraciones preguntado por los medios por su valoración de que Castedo haya mostrado documentación "bajo secreto de sumario" referida al 'caso Brugal', lo que "recuerda" al informe policial sobre la trama Gürtel que exhibió el portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, y por lo que el PPCV ha presentado una querella.
   Al respecto, Alarte ha comentado que la alcaldesa de Alicante "lo tendrá que explicar" aunque ha insistido en que lo más importante es que "los jueces, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía de la democracia lo investiguen absolutamente todo porque está en juego la credibilidad de las instituciones democráticas".  
   El secretario general del PSPV ha expuesto la sensación de que es difícil de creer que "Francisco Camps y el PPCV habían extendido de esta manera la corrupción, el abuso del poder y la confusión de lo público y lo privado" y ha manifestado que el presidente de la Generalitat "representa el epicentro de este tsunami de corrupción, que ha extendido una manera de entender la política inaceptable desde el punto de vista democrático".  
   Por ello, ha recalcado que la Comunitat Valenciana "necesita pasar página, un cambio de gobierno y de tiempo, aunque sólo sea para que nada se quede escondido en el cajón".