La CAM destituye a María Dolores Amorós como directora general

ALICANTE.- Los interventores designados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras la intervención de la CAM han destituido a su directora general, María Dolores Amorós, quien continúa como empleada de la entidad pero que ha sido relevada de sus funciones, según han indicado hoy fuentes de la caja.

   La destitución se ha hecho oficial este miércoles y por el momento no está previsto nombrar a otra persona para que sustituya a Amorós en el puesto. La junta de administradores del FROB, Juan José Iturriaga, Tomás González Peña y Benicio Herranz, asume de este modo las competencias de la dirección general de la caja que fue intervenida el 22 de julio.

   Este nuevo cambio forma parte del proceso iniciado por el Banco de España, tras nacionalizar la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para capitalizarla y sustituir a sus administradores a solicitud del consejo de administración.

Caja Mediterráneo perdió 2.587 millones en depósitos tras romper con Cajastur

OVIEDO.- La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) perdió 2.587,4 millones en depósitos en los dos meses que siguieron a la ruptura de su alianza con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, según la prensa asturiana.

Esta cifra supone el 5,85% de los ahorros de sus clientes. La entidad alicantina y la asturiana decidieron poner fin a su relación en el que iba camino de convertirse en el quinto grupo financiero de España, a finales de marzo, por las dudas de Cajastur y sus socios sobre la situación financiera de CAM. Según los balances de la alicantina, los depósitos de la entidad eran de 44.238 millones al cierre del primer trimestre, una cifra que bajó a 41.651 en mayo. 

La fuga de depósitos se agudizó tras los malos resultados que la caja obtuvo en los tests de estrés (fue la entidad que peor nota sacó en el conjunto de España), lo que precipitó que el Banco de España tuviera que rescatarla. 

La dirección de Liberbank, la fusión que Cajastur lidera ahora junto a Caja Extremadura y Caja Cantabria, se reunirá hoy en Madrid con los sindicatos para discutir los traslados de personal que el grupo pretende llevar a cabo. Las centrales aseguran que muchos de ellos se están realizando de forma «torticera» y «sin ningún sentido». 

«Se pretende trasladar a gente de una de las oficinas que cerrará en Lanzarote al occidente asturiano, donde no hay necesidad de personal», ejemplifica un sindicalista. La reunión ha provocado que los sindicatos anulen las protestas que tenían previsto realizar en las capitales de las provincias donde el grupo cuenta con representación. Sí mantienen la concentración para el día 13 en la Feria Internacional de Muestras (FIDMA) de Gijón.

Piden a Cospedal evitar "conflictos de intereses" al apoyar el Corredor Central

VALENCIA.- La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha reivindicado este martes que la secretaria general del PP y presidenta de Castilla la Mancha y de la formación en esta comunidad, María Dolores de Cospedal, "debería renunciar a uno de sus dos cargos en el PP para que, en el futuro, no anteponga los intereses de la comunidad autónoma que gobierna a los intereses generales de España".

   En un comunicado, la asociación agraria ha reprobado así el apoyo público de Cospedal al Corredor Central "en detrimento del Corredor Mediterráneo" con el que, a su juicio, "incurre en un conflicto de intereses".

   Además, ha exigido al PP que "aclare su posición" respecto al "trazado ferroviario más rentable para el conjunto de España".  

   El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, considera que si bien "cualquier presidente autonómico tiene la legitimidad para reivindicar aquellas infraestructuras que contribuyan a mejorar las condiciones socioeconómicas" de ese territorio, "no parece ético que Cospedal, siendo secretaria general del PP, anteponga los intereses de su comunidad al interés general del Estado, ya que objetivamente el trazado ferroviario más rentable es el mediterráneo".

   Ha defendido, en este sentido, que "el trazado del corredor que atravesaría Andalucía, Murcia, la Comunitat Valenciana y Cataluña es, sin duda, el que más riqueza y puestos de trabajo generarían al conjunto de España".

   Aguado ha argumentado que la agricultura, el automóvil, el turismo y otros sectores productivos clave "se verían fortalecidos por el aumento del tráfico ferroviario, complementado a la vez por el volumen de negocio que manejan los importantes puertos marítimos de la zona".

   Así, se ha referido a la comparecencia de Cospedal este lunes junto a los presidentes de Madrid, Aragón y Extremadura para reclamar al ministro de Fomento, José Blanco, que apueste a favor del Corredor Central y ha recalcado que "los intereses de Castilla-La Mancha no son necesariamente los de España".

   Aguado ha insistido en que Cospedal "debería renunciar a uno de sus dos cargos en el PP para que en el futuro no se produzcan situaciones como ésta que podrían comprometer una infraestructura fundamental para los valencianos en una situación tan crítica como la que atraviesa España".

   Así, ha reivindicado que "no se puede escoger en base a caprichos interesados, sino que debería priorizarse aquel trazado que más contribuya a reimpulsar la economía nacional", en alusión al mediterráneo, del que ha subrayado que "cuenta con el apoyo político más plural, empezando por los partidos que gobiernan en la Comunitat y Murcia (PP), Andalucía (PSOE) y Cataluña (nacionalistas)".

   Aguado también ha instado al presidente del PP, Mariano Rajoy, a "poner orden en un partido que aspira a ostentar el Gobierno en escasos meses", por considerar que "no debería permitir que un cargo del PP obtenga beneficios para su comunidad autónoma en contra de los intereses generales de España".

   "Flaco favor le hace Cospedal a su líder y a su partido", ha apuntado Aguado, quien ha resaltado que Rajoy "ha de tomar decisiones de Estado y hacer público el posicionamiento de su partido a este respecto cuanto antes".

   En este punto, el líder de AVA-Asaja ha advertido de que "los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, que acaban de otorgar una mayoría absoluta al PP, tendrán muy en cuenta qué posición toma el PP nacional y si se demuestra que los intereses de la secretaria general están por encima del interés general".

   Además, ha remarcado que el Corredor Mediterráneo es "un proyecto que ha sido discutido y es compartido por toda la clase empresarial de las regiones mediterráneas españolas".

   En concreto, ha destacado que las exportaciones del sector agroalimentario valenciano a la Unión Europea ascendieron a 3,889 millones de toneladas en 2010, por valor de 3.580,168 millones de euros, con lo que este tejido empresarial lidera las exportaciones y alcanza el 14 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en la Comunitat.

   Aguado ha alertado, no obstante, de que la competitividad de ese sector "menguará" si no son "capaces de potenciar medios de transporte más ágiles y económicos que los actuales", ya que "el camión cada vez va a sufrir más restricciones y encarecimientos por razones medioambientales y de saturación de carreteras".

Jueces para la Democracia rechaza el copago

VALENCIA.- Jueces para la Democracia (JpD) ha asegurado, sobre al propuesta del conseller de Justicia de la Generalitat valenciana, Jorge Cabré, de "abrir el debate" para aplicar el pago de una tasa que redunde en la "calidad y rapidez" de los tribunales, que esta medida de copago    puede tener "efectos recaudatorios" pero "no agilizará en modo alguno los procedimientos, al contrario de lo que indica" el representante del Consell. 

   La organización argumenta que la gestión de los litigios "podrá mejorar con otro tipo de medidas que no están siendo abordadas por la Generalitat valenciana, como el impulso en la reforma de la oficina judicial, pues el actual modelo resulta obsoleto y la institución autonómica no está mostrando ninguna voluntad de proceder a las modificaciones previstas legalmente".

   Asimismo, JpD señala, a través de un comunicado, que "la agilidad de los procedimientos también se incrementaría con una gestión más adecuada de los recursos personales y materiales por parte de la Conselleria de Justicia".

   Un ejemplo de ello, apuntan las mismas fuentes, es el elevado número de personal interino que, como reconoce la propia institución autonómica, no cuenta con una suficiente formación para desempeñar sus puestos de trabajo, a pesar de tramitar asuntos que pueden afectar al patrimonio, a la integridad o a la vida de los ciudadanos.

   Del mismo modo, defienden que "una gestión más eficaz de la Generalitat en materia de creación de juzgados también supondría un avance para la administración de justicia, ante las carencias de la situación actual".

   "Hemos de recordar que, tras reclamar al gobierno central la dotación de juzgados con un discurso marcadamente victimista, la Conselleria de Justicia ha optado por no aportar los recursos que le correspondían para los 15 nuevos juzgados para la Comunidad Valenciana que ya habían sido aprobados desde el Ministerio de Justicia, por lo que los mismos no se han podido poner en funcionamiento", reprochan.

   En cambio, insisten, "el copago en la administración de justicia supondría que se generasen importantes desigualdades sociales". En este sentido, las entidades bancarias, las sociedades mercantiles o las personas con elevado patrimonio "no tendrían ningún problema en pagar las tasas que se fijaran, mientras que a los ciudadanos de rentas inferiores se les disuadiría de la defensa de sus derechos, lo cual afectaría al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".

   Esta perspectiva de "limitación de los servicios públicos a través del copago, como otras similares referentes a la educación o a la sanidad, representa una visión contraria a los principios esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho, que implica que los poderes públicos deben adoptar las medidas necesarias para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales y efectivas, lo cual supone garantizar los derechos sociales y permitir el acceso de todos a los servicios públicos", sostienen.

   Para el colectivo, "si el problema se encuentra, según parece, en que la Generalitat no cuenta con suficientes partidas económicas para afrontar la gestión en materia de justicia, la solución debe radicar en otro tipo de ordenación presupuestaria que haga frente a las necesidades reales". "Y ello supone, entre otras cosas, la conveniencia de reducir gastos públicos superfluos sin relevancia social", subrayan.

   Por otro lado, Jueces para la Democracia expresa su "disconformidad" con las propuestas de devolución al Gobierno central de las competencias autonómicas, que resultan contrarias a nuestros principios constitucionales. "La solución a estos problemas no se encuentra en la supresión de las competencias autonómicas, sino en una gestión más diligente y eficaz de la Generalitat Valenciana", sentencian.

Sindicatos de Justicia rechazan el copago

VALENCIA.- Sindicatos de Justicia han expresado su rechazo a la propuesta del conseller de esta área, Jorge Cabré, de "abrir el debate" sobre la conveniencia de que los ciudadanos paguen una tasa para hacer que los tribunales funcionen con mayor "rapidez y agilidad", ya que consideran que los usuarios no tienen por qué pagar la "mala gestión" y los "déficits" de la Generalitat.

   Así, el responsable del sector de la Administración de Justicia en CCOO-PV, Enrique Campayo, ha explicado que en 1985 se suprimieron las tasas judiciales, por lo ha tildado de "vuelta al pasado" la posibilidad apuntada por Cabre de pagar una cantidad todavía sin especificar, aunque habló de 50 o 60 euros.

   Según Campayo, CCOO siempre se va a oponer a cualquier formula de pago por parte de los ciudadanos para sufragar la "mala gestión" de la Justicia en la Comunitat Valenciana. A su juicio, con la propuesta del conseller se busca "enmascarar" la situación de la Justicia valenciana que, en su opinión, tiene un estado "deplorable".

   El responsable de CCOO-PV ha destacado que cuando Jorge Cabré era secretario autonómico de Justicia "no nos parecía una persona válida", y ha añadido que ahora como conseller y con propuestas como la de establecer una especie de copago en esta área "se pone en evidencia su falta de capacidad en su gestión para hacer frente a los problemas de la Justicia".

   Por su parte, el secretario del sector de Administración Autonómica y Justicia de la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV, Gonzalo Fernández, en declaraciones a Europa Press, ha indicado que, actualmente, la Justicia cuenta con tasas que los ciudadanos tienen que abonar "cada vez que tiene interponer un recurso", lo que provoca que no sea "gratuita y universal como manda la Constitución".

   "Si añadimos un copago como si esto fuera una mera prestación de un servicio, convertimos el sistema judicial en un sistema solo accesible para queines tiene medios económicos", ha indicado Fernández, quien considera que para que la Justicia sea "más ágil" lo que hacen falta son "más jueces, más secretarios, más fiscales".

   El responsable de UGT-PV ha dicho a los miembros del Consell que "si tan preocupados están por la falta de dinero, su obligación era haber advertido en su momento del gamberrismo que estaban haciendo con el presupuesto el PP y el Gobierno en la Comunitat Valenciana".

   Por su lado, al presidente autonómico de CSIF Justicia, Francisco José Cervera, quien ha instado a esperar a conocer en detalle esta propuesta para valorarla en profundidad, aunque le parece "bien" todo lo referente a "facilitar trámites", ha criticado que "siempre le toca pagar al mismo".

   En esta línea, Francisco José Cervera ha lamentado que el ciudadano sea quien "tenga que pagar los déficits de la administración". El dirigente de CSIF considera que deberían buscarse "otras fórmulas para agilizar la justicia" que no pasen porque sea el usuario quien tenga que sufragarla.  

   Del mismo modo, uno de los miembros del secretariado de STAS Intersindical Valenciana, Rafael Redondo, ha animado a buscar "otras alternativa de financiación", puesto que, a su juicio, la medida planteada por Cabré "no es adecuada", sobre todo en la situación actual de crisis económica.

   Para Redondo, se deben articular otro tipo de fórmulas de financiación que "no carguen el gasto a la ciudadanía". En su opinión, hay que destinar a Justicia, Educación y Sanidad el dinero necesario que, a su juicio, puede provenir, por ejemplo, del gasto en grandes eventos.

Gestha calcula que grandes empresas defraudan más de 42.700 millones al año

MADRID.- Las grandes fortunas y grandes empresas evadieron al fisco 42.711 millones de euros en 2010, esto es, un 71,8% del total del fraude en España, lo que además supone triplicar el fraude de pymes y autónomos, según la segunda parte del informe de 'Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria' elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). 

    En concreto, las pymes y autónomos sumaron un fraude fiscal que rondó los 16.261 millones de euros. El fraude fiscal de particulares, como plusvalías, arrendamientos, rentas del trabajo o del capital, se situó alrededor de 1.543 millones de euros anuales. Así pues, el fraude total ascendería a 59.515 millones de euros, el doble del fraude laboral, cifrado en torno a los 30.000 millones.

    Dado que las tres cuartas partes de la evasión fiscal se localiza en las 41.582 empresas de mayor tamaño, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, consideró que existe "consonancia" con las cantidades de billetes de 500 y 200 euros.

   "La responsabilidad social y la participación de las grandes empresas en el esfuerzo fiscal colectivo para superar la crisis económica debería ser mayor que en la actualidad", reclamó Mollinedo.

   En este sentido, el responsable de los Técnicos de Hacienda recordó que aunque el tipo general del Impuesto de Sociedades es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las pymes, el tipo efectivo es finalmente inferior para las compañías de mayor tamaño.

   Según los últimos datos disponibles, correspondientes al ejercicio 2008, las microempresas que facturaron entre 6.000 y 60.000 euros tributaron a un tipo efectivo del 23,9%, mientras que las empresas que ingresaron entre 6 y 12 millones de euros lo hicieron al 21,2%, dos puntos y medio menos.

   Por su parte, Gestha calcula que las corporaciones empresariales que facturaron más de 180 millones tributaron al 19,5%, es decir cuatro puntos y medio puntos menos que las microempresas.

   Asimismo, el colectivo instó a la Agencia Tributaria a realizar un "mayor esfuerzo" para detectar y combatir posibles irregularidades entre las grandes compañías.

   "Desde hace muchos años se ha puesto la lupa sobre las rentas del trabajo, de los autónomos y de las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude", lamentó Gestha en un comunicado.

Desconvocada la huelga de controladores aéreos en Alemania

BERLÍN.- La huelga de controladores aéreos prevista en Alemania para entre las 6.00 y las 12.00 horas de este martes ha quedado finalmente desconvocada. Ello ha sido posible gracias a que el gestor de control aéreo germano (DFS) ha solicitado un mediador para que intervenga en las negociaciones salariales, pocas horas después de que la Justicia alemana autorizara la huelga. Esta había sido convocada con apenas 24 horas de antelación, el plazo mínimo exigido por ley.

   Los empleados del sindicato de controladores GFK no podrán renunciar en las próximas cuatro semanas a trabajar. El abogado Volker Rieble ha sido designado para ejercer de mediador, y ahora hay un plazo de dos semanas para presentar un calendario de arbitraje.

   Anteriormente la DFS había intentado, sin éxito, impedir la huelga mediante un mandato judicial, informa la red de radio pública ARD. La semana anterior sí logró paralizar en un tribunal laboral la huelga convocada para el jueves pasado, pero este fallo judicial no influía en la actual convocatoria de huelga, por lo que para evitarla tenía que acudir nuevamente a los tribunales.

   Desde el Gobierno de Angela Merkel se había subrayado la inconveniencia de paralizar el tráfico aéreo alemán, precisamente en periodo vacacional. Tampoco entiende las peticiones de un colectivo con un empleo muy bien remunerado. El ministro de Transportes, Peter Ramsauer, afirma que los controladores cobran una media de unos  120.000 euros anuales.

   Los controladores mantienen, entre otras reivindicaciones, un aumento salarial del 6,5 por ciento, pero el DFS les ha ofrecido una subida del 3,2 por ciento más una paga extra y un incremento adicional de al menos otro 2 por ciento para el próximo año, oferta que ha sido rechazada.

El PSOE ve "intolerable" que la Generalitat suba impuestos para "pagar la corrupción del PP"

VALENCIA.- El portavoz adjunto del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Francisco Toledo, ha afirmado que es "intolerable" que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "quiera que el despilfarro, el exceso y la corrupción del PPCV la paguen ahora los valencianos y valencianas con más impuestos". 

   Así se ha pronunciado el diputado socialista en referencia a los recientes anuncios de subidas de tasas realizados por parte del Ejecutivo valenciano.

   "Han aprobado ya una subida de las tasas universitarias del 7,4%, la mayor de España; van a hacer que los alumnos que repitan curso, tengan también que pagar más; y se plantean ya iniciar el copago sanitario por algo tan básico como ir a Urgencias, que sería un en realidad un repago, porque ya sostenemos con nuestros impuestos la Sanidad", ha criticado Toledo tras subrayar que "Fabra quiere aumentar la presión fiscal justo donde no toca, en Sanidad y Educación".

   El portavoz adjunto también ha lamentado "la nocturnidad y alevosía con la que están preparando el aumento generalizado de los recibos". En este sentido, ha apuntado que, con los solos votos del PPCV, "han aprobado en el Emtre triplicar la tasa de las basuras, de momento, para Valencia y su área metropolitana".

   "Y ahora tienen la vergüenza, --ha continuado--, de plantear que quien tenga dinero podrá ir antes a juicio, previo pago de 50 ó 60 euros". "¿Qué será lo siguiente? ¿abonar una tasa obligada para mantener un Canal 9 que sólo ven ya 4 de cada 100 valencianos y valencianas y que es un burdo instrumento de manipulación al servicio del PPCV?", se ha preguntado.

   Toledo ha exigido a Fabra que aclare "cuántos servicios gratuitos quiere hacer de pago" y, sobre todo, "que explique a las familias valencianas que tienen dificultades para llegar a fin de mes, que por su nefasta gestión, por su despilfarro, ahora no hay dinero para lo importante".

   En opinión del portavoz adjunto, "lo que Fabra quiere en realidad es construir una Comunitat Valenciana de dos velocidades: una rápida, para quien tenga dinero; y otra lenta, para quien sea humilde y no pueda pagar más por servicios que son básicos y que tendrían que ser gratuitos".

Fabra: si Rajoy da responsabilidades a Camps seré "el primero en felicitarlo"

CASTELLÓN.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha indicado que si el líder del PP, Mariano Rajoy, ofrece responsabilidades políticas al exjefe del Consell Francisco Camps, será "el primero en felicitarlo".

   Fabra ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, al ser preguntado por las palabras de Rajoy, en las que ha dicho que Camps es una persona "honrada" y se ha mostrado convencido de que en el futuro, "a buen seguro, podrá volver" a la primera línea de la política.

   Al respecto, el jefe del Consell ha resaltado que Camps es "un gran político, una persona que ha demostrado de lo que es capaz en estos ocho años que ha estado al frente de la Generalitat Valenciana".

"Le deseo lo mejor, porque estoy convencido de que va a salir absuelto en el juicio pendiente", ha resaltado.

   Asimismo, ha indicado que si Rajoy, "que dentro de muy pocos meses, va a tener altas responsabilidades y necesarias responsabilidades en este país", quiere contar con él en política, "seré el primero en felicitarlo". 

A su juicio, España, a partir de noviembre, "necesitará personas decididas con las ideas claras y con el compromiso necesario para que este país pueda salir cuanto antes adelante de la situación actual".

   Respecto a las informaciones que apuntan a que el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, podría abandonar la Cámara para formar parte de la lista que el PP presentará al Congreso por la circunscripción de Valencia, Fabra ha destacado que "en estos momentos es el presidente de las Corts" y, en su opinión, "lo que tiene que hacer es iniciar el periodo de decisiones de las Corts con fuerza haciendo ver que en la Comunitat Valenciana tenemos muchas cosas que decir".

   "El parlamento tiene muchas cosas que gestionar y tenemos que empezar a generar esa normalidad y un debate productivo y no estéril, como se ha producido en estos últimos años a favor de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana", ha subrayado.

   Por otra parte, el presidente de la Generalitat, preguntado sobre si Ana Rosa San Feliu --que hasta hace unos meses ha sido su jefe de prensa en el Ayuntamiento de Castellón-- formará parte del equipo del a Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, ha dicho: "cuando se publique en el DOCV será efectivo".

   En otro orden de cosas, en cuanto a la incompatibilidad que supondría que el expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll fuera presidente de la Autoridad Portuaria y mantuviera su cargo como jefe del PP provincial, Alberto Fabra ha explicado que es "una decisión que se tiene que tomar".

"Lógicamente cuando se haga, si es que se hace, no se preocupe que no habrá ningún tipo de incompatibilidad", ha manifestado.

Blanco califica de "broma" el copago en Justicia en la Comunidad Valenciana

MADRID.- El portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, ha calificado de "broma" que se plantee el copago en Justicia en la Comunidad Valenciana y lo ha rechazado, aunque ha advertido de que es la tercera área de la administración en la que desde el PP se plantea una medida así, después de la sanidad y la educación.

   En declaraciones a Punto Radio, Blanco ha señalado que espera que la idea "sea desautorizada" por la dirección del PP, que ya ha rechazado oficialmente el planteamiento de otros copagos desde otras Comunidades.

   "En el fondo el PP tiene ideas que no plasma en un programa electoral aunque formen parte en su ideario", ha señalado el dirigente socialista.

El TSJ de Cataluña ve necesario que el Gobierno plantee el copago en Justicia

BARCELONA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, ve necesario que el Gobierno plantee el copago en Justicia, en determinados casos y con matices, si bien ha destacado que ahora no es el momento.

   Gimeno ha explicado que un juicio verbal cuesta al erario público unos 1.400 euros, contando la amortización de los espacios, lo que supone un gasto importante, y más teniendo en cuenta que es habitual que haya demandas por 100 o 200 euros --e incluso en casos extremos por 6 euros--, por lo el gasto para resolver es mucho más elevado que lo que se discute.

   "La Justicia es muy sensible y debe garantizarse, aunque es muy cara. Se tiene que poner algún límite porque no podemos pagar estas desproporciones: todo tiene un coste y esto lo tenemos que entender todos y colaborar", ha destacado el presidente del TSJC.

   Además, ha subrayado que el copago debe definirse con "mucho cuidado", ya que la Justicia es un derecho de todos, y la capacidad económica no debe tener importancia.

   "No está mal que aquel que tiene capacidad económica y que además obtiene una ganancia, colaborare con algún tipo de tasa, es razonable", ha concluido Gimeno, que ha recalcado que es un problema a nivel estatal y que todos los partidos son conscientes del gran coste de la Justicia.

La asociación mayoritaria de jueces apoya el "copago" en Justicia

MADRID.- La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre el colectivo de jueces españoles, vería con buenos ojos la implantación de una tasa para acceder la Administración de Justicia, a modo de "copago" del servicio, con el fin de disuadir a los que abusan de los tribunales y contribuir a la agilización.

   La instauración de este copago ha sido sugerida por el consejero de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat valenciana, Jorge Cabré, quien ha manifestado la necesidad de "abrir el debate" sobre la conveniencia de que los ciudadanos paguen una tasa para hacer que los tribunales funcionen con mayor "rapidez y agilidad", ya que consideran que los usuarios no tienen por qué pagar la "mala gestión" y los "déficits" de la Generalitat.

   El portavoz de la APM, Pablo Llanera, ha manifestado este martes que esta asociación ya se ha manifestado desde hace tiempo partidaria de las tasas.

   "La ciudadanía tiene la consideración errónea de que cuando existe una condena en costas la parte que pierde que pierde es la que asume los gastos -ha explicado-. Pero las costas sólo obligan a pagar los gastos de la parte contraria, no los edificios o el personal al servicio Administración de Justicia. Eso lo pagan todos los ciudadanos, hay quienes realizan un uso abusivo".

   A juicio de Llanera, la implantación de tasas tendría dos consecuencias. Por un lado, serviría para "responsabilizar a los ciudadanos" pues disuadiría de entablar acciones judiciales sin la debida justificación; mientras que por el otro ayudaría a que el resto de españoles no soporten los gastos de quien realiza un uso abusivo de este servicio.

    Así, a juicio del portavoz de la APM, "se podría establecer una tasa para aquellos que presenten una demanda o se oponga a ella" y, si se gana el procedimiento, la parte contraria debería resarcirle de ese pago"

   Por su parte, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha asegurado que la propuesta de "copago" del consejero de Justicia puede tener "efectos recaudatorios" pero "no agilizará en modo alguno los procedimientos, al contrario de lo que indica" el representante del Consell valenciano.

   La organización argumenta mediante un comunicado que la gestión de los litigios "podrá mejorar con otro tipo de medidas que no están siendo abordadas por la Generalitat valenciana, como el impulso en la reforma de la oficina judicial, pues el actual modelo resulta obsoleto y la institución autonómica no está mostrando ninguna voluntad de proceder a las modificaciones previstas legalmente".

   A su juicio, "la agilidad de los procedimientos también se incrementaría con una gestión más adecuada de los recursos personales y materiales por parte de la Conselleria de Justicia".

   Del mismo modo, JpD defiende que "una gestión más eficaz de la Generalitat en materia de creación de juzgados también supondría un avance para la administración de justicia, ante las carencias de la situación actual".

   Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (FdV), Marcelino Sexmero, ha asegurado a Europa Press que la tasa propuesta por Cabré "no es un instrumento para agilizar absolutamente nada" sino para "disuadir al ciudadano en el ejercicio de la justicia".

   Según Sexmero, dicha tasa sólo tendría sentido si se aplicara "como un método de allegar recursos a la administración de justicia, siempre y cuando la tasa y el producto de la misma se quede en la administración de justicia y no en Hacienda".

   "Si lo que se pretende es conseguir recursos, bienvenida sea, siempre y cuando no sea muy elevada", ha señalado Sexmero, al tiempo que ha insistido en que no debe tratarse de justificar la implantación de este sistema como método para "agilizar" la justicia ya que, a sus ojos, "no es lógico".

   "Lo que necesita ahora mismo la justicia es medios, y como ahora mismo no los tiene por la crisis, se pueden buscar a través de esa tasa, pero ha de ser con el objetivo de buscar recursos para invertir en justicia, nunca para disuadir al ciudadano en el ejercicio de la justicia", ha explicado.

   La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales es partidaria de buscar fórmulas alternativas a la hora de mejorar la calidad de la Administración de Justicia ya que, tal y como ha expresado su portavoz, Lucía Girón, "si la ley es igual para todos tenemos que permitir que el acceso sea igual" y nunca debe depender, a su parecer, de los recursos económicos de los que disponga el ciudadano.

   "Antes de acudir al copago habría que buscar que la financiación de la Administración de Justicia pueda ser mas eficiente. Habría que buscar la eficiencia en el gasto de los fondos públicos con los recursos que hay", ha asegurado, para afirmar que implantar dicho sistema "supondría volver al sistema de tasas preconstitucional".

   En este sentido, Girón ha señalado que "si hubiera que elegir entre que todo el mundo tenga acceso a la justicia, aunque ello suponga recibir un mayor número de denuncias que no llegan a ninguna parte, o que alguien no tenga a acceso a la justicia por falta de recursos, el copago no es deseable".

El Consell apuesta por abrir el debate sobre el pago de una tasa para lograr "calidad y rapidez" en la justicia

CASTELLÓN.- El conseller de Justicia de la Generalitat valenciana, Jorge Cabré, ha abogado por "abrir el debate" en la sociedad sobre la conveniencia de que los ciudadanos paguen una tasa para hacer que los tribunales funcionen con mayor "rapidez y agilidad".  

   "Lo vamos a plantear y a lo mejor se llega a la conclusión de que no procede" pero "mi opinión personal es que es una vía que desde luego se tiene que explorar, porque llevamos muchos años hablando de las dificultades y carencias de la justicia", ha agregado Cabré, que ha especificado, no obstante, que aún no hay una "propuesta formal".

   El representante del Ejecutivo autonómico, que ha realizado estas manifestaciones en Castellón, donde ha visitado la Ciudad de la Justicia, ha precisado que el debate se debe abrir "con argumentos" porque "no se trata de decir sí o no a todo, sino de explicarlo".

   "Y yo lo que planteo es sencillamente que la justicia es un servicio público distinto a educación o a sanidad, por una razón fundamental: mientras que a la sanidad, por ejemplo, los ciudadanos acuden prácticamente a diario o muchas veces a lo largo de su vida, en justicia estamos hablando de un servicio público del que la mayoría de la gente jamás hace uso de él y, por tanto, es algo excepcional acudir a un tribunal", ha argumentado.

   "Yo estoy convencido --ha continuado-- que mucha gente cuando acude con un pleito urgente a un tribunal de justicia lo que quiere es calidad en el servicio, rapidez y agilidad" por lo que "si se les planteara, a muchas personas a lo mejor no les importaría tener que abonar una cantidad", que puede ser de 50 o 60 euros "u otra". 

"Eso entra dentro del debate", ha apostillado.

   En todo caso, sería "una cantidad para lograr que la justicia tuviese los parámetros de calidad que todos estamos buscando, simplemente, en esos términos".

   Además ha hecho notar que en justicia existe la ventaja de la asistencia jurídica gratuita --a través del turno de oficio-- y por ello, "lógicamente, a esas personas en ningún momento se plantearía que abonasen ninguna cantidad".

   El conseller ha comentado que esta posibilidad se plantea como una novedad "y realmente no lo es". Al respecto, ha señalado que "ya en estos momentos cuando se recurre, por parte del Ministro de Justicia, hace muchos años se estableció el famoso depósito para recurrir".

"Por tanto, cuando se plantean determinados depósitos, los ciudadanos tienen ponen una cantidad que, si después el recurso se les falla en contra, la pierden".

   "Lo razonable y lo sensato es abrir ese debate. Abrirlo a la sociedad, a los medios, con el Ministerio y con las restantes comunidades", ha concluido.

   Por otra parte, el titular de Justicia ha avanzado que, "seguramente a principios de septiembre se va a publicar una nueva orden de interinos con la que se potencia mucho la formación y preparación de todos aquellos que quieran realizar labores de funcional interino en justicia".

  Acerca de una posible ampliación de la plantilla de funcionarios, Cabré ha apuntado que "a corto plazo no hay ninguna intención" de incrementar ese cuerpo. "Se entenderá que en la situación en la que nos encontramos ahora lo que no parece razonable ni posible es que se pueda ampliar la plantilla de funcionarios y crear más". En este punto, se ha mostrado más favorable a una "reordenación", tal y como se hizo en el juzgado número 10 de Primera Instancia de Castellón.

   Sobre esta cuestión, se ha mostrado seguro de que era "la única medida posible" porque "la alternativa era no abrir ese juzgado como se ha tenido que hacer en otras provincias de la Comunitat donde por no efectuar esa reordenación, la consecuencia ha sido que se han quedado juzgados sin abrir". "Honestamente, creo que para la ciudad de Castellón, para la Ciudad de la Justicia, es mejor abrir ese décimo juzgado y ganar un juez más aunque sea a costa de haber reducido la plantilla de funcionarios".

   Por otra parte, preguntado por si existe algún plazo para la Ciudad de la Justicia de Vila-real, Cabré ha recordado que la Conselleria está "buscando todas las soluciones" pero que, "realmente, no es un problema de falta de pago del Consell".

   "Este problema realmente no es nuestro, es un problema de falta de financiación de la empresa que se encargaba de la obra y nosotros lo que hemos intentado hacer es mediar con las instituciones financieras para que esta empresa pudiese obtener la financiación adecuada y poder reanudar la obra; no ha sido posible, por lo tanto, lo que la Conselleria está haciendo es resolver ese contrato para inmediatamente sacarlo a licitación por una buena empresa para que se pueda poder concluir esa obra".

La Plataforma del 15-M de Elche denunciará a la alcaldesa por decir que había etarras entre los 'indignados'

ELCHE.- La Plataforma del 15-M de Elche prevé interponer una denuncia judicial por injurias y calumnias contra la alcaldesa de la localidad, Mercedes Alonso, en relación con las declaraciones que hizo el pasado 26 de julio en el pleno del Ayuntamiento, en las que decía que había gente instalada en la plaza del Baix, "que pertenece a una banda armada, ETA", refiriéndose a algunos de los concentrados por el movimiento 15-M.

   El abogado de esta plataforma, Antonio Palazón, ha señalado que a través de esta denuncia "no buscan una sanción" contra Mercedes Alonso, sino "una rectificación" en un medio de comunicación "del mismo calado" a la conseguida con sus declaraciones, además de que "justifique lo que dijo".

   Alonso ya matizó sus propias palabras en el mismo pleno, y posteriormente pidió disculpas a los integrantes del movimiento, por si alguien se había sentido "ofendido" por unas declaraciones en las que defendía la necesidad de mantener su servicio de escolta por la posible presencia de etarras en la ciudad, algunos de cuyos miembros, supuestamente, estarían en el movimiento 15-M.

   Además, la alcaldesa consideró que quienes interpretaron que ella vinculaba a la banda ETA con el movimiento 15-M, "tergiversaron" sus palabras.

   Los indignados, no conformes con esa disculpa, acusan a la alcaldesa de haber cometido un delito de injurias y calumnias, y por ello, buscan que Alonso "deje de difamar, porque no hace bien a nadie", ha puntualizado Palazón, quien además ha añadido que "no hay buen trato con la alcaldesa por parte de la Plataforma".

   Así, el principal objetivo es que "rectifique", ya que "no se puede decir que hay etarras entre los indignados de la plaza del Baix". La denuncia también cuestiona la seguridad de la ciudad, ya que si en la plaza realmente hubiera habido componentes de la banda armada ETA, las fuerzas de seguridad "no hicieron nada para detenerles ni tampoco informaron al resto de los concentrados ni al conjunto de los ciudadanos sobre el peligro existente".

EUPV pide a Fabra que no coloque a Ripoll como presidente de la Autoridad Portuaria

ALICANTE.- La diputada de Esquerra Unida (EUPV) Esther López Barceló ha pedido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que no coloque al ex presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, como presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, dado que "una institución vital no puede quedar en manso de las luchas internas de poder del PP".

   En un comunicado, la diputada ha calificado de "inadmisible" que "el imputado Ripoll" acabe presidiendo "una institución vital y estratégica como es el Puerto de Alicante". Por ello, ha reclamado "unos mínimos requisitos de profesionalidad" para esta elección.

   "Un nombramiento así respondería a las luchas de poder internas del PP valenciano y no a unos requisitos de profesionalidad", ha afirmado López Barceló, que ha criticado que precisamente "para mantener la paz interna del PP, Fabra no ha dudado en los últimos días en colocar en lugares de relevancia a imputados por casos de corrupción".