Los hoteles de Benidorm aumentan cinco puntos su ocupación en la 1ª quincena de octubre

BENIDORM.- Los hoteles de Benidorm han aumentado cinco puntos su ocupación durante la primera quincena de octubre, hasta alcanzar el 93,3 por ciento de sus plazas, según ha informado en un comunicado la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (HOSBEC).

   Por categorías, Hosbec considera "significativa" la ocupación registrada en los hoteles de 4 estrellas, con un 94,2 por ciento, seguida por los hoteles de 3 estrellas con una ocupación del 92,6 por ciento, el 93,4 por ciento de los de 3 estrellas y el 95,3 por ciento de los de 2 estrellas.

   Por procedencias, el mercado nacional baja su representatividad hasta el 44,2 por ciento del total de los turistas alojados, frente al 55,8 por ciento de turistas extranjeros.

   En este periodo, se registraron un total de 247.000 pernoctaciones de españoles, y se confirma el ligero retroceso del mercado nacional que baja un 2 por ciento el número de pernoctaciones respecto a 2010.

   Por ello, de nuevo "las buenas cifras" de ocupación alcanzadas tienen su origen en el "buen comportamiento de los mercados internacionales y especialmente el mercado británico".

   Así, el Reino Unido crece hasta el 42 por ciento del total de clientes alojados en hoteles de Benidorm alcanzando las 235.000 pernoctaciones, lo que supone un crecimiento en este mercado del 13 por ciento.

   Los turistas belgas ocupan el segundo mercado internacional, con  un 5,8 por ciento del total y un crecimiento del 4 por ciento. Los visitantes holandeses también crecen sensiblemente y se sitúan como tercer mercado en importancia, con 4,1 por ciento del total.

   Las previsiones de ocupación para la segunda quincena de octubre 2011 se sitúa en un 81,5 por ciento en estos momentos, según las mismas fuentes.

La alcaldesa de Alicante ya no sabe cómo decir que no es lo que parece

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha asegurado que quiere que su "nombre quede limpio" en relación con el 'caso Brugal' "no porque se anulen las escuchas, sino porque se demuestre que no había nada", al tiempo que ha subrayado que "desgraciadamente" no forma parte de la causa y eso hace que la "indefensión sea a veces importante".

   Preguntada por los medios de comunicación sobre el auto que avala las escuchas de la pieza separada del 'caso Brugal' relativa al PGOU de Alicante, Castedo ha reiterado que no forma parte de esta causa.

  "No formo parte de la causa, eso quiero que quede claro desde el principio, soy la que más está apareciendo pero yo no formo parte de la causa, con lo que creo que la indefensión es a veces importante", ha dicho.

   En cuanto al auto, y al hecho de que avale las escuchas, la alcaldesa ha resaltado que el "día que esto acabe" quiere que su "nombre quede limpio" pero "no porque se anulen las escuchas, sino porque se demuestre que no había nada".

   Así mismo, sobre que el hecho de que el juez vea indicios de delito, Castedo ha subrayado que "no especifica en quién" pero que "evidentemente que ve indicios de delito" porque "si no, no admitiría las escuchas porque las escuchas se caerían y se caería absolutamente todo".

   "No dice en quién, no me hagan a mí ahora recaer sobre mí ningún tipo de indicio, lo vuelvo a repetir: yo no formo parte de la causa, desgraciadamente para mí no formo parte de la causa pero me defiendo y me seguiré defendiendo, yo quiero que mi nombre quede limpio porque no hay nada, no porque se anulen unas escuchas", ha reiterado.

El juez de Orihuela cita a declarar a Ortiz el 8 de noviembre y a Ripoll el 1 de diciembre por Brugal

ORIHUELA.-   El titular del juzgado de primera instancia nº 3 de Orihuela, Carlos San Martín, que investiga la parte del 'caso Brugal' relativa a supuestas irregularidades del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, ha citado de nuevo a declarar a los principales imputados en la causa, entre ellos el empresario Enrique Ortiz, el 8 de noviembre, y el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, el día 1 de diciembre, según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

   En una resolución que ya ha sido comunicada a todas las partes afectadas en este proceso, Carlos San Martín ha establecido un calendario de declaraciones en relación con la pieza del 'caso Brugal' que allí se instruye.

   Así, el empresario oriolano Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel Fenoll están llamados a declarar los días 25 y 26 de octubre, respectivamente. Ambos están imputados en esta causa por los delitos de extorsión, cohecho, tráfico de influencias, entre otros.

   A continuación, deberá prestar declaración Rafael Gregory, ex presidente de la Fundación del Hércules CF, quien aparece en el sumario como supuesto intermediario entre el empresario Ángel Fenoll, José Joaquín Ripoll y Enrique Ortiz en el negocio de la gestión de basuras de la Vega Baja. Gregory está imputado por fraude, tráfico de influencias y cohecho.

   El día 8 de noviembre está citado el constructor alicantino Enrique Ortiz, imputado por un delito de fraude y otro de cohecho, y el 30 de noviembre está fijada la declaración de Ángel Luis Bracho, apoderado de la empresa de tratamiento de residuos Sufi, SA, también imputado por cohecho, fraude y tráfico de influencias.

   El expresidente de la Diputación, presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante y presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll está citado para el día 1 de diciembre, por su imputación en cinco supuestos delitos, entre ellos los de cohecho, fraude y tráfico de influencias.

   José Candel, gerente de la empresa Inusa --del grupo Ortiz--, imputado por estos mismos tres delitos, cerrará la ronda de interrogatorios ante Carlos San Martín el próximo día 5 de diciembre, según han detallado las mismas fuentes.

Piden que la exdirectora general de la CAM devuelva la pensión anual y el sueldo que se fijó

VALENCIA.- El portavoz adjunto del PSPV en las Corts Valencianes Francisco Toledo se ha referido hoy a la decisión de la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, de inscribirse como demandante de emplo en el Servef, para reclamar que devuelva "la pensión anual de 370.000 euros y el sueldo de 593.040 euros que se autofijó antes de ser despedida fulminantemente".

   Toledo ha considerado en un comunicado que el que Amorós haya acudido al Servef es una muestra de que "la avaricia, la desvergüenza y el saqueo de los directivos de la CAM no tiene límite". Además, ha considerado que "la mayor responsabilidad es del PPCV de los últimos 16 años", porque, según ha dicho, "ellos ocuparon las cajas, y ellos debían haber supervisado los órganos de control y dirección, a través del IVF".

   Por ello, ha exigido al PPCV y a Fabra "que voten a favor de una Comisión de Investigación, porque también es responsabilidad suya que Moody's haya decidido hundir a la entidad al nivel del bono basura".

   "La parálisis de Fabra ante la CAM, que deja en evidencia las vergüenzas de su partido, se ha convertido ya en el gran escándalo del inicio de su mandato, porque está demostrando su debilidad para afrontar como gobernante cualquier problema".

   Toledo también ha defendido que "el saqueo al que han sometido a la CAM debe ser investigado ya, y las cuentas deben ser minuciosamente examinadas para verificar si hubo o no falsedad en los balances que el Consejo de Administración aprobó".

   De igual modo, el diputado socialista ha reclamado "conocer qué actuaciones llevó a término el IVF en calidad de supervisor de las entidades financieras, y quién autorizó los créditos en condiciones ventajosas para los consejeros de la caja, mientras los negaban a las familias".

A su parecer, "Fabra tiene que dejar de sonreír para empezar dar explicaciones", ha concluido.

IU pide "sentar en el banquillo" a los "estafadores" de las cajas y al Banco de España

VIGO.- El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha apostado este martes en Vigo por "sentar en el banquillo" a los ex directivos de cajas de ahorro que han llevado a las entidades a su desaparición y también a los responsables del Banco de España, por "mirar para otro lado" en lugar de "cumplir su obligación de vigilar" el sistema financiero español.

   Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en Vigo, en la que ha tachado de "estafadores" a esos dirigentes financieros, a los que ha exigido que, además de devolver las indemnizaciones millonarias que han cobrado, respondan ante la Justicia. "Deben responder de la gestión que han hecho", ha señalado y ha recordado que crearon "agujeros enormes" en las entidades que ahora deben cubrirse con fondos públicos.

   Además, Lara ha apuntado que "también hay responsabilidades políticas", empezando por los miembros de los consejos de las cajas, "que deberían conocer cómo se gastaba el dinero", y pasando por el PP y el PSOE, a los que ha acusado de tener un "pacto tácito" para privatizar las cajas. "La Fiscalía Anticorrupción tendría que entrar ahí a tope", ha aseverado.

   El líder de IU se ha referido también al hecho de que la ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós, se haya apuntado a las listas del paro. "Será una parada de lujo, pero no es en el paro donde tendría que apuntarse, sino en un juzgado", ha puntualizado.

El PP da vía libre a la creación de una comisión de investigación sobre la CAM en las Cortes valencianas

VALENCIA.- El PP votó este miércoles en las Cortes valencianas a favor de crear una comisión de investigación sobre la gestión de Caja Mediterráneo (CAM) y la situación en la que se encuentra la entidad, "para que se puedan depurar las responsabilidades correspondientes y para pedirle explicaciones al Banco de España".

   Así lo ha explicado este martes el portavoz del PP, Rafael Blasco, tras mantener una reunión con el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, para abordar la reforma de la Ley Electoral, al ser preguntado por si el grupo popular apoyará la creación de esta comisión de investigación, propuesta por EUPV.  

   Blasco ha hecho hincapié en que la situación en la CAM "es alarmante". Por ello, ha anunciado que el PP respalda la creación de una comisión de investigación "para que se puedan depurar las responsabilidades correspondientes y para pedirle explicaciones al Banco de España de por qué, siendo el organismo que tiene la titularidad de fiscalizar y de intervenir esta caja, ha llegado a la situación a la que ha llegado".

   Según el diputado autonómico, el PP es "partidario de la máxima transparencia y de exigir la máxima responsabilidad a aquellos que hayan actuado incorrectamente".  

   Asimismo, ha subrayado que tanto la Generalitat como el Grupo Popular son "los primeros interesados en que se depure cualquier tipo de responsabilidad y, al mismo tiempo, que se sepa exactamente cuál es la situación y el futuro de esta entidad financiera".

   "Especialmente estamos interesados en reivindicar que el Banco de España dé las explicaciones necesarias para poder generar una actitud constructiva respecto de esta entidad financiera, que tiene tanta importancia para la Comunitat Valenciana, y para evitar cualquier atisbo de alarma social que se haya podido generar", ha resaltado Rafael Blasco.

La exdirectora general de la CAM se apunta al paro

ALICANTE.- La ex directora general de Caja Mediterráneo, María Dolores Amorós, se ha inscrito como demandante de empleo en las oficinas del Servef, según han confirmado hoy fuentes conocedoras de la decisión de Amorós.

   María Dolores Amorós acudió este viernes a una de las oficinas del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) de Alicante para inscribirse como demandante de empleo, aunque por el momento no ha iniciado los trámites para cobrar la prestación de desempleo.

   Amorós fue destituida como directora general por los administradores del FROB el 10 de agosto, aunque continuaba cobrando su salario, y el 28 de septiembre decidieron despedirla al considerar que "actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia" --por importe de 369.497 euros anuales--, así como por "falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad" y por llevar a cabo una "deficiente gestión".

Moody ´s hunde al Banco CAM al bajar su calificación

MADRID.- La agencia Moody's ha hundido en el "bono basura" al Banco CAM, al que ha rebajado su calificación individual en dos escalones por su debilidad financiera, al tiempo que ha mantenido invariable la escasa calidad de la deuda a largo plazo.

En un comunicado, Moody's explica que rebaja de "D" a "E+" la fortaleza financiera de la entidad, lo que en la escala a largo plazo de la agencia equivale a la sexta peor nota dentro de las consideradas especulativas o "bono basura". En esta categoría, aunque unos peldaños por encima, se encuentra también la deuda sénior, que tiene como garantía a la propia entidad, intervenida a finales de julio. En cualquier caso, Moody's explica que todas estas calificaciones se encuentran en revisión con una dirección incierta, es decir, no sabe si las empeorará aún más o las mejorará.
La rebaja de varios escalones de la calificación de fortaleza financiera del Banco CAM se explica por el deterioro del perfil crediticio de la entidad y su frágil posición de liquidez. Moody's explica que el Banco CAM consigue su liquidez principalmente gracias a la financiación del Banco Central Europeo (BCE) o a través de la línea de créditos de 3.000 millones proporcionada por el fondo público de rescate (FROB). Además, hace hincapié en las pérdidas superiores a 1.100 millones de euros a cierre de junio y el deterioro de la calidad de activos del banco, con una morosidad del 19 % y una cobertura del 39,4 %.
En cuanto a la inyección de capital de 2.800 millones hecha por el FROB, Moody's cree que sin ella el Banco CAM no sería capaz de hacer frente a sus importantes necesidades de refinanciación en los próximos doce meses, debido al debilitamiento de su base de depósitos y a la falta de acceso a la financiación del mercado mayorista. 

Además, la agencia se muestra preocupada por el futuro de la entidad, por su débil solvencia y el rápido deterioro de su cartera. Sin embargo, recuerda que el FROB y el Banco de España han iniciado conjuntamente el proceso de subasta de Banco CAM, que se espera que concluya en las próximas semanas. Si como resultado de esa subasta el Banco CAM es adquirido por otra entidad más fuerte, Moody's admite que mejoraría la fortaleza financiera de la entidad.

Las nuevas exigencias de capital a los bancos por parte de la Unión Europea y las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, complican aún más la subasta de la CAM inicialmente prevista para finales de este mes. La intención del Banco de España era que la entidad se vendiera antes de noviembre, pero ninguna de las cuatro entidades que han presentado ofertas y que el FROB ha escogido como las mejores (Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell) ha accedido a la auditoría exhaustiva que les permitirá conocer hasta el último detalle de la CAM y que seña el paso previo para presentar una oferta en firme.

Esta demora hace imposible que la subasta de la CAM se realice a finales de este mes y provoca serias dudas de que pueda realizarse antes de las elecciones generales. La cita electoral no impide que se pueda realizar la subasta competitiva, pero sí plantea más incertidumbres en un momento de preocupación en la banca europea por las nuevas exigencias de capital.

Los interesados en CAM prefieren "hacer el favor" al nuevo Gobierno después del 20-N

MADRID.- José Luis Rodríguez Zapatero no podrá cumplir su sueño de cerrar la reestructuración del sistema financiero durante su Gobierno. Al menos, la resolución de la crisis de la CAM se quedará pendiente, según fuentes de toda solvencia, porque los bancos finalistas en la puja por la caja alicantina -que hoy comenzarán a hacer la due diligence- no quieren hacer este favor a un Gobierno del que no podrán cobrárselo. A eso se añade la recapitalización de la banca europea, que ahora es la prioridad del Banco de España, y la complejidad técnica de la revisión de las cuentas de la CAM, que será el argumento oficial para justificar el retraso.

Las condiciones de la subasta de la caja intervenida en julio establecen un plazo de cuatro semanas desde el inicio de la due diligence para presentar las ofertas vinculantes. Este proceso no ha comenzado aún para Santander, BBVA, Caixa y Sabadell -los miembros de la short list de cantidatos, como adelantó El Confidencial- y se espera que lo haga hoy o mañana. En todo caso, la fecha tope se alargará hasta el 14 de noviembre, el lunes de la semana electoral, y ya en esas fechas "no tiene sentido finalizar la puja hasta después de las elecciones y que sea el nuevo Gobierno el que dirija el proceso", según una de las fuentes consultadas, según 'El Confidencial'.
Este retraso obedece a varios factores. El primero es la enorme tranquilidad con que se lo tomó el Banco de España desde la intervención del 22 de julio hasta que empezó en serio su venta a mediados de septiembre (sin contar además que podía haberla intervenido mucho antes porque era perfectamente conocedor de su situación tras la ruptura de Banco Base). Después llegaron las dificultades para encontrar compradores y el temor a que la subasta quedara desierta, que obligó al supervisor a mejorar enormemente las condiciones para la puja.
Pero entonces llegaron las urgencias de los líderes europeos por la recapitalización del sector, que van a llevar a unos nuevos test de estrés cuyos detalles aún no están claro pero en todo caso serán mucho más duros que los de junio. Algo que ahora mismo tiene totalmente absorbido al Banco de España, según las fuentes. Y por si fuera poco, se cruzó por el camino la venta del Pastor, que finalmente se llevó el Popular, aparte, por supuesto, del escándalo de las indemnizaciones millonarias de los directivos que llevaron a la CAM a ser "lo peor de lo peor", según las palabras del gobernador Fernández Ordóñez.
Pero este retraso no es el único ni el principal problema en este proceso. Es cierto que la due diligence es un proceso muy complejo, algo que resulta sorprendente a primera vista, puesto que la CAM es la entidad más analizada de la Historia de la banca española: fue analizada por numerosas entidades en la subasta organizada por Nomura que finalmente quedó desierta, Ernst&Young la estudió para valorarla para la inyección de 2.800 millones del FROB (valoración que finalmente fue cero) y ahora volverá a ser examinada por los cuatro finalistas en el actual proceso de venta que dirige Merrill Lynch.
Ahora bien, las fuentes consultadas aseguran que "la situación de la CAM se mueve a diario y para peor", lo que requiere una nueva revisión con la información actualizada; casi todos los participantes en la puja actual ya miraron la caja en la subasta de Nomura.
Pero eso también podría soslayarse antes de las elecciones. El verdadero obstáculo es la reticencia de las entidades a adjudicársela antes de que haya un nuevo Gobierno. "Todos los finalistas entienden que comprar la CAM es un marrón que deben comerse para ayudar al Gobierno y al Banco de España a solucionar este problema sin llevar la entidad a la quiebra; de ahí que hayan pedido tantas prebendas para quedarse con ella", explica otra fuente conocedora del proceso. "Pero si ese favor se lo van a hacer a alguien que una semana después ya no va a estar ahí, no tiene ningún sentido", añade.
Por eso, "la adjudicación no se va a realizar hasta después de las elecciones, cuando ya haya un nuevo Ejecutivo al que puedan cobrarle el favor en el futuro", concluye.

Los socialistas ven ahora a la alcaldesa Sonia Castedo acorralada por la Justicia

ALICANTE.- El presunto tráfico de influencia de la señora Castedo queda más que patente en las escuchas, que ahora son consideradas por el juez como "medio idóneo", "necesarias" y que "proporcionaban más beneficios", dice en una nota la oposición socialista municipal a propósito del auto del juez Tejada.
El citado juez reconoce que "los hechos en el día de hoy no han sido siquiera provisionalmente calificados, pero revisten indicios de ser delictivos", por lo que para la portavoz socialista, “la responsabilidad, cuanto menos política, de la alcaldesa debería obligarla a dimitir.”

Para el juez se ha cumplido el principio de homogeneidad en las distintas prórrogas de las autorizaciones de las escuchas y la proporcionalidad de las mismas, por lo que “cabe preguntarse por qué se quieren invalidar las escuchas por parte de los abogados de Salvetti, de Ortiz y Quesada,” opina la portavoz socialista.

Según Elena Martín, “Ya no les queda más salida que explicarse y confesar lo que pudieron hacer. Esto es, una presunta trama de técnicos, políticos y empresarios para el beneficio particular, con cuantías muy considerables, de la mayoría de ellos, como lo demuestran las millonarias compraventas que el Sr. Ortiz consumó en distintas notarias.”

“Si como pretende decir la alcaldesa, no tienen nada que ocultar y todo fue legal y transparente, ¿cuál es la razón para que intenten, por todos los medios, invalidar las escuchas? No lo han conseguido y ahora tendrán todos, la alcaldesa incluida, que explicar a los ciudadanos y jueces muchas cosas.”

Su presidente pide a exdirectivos de NCG que renuncien a sus indemnizaciones

SANTIAGO.- El presidente de Novacaixagalicia Banco (NCG), José María Castellano, ha trasladado al consejo de administración que espera, "por el bien del proyecto, de sus empleados y clientes" que "cunda el ejemplo" dado por Javier García de Paredes, quien renunció a "la mayor parte" de su indemnización, y los demás exdirectivos "también renuncien a una gran parte de su finiquito. 

   "Nuestra intención es la de resolver este asunto lo antes posible", ha agregado. Las negociaciones con los exdirectivos de la caja que recibieron indemnizaciones millonarias se mantienen "abiertas", según informó la entidad.

   Por su parte, el exdirector de Caixa Galicia y presidente de la Fundación Novacaixagalicia-Claudio San Martín, José Luis Méndez, ha puesto sus cargos en sociedades participadas a disposición de Castellano.

   En la reunión, el que fue director general de Caixa Galicia durante 29 años ha comunicado que su jubilación "se ajustó a la normativa legal correspondiente" y que renunció a las indemnizaciones de su contrato de alta dirección.

La banca española podría tardar 45 años en deshacerse de su 'stock' de suelo

MADRID.- Las entidades financieras españolas podrían tardar hasta 45 años en deshacerse de su cartera de suelo, cuyo valor asciende a unos 49.000 millones de euros, si se mantiene el actual ritmo de transacciones, y hasta cinco años en drenar su 'stock' de pisos, que supone otros 21.000 millones, según el consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Ángel Berges.

El suelo copa el 70% de los activos inmobiliarios que actualmente acumulan bancos y cajas en sus balances, mientras que las viviendas representan el 30% restante.

Según AFI, el valor total de los activos 'atascados' en los balances del sistema financiero español ascienden así a unos 70.000 millones de euros, con datos al cierre del mes de junio.

Durante su intervención en el XXX Coloquio Nacional de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Berges afirmó que, a la vista de estas cifras, "el sector de la construcción y el financiero se han convertido en hermanos de sangre", puesto que su destino a día de hoy va aparejado. En su opinión, el gran reto al que se enfrentan es a la "movilización" de estos 'stocks'.

Asimismo, señaló que existe una "absoluta necesidad de plantear la creación de vehículos", en forma de "aparcamientos" o "bancos malos", para atajar el problema.
 

Según dijo, en España se ha producido una "sistemática oposición" a este tipo de soluciones, 

 si bien aseguró que "hay que volver a plantearlas con cierta urgencia" e incluso que, tras los "enormes problemas" en los que se ha visto envuelta la banca francesa, esta posibilidad "está más cerca que en junio".

La patronal de cajas plantea congelar sueldos salvo a directivos, según UGT

MADRID.- La patronal de cajas de ahorros (Acarl) ha planteado la congelación salarial durante un plazo de dos años para los trabajadores del sector a excepción de los grandes directivos, según informa UGT.

   "Nos plantean un convenio a dos años con congelación salarial absoluta que no se aplicarán los grandes directivos, que mantendrán sus retribuciones millonarias", denuncia el sindicato en una circular.

   UGT denuncia que con esta propuesta, presentada en la última reunión de la mesa del convenio colectivo de cajas de ahorros, la patronal se desdice de los planteamientos del pasado mes de julio, que apuntaban a la posibilidad de un acuerdo.

   Las empresas alegan incertidumbres económicas y "apuestan por generar más incertidumbre", dice el sindicato, que ha rechazado de plano la propuesta y califica de "irresponsable" la actitud de la patronal de cajas de ahorros.

   Por otro lado, denuncia incumplimientos de acuerdos laborales en los procesos de reestructuración en marcha, "con amenazas de nuevas vueltas de tuerca", así como "prejubilaciones obscenas de gestores a los que sí se les remunera el haber gestionado las cajas hasta su desaparición, ya sea por intervención o nacionalización".

   UGT afirma que se registran incrementos retributivos de cúpulas directivas, así como multiplicación de cargos como copresidentes, vicepresidentes ejecutivos, consejeros delegados y adjuntos ejecutivos a presidencia.

   El sindicato informa además de la existencia de sobrecostes de órganos de gobierno que mantienen sus reuniones, y de que algunos mantienen su sobredimensionamiento tras los procesos de fusión, "a pesar de haber sido vaciados de contenido".

   Asimismo, denuncia la existencia de estructuras directivas que mantienen duplicidades y que aumentan ineficiencias e ineficacias. "Los trabajadores no van a consentir cargar con todas las consecuencias de los excesos y la mala gestión de una buena parte de los directivos, y el conjunto de la sociedad mira con lupa", sostiene UGT.

Rubalcaba quiere que grandes empresas que hagan EREs paguen sus planes contra el paro

MADRID.- El PSOE se ha propuesto garantizar los recursos y mecanismos de actuación disponibles en materia de políticas de empleo mediante la creación de un Fondo para el Empleo que permitirá sostener las "medidas extraordinarias" que se proponen abordar si ganan las elecciones generales.

   Dicho instrumento contará con los "ingresos de naturaleza tributaria y presupuestaria que específicamente se determinen", pero también tendrá como fuente de financiación las aportaciones de aquellas grandes empresas con beneficios que impulsen expedientes de regulación de empleo para despedir a trabajadores mayores de 50 años.

   Así consta en el programa electoral con el que Alfredo Pérez Rubalcaba concurrirá a los comicios del próximo 20 de noviembre, que explica que la nueva herramienta tendrá "naturaleza suplementaria y no sustitutiva" respecto a los actuales fondos ordinarios que se destinan en los Presupuestos Generales del Estado a las políticas de empleo.

   El objetivo de los socialistas en "aumentar los recursos de los Servicios Públicos de Empleo" y mejorar su eficacia, así como adoptar "nuevos instrumentos que hoy no existen", impulsando también la colaboración público-privada en la intermediación en el mercado laboral.

   La obligación para que las grandes empresas con beneficios que prejubilen compensen al Estado fue introducida en la reforma de las pensiones y entró en vigor con efectos del 27 de abril, después de que Telefónica anunciara un ERE para 6.500 trabajadores en el periodo 2011-2013.

   La compañía que preside César Alierta se comprometió a abonar en su totalidad el coste por desempleo del proceso, cifrado en 350 millones de euros. El Ministerio de Trabajo autorizó el proceso el pasado mes de julio.

   La norma plantea que las empresas que, pese a haber tenido beneficios en los dos últimos años, realicen un ERE que afecte a trabajadores mayores de 50 años deberán efectuar una "aportación económica" al Tesoro Público para compensar el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo, si bien nunca se concretó de qué manera se aplciarían estos recursos.

   Para el cálculo de la aportación económica se tomarán en consideración el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años afectados por el expediente de regulación de empleo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.

   Por otro lado, los socialistas se comprometen a reordenar las ayudas a la contratación para primar los contratos que supongan incremento del empleo en la empresa, crear bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social que se proyecten en el tiempo a cambio de asegurar el mantenimiento por varios años de los contratos y posibilitar e incrementar la formación.

   El programa electoral de Rubalcaba contempla además atajar la temporalidad del mercado laboral, para la que introducirá un nuevo modelo de cotización por desempleo, denominado 'bonus-malus', con el fin de desincentivar la "temporalidad excesiva".

   Esta medida incrementaría la cotización a la Seguridad Social que los empresarios deben abonar para los contratos temporales, en tanto que llevaría aparejada una reducción de los cuotas sociales para aquellos indefinidos.

   Para fomentar la contratación a tiempo parcial, muy poco recurrida por el empresario español pese a las bonificaciones, el PSOE cambiará la regulación para que los parados puedan suplir los trabajadores en activo durante los períodos en los que éstos reciban formación continua.

Standard & Poor's rebaja de A a A- el rating del Instituto Valenciano de Finanzas

VALENCIA.-   La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's ha decidido rebajar el rating del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), desde A a A-, con perspectiva de calificación negativa. Asimismo, el corto plazo pasa de A-1 a A-2, según ha informado en un comunicado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).    

Ambas rebajas vienen motivadas por las bajadas en la calificación crediticia de la Comunitat Valenciana, desde A a A- para el largo plazo y desde A-1 a A-2, para el corto plazo, debido a la garantía explícita que por parte de la Comunidad tiene reconocida en su Ley de creación, el Instituto Valenciano de Finanzas.

El juzgado desestima los recursos de los principales investigados y avala las escuchas en 'Brugal'

ALICANTE.- El titular del juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante, que investiga la pieza separada del caso Brugal, relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha desestimado en su totalidad los recursos de reforma presentados por los principales investigados y resalta que las intervenciones telefónicas eran "el medio idóneo" para la investigación y "necesarias" para llevarla a cabo.

   El juez desestima en su totalidad, de esta manera, los recursos interpuestos por el empresario Enrique Ortiz y su mujer, María Manuela Carratalá, y por los socios del despacho Salvetti, José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, y Javier Gutiérrez, exconcejal socialista.

   En el auto, el juez también rechaza las pretensiones de las representación de PSPV y de EU y "se tiene por no interpuesto el incidente de nulidad de de actuaciones" instado por José Luis Castedo y Javier Gutiérrez.

Por otra parte, el subdirector general de Bancaja, José Cortina, ha reconocido este lunes ante el juez que se reunió con los abogados del despacho de Salvetti, así como con el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y su sucesora en el cargo Sonia Castedo, en relación con los intereses inmobiliarios de la entidad, todo ello, según ha asegurado, en el marco de "actividades lícitas", según ha explicado el abogado de EU, José Luis Romero.

   El titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante, Manrique Tejada, que investiga las presuntas irregularidades en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en una pieza separada del sumario del caso Brugal, ha tomado declaración a José Cortina por su supuesta implicación en la compra de suelo en zonas protegidas y su posterior traslado de los aprovechamientos a otras áreas urbanizables.

   José Cortina ha respondido a las preguntas del juez y de su propio abogado durante alrededor de una hora, y ha declinado atender a las de los letrados del PSPV y EU, personados como acusación, según ha detallado Romero.

   El directivo de Bancaja y consejero delegado de Bancaja Habitat SL, ha reconocido que una de las empresas del grupo Bancaja tuvo un contrato con el despacho Salvetti, y ha confirmado que en febrero de 2009 mantuvo una reunión en Valencia con los socios de este despacho, el hermano de la alcaldesa Sonia Castedo, José Luis Castedo, y Javier Gutiérrez, en relación con este contrato.

   Además, también ha admitido que se reunió en el Ayuntamiento de Alicante con Luis Díaz Alperi y con Sonia Castedo, y ha aclarado que estos contactos forman parte de las "gestiones normales de las empresas de Bancaja que tienen intereses inmobiliarios", todo ello "en relación con actividades suyas lícitas", ha explicado el letrado.

   En un momento determinado de la toma de declaraciones, Cortina ha hecho unas manifestaciones relacionadas con las conversaciones que había mantenido en sus gestiones inmobiliarias, y que, en opinión de Romero, han sido "un poco crípticas", ya que le ha dicho al magistrado: "no sabe usted lo que cambia de opinión la gente".

   José Luis Romero ha explicado que Cortina "ha echado balones fuera en lo demás", y ha recordado que el directivo de Bancaja el viernes presentó un escrito al fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, en el que "viene a decir que no puede hablar de delito de información privilegiada cuando las supuestas informaciones privilegiadas no llevan a resultado".

   El titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante continuará la toma de declaraciones el próximo miércoles, 26 de octubre, día en el que están citados a declarar en calidad de imputados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez.

La memoria del poeta Miguel Hernández deja de ser un negocio para la familia a costa de los ilicitanos, vista la reacción de la nuera

ELCHE.- Los herederos de Miguel Hernández han comenzado este lunes a revisar, caja por caja, los 250 paquetes en los que ha sido archivado el legado del poeta que desde hace 26 años custodia la ciudad de Elche, en un día que la nuera del poeta, Lucía Izquierdo, ha calificado de "muy triste".

   Lucía Izquierdo, acompañada por su hija, María José Hernández, y por el abogado que representa a la familia, Carlos Candela, se encuentra desde primera hora de este lunes en el Archivo Municipal de Elche, cotejando el contenido de las 250 cajas con el inventario del legado que se realizó en su día. En total, son más de 5.000 documentos, manuscritos y objetos personales del poeta de Orihuela.

   Ante los medios de comunicación, la familia ha asegurado que el convenio suscrito a finales del pasado año no contempla que los herederos percibirían en los próximos 20 años tres millones de euros, como asegura el actual equipo de Gobierno, sino 1,6 millones de euros, a razón de unos 80.000 euros brutos anuales en concepto de derechos de imagen y autor por el uso del material que compone el legado.

   Los herederos reclamarán esa cantidad judicialmente, a través de un litigio contencioso- administrativo, al tiempo que se querellarán contra el Ayuntamiento de Elche por daños a su imagen. "Vamos a pedir lo que nos deben, como punto de partida", ha dicho el abogado de la familia, quien, no obstante, ha anunciado la intención de reclamar también "daños morales".

  "Vamos a incluir una reclamación de daños morales porque la familia ha sufrido un cierto acoso, no por parte de las autoridades, pero sí un cierto acoso social por las cosas que se han dicho", ha avanzado.

   Según Candela, "es un asunto, más que complejo, muy extenso" porque, según ha explicado, hay que ver "los incumplimientos del Ayuntamiento, los retrasos económicos" de la cantidad de 84.000 euros al año que la familia tenía que percibir.

  "Lo de los tres millones no sale por ninguna parte", ha dicho Candela, quien ha insistido en que la cantidad que había que pagar era algo más de la mitad, en concreto "1,6 millones de euros en 20 años". Candela ha precisado que esta cantidad venía en dos conceptos, los derechos de imagen y una cantidad de mil euros al mes en concepto de la asistencia de los familiares a los actos que se celebren en torno al poeta.

   Por su parte, Lucía Izquierdo ha indicado que en el convenio se recogía que pagaba a la familia "en concepto de los derechos de imagen y si el ayuntamiento compra la marca de Miguel Hernández para su explotación y se iba a hacer un museo y se iba a poner una tienda de souvenir, ahí se iba a pagar a la familia con los ingresos que se obtuvieran".

   "De ahí era de donde se nos iba a pagar a la familia, nunca fueron tres millones de euros, ni que los hayamos pedido adelantadamente, 60.000 euros brutos al año, durante 20 años, se pueden hacer una idea", ha recalcado.

   Además, ha añadido que también se preveía que la familia fuera a "hacer donaciones a la fundación en concepto de derechos de autor para que pudiera asumir todos los proyectos culturales y que no desembolsara el ayuntamiento más que lo necesario. Con los números que hicimos era que no se iba a desembolsar absolutamente nada".

   Para Lucía Izquierdo, "hoy es un día muy triste".

"Me viene a la cabeza el día en que Josefina Manresa vino personalmente a depositar aquí en Elche todo lo que aquí nos obligan a llevarnos", ha dicho.

   Así mismo, ha explicado que el "legado va enlatado" con el resto de actividades, por lo que en "estos momentos se paralizan todas las actividades culturales para Miguel Hernández no sólo aquí, sino en el extranjero".

"Va todo a una caja y a esperar, por lo tanto eso son daños a la imagen del poeta y de su obra, son daños irreparables en estos momentos", ha dicho Izquierdo, quien ha apostillado que con su decisión el Ayuntamiento va a "enlatar al poeta y esperar a ver lo que sucede".

Antes hay que ayudar a Cáritas

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Elche, Pablo Ruz (PP) ha remarcado hoy que "el mejor emplazamiento" para el legado de Miguel Hernández es el Ayuntamiento de Elche, tal y como lo ha sido desde hace más de 27 años, si bien ha apostado por albergar estos bienes "sin pagar ningún alquiler".
    Pablo Ruz ha justificado la decisión de rescindir el contrato con los herederos de Miguel Hernández por la "situación de ruina" en la que se encuentran las cuentas municipales.
   La crisis económica hace inviable que "se puedan pagar los tres millones de euros que contempla el convenio por el alquiler del legado durante 20 años", ha asegurado el edil. El legado depositado en Elche se compone de unas 250 cajas con alrededor de 5.000 documentos, efectos personales y correspondencia.
   Pablo Ruz ha recordado que en estos momentos hay personas que diariamente tienen que asistir a Cáritas para comer, por lo que cabe preguntarse "qué Administración Pública puede pagar tres millones de euros por el alquiler de la obra de un poeta, aunque sea el más universal como Miguel Hernández".
   "No es una decisión unilateral, ni política, ni ideológica ni nada de eso, el ayuntamiento no puede asumir el coste del mantenimiento de ese legado porque no obtiene dinero para ello", ha asegurado.
  "Desde el principio hemos tenido claro que el Ayuntamiento de Elche no puede asumir una cifra de tres millones de euros por alquilar un legado durante 20 años porque es una cifra inviable", ha insistido.
   Por ello, según ha dicho, han apelado a la sensibilidad de la familia para que el legado permanezca en la ciudad", pero ésta "unilateralmente, ha decidido retirar el legado".
   Respecto a las copias digitalizadas del legado de Miguel Hernández depositado en Elche, el portavoz municipal ha recordado que el 80 por ciento de los documentos que conforman el legado ha sido completamente digitalizado, y ha remarcado que "esas copias son del Ayuntamiento de Elche porque lo dice la Ley".