Los falangistas marcharán mañana por la noche al Valle de los Caídos en el 75 aniversario de la muerte de José Antonio

MADRID.- Los falangistas madrileños iniciarán una marcha mañana sábado por la noche, jornada de reflexión electoral, desde el centro de Madrid hasta llegar a las puertas del Valle de los Caídos, donde rendirán un homenaje al creador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera, al cumplirse el 75 aniversario de su fallecimiento.

   Según han informado los convocantes, La Falange (FE) y la Asociación 'Hermandad de la Vieja Guardia', la manifestación tenía previsto comenzar a las 21.30 horas en la calle Marqués de la Ensenada, para pasar por la calle Génova, Alberto Aguilera, Princesa, Moncloa, carretera de Castilla hasta la intersección con la A-6.

   Entonces, habían pensado que para no circular por la autovía irían en autobús hasta el comienzo de la vía de servicio en el kilómetro 20 de la carretera de La Coruña, donde retomarían la caminata hasta Collado Villalba y luego por la carretera que lleva de forma directa al Valle de los Caídos.

   Los falangistas podrán realizar la marcha después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM) ha revocado la prohibición dictada por la Delegación del Gobierno, que acordó que no se celebrara en base al acuerdo de la Junta Electoral del 28 de octubre y en los informes de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Nacional y Policía Municipal por existir un peligro para los miembros de los Cuerpos de Seguridad, para los propios manifestantes y para los usuarios de las vías en las que tenía previsto discurrir la marcha.

   Ante esta decisión, los convocantes interpusieron un recurso contencioso-administrativo por entender que esa decisión vulneraba el derecho de reunión y manifestación. Además, argumentaban que diferentes sentencias del Tribunal Constitucional han declarado que sólo puede limitarse este derecho el día de la jornada de reflexión cuando se acredite que existen razones fundadas que demuestren que la manifestación tiene finalidad política para obtener sufragios.

   Por el contrario, el abogado del Estado solicitó que se confirmase la prohibición porque entienden que "sí existen motivos suficientes que permiten apreciar que la manifestación solicitada se va a producir una alteración fundada del orden público con peligro para las personas, dado el recorrido que se quiere realizar, al incluir autovías y autopistas". Además, alega los informes de la Junta Electoral Provincial.

   Por su parte, el Ministerio Fiscal pidió la estimación del recurso por entender que no se dio traslado a los interesados del informe de la Junta Provincial en que se ha basado la autoridad gubernativa para denegar la marcha solicitada.

   La Sala de la Contencioso Administrativo del TSJM ha señalado, en una sentencia que, a pesar de estar en campaña electoral, se mantienen las atribuciones de la autoridad gubernativa respecto al orden público que no encajen con el concepto de "celebración de actos públicos de campaña electoral".

   Además de jurisprudencia, el TSJM entiende también que los convocantes no han elegido esa fecha "de forma caprichosa", sino porque coincide con la muerte de Primo de Rivera. Además, dictamina que no existen razones fundadas que justifiquen que la manifestación pueda incidir o perturbar la neutralidad política propia del día de reflexión ni tampoco del día de votaciones.

   Respecto al segundo motivo de la resolución, que es peligrosidad de la circulación por las carreteras, la Sala considera que puede generar cierto riesgo para los transeúntes o incluso para los automovilistas, pero que "éste no es suficiente para prohibir la marcha en cuanto es posible precaverlo mediante la oportuna señalización".

   Por todo ello, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictaminado que la Delegación del Gobierno ha infringido el artículo 21 de la Constitución Española al prohibir dicha marcha y, en consecuencia, ha acordado la nulidad de esta edición. Además, el departamento que dirige Dolores Carrión tendrá que pagar las costas procesales.

¿Está echada la suerte? / Ramón Cotarelo *

La derecha está eufórica. Los dirigentes que se consideran con posibilidades ya se reparten los ministerios. Los gobernantes territoriales ven llegado el ansiado momento en que toda España se teñirá de azul y hablan sin tapujos de que será un azul oscuro, como advierte Cospedal quien augura protestas cuando Rajoy diga lo que hay que hacer, lo que equivale a un reconocimiento de que aún no lo ha dicho. En efecto, el candidato ha pasado toda la campaña evitando comprometerse y silenciando sus intenciones, al extremo de que no ha permitido que los periodistas le hicieran preguntas. Pero como la seguridad del próximo triunfo anunciado por los sondeos también se le ha contagiado ha ido dejando escapar propósitos, intenciones que presagian tiempos más difíciles para un electorado que lleva ya más de tres años pasando dificultades.

Mucha gente dice que las campañas electorales no sirven para nada, que quienes tienen el voto decidido no lo cambian por ellas y quienes andan indecisos, si al final se deciden, lo hacen por otras razones. Puede que sea cierto pero esta campaña electoral sí ha conseguido, cuando menos, que el PP y su candidato cambien claramente su discurso. Rajoy la inició con el espíritu con que venía haciendo oposición desde 2008: confrontación con el gobierno en todos los ámbitos (la economía, la lucha contra el terrorismo, el Estado del bienestar), negándole toda competencia y atribuyéndola a sí mismo y su equipo. Para salir de la crisis, para crear empleo, para salvar España, en definitiva, hundida por la incapacidad de los socialistas, bastaba con cambiar de gobierno poniéndole a él al frente. Por supuesto, esa salvación sería casi milagrosa porque, al tiempo que España se recuperaría, se mantendría el Estado del bienestar. Lo que no se decía era cómo se lograría. 

En el curso de la campaña, parte sustancial de ese discurso se ha convertido en su contrario. Viéndose ya inquilino de La Moncloa, Rajoy ha empezado a rebajar las expectativas que llevaba tres años alimentando. Confiesa que no tiene una varita mágica para resolver la crisis y que la creación de empleo habrá de esperar por lo menos hasta finales de 2015, lo que viene a ser un mentís a sí mismo en toda regla. En todo caso, que nadie espere ahora los milagros que se venían anunciando, en feliz repetición del milagroso tiempo de Aznar.

¿Y entre tanto? Entre tanto, las "decisiones valientes" de que habla Cospedal, esto es, prácticamente el desmantelamiento del Estado del bienestar. Ya ha anunciado Rajoy que la ley de la dependencia no es viable, es decir, que va a suprimir esta prestación, quizá la más simbólica del bienestar. La sanidad, la educación, los funcionarios, todo sufrirá recortes, privatizaciones, supresiones. Sólo se compromete el candidato ahora a no tocar las pensiones y esto tampoco es del todo cierto ya que su programa propone revisarlas bienalmente y se dispone a considerar la idea de que las más altas paguen sus medicamentos, que es una forma de recortarlas.

Y eso en lo que hace al Estado del bienestar. En el campo de los derechos cívicos las últimas declaraciones del candidato anuncian una verdadera involución: se reducirá o suprimirá el derecho al aborto, se paralizarán las actividades y recursos dedicados a la igualdad, se despojará a los homosexuales del derecho al matrimonio y hasta es muy posible que se vacíe de contenido la ley contra el tabaquismo. España pasará de estar a la cabeza de Europa en derechos cívicos a estar a la cola.

El programa oculto aparece a la vista de tod@s. La seguridad en su triunfo ha soltado la lengua a la derecha y, cuando acudan a votar, los electores lo harán con conocimiento de causa. Como la causa es bastante sombría y no hay ya modo de edulcorarla, comparecen los mercados en un último frenesí especulativo que trata de crear un clima de pánico de forma que la ciudadanía, resignada, acepte ponerse en manos de quien va privarla de la base material de su condición. La perspectiva es un país de ciudadanos convertido en uno de atemorizados súbditos. 

Algunas de las candidaturas que concurren el 20-N han empleado consignas como tú decides o tú eliges. En efecto, el 20-N la gente decidirá y lo hará sabiendo lo que está en juego pues, aunque el monopolio mediático de la derecha ha impuesto un discurso maniqueo de negro socialista contra el blanco conservador, la realidad hace ver que ese blanco está tan lleno de oscuridades que es más negro que el supuesto negro anterior. No, la suerte no está echada.

(*) Catedrático de Ciencia Política

Trabajo advierte por escrito a la CAM de que respete el horario laboral

ALICANTE.- La Inspección de Trabajo en Alicante ha advertido por escrito a Caja Mediterráneo (CAM) de que debe respetar los horarios laborales legalmente establecidos de la plantilla ya que, de lo contrario, en un futuro visitará las oficinas de la entidad para comprobar la situación. 

Así lo han expuesto miembros de la plataforma de unidad sindical de la entidad (SICAM, UGT, Alta, CCOO y CSICA).

Representantes de la CAM se han reunido en la Inspección de Trabajo con los sindicatos, después de que éstos denunciarán el pasado 3 de noviembre que las direcciones territoriales de la caja habían impuesto que los empleados debían acudir a trabajar dos horas más por la tarde, de 17 a 19 horas, un tramo que "no es remunerado, ni cotizado".

En esa denuncia, los sindicatos aseguraban que estas dos horas incumplen el artículo 31 del convenio colectivo de cajas de ahorro, así como el acuerdo laboral firmado en junio de 2008, donde se indica que el horario de los trabajadores de CAM es de 8 a 15 horas, ampliado los jueves primero y último de cada mes de 16.30 a 20 horas, excepto festivos.

Por todo ello, las mismas fuentes sindicales han calificado esa medida como "un fraude a la Seguridad Social" y han añadido que está "totalmente fuera de lugar", además de "vulnerar el convenio y la legislación establecida".

En la reunión, la CAM ha negado que su departamento de Recursos Humanos haya dado esa orden de ampliación de horario laboral, según han explicado los sindicatos.

En cambio, éstos sostienen que esta imposición "se ha transmitido verbalmente como si fuera un decreto en las unidades territoriales de Murcia, que afecta a Orihuela, y Madrid".

Han señalado que "en caso de que continúen obligando a trabajar, se pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo la relación de zonas donde ocurre esta situación para que compruebe lo que sucede" en las oficinas de la entidad.

De momento, las citadas fuentes han aclarado que la Inspección de Trabajo "no revisará todavía" las dependencias de CAM.

Miles de estudiantes se manifiestan en Valencia contra los "ataques" a la educación pública

VALENCIA.- Miles de estudiantes universitarios y de Secundaria se han unido este jueves en una manifestación por las calles de Valencia contra los "ataques" que aseguran está sufriendo la educación pública en forma de "recortes" presupuestarios y "aumento de tasas" para cursar estudios superiores. Una movilización que esperan marque un "punto de inflexión" como preludio para que los sindicatos convoquen una huelga general educativa que se extienda también al profesorado, padres y madres.

   Tras una pancarta que 'Alerta de privatización' e insta a vaciar las aulas y tomar las calles, miles de alumnos, unos 5.000 según la organización, convocados la Asamblea Interuniversitaria junto al Sindicato de Estudiantes que se ha sumado a la movilización, han caminado tras una tumba en la que yace la educación, rodeada de carteles en los que se podían leer cosas como 'Sin perro, sin flauta y sin carrera', 'Error 404 Democracia not found', 'Ni escuela de élites ni fábrica de precarios' o 'Menos corrupción más educación'.

   La protesta, que se ha realizado al mismo tiempo en otros puntos de España, ha estado ambientada en Valencia por cánticos que clamaban 'No somos mercadería, somos estudiantes', 'Fuera las empresas de la universidad', 'Manos arriba esto es un atraco' y sobre todo 'No, no, no a la privatización' han acompañado un recorrido por la avenida Blasco Ibáñez que ha cruzado el Puente del Real hasta, para continuar por la Glorieta, la calle de la Paz, la Plaza de la Reina y la de la Virgen, y que concluye ante el Palau de la Generalitat.

   El camino ha tenido una parada modo de 'performance' a las puertas del edificio del Rectorado de la Universitat de València, donde se ha augurado el futuro de la concesión de títulos universitarios a través de subastas al mejor postor. "Basta de repartir títulos, ahora se van a cobrar. El que no tenga dinero se va a la calle. Ahora se van a dar los títulos de una nueva manera: por subasta", han alertado y s ha emulado como sería.

   Para Aina Tarrasó, miembro de la Asamblea Interuniversitaria, esta manifestación pretende ser "un punto de inflexión para comenzar una movilización real de la comunidad universitaria, comenzando por los estudiantes "a quienes más afectan los recortes en educación, la subida de las tasas y la estrategia 2015", y extendiéndose al resto de la comunidad universitaria, pues también los programas de movilidad Erasmus para el Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal de Administración y Servicios (PAS) "ahora igual no, pero de aquí dos meses igual dejan de pagarlos", ha augurado.

   Con las elecciones el próximo 20 de noviembre a la vista, Tarrasó ha apuntado que "gane quien gane ya sea PP o PSOE, que es lo que tiene el bipartidismo, o unos u otros, parece que no haya ninguna otra alternativa, para nosotros son absolutamente lo mismo y lo que no hagan unos lo harán los otros" por lo que "para las asambleas no afectará absolutamente nada".

   Por su parte, el presidente del Sindicato de Estudiantes, Carlos Naranjo, que ve un "ataque brutal" en que a partir de enero la Generalitat valenciana no subvenciones los estudios de los estudiantes fuera de la comunidad europea, condenándolos a matrículas que alcanzan los 6.000 euros de media, ha alertado que "esto es el principio para que luego también vengan a por los estudiantes comunitarios porque lo único que pretenden es que si vamos a la universidad, paguemos por completo las tasas y el gasto que generamos para la universidad".

   Ese "es el plan que defiende la derecha principalmente y los lobbys empresariales, y también por desgracia el Ministerio de Educación sigue esta tendencia con el objetivo de que la universidad sea si acaso un privilegio y que los hijos de los trabajadores que aspiran a estudiar en la universidad para conseguir unas condiciones de vida digna no lo consigan".

   "Lo único que quieren para nosotros es que seamos mano de obra barata ahora en época de crisis que es lo que necesitan, aumentar sus beneficios brutalmente y si acaso que los que estudian que sean los hijos de los empresarios y los hijos de los poderosos".

   Además, en la Comunitat quieren "quitar" los programas de estudio en valenciano, "privatizar el suelo público con el programa de los CIS, mientras hay 19.000 estudiantes en barracones", por lo que "hay motivos suficientes para juntarnos por fin estudiantes, trabajadores de la enseñanza y padres y madres en una movilización y continuar en un plan que englobe a todo el estado español que está bajo el mismo ataque a la educación pública".

   Para el representante del Sindicado de Estudiantes, es una "oportunidad" y el "momento adecuado" para que los dirigentes sindicales se pongan la frente y convoquen una "huelga general de la Educación" y "enfrentarnos a todos los recortes y todas las reformas, entre las que también ha comentado la "con la nueva reforma laboral los jóvenes hasta los 30 años podemos estar encadenando contratos de prácticas en una empresa, lo que significa cobrar 400 euros y luego toda la vida encadenando contrato temporal tras contrato temporal. Es una ataque directo a las condiciones de vida de la clase trabajadora", ha sentenciado.

Un parto, enfermedad o superar los 65 años, excusas presentadas para no juzgar a Camps y a Costa

VALENCIA.- Un parto, sufrir una enfermedad o superar los 65 años de edad, son las excusas que han presentado algunos de los seleccionados como candidatos para el juicio previsto contra el expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el exsecretario general del PP y diputado en las Corts, Ricardo Costa, por un delito de cohecho impropio pasivo, acusados de recibir como regalo trajes de la trama Gürtel.

   El plazo para presentar las excusas contempladas en la ley todavía no ha terminado, y hasta el momento se han remitido muy pocas, algo que no suele ser muy común, ya que los seleccionados no son muy dados a querer ser miembros de un jurado, con el que el número de excusas suele ser notable.

   Las pocas excusas presentadas en esta causa son por enfermedad, por superar los 65 años, o por un parto, todas ellas contempladas en la ley del jurado. Esta normativa también incluye otras como haber desempeñado funciones de jurado dentro de los cuatro años precedentes al día de la nueva designación; sufrir grave trastorno por razón de las cargas familiares; desempeñar trabajo de relevante interés general; tener residencia en el extranjero; y ser militar profesional en activo.

   El pasado 26 de octubre, 36 personas --20 hombres y 16 mujeres-- fueron preseleccionadas para formar parte del jurado que juzgará a Camps y a Costa. Todas ellas --que finalmente se quedarán en nueve y dos suplentes-- fueron elegidas por sorteo en una vista pública en la Ciudad de la Justicia. En total, la lista definitiva sobre los candidatos a jurado para este año ascendía a 2.372, ordenada por municipios de la provincia de Valencia y correlativamente desde el número 1 hasta el 2.372.

   Estos candidatos, cuya identidad no es pública, recibieron seguidamente un cuestionario con eventuales faltas de requisitos así como supuestos de excusas que podían alegarse. Algunos de ellos ya lo han rellenado y lo han remitido al tribunal.

   Las excusas o recusaciones que han presentado algunos candidatos en este procedimiento serán abordadas en una vista no pública que se señalará antes de la fecha de inicio de juicio, cuyo comienzo está previsto para el próximo día 12 de diciembre con la declaración de Camps y Costa. En total, hay entre 90 y 100 testigos propuestos, con lo que el juicio se prolongará durante al menos dos semanas.

   Después de esta vista, y siempre que queden al menos 20 candidatos, el jurado se conformará el primer día señalado para el juicio. Ese día, sus nombres estarán en una urna, que se irán extrayendo uno a uno. Las acusaciones y defensas irán formulando preguntas, y cada parte podrá recusar hasta a cuatro de ellos. Cuando se haya completado el jurado, es decir, cuando se hayan elegido a los nueve miembros y a los dos suplentes, se dejarán de extraer nombres de la una y se dará por conformado el tribunal. Luego comenzará el juicio.

   Estas nueve personas son las que juzgarán a Camps y a Costa y las que indicarán si son culpables o inocentes de haber recibido regalos de firmas de la trama Gürtel en Valencia. Luego, en caso de condena, el magistrado que presidirá el tribunal, Juan Climent, deberá fijar la cuantía de la multa. No obstante, su decisión podrá ser luego recurrida por cualquiera de las partes.

Uralde afirma que tanto Equo como Compromís defienden en su programa el no a los travases

VALENCIA.- El candidato de Equo, Juan López de Uralde, ha garantizado este jueves que los que opten por la coalición en las elecciones generales del próximo domingo, sea en la Comunitat Valenciana o en Castilla la Mancha, estarán votando "por un programa en el que decimos claramente no a los travases y en el cual ponemos un objetivo de eliminación progresiva del Tajo-Segura".

   Así, ha insistido en rueda de prensa en Valencia que Compromís y Equo defienden en este caso "el mismo programa" y ha asegurado que "se está buscando un desencuentro que en realidad no existe, porque compartimos el mismo programa".

   Por su parte, el portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribó, ha explicado "como padre del desencuentro" que esta polémica surgió a raíz de una reunión con agricultores que mantuvo el lunes en Elx junto a la cabeza de lista por Alicante, Aitana Mas. Tras la misma, ha explicado, "dijimos que no estábamos de acuerdo con que hace unos años se hablaba de agua para todos, y ahora, María Dolores de Cospedal, quería cerrar el trasvase Tajo-Segura directamente".

    Ribó ha asumido que se equivocó, que las manifestaciones se han "magnificado" y ha aprovechado para "pedir excusas a los compañeros de Castilla la Mancha por lo que se ha malentendido", ya que, ha recalcado, los planteamientos que compartimos desde Compromís son los mismos que los de Cuenca" y no hay "contradicción ni en el programa ni en el planteamiento".

   En términos generales, Uralde ha manifestado que Equo se siente "muy a gusto" y satisfecho en la coalición porque defienden una idea de España plural y federal y ha apuntado que "si compartieramos cada uno de los mensajes seriamos un sólo partido" mientras que en una coalición "cada uno prioriza partes del programa con las que se siente más a gusto o identificados".

   Asimismo, ha incidido en que apuestan la economía verde, que puede generar hasta 2,7 millones de puestos de trabajo, ha dicho, y ha asegurado que temen que si el PP gana las elecciones pretenda "volver al ladrillo para intentar relanzar la economía". También ha indicado que en impuestos abogan por la lucha contra el fraude y que pague "quien más tiene" y quien "contamine".

   Uralde se ha referido también a la "regeneración democrática", que se apoyaría en una ley de participación ciudadana y la facilitación de los trámites para presentar iniciativas legislativas populares.

   Por su parte, el síndic en las Corts de Compromís, Enric Morera, ha asegurado que esta formación quiere tener "muchos amigos" y que la diversidad sea "un valor importante", al tiempo que ha defendido que la coalición es "un valor seguro, porque a nosotros no nos mandan los bancos".

   Según Morera, esta opción es la única alternativa "progresista, verde y federal", una vez los socialistas, ha dicho, "han abandonado a los progresistas y federalistas".

La alicantina Francisca Aguirre, Premio Nacional de Poesía 2011 por 'Historia de una anatomía'

MADRID.- La poetisa alicantina Francisca Aguirre ha sido galardonada este jueves con el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía por la obra 'Historia de una anatomía'. El premio lo concede el Ministerio de Cultura para distinguir una obra de autor español escrita en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado y editada en España durante 2010. Está dotado con 20.000 euros.

   Francisca Aguirre (Alicante, 1930), esposa del poeta Félix Grande, ha publicado, entre otros, el poemario 'La otra música', el libro de relatos 'Que planche Rosa Luxemburgo' (Premio Galiana, 1994) y el volumen de recuerdos 'Espejito, espejito'.

   Ha sido galardonada con el premio de poesía Leopoldo Panero por su libro 'Ítaca'; el premio Ciudad de Irún por la obra 'Los trescientos escalones'; el premio Esquio por su libro de poemas 'Ensayo General'; el premio María Isabel Fernández Simal por su poemario 'Pavana del desasosiego'; y el premio Valencia de la Institución Alfonso El Magnánimo por su libro de poemas 'Nanas para dormir desperdicios'. Sus obras han sido traducidas al valenciano, inglés, francés, italiano, portugués y árabe.

  El Jurado ha estado formado por Soledad Puértolas, designada por la Real Academia Española; Manuel Rivas, por la Real Academia Gallega; Jon Kortazar, por la Real Academia de la Lengua Vasca; Vinyet Panyella, por el Instituto de Estudios Catalanes; Asunción Escribano, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); Paula Izquierdo, por la Asociación Colegial de Escritores (ACE); Ángel Luis Prieto, por la Asociación Española de Críticos Literarios; Teresa Martín, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Sandra Santana, por la Ministra de Cultura; y el galardonado en la edición de 2009 Juan Carlos Mestre.

   Ha actuado como presidente el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco y como vicepresidenta, la subdirectora general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, Mónica Fernández.

El precio del agua puede más que cuadruplicarse en Alicante

MADRID.- La tarifa del agua puede variar hasta en un 428 por ciento, es decir, más que cuadruplicarse, en función de la ciudad en que se viva, según ha denunciado este jueves la organización de consumidores FACUA-Consumidores en Acción, que ha realizado un estudio en 28 ciudades españoles, al tiempo que demanda la aplicación de precios progresivos que facturen en función del número de habitantes del inmueble y que se penalicen los consumos "excesivos".

   Esta diferencia supone hasta 409,20 euros (más IVA) al año en consumos de 10 metros cúbicos de agua, con los cánones y recargos incluidos. Por ello, FACUA considera que el concepto de ahorro o despilfarro no puede desvincularse del número de residentes de la vivienda.

   Por ciudades, las más caras --para contadores de 13 milímetros y 103 metros cúbicos de agua-- son Murcia (25,67 euros); Cádiz (21,10 euros) y Palma de Mallorca (19,73 euros), mientras que la más barata es Valladolid, donde el coste en ambos contadores es el mismo (7,96 euros), seguida por Ciudad Real (9,29 euros).

   En el caso de los contadores de 15 milímetros y consumo de 10 metros cúbicos, el agua más cara se paga en Alicante (42,06 euros); Murcia (31,26 euros); Santa Cruz de Tenerife (22,88 euros) y Córdoba (22,86 euros).

    En la actualidad, de las ciudades analizadas sólo Sevilla tiene tarifas vinculadas al número de personas que residen en la vivienda y La Coruña aplica un factor de corrección si viven más de tres personas en el inmueble y este hecho se notifica a la suministradora. En Barcelona, el canon del agua (de carácter autonómico) se adecua a la realidad social al basarse en unidades de convivencia de tres personas, excepto que se acredite lo contrario.

   Por otro lado, en dieciséis municipios se tiene en cuenta si los usuarios conforman una familia o vivienda numerosa para aplicar tarifas más reducidas.

   En este contexto, FACUA subraya que no siempre puede considerarse como "positiva" una tarifa muy baja ni "negativa" una muy alta, porque es "necesario" que las suministradoras apliquen tarifas progresivas que penalicen los metros cúbicos consumidos en exceso (siempre que se bonifique a las familias numerosas), algo que no ocurre en todos los casos.

   Además, la organización ha tomado como referencia un consumo de 10 metros cúbicos con un contador de 13 milímetros, cuyo importe medio es de 14,93 euros más IVA, mientras que si se utiliza un contador de 15 milímetros, este asciende a 16,59 euros siempre más IVA y sin tomar en consideración el coste por alquiler o mantenimiento de contadores.

   FACUA defiende que su análisis pone de manifiesto que las tarifas (con cánones y descargos) para familias que consumen 10 metros cúbicos de agua mensuales han subido una media de 5,6 por ciento en contadores de milímetros y del 5,2 por ciento en contadores de 15 milímetros.

   Asimismo, si se toma como referencia un consumo de 10 metros cúbicos mensuales y un contador de calibre de 13 milímetros, la mayor subida del precio del agua en consumo doméstico se ha producido en Gijón, donde ha aumentado un 27,4 por ciento, seguida por Huelva con una 14,4 por ciento de incremento y de Granada, con un ascenso del 14,1 por ciento.

   FACUA recuerda que estas subidas se refieren no sólo a los incrementos aprobados por las empresas suministradoras de agua, sino también por los aumentos en los cánones (caso, entre otros, de Asturias y Cataluña) o por la aparición de otros nuevos como en Andalucía.

   La organización exige a los ayuntamientos la participación de las asociaciones de consumidores en el diseño de las tarifas y la implantación del ciclo integral del agua y recuerda que "continúa" demandando una norma de ámbito estatal que regule aspectos como los procedimientos para la aprobación de las tarifas que.

   En su opinión, esta norma debe incluir el trámite de audiencia de las asociaciones de consumidores, las indemnizaciones a percibir si se producen cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o acciones de terceros, la periodicidad de lectura de los contadores y facturación, las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles por los usuarios, los procedimientos y requisitos para las bajas en el servicio, los conceptos incluidos en las facturas y los sistemas para la resolución de las reclamaciones.

   Finalmente, insiste en que debería existir esa norma para clarificar el precio del agua y reclama la obligación de que las empresas cuenten con teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios y señala la necesidad de que estén adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.

Banco de Valencia y CAM acumulan las mayores caídas en Bolsa este año

VALENCIA.- La crisis en la que se hallan inmersos el Banco de Valencia y Caja Mediterráneo (CAM) se ha visto reflejada con nitidez en la evolución bursátil de ambas entidades. De hecho, se trata de los valores que más se han depreciado en la Bolsa española durante el último año, según 'Abc'. 

En este periodo, la cotización del Banco de Valenciana se ha desplomado un 75%. Al cierre de la sesión de ayer, su capitalización bursátil se elevaba a poco más de 394 millones de euros. Muy lejos de los 2.187 millones a los que ascendía su valor en el verano de 2010, cuando se fraguó la integración entre Caja Madrid y Bancaja.

La acción del Banco de Valencia empezó el año a 3,28 euros y hoy vale 0,8 euros, un mínimo que se acerca al suelo histórico que significa que los accionistas han perdido tres cuartas partes del valor de su inversión este año. Una depreciación que no fue atenuada por el repunte del 0,63% registrado ayer.

En la actualidad, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) —entidad matriz de Bankia— es el accionista de referencia del Banco de Valencia, que permanece inspeccionada por el Banco de España. Frente a la caída libre del Banco de Valencia, la entidad que preside Rodrigo Rato ha mantenido el pulso y se deja un 6,4% de su valor desde que se estrenó en el parqué el pasado verano.

En cambio, Bankia podría verse arrastrada por las necesidades de capital de la entidad con sede en la valenciana calle de Pintor Sorolla, que se podrían situar en una horquilla que oscila entre los seiscientos y los ochocientos millones de euros, según diversas fuentes financieras.

Para hacer frente a estas carencias de liquidez y preservar su solvencia el Banco de Valencia prepara una ampliación de capital lastrada por la depreciación del valor en Bolsa. Por ello, se da por hecho que Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) deberán acudir al rescate, en una operación que también requerirá de la intervención de un socio privado.

El Banco de Sabadell es una de las entidades que podrían acceder al Banco de Valencia, toda vez que parece descartada para la subasta de la CAM, que tendrá lugar una vez se celebren las elecciones generales el próximo domingo. Precisamente, las cuotas participativas de la entidad intervenida por el Banco de España acumulan, junto a los títulos del Banco de Valencia, la mayor caída de la Bolsa en el presente ejercicio. La CAM se ha dejado en el camino el 80 por ciento de su valor. Un desplome que ha coincidido con su nacionalización y la destitución de su cúpula directiva. La capitalización bursátil de las cuotas de la caja alicantina apenas alcanza los 64 millones de euros.

En la sesión de ayer, la CAM se dejó otro 3,76%. El título, que en el último año llegó a toca un techo máximo de 7,25 euros, cerró con un valor de 1,28 euros.

La única compañía que presenta una peor evolución en el parqué que Banco de Valencia y la CAM es la inmobiliaria aragonesa Nyesa, que se deja en lo que va de año un 89 por ciento. En la actualidad, la promotora se encuentra en una situación de preconcurso de acreedores.

Teton Capital Partners mantiene una posición corta del 1,03% en la CAM

MADRID.- Teton Capital Partners mantiene una posición corta del 1,03 por ciento en el capital social de Caja Mediterráneo (CAM), según ha informado la firma de inversión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   Teton Capital cuenta con un total de 512.603 cuotas participativas de la caja alicantina desde el pasado 23 de junio, antes de que el Banco de España interviniera la CAM y de que la CNMV prohibiera las posiciones cortas en agosto.

   Las cuotas participativas de la CAM cerraron ayer miércoles en la Bolsa de Madrid a 1,28 euros, lo que supone una bajada del 3,76 por ciento respecto al cierre de este martes desmarcada del comportamiento del Indice General, que sumó un 0,87 por ciento, en línea con el avance del Ibex (+0,81%).

   Desde su debut en Bolsa el 23 de julio de 2008 a 5,84 euros por unidad, las cuotas de la caja se han depreciado un 78 por ciento, camino descendente que se acentuó desde que el Banco de España tomó control de la entidad tres años después, el 22 de julio de 2011, fecha en la que sellaron la jornada bursátil en 4,56 euros (-5,39%).

   La CAM se encuentra actualmente en proceso de adjudicación. Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Barclays, Ibercaja y JC Flowers han presentado al Banco de España una oferta no vinculante para hacerse con la entidad. La puja final se celebrará después de las elecciones del 20 de noviembre.

   La prohibición de establecer o incrementar las apuestas bajistas sobre los valores del sector financiero español con el fin de obtener beneficios con la depreciación de éstos en Bolsa se mantiene desde el pasado 11 de agosto.

   La CNMV y otros supervisores europeos (Francia, Bélgica, Italia y Grecia) decidieron entonces prohibir cautelarmente dichas operaciones y ha prorrogado el veto a esta operativa hasta que las condiciones de los mercados permitan su levantamiento.

   Concretamente, la prohibición afecta a los títulos de Banca Cívica, BBVA, Sabadell, Banco de Valencia, Banesto, Banco Pastor, Popular, Santander, Bankia, Bankinter, Caixabank, CAM, Grupo Catalana de Occidente, Mapfre, BME y Renta 4 Servicios de Inversión.

Secretaria de CCOO en Alicante: 'Si los responsables de bancos tienen que ir a la cárcel, que vayan'

ALICANTE.- La secretaria general de CCOO en las comarcas de l'Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro, ha asegurado que "la ley del saqueo" ha sido la forma de trabajar en algunas de las entidades bancarias y ha añadido que si los responsables de las mismas tienen que ir a la cárcel, "que vayan".

Navarro hizo estas declaraciones a los periodistas durante la paralización de un desahucio en Alicante preguntada sobre la admisión a trámite de la demanda por un supuesto delito societario, de estafa y de falsedad documental contra la exdirectora general de Caja Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós.

"Pues si tienen que ir a la cárcel, que vayan", ha respondido a los periodistas.

En la misma línea, ha insistido en que se debe actuar contra los culpables de esta crisis, "los bancos y sus responsables", porque la Justicia tiene que garantizar la defensa de la ciudadanía.

La ley, ha continuado, tiene que "caer" sobre los que "han robado" y se han aprovechado de los pequeños ahorradores y los trabajadores.

Por su parte, la diputada autonómica de EU en Les Corts Valencianes Esther López ha criticado que los exdirectivos de CAM se "tomen ese lujo", en referencia a estos supuestos delitos, después de "todo lo que han robado".

López ha indicado que los responsables de la entidad alicantina han llevado a cabo una gestión donde "lo único que han querido" ha sido "lucrarse".

¿Quedarán aún fondos europeos para España? / Luis Ayllón

En medio de la crisis económica, en Europa ha comenzado ya la pelea por los fondos de cohesión en el periodo 2014-2020, un asunto en el que a España le va mucho. Se da por descontado que con las nuevas Perspectivas Financieras, es decir con el nuevo Presupuesto comunitario, para ese periodo nuestro país pasará a ser, por vez primera, contribuyente neto. Desde que entró en la UE, España ha recibido fondos europeos a un ritmo del 1 por ciento del PIB al año (unos 10.000 millones de euros anuales), algo en lo que no es superada por ningún país.

Pero esos tiempos están a punto de terminar. Y ahora, se trata ahora de evitar que algunas de las regiones que han venido siendo receptoras de fondos estructurales hasta la fecha, dejen de hacerlo porque ya superan, o habrán superado en 2014, el 75 por ciento de la renta per cápita media de la UE. Es el caso de Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia. Sólo Extremadura queda por debajo de ese porcentaje y no se vería afectada.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, lleva meses empeñado en conseguir que el resto de los socios acepten la propuesta de la Comisión Europea de que se cree un nuevo grupo de “regiones en transición” para las que tienen un PIB per cápita entre el 75 y el 90 por ciento. Este grupo recibiría menos de lo que recibe hasta ahora, pero seguiría siendo beneficiario de fondos comunitarios. Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, podrían obtener dos tercios de lo que reciben ahora y Murcia, que está ya en el 85 por ciento de renta, algo menos.

A López Garrido no le está quedando mucho tiempo para echar una mano a sus compañeros de candidatura del PSOE por Madrid, porque anda ocupado en recabar apoyos y en asistir a las reuniones en las que los Veintisiete comienzan a debatir este asunto. La última fue el pasado martes, día 15, y según el secretario de Estado, nadie se ha opuesto públicamente a que se establezca ese nuevo grupo de regiones, que defiende un bloque de países en el que están, además de España, Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Hungría.

El debate sobre las Perspectivas Financieras, será, junto el que afecta a la Política Agrícola Común, uno de los grandes asuntos que deberá afrontar el nuevo Gobierno que salga del 20-N, y ya se apunta un peligro claro para los intereses españoles: la llamada “condicionalidad macroeconómica”. Es decir, la pretensión. avanzada por la Comisión Europea el pasado mes de octubre, de congelar las ayudas regionales a los países expedientados por déficit excesivo que no apliquen las recomendaciones de la UE para corregir la situación a partir de 2014 con el objetivo de prevenir futuras crisis de deuda.

España sería uno de los más afectados por esa medida y, por ello, López Garrido, expresó su rechazo a la misma, asegurando que no es equitativa, porque “desvincula al fondo de cohesión de sus objetivos reales y lo conecta más bien con la capacidad de control de la Comisión de esos fondos".

Las cuentas que oculta Rajoy / Ignacio Escolar

Ocho datos que explican por qué el PP se refugia en ese evanescente “hacer lo que hay que hacer” y no detalla su verdadero programa.

1. España ha pactado con la Unión Europea un plan de austeridad para reducir el déficit público al 3% en 2013. Para el año que viene, el compromiso es que se quede en el 4,4%. Rajoy ya ha dicho que considera irrenunciable ese objetivo. Rubalcaba lo quiere renegociar. 

2. El Gobierno espera que el déficit de este año sea del 6%. Con la recaída de los últimos meses, es casi imposible que se vaya a cumplir: probablemente estará entre el 6,6% que espera la Comisión Europea y el 8,4% que pronostican algunos en el PP.

3. España apenas crecerá en 2012; la última previsión de Bruselas es un exiguo 0,7%. Así que la única manera de cuadrar el presupuesto público al gusto de Merkel –si no queremos un “tecnócrata” de Goldman Sachs– pasará por recortar el gasto, subir los impuestos o ambas cosas a la vez. El próximo Gobierno tendrá que ajustar entre 2 y 4 puntos del PIB: entre 20.000 y 40.000 millones de euros en un año. Por comparar, el tijeretazo que hizo Zapatero en mayo de 2010 fue de “sólo” 15.000 millones en año y medio. 

4. Más cifras para entender la poda que nos espera: toda la sanidad pública cuesta unos 65.000 millones anuales; el subsidio de desempleo, unos 30.000 millones. Subir el IVA dos puntos apenas sumaría unos 2.000 millones más. La rebaja en el sueldo de los funcionarios que aplicó Zapatero fueron 4.000 millones entre 2010 y 2011. Congelar la subida de las pensiones ahorró unos 1.500 millones.

5. No vale con privatizar. Aunque encontremos compradores para Aena, Paradores y Loterías, ese dinero sirve para reducir la deuda, pero apenas se notaría en el déficit (sólo lo que se ahorre por los intereses, pero nada más).

6. Tampoco es muy realista el discurso de que el recorte será únicamente para “el gasto superfluo”, como repite Rajoy. La propuesta de reducción de ayudas públicas para los sindicatos, los partidos y la patronal que presentó en su momento el PP sólo suponía 17 millones de euros al año. Si cerramos el Senado –como proponen algunos a los que la democracia les debe de parecer cara–, el ahorro sería de apenas 55 millones anuales. ¿Subastar coches oficiales? En Castilla La-Mancha el PP va a conseguir así menos de medio millón de euros (pero mucha publicidad populista).

7. El recorte puede ser incluso mayor porque, además, falta por arreglar el ladrillazo a la banca: más de 300.000 millones en créditos a promotores inmobiliarios, suelo y pisos que no valen lo que figura en los balances. El PP ya ha anunciado en su programa su intención de sanear esos “activos tóxicos” con dinero público, creando un banco malo. No saldría por menos de 50.000 millones de euros, tal vez más.

8. Por eso no me extraña que De Cospedal vaticine protestas “cuando Rajoy diga lo que hay que hacer”. Habrá quien se pregunte, con razón, por qué no nos explica sus planes antes de votar.

Libreros de Alicante, Valencia y Castellón estudiarán acciones legales por los "impagos" del Consell

VALENCIA.- Los gremios de libreros de Alicante, Castellón y Valencia estudiarán las acciones legales que podrían adoptar por los "impagos" del Consell, que ha "incumplido el pago a 50 días" de las cantidades correspondientes al bonolibro y les adeuda 31 millones de euros. Además, colocarán carteles en sus comercios para informar a los padres de que "si sus hijos tienen libros es gracias a que los libreros los han pagado, aunque ahora les pueda costar el cierre".

   Así lo ha señalado la presidenta del Gremi de Llibrers de València, Glòria Mañas, que ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa acompañada de representantes de los gremios de libreros de Alicante y de Castellón, con el apoyo de distribuidores y editores.

   Según Mañas, solicitaron por escrito a la Conselleria de Educación diversas reuniones para "abordar juntos la situación y buscar fórmulas para solucionar el problema", pero sólo obtuvieron como respuesta varias llamadas telefónicas de un director general para decirles que "hacen todo lo posible para pagar cuanto antes, pero la situación de tesorería es muy difícil". "Y una llamada no sirve como respuesta a una petición cursada por registro para que convoquen un encuentro y den explicaciones a todo el sector", ha reprobado.

   La Conselleria de Educación fijó en 42,4 millones de euros su aportación en el curso 2011-12 a las medidas para favorecer la gratuidad de libros de texto del alumnado de enseñanza básica escolarizado en los centros públicos y concertados de la Comunitat, entre las que se incluye el bonolibro, con un importe máximo de 105 euros y una cuantía global de 31 millones de euros para este curso.    

   Desde el inicio de este programa en el curso 2007-2008, cada familia recibe en su colegio una cantidad por escolar en forma de un bono que debe canjear después por los libros correspondientes en los establecimientos autorizados y, hasta este momento, no habían tenido "ningún problema" para cobrar esas cantidades por parte del Consell. "Es el primer año en que no nos paga cuando debe y ni siquiera nos ha avisado con antelación para poder reaccionar", ha denunciado Mañas.

   No obstante, esos establecimientos sí que han tenido que hacer frente a los recibos de septiembre y octubre de las editoriales. Según el representante del gremio de libreros de Castellón, Pere Duch, "los más afortunados han conseguido pagar gracias a créditos o a las reservas que tenían, en el caso de los establecimientos más grandes, pero muchos ni siquiera han logrado que les aprobaran esos créditos y han tenido que devolver los recibos".

   Duch ha explicado que todas esas opciones generan "costes adicionales, ya sea gastos financieros o recargos por devolución de recibos", en un momento en el que "se estaba intentando sobrevivir a la crisis y lamentablemente, muchos no tendrán más remedio que cerrar, si no el mes que viene, dentro de tres meses", mientras que "los que puedan sobrevivir, se verán abocados a reducir plantilla e incluso a renunciar a vender libros de texto".

   Además, ha alertado de que "esos impagos pueden cargarse por completo la campaña de Navidad", ya que "a muchos de los establecimientos que han devuelto recibos de los libros de texto, las editoriales les han cancelado la cuenta y no les suministrarán ningún producto hasta que no salden sus deudas".

   "Esta situación afecta a todo el sector, en mayor o menor medida depende del tamaño del establecimiento, pero hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las librerías de la Comunitat son de tamaño pequeño y mediano, como sucede en todos los sectores", ha zanjado.

   La presidenta del Gremi de Llibrers de València ha constatado que "habrá librerías a las que se les deberá 3.000 euros y otras a las que 60.000 e incluso 100.000 euros".

"Hemos pagado religiosamente las facturas que hemos podido atender, hemos puesto el trabajo y pagado los libros, pero ahora ya no se puede resistir más", ha subrayado.

   En cuanto a las medidas anunciadas, Mañas ha precisado que, por un lado, harán las consultas jurídicas necesarias para "ver hasta qué punto el incumplimiento de pagar en un máximo de 50 días tiene repercusiones" y, por otro, realizarán distintas acciones para "hacer pública" su denuncia y "no se descarta" convocar concentraciones ante la Conselleria de Educación para protestar por su situación.

Proveedores sanitarios lamentan la "discriminación" de Rosado y anuncian medidas legales

VALENCIA.- La Plataforma de Proveedores Sanitarios ha criticado este miércoles el trato "discriminatorio" de la Conselleria de Sanidad al no establecer un plan de pagos del dinero que la administración autonómica les debe y ha anunciado a través de su portavoz, Vicente Peiró, que a partir de ahora la entidad estudiará las medidas "legales y constitucionales" a su alcance para solucionar este conflicto.

   Peiró se ha pronunciado así tras conocer las declaraciones del conseller de Sanidad, Luis Rosado, quien durante una visita a la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo (FOM) ha reconocido que "en estos momentos" no pueden establecer un calendario de pagos "exacto" a los proveedores sanitarios como el que se ha garantizado a los farmacéuticos porque sería "comprometer algo de lo que no tenemos una certeza" y "por tanto no podemos hacerlo".

   En este sentido, Peiró ha comentado sentirse "muy disgustado" porque el conseller no les ha comunicado nada al respecto y lo han conocido por la prensa, algo que considera una "falta de respeto". Además, ha comunicado que transmitirá estas declaraciones a la junta directiva de la Plataforma y ha manifestado que, a partir de ahora, está claro que "cada uno tendrá que hacer lo que pueda".

El conseller Rosado se ríe y toma el pelo a los proveedores de la sanidad regional

VALENCIA.- El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha reconocido este miércoles que "en estos momentos" no pueden establecer un calendario de pagos "exacto" a los proveedoras sanitarios como el que se ha garantizado a los farmacéuticos porque sería "comprometer algo de lo que no tenemos una certeza" y "por tanto no podemos hacerlo". 

Rosado, tras el FOM, se ha referido así al plazo de una semana, que expira mañana, dado por los proveedores para que la Conselleria les presente un plan de pagos. No obstante, ha recalcado que la emisión de bonos de la Generalitat "si funciona de una manera adecuada servirá para aliviar de una manera importante las deudas correspondientes" y además ha recordado que el Presupuesto de 2012 ha crecido en gasto corriente en Sanidad entorno al 177 millones de euros, lo que ha destacado que "permitirá hacer frente a muchos de los pagos que en estos momentos estamos pendientes".  

  Al respecto, ha señalado que "sólo hay que ver las portadas de los periódicos y los inicios de los telediarios" para "saber cuál es la situación que está sufriendo Europa, España y la Comunitat valenciana".

"Hay una situación económica extremadamente severa, grave, pero desde la Generalitat estamos poniendo todos los medios posibles para evitar los daños a terceros, a los que se les debe dinero", ha garantizado.

  Así, ha apuntado a los mecanismos que ha puesto en marcha la Generalitat, entre las que ha citado las medidas de ahorro puestas en marcha por la Generalitat para reducir el gasto, y medidas de eficiencia y medidas de eficiencia en toda la Administración pública que en el caso concreto de la Conselleria de Sanidad confían que reduzcan un 10 por ciento el gasto corriente en 2012.

  Rosado ha recalcado que además con la emisión de bonos, la Generalitat "pretende precisamente alcanzar la liquidez suficiente para pode mantener el sistema no sólo sanitarios, sino de pagos de toda la Administración".

   Por otro lado, respecto a las protestas anunciados por los sindicatos ante "los recortes" sociales en las cuentas del próximo año, ha recordado que el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, reclamó que se dedique entre un 70 y un 80 por ciento a los gastos sociales cuando en la Comunitat valenciana se dedica el 84 por ciento del total del Presupuesto.

  "Es un elemento importantísimo que demuestra que en nuestra Comunitat estamos por encima de los requerimientos que en materia social otros partidos realizan", ha destacado. Es más, ha señalado que en estos momentos dedicar "casi todo el dinero de los valencianos a gasto social es hacer un gran esfuerzo por parte del Gobierno valenciano para mantener y mejorar los logros del Estado del Bienestar".

La Inspección de Trabajo visitará oficinas de la CAM para comprobar si hay aumento de la jornada

ALICANTE.- La Inspección de Trabajo visitará las oficinas de Caja Mediterráneo para comprobar si es cierto que los empleados han visto aumentada en dos horas diarias su jornada laboral, según han indicado hoy fuentes de la unidad sindical --por Sicam, UGT, CCOO, CSICA y Sindicato Vietnamita--.

   La unidad sindical de Caja Mediterráneo y responsables de la caja se han reunido este miércoles en la Inspección de Trabajo, que había citado a ambas partes. Desde la Inspección han advertido a la entidad que hay "una normativa que cumplir", tras recibir la denuncia por parte de los sindicatos, y ha anunciado que en "un plazo breve" los inspectores irán a comprobar si es cierto que los empleados se están viendo obligados a ir a trabajar por las tardes.

   La dirección de la entidad, según las mismas fuentes, ha negado que se haya dado esta instrucción a los trabajadores, aunque la unidad sindical mantiene que sí ha sido así y que se ha hecho especialmente en las direcciones territoriales de Murcia "donde a lo bestia se ha dicho: todo el mundo de cinco a siete a trabajar", así como en Madrid. En el caso de Alicante, según han indicado, la orden ha sido más leve.

   Los sindicatos aseguran que los directores territoriales han transmitido a los directores de zona y éstos, a su vez, a los directores de oficinas que los empleados tienen que ir todas las tardes de 17.00 a 19.00 horas. Esta medida, calificada como "decreto" por los sindicatos, se ha hecho "de forma verbal".

   Los sindicatos consideran que este aumento de dos horas diarias sobre la jornada laboral es "injustificado" y "vulnera todo el convenio y toda la legislación laboral", hasta el punto que podría constituir "un fraude a la Seguridad Social".

'Stop Desahucios' consigue paralizar el desahucio de un vecino de Alicante

ALICANTE.- El colectivo 'Stop Desahucios' de Alicante ha conseguido paralizar a primera hora de este miércoles el desahucio de Joel, un ciudadano camerunés que iba a ser expulsado de su vivienda en el número 43 de la calle Cánovas del Castillo, y demorar esta medida hasta el próximo 2 de febrero de 2012, según han informado fuentes de esta organización sin ánimo de lucro.

   'Stop Desahucios' Alicante ha movilizado esta mañana a sus abogados y a cerca de 80 personas que han acudido al edificio para acompañar al afectado.

  Alrededor de las 9.30 horas, cuando la comisión judicial ha llegado a la puerta del edificio, se ha encontrado con el afectado acompañado por los abogados del colectivo, y con los movilizados, permanecían sentados en las escaleras del inmueble, concentrados de manera pacífica, con varias pancartas contrarias a la política de desahucios de los bancos.

   La Policía Local de Alicante que ha acudido en previsión de posibles altercados, ha cortado el tráfico en esta calle, y al igual que la Policía Nacional desplazada también al acto, no ha sido necesaria su intervención en ningún momento.

   Los agentes del banco han mantenido una conversación con los abogados de 'Stop Desahucios' Alicante y han concedido una moratoria hasta el 2 de febrero, lo que ha levantado los aplausos de los presentes, que han mostrado su satisfacción por el aplazamiento del desahucio.

   Para 'Stop Desahucios' de Alicante, casos como éste "son el pan de cada día de miles de personas", que sufren "una situación injusta, derivada de una crisis mundial, en la que al final el que paga los platos rotos siempre es el mismo".

   Joel, divorciado con un hijo menor, vive sólo en su vivienda ya que la custodia del menor la tiene la madre. En 1999 llegó a España, y desde entonces ha trabajado ininterrumpidamente en distintas empresas relacionadas con el campo y la construcción.

   En el año 2006 solicitó un préstamo a una entidad bancaria para la compra de una vivienda, con pago aplazado a 40 años, pero a principios del año 2008 se quedó en el paro, y tras recibir la prestación por desempleo, llegó un momento en el que se quedó sin ingresos, aunque no continuó "pagando lo que podía" al banco, al que realizaba pagos de 200 a 300 euros, según han recordado las mismas fuentes.

   Tras agotar su prestación por desempleo a mediados del año 2009 no pudo hacer frente a las cuotas de la hipoteca, y la entidad bancaria en enero de 2010 resolvió el préstamo hipotecario y comenzó el procedimiento ejecutivo.

   En marzo de 2011 tuvo lugar la subasta, donde la entidad bancaria acreedora se adjudicó la vivienda por la mitad del valor de tasación, --por el 50 por ciento de su valor--, de modo que continua la ejecución por el resto, que asciende a más de 72.000 euros.

   Joel dice que quiere trabajar como siempre y poder pagar su casa, pero nadie le contrata, y en la actualidad, su única fuente de ingresos son 390 euros en concepto de subsidio por desempleo.

   "Esta situación es injusta porque que la entidad bancaria se adjudicó la vivienda de Joel por la mitad de su valor de mercado", una propiedad que posteriormente "puede enajenar a valor de mercado, produciéndose un enriquecimiento injusto, y saliendo redondo "el negociazo", según han destacado las mismas fuentes.

   Así mismo, "es injusta porque pone de patitas en la calle a la persona con la que antes realizó un negocio, a la que no dejó de subirle la letra cuando el mercado estaba al alza, pero que no bajó ni un céntimo en tiempo de crisis para que se pudiera hacer frente al pago", de modo que "Joel, después de quedarse sin vivienda, aún debe al banco una millonada".

De Ramón quiere ahora que se investigue a los administradores de KPMG, la auditora de la CAM

MADRID.- Que la Caja Mediterráneo (CAM) dio préstamos a interés cero a algunos de sus consejeros es un hecho recogido en el informe de gobierno corporativo de la entidad. Ahora toca el turno de saber si algunos políticos de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia fueron también receptores de préstamos en condiciones tan ventajosas de una caja en situación económica desastrosa e intervenida por el Banco de España, según recoge hoy 'El País'. 

El abogado murciano Diego de Ramón presentó ayer en la Audiencia Nacional una ampliación de su denuncia contra la exdirectora general, Dolores Amorós y otros altos cargos en la que pide que se investigue la dejadez de ambas comunidades para fiscalizar las cuentas de la CAM y actuar en consecuencia.

Los malos resultados de la CAM no impidieron a sus consejeros autoconcederse 161 millones de euros en créditos, entre 2004 y 2010. Los préstamos que aún están vivos representan un importe de 114 millones de euros. La generosidad de la caja con sus consejeros llegó incluso a permitir algunas líneas de descuento y préstamos a cinco y seis años al 0% de tipo de interés. 

Esto sucedió sobre todo en 2008, y los agraciados fueron Modesto Crespo, que luego ocupó la presidencia, Manuel Navarro, Gregorio Fernández y Juan Ramón Avilés, según los datos del informe de gobierno corporativo de la entidad financiera alicantina. En total dispusieron de hasta 4,6 millones de euros sin intereses. En 2008 los tipos de interés oficiales estaban en torno al 4%.

Ahora, el abogado murciano Diego de Ramón, autor de la denuncia que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido que los cargos imputados en la causa expliquen "qué políticos, dentro del consejo de administración y fuera de él", tanto en la Comunidad Valenciana como en Murcia, han podido gozar de créditos similares. De Ramón quiere que se indague también en las cuentas de sus familiares "hasta la cuarta línea de consanguinidad".

El escrito plantea, además, el incumplimiento de los deberes legales de fiscalizar la entidad por parte de esas dos comunidades y recuerda que tanto la ley murciana como la valenciana sobre cajas de ahorro otorgan a sus Gobiernos las facultades de inspección, control, evaluación de cuentas e infracciones y sanciones. La normativa de ambas regiones recoge, además, la posibilidad de intervención de las cajas "en situaciones de especial gravedad".

El letrado pregunta también por las actividades de la sociedad participada CAM US Finance cuyas operaciones se realizaban en dólares y CAM Global Finance, radicada en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. De Ramón quiere saber quiénes eran las personas que se embolsaron los beneficios generados por ambas compañías y qué comisiones pudieron cobrar. Y solicita a la Audiencia Nacional que invite a la Reserva Federal norteamericana (FED) a personarse en el proceso dado que la CAM realizó emisiones de deuda en Estados Unidos.

También pide que se investigue a los administradores de KPMG, por "las grandes contradicciones de su auditoría con la realizada por la intervención del Banco de España".

Grande-Marlaska admitió a trámite la denuncia la pasada semana. En su resolución pidió además al Banco de España que le remitiera toda la información sobre irregularidades e incumplimientos que hayan encontrado los administradores provisionales de la entidad. En la causa ya se ha personado la Fiscalía Anticorrupción.

El Banco de España sustituyó a los gestores de Caja Mediterráneo el pasado 22 de julio. Fue la tercera intervención de una caja desde el inicio de la crisis.

Diego de Ramón solicita investigar responsabilidades políticas y también las filiales de la CAM en el extranjero

MADRID.-  El abogado murciano Diego de Ramón, que ha logrado que la Audiencia Nacional abra un procedimiento contra los antiguos gestores de la CAM, quiere que este tribunal también investigue la responsabilidad que tuvo la clase política de la Comunidad Valenciana y Murcia en la caída de la entidad; la gestión de la veintena de sociedades que la caja llegó a tener en el extranjero -algunas de ellas en paraísos fiscales-, y también las emisiones realizadas en dólares por la filial norteamericana de la CAM, para lo que reclama que se persone en la causa la Reserva Federal estadounidense. 

Así, lo asegura el letrado, tras presentarse ayer en la Audiencia para ampliar su demanda inicial.
En el escrito de denuncia original, entre otras cosas, De Ramón reclama prisión sin fianza para la exdirectora general de CAM, María Dolores Amorós, y para cuantos sean responsables de las irregularidades cometidas en la entidad por la "alarma social" generada -aunque El Economista hace incluso referencia al "riesgo de fuga"-. Además, también pide el embargo de sus bienes para cubrir el daño ocasionado.
Fue la pasada semana cuando el juez Fernando Grande-Marlaska admitió a trámite la denuncia presentada por Diego de Ramón contra Amorós por supuestos delitos societarios, de estafa y falsedad documental; y solicitó al FROB un informe sobre todas las irregularidades que pudieron cometer los anteriores gestores.
En este sentido, el autor de la denuncia señaló que su objetivo "ahora es buscar la vinculación de los políticos de Murcia, Valencia o de Madrid que tuvieran responsabilidad en la CAM obteniendo privilegios y preferencias", entre los que citó la obtención de créditos millonarios sin interés de algunos consejeros. También dejó claro que, además de los gobiernos autonómicos, quiere que se depure la responsabilidad que ha tenido el Banco de España.
Igualmente, el letrado solicita que se investiguen las 21 sociedades que la caja tenía radicadas en el extranjero, muchas de ellas vinculadas al sector inmobiliario, por si hubiese existido desvío de fondos. Igualmente, exige que se adopten medidas contra algunos directivos aún en activo en la entidad, como el exsecretario general de la misma José Pina, por su responsabilidad en la gestión económica y recuerda que aún mantiene nueve cargos en representación de la CAM en diversas sociedades.
Por su parte, tras la admisión a trámite de esta querella, el sindicato de funcionarios Manos Limpias -que en agosto había presentado su propia denuncia- solicitó su inclusión en la causa. En su escrito, esta organización denunciaba las indemnizaciones millonarias recibidas por varios exdirectivos.