Fabra convoca a los 'populares' a "la gran cruzada" de "dar la vuelta a la crisis"

ALICANTE.- El presidente  regional del PPCV, Alberto Fabra, ha convocado a los asistentes al XIII Congreso Regional del partido a "la gran cruzada" de demostrar que "el coraje y la valentía" de los 142.000 afiliados de esta formación en la Comunitat "pueden dar la vuelta a la crisis", de tal modo que los ciudadanos "no tengan que sufrir ni un minuto más" de los imprescindibles esta situación.

   En su intervención este domingo en la clausura del cónclave regional, en el que han participado también los presidentes autonómicos de Galicia y Baleares, Núñez Feijóo y José Ramón Bauzá, respectivamente, y el vicesecretario nacional de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, Alberto Fabra ha señalado que éste "es el tiempo de las personas competentes, implicadas, valientes, del PP, de una nueva era de ilusión y optimismo y de las oportunidades".

   Fabra ha arrancado su discurso con un mensaje de agradecimiento al millar de compromisarios presentes, que, según ha dicho, "han hecho posible el sueño de poder ser útil a un partido que tiene que ser la solución a los problemas que tienen los ciudadanos".

   Según ha destacado, los presentes en este "gran congreso" del que el partido ha salido "más fuerte y unido", han aceptado "un gran desafío, como es dedicar cada minuto a trabajar por los ciudadanos". Para ello, el PPCV cuenta "con un equipo renovado y el compromiso sólido para lograr un futuro de certeza y estabilidad, de valencianos que caminan con la cabeza muy alta".

   Fabra además ha instado a los asistentes al congreso a salir a la calle "con un mensaje muy fuerte y muy claro" con el que deben transmitir a los ciudadanos que "el PP no les va a defraudar y va a trabajar por todos ellos cada minuto", según ha insistido.

   "No tenemos ni un minuto que perder contra la crisis, y así lo vamos a hacer. Los valencianos no van a sufrir la crisis ni un minuto más de lo necesario", ha defendido, para remarcar después que "la fuerza del PPCV, es evidente en votos y afiliados, pero sobre todo en ideas y compromiso".

   A los afiliados también les ha aventurado que no les puede "prometer un camino fácil, ni días de gloria, sino sólo esfuerzo, exigencia, y un compromiso alejado de electoralismos y frivolidades, un compromiso con la libertad y la dignidad de las personas".

   En esta tarea, ha adelantado que el PP "priorizará Comunitat Valenciana sobre el partido" , de modo que "su meta no serán las elecciones y los sillones, sino la sociedad a la que debe servir". Los ciudadanos piden al PP que "genere empleo, garantice su bienestar y predique con el ejemplo", y el PP, según ha asegurado, "va a cumplir" con ello.

   En este punto, ha reconocido que tras 17 años de gobierno al frente de la Comunitat Valenciana, el PPCV ha "hecho grandes cosas", pero también ha "cometido errores", algo que, según ha disculpado, "es humano".

   "Los ciudadanos tienen que saber que les respetamos lo suficiente como para saber reconocerlos y pedir disculpas. La grandeza de este partido reside en que hemos sabido levantar esta Comunitat, pero a la vez sabemos ser humildes", ha apuntado.

   De acuerdo con los estatutos del PPCV aprobados, ha asegurado que esta formación "no predicará la honradez y la austeridad, si no que la practicará", y "no se rendirá ante la adversidad, sino que trabajará más duro". 

"Si nos equivocamos, pediremos disculpas, rectificaremos, y aprenderemos mucho de nuestros errores", ha añadido.

   "Estamos haciendo políticas dando siempre la cara, demostrando que nuestra palabra es un contrato vinculante", ha defendido, en base a un proyecto político para la Comunitat Valenciana que supone "más sociedad, mejor gobierno y más transparencia".

   Momentos antes de la intervención de Fabra, los organizadores del Congreso han proyectado un vídeo con el que presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, ha trasladado su apoyo y felicitación al presidente reelecto del PPCV, de quien ha destacado que "aunque le ha tocado vivir un momento muy difícil, con su sensatez, su sentido común, y su responsabilidad va a ser capaz las decisiones que habrá que tomar en los próximos tiempos".

   Además de Rajoy, otros cargos nacionales del PP, como la secretaria general, María Dolores de Cospedal, el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, el secretario de Organización del PP, Carlos Floriano, y el propio González Pons, han felicitado igualmente a Fabra en su cometido.

   Alberto Fabra se ha referido en su discurso a Mariano Rajoy, quien, según ha dicho, "sabe que puede contar con la Comunidad Valenciana y que el PPCV es una apuesta segura", ya que la Generalitat Valenciana ha "emprendido el camino hacia una nueva administración, más ágil, más austera y eficaz, y de la renovación para servir a los ciudadanos y recuperar su confianza"

   No obstante, ha precisado que Rajoy también sabe que el PPCV "sólo escucha una voz antes que la suya, que es la de los valencianos". 

"(Rajoy) ha comprobado que somos los primeros en arrimar el hombro, sabe que somos los primeros en reivindicar lo que es justo, lo que necesitamos y lo que esta sociedad se merece: una financiación justa, un reparto equitativo del agua, un apoyo sin fisuras a nuestra cultura, y una apuesta por nuestras infraestructuras, por nuestro Corredor Mediterráneo".

   "Aquí lo que tenemos que hacer es una defensa cerrada de los intereses de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, y yo reivindico una Comunidad Valenciana libre de estigmas, una Generalitat eficaz y austera, y un PPCV lleno de vida y lleno de todos vosotros para que nos ayudeis a conseguir que la CV pueda salir cuanto antes de la situación actual", ha concluido.

¿La CAM?, pregunten al director general

VALENCIA.- “Cuando llegamos, la CAM era un politraumatizado”. José Antonio Iturriaga, administrador por encargo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de Caja Mediterráneo o, mejor dicho, del Banco CAM tal y como se denomina tras la segregación de la obra social, no se fue por las ramas. En la comisión creada por las Cortes Valencianas para investigar qué pasó con una de las joyas del devastado sistema financiero valenciano, explicó que con el cambio de dirección en 2001 —fecha en que llegó a ella Roberto López Abad— la entidad emprendió “una huida hacia adelante”. Le llevó a un crecimiento del crédito de más del 300% y a una incidencia en el negocio del ladrillo tan agresiva que, de 53.000 millones de euros en préstamos concedidos, sólo 1.000 millones eran ajenos al sector inmobiliario, revela 'El País'.

El administrador desgranó los males: una morosidad demasiado alta, excesiva dependencia de los mercados mayoristas, “deficiencias significativas” en el sistema de control... Los diputados se revolvieron en sus asientos. Hasta el punto de que consideraron innecesario citar a los otros dos administradores del FROB, Tomás González Peña y Benicio Herranz. El 2 de mayo empezó un largo calendario de comparecencias al que se han negado a someterse el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y otros responsables del organismo supervisor, pero por el que han pasado ya dos directores del Instituto Valenciano de Finanzas para decir que no tenían competencias sobre la entidad.

Salvar la CAM, tras la intervención por el Banco de España en julio de 2011, ha exigido del Fondo de Garantía de Depósitos una inyección de 5.249 millones. Y según Iturriaga, que citó el pliego de cargos del Banco de España contra sus gestores (que pueden ser inhabilitados por 10 años), hubo “prácticas reprobables y no autorizadas”. A la espera de que el Banco de Sabadell se haga cargo de la entidad, su actual administrador anunció una demanda, cuyo ámbito no precisó, sobre los directivos de la CAM “en fechas próximas” por las improcedentes indemnizaciones que se aplicaron.

Tampoco se cortó Iturriaga al opinar que los consejos de administración de las cajas, con el peso de la designación política de sus miembros, “adolecen de falta de conocimiento, profesionalidad e independencia”. Para ratificarlo, sólo hubo que seguir, en las sucesivas sesiones de la comisión, las intervenciones de quienes formaban la cúpula de la caja. “Representar institucionalmente a la entidad” era toda la función de su cargo, declaró el presidente de la CAM, Modesto Crespo, un hombre muy próximo al exjefe del Gobierno valenciano Francisco Camps, ante unos parlamentarios que a duras penas contenían su estupefacción cuando añadió que carecía de conocimientos financieros.

Por más que el socialista Ángel Luna, la diputada de Compromís Mireia Mollà o el diputado de Esquerra Unida Lluís Torró se esforzaran por mostrar su incredulidad (el popular David Serra estaba más preocupado por señalar al Banco de España y eximir a la Generalitat Valenciana de cualquier interferencia), Crespo negó conocer cuánto cobraban los directivos y dejó sin explicar por qué se autoconcedió retroactivamente dietas de 300.000 euros en una empresa participada por la caja. Quien presidió la CAM en un periodo en el que pasó de declarar 244 millones de beneficios a finales de 2010 a 1.136 millones en pérdidas seis meses después, echó balones fuera, pero dejó el más importante en el tejado de la dirección general.

Su vicepresidente primero, Ángel Martínez, tuvo menos escrúpulos a la hora de señalar con el dedo al director general. Aparte de atribuir su desgracia, como todos los responsables de la CAM que han pasado hasta ahora por la comisión, al fracaso del sistema institucional de protección (SIP) con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura (algo que ocurrió porque el consejo de administración se negó a evaluar a la baja los activos que la entidad alicantina aportaba al denominado Banco Base), Martínez insistió en que todo lo que llegaba al consejo de la CAM venía informado favorablemente por el equipo directivo encabezado hasta 2010 por López Abad y posteriormente por María Dolores Amorós.

 “Nuestra labor era analizar, dirigir y gestionar la obra social”, alegó este consejero de confianza del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel. Tuvieron que recordarle (lo hizo el socialista Luna) que cobraba unos 100.000 euros anuales en dietas de empresas participadas por la CAM. Benito José Nemesio, vicepresidente segundo, se escudó también en que carecía de conocimientos para evaluar las operaciones que pasaban por el consejo y Armando Sala, que fue vicepresidente antes de que lo desplazaran por su adscripción zaplanista en las guerras internas del PP, llegó a apuntar que las actas de los consejos no están claras. “No se ajustan a la realidad”, señaló.

No es de extrañar que la expectación sea máxima para la sesión de la comisión parlamentaria que se celebrará mañana, en la que están citados López Abad y Amorós. En la sala todavía resuena la voz de Iturriaga, el administrador, cuando afirmó tajante que la CAM no habría sobrevivido aunque no se hubiera desencadenado la crisis económica global y que habría arrastrado a sus socios si hubiera culminado la fusión fría en el SIP.

Los gestores de la CAM podrían enfrentarse a diez años de inhabilitación

ALICANTE.- Los gestores que han estado al frente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) los últimos años pueden enfrentarse a una inhabilitación para trabajar en cualquier entidad financiera durante los próximos diez años.

Según el pliego de cargos remitido por el Banco de España a medio centenar de expedientados, los antiguos miembros del consejo de administración y la comisión de control de la CAM se enfrentan a la acusación de varias infracciones "muy graves" por su gestión al frente de la entidad.  

Así, el Ministerio de Economía podría decidir, a instancias del Banco de España, la inhabilitación de los directivos por un periodo de hasta diez años en cualquier cargo dentro de entidades de crédito o de la administración, en función del puesto que ocuparan.
Además, los miembros del consejo de administración podrían enfrentarse también a una multa de hasta medio millón de euros, que en el caso de los miembros de la comisión de control se reduciría a 6.010 euros al ir regulados por la normativa específica de las cajas.

Las infracciones de las que se les acusa, tal y como se recogía también en el informe elaborado por los inspectores del Banco de España en el mes de enero y en el que se sustenta el expediente, son deficiencias en el control de la entidad, irregularidades contables y una incorrecta remisión de documentación requerida por el organismo regulador.
El pliego de cargos señala que la CAM "ha carecido" de los mecanismos básicos de control interno, "lo que ha provocado un creciente deterioro de sus activos y la carencia de liquidez para hacer frente a sus compromisos y ha conducido a la caja a una situación de tal gravedad que ha resultado irreversible".
Por lo que respecta a las irregularidades contables, el documento señala que la CAM pasó créditos dudosos a fallidos, realizó operaciones de titulización que contradecían las directrices del Banco de España y registró plusvalías "inexistentes", lo que permitió "ofrecer unos resultados positivos que en modo alguno trasladaban la imagen fiel de la entidad".

Por último, apunta que los gestores de la caja declararon su "imposibilidad" para elaborar un plan para superar la "delicada situación" en la que se encontraba la entidad el mismo día que se lo requirió el Banco de España.

Las responsabilidades que atribuye este pliego de cargos son provisionales y contra este documento cabe presentar alegaciones que, una vez resueltas, darán lugar a la propuesta de resolución definitiva.
El presidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés, ya ha avanzado que presentará, al menos, dos alegaciones, al considerar que la Asamblea de la entidad sabía que recibía retribuciones de otros organismos y que desconocía la gravedad del contenido recogido en el requerimiento del Banco de España.
De hecho, en el mes de marzo, un Juzgado de Madrid admitió a trámite una querella presentada por Avilés contra dos inspectores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en la que alegaba que el informe elaborado por el Banco de España incluía informaciones inciertas sobre su gestión, lo que podría suponer un delito de falsedad de documento público.
El Banco de España decidió sustituir a los gestores de la CAM el pasado 22 de julio y tres semanas después los administradores del FROB destituyeron a la que había sido hasta entonces la directora general de la caja, María Dolores Amorós.

El concejal socialista Rosser propone una vuelta al ladrillo para salvar en Alicante la crisis

ALICANTE.- Pablo Rosser, concejal responsable del Área de Urbanismo en el Grupo Municipal Socialista (GMS) de Alicante, ha planteado una moción para que la corporación municipal, dada la situación general y, en concreto, la que afecta a Alicante, adopte un papel de liderazgo en aras a conciliar a todos los sectores de nuestra ciudad para el planteamiento de propuestas concretas y efectivas que palien la actual situación económica.

“La prolongada situación de crisis que ha afectado a amplios sectores de nuestra economía y ha tenido especial incidencia en el sector de la Construcción, ha arrastrado a un sin fin de oficios condenando al paro a miles de familias alicantinas.

Hemos de ser capaces de promover acciones concretas que mejoren la calidad de vida de nuestros barrios, ayuden al mantenimiento de puestos de trabajos y empresas, y reactiven la economía en nuestra ciudad”, afirma Rosser.

El concejal socialista recuerda que esta situación de crisis generalizada, que está afectando en el plano social, con familias en serias dificultades para hacer frente a los pagos de sus hogares actuales, acceder a su primera vivienda o acometer las reformas necesarias en las mismas o en sus edificios, paralelamente, está teniendo sus efectos en el urbanismo de la ciudad 

“Los barrios tradicionales envejecen y pierden calidad de vida, las nuevas zonas urbanas no terminan de consolidarse por su escasa ocupación, con multitud de pisos vacíos, y las que estaban a punto de iniciarse, corren peligro de convertirse en desiertos urbanos, debido al parón económico general”, dice.

“Sin embargo -afirma Rosser- esa situación deja entrever demandas y carencias que podrían, bien enfocadas, llevarnos a generar algún tipo de actividad económica, crear puestos de trabajo y mejorar la situación social de miles de alicantinos y alicantinas. Se trata de “reinventarse”, término muy en boga en estos momentos de crisis”

Para el edil socialista este es un momento grave que debe abordarse con la mayor amplitud de miras y, en aras de encontrar soluciones de largo recorrido, no sujetas a cambios de poder, propone, “salvando el escollo del PGOU que, ni está aprobado, ni tendría el consenso de todos, ni llegaría en tiempo” a abordar el problema, creando iniciativas desde el Ayuntamiento. 

Como quiera que es allí donde se concentra la mayor y más democrática representación de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad “proponemos que se cree, de manera inmediata y urgente, una Comisión de trabajo (formada por la representación política acostumbrada, y técnicos municipales de varias áreas municipales), a la que se invite a formar parte a la totalidad de sectores sociales, económicos y de representación ciudadana de Alicante”

La labor de dicha Comisión de trabajo sería la de elaborar y elevar al pleno municipal un documento de análisis, pero sobre todo de propuestas concretas y efectivas, lo más consensuadas posibles, encaminadas a la necesaria reactivación del urbanismo de nuestra ciudad.

“Desde el GMS estamos ya elaborando un listado de propuestas a presentar a dicha Comisión para su discusión y, en su caso, aprobación -anuncia Rosser- todas ellas encaminadas a reactivar la Construcción ordenada de viviendas, poner en el mercado del arrendamiento -con tutela e intermediación municipal- el enorme parque de vivienda vacía, y la necesaria y urgente rehabilitación de nuestros barrios tradicionales”, concluye el concejal socialista.

Tres exconsejeros murcianos piden acceder al correo de la cúpula de la CAM

ALICANTE.- Tres ex consejeros murcianos de Caja Mediterráneo (CAM) han pedido al Banco de España que les facilite copia de todos los correos electrónicos recibidos y enviados por los ex directores generales de la entidad Roberto López Abad y María Dolores Amorós, para poder acreditar las presuntas irregularidades detectadas en su gestión.

La petición ha sido planteada por Juan García Gómez, Juan Bernal Roldán y Manuel Muelas Yébenes en el pliego de alegaciones que han presentado al expediente diciplinario abierto por el servicio de Inspección del Banco de España a 49 ex consejeros y directivos de la CAM. Como informó ayer ABC, estos tres antiguos miembros del consejero de administración no niegan la existencia de irregularidades, pero las atribuyen al «núcleo duro» formado en torno al ex presidente Modesto Crespo y a los dos ex directores generales. Entre ellas citan que los ex directivos de la entidad se estipular «indemnizaciones millonarias por prejubilarse», a pesar de la delicada situación financiera que atravesaba la CAM, así como el hecho de que algunos de ellos se incorporaran al ERE cuando ya se había cerrado el plazo legal establecido.

En su pliego de alegaciones, los tres ex consejeros piden que el Banco de España inste a la CAM a facilitarles abundante documentación interna para poder ejercer su defensa. Entre otras pruebas, reclaman copia de todos los correos electrónicos que circularon por las cuentas corporativas de López Abad y Dolores Amorós, del expresidente Modesto Crespo (desde 2007), así como de los exvicepresidentes Ángel Martínez (desde 2007) y Armando Sala (desde 2004).

Asimismo, reclaman que el Banco de España, la Comisión Nacional del mercado de Valores (CNMV) y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) les faciliten copia de todos los informes y comunicaciones que han mantenido en relación con la CAM.

Como informó Abc, estos tres exconsejeros sostienen en su pliego de alegaciones que desconocían todas las irregularidades que han podido producirse en la CAM, ya que durante su etapa como miembros del consejo la entidad no les facilitaba ningún documento y todos los acuerdos se aprobaban sin debate previo.

Ximo Puig dice que Fabra y Vela "engañaron" con el déficit y señala que el Plan de Reequilibrio "no es creíble"

VALENCIA.-   El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y el conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, "engañaron" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la Unión Europea en el cumplimiento de los objetivos de déficit, al tiempo que ha sostenido que el Plan de Reequilibrio presentado por el Consell "no es creíble".

   Puig ha realizado estas declaraciones tras conocerse que el Plan de Reequilibrio 2012-2014 de la Comunitat aprobado el pasado jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) reconoce una cifra de déficit en 2011 superior a la comunicada en el avance de la liquidación al Ministerio de Hacienda. La Comunitat presentó inicialmente una desviación del déficit del 3,68% de su PIB, que ha elevado en el plan de ajuste al 4,5%.

   En este sentido, el secretario general de los socialistas valencianos ha sostenido que o bien la Generalitat está "ocultando nuevos recortes sociales o bien van a seguir la senda del engaño sin más" para cumplir los objetivos de déficit. Así, ha manifestado la "estupefacción" en la que viven los valencianos cada día.

   Puig ha criticado que durante los últimos tres años la Generalitat haya "engañado" al que por entonces era presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en las cifras de déficit y este año hayan hecho lo mismo con Rajoy. En esta línea, ha lamentado que el Gobierno valenciano haya ocultado durante este tiempo "miles y miles de facturas" en el cajón.

   Por ello, ha exigido la "dimisión inmediata" de Vela y ha pedido que tanto el presidente de la Generalitat como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, den "explicaciones convincentes" sobre la cifra real de déficit. Al respecto ha asegurado que no cree que el Gobierno de España "haya sido capaz conscientemente de engañar a la Unión Europea".

   Sin embargo, ha sostenido que después de que el actual Gobierno central haya insistido durante meses que Zapatero había engañado en las cifras de déficit, "resulta que el engaño estaba dentro de casa,  en las propias autonomías del PP" .

   El secretario general del PSPV ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a una mesa debate sobre la sanidad pública en la sede de UGT de Valencia, cuyo objetivo es analizar cómo va a afectar el cambio de modelo sanitario a la Comunitat Valenciana, ha explicado el propio Puig.

   En esta línea, ha criticado que la extensión de la gestión privada en la sanidad valenciana va a suponer que "ante la enfermedad los ciudadanos no sean iguales" y ha añadido que es "intolerable" que los valencianos sean atendidos "en función de sus recursos".

   Puig ha cuestionado, asimismo, la eficacia financiera del nuevo modelo de gestión sanitaria y ha asegurado que es "totalmente ilógico" que los hospitales vayan a reducir costes en agua y electricidad "simplemente porque sí", ya que además "tiene que haber un beneficio para las empresas que van a adjudicarse ese servicio". Por ello ha insistido en que los hospitales reducirán gastos "con menos servicios".

Castedo señala que la ciudadanía "no está para debates estériles" ni quiere saber "de pulsos de poder"

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante y presidenta del XIII Congreso Regional del PPCV, Sonia Castedo, ha remarcado que la ciudadanía "no está para bromas, ni para debates estériles, no quiere saber nada de cuotas, ni de pulsos de poder interno, ni siquiera quieren saber nada de nombres y apellidos", sino que  pide al Partido Popular "ayuda, trabajo, raciocinio en las decisiones y soluciones". 

   En su intervención este sábado durante la inauguración del cónclave regional, Castedo ha señalado que lo que la gente quiere saber es que los 'populares' están "unidos y preparados para afrontar esa difícil época".

 "Quieren saber que estamos haciendo lo que tenemos que hacer para superar los problemas, que sabemos lo que hacemos y que lo hacemos con el convencimiento y seguridad de que es lo necesario para salir adelante", ha asegurado.

   Al respecto, ha indicado que para que el partido "siga siendo el de la mayoría de los valencianos", sus integrantes tienen que identificarse con ellos. "Tenemos que estar junto a ellos y no distanciados en los despachos; los necesitamos y ellos también nos necesitan a todos nosotros".

   En su opinión, "la ciudadanía no está para bromas, ni para debates estériles, los ciudadanos no quieren saber nada de cuotas, ni de pulsos de poder interno, ni siquiera quieren saber nada de nombres y apellidos, Nos piden ayuda, trabajo, razocinio en las decisiones, nos piden soluciones".

   Por ello, ha estimado que el Congreso, cuyo lema es 'Comprometidos contigo", debe servir tanto para "analizar la situación que atraviesa el PP" como para "alcanzar líneas de trabajo común que propicien un debate enriquecedor para la sociedad valenciana".  

   "Son muchas las esperanzas depositadas en el partido, por eso no estamos aquí sólo para aprobar unas ponencias y elegir nuestros órganos, eso es lo de menos; estamos aquí con el ánimo de trasladar a los ciudadanos que somos un partido fuerte, con ideas, que se renueva y que lucha día a día por mejorar la calidad de vida de todos, porque a la gente le va a importar muy poco quiénes sean mañana nuestros cargos orgánicos, son demasiadas las preocupaciones de buena parte de la población".

   El presidente provincial del PP en Alicante, Miguel Ortiz, ha animado a trabajar "codo a codo" a todos los 'populares' en "un único proyecto en torno a Alberto Fabra", a quien ha definido como el "nexo de unión de todos los populares de la provincia de Alicante y de la Comunitat Valenciana".

   "Hemos sabido estar juntos, porque estando unidos somos más, hacemos mejor las cosas, somos capaces de resolver cualquier problema que se nos presente, y estamos aquí en este congreso para demostrar a la sociedad y a nosotros mismos que el PPCV está más fuerte y más unido que nunca, porque es lo que necesita para sacar a la Comunitat Valenciana de la crisis económica", ha señalado Ortiz.

Fabra, reelegido presidente del PPCV con el 81,3 por ciento de los votos

ALICANTE.-  El presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana (PPCV), Alberto Fabra, ha revalidado este sábado su cargo al frente del partido, en el XIII Congreso Regional, con el apoyo del 81,3 por ciento de los compromisarios, que le han dado su apoyo mayoritario para los próximos cuatro años, en los que Fabra contará con Serafín Castellano como nuevo secretario general, y con el alcalde de Calpe, César Sánchez, como vicesecretario general.

   El líder del PPCV ha llegado pasadas las 10.35 horas, y ha sido recibido a las puertas del auditorio por el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, el presidente provincial del PP, Miguel Ortiz, así como la presidenta del congreso y alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, entre otras autoridades y cargos del partido.

   A escasos metros, y tras un cordón policial, un centenar de trabajadores de Radio Televisión Valenciana (RTVV) esperaba desde primera hora de la mañana a las puertas y han ido recibiendo a los compromisarios y cargos con una fuerte pitada para protestar contra el despido de trabajadores en el ente público.  

   La protesta ha registrado los momentos de mayor tensión con la llegada del exsecretario general, Ricardo Costa, que ha sido fuertemente abucheado, al igual que el presidente provincial del PP en Castellón, Carlos Fabra, que ha intentado evitar la concentración por un lateral. El presidente Alberto Fabra ha podido cruzar el grupo de manifestantes en su vehículo oficial.

   Una vez dentro del Auditorio, Alberto Fabra ha recogido su credencial y ha sido calurosamente recibido por el millar de compromisarios que le esperaban en el salón principal, entre ellos, todos los consejeros de su equipo y numerosos dirigentes del partido.

   Precisamente dos de los cargos más esperados al cónclave, el presidente provincial del partido en Valencia, Alfonso Rus, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, han estado ausentes del auditorio durante el arranque del congreso.

   Rus, que permanecía conversando con el resto de compañeros en los aledaños del ADDA, en declaraciones a los medios de comunicación, ha asegurado que "por supuesto" apoya a Fabra y ha recordado que "donde hay patrón, no manda marinero". Por su parte, Barberá ha llegado a las 12.30 horas, cuando el plenario debatía la segunda de las ponencias, 'Comprometidos con las personas', y ha mostrado su deseo de que el congreso "sea muy feliz".

   Alrededor de las 11.00 horas, ha dado inicio oficialmente el programa de actos del día, que ha incluido la lectura de los informes de la comisión organizadora, la votación de la mesa y las intervenciones inaugurales que han corrido a cargo de la presidenta del congreso y alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y del presidente provincial del PP, Miguel Ortiz. Ambos han coincidido en señalar la importancia de que el partido esté "unido" y "trabaje para solucionar los problemas de los ciudadanos".

   Antes, el secretario general Antonio Clemente, ha expuesto su informe de gestión, que ha sido revalidado por unanimidad de los asistentes, en el que ha resaltado la figura del anterior presidente del PPCV, Francisco Camps, quien, según sus palabras "ha dejado una huella imborrable" e hizo "sacrificios por defender su honorabilidad y por buscar la verdad".

   El Plenario del Congreso Regional ha aprobado por unanimidad las tres ponencias, --centradas en el PPCV, en las personas y la Comunidad Valenciana--, la última de ellas por la tarde, minutos antes de que se abriera el plazo para la presentación de la candidatura del único aspirante, Alberto Fabra. Su intervención ha contado con la presencia del presidente de Baleares, José Ramón Bauzá y del vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons.

   En su intervención ante un auditorio abarrotado, Fabra ha abogado por la unidad de todos y ha recordado que la fortaleza de la formación depende de que "todos" arrimen el "hombro" y aporten "ideas y esfuerzo".

 "Todos somos el PP. No podemos perdernos en debates internos y estériles ni por el quién ni por el dónde", ha señalado a los presentes antes de la votación.

   En su intervención, que ha estado antecedida con una vídeo en el que se podía ver imágenes de Fabra en su actividad política, ha adelantado que el nuevo comité ejecutivo contará con el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, como secretario general, y con el alcalde de Calpe, César Sánchez, como vicesecretario en sustitución del vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar.

   Fabra ha conocido los resultados de la votación, que le han dado la victoria con el 81,3 por ciento de los votos, en el transcurso de un encuentro que ha mantenido con miembros de Nuevas Generaciones en el propio ADDA.

   El presidente ha asegurado que para él "esto es un sueño", y ha añadido que tiene "la misma ilusión, compromiso y fuerza" que cuando empezó en el partido. Asimismo, ha advertido que los 'populares' tienen un "gran reto y desafío", como es el de "no fallar a la gente que ha depositado su confianza en el PP".

   "Cuento con todos vosotros, y estoy seguro de que con vuestra ilusión, con vuestra fuerza y vuestra esperanza no les vamos a fallar", ha resaltado.

   Al término de la jornada, el nuevo secretario general como el vicesecretario general han coincidido en mostrar su "ilusión" por las nuevas responsabilidades, y han asegurado que en este congreso el partido va a salir "muy reforzado y unido".

Torres-Dulce ordena depurar las responsabilidades penales por la gestión de cajas de ahorro

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado orden al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, para que se depuren "todo tipo de responsabilidades penales que pudieran derivarse de la gestión de las cajas de ahorro" y se examine, entre otros asuntos, "si la percepción de determinadas cantidades indemnizatorias pudieran estar incursos en algún tipo delictivo".

   Así lo ha asegurado el fiscal general en una entrevista, en la que ha calificado de "varias y variadas" las investigaciones abiertas, algunas correspondientes a diligencias de investigación incoadas por Anticorrupción y otras ya judicializadas.

   Ha concretado que entre los organismos investigados no se encuentra "de momento" Bankia, aunque "otra cosa es que pueda haberlo en el futuro" y que tampoco existe ninguna actuación dirigida contra el gobernador del Banco de España.

   "En este momento no existe ninguna investigación abierta sobre Banckia de la que yo tenga noticia, otra cosa es que pueda haberla en el futuro -ha concretado-. Si hay algo abierto por hechos anteriores no lo puedo decir, porque no conozco todas las causas abiertas por Anticorrupción, pero sobre el último tramo de actualidad de Bankia no".

   Torres-Dulce ha añadido que él es "muy beligerante" en todos los casos de corrupción y que los seguirá siendo por ser un asunto que le preocupa "extraordinariamente". No obstante, ha declinado señalar asuntos concretos "por la debida reserva, porque están en diligencias de investigación". Ha añadido que "se están investigando varios casos, los mismos en los que está pensando la ciudadanía".

  "Lo único que tengo que pedir es que por parte de las autoridades bancarias, y sobre todo del Banco de España, se ofrezca la más completa colaboración para que podamos llevar con efectividad estas acciones que hemos emprendido", ha añadido Torres-Dulce, que ha insistido en la necesidad de que la documentación necesaria para que Anticorrupción realice su trabajo se transmita "con mayor presteza".

   "No se trata de falta de colaboración", según el fiscal general, que reclama celeridad para poder ejercer "un mayor ritmo investigador". El principal representante del Ministerio Público ha explicado que comprende que las peticiones se refieren a documentaciones complejas y que el Banco de España tiene numerosas funciones, pero ha insistido en que le gustaría una "mayor rapidez en las respuesta a determinados tipos de procesos".

   Según ha podido adelantar, hasta el momento las diligencias abiertas abarcan posibles delitos de estafa, apropiación indebida o falsedad documental, de naturaleza societaria y fraude fiscal. "Es decir, todas aquellas actividades que de alguna forma han podido incidir en el campo del derecho penal", ha señalado Torres-Dulce.

   "Este campo, el penal, es relativamente restringido, luego habrá responsabilidades de tipo político, societario, contable, o tributario. Pero todas aquellas actividades que por parte de los Consejos de Administración, órganos de decisión o personas que puedan tomar decisiones hayan podido haber afectado al tráfico penal societario" se están investigando, según explica el fiscal general. Las diligencias responden a denuncias recibidas "o bien a documentación que se nos ha presentado y obliga a la investigación".

   Torres-Dulce ha señalado que lo que Anticorrupción no puede hacer es una inquisición general, que está prohibida por la Constitución. "No vamos a investigar todo lo que haya hecho la 'Caja X', sino aquellos comportamientos que puedan tener una relevancia penal", ha concretado.

   Respecto del gobernador del Banco de España, el fiscal general ha señalado: "Sobre Fernández Ordóñez, que por otra parte me merece la mayor de las consideraciones, no hay ninguna investigación abierta -ha añadido el fiscal general-. Lo que puede tratarse de defectos de gestión o de críticas con respecto a cómo se gobierna políticamente son decisiones que tendrán su juicio político o administrativo si hubiera algo, pero es que la incidencia penal es algo mucho más grave".

   Preguntado por la anunciada redacción por su parte de una circular referida al tema de la corrupción, Torres-Dulce ha anunciado que será la primera que firme como fiscal general y tendrá que ver "con el fiscal como instrumento imparcial del derecho y garante de los derechos fundamentales".

   Ha advertido que el los últimos tiempos "está muy presente" la urbanística o inmobiliaria, la política y la referida a "financiación de partidos políticos", pero también existen otros casos "que conviene no olvidar, como son los de blanqueo de dinero de organizaciones mafiosas con una presencia en Europa Occidental extremadamente preocupante".

   Este tipo de corrupción, según Torres-Dulce, "empieza a enquistarse en la sociedad y produce unos efectos devastadores".

   Para luchar contra estas situaciones, la Fiscalía General impulsará la denominada Oficina de Recuperación de  Activos, para organizar los comisos derivados de las intervenciones a estas mafias.

   El fiscal general ha insistido en que se debe ser muy respetuoso con los derechos fundamentales y con las garantías procesales, porque no se puede "intentar conseguir una condena como sea", sino a través de los medios legales.

   "En algún caso ese respeto puede hacer ineficaz el proceso, pero es que esa es la garantía que nos hemos dado todos en el Estado de Derecho -ha añadido- No me gusta nada que al Ministerio Fiscal se le pueda acusar de perseguir a los culpables con olvido de las garantías y derechos fundamentales".

Banco CAM suspende el pago de intereses de obligaciones subordinadas previsto para el 25 de mayo

MADRID.- Banco CAM ha suspendido el abono semestral de intereses de una emisión de obligaciones subordinadas que estaba previsto para el próximo 25 de mayo, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

   La entidad alega las pérdidas por valor de 2.731 millones de euros que registró en 2011. El pago de los intereses de este tipo de deuda se pueden suspender en el supuesto de que la entidad emisora haya registrado 'números rojos' en los seis meses naturales anteriores.

   El Banco de España adjudicó el Banco Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a Banco Sabadell el pasado 7 de diciembre por el precio simbólico de un euro, después de que la entidad fuera intervenida el pasado 22 de julio por sus graves problemas de solvencia.

Puig (PSPV) exige que aquellos que han "volatizado las cajas valencianas" asuman la "responsabilidad"

ALICANTE.- El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha exigido este viernes a "todos aquellos que han volatizado las cajas valencianas", en referencia a Caja Mediterráneo (CAM) y Bancaja --incluida en Bankia--, que asuman la "responsabilidad", y ha apuntado que "no se puede mirar hacia otro lado y decir ahora que los culpables eran otros".

Puig ha incidido en que hasta la llegada del PP al gobierno de la Generalitat valenciana, la Comunitat tenía "la tercera y cuarta caja de España y un banco solvente --Banco de Valencia--, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas".

 "Ahora no tenemos nada", ha agregado.

El líder de los socialistas valencianos ha indicado que desde su partido han "vivido la semana trágica de Bancaja, su punto final, desde la tristeza de saber que ha desaparecido el sistema financiero valenciano, se ha volatizado", y ha asegurado que comparten "la preocupación de los impositores, de las personas que han puesto sus ahorros en las participaciones" de la entidad, "que se les vendieron como bonos de gran seguridad".

"Desde el apoyo a todos los actores de este proceso, decimos con total claridad que es exigible la responsabilidad, que la asuman, por parte de todos aquellos que han volatizado las cajas valencianas. En estos momentos ya hay una comisión de investigación en Les Corts sobre CAM, y hemos solicitado otra sobre Bancaja. Han de asumirse las responsabilidades, no se puede mirar hacia otro lado. No se puede decir ahora que los culpables eran otros", ha subrayado.

Al respecto, Puig ha resaltado que el PSPV-PSOE fue "desalojado de cualquier decisión en las cajas" autonómicas desde 1997, cuando, según ha explicado, "se politizó hasta el extremo la participación de la Generalitat en las cajas". Al respecto, ha recordado que desde su partido han solicitado una comisión de investigación en Les Corts sobre la entidad valenciana.

Igualmente, ha manifestado que los socialistas valencianos dijeron "hace mucho tiempo que el camino de las cajas valencianas no era el correcto", y que "el modelo de crecimiento que propiciaba el Gobierno de la Generalitat tampoco era el correcto". 

"El camino que quiere seguir la Generalitat no es el camino correcto y la situación en la que nos va a dejar va a exigir un cambio profundo, rotundo, potente, y que propicie una alternativa diferente para que los valencianos salgan de una situación de extrema dificultad", ha añadido.

Preguntado por la utilidad de las referidas comisiones de investigación sobre las entidades financieras autonómicas, ha destacado que estos órganos "deberían ser mucho más útiles", si bien ha apuntado que han servido para "enterarse de alguna cosa sobre CAM". En su opinión, estas comisiones, "en un país con más fuerza en las instituciones desde el punto de vista de la calidad democrática", servirían para "analizar en profundidad todos los elementos que hubiera en cada investigación, pero aún así más vale poco que nada".

Además, ha sido cuestionado sobre el futuro de las obras sociales de Bancaja y CAM, a lo que ha señalado que los socialistas valencianos tienen "un gran pesar, ya que pasar de unas obras sociales de ambas cajas que sumaban 170 o 180 millones de euros a una décima parte, y en perspectiva de futuro quedar aniquiladas, significa perder muchos puestos de trabajo, y un golpe terrible para la cultura, para las ONG, y para la acción social de las cajas, y tiene un responsable, que es el PP".

"Es una responsabilidad que han de asumir aquellos que han gestionado las cajas de una manera arbitraria, para otros intereses que no son el interés general. Es evidente que de cara al futuro vamos a intentar salvar los muebles de las obras sociales. Estamos esperando para ver cuál es la propuesta en la próxima reglamentación que hagan el Banco de España y la Generalitat, pero es evidente que queremos que al menos haya un espacio para la Obra Social", ha sentenciado.

El PSPV insta a Fabra a aprovechar el congreso del PPCV para cesar a Blasco

VALENCIA.- La diputada socialista en las Corts y portavoz de Movimientos Sociales, Inmigración y Juventud, Clara Tirado, ha instado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a que aproveche una cita tan importante para su partido como es el Congreso del PP, que comienza mañana, y las primeras palabras que diga sea "he cesado a Rafael Blasco", con motivo del caso del supuesto desvío de fondos de cooperación, en su etapa como conseller de Solidaridad y Ciudadanía.

   Tirado, en un comunicado, ha asegurado que las informaciones publicadas tras hacerse público el sumario "son de tal de tal gravedad que si Blasco tuviera un mínimo de decencia o de dignidad política debería marcharse al margen de las consecuencias jurídicas o penales que pudieran derivarse del proceso".

   "Lo que dice el sumario y que hoy hemos conocido provoca tal vergüenza e indignación que Blasco no puede estar ni un minuto más como portavoz al frente del grupo que sostiene al Gobierno en esta Comunitat", ha señalado Tirado.

   Asimismo, ha indicado que el sumario "confirma todas las denuncias que desde el grupo socialista se han realizado a lo largo de todo el proceso de investigación".

   "Hoy hemos visto como se han confirmado las cantidades que en su día denunciamos que se habían desviado de los fondos de cooperación, el procedimiento, así como la operativa, absolutamente todo lo que explicamos a lo largo de todo el proceso y que Blasco ha negado, descaradamente, durante todo este tiempo, hoy se ha confirmado", ha reiterado la diputada socialista.

   "Pero además, --ha afirmado--, hoy nuevamente queda evidenciado que las palabras de Blasco no tienen ningún valor". En este sentido Tirado ha recordado que a través del sumario se ha conocido que "tanto los hechos como los testimonios de los imputados apuntan a Rafael Blasco como el centro de la trama ya que conocía a la perfección su funcionamiento y es altamente probable que también participara de ella como principal urdidor de la misma", ha señalado.

   Del mismo modo, ha afirmado que "es evidente que ni Rajoy, ni María Dolores de Cospedal quieran visitar la Comunitat y mucho menos participar en el Congreso del PP, donde evitar la foto con algún presunto imputado o implicado en alguno de los casos de corrupción que salpican al PPCV sería misión imposible"

Puig dice que el plan de reequilibrio de la Generalitat "provocará el estancamiento" de la economía valenciana

ALICANTE.- El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha señalado que el plan de reequilibrio presentado por la Generalitat Valenciana, además "de ser poco creíble y poco riguroso, va a provocar el estancamiento de la economía" de la Comunitat y "la raquitización del sistema social" autonómico, según ha informado en un comunicado el partido.

   Puig ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la reunión que ha mantenido este viernes en Alicante con el grupo parlamentario de senadores, diputados y eurodiputados socialistas valencianos, y a la que también ha asistido la vicesecretaria general del PSPV-PSOE, Leire Pajín.

   Así, el líder del PSPV ha incidido en la "difícil situación en la que se encuentra la Comunitat", y ha subrayado que la región valenciana se está intervenida "de facto" por el Gobierno central, "tanto económica como políticamente".

   Igualmente, ha apuntado que "las recetas neoliberales" que, a su juicio, aplica el PP "no sirven", y ha puesto como ejemplo de esta afirmación el plan de reequilibrio presentado por el Gobierno valenciano, del cual ha opinado que, además "de ser poco creíble y poco riguroso, lo único que va a provocar es el estancamiento de la economía y la raquitización del sistema social" de la Comunitat. "Es un plan que no va a aportar seguridad en el futuro y tampoco en los mercados. No se puede leer nada que aporte perspectiva de futuro para esta comunidad", ha agregado.

   Para Puig, el referido plan de reequilibrio valenciano "sigue la línea del gobierno de Mariano Rajoy", ya que, según sus palabras, "no sólo ajusta cuentas con el estado social, sino también con el sistema de libertades", y ha utilizado como ejemplo la gubernamentalización de Radio Televisión Española (RTVE). "Se quiere ir más allá, se quiere aprovechar la crisis para ajustar cuentas con la democracia" ha manifestado.

   El líder de los socialistas valencianos ha recalcado lo "fundamental" de "reiniciar una alianza con los ciudadanos", con "especial atención en las personas que están pasando graves dificultades". 

"Hay que ser conscientes de los problemas que están pasando muchas personas después de años de gobierno del PP en la Comunidad Valenciana", ha añadido.

   Por su parte, Pajín, durante su turno de palabra, ha anunciado la puesta en marcha de un plan de trabajo con reuniones sistemáticas para coordinar la tarea parlamentaria "con un doble objetivo de debatir sobre los intereses de Alicante, Valencia y Castellón, y también para rendir cuentas, tanto con las agrupaciones socialistas y, con los ciudadanos, a través de las oficinas parlamentarias que se crearán en breve".  

   La que fuera ministra bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero ha indicado que este viernes "es un día duro para el país", por haber "amanecido con un estado de bienestar debilitado después de las medidas  adoptadas por parte del Gobierno".

 "Los ciudadanos hemos amanecido con menos derechos de los que teníamos", ha aseverado. Al respecto, ha afirmado que en la Comunitat "llueve sobre mojado, ya que el Consell fue el primero en ensayar los modelos privatizadores".

Condenan a 843 años de cárcel a los etarras que atentaron en Santa Pola

MADRID.-  La Audiencia Nacional ha condenado a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi Eraso, 'Iosu', y Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', al considerar probado "sin ningún género de duda" que fueron los autores del atentado contra la casa-cuartal de Santa Pola, que la banda perpetró el 4 de agosto de 2002. 

   La sentencia, notificada este viernes, atribuye a los dos terroristas, para los que el fiscal pedía un total de 1.180 años de cárcel, el asesinato de Silvia Martínez Santiago, de seis años, y de Cecilio Gallego Alaminos, de 57, así como otros 51 en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas.

   La Sección Segunda de la Sala de lo Penal obliga a los dos acusados, integrantes del 'comando Argala' de ETA, a indemnizar a los padres de la pequeña asesinada, que declararon durante el juicio, con 211.768 euros, así como con 75.539 a familia del hombre, que murió cuando se encontraba en una parada de autobús situada junto al acuartelamiento.

   También establece indemnizaciones de más de nueve millones de euros al Estado y al Consorcio de Compensación de Seguros por los daños causados en la casa-cuartel (6 millones), la cuantía de las ayudas que concedió a las víctimas (otros 2,5) y las que otorgó a los perjudicados por daños materiales (839.000 euros).

   Los magistrados Fernando García Nicolás, Ángel Hurtado y Julio de Diego, que ha sido el ponente, consideran que Otegi y Celarain llevaron a cabo el atentado en el marco de la "campaña de verano" planificada por la banda terrorista, para lo cual colocaron un coche-bomba junto a la casa-cuartel y lo hicieron estallar "sin previo aviso".

   Este hecho impidió que hubiera "posibilidad alguna de desalojar el acuartelamiento ni sus inmediaciones", según recalca la resolución judicial, que añade que el atentado se produjo "a una hora en la que los agentes residentes en las viviendas de la casa-cuartel se encontraban en ellas con sus familiares".

   La resolución judicial detalla que para preparar el atentado los dos etarras se hospedaron entre el 28 de julio y el 4 de agosto en el camping 'Bahía' de Santa Pola, situada a 400 metros del lugar del atentado y en el que se alojaron utilizando documentación falsa. Para sus desplazamientos, durante los cuales grabaron la casa-cuartel, los procesados alquilaron una motocicleta aunque también utilizaron bicicletas.

   La principal prueba valorada por el tribunal es la "autocrítica" incautada al exjefe militar de ETA Ibon Fernández de Iradi, 'Susper', en la que Otegi reconocía la comisión de este atentado, que el fiscal Miguel Ángel Carballo calificó como parte de una "dramática y terrorífica peripecia" de acciones terroristas.

   La detallada versión que escribieron en ese documento, elaborado para  dar cuenta de sus actividades a la dirección de la banda terrorista, está  corroborada por las declaraciones de una decena de testigos que los reconocieron, el hallazgo de una cinta con imágenes de la casa-cuartel atacada y croquis de las dependencias de la Guardia Civil de Elche y Torrevieja y el testimonio del presunto etarra Juan Carlos Besance, que reconoció que sacó los billetes a los acusados para trasladarse a Alicante.  

   Durante la última sesión del juicio, que quedó visto para sentencia el pasado 22 de febrero, el fiscal consideró "un milagro" que el atentado no provocara "más víctimas mortales y heridos de mayor gravedad".

   El testimonio más relevante del juicio fue el de la madre de la pequeña Silvia, Toñi Santiago, que llamó "asesinos cobardes e hijos de puta" a los dos acusados y pidió "justicia" para que su hija sea "la última" y no vuelva a haber "ningún otro niño asesinado por ETA". "¡Que ningún padre tenga que enterrar nunca a un hijo en manos de esta gente, por favor!", reclamó sollozando.

   Otegi y Celarain, que están pendientes de sentencia por el atentado cometido el 22 de junio de 2002 frente al hotel Tamisa Golf de Mijas (Málaga), han sido condenados en Francia a ocho años de cárcel por asociación de malhechores, tenencia de armas y explosivos y uso de documentación falsa; a otros 50 años por el asesinato del edil de UPN en Leitza (Navarra) José Javier Múgica; y a 18 años y tres meses más por atentar el 21 de junio de 2002 en Marbella (Málaga).

   En relación con el atentado contra el hotel Las Pirámides de Fuengirola (Málaga), que se produjo el mismo día, el  tribunal absolvió a Celarain debido a que no se incorporó a la causa el DNI falso con su fotografía que éste habría utilizado para hospedarse en varios hoteles antes de cometer el atentado. A Otegi, sin embargo, el tribunal le impuso 110 años y medio de cárcel.

Montoro podrá destituir a cargos públicos que incumplan la Ley de Estabilidad

MADRID.- El Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro tendrá el poder de sancionar a los altos cargos de "cualquier administración pública", Estado, CCAA o ayuntamiento, que vulneren la Ley de Estabilidad Presupuestaria, según se recoge en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros. Entre las sanciones figura la "destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos".

   La Ley de Transparencia consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario. Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según figura en el texto dado a conocer por el Ejecutivo.

   La comisión de estas infracciones tendrá como consecuencia sanciones como la destitución en los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones graves y muy graves podrán ser inhabilitados por un periodo de entre cinco y diez años.

   La norma establece que el órgano competente para "ordenar la incoación" cuando los altos cargos tengan la condición de miembro del Gobierno o de secretario de Estado será el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Hacienda. En los demás supuestos, el órgano competente será el titular de Hacienda.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que entre las sanciones que figuran en la Ley está la relativa a "la pérdida de la condición de alto cargo".

 "La inhabilitación, como es una pena, la hará un órgano jurisdiccional", ha aclarado.

   Hace un par de meses, se preguntó a la portavoz si, en caso de que un consejero no envíe un plan de ajuste a Hacienda, el responsable podría ser el  presidente autonómico. Santamaría hizo hincapié en que "el responsable solo puede ser el competente".

 "La competencia determina la responsabilidad", recalcó entonces.

  Tras recordar que la norma se sometió durante 15 días a un proceso de consulta pública --que recibió alrededor de 3.700 aportaciones de particulares y organizaciones--, la vicepresidenta ha señalado este viernes que el Gobierno "ha aceptado" la sugerencia de "muchos ciudadanos" para que se someta a la futura norma a los colegidos profesionales como corporaciones de derecho público. También se incluirá a los adjudicatarios de contratos públicos que llevan a cabo la gestión de responsabilidades administrativas.

   Sin embargo, Sáenz de Santamaría ha admitido que, pese a las solicitudes de algunos ciudadanos y colectivos, la Casa del Rey queda fuera del margen de aplicación de la Ley de Transparencia por no ser una administración pública. Según ha destacado, la normativa internacional prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".

   Entre las novedades hay un impulso de la adopción de mecanismos que garanticen la accesibilidad, calidad y reutilización de la información publicada; se amplía la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que tendrá que incluirse lo relativo a los contratos; y se establece la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos menores.

   La portavoz del Ejecutivo ha señalado que han decidido mantener en la norma el silencio negativo, desestimando la solicitud de que convertirlo en silencio positivo, por considerar que hay materias que son "sensibles" como la seguridad ciudadana, la defensa nacional o que pueden afectar a personas vinculadas a procedimientos administrativos. "Actuar de otra manera supondría perjuicios a intereses públicos o de terceros que hay que preservar", ha enfatizado.

   Para canalizar las respuestas a las demandas de los ciudadanos y las obligaciones de publicidad, la Ley contempla la creación de un Portal de la Transparencia. Santamaría ha concretado que "es una web única para la Administración General del Estado en la que todos los ministerios y entidades incluirán su información" para que los ciudadanos dispongan de ella y hagan sus peticiones a "un único órgano que se encargará de redistribuirla".

   Las reclamaciones se efectuarán ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los servicios, que se va a "dotar de más independencia", de forma que el nombramiento y las causas de cese de su presidente se equipararán a los de los organismos reguladores, según la vicepresidenta.

   Otra de las novedades del anteproyecto de ley se recoge en las disposiciones adicionales a través de un plan de calidad y simplificación normativa que tiene como objetivo disponer de "menos y mejores" leyes, poniendo un freno a la "inflación reglamentaria". Según Sáenz de Santamaría, ese plan redundará en dar más facilidades en el tráfico económico y jurídico, reduciendo la litigiosidad.

  El Gobierno enmarca esta norma en su programa de regeneración democrática y considera  que "tendrá efectos económicos porque genera confianza y aumenta la responsabilidad de los gestores públicos". Una vez aprobado el anteproyecto, el Consejo de Ministros ha acordado su remisión a la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de Estado, como paso previo a su envío al Congreso para su tramitación parlamentaria.

   Sáenz de Santamaría ha manifestado que se trata de una norma "compleja" pero que el objetivo del Gobierno es que esté aprobada en el próximo periodo de sesiones. Dicho esto, ha agregado que la parte de la ley relativa al Código de Buen Gobierno entrará en vigor el mismo día que se publique en el Boletín Oficial del Estado, mientras que la parte relacionada con la transparencia y la documentación el plazo de entrada en vigor será en torno de un año, con el fin de que los ministerios y organismos puedan adaptar sus sistemas informáticos y sus páginas web.

El plan de la Generalitat Valenciana refleja una caída de ingresos de 1.400 millones

VALENCIA.- El Plan de Reequilibrio presentado por la Generalitat valenciana atribuye fundamentalmente a una caída de ingresos corrientes de 1.400 millones del año 2010 respecto al ejercicio anterior --un 10,7 por ciento menos--, que no se alcanzara el objetivo de déficit del 2,2 por ciento; así como a la dificultad de extender, a corto plazo, las medidas de contención del gasto a áreas básicas de prestación de servicios públicos, que absorben la parte fundamental del gasto público autonómico.

   "Evidentemente, de no haberse producido la citada caída del 10,7 por ciento de los ingresos, la desviación del objetivo de estabilidad no hubiera alcanzado el 2,2 por ciento", justifica el documento.

   En el plan de ajuste, el Gobierno valenciano especifica también las previsiones de ahorro derivadas del nuevo modelo de gestión sanitaria. En este caso, el Consell informó de un ahorro previsto anual de 443 millones --263 millones de los servicios no sanitarios y 180 millones por el canon de uso de los centros hospitalarios--.

   El documento presentado al CPFF concreta un ahorro por la gestión de servicios no sanitarios de 200 millones en 2013 y 60 millones en 2014 y cuantifica el impacto de la medida en 360 millones en 2013 y -150 millones en 2014 por el canon de uso de instituciones sanitarias.

   En cuanto a la evolución financiera hasta 2014, el Consell plantea unos escenarios de incremento de la deuda de 1.902,43 millones en 2012; 1.368,58 millones en 2013; y 1.296,43 millones en 2014; de manera que a final de 2014 sume 24.770,14 millones.

   Asimismo, el plan de ajuste detalla por trimestres los vencimientos de deuda de la administración de la Generalitat y organismos autónomos más el de entes públicos y universidades en 2012, de manera que a final de año asciende a 8.119,67 millones.

   Por otra parte, el plan recoge, como ya anunció el Consell, ingresos estimados en 38 millones de euros en 2012 por la subida de las tasas universitarias, que ascenderá a 42 millones en 2013. La recuperación del impuesto de patrimonio reportará en 2013, según el documento, 70,66 millones de euros

   También contempla un ahorro de 76 millones con el céntimo sanitario, de 44,50 millones por el impuesto sobre actos jurídicos documentados, de 8 millones por tasas medioambientales, de 4 millones en tasas judiciales, de 10 millones por las de transmisiones patrimoniales de 285,40 millones adicionales derivados del modelo de financiación.

Tres exconsejeros acusan a la cúpula de CAM de ocultar datos

ALICANTE.- Tres ex consejeros de Caja Mediterráneo (CAM) han dirigido al Banco de España un pliego de alegaciones en el que atribuyen las posibles irregularidades detectadas en la gestión de la entidad al «núcleo duro» directivo formado en torno al ex presidente Modesto Crespo y a los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, según 'Abc'.

El escrito remitido al regulador está firmado por Juan García Gómez —que fue consejero de CAM entre 2004 y 2010—, Juan Bernal Roldán y Manuel Muelas Yébenes, estos últimos consejeros desde febrero de 2010 hasta que la caja fue intervenida, el pasado julio. Los dos primeros fueron elegidos en representación de los ayuntamientos, mientras que Muelas procede de los impositores.

En su pliego de alegaciones, asumen que las irregularidades expuestas en el expediente disciplinario abierto por el Banco de España «no son la manifestación de una conducta negligente por parte de los consejeros, sino una clara manifestación de una conducta continuada y planificada por parte de quienes tienen el control efectivo de la entidad». 

Los mismos gestores que, añade el escrito, se fijaron «indemnizaciones millonarias por prujubilarse, a pesar de la situación financiera», y aprobaron la incorporación de directivos de la caja al ERE cuando ya se había cerrado el plazo legal de inscripción.

Los tres ex consejeros que firman el pliego de alegaciones explican que la gestión diaria de la caja estaba formada por un núcleo duro» en torno a Modesto Crespo, López Abad y María Dolores Amorós, junto con los tres vicepresidentes y el resto de miembros del comité de dirección.

Los firmantes de la alegación añaden que el equipo directivo ocultaba información a la mayoría de los consejeros, a los que se les impedía incluso obtener copias de las actas del consejo y de otros documentos internos: sólo se les permitía tomar notas a mano, por motivos de seguridad.

Durante las reuniones del consejero, señala el escrito, todas las cuestiones se aprobaban sin debate previo y sin que hubiera apenas margen para pedir aclaraciones. Todos los informes internos que eran expuestos ante el consejo estaban avalados previamente por los auditores, por el propio Banco de España o por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En estas circunstancias, añaden los firmantes de la alegación, les resultaba imposible conocer unas irregularidades que «sólo han podido salir a la luz después de una concienzuda labor inspectora del Banco de España, labor que ni es posible ni le es exigible a un consejero general de la entidad. ¿Teníamos que hacer de detectives privados para investigar el trasfondo de los préstamos y refinanciaciones que se hacía?».