Las desigualdades sanitarias en Europa podrían empeorar

LONDRES.- La desigualdad sanitaria en Europa está provocando enormes costos sociales y económicos a la región, por lo que el progreso hacia la reducción de estas desigualdades debe ser uno de los principales criterios para evaluar la eficacia de los sistemas de salud y los gobiernos en su conjunto, según un artículo publicado en 'The Lancet'.

   La revisión advierte que, a pesar de los recientes avances en la reducción de las desigualdades en salud en muchos países europeos, las disparidades siguen siendo importantes - tanto entre países como dentro de ellos - y que, en el contexto de la actual crisis económica, se debe actuar con urgencia para que estas desigualdades no empeoren.

   Si bien varios países de Europa disfrutan de algunos de los mejores y más equitativos servicios sanitarios del mundo, otros países de la región tienen aún un largo camino por recorrer antes de que la salud de sus ciudadanos alcance el nivel de las de los países con mejores sistemas sanitarios. Por otra parte, todos los países europeos experimentan algún grado de desigualdad dentro de la población, y la nueva revisión proporciona un conjunto de recomendaciones sobre prácticas políticas que, de aplicarse, permitirían a todos los países europeos mejorar su progreso hacia la igualdad sanitaria, independientemente de su estado actual o de sus ingresos.

   Según el autor principal Sir Michael Marmot, del Instituto de Equidad Sanitaria de Londres, "la adopción de medidas para reducir las desigualdades en los determinantes sociales de la salud mejoraría las perspectivas de salud y aportaría mayores beneficios sociales y políticos que permitan a las personas alcanzar sus capacidades. La desigualdad sanitaria tiene que ser uno de los principales criterios para evaluar la eficacia de los sistemas sanitarios de los países, y la efectividad del gobierno en su conjunto".

   Importante para las recomendaciones políticas del informe es el hecho de que la salud está determinada, en gran medida, por factores sociales tales como los sistemas de empleo, educación y bienestar y, por tanto, las desigualdades sanitarias no se pueden reducir al centrarse exclusivamente en la prestación de atención para la salud en el sentido tradicional.

   "Es necesario actuar sobre las desigualdades en todo el conjunto de gobierno, que claramente tienen un papel importante en asegurar el acceso a servicios de salud de alta calidad", señala Sir Marmot.

   La revisión fue encargada por la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el fin de proporcionar una base de pruebas para su estrategia de Salud 2020, que tiene como objetivo proporcionar un marco político, administrativo y científico para que todos los 53 países de la Región Europea de la OMS lleven a cabo acciones en los factores sociales que determinan la salud.

   En un comentario vinculado, Zsuzsanna Jakab, directora Regional para Europa de la OMS, afirma que "las desigualdades sanitarias persistentes y generalizadas se producen en todo el territorio europeo de la OMS".

   "La salud como un recurso clave y único para el desarrollo humano y social, sin duda, ha mejorado en general; sin embargo, las desigualdades siguen siendo sustanciales para la salud, y están empeorando. Estas desigualdades son innecesarias e injustas y combatirlas debe ser una prioridad en todos los niveles de gobierno en la Región Europea de la OMS. Lo que se necesita ahora es liderazgo, nuevas formas de gobierno, enfoques sociales y capacidad para la implementación de soluciones que puedan marcar una diferencia", concluye.

No está claro que cobren los tenedores de cuotas participativas de la CAM

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez sostiene que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) no cometió un delito de estafa como persona jurídica pero analizará si la entidad debe indemnizar a los cerca de 50.000 afectados de cuotas participativas.

En un auto publicado esta semana, el magistrado ha decidido abrir una pieza separada en la que la CAM tendrá la condición de responsable civil subsidiaria por la emisión de cuotas participativas -valores similares a las acciones, pero sin derechos políticos- para diferenciar esa investigación del procedimiento principal.
En éste, la CAM "es la principal perjudicada" y ejerce la acusación particular contra seis de sus antiguos responsables por apropiación indebida, falsedad contable y administración desleal, por lo que "debería tener una posición procesal diferente en uno y otro caso" y el juez justifica la apertura de la pieza separada.
De hecho, Gómez Bermúdez avisa que la investigación sobre la emisión de cuotas participativas -en la que la CAM sería la acusada- es "extremadamente compleja y podría derivar en una instrucción excesivamente prolongada en el tiempo".
En cualquier caso, Gómez Bermúdez advierte de que no cabe considerar a la CAM penalmente responsable por la emisión de cuotas participativas, ya que la responsabilidad penal de las empresas fue introducida en el Código Penal en 2010 y esas actuaciones tuvieron lugar en el año 2008.
En el auto ha establecido que en la pieza separada "estarán personadas como acusaciones particulares los titulares de dichas cuotas que lo han hecho hasta la fecha y los que lo puedan hacer en el futuro".
El magistrado ha acordado que la pieza separada esté compuesta en principio por trece documentos, entre los que se encuentra alguna querella, autos de aceptación de personación de titulares de cuotas participativas e informes del ministerio Fiscal.
La CAM entró el pasado mes de julio en proceso de liquidación y disolución tras 137 años de historia, con valor cero de sus cuotas participativas.
La entidad había vendido a pequeños ahorradores 50 millones de cuotas participativas a través de una colocación en Bolsa a un precio de 5,84 euros por cuota, que empezaron a cotizar el 23 de julio de 2008.

La oposición en el Consejo de Administración de RTVV denuncia la "caza de brujas"

VALENCIA.- La oposición en el Consejo de Administración de RTVV ha denunciado este viernes el "ninguneo sistemático" de una dirección "prepotente" que "pasa olímpicamente" de contestar a sus sucesivas peticiones de convocar una reunión urgente para tratar la apertura del proceso sancionador abierto contra los 50 trabajadores que el pasado 16 de julio impidieron la retransmisión del informativo del mediodía tras conocerse la propuesta inicial del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentada por la empresa sobre 1.295 empleados y que finalmente será de 1.198.

   Para los miembros de la oposición en el Consejo de Administración, la apertura del proceso sancionador, --que puede derivar en expedientes disciplinarios y con ello que los trabajadores se vayan a la calle sin la indemnización que les correspondería con el ERE--, es toda una "caza de brujas" y una "persecución sindical" contra empleados que "además, están en una situación de extremo nerviosismo" ante la perspectiva de perder su trabajo.

   Así, lo han criticado este viernes en rueda de prensa los miembros del Consejo de Administración de RTVV a propuesta del PSPV-PSOE, José Luis Andrés Chavarrías, de la Coalició Compromís, Rafael Xambó, y de EUPV, Guillermo Sampedro, quienes han vuelto a reclamar una "reunión urgente" con el director general de RTVV, José Luis López Jaraba, y el presidente del Consejo de Administración, Miquel Domínguez, para abordar el proceso sancionador "decidido de forma unilateral" por la dirección, y ser informados sobre el ERE.

   En este sentido, Chavarrías ha censurado la "forma irresponsable" en la que la dirección ha llevado ambas cuestiones. "Lo lógico hubiera sido convocar al Consejo de Administración para informar de cuál es la situación", sin embargo, y a pesar de que se quedó que a principios de septiembre se reuniría para explicarse el calendario del ERE, "ni siquiera contestan" los correos electrónicos. "Hacen lo que quieren y creo que están rallando la ilegalidad", ha alertado Chavarrías.

   Ante esta situación, como miembros del Consejo de Administración y partidos políticos: "estamos a disposición de los sindicatos --que son quienes llevan la iniciativa laboral-- y vamos a apoyar cualquier acto administrativo que nos pidan", ha asegurado.

   Para Xambó, el "ninguneo" de la dirección "es la gota que colma el vaso, no podemos soportarlo más", ha sentenciado. A su entender, el proceso sancionador contra los 50 trabajadores protestaron en el plató de Canal 9 el pasado mes de julio, es fruto de una "operación policial lamentable, demencial y muy cutre" por parte de la dirección de RTVV, que ha identificado a los empleados a través de los vídeos que ellos mismos difundieron.

   Para el consejero, esta medida es una "venganza" contra trabajadores que lo único que hacen "defender RTVV" y ha lamentado que, por contra, "curiosamente" no se ha abrieron expedientes contra los responsables de la información "manipulada" que se ofreció durante las protestas estudiantiles de la 'Primavera valenciana', ni sobre la información de accidente de metro, ni para averiguar "qué ha pasado" con Gürtel o en el "caso más repugnante de todos", el del exsecretario general y jefe de personal de RTVV Vicente Sanz, acusado de abusos sexuales por tres empleadas.

   En este último caso, ha recordado, nunca se abrió expediente contra Sanz, lo que permitió que éste demandar a la empresa ante los tribunales y así obtener una indemnización de 18.000 euros que "estamos pagando todos". Por ello, que ahora se cite a estos trabajadores para abrirles un proceso sancionador es el "sumun del sarcasmo", ha sentenciado.

   No obstante, ha confiado en que la demanda colectiva que trabajadores y sindicatos anunciaron contra el ERE ante los tribunales prospere y ha calculado que "tiene muchas posibilidades de tumbar el ERE" y de que "en 3 o 4 meses, para Navidad, haya una sentencia".

   Por su parte, Sampedro ha lamentado que la falta de respuesta ante sus peticiones es ya la "enésima muestra de desprecio de la dirección general". Según ha asegurado, "Jaraba nos miente, oculta información a la oposición y se niega a atenderla" y eso sí son "faltas muy graves", ha advertido.

   Asimismo, ha lamentado la "extrema indefensión" en la que se encuentran los trabajadores, los sindicatos y el Consejo de Administración sin saber cómo se realizará el ERE. "No sabemos más que lo que Jaraba dijo en agosto, que el proceso durará un año y que en septiembre tendrá lugar el despido de un grueso importante" de los afectados, pero "no sabemos cuántos".

La dirección de RTVV asegura que el informe de Inspección de Trabajo avala el ERE

VALENCIA.- La dirección de Radio Televisión Valenciana (RTVV) ha asegurado este viernes que el Informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que han recibido avala el Expediente de Regulación de Empleo en la cadena autonómica, que supone el despido de 1.198 trabajadores. Según ha asegurado la empresa en un comunicado, el informe encuentra que el procedimiento seguido ha sido "plenamente respetuoso" con el artículo 51 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

   Según RTVV, la Inspección de Trabajo confirma en su informe la existencia de "causas económicas, organizativas y de sobredimensionamiento de la plantilla que justifican el despido colectivo" y añade que el informe "valida todas y cada una de las causas aducidas por la empresa para la adopción de medidas de reestructuración del grupo".

   En esta línea, agrega que la Inspección concluye que los datos contables "ponen de manifiesto, desde luego, una situación económica negativa del Grupo RTVV" con la existencia de pérdidas actuales "fruto de la caída de ingresos de explotación y del nivel de endeudamiento bancario". En cuanto a la plantilla, el informe apunta que aparece "sobredimensionada tal como se refleja en la cuentas de Pérdidas y Ganancias", según se señala en el comunicado.

   La resolución de la Inspección de Trabajo se ha conocido dos semanas después de que el Consejo de Administración de RTVV aprobara con los votos del PP el ERE que afectará a un máximo de 1.198 trabajadores y que, según la dirección, "es la primera fase de un plan integral de reestructuración del grupo, que readapta el Ente Público a la Ley del Estatuto de RTVV aprobada en julio de 2012".

   El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no tiene carácter vinculante pero, según la dirección del ente, "valida en todo momento que todo el proceso se ha llevado a cabo de acuerdo con la legalidad vigente y por unas causas indiscutiblemente justificadas".

La Generalitat aprueba la creación del Registro de Facturas integrado con el sistema de información contable

VALENCIA.- El Consell ha aprobado el decreto por el que se crea y regula el Registro de Facturas de la Generalitat. Este registro permitirá la plena integración del mismo con el sistema de información contable, de manera que podrán ser identificadas, en todo momento, las facturas registradas en el sistema presupuestario y las que se encuentran pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 409 del Plan Contable), según ha explicado el portavoz del Consell, José Císcar, en rueda de prensa.

   A partir de ahora, será obligatoria la inscripción en dicho registro de todas las facturas derivadas de las prestaciones realizadas a favor de la Generalitat. Asimismo, dicha inscripción será requisito necesario para la tramitación del reconocimiento de la obligación. Este registro no tendrá carácter retroactivo con las facturas emitidas.

   El régimen de supervisión y control del Registro de Facturas será ejercido por la Intervención General, mediante la utilización de técnicas de auditoría. El registro se instrumentará a través de una aplicación informática que ha sido específicamente diseñada (RUF, Registro Unificado de Facturas).

   El Decreto 87/2010, de 21 de mayo del Consell, por el que se establecen las condiciones técnicas y normativas para el uso de la Plataforma de Facturación Electrónica de la Generalitat, GE-factura puso las bases para, mediante la aplicación de las nuevas tecnologías a los sistemas de gestión de la Generalitat, dotar de validez al envío de facturas electrónicas por los proveedores a sus distintos departamentos.

   Paralelamente al desarrollo e implantación de dicho mecanismo de facturación electrónica, se puso de manifiesto la necesidad de disponer de un sistema centralizado de registro de facturas.

   Asimismo, los principios de estabilidad presupuestaria y de control del déficit público, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, exigen a las Administraciones Públicas disponer de un sistema contable de información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.

Adicae presentará la próxima semana una querella contra los exdirectivos de la CAM por las preferentes

MADRID.- La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) presentará la próxima semana una querella contra los exdirectivos de la CAM en la que solicitará la extensión de la investigación a la comercialización "fraudulenta" de participaciones preferentes, ha informado en un comunicado.

   Precisamente la semana que viene la Audiencia Nacional abre la investigación por posible estafa en la venta de cuotas participativas de la CAM. Dicha querella, que ya ultimaba la asociación como acusación popular, amplía tanto los hechos objeto de investigación como los delitos y los imputados.

   Adicae calcula que los afectados por la comercialización tanto de preferentes como de cuotas participativas asciende a más de 100.000 usuarios.

   "El saneamiento del sistema financiero no puede basarse en nuevas entidades montadas sobre un fraude", avisó el presidente de Adicae, Manuel Pardos.

Banco Sabadell presenta ERE para 1.751 personas de Banco CAM

BARCELONA.- Banco Sabadell ha presentado este viernes un Expediente de Regulación de Empleo para 1.751 trabajadores de Banco CAM, e iniciará la próxima semana los contactos formales con los representantes de la plantilla, han informado hoy fuentes sindicales y del banco.

   El ERE prevé hasta 600 prejubilaciones, traslados a plazas donde el Sabadell tenga necesidades, y despidos, que ahora se empezarán a negociar durante el plazo de un mes que establece la ley.

   La cifra de afectados se ha reducido respecto a la planteada hace una semana en los contactos preliminares, cuando era de 1.773 personas, porque estos días ha habido bajas, por lo que se ha reajustado la cifra de recorte.

   Los sindicatos han pedido este viernes a Banco Sabadell que mientras se negocie el ERE se dejen de aplicar expedientes disciplinarios, que según ellos, se han multiplicado desde la adjudicación de Banco CAM por parte del Sabadell.

   "No pedimos que se paren los casos graves, pero procedemos de prácticas laborales diferentes y las nuevas normas se están aplicando de forma muy estricta", ha explicado al respecto un portavoz de los representantes de los trabajadores.

Como quebraron la CAM con créditos gratis / José Oneto *

A veces, la actualidad es tan rica, y variada en acontecimientos que unas noticias ocultan a otras, unos acontecimientos obscurecen a otros, y sucesos, que en circunstancias normales ocuparían las primaras páginas de los periódicos, o los principales espacios informativos en otros medios, permanecen difuminadas y, sepultados, por otros más inmediatos.

Esta semana es lo que ha ocurrido con un personaje que no debe pasar desapercibido para la opinión pública, porque es uno de los causantes de la quiebra de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), la caja alicantina a la que se inyectaron, en su momento, 5.249 millones de euros (el mayor rescate financiero de la historia de España, superior , incluso, al de Banesto en 1993), para posteriormente, venderla por un euro, al Banco Sabadell, que con esta operación, se convirtió en la cuarta entidad española por activos.

El personaje , al que se refería recientemente nuestro compañero Fernando González Urbaneja en su crónica sobre lo mal que funciona este país, es Juan Ramón Avilés, ex concejal del Partido Popular, y promotor inmobiliario que, no se sabe muy bien con que méritos, aunque se sabe por qué vía, la política, llegó a ser nada menos que presidente de la Comisión de Control de la CAM, y uno de los que aparecieron brindando con champán en la Bolsa de Madrid cuando en el año 2008, salieron a Bolsa las cuotas participativas de la Caja quebrada.

El tal Avilés, que tendrá que comparecer la semana que viene en la Audiencia Nacional ante el juez Javier Gómez Bermúdez, que tiene imputados por estafa a la plana mayor de la CAM, desde su peculiar presidente, el concesionario de automóviles, a Roberto López Abad o a la célebre directora general de la entidad, María Dolores Amorós, la que se auto impuso una pensión vitalicia de 370.000 euros anuales, ha sido denunciado por el FROB (Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada) e, imputado por apropiarse “indebidamente” de nada más y nada menos, que de 17 millones de euros. Y todo eso, según la denuncia, “a través de múltiples presiones a múltiples niveles de la CAM, haciendo uso de su dominio organizacional y de modo ventajista”.

El tal Avilés, José Ramón, obtuvo créditos de su propia Caja en condiciones ventajosísimas para sus empresas inmobiliarias, cobró dietas irregulares de 300.000 euros e, incluso, usó a su hermana de testaferro para una sociedad en dificultades que tenia créditos pendientes con la Caja por un total de 14 millones de euros. Según el informe elaborado por el FROB “el señor Avilés estaba ocultando financiación recibida de la CAM, cuando existe la obligación de informar al Banco de España de todas las facilidades crediticias otorgadas por la Caja a los altos cargos de la entidad o a sus empresas”.

Ya el señor Avilés durante su comparecencia en la Comisión de Investigación que se formó en las Cortes Valencianas, puso de manifiesto que él no controlaba nada, sino en todo caso “supervisaba” y cuidaba que se cumpliesen las directrices marcadas por la Asamblea y “supervisar la legalidad”.

(*) Periodista

El juez Gómez Bermúdez suspende los acuerdos que inflaron jubilaciones de directivos de la CAM

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha suspendido de forma cautelar tres acuerdos dictados por los exdirectores generales de la CAM, María Dolores Amorós y Roberto López Abad y el expresidente Modesto Crespo a través de los cuales los exdirectivos de la entidad modificaron en su favor las condiciones de la prestación adicional para percibir jubilaciones e indemnizaciones millonarias.

   Así, el magistrado ha decretado en un auto hecho público este jueves, la suspensión cautelar de los acuerdos de fecha 22 y 25 de noviembre y 7 de diciembre de 2010 que dieron lugar a la ampliación de la cobertura de la Prestación Adicional Asegurada, cuya fecha de firma fue "antedatada", provocando por ello un perjuicio económico a la entidad.

   Según las conclusiones alcanzadas por los peritos de la auditora PricewaterHouse los tres imputados firmaron en 2011 estos documentos pero les pusieron fecha de 2010 con la intención de modificar a su favor la indemnización prevista en su jubilación. No contaban además, con la aprobación del Consejo de Administración, que ya había establecido que el cálculo de esa prestación se haría en base a los tres años anteriores al de la jubilación.

   El objetivo de Amorós, López Abad y Crespo era "evitar que esas prestaciones se determinaran en base a unas futuras retribuciones que iban a disminuir a la vista de la situación real de la entidad" que ya estaba al borde de la quiebra.

  Los acuerdos beneficiaron económicamente a los cinco imputados en la causa investigada por la Audiencia Nacional: los tres exdirectivos citados, el exdirector general de Recursos Vicente Soriano y el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb.

   Los cinco altos ejecutivos se repartieron 15,5 millones de euros en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera intervenida, según figuraba en la carta de despido de la ex directora general de la entidad.

   Por otra parte, Gómez Bermúdez ha abierto una pieza separada en la causa que investiga las irregularidades cometidas en la gestión de la Caja en la que sitúa a la entidad como responsable civil subsidiaria del posible perjuicio económico provocado a las más de 50.000 personas que adquirieron cuotas participativas.

   La CAM, personada en la causa, aparecía hasta el momento en las distintas piezas como perjudicada por la gestión de la directiva encabezada por los imputados López Abad y  Amorós. El magistrado mantiene imputadas a otros cuatro exdirectivos de la entidad.

   El magistrado considera que la caja es perjudicada ante la presunta comisión por parte de los hasta ahora imputados de la comisión de delitos de falsedad contable, apropiación indebida y administración desleal y, por tanto, en este caso su personación sería correcta en este caso como acusación particular.

   "Por el contrario la CAM sería responsable civil subsidiaria del presunto delito de estafa, cuyos perjudicados serían los titulares de cuotas participativas de la CAM", dice el juez en su auto. El actual propietario de la entidad es el Banco Sabadell, que la adquirió en subasta pública por un euro.

Un anciano tacha el nombre del dictador Franco de una placa ubicada en la iglesia de Aspe

ASPE.- Un septuagenario de la localidad alicantina de Aspe, José Gallego, ha tachado con pintura roja el nombre del dictador Francisco Franco que aun permanecía en una placa ubicada en la iglesia de la localidad a pesar de que la Ley de Memoria Histórica obliga a retirar los símbolos franquistas del mobiliario urbano. 

 Gallego ha explicado que ahora el juez ha pedido un peritaje para ver el daño que ha causado en el monumento. Asimismo, falta por saber si el Obispado o el Ayuntamiento pondrán denuncia por dicho acto y dependiendo de esto, el anciano se enfrenta a penas que podrían llegar "a 36 meses de cárcel".

   "Lo hice por motivos políticos, y no por motivos religiosos, yo respeto los sentimientos religiosos y por eso no realicé la pintada sobre la cruz", ha recalcado el anciano, quien ha añadido que en el pueblo su acción "ha levantado ampollas".

La Generalitat valenciana quitará la extra de Navidad a Fabra y los consejeros

CASTELLÓN.- El Gobierno valenciano eliminará la extra de Navidad de los altos cargos, incluida la del propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra y los consejeros, de manera que, al tenerla prorrateada en sus nóminas, reducirá sus salarios en las distintas mensualidades en el equivalente a una paga extra, con el fin de ser "solidarios " con los empleados de la administración pública a quienes se les ha eliminado la de Navidad.

   Así lo ha asegurado este miércoles en Segorbe, donde tenía en agenda varios actos, entre los que se incluía una visita a la XVI Feria del Jamón y la XIV Muestra del Embutido Artesano, y la asistencia a la Entrada de Toros y Caballos.

   Fabra ha destacado que las administraciones están haciendo un "esfuerzo" para reducir gastos y, en ocasiones, adoptan "decisiones difíciles" como es la decisión del Gobierno central de eliminar la paga extra de Navidad a funcionarios, aunque ha apuntado que esto "nos afecta a todos, los funcionarios de todas las administraciones,  y también a los que tenemos cargos públicos porque entendemos que tenemos que ser solidarios con los empleados de la administración pública".

   Por este, motivo, ha avanzado que en la Generalitat "tanto los asesores como los altos cargos, consejeros y el presidente van a ver reducida no la paga extra, porque no la tenemos como tal, pero sí prorratearemos en las distintas mensualidades para cubrir ese siete u ocho por ciento que les afecta a los funcionarios públicos".

   "Tenemos que ser solidarios con los trabajadores y mostrar el esfuerzo conjunto para salir adelante", ha dicho Fabra, quien ha hecho hincapié en que en la Comunitat Valenciana hay "una administración muy austera" porque es "la que menos altos cargos públicos tiene por millón de habitantes, la que menos funcionarios y altos cargos por cada 1.000 habitantes y de las más económicas que hay".

   Según ha hecho hincapié Fabra, "la administración ha sabido ir de la mano de la sociedad para no suponer un lastre costoso para toda la sociedad y saber reducir, lo mismo que están haciendo las familias y las empresas, el coste total de la administración para poder salir cuanto antes de la situación actual". "Es una manera de ir conjuntamente la administración, la sociedad y los políticos para poder salir de la situación actual", ha manifestado.

   El pasado mes de agosto la medida se aplicó ya a la nómina del personal eventual --asesores-- de la Generalitat. De esta forma, se hacía extensiva la eliminación de la paga extra de Navidad anunciada para funcionarios y trabajadores de las empresas públicas al personal de confianza tanto de las Consejerías como de Presidencia, al que descontará de media unos 325 euros mensuales hasta que finalice el año.

   El Consejero calcula que esta medida supondrá un ahorro estimado de 180.000 euros para 2012 al tener 102 asesores. El recorte comenzó a hacerse efectivo en agosto ya que los asesores también tienen la paga extra prorrateada en 12 meses. En aplicación del Real Decreto Ley 20/2012, en la nómina del mes de agosto se realizaron las regularizaciones de descontar el prorrateo correspondiente a la extra de diciembre y el porcentaje del IRPF.

   Así, se ha descontado el prorrateo correspondiente a la extra de diciembre del personal eventual, ya que sus retribuciones se cobran en 12 meses, con la finalidad de que le sea "menos gravoso" la reducción de esa paga aprobada por el Gobierno central. De igual forma, se ha regularizado el porcentaje del IRPF de acuerdo con el importe anual una vez modificado por la no percepción de la paga extraordinaria.

Este año visitarán España 57,8 millones de turistas extranjeros

MADRID.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, calcula que este año visitarán España 57,8 millones de turistas extranjeros, lo que supondría batir el récord del año 2007 e incrementar un 3,7% el dato del año pasado, con lo que el gasto turístico podría superar los 55.000 millones de euros.

   Así lo ha avanzado en su comparecencia ante la comisión del ramo en el Congreso, donde Soria ha repasado las medidas adoptadas por su departamento en materia turística desde el pasado mes de noviembre y también ha hecho balance de la temporada estival con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En este sentido, ha indicado que el verano se cerrará con aproximadamente 27,6 millones de turistas internacionales, el 3,9% más que en la misma época del año pasado, que ya fue "espectacular" gracias a la recepción de muchos visitantes que cambiaron de destino por razones como la Primavera Árabe. Sólo en julio visitaron el país 7,7 millones de extranjeros (+4,4%), y desde enero han superado los 32,8 millones (+3,3%).

   "De mantenerse la tendencia, es muy posible que podamos cerrar el año con cerca de 57,8 millones de turistas internacionales, lo que supondría un incremento del 3,7% respecto a la buena cifra del año pasado", ha apostillado el ministro, que no renuncia a "consolidar" esos turistas llegados por "factores externos".   

   Así las cosas, Soria ha indicado que el gasto turístico en los primeros siete meses del año se ha incrementado un 6,4% (un 8,9% sólo en el mes de julio) por lo que, de mantenerse esta tendencia y a la luz de las cifras de 2011, "se podrían alcanzar los 55.000 millones de euros, un 6,5% más que el año pasado".

   En cuanto a la balanza de pagos, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, el turismo registró, entre enero y mayo, un superávit de 9.817 millones de euros, con una cobertura del 73,5% del déficit comercial.

   Frente a esto, el turismo nacional ha tenido un "peor comportamiento", con una caída de las reservas del 20% hasta agosto. No obstante, Soria ha alertado de lo engañoso de estas cifras, dado que "han aumentado los desplazamientos internos" pero muchos ciudadanos "no han usado alojamientos hoteleros". De hecho, entre enero y julio se incrementaron un 5% los turistas nacionales, con un 3% de mejora sólo en julio.

   "De ahí el llamamiento para que los españoles conozcamos nuestro país y disfrutemos de la intensa oferta existente dentro de nuestras fronteras", ha añadido en referencia a sus declaraciones instando a los españoles a quedarse en el país durante el verano. En su segunda intervención ha precisado que, como ministro, su obligación es promocionar el turismo en el país "dentro y fuera de España".

    "Critican lo que dije, pero es como si el ministro de Industria alemán, en vez de sugerir que se compren coches alemanes, dijera que se compren coches coreanos, que son más baratos. Además, imagine lo que me hubieran dicho hoy aquí si, a la pregunta de si los españoles deben hacer turismo en España, hubiera contestado: 'No, hombre, que hace mucho calor. Que vayan a Laponia este verano'", ha ironizado Soria.

   A renglón seguido, el ministro ha defendido el Plan Nacional de Turismo aprobado en junio y que constituirá la "herramienta fundamental para adaptar y modernizar un sector capital para la economía", con medidas como las líneas ICO dotadas con 266 millones de euros para "renovar la infraestructura turística", aumentar su eficiencia y apoyar a los jóvenes emprendedores del sector.

   Además, se ha "renovado" el modelo de Turismo Sénior de Segittur para "involucrar más a los municipios" receptores de estos visitantes y a la iniciativa privada; y se ha "desarrollado una política de flexibilidad en materia de visados", particularmente con mercados emisores de gran crecimiento como Rusia. Soria ha defendido también la subida de tasas aeroportuarias decidida por Fomento para "combatir el fuerte carácter estacional del modelo turístico de algunas comunidades", con una política "especial" para Baleares y Canarias.

   También ha recordado que, aunque "tres de cada cuatro euros de la actividad turística se desarrollan en turismo de sol y playa", España también cuenta con "una riqueza potente y creciente" de oferta turística rural, cultural, gastronómica, de compras o deportiva. "Están en alza y tienen un potencial de crecimiento ciertamente grande", ha dicho.

   Por último, el titular de Turismo ha puesto de relieve que el Plan Nacional está pactado con todos los actores públicos y privados, de quienes se han incorporado 200 propuestas de mejora; y también es transversal, al tener en cuenta aspectos de otros ministerios como flexibilidad laboral, Ley de Costas o estadísticas.

   En la misma línea, se ha puesto en marcha una plataforma de intercambio de iniciativas con las comunidades autónomas y se apuesta de forma decidida por las nuevas tecnologías en la promoción turística, "bajo el paraguas de la Marca España". Para abundar más en las líneas generales del Plan, Soria ha anunciado que solicitará una nueva comparecencia específica de Turismo en el Congreso.

   Durante su réplica, el socialista Sebastián Franquis ha reprochado al ministro que, pese a su larga intervención, "no haya dedicado ni una palabra al impacto que la subida del IVA ha tenido en el sector turístico" ni ha entrado en las "consecuencias negativas" de la subida de tasas aeroportuarias.

   Además, se ha quejado de la escasez de tiempo para tratar asuntos tan extensos, especialmente en un sector como el turístico, que "hasta hace pocos meses crecía económicamente y creaba empleo, cosa que no ocurre en estos momentos por las medidas del Gobierno". "Han sido seis meses de mucha desconfianza, desconcierto, engaños e incumplimientos. Y las cifras no pueden esconder las falsedades", ha añadido.

   Por último, ha criticado las palabras de Soria este verano, instando a los españoles a practicar turismo nacional porque fuera "hay muchos mosquitos", ya que a su juicio reflejan "una visión muy estrecha" del turismo. "Habríamos querido campañas para favorecer el turismo nacional, pero eso es diferente a ocurrencias como ésa. Además, ¿qué diría si los ministros de Francia, Alemania o Reino Unido practican lo que usted dice? ¿Estaríamos teniendo estas cifras de turismo?", ha concluido Franquis.

   Carles Pàramo, de CiU, ha recomendado al Gobierno que aplique una "visión transversal" al tema turístico, y ha apuntado la necesidad de mantener líneas de financiación "accesibles y flexibles", atender a Internet, apoyar a empresarios que trabajan en mercados emergentes, y diseñar un "marco fiscal y laboral que apoye al turismo en temporada baja".

   Además, ha reclamado "reconocimiento" a los municipios turísticos, medios para luchar contra el 'top manta' o la prostitución, y más inversión en infraestructuras de transporte. "¿Para cuándo la conexión del AVE con Europa o la participación del sector privado en la gestión de los aeropuertos?", ha preguntado.

   El diputado canario Pedro Quevedo (CC-NC) ha coincidido en que dichas palabras "no benefician en nada" y deberían "evitarse" porque "la mayoría de los españoles veranean ya en España, y además mal, porque no tienen posibilidad de veranear en otro sitio". Asimismo, ha acusado al ministro de haber "hundido" al sector, como muestran los "deteriorados" datos de paro y actividad, y ha hecho referencia a los problemas particulares de Canarias, donde el 30% del PIB regional depende del turismo.

La receta de Rajoy no funciona / Juan Torres López *

Rajoy ha tratado de hacer frente a la crisis mediante una receta que contiene tres ingredientes principales.

El primero es una gran dosis de disimulo para tratar de ocultar las mentiras, los incumplimientos programáticos y los juegos de manos que está habituado a hacer. Todo el mundo sabe que el presidente es un consumado especialista en mirar a otro lado cuando se presenta un problema para tratar de solucionarlo por el simple expediente de dejar que se pudra o que desparezca solo. Un procedimiento, sin embargo, que ya no le funciona por la sencilla razón de que no es lo mismo ser ministro o incluso principal líder de la oposición que presidente del gobierno, una posición desde la que, como siempre se ha dicho, no se puede engañar a todos y al mismo tiempo. Y, sobre todo, porque ha cometido el mismo error garrafal que hundió a José Luis Rodríguez Zapatero y a su partido: creer que la crisis era domesticable, no solo con dejar pasar el tiempo sino, en el caso de Rajoy, pensando que la llegada al gobierno del PP sería suficiente para modificar el signo de los acontecimientos (“Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”, decía Montoro, no en vano, uno de sus hombres de confianza).

El segundo ingrediente de la receta Rajoy es un prontuario ideológico muy elemental y en su caso desarrollado con una retórica bastante pobre pero que contiene todos los principios ideológicos del neoliberalismo. Sea por convicción, por conveniencia o por necesidad, Rajoy forma parte de esa cohorte de políticos y economistas que se ha creído que los primitivos dogmas neoliberales que recitan de memoria, y cuya eficacia nadie ha conseguido demostrar, son realmente capaces de resolver los problemas que tienen por delante. Se creen que liberalizando el mercado de trabajo, reduciendo salarios y haciendo reformas orientadas a dar más poder a los empresarios se creará más empleo y aumentará la competitividad de la economía; que las políticas de austeridad, la disminución del gasto y los impuestos reducen el déficit y la deuda en etapas de recesión; que eliminando sector público se estimula la actividad privada; o que se logra más equilibrio y estabilidad dando plena libertad a las fuerzas del mercado y a los grandes grupos financieros y empresariales.

Tampoco le funciona ya este ingrediente porque la realidad es terca, incluso más terca que el propio Rajoy, y demuestra que esos prejuicios ideológicos no funcionan cuando se llevan a la práctica: ni se crea empleo con reformas liberales cuando lo que le falta a las empresas es demanda y financiación, ni se reduce la deuda cuando la austeridad reduce aún más la actividad económica, ni se estabiliza la economía con un mercado dominado por fuerzas oligopolistas que solo responden a lógicas muy improductivas y puramente especulativas.

La terca realidad indica que en ningún país ni en circunstancias parecidas a las nuestras han funcionado esas recetas que la Unión Europea, Rajoy y sus equipos defienden como la adecuadas para poder salir de la crisis.

El tercer ingrediente es una estrecha alianza con las clases dirigentes, con las élites profesionales, económicas, mediáticas y financieras que vienen dominando a la sociedad española desde hace decenios y, principalmente, gracias a la libertad de acción que le concedió la dictadura fascista durante cuarenta años y que la democracia no ha sabido o querido eliminar.

Esa alianza se traduce (como hemos analizado Vicenç Navarro, Alberto Garzón y yo en nuestro libro Lo que España necesita. Una réplica con propuestas alternativas a los recortes del PP) en la adopción de medidas que solo conllevan mucho más poder y riqueza para esos grupos privilegiados pero que son incapaces de sacarnos del estancamiento económico.

Todos esos grupos clamaron en su día por la llegada al poder de Rajoy y lo jalearon durante un buen tiempo, pero no han tardado mucho en darle la espalda casi por completo.

Conceder más privilegios a los privilegiados es un remedio, pero muy efímero cuando la situación económica es tan agobiante. Los empresarios se alegran cuando una reforma laboral les da más poder pero pronto comprueban que eso no les sirve de mucho cuando lo que les falta son clientes en la puerta y créditos que los bancos no les conceden. Los banqueros agradecen los apoyos de las sucesivas reformas financieras diseñadas a su favor, pero comienzan a dudar cuando comprueban que el apoyo gubernamental se hace a costa de trapichear con sus socios europeos, que ya comienzan a estar hartos de ese juego y de tantas trampas. Incluso los grandes medios de comunicación comienzan a darle la espalda a un gobierno que ha batido todos los record de desafección política y que, por tanto, puede tener los días contados.

La conclusión es evidente: solo con mentiras, con un prontuario ideológico de Todo a cien que está bien para espantar a ingenuos pero que es completamente inútil para solucionar problemas económicos reales, e incluso con cada vez menor apoyo de los grupos oligárquicos no se va a ningún sitio, dada la situación a la que ha llegado nuestra economía y nuestra sociedad, harta ya de incompetencias, de improvisaciones y de excusas.

España (de la mano del PP y del PSOE) cayó hace tiempo en la trampa que supuso la política monetaria expansiva que el Banco Central Europeo adoptó (sin tener en cuenta su efecto sobre los demás países) para facilitar la recuperación de Alemania cuando su economía corría peligro de estancamiento. El exceso de ahorro y capital que gracias a ello obtuvo Alemania se tradujo en un flujo ilimitado de capital que nos inundó provocando un déficit exterior casi simétrico al superávit alemán, una burbuja inmobiliaria y un endeudamiento fatal de nuestro sector bancario del que se derivó el de las empresas y familias. Mientras que nos llegaba financiación barata casi nadie puso objeciones (ganando tanto dinero como estaban ganando los grupos que influían en las decisiones de los sucesivos gobiernos) y todos se jactaban de dirigir la mejor de las situaciones posibles. Pero cuando España dejaba de tener financiación externa y tuvo que dedicarse a hacer frente a la deuda exterior, las empresas y los consumidores dejaron de tener acceso al crédito, la demanda agregada (sobre todo el gasto dedicado a bienes y servicios nacionales y no tanto a los de fuera) se vino abajo, el negocio de la construcción saltó por los aires, se desbocó el paro… y empezó el llanto y crujir de dientes.

Casi inmediatamente aumentaron los gastos fiscales (desempleo y ayudas de todo tipo) y los públicos extraordinarios dedicados a evitar el colapso, cayeron los ingresos y el déficit se disparó, aumentando una deuda pública que se añadía a una privada mucho mayor aún.

Como no se podía acudir a la financiación fácil y barata de un banco central y como los financiadores privados no son tontos y sabían que, en esas condiciones, la situación necesariamente iba a ir a peor, comenzaron a apretar las tuercas y así hemos llegado al abismo en el que estamos.

A mí me parece que a estas alturas es una completa estupidez que los españoles y los europeos nos sigamos engañando. La realidad indiscutible es que la deuda (no solo española sino la que se ha acumulado en el conjunto europeo) es materialmente impagable. No hay posibilidad alguna de que España o Italia, por no hablar de Grecia, Irlanda o Portugal, puedan pagar todo lo que deben, y mucho menos en las condiciones impuestas y en las que van a ir imponiendo los financiadores privados.

Solo hay dos soluciones posibles (aparte, claro está, de dejar que los deudores se declaren en bancarrota, de desencadenar una inflación galopante o de provocar una guerra dramática y se empantane toda Europa y la economía mundial) para absorber la deuda que se ha acumulado.

La primera, que se la cobren los acreedores a base de adquirir a bajo coste el patrimonio que queda de los deudores. Es posiblemente lo que se busca con el diseño que los alemanes han hecho del banco malo (para poder quedarse con la mayor parte posible de la riqueza inmobiliaria que pueda salvarse), lo que seguramente trata de sondear Merkel en la visita que estos días nos hace, y lo que organizarán los hombres de negro (con privatizaciones de todo tipo) cuando seamos intervenidos tras un rescate que en cualquier caso no servirá para arreglar la situación.

La segunda alternativa es llegar a un acuerdo general de reestructuración y quita de la deuda (algo que Alemania trató de evitar obligando a la reforma constitucional de hace un año) para abordar un plan de regeneración económica bien organizado y consensuado desde principios de justicia social, solidaridad y compromiso con los intereses generales.

Los españoles deberíamos decidir pronto si queremos entregarnos o salvar y rescatar de verdad a España.

(*) Catedrático de Economía en la Universidad de Sevilla

Los 'sin papeles' pagarán sanidad en función de la dolencia que padezcan

MADRID.- Los inmigrantes en situación irregular o 'sin papeles' seguirán siendo atendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) pese a no tener tarjeta sanitaria, pero en caso de que el médico le recete un medicamento deberán pagar una parte o la totalidad de su precio en función de la dolencia para la que esté indicado.

   Así lo han confirmado hoy fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad después de que la Organización Médica Colegial (OMC) mostrara este martes su preocupación por cómo se iban a recetar en los centros de salud los medicamentos a éste u otros colectivos que con el nuevo sistema de aseguramiento pierdan su tarjeta sanitaria.

   De este modo, han dejado claro que en aquellos casos en que la ley garantiza la asistencia de este colectivo (atención por enfermedades transmisibles, mujeres embarazadas, y menores de 18 años) los pacientes deberán pagar un 40 por ciento por sus medicinas, al igual que cualquier trabajador activo.

   Los 'sin papeles' que sufren una enfermedad crónica y ya estuvieran en tratamiento se seguirán beneficiando del régimen de aportación reducida que tienen los medicamentos para estas patologías, y sólo abonarán un 10 por ciento de las medicinas. En ambos casos, el médico deberá ofrecerles una receta del SNS en que aparezca el código con la aportación que el paciente ha de realizar.

   Sin embargo, para el resto de casos (un dolor de espalda o un resfriado, por ejemplo) los pacientes deberán abonar el importe íntegro de lo que cueste en la oficina de farmacia. De hecho, han explicado las mismas fuentes, el médico deberá expedirles una receta 'blanca', como la que se hace en la sanidad privada o para cualquier fármaco no financiado.

   Fuera de esta casuística estarían los pacientes atendidos en los hospitales, tanto crónicos como agudos, que no deberán abonar nada por los medicamentos que reciban.

   No obstante, el departamento de Ana Mato ha recalcado que en este caso, al igual que a la hora de facturar la asistencia prestada, las comunidades tienen libertad para decidir si se hacen cargo de dicho coste o lo reclaman bien al país de origen bien al propio paciente una vez atendido.

El paro sube en 7.241 personas en agosto en la Comunitat y se eleva a los 572.009 desempleados

VALENCIA.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se situó al finalizar agosto en  572.009 personas en la Comunitat Valenciana, tras subir en el mes en 7.241 desempleados, con un aumento porcentual del 1,28 por ciento, según ha informado este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

   En España, el paro también ha roto la tendencia bajista de los últimos cuatro meses y el número de desempleados alcanzó a las 4.625.634 personas, tras subir en el mes en 38.179 desempleados, un 0,83 por ciento más.

   Aún así, la subida de agosto, mes en el que suele aumentar el desempleo por el fin de la campaña de verano, es menos pronunciada que la registrada hace un año, cuando el paro aumentó en 51.185 personas, mientras que en 2009, en un contexto de recesión económica semejante al actual, se registró un incremento de 84.985 desempleados.

Por otro lado, la Seguridad Social ha registrado en la Comunitat Valenciana en el mes de agosto un descenso medio de 20.161 afiliados respecto a julio, con lo que se sitúa en un total de 1.579.542 ocupados al finalizar el mes, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   Por regímenes en la Comunitat, el General ha vuelto ha registrar la mayor cantidad de afiliados, con 1.255.066 afiliados. Además, un total de 318.686 en el de Autónomos, un total de 5.332 en el del Mar, y 458 en el del Hogar.

   A nivel nacional, la Seguridad Social ha registrado 136.762 afiliados respecto a julio, con lo que se sitúa en 16.895.977 ocupados. Este dato rompe la tendencia de los últimos cinco meses, en los que se registraron ganancias de afiliados.

  Así, julio representó la quinta subida consecutiva tras las lograda en marzo, abril y mayo, cuando se registraron 5.419, 16.549 y 77.431 altas al sistema, respectivamente, y despues de la de junio, mes en el que sumó 31.332 afiliados y superó los 17 millones por primera vez en el año.

   El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha destacado que "este dato no supone una variación significativa respecto a los comportamientos históricamente presentados en el mes de agosto".

  "Nunca se espera en España un agosto positivo en cuanto a afiliación. Es habitual un descenso de cierta magnitud en este mes por la finalización de muchos contratos de carácter estacional ligados a las actividades propias de la temporada estival", ha explicado.

   En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos la tasa de variación interanual registró un descenso del 1,44 por ciento, 44.504 personas menos, si bien la cifra total de emprendedores sigue situándose por encima de los tres millones. El Mar, por su parte, registró una bajada del 1,9 por ciento mientras y la tasa de variación anual en el Carbón retrocedió un 13,7 por ciento.

  Según ha destacado el Ministerio, en el último mes 25.516 empleados domésticos se dieron de alta en el nuevo Sistema Especial del Régimen General, lo que sitúa la cifra total de afiliados del sector en 374.550.

   La afiliación de trabajadores extranjeros alcanzó en agosto los 1.748.415 ocupados, de los que 1.524.313 pertenecen al Régimen General, 216.878 al Régimen de Autónomos, 5.119 al Mar, 517 al Carbón y 1.589 al Hogar.

Afectados de CAM se concentran mañana en Alicante para exigir su dinero

ALICANTE.- La plataforma de afectados de Caja Mediterráneo (CAM), todos ellos titulares de cuotas participativas, participaciones preferentes o deuda subordinada, se concentrarán mañana ante la sede principal del Banco Sabadell-CAM en Alicante para exigir la devolución de su dinero.

"No queremos que nos den papeles", ha afirmado hoy el portavoz de este colectivo -Plataforma CAM-, Carlos Pena, en alusión al canjeo de preferentes y deuda subordinada por acciones del Sabadell.

"Si quisiéramos apostar, pues iríamos al casino, donde también podríamos ganar el doble o perder casi todo", ha añadido Pena, quien ha asegurado que los afectados quieren su dinero "sano y salvo".

Ha recordado que los titulares de estos productos son pequeños ahorradores que tenían plazos fijos y que "les metieron las cuotas y las participaciones a la fuerza y con engaño".

"No se engaña a una persona solo mintiéndola, se le engaña también ocultando los riesgos", ha subrayado Pena, cuya plataforma interpuso el pasado mes de marzo una querella ante la Audiencia Nacional contra los exdirectivos de la entidad alicantina.

En este sentido, ha anunciado que el próximo día 10 el colectivo celebrará una asamblea en Alicante para analizar el proceso judicial y el estado actual de las acciones y las preferentes.

Pena ha manifestado que los afectados por la CAM están agrupados en esta plataforma con el fin de "demostrar" que hubo "un daño económico" hacia las personas que invirtieron sus ahorros en cuotas participativas, deuda subordinada y participaciones preferentes de la caja, para así solicitar una restitución económica para ellos.

Vela afirma que con el FLA "se han acabado los problemas" de pago

VALENCIA.- El conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha afirmado que "nada más salga el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) se han acabado los problemas, si sale como todos pensamos que va a salir" porque "va a permitir que se puedan afrontar los pagos". En este punto, ha señalado que "ya queda poco para sufrir" y ha opinado que este fondo "podría estar antes de 15 días". "Antes de final de septiembre seguro", ha apuntado al respecto. 

   El FLA va a permitir "atender los vencimientos de deuda sin sacrificar tesorería" y "colocar la práctica totalidad de la deuda autorizada". Eso, para la hacienda pública supone la "desaparición del 65% de sus problemas" porque ya puedes pagar a la gente", ha indicado el conseller.

   Vela, que se ha expresado de esta manera en un encuentro con periodistas, ha explicado que el FLA permitirá afrontar los pagos destinados a vencimiento de deuda y a emitir deuda propia prevista en el presupuesto del ejercicio. "La ventaja" es que va a permitir vender deuda a un interés menor que con los bonos patrióticos, alrededor de del 5,5% o 6%, cuando los bancos "por menos de un 8% no lo van a dar", ha dicho.

   En este sentido, el conseller ha apuntado que el FLA "no es un rescate", sino un mecanismo para permitir a las comunidades autónomas que puedan atender sus vencimientos de deuda. A la Generalitat "nadie le va a regalar nada" porque "lo único que me facilitan es el vehículo" para pagar, ha agregado Vela, quien ha indicado que en el momento que el dinero del FLA vaya llegando, "se irá pagando lo que no se ha podido pagar".

   El conseller ha recordado también que la Generalitat solicitará 3.500 millones al FLA --1.500 millones por la capacidad de endeudamiento presupuestario y 2.000 millones para cumplir con los vencimientos de deuda hasta final de año--.

   Asimismo, Vela ha indicado que el Gobierno valenciano ha previsto solicitar 1.000 millones adicionales que "caben" en el FLA aunque no sabe si vendrá de dicho fondo; depende de la "letra pequeña" de este mecanismo, ha dicho.

   Estos 1.000 millones sale, aproximadamente, de la suma de los 200 millones por la devolución correspondiente por el modelo de financiación; 150 millones de endeudamiento no consumido y cerca de 460 millones de vencimientos de deuda que la Generalitat atendió con los fondos de Tesorería.

   Por otro lado, el conseller de Hacienda ha defendido el estado de las cuentas de la Generalitat que, según ha destacado "sigue pagando" y en lo que va de año, hasta agosto, ha pagado 7.970 millones de euros y "una administración que está quebrada eso no lo puede hacer".

   De estos 7.970 millones, 2.305 millones son en nóminas, 266 millones para dependencia, 313 en hospitales, 692 en seguros sociales o 838 a las farmacias, a las que todavía se les debe alguna mensualidad, ha apuntado.

   Asimismo, ha señalado que la Comunitat Valenciana cumplirá con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento, marcado por el Gobierno central aunque, "el problema será la caída de ingresos", ha advertido.

   Por otro lado, Vela ha señalado que ya se está empezando a "ver el principio del final de la crisis". De esta manera, se ha basado en la evolución del sector exterior que, en su opinión, va a tener un "papel positivo" en la recuperación; la caída del Euribor y que "se empieza a mover la inversión empresarial".

   Vela ha celebrado que en el momento en que la administración recupere el plan habitual de pagos, "la cosa va a cambiar bastante" y ha destacado que el plan de pago a proveedores ha supuesto para la Comunitat una "inyección en vena" de 4.500 millones. El efecto de esa inyección de dinero "se empezará a notar a final de año", ha dicho.

   Por otro lado, el conseller ha hecho referencia al Plan de Reequilibrio de la Generalitat, que contempla la venta de inmuebles de la administración. En este punto, ha asegurado que "no se van a malvender" y ha indicado en el mes de octubre se dirigirán a varios fondos de inversión "solventes" que se han "interesado" por el alquiler de estos inmuebles.

   En alusión a este plan, el conseller también ha destacado el descenso en el gasto de personal de la Administración General y ha afirmado que se continuará reduciendo "de forma muy importante" este año gracias a las medidas adoptadas por el Consell y el Gobierno central. De hecho, considera que a final de año, este capítulo podría presentar una ahorro de 500 millones de euros "o más", teniendo en cuenta el efecto de eliminar la paga extra de Navidad.

La Comunitat cierra el agosto más cálido desde 1971

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana ha cerrado un agosto "extremadamente cálido", con una temperatura media de 26 grados, la más alta de la serie que empieza en 1971 hasta la actualidad, según ha informado este martes la Delegación Territorial en la Comunitat Valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

   La temperatura media estimada del mes alcanzó los 26 grados, lo que supone 2,3 grados superior superior a la temperatura normal (media del periodo 1971-2000). El segundo mes más cálido del periodo fue agosto de 2003 con 25,7 grados de media y el tercero, 1994, con 25,6 grados.

   En cuanto a las capitales de provincia, Alicante registró un 27,5 grados, dos por encima de lo normal, al igual que Valencia, mientras que en castellón fue de 26,9 grados, 1,9 más. La causa de estas temperaturas tan altas ha sido la intensa ola de calor de los días 9 al 11 y la del 18 al 25, a lo que se añade que el resto de los días las temperaturas se han mantenido por encima de la media climática salvo el 7 y el 31 de agosto.

   La precipitación ha sido de 9,3 litros por metro cuadrado de media, un 60 por ciento inferior a lo que se considera normal en agosto. En la provincia de Castellón, las comarcas costeras de Valencia y Alicante y el interior alicantino las precipitaciones del día 30 fueron bastante intensas, acompañadas de tormenta, y se llegaron a registrar entorno a los 50-90 litros por metro cuadrado en las comarcas de la Ribera y la Safor.

   Por capitales de provincia, en Alicante se registraron 4,4 litros por metro cuadrado, un 47 por ciento menos de la media, con un claificativo de norma; en Valencia, 0,2 litros por metro cuadrado, un 99 por ciento menos y "muy seco", y en Castellón, 9,4 litros por metro cuadrado, un 68 por ciento menos de lo normal.

   En evolución temporal, el pasado agosto ocupó el decimocuarto lugar entre los más secos de la serie de los últimos 42 años. Sin embargo, este mes es climáticamente uno de los más secos del año en la Comunitat Valenciana.

El calvario judicial del PP valenciano comienza el próximo lunes

VALENCIA.- Este próximo lunes 10 de septiembre comienza el calvario judicial del PP valenciano. El partido del presidente Alberto Fabra está envuelto en varios procesos judiciales que afectan a tres supuestos casos de corrupción en los que, de alguna forma, aparecen implicados diputados populares: el caso Emarsa, el caso Cooperación y el caso de financiación ilegal, enmarcado en una separata del caso Gürtel, recuerda www.maspublico.com

La primera prueba de fuego será este lunes cuando se reanudarán las declaraciones por el llamado caso Emarsa. En él se investiga una presunta trama corrupta que se dedicó a saquear las arcas de la empresa pública de gestión de agua de Valencia y su área metropolitana del 2006 al 2009. Cerca de 25 millones de euros se calcula que se desvió de la empresa pública a manos privadas. En el auto aparecen imputadas varias personas vinculadas al Partido Popular.

El Tribunal Superior de Justicia ya ha hecho público el calendario de declaraciones y, antes de que acabe el año, pasarán más de 30 testigos por el juzgado número 10 de Valencia.

Imputados populares que aparecen también en el conocido como caso Cooperación, donde se investiga el desvío de fondos públicos, en esta ocasión, destinados a ayuda al Tercer Mundo (por ejemplo la construcción de un hospital en Haití). En la actualidad hay 22 imputados, seis de ellos altos cargos de la administración valenciana y se espera que en los próximos días se impute al actual portavoz popular en Les Corts, Rafael Blasco, por su relación con la trama.

El tercer caso de corrupción que se investigará en Valencia y que tiene como actores a miembros del Partido Popular, está relacionado con la trama Gürtel. Previsiblemente el 18 de septiembre se retomarán las declaraciones para investigar la presunta financiación irregular del PP en el País Valenciano.

El encargado de investigar este caso será el Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Valenciana (TSJCV), quien deberá pronunciarse sobre el presunto delito de delito electoral y una presunta prevaricación de la Administración autonómica. La causa, derivada de la investigación del juez Pedreira en Madrid, está dividida en tres piezas: delito electoral por las elecciones municipales y autonómicas de 2007, delito de falsedad documental en las generales de 2008 y prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market, vinculada a la trama Gürtel, derivados de su contratación para la feria de turismo Fitur.

Además, sobre el ex Gobierno valenciano de Francisco Camps también recae la duda de su relación con la trama Nóos y sus contrataciones con Iñaki Urdangarín para la realización de la Valencia Summit.

Los médicos no serán sancionados por atender a los 'sin papeles'

MADRID.- El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha asegurado que tienen el compromiso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de que ningún profesional sanitario podrá ser penalizado o sancionado por atender a los inmigrantes en situación irregular que, desde septiembre, han perdido su derecho a tener tarjeta sanitaria.

   "A los médicos, y así me lo ha confirmado la ministra, deben dejarnos en paz para que hagamos lo que debamos hacer con cada paciente que se nos ponga delante", según lo ha confirmado durante la presentación de la campaña 2012 de Prevención de las Dolencias de la Espalda en los Escolares organizada en colaboración con la Fundación Kovacs.

   Y es que, con la entrada en vigor el pasado 1 de septiembre del nuevo sistema de aseguramiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) que deja sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, los médicos tenían "dudas" sobre si podrían atender a todos sus pacientes, incluidos los 'sin papeles', o a estos sólo se les atendería previo pago del coste de su atención.

   Sin embargo, como ha reconocido Rodríguez Sendín, estas dudas se han disipado después de que el departamento de Ana Mato les haya confirmado que podrán seguir atendiendo a todos sus pacientes y "no se va a castigar a nadie administrativamente" cuando atiendan a un irregular.

   "Nos han dicho que el médico va a hacer lo que debe de hacer y nadie le va a poner ninguna traba, y eso debemos celebrarlo", precisando que no habrá sanción siempre que la actuación profesional "se derive de unas obligaciones deontológicas".

   A partir de ahí, ha añadido, "se cobrará o no se cobrará, pero eso ya no es una cuestión nuestra. Nuestro problema es que nadie deje de estar atendido".

 "Creo que lo hemos logrado, ahora vamos a ver cuál es el resultado de aplicación y qué hacen las comunidades", según el presidente de la OMC.

   En este sentido, ha reconocido que el proceder dispar que están adoptando las comunidades obedece a que "están en diferentes momentos electorales", al tiempo que también ha pedido a los partidos políticos que "con cosas tan gordas como éstas se juegue lo justo".

   No obstante, Rodríguez Sendín ha advertido que aún hay temas que no se han clarificado, como la adquisición de medicamentos por parte de los inmigrantes irregulares u otros colectivos que no tengan tarjeta sanitaria.

   "Sí que me preocupa qué va a pasar con los medicamentos, cómo se les darán los medicamentos esenciales a los inmigrantes, pero también los drogadictos y mucha más gente. En los próximos años nos vamos a tener que preocupar por la gestión de la desigualdad", ha lamentado.

   En principio, el presidente de la OMC apuesta por que "se hará como se hacía antes". 

"Habrá médicos que echarán mano de medicamentos alternativos o de medicinas que tienen en los centros y, si somos sensatos, hay un montón de medicinas esenciales que son muy económicas y con las que prácticamente se atienden todos los problemas", ha insistido.