Unas primeras encuestas arrojan la pérdida de las elecciones por el PP en la Comunidad Valenciana

MADRID.- Alarma en la sede nacional del Partido Popular, y también en el Gobierno: en estos momentos el PP pierde dos de sus bastiones nacionales más importantes: Madrid y Valencia. Es lo que dicen las encuestas que tienen ahora sobre la mesa.

De celebrarse en este momento las elecciones municipales y autonómicas, el Partido Popular perdería Madrid capital, la comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana y Valencia capital .

Fuentes de la dirección nacional del PP, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital , explican que se trata de sondeos no contratados directamente por el partido.
El Partido Popular está movilizando a sus cargos territoriales para intentar frenar el desgaste electoral. La dirección nacional de los populares ha transmitido una orden clara, según ha podido saber el diario El País, a las cúpulas autonómicas convocadas el pasado lunes en la sede del partido: trabajar desde ya mismo para evitar una debacle en las urnas. 
La secretaria general, María Dolores de Cospedal, y el número tres de la formación, Carlos Floriano, trataron la acción política prevista para los próximos meses y la enfocaron para reforzar la presencia del partido en toda España.
A la gestión de la crisis económica, el caso Bárcenas o la deriva soberanista en Cataluña ahora se une la preocupación por el calendario electoral. El horizonte de las europeas en la próxima primavera y las municipales y autonómicas en 2015 ha desatado la alarma.

Movilización en todos los territorios

“Se trata de trabajar duro para lograr la movilización interna en todos los territorios”, resume un asistente a la reunión, citado por El País.

Los dirigentes convocados escucharon durante más de una hora la interpretación de la última encuesta del CIS —el PP lograría un 32,5% de los votos, lo que supone un descenso de más de 12 puntos en relación con los resultados de noviembre de 2011— por boca de Pedro Arriola, el sociólogo de cabecera del presidente del PP, Mariano Rajoy.

Según las conclusiones de esas encuestas, cuatro conocidos políticos se encuentran en dificultades, teniendo en cuenta que no revalidarían el cargo.
Se trata de Ana Botella, alcaldesa de Madrid; Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid; Rita Barberá, alcaldesa de Valencia; y Alberto Fabra, presidente de la Generalidad Valenciana.
Adiós al Gobierno
Según esas fuentes, el análisis que se hace en la cúpula del partido, y también en el Gobierno, es que unos resultados tan negativos como los cuatro pronosticados anunciarían el final inevitable del Gobierno del Partido Popular.
Recuerdan que precisamente esas dos circunscripciones territoriales, Madrid y Valencia, fueron las que, en 1995, ‘lanzaron’ al PP hacia la victoria en las generales conseguida en 1996, con José María Aznar como candidato.
Así lo pronosticó Aznar tras ganar en esas comunidades y así se cumplió. Por tanto, las derrotas anunciarían el final del PP en el Gobierno, según el análisis que se hace en la cúpula del partido.


Leer más:  Alarma en Génova y el Gobierno. Sus encuestas pronostican que el Partido Popular pierde Madrid, capital y autonomía, y Valencia, capital y autonomía  http://www.elconfidencialdigital.com/politica/087369/alarma-en-genova-y-el-gobierno-sus-encuestas-pronostican-que-el-partido-popular-pierde-madrid-capital-y-autonomia-y-valencia-capital-y-autonomia#CIu3jBOvWCX73alL
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l PP pierde dos de sus bastiones nacionales más importantes: Madrid y Valencia. Es lo que dicen las encuestas que tienen ahora sobre la mesa.

De celebrarse en este momento las elecciones municipales y autonómicas, el Partido Popular perdería Madrid capital, la comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana y Valencia capital.
Fuentes de la dirección nacional del PP, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital, explican que se trata de sondeos no contratados directamente por el partido, sino realizados por su cuenta por empresas externas, que formulan en sus macro encuestas preguntas políticas y sobre intención de voto, y que han pasado al partido los resultados alcanzados.
Los cuatro afectados
Según las conclusiones de esas encuestas, cuatro conocidos políticos se encuentran en dificultades, teniendo en cuenta que no revalidarían el cargo.
Se trata de Ana Botella, alcaldesa de Madrid; Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid; Rita Barberá, alcaldesa de Valencia; y Alberto Fabra, presidente de la Generalidad Valenciana.
Adiós al Gobierno
Según esas fuentes, el análisis que se hace en la cúpula del partido, y también en el Gobierno, es que unos resultados tan negativos como los cuatro pronosticados anunciarían el final inevitable del Gobierno del Partido Popular.
Recuerdan que precisamente esas dos circunscripciones territoriales, Madrid y Valencia, fueron las que, en 1995, ‘lanzaron’ al PP hacia la victoria en las generales conseguida en 1996, con José María Aznar como candidato.
Así lo pronosticó Aznar tras ganar en esas comunidades y así se cumplió. Por tanto, las derrotas anunciarían el final del PP en el Gobierno, según el análisis que se hace en la cúpula del partido.

Leer más:  Alarma en Génova y el Gobierno. Sus encuestas pronostican que el Partido Popular pierde Madrid, capital y autonomía, y Valencia, capital y autonomía  http://www.elconfidencialdigital.com/politica/087369/alarma-en-genova-y-el-gobierno-sus-encuestas-pronostican-que-el-partido-popular-pierde-madrid-capital-y-autonomia-y-valencia-capital-y-autonomia#CIu34j1F54kOsEH7
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l PP pierde dos de sus bastiones nacionales más importantes: Madrid y Valencia. Es lo que dicen las encuestas que tienen ahora sobre la mesa.

De celebrarse en este momento las elecciones municipales y autonómicas, el Partido Popular perdería Madrid capital, la comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana y Valencia capital.
Fuentes de la dirección nacional del PP, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital, explican que se trata de sondeos no contratados directamente por el partido, sino realizados por su cuenta por empresas externas, que formulan en sus macro encuestas preguntas políticas y sobre intención de voto, y que han pasado al partido los resultados alcanzados.
Los cuatro afectados
Según las conclusiones de esas encuestas, cuatro conocidos políticos se encuentran en dificultades, teniendo en cuenta que no revalidarían el cargo.
Se trata de Ana Botella, alcaldesa de Madrid; Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid; Rita Barberá, alcaldesa de Valencia; y Alberto Fabra, presidente de la Generalidad Valenciana.
Adiós al Gobierno
Según esas fuentes, el análisis que se hace en la cúpula del partido, y también en el Gobierno, es que unos resultados tan negativos como los cuatro pronosticados anunciarían el final inevitable del Gobierno del Partido Popular.
Recuerdan que precisamente esas dos circunscripciones territoriales, Madrid y Valencia, fueron las que, en 1995, ‘lanzaron’ al PP hacia la victoria en las generales conseguida en 1996, con José María Aznar como candidato.
Así lo pronosticó Aznar tras ganar en esas comunidades y así se cumplió. Por tanto, las derrotas anunciarían el final del PP en el Gobierno, según el análisis que se hace en la cúpula del partido.

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l PP pierde dos de sus bastiones nacionales más importantes: Madrid y Valencia. Es lo que dicen las encuestas que tienen ahora sobre la mesa.

De celebrarse en este momento las elecciones municipales y autonómicas, el Partido Popular perdería Madrid capital, la comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana y Valencia capital.
Fuentes de la dirección nacional del PP, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital, explican que se trata de sondeos no contratados directamente por el partido, sino realizados por su cuenta por empresas externas, que formulan en sus macro encuestas preguntas políticas y sobre intención de voto, y que han pasado al partido los resultados alcanzados.
Los cuatro afectados
Según las conclusiones de esas encuestas, cuatro conocidos políticos se encuentran en dificultades, teniendo en cuenta que no revalidarían el cargo.
Se trata de Ana Botella, alcaldesa de Madrid; Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid; Rita Barberá, alcaldesa de Valencia; y Alberto Fabra, presidente de la Generalidad Valenciana.
Adiós al Gobierno
Según esas fuentes, el análisis que se hace en la cúpula del partido, y también en el Gobierno, es que unos resultados tan negativos como los cuatro pronosticados anunciarían el final inevitable del Gobierno del Partido Popular.
Recuerdan que precisamente esas dos circunscripciones territoriales, Madrid y Valencia, fueron las que, en 1995, ‘lanzaron’ al PP hacia la victoria en las generales conseguida en 1996, con José María Aznar como candidato.
Así lo pronosticó Aznar tras ganar en esas comunidades y así se cumplió. Por tanto, las derrotas anunciarían el final del PP en el Gobierno, según el análisis que se hace en la cúpula del partido.

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Torres-Dulce: 'La Justicia, en evidencia cuando no da respuestas solventes a la corrupción'

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha hecho mención al problema de la corrupción como una de las cuestiones "que más debilitan la fortaleza moral de nuestra sociedad" durante su discurso en el Acto de Apertura de los Tribunales, en presencia del Rey, del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y de las cúpulas de las carreras judicial y fiscal. Ha advertido que la Justicia queda en evidencia cuando no es capaz de dar respuesta "solvente y tempestiva" a este problema.

Se ha referido seguidamente a la crisis económica "severa y prolongada", que pone a prueba el entramado institucional.

   "Si grave resulta la depauperación de amplios estratos sociales, el incremento del paro, la dificultad para hacer frente al endeudamiento público y privado, y otros tantos fenómenos sintomáticos de la recesión que no acucia, no menos grave resultaría que el inevitable sentimiento de desánimo derivase en desafección de la cosa pública", ha manifestado.

    No obstante, y pese a la "sombría realidad", el fiscal general asegura que existe una ciudadanía consciente de que "es fuente de toda legitimidad política" y ello pese al "sentimiento de decepción que puede suscitar la conducta poco ejemplar de algunos de sus representantes".

   El fiscal general se ha referido a la corrupción en la Administración pero también a la corrupción privada y ha citado las causas surgidas en relación con las participaciones preferentes emitidas por determinadas entidades financieras, casos que que calificó de complejos, "por lo que no admiten un tratamiento común".

   A su juicio, hay que discernir entre aquellos casos en que la ilicitud se produce en el momento de ideación de la emisión, mediante el empleo de artificios contables encaminados a camuflar la deficiente solvencia de la entidad, de aquellos otros en los que la ilicitud se concentró en la comercialización de títulos "mediante su colocacion entre grupos de clientes manifiestamente inidóneos" como discapacitados o personas "imposibilitadas para alcanzar una comprensión real de la naturaleza jurídica del negocio".

   Torres-Dulce ha incluido en su discurso las cifras más destacadas de la Memoria de la Fiscalía del pasado año, como la del aumento en un 120,79 por ciento de los fraudes cometidos por autoridad o funcionario público y el incremento en un 23,85 por ciento de las calificaciones por delito de prevaricación administrativa; así como el descenso de las causas por malversación de caudales públicos en un 31,23 por ciento y por tráfico de influencias en un 22,37 por ciento.

Sentencias por corrupción

Las sentencias por delitos relacionados con la corrupción (cohecho, malversación, prevaricación administrativa, tráfico de influencias o fraudes comunitarios) se han incrementado un 151% en los últimos tres años, según revela la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2012.

   En el último trienio la incoación de causas por este tipo de delitos creció en un 17 por ciento con una clara preponderancia de la prevaricación administrativa, que supuso un 23 por ciento del total de delitos relativos a la corrupción que se iniciaron durante todo el año pasado.

   En todo caso, los máximos históricos de corrupción en la presentación de escritos del Ministerio Fiscal se registraron en 2011, año en el que se presentaron un total de 235 acusaciones. El delito más repetido fue el de malversación de caudales públicos que durante ese año representó un 40 por ciento del total seguido del de prevaricación administrativa, que alcanzó un 26 por ciento.

   Tras apuntar que la corrupción está vinculada a la etapa de la denominada "burbuja inmobiliaria", en la que "la sociedad en general y las administraciones públicas en particular disponían de una gran cantidad de recursos económicos", la Fiscalía advierte en su Memoria de los riesgos que puede afrontar la sociedad española si no se lleva a cabo "una actuación lo suficientemente decidida y enérgica contra la corrupción".

   "Se corre el riesgo, de un lado, de incrementar una sensación de impunidad que sirva para extender comportamientos irregulares o corruptos y, de otro, a que puedan generalizarse críticas infundadas o sectarias cuestionando irresponsablemente la labor de todos los servidores públicos, la inmensa mayoría de los cuales cumple honestamente con su deber", apunta la Memoria.

    En este sentido, el Ministerio Público advierte de que en un importante sector de la ciudadana ha calado "la idea de que la Justicia no trata igual al poderoso que al resto, y que existe ideología en la respuesta judicial".

 "Desmontar este estado de opinión es una tarea que recae principalmente en los que formamos parte de la Administración de Justicia", señala.

   A su juicio, los delitos de corrupción constituyen "una de las formas más graves de delincuencia" porque "provocan el desvío de fondos públicos a fines privados" y suponen, además, "un ataque a las instituciones y al sistema democrático y, en definitiva, al Estado de Derecho.

   Según el Ministerio Público, el "incremento cuantitativo y cualitativo" que la corrupción ha experimentado en los últimos años contribuye a crear "un estado de opinión" y afecta al propio funcionamiento de la Administración de Justicia, "poniéndola muchas veces en evidencia en tanto que no es capaz de dar una respuesta adecuada en el tiempo y en el resultado final del propio procedimiento".

   Para hacer frente a esta situación, la Fiscalía propone reforzar la oficina fiscal, dotándola de "auténticas unidades de investigación criminal", potenciar las unidades de Policía Judicial y dotar de apoyo tecnológico a las investigaciones telemáticas.

Más de 500 ayuntamientos españoles, al borde de la bancarrota

MADRID.- Más de medio millar de ayuntamientos se asoman al avismo de la bancarrota, son los que han pedido el recate al Gobierno. Para sobrevivir se reinventan y tiran de cretatividad, y solicitan que a las arcas municipales se les exima de asumir competencias que no les corresponden. Al otro lado de la balanza, casi 3.500 ayuntamientos con beneficios.

Con 2.023.000 euros de deuda y sólo 250 habitantes, Aguilar de Segarra, en Barcelona, es, para sorpresa de sus vecinos, el segundo Ayuntamiento más endeudado de España. Pero según su consistorio, no necesitan ningún rescate. "El lunes pasado pagamos todas las facturas que habían entrado al ayuntamiento hasta ese día", señala el teniente alcalde, Pere Aliaguilla.

Porque a pesar de la crisis, este pueblo vio la luz con este huerto solar que deja en las arcas municpales entre 500.000 y 600.000 euros anuales.

El derroche ha llevado a 536 municipios a acogerse al plan urgente de rescate del Gobierno y a tirar de inventiva para cuadrar las cuentas.

A eso suma una bajada de un 80% en la factura de la luz con farolas de bajo consumo, y más de 1200 euros llevan ya ahorrados este año en la recogida de basura con el compostaje casero.

Los alcaldes creen que si las subvenciones fueran más flexibles tendrían menos problemas. Un cambio en la ley de financiación local daría un respiro a los 536 ayuntamientos al borde de la bancarrota.

La cronología de los ERE en las cajas: de las jugosas prejubilaciones a los despidos con 20 días por año

MADRID.- Con la negociación del nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) de CatalunyaCaixa, se completa la segunda ronda de despidos acometida por las entidades en manos del Estado -Bankia, Novagalicia y la catalana-, si bien las condiciones ofrecidas a los afectados varían mucho entre el primer proceso y este último. De generosas prejubilaciones e indemnizaciones de 45 días por año, a la amenaza de aplicar a rajatabla la reforma laboral (20 días por año y 12 mensualidades) que ha puesto sobre la mesa el banco que preside José Carlos Pla.

Sólo entre estas tres entidades se acometerá, una vez que el proceso llegue a su fin, un recorte de más de 16.000 empleados. El mayor ajuste ha sido el realizado por Bankia, un total de 8.200 empleados que suponen casi un 35% de la plantilla que acumularon las siete cajas de ahorros en el momento de su fusión.

A principios de febrero, la entidad acordó con los sindicatos un recorte de 4.500 empleados. Las medidas de salida se concretaron en diversas modalidades de bajas incentivadas que se segmentan en función de la voluntariedad, edades y la evolución del plan de recolocación. No obstante, la media se situó en 30 días por año trabajado, con el límite de 20 mensualidades.

Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, surgió de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades de menor tamaño (cajas de Ávila, Segovia, La Rioja, Insular de Canarias y Laietana). El proceso vino aparejado de un ERE para 3.700 trabajadores, a unas condiciones sensiblemente mejores. Así, los trabajadores que se acogieron a las bajas voluntarias cobraron una indemnización de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades, más una prima que oscilaba entre los 10.000 y los 30.000 euros. La mayor parte del ajuste se realizó, sin embargo, a través de prejubilaciones. Estos empleados con al menos 55 años que se acogieron a las prejubilaciones recibieron el 95% del sueldo del último ejercicio.

También en febrero, Novagalicia acordó un ERE para 1.850 empleados de los cuales un máximo de 455 pueden acogerse a prejubilaciones cobrando el 80% de su sueldo. El resto del recorte de la plantilla se acometerá a través de bajas incentivadas, con unas indemnizaciones de 30 días por año, con un máximo de 22 mensualidades, más una prima de 2.000 euros por cada tres años de antigüedad. En ningún caso la indemnización podrá superar los 250.000 euros.

La fusión de Caixa Galicia y Caixanova provocó un primer ERE para 1.200 empleados, que se llevó a cabo principalmente a través de prejubilaciones de mayores de 55 años que recibieron un 85% del sueldo. En julio de 2011 anunció un nuevo ERE para 350 empleados, a los que se sumaron luego otros 700. En estos casos las indemnizaciones fueron las más generosas hasta el momento, de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades. En total, los casi 8.000 empleados con los que contaban las cajas gallegas se han reducido a la mitad.

El último ajuste pendiente es el de CatalunyaCaixa, en la que la dirección ha planteado como propuesta 2.453 despidos con el mínimo legal permitido, es decir, 20 días por año y 12 mensualidades.

La entidad aplicó inicialmente un recorte de 1.300 empleos, ampliado con otras 330 bajas incentivadas. Los trabajadores mayores de 60 años se pudieron prejubilar recibiendo el 90% del salario neto, mientras que los de entre 56 y 59 años contaron con el 80% del salario neto. Las indemnizaciones de las bajas incentivadas dependieron de la antigüedad, llegando hasta los 30 meses de sueldo (2,5 años) para quienes llevasen más de 12 años trabajando en una de las cajas. El recorte total podría alcanzar a más de 4.000 empleados, de los alrededor de 8.500 que había en la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa.

Bankia, Novagalicia y CatalunyaCaixa son las tres entidades actualmente en manos del Estado, y también las que más ayudas públicas han recibido. En total, Bankia ha recibido 22.424 millones, por los 12.052 de la catalana y los 9.052 de la gallega.