ALICANTE.- El Ayuntamiento de Alicante optará por adjudicar el servicio de autobuses de la ciudad, uno
de los dos mayores contratos municipales (el otro es el de la
limpieza), después de haber evaluado las posibilidades de la prestación
del servicio mediante la gestión directa -con la creación de una empresa
municipal- y con la recomendación de la mayor parte de los técnicos municipales consultados de continuar en régimen de concesión,
como por otra parte se viene haciendo desde 1969. Actualmente la
empresa Masatusa se encarga de gestionar el servicio de autobuses de
Alicante tras una prórroga de dos años pactada con el consistorio
alicantinos a mediados de 2019, recuerda El Mundo.
Alicante será así prácticamente una excepción en las ciudades de tamaño similar que ya tienen una empresa pública encargada del transporte urbano. Es
el caso por ejemplo de Córdoba, municipio con un padrón ligeramente
inferior al de Alicante y que cuenta con una sociedad municipal
(Aucorsa) desde 1953; un escalón más abajo, Valladolid, constituyó en
1982 una empresa, Auvasa, que gestiona todas sus líneas.
Por arriba el
siguiente municipio en población según el Instituto Nacional de
Estadística (INE) es Bilbao, que en 2012 su servicio de transporte urbano durante 12 años a BioBide,
una mercantil formada por Alsa y Pesa.
Pero es la excepción porque la
siguiente, Las Palmas de Gran Canaria, también dispone de una empresa
pública, la célebre Guaguas Municipales SA, cuyo propietario es desde
1979 el cabildo.
En la propuesta de acuerdo que previsiblemente la
Junta de Gobierno Local aprobará el lunes viene de manera resumida la
batería de informes que han recomendado la gestión privada.
Algunos
hacen referencia a la posibilidad del ahorro del IVA en la prestación
del servicio en caso de constituir una sociedad pública, pero concluyen
que no compensaría con los imprevistos que se podrían dar a la hora de
gestionarla o constituirla.
De todos modos lo que parece claro
es que la creación de una empresa pública a estas alturas de la
concesión retrasaría más el proceso de adjudicación, que los técnicos quieren que sea por un periodo más corto.
Hay otros dos detalles curiosos en la propuesta de acuerdo: por un
lado se hace referencia a un informe elaborado por una consultora
externa (Ernest&Young) en el que se habla de la imposibilidad de
constituir una empresa pública municipal por la existencia de un plan de ajuste,
algo que no está en vigor desde otoño del año 2018; por otro, E&Y
habla de la necesidad de introducir elementos «de control» periódico y
fiscalización en el nuevo contrato del servicio.
Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido,
denunció este miércoles «la negación del bipartito de derechas de un
debate real y honesto sobre el modelo de gestión del servicio de
autobuses urbanos, mediante fórmula directa o concesional».
«Desde hace
meses, y sin esperar a ver que decían los informes municipales
pertinentes, se han reiterado declaraciones del concejal competente en la materia,
negando la posibilidad de este debate y de abrir al Ayuntamiento hacia
la gestión directa del servicio, tal y como pasa en muchas otras
ciudades de tamaño semejante o superior a la ciudad de Alicante».
Bellido también acusó de «oscurantismo al bipartito, que tenía un informe externo de finales del 2018
del que no teníamos noticia a pesar de las preguntas realizadas por
Compromís sobre ello».
«Debemos señalar que el valor de este informe,
después ratificado por un conjunto de informes municipales, hay que
ponerlo en suspenso ya que entre sus principales conclusiones hace
referencia a una situación jurídica y económica del Ayuntamiento que ya
no existe», en referencia al plan de ajuste.
«Se ha pagado inexplicablemente por un informe que ya estaba obsoleto en sus conclusiones en el momento de su remisión al Ayuntamiento».
