MADRID.- El Gobierno ha publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) una orden ministerial que desarrolla la nueva ayuda del Plan
Estatal de Vivienda para el pago del alquiler de vivienda habitual a
arrendatarios vulnerables sobrevenidos por la epidemia de COVID-19, en la que se incluye un programa de ayudas directas a las víctimas de violencia de género,
personas objeto de desahucio, sin hogar y especialmente vulnerables
para facilitarles una "solución habitacional inmediata" mediante una
ayuda económica.
En el texto, en el que se explica que la ayuda podrá ser de 600 euros al mes
o de hasta 900 en algunos casos, se establece que los Gobiernos
autonómicos "pondrán a disposición de la persona beneficiaria una
vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a
una administración pública aunque mantenga la titularidad privada" que tenga las condiciones adecuadas,
"para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en
cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho".
Sin embargo, PP y Vox han criticado que, acto seguido, la orden señale que "cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada,
de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación
residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias,
en los mismos regímenes".
Aunque el secretario general de Vivienda, David Lucas,
ha negado que esa orden faculte expropiaciones de
viviendas privadas o ampare ‘okupaciones’ u otras prácticas ilegales, PP
y Vox lo han dejado caer.
"El exprópiese ha llegado a España", ha escrito en Twitter el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Ignacio Echániz, emplazando a actuar al Tribunal Constitucional. El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch
había afirmado antes en la misma red que el Gobierno ha "colado en
Semana Santa" una abolición de "la propiedad privada de la vivienda".
Ante esto, Lucas ha recalcado que "el texto habla claramente de regímenes admitidos en derecho".
"No se está habilitando la 'okupación', no estamos permitiendo nada ilegal,
solo se faculta a las comunidades autónomas para que con esa ayuda se
pague una vivienda", ha remarcado. "En ningún caso se está amparando
ningún tipo de ilegalidad, el texto es perfectamente legal y
constitucional", ha insistido el Secretario General de Vivienda.
El Gobierno autoriza a las comunidades autónomas para que puedan obligar a
los propietarios a dar "una solución habitacional inmediata a las
personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de
desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras
personas especialmente vulnerables".
El BOE recoge en su apartado 3 el asunto central de esta nueva orden
ministerial. En primer lugar, apunta a que la obligación de que las
comunidades autónomas pongan a disposición de este colectivo una
vivienda de titularidad pública.
Pero, ¿qué pasa si no las hay? El
Ministerio de José Luis Ábalos asegura literal: "Cuando no se disponga
de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda
adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o
dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas
beneficiarias, en los mismos regímenes".
La normativa es una muestra a las claras de la forma de redactar las
normativas que viene desarrollando el Gobierno, según diversas fuentes
judiciales con sultadas, ya que se trata de una orden
ministerial, que no tiene rango de ley y, además, no tiene ninguna norma
de ese nivel sobre la que apoyarse.
Ayer cundió la alarma entre los especialistas en Derecho Civil y
Constitucional, que entendieron que bajo esta redacción se esconde una
voluntad clara de disponer de la vivienda privada, tal y como ya se ha
intentado en varias propuestas parlamentarias a nivel estatal y de las
comunidades autónomas. Así, lo manifestaron diversos socios de bufetes
de abogados especializados en estos temas.
Fuentes
del propio Ministerio de Transportes reconocieron que a pesar de lo que
dice el texto, esa no era la voluntad con la que se redactó. No
obstante, recocieron la torpeza de la redacción, máxime tras las
declaraciones del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias,
comentando que el artículo 128 de la Constitución permite al Gobierno disponer de la riqueza que hay en España cuando sea por el interés general.
Justamente, después de las filtraciones gubernamentales, de que
Iglesias quería en el primer Consejo de Ministros de la crisis proceder a
nacionalizar algunos sectores como la banca y los medios de
comunicación para resolver la crisis.
El secretario general de Vivienda, David Lucas, ha negado que la
orden para modificar el Plan Estatal 2018-2021 que se ha publicado este
sábado en el BOE faculte expropiaciones de viviendas privadas o ampare
'okupaciones' u otras prácticas ilegales, tal como han denunciado PP y
Vox.
"No se faculta la expropiación, se permite que la ayuda del plan se
pueda destinar a pagar una vivienda dentro de cualquier régimen admitido
en derecho", ha explicado Lucas.
El propio Ministerio publicó en su Twiter que el "Programa de ayudas a
las víctimas de violencia de género y personas desahuciadas NO PERMITE
LA EXPROPIACIÓN de viviendas vacías ni segundas residencias". (Las
mayúsculas son del propio Mitma, en su tarea de imtentar aclarar la
normativa, que permitía la incautación de viviendas, según su redacción
publicada en el BOE).
También en Twitter, el Mitma explicaba que " es decir, habilitados a
las #CCAA a que, en esas circunstancias urgentes de extrema
vulnerabilidad determinadas por los servicios sociales, pueda recurrir,
por ej., al alquilar una vivienda u ofrecer una habitación en un hotel y
poder pagarlo con las ayudas del Plan Estatal".
La orden ministerial, que desarrolla en el Plan Estatal de Vivienda
la nueva ayuda para el pago del alquiler de vivienda habitual a
arrendatarios vulnerables sobrevenidos por la epidemia de Covid-19,
incluye un programa de ayudas directas a las víctimas de violencia de
género, personas objeto de desahucio, sin hogar y especialmente
vulnerables para facilitarles una "solución habitacional inmediata"
mediante una ayuda económica.
Esa subvención podrá ser de hasta 600 euros al mes y hasta el 100% de
la renta o precio de ocupación del inmueble establecido, y en algunos
casos de hasta 900 euros, más otros 200 para gastos de mantenimiento.
No es lo que dice la normativa, aunque solo se trate de una orden
ministerial sin capacidad de ser puesta en marcha como expropiación.
"que se atenga a las cinsecuencias el que trate de incautar una vivienda
privada con esta orden y, máxime, sin indemnizar debidamente al titular
del inmueble", han asegurado las diversas fuentes jurídicas
consultadas.
Esta
normativa no ha sido pasada por alto en los partidos políticos. "El
exprópiese ha llegado a España", ha escrito en Twitter el portavoz
adjunto del PP en el Congreso, José Ignacio Echániz, emplazando a actuar
al Tribunal Constitucional.
El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch
había afirmado antes en la misma red que el Gobierno ha "colado en
Semana Santa" una abolición de "la propiedad privada de la vivienda".
"Similar
a medidas de Chávez que desataron una oleada de ocupaciones protegidas y
sancionadas para la voladura del derecho de propiedad", ha dicho
Tertsch.
El eurodiputado ha reconocido que estaba recibiendo multitud de
mensajes diciéndole que su interpretación era errónea, "que no es así,
que no dice nada de que sea obligatorio y que se supone que serán
viviendas privadas que sus dueños ponen a disposición se supone de un
precio que paga la administración".
Sin embargo, Tertsch cree que todo ello es "suponer demasiado" e
insiste en que se "están borrando los derechos de la propiedad privada a
la hora de disponer los poderes públicos de viviendas ajenas" y que por
eso se hace "en Semana Santa".
