MADRID.- Después de que cuatro tribunales superiores
fallasen en contra del uso del pasaporte covid para el acceso a bares,
gimnasios y otro tipo de espacios, el Tribunal Supremo terminó de dar la
puntilla a la propuesta. Si no cambia la legislación o se aprueba alguna
medida excepcional, España, a diferencia de otros países europeos como Francia o Italia, no podrá decretar el uso generalizado del certificado de vacunación.
Las comunidades, por tanto, se quedan así sin una herramienta, según sus defensores,
garantizar la actividad económica. El alto tribunal, al hilo de un
recurso de casación presentado por la Junta de Andalucía, ha resuelto
que esta restricción, al igual que los toques de queda, debe guiarse por
los principios de proporcionalidad, una máxima que no se había cumplido
en el caso examinado por los magistrados, según recoge la sentencia, que sienta jurisprudencia, según recoge El Confidencial.
La Sala de Vacaciones del Supremo —al igual que la Fiscalía y que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el primero en denegar a la Junta la posibilidad
de hacer uso del pasaporte para el acceso a los locales de ocio
nocturno— rechaza que una medida así pueda aplicarse al conjunto de la
autonomía sin tener en cuenta la situación epidemiológica de cada
municipio y sin acotar un plazo temporal para su uso, no valen los "criterios estandarizados",
remarca el fallo. Y viene a decir lo mismo que con los toques de queda:
al limitarse derechos fundamentales, no se puede generalizar la
implantación de la restricción.
Así, las comunidades, a no ser que pidan la aprobación de la medida para casos muy concretos, ven ahora cómo se les cierra la puerta de una restricción que ya habían empezado a aplicar varias regiones, como Galicia, Canarias y Cantabria, si bien, tras las sucesivas resoluciones judiciales en contra,
a día de hoy solo la mantiene activa Baleares. En las islas, el
certificado covid es necesario para el acceso a grandes eventos y para
que los familiares puedan visitar a los mayores internos en una
residencia.
Y el fallo del Supremo intensificará el frente abierto entre las comunidades y el Gobierno
central. Muchas regiones, entre ellas Murcia, Madrid, Castilla-La
Mancha o la propia Andalucía, habían reclamado al Ejecutivo que fijase
un criterio común y proporcionase un paraguas jurídico para el uso del
certificado más allá de los viajes. Una exigencia que la primera, sin ir
más lejos, volvía a poner ayer encima de la mesa en el marco del
Consejo Interterritorial de Sanidad.
“Pedimos que el ministerio estudie el marco legal del certificado digital
para que pueda ser utilizado en determinadas actividades en las que se
concentra un mayor riesgo de contagio, como los actos multitudinarios,
ya sean deportivos, culturales o sociales, o en el ocio nocturno”,
explicaron desde la consejería.
Pero hasta ahora, y no
parece que vaya a cambiar de parecer de forma inminente, el Ejecutivo no
ha querido meter mano al asunto. Incluso, los mensajes han sido
contradictorios y erróneos, visto cómo se han desarrollado los
acontecimientos.
Si el pasado julio la ministra de Sanidad, Carolina
Darias, dejaba en manos de cada autonomía la aplicación de la restricción,
al asegurar que en el marco de sus competencias tenían plena potestad
para implantarla, la portavoz, Isabel Rodríguez, posponía su posible
puesta en marcha para el conjunto del país al momento en que todos los
ciudadanos hubiesen tenido la oportunidad de vacunarse. Ahora, ni uno ni otro escenario son factibles.
Se vuelve a repetir la dinámica que ha impregnado la gestión de la
pandemia desde que el pasado de mayo decayese el segundo estado de
alarma. De un lado, las comunidades pidiendo amparo al Gobierno central
para tener una herramienta legal —volvió a insistir ayer en esta idea en
el seno de la Interterritorial la consejera de Castilla y León, según
fuentes de la comunidad—, y del otro, un Ejecutivo que no ha querido desarrollar ningún marco concreto, justificándose en que las autonomías ya tienen las medidas suficientes para la prevención y control de contagios.
Una ‘rara avis’ en Europa
Más allá del nuevo enfrentamiento entre comunidades y Gobierno por la falta de medidas para la gestión de la pandemia, la sentencia del Supremo
viene a convertir España en un caso excepcional dentro de la UE. La
gran mayoría de países ya han aprobado diferentes usos para el pasaporte
covid más allá de coger un avión y viajar.
Primero fue Grecia
y luego se unieron Francia e Italia, además de Portugal, Austria o
Dinamarca. Con el fallo judicial en la mano, y a no ser que se
desarrolle un nuevo marco normativo, España no podrá aprobar un uso
generalizado del certificado para el acceso a bares, restaurantes,
piscinas, trenes o autobuses, como ya hacen otros socios europeos.
