jueves, 25 de abril de 2024

Revelación gradual / Guillermo Herrera *


Las Fuerzas de la Luz han comunicado que necesitan liberar información gradualmente poco a poco, no de golpe, con el fin de evitar una disonancia cognitiva. Sólo se hará tan rápido como se pueda integrar de modo seguro sin provocar demasiadas anomalías, que luego no se podrían procesar lo suficientemente rápido y causarían problemas, según revela Cobra en un nuevo informe actualizado. El ying y el yang dentro del taoísmo también representa cambios graduales.

Nuestro planeta sigue siendo el principal bastión de la oscuridad en el multiverso y el principal problema por resolver. Las Fuerzas de la Luz están eliminando la red oscura de la Atlántida según el plan. Están implicados en operaciones muy delicadas y arriesgadas entre bastidores, y no se puede decir nada más al respecto en este momento. Se podrá publicar información más concreta sobre la situación planetaria en unas semanas después de que se resuelvan ciertas situaciones.

Mientras tanto, cualquiera puede apuntarse a un taller de Cobra sobre la Nueva Atlántida en Bogotá, Colombia. Allí revelará por primera vez el verdadero significado de las tablillas de esmeralda y el uso de las esmeraldas como portales a Agartha.

https://2012portal.blogspot.com/

Según Cobra, todos los demás universos se han integrado en éste. La presencia de oscuridad en esos otros Universos es mínima y mucho menor que la que existe actualmente en este planeta. El principal planeta reptil, bastión en el más problemático de los demás universos, fue liberado recientemente en batallas muy duras con muchas bajas en ambos bandos. Se espera que desaparezca pronto toda la oscuridad restante en esos universos.

Ninguna de las entidades oscuras presentes en otros universos puede viajar más a este universo. Los únicos seres que viajan desde otros universos son las Fuerzas de la Luz trayendo refuerzos para la liberación final. Todavía existen agujeros de gusano cuánticos negativos entre este universo y en otros universos, pero serán eliminados en breve.

GRADIENTE

La divulgación progresiva es una técnica que utilizan los diseñadores para reducir la carga cognitiva al revelar gradualmente información o características más complejas a medida que el usuario avanza a través de la interfaz de un producto digital. La divulgación progresiva es una de las formas de reducir la complejidad y puede resultar útil cuando los diseñadores quieran hacer que los productos sean menos abrumadores para el usuario final.

https://www.uxpin.com/studio/blog/what-is-progressive-disclosure/

Gradual significa que todo va a pasos paulatinos de un modo progresivo, escalonado, sucesivo, continuo y regular, no brusco ni repentino, aunque se podría llegar a ello cuando explotara la olla a presión. En física, un gradiente es la variación del valor de una magnitud entre dos puntos próximos y la distancia que los separa. Un gradiente implica que apenas varía de un punto a otro.

En ciencias naturales el gradualismo se opone al catastrofismo, y sostiene que los cambios profundos son el resultado del producto acumulado de procesos lentos pero continuos. En política, el gradualismo postula que el cambio social se puede lograr mediante mejoras pequeñas y discretas, más que a través de movimientos bruscos como las revoluciones o las revueltas.

Un gradiente es la secuencia de pasos que hay entre el cero y el infinito en cualquier escala. Cuando uno salta algún paso necesario para llegar o alcanzar algo, decimos que es un cambio de gradiente. Esto suele provocar una caída o hundimiento del grado anterior como vemos ahora.

Por ejemplo, si un ser espiritual se ha degradado tanto hasta ser un cuerpo sin conciencia de estar materializado, y tú te diriges a él como un espíritu, esto estaría fuera de gradiente porque él se degradó demasiado y necesita pasar por unas cuantas etapas antes de concebir lo que es realmente.

Esto implica que la persona que se salta un gradiente debe retroceder y aclarar las cosas de modo cómodo y adecuado. Cuando alguien trata de asumir un conocimiento en un nivel inadecuado para su evolución, esta persona tendrá pérdidas en tal materia desde ese momento en adelante.

Esto implica también que el mismo conocimiento que te libera también te puede encadenar si no estás preparado para recibirlo. Esto lo vemos en el mito de Adán y Eva. Eran seres demasiado inocentes para comprender la ciencia del bien y del mal, y este conocimiento prematuro fue la causa de su degradación. Cada cognición debe llegar en el momento adecuado para favorecer tu evolución en lugar de perjudicarla.

FALSO VACÍO

Según Cobra, un enorme portal de ascensión ha comenzado a hacer sentir su presencia en otros universos. Ese sería el comienzo del proceso de transición del falso vacío al verdadero vacío. Un falso vacío existe con un mínimo local de energía y, por tanto, no es completamente estable, a diferencia de un vacío verdadero, que existe con un mínimo global y es estable. Puede durar mucho tiempo en este estado, pero al final podría decaer a un estado más estable, un evento conocido como desintegración del falso vacío.

Un vacío se define como un espacio que contiene la menor cantidad de energía posible. A pesar del nombre, el vacío todavía tiene campos cuánticos. Un verdadero vacío es estable porque tiene un mínimo de energía y se supone que coincide con el estado de vacío físico en el que vivimos. Por el contrario, es posible que un estado de vacío físico sea una configuración de campos cuánticos que representen un mínimo local pero no un mínimo de energía. Ese tipo de estado de vacío se denomina "falso vacío".

https://en.wikipedia.org/wiki/False_vacuum

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miércoles, 24 de abril de 2024

Un estudio alerta del descenso de la demanda de calzado y disminución de empresas a la mitad en ocho años en la Comunitat


ELCHE.- Un estudio realizado por profesores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha alertado del descenso de la demanda en el sector del calzado en la Comunitat Valenciana, que cayó un diez por ciento en 2023, así como de la bajada de un 47% en los últimos ocho años en el número de empresas del sector.

Así lo revela el informe, en el que han colaborado la Diputación de Alicante y la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal),que ha sido presentado este miércoles por el presidente de la corporación provincial, Toni Pérez, la presidenta de Avecal, Marián Cano, y los autores del proyecto, José Mª Gómez Gras, Antonio José Verdú, José Manuel de Haro y José Antonio Pérez Bastida, todos ellos docentes en la UMH, según ha indicado la institución en un comunicado.

El estudio, que está subvencionado por la Diputación de Alicante, busca conocer la situación actual del sector del calzado en la Comunitat Valenciana y proponer recomendaciones y acciones para mejorar su competitividad.

El objetivo de la investigación es estudiar cómo garantizar la competitividad y el crecimiento de este sector, tras los descensos en la demanda y en el número de empresas. Pese a estos datos, el calzado sigue ocupando la primera posición en el ranking de afiliados de la Comunitat Valenciana en el sector de la producción, concentrando hasta el 80% de la industria en la provincia de Alicante.

Entre los principales desafíos que plantea el informe se encuentra una mayor internacionalización del sector, la apuesta por la I+D+I, el aumento del tamaño de las empresas, la sosteniblidad empujados por los cambios legislativos, la retención y atracción de talento y una mayor colaboración público-privada.

La investigación llevada a cabo es de tipo descriptiva, exploratoria y prescriptiva y está basada en fuentes secundarias de documentación --como informes, estadísticas o artículos-- y fuentes primarias de información, mediante entrevistas y cuestionarios. La misma se estructura en tres grandes apartados: mercados y clientes; operaciones; y capital humano, analizando sus carencias y fortalezas, al tiempo que se ofrece en base a estas diferentes recomendaciones.

Respecto al apartado de mercado y clientes, el análisis pone de manifiesto que la Comunitat Valenciana es la región que más calzado exporta de España (42%), mientras que en el caso concreto de la provincia de Alicante el calzado representa el 17,2% de todas las exportaciones.

Otro de los datos destacables es que tres de cada diez euros facturados es por venta online, así como las tendencias hacia un calzado inclusivo y calzado saludable. Por todo ello, el estudio recomienda atraer y retener talento especialista en e-commerce, transformación digital, sostenibilidad e internacionalización.

Asimismo, se sugiere, en el marco del sistema de operaciones, el desarrollo de alianzas estratégicas para la supervivencia del sector, ante la "escasa dimensión" de la empresa promedio, puesto que el 76% de las empresas tienen menos de nueve empleados y una facturación de 185.000 euros, así como una mayor inversión en investigación. La atracción y retención de talento, la internacionalización y la sostenibilidad son otros desafíos clave.

Finalmente, en el apartado de capital humano se observa una "disminución significativa" en el número de empresas y empleados del sector, con una tendencia hacía empresas más pequeñas y autónomas y un crecimiento en el tamaño medio de las empresas restantes.

En cuanto al mercado laboral, el sector ocuparía el primer puesto en el ranking de afiliados de la Comunitat Valenciana en el ámbito de 'producción'. Realización de estudios de clima laboral, mejora de las condiciones de trabajo o un diagnóstico de perfiles profesionales son algunas de las propuestas de mejora sugeridas en el informe, según han avanzado los autores del estudio.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha resaltado que con esta investigación se permite profundizar en la situación de "una de las señas de identidad" del territorio valenciano, como es el sector del calzado, puesto que la Comunitat Valenciana es "la principal exportadora en España de este producto".

"Con sus conclusiones queda clara la relevancia de esta industria para la economía de la provincia de Alicante y su peso en el PIB nacional. El Calzado es tradición, talento, creatividad y contribuye a crear marca en aquellos municipios donde se concentra la producción", ha sostenido.

Asimismo, se ha comprometido a seguir trabajando para "afianzar la alianza público-privada" que les permita anticiparse y "seguir generando riqueza y manteniendo la potencia del sector del calzado en un mundo cada vez más competitivo".

Desde Avecal, su presidenta Marián Cano ha agradecido a la Diputación su apoyo y ha explicado que el objetivo de este trabajo ha sido "realizar un análisis estratégico del sector y detectar sus principales desafíos para establecer medidas que contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas, que atraviesan un momento crucial, con importantes retos como la sostenibilidad, la atracción de talento o la digitalización".

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La UPV propone medidas concretas para adaptar al cambio climático la gestión del agua en la Demarcación del Júcar


VALENCIA.- La Universitat Politècnica de València propone medidas concretas para adaptar al cambio climático la gestión del agua en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, en la que la reducción prevista de los recursos hídricos naturales debido al cambio climático de aquí a finales de siglo oscila entre el 20 y el 27 por ciento.

Entre otras medidas, el estudio propone aumentar el uso de agua reutilizada generada en la franja costera del 20% al 50%, es decir de 91 hectómetros cúbicos al año a 230; incrementar la eficiencia actual del riego del 54 al 80% y aumentar «ligeramente» la desalinización de agua del mar en algunos casos concretos, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Las cuencas con mayor estrés hídrico son «especialmente vulnerables» al cambio climático y lo serán más a medida que avance este fenómeno. Por ello, es necesario anticiparse a los impactos y tomar medidas preventivas «de adaptación para garantizar una gestión óptima de los recursos hídricos, fortaleciendo la resiliencia de estos sistemas frente a los desafíos climáticos emergentes».

Esta es la principal reflexión realizada por Clara Estrela-Segrelles y Miguel Ángel Pérez-Martín, investigadores de la UPV, pertenecientes al Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA), en colaboración con el profesor QJ Wang de la Universidad de Melbourne (University of Melbourne), en su estudio sobre el impacto del cambio climático en cuencas con alto estrés hídrico y que ha sido publicado en la revista científica 'Water'.

El artículo aborda de manera detallada la adaptación en la gestión de los recursos hídricos en cuencas fluviales que ya experimentan una alta escasez de agua, utilizando como caso de estudio la Demarcación Hidrográfica del Júcar, según la UPV.

«El área mediterránea es una de las regiones más vulnerables del mundo: los modelos de cambio climático prevén una reducción de los recursos hídricos naturales del 20% al 35% para finales de siglo, debido al aumento de las temperaturas y la disminución de la precipitación en torno al 10 y 20%», señalan los autores de la investigación.

Con el objetivo de abordar esta problemática, se proponen índices de escasez de agua como herramientas eficientes para analizar la sostenibilidad de los sistemas de recursos hídricos y definir medidas para adaptar su gestión al cambio climático.

En el caso de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, la reducción prevista de los recursos hídricos naturales actuales será entre el 20% y 27%. 

En este contexto, para adaptar la gestión del agua al cambio climático se presentan medidas concretas como «aumentar el uso de agua reutilizada generada en la franja costera del 20% al 50%, es decir de 91 hm3/año a 230 hm3/año, incrementar la eficiencia actual del riego del 54% al 80% y aumentar ligeramente la desalinización de agua del mar en algunos casos concretos», afirma Clara Estrela-Segrelles, investigadora principal del artículo.

Además, también se propone desarrollar completamente las interconexiones actuales entre los sistemas de recursos hídricos e implementar las energías renovables, mediante un enfoque innovador y sostenible, que permita utilizar energía suministrada por sistemas fotovoltaicos para movilizar los recursos desde la zona de generación hasta la zona de consumo, según explica el profesor Miguel Ángel Pérez Martín.

Esta investigación subraya la necesidad de apostar por una gestión «integrada y proactiva» de los recursos hídricos, así como implementar «enfoques colaborativos y multidisciplinares» para abordar los impactos del cambio climático en las cuencas hidrográficas.

«Con el desarrollo adecuado de las medidas propuestas, se espera que las cuencas altamente estresadas puedan adaptarse de manera efectiva a los desafíos climáticos emergentes y garantizar la disponibilidad sostenible de agua para las generaciones futuras», concluyen los autores de la investigación.

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La UCO sitúa a Zaplana en el centro del entramado del caso Erial: "Era el que tomaba las decisiones"


VALENCIA.- Tres agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han situado al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana en centro del entramado del conocido como caso Erial: «Era el que tomaba las decisiones» aunque «no aparecía de forma directa».

Así se han ratificado estos agentes en su declaración, en calidad de peritos, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra Zaplana y otras 14 personas más por el caso Erial, procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana. El fraude está cuantificado en más de 20 millones de euros.

Los agentes se encargaron de desarrollar la investigación y de elaborar el informe definitivo del caso. Han ido desgranando ante el tribunal la creación de sociedades y los procedimientos utilizados por los acusados para pagar las comisiones ilegales a raíz de las adjudicaciones públicas. Y han situado a Zaplana en el centro de los hechos.

En concreto, relacionan a Zaplana con tres sociedades para disponer del dinero de las comisiones: Costera del Glorio, Medlevante y Gesdesarrollo. Respecto a la primera sociedad, se percataron de una aparente disposición de fondos y bienes por parte del 'expresident'; y sobre las otras dos sociedades observaron cómo éste tomaba las decisiones.

Al respecto, el tribunal ha pedido a los agentes que concreten la manera en que Zaplana tomaba esas decisiones, y uno de los peritos ha explicado que sobre Medlevante, fue el 'expresident' quien se opuso a la apertura de una cuenta bancaria; mientras que en el caso de Gesdesarrollo ha indicado que ante una oferta para comprar una parcela en Vilajoiosa, Joaquín Barceló --al frente de la misma y testaferro de Zaplana-- dijo al comprador que no le podía responder en ese momento.

Los agentes observan cómo Barceló comunicó que la aceptación de la operación la tenía que llevar a cabo «otro socio», aunque no nombró a Zaplana. Sin embargo, le siguieron y vieron cómo se desplazó ese mismo día hasta el Hospital La Fe, donde estaba el 'expresident' y, tras ello, Barceló realizó una llamada por la que aceptó la oferta. «La palabra que dijo fue 'conforme'», ha recordado un agente.

Además, los peritos han descrito cómo Zaplana mantuvo reuniones «clave» en los periodos en los que tenían lugar las adjudicaciones públicas de las ITV. En concreto, se han referido a encuentros entre el 'expresident' y el fallecido Juan Cotino, exdirector de la Policía y miembro del grupo Sedesa, adjudicatario de las ITV.

«Juan Cotino jugó un papel fundamental también en el entramado», han dicho, para agregar que fue la persona que viajó a Luxemburgo para entregar dinero en efectivo, más de 600.000 euros, con los que se constituyó Imison --empresa a través de la cual se vertebra la estructura societaria-- y, posteriormente, Fénix.

Tras este viaje hubo una reunión entre Zaplana y Cotino, han descrito los agentes en base a la agenda intervenida al 'expresident'. Posteriormente hubo otro encuentro entre ambos cuando se produjo la apertura de propuestas en la mesa de contratación y otra al día siguiente de las adjudicaciones.

 «Las reuniones de Zaplana en cada momento temporal de la investigación se encuentran vinculadas a la persona que en ese momento es el actor principal, en este caso Juan Cotino».

Posteriormente los agentes se han remitido a un segundo periodo en la etapa del 'expresident' en el que mantuvo varias reuniones con el exonseller Fernando Castelló por la adjudicación del Plan Eólico. «En 2002 se reunieron», han afirmado.

Precisamente como consecuencia de la adjudicación del Plan Eólico, los agentes se han referido a una petición que hizo Zaplana para que  su exasesor fiscal, solicitara 50 millones de pesetas a una empresa. «La contrapartida que iba a recibir ésta era una participación en el Plan Eólico a través de una mercantil que no había sido todavía adjudicataria», han dicho.

Zaplana y García hablaron también, según los agentes, en que tenían que articular la participación de la empresa a través de Castelló, responsable del Plan Eólico. «Tenían que presionar a Castelló para que permitiera la entrada de la empresa y eso finalmente se llevó a cabo o, al menos, se iniciaron los trámites», han descrito.

En este entramado del Plan Eólico también se han referido los agentes a José Luis Olivas, participante por ser posteriormente presidente de la Generalitat --Zaplana ya había sido nombrado ministro en Madrid--. 

«En el caso de las ITV, la dinámica era que cuando se vendía la sociedad adjudicataria, las plusvalías se usaban para el pago de las comisiones. En el Plan Eólico pasó lo mismo, se vendió la sociedad y parte de los fondos se destinaron a una empresa de Olivas», han señalado.

Los agentes han expuesto que Imison y Fénix fueron el origen de las sociedades a los que se transfirieron un total de 11,2 millones de euros provenientes de la actividad de adjudicaciones de las ITV y de los Planes Eólicos.

En ambas sociedades existían una serie de «similitudes»: se constituyeron el mismo día, en 2001; las dos se constituyeron en base a la compra de un campo de golf en España; y se originaron con la aportación de dinero en efectivo aportado por Juan Cotino.

Con el tiempo, a partir del año 2005, se produjeron una serie de compraventa de participaciones de otras sociedades --como Costera del Glorio o Medlevante-- «que se abordaron en Sedesa» para retornar el dinero a España.

 «Desde un inicio la pretensión era retornar el dinero para hacer otras inversiones», han descrito los agentes.

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Vox pedirá en el pleno de Elda que se retire del ayuntamiento la vara de mando "de Azaña"


ELDA.- Vox ha anunciado que solicitará en el próximo pleno del ayuntamiento de Elda que se retire del edificio consistorial "toda alusión" al periodo de la II República española, entre ellos la vara de mando de Manuel Azaña que desde hace seis años se exhibe en el vestíbulo del edificio consistorial para recordar que la ciudad fue la última sede del gobierno republicano.

En la primavera de 1939, al final de la Guerra Civil, Elda fue última sede del gobierno republicano con Juan Negrín de presidente antes de que éste y otras figuras como Dolores Ibarruri 'La Pasionaria' y Rafael Alberti partieran al exilio a bordo de cuatro avionetas desde un aeródromo de los alrededores.

Desde 2018 el ayuntamiento de Elda, cuyo alcalde es el socialista Rubén Alfaro, exhibe tanto la vara de mando del que fuera presidente de la República entre 1936 y 1939 como la una pluma estilográfica también de Azaña, que data de 1932.

La portavoz del grupo municipal de Vox, Francisca Vicente, ha presentado este miércoles una proposición de dos puntos para el pleno ordinario de la corporación del próximo viernes, 26 de abril, donde plantea que "el edificio del ayuntamiento quede libre de toda alusión a la época de la República", así como que éste se "mantenga neutro y se lleven sus símbolos a los museos, que es donde deben estar".

Del mismo modo en la iniciativa, a la que ha tenido acceso Efe, solicita "eliminar las alusiones que ensalcen a la época republicana de todas las publicaciones del ayuntamiento" ya que Vox encuentra "continuamente en las comunicaciones y actos del ayuntamiento alusiones históricas ensalzando una época no menos triste que la que sigue, la República".

Como ejemplo, la moción de Vox incluye la "vara de mando de Hazaña (sic) en la puerta del ayuntamiento de todos", carteles municipales "explicando y ensalzando su figura histórica" y también una placa "ensalzando la Elda Republicana en la fachada del ayuntamiento".

Para el grupo municipal del partido de Santiago Abascal, se alimenta "el revanchismo" y se olvidan a algunas víctimas "ejecutadas incluso de forma preventiva como los cinco guardias civiles cuyas familias no son arropadas de la misma manera y son parte de la historia de la ciudad también".

Se trata de "eldenses que dejaron viudas e hijos, incluso uno de ellos para quien lo sepa (es) suegro de Miguel Hernández", según la moción de Vox, que también pide eliminar la ruta turística "las voces de la República", el folleto relativo a este tema en la web de Turismo de la ciudad y el fomento en las redes sociales de vídeos de la época republicana.

La emblemática vara de mando de Azaña fue cedida al término de la Guerra Civil por la viuda del presidente, María Dolores de Rivas Cherif -exiliada en México desde 1941-, a la Liga Española Pro-Derechos Humanos que, a su vez tiempo después, la dio temporalmente al presidente de la República de Portugal Jorge Sampaio para su custodia mientras que estuviera al frente de su país (1996-2006).

Al término de su mandato, Sampaio la devolvió a la Liga Pro-Derechos Humanos, cuyo presidente, José Francisco Alonso, determinó que fuera Elda el destino final indefinido por haber sido escenario del final de la República en territorio español.

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Compromís de l’Alacantí exige la liberación de la AP-7 en el tramo entre Monforte y El Campello


ALICANTE.- Compromís en las comarcas de l’Alacantí ha anunciado que presentará mociones en todos los plenos de los ayuntamientos de la comarca para exigir la liberación del tramo que queda de pago de la AP-7, entre Monforte del Cid y El Campello.

Así lo han avanzado este martes en rueda de prensa la portavoz adjunta del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Sara Llobell; la portavoz del grupo municipal de El Campello, Adriana Paredes; la portavoz de Compromís Mutxamel, Conxi Martínez; la portavoz del grupo municipal de Sant Vicent del Raspeig, Maribel Morera; el portavoz en Sant Joan d’Alacant, Joan Ramón Gomis; y la portavoz adjunta de Compromís Xixona, Maria Josep Mateo, según ha indicado la coalición en un comunicado.

En concreto, los grupos municipales de Compromís en El Campello, Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Mutxamel y Xixona presentarán mociones en los respectivos plenos para «poner fin a esta anomalía», después de que el grupo municipal de Alicante presentara esta moción el mes pasado y que saliera aprobada por unanimidad por la corporación municipal de la capital.

Llobell ha afirmado que en la capital alicantina «PP y Vox han votado a favor de esta iniciativa», por lo que esperan que «lo mismo ocurra con el resto de poblaciones de la comarca que se ven afectadas por esta anomalía».

«Es preocupante que el ministro de Transporte, Óscar Puentes, haya abierto de nuevo este debate de si debe pagar o no por las autopistas y queremos eliminar esta discriminación de un único tramo de la AP7 donde todavía se paga por circular», ha sostenido.

Por su parte, Adriana Paredes ha explicado que su grupo defenderá esta iniciativa en el pleno de este jueves y ha lamentado que el PP les haya avanzado ya en comisión que votará que no. 

«Se trata de una iniciativa que mejoraría la vida de las familias, de sus bolsillos y entendemos que esta autopista está suficientemente amortizada, por tanto, esperamos que cambien de opinión y apoyen la moción que presentamos», ha sostenido la representante en El Campello.

Conxi Martínez ha apuntado que confía en que sea aprobada por unanimidad esta iniciativa y ha expresado que «no se entiende por qué únicamente este tramo es de pago», al tiempo que ha afirmado que, con esta medida, «acabarían los embudos en el túnel de Sant Joan d’Alacant».

En la misma línea, Maribel Morera ha considerado que esta iniciativa «mejoraría la movilidad, seguridad y dinamización de la comarca y favorecería los intereses de todo l’Alacantí». 

«Necesitamos una alternativa real a las retenciones actuales en horas puntas en la entrada y salida del municipio, para favorecer el acceso a la Universidad de Alicante y sin olvidar el impacto positivo en la economía de las familias», ha subrayado.

Joan Ramón Gomis, por su lado, ha afirmado que «los embudos y accidentes son frecuentes en este tramo, pero también en la autovía dirección Madrid».

 «Es necesario hacer más fácil la movilidad en la AP-7 y para la nuestra comarca es importantísimo por las conexiones que tenemos en las comarcas vecinas del Vinalopó y su economía y sinergias. Es una medida muy importante para las familias, para la movilidad y la economía de nuestras comarcas», ha recalcado.

Por último, Maria Josep Mateo ha señalado que el municipio de Xixona es eminentemente industrial y «no tiene transporte público de calidad que conecte con el resto de la comarca», al tiempo que ha lamentado que actualmente se tarde una hora en llegar de la localidad hasta Alicante.

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El TSJCV reconoce la licencia ambiental de una empresa para instalar depósitos de combustible en el Puerto


VALENCIA/ALICANTE.- La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha reconocido a una empresa, XC BUSINES 90 S.L., la obtención, por silencio administrativo positivo, de la licencia ambiental que solicitó en febrero de 2013 para instalar un centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en el Puerto de Alicante.

La sentencia, notificada este miércoles a las partes, estima el recurso interpuesto por la mercantil y revoca una sentencia anterior de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, fechada en febrero de 2022, según ha indicado el alto tribunal valenciano en un comunicado.

En su resolución, el TSJCV señala que el Ayuntamiento de Alicante, demandado en este recurso, "lleva solicitando informes y subsanaciones" a los solicitantes desde el año 2013, pese a que el artículo 49 de la Ley 2/2006 o el artículo 54 de la Ley valenciana 2/2014 "establece un procedimiento simple de subsanación que no permite a la Administración seguir un procedimiento durante años solicitando sucesivamente documentación".

En este sentido, los magistrados apuntan que el proyecto de la empresa "cumple con la normativa vigente" y la licencia se ha adquirido por silencio administrativo positivo. A partir de los propios informes elaborados por los técnicos del consistorio alicantino, la Sala concluye que "no hay ningún obstáculo" para la obtención de ese silencio administrativo positivo respecto a la licencia de actividad.

Tampoco aprecia el Tribunal ningún obstáculo urbanístico, pues el propio Ayuntamiento, concretamente su Departamento de Inspección y Control Técnico, consideró apto el emplazamiento de la actividad en un informe de 2014, y en otro de 2015 resolvió que el proyecto se ajustaba a la normativa prevista para la zona.

Por último, la Sala no encuentra tampoco ningún obstáculo desde el prisma del dominio público portuario, tal y como se desprende de un informe emitido por la Autoridad Portuaria en noviembre de 2018.

La sentencia hecha pública este miércoles no es firme, pues contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior.

La instalación de los macrodepósitos en el Puerto de Alicante ha generado la oposición de todos los grupos políticos del Ayuntamiento. 

De hecho, en el Pleno de consistorio del mes de febrero, todas las formaciones de la corporación municipal aprobaron una declaración institucional para instar a la Generalitat y al Gobierno de España a mostrar su rechazo a la instalación de macrodepósitos de combustible en el Puerto y a buscar los mecanismos legales para impedir su instalación.

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El Equipo de gobierno municipal y grupos de izquierdas, en contra de instalar depósitos en el Puerto de Alicante tras sentencia de TSJCV

 ALICANTE.- El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante --formado por el PP-- y los grupos de la oposición de izquierdas PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podem (EU-Podem) han lamentado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de reconocer a una empresa la obtención, por silencio administrativo positivo, de la licencia ambiental que solicitó en febrero de 2013 para instalar un centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en el Puerto de Alicante.

Todos ellos se han mostrado contrarios a esta decisión, tras la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV tras un recurso de la empresa XC BUSINES 90 S.L., que revoca una sentencia anterior de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, fechada en febrero de 2022.

En concreto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha sostenido que se trata de "una mala noticia para Alicante" y ha aseverado que el equipo de gobierno local "ha defendido siempre, en todas las instancias y ante los tribunales, la no concesión de esa licencia".

Asimismo, ha apuntado que ahora estudiarán la sentencia, que no es firme --cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV--, así como "las diferentes alternativas que se plantean en este momento, las actuaciones y decisiones a tomar".

"Lo vamos a hacer pensando siempre en lo mejor para Alicante y los alicantinos. Es en este momento cuando se debe actuar con la mayor responsabilidad y obrando siempre en defensa de los intereses de Alicante", ha aseverado el primer edil.

Por su parte, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha recalcado que su grupo trasladó al alcalde que "no debía de esperar a la sentencia para sentarse a alcanzar un acuerdo con la empresa", así como que pidiera al 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que "actuara y no se pusiera de perfil".

"Ni uno ni otro han movido ficha. Con esta sentencia, que da la razón a la empresa, se cierra la puerta al posible acuerdo que las partes hubieran podido alcanzar, como ya lo hizo en su día Ángel Luna para desplazar los macrodepósitos a otra zona de la ciudad", ha subrayado.

En este sentido, Barceló ha señalado que han "perdido una oportunidad para lograr acuerdos por la pasividad de Mazón, que dice defender a esta ciudad y que ha sido concejal del Ayuntamiento, y la pasividad del propio alcalde".

"Barcala fue beligerante contra el Gobierno de Ximo Puig, mientras que ahora, sin embargo, ha guardado silencio ante la Generalitat Valenciana y ante la Autoridad Portuaria, autoridad que debe responder ante quien le ha puesto en el cargo, que no es otro que Mazón", ha censurado.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha pedido que este jueves, antes de iniciarse el Pleno ordinario del mes de abril, se convoque una reunión urgente de los portavoces municipales para "aprobar, nuevamente, la posición contraria del Ayuntamiento a los macrodepósitos".

Igualmente, ha instado a Barcala a que se coordine con la Generalitat y Puertos del Estado y "paralice esta actividad peligrosa e incompatible con la actividad del Puerto, la vida de los alicantinos y el recién aprobado proyecto de Palacio de Congresos".

"Vamos a seguir trabajando desde Compromís, con todas las administraciones, para parar esta instalación que hipotecaría el futuro de la ciudad. La solución es que el Ayuntamiento inste a la Generalitat a que se cumpla la distancia de seguridad de 1.000 metros, todavía vigente en la Ley de Calidad Ambiental, que impulsó Compromís en el gobierno del Botànic", ha reclamado.

Desde EU-Podem, su portavoz Manolo Copé ha acusado a Barcala y Mazón de estar "de brazos cruzados" y al PP de tener "la responsabilidad política" de llegar a la situación actual. "Estos macrodepósitos son un proyecto que no convence ni a la sociedad de la ciudad, ni a sus instituciones ni a ninguno de los grupos políticos que formamos parte de este ayuntamiento", ha recalcado.

Además, ha recordado que para el pleno de este jueves su grupo ha presentado una declaración que pretendía que el Ayuntamiento "instara a la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), quien otorgó la concesión, a la revocación de la modificación de la concesión a la empresa XC BUSINESS 90 para la construcción de los macrodepósitos".

"Los estudios de impacto ambiental y los análisis de riesgos deben llevarse a cabo con meticulosidad y deben realizarse. Hay que lograr ya un gran acuerdo como el que se firmó el 6 de marzo de 1995 entre el Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Industria y Energía, la Autoridad Portuaria de Alicante y buscar la vía legal de parar esta propuesta aberrante", ha urgido Copé, al tiempo que ha ironizado con que si se lleva a cabo el proyecto de depósitos "estará a mil metros de su nuevo flamante palacio de congresos".

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El Ayuntamiento de Alicante dice haber ejecutado el 72% del presupuesto en 2023

 ALICANTE.- El Ayuntamiento de Alicante dice haber cerrado el ejercicio presupuestario de 2023 con un gasto reconocido neto de 326.750.901,94 euros, que es "el dato más alto de la historia" del consistorio, un 19,54 por ciento mayor al de 2022. Las cuentas prorrogadas alcanzaron un porcentaje de ejecución del 72,12% y se cerraron con un superávit de 51 millones y un remanente de tesorería de 133 millones de euros.

El consistorio ha indicado en un comunicado que este nivel de gasto alcanzado en solo un año es "el mayor de la historia municipal" y ha apuntado que representa un 94,6% sobre los ingresos obtenidos procedentes tanto de las tasas y tributos municipales, como de programas de gasto cofinanciados por otras administraciones --como las inversiones EDUSI, los programas de IDAE, Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana o las inversiones ejecutadas bajo los Programas de Recuperación, Transformación y Resiliencia-PRTR de la Comunidad Europea--.

El concejal de Economía y Hacienda, Toni Gallego, ha señalado que de la liquidación del presupuesto de 2023 --de la que se dará cuenta este jueves en el Pleno-- "se desprende el alto grado de ejecución, el mayor de la historia del gasto municipal en la ciudad". Además, ha destacado "la favorable evolución de las cuentas del consistorio, cerrando el ejercicio con un superávit de 51 millones de euros".

"También podemos ver la buena salud de que gozan las cuentas municipales, que disponen de un remanente de tesorería, que es el principal indicador de la capacidad financiera municipal, de casi 134 millones de euros, con una deuda muy contenida y dirigida a inversiones tipo 'palanca', que permiten continuar con el proceso de modernización y transformación urbana", ha sostenido.

Asimismo, ha manifestado que la ciudad afrontó 2023 con los presupuestos prorrogados de 2022, lo que considera que "ha requerido un esfuerzo adicional en la gestión presupuestaria, más aún con la elevada presión fiscal que vienen soportando los ciudadanos desde el año 2019, elevando en más de 40.000 millones de euros la incidencia de los impuestos e ignorando, además, la mayor crisis de inflación de las tres últimas décadas".

El consistorio ha añadido que la Intervención Municipal indica en su Informe de Liquidación que la gestión de las cuentas municipales ha generado un superávit contable de 51.354.201,97 euros, fijando unos remanentes de tesorería que alcanzan los 133.922.876 euros, 12 millones más que en 2022.

El resultado de la liquidación concluye también que, a pesar de estar suspendidas para el ejercicio 2023, se cumple con las dos principales premisas fiscales. Se trata del objetivo de estabilidad presupuestaria, al cerrarse las cuentas con superávit; y la ratio de deuda pública y el objetivo de endeudamiento, que se sitúa en el 9,22% con 9.713.683,87 euros, "muy lejos del límite legal" del 75%. 

Esto "permitirá al gobierno municipal solicitar el préstamo previsto de 48 millones de euros para atender a las inversiones plurianuales para la modernización y transformación urbana".

Además, el Ayuntamiento ha indicado que el parámetro correspondiente a la regla de gasto no se evalúa, al no estar en vigor para el ejercicio. También ha destacado "el hecho de que se rebaja el saldo de las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto (OPA's) en un 43% a 4,8 millones".

El concejal Toni Gallego ha defendido la "política fiscal blanda" aplicada por el equipo de gobierno en sus tributos y tasas municipales.

 "Los ayuntamientos no podemos seguir con la línea de presión fiscal con la que actualmente castiga el Gobierno Central a los españoles. Los ciudadanos de Alicante ven en cierto modo, aliviada su carga fiscal con las medidas impositivas adoptadas por este ayuntamiento, tales como la bonificación del recibo del IBI, que hasta la fecha han supuesto un ahorro acumulado durante estos últimos seis años de más de 46 millones de euros para los ciudadanos", ha aseverado.

El responsable de la concejalía de Economía y Hacienda ha puesto en valor "el esfuerzo realizado en la elaboración de las cuentas para 2024 con el objetivo de que fueran aprobadas lo antes posible, para facilitar la ejecución presupuestaria y cumplir con los objetivos marcados".

"En este nuevo ejercicio, el Ayuntamiento afronta la ejecución de unas cuentas aprobadas que alcanzan una cifra récord de 359 millones de euros, con la previsión de 48 millones de euros en inversiones plurianuales", ha expresado.

Además, ha lamentado que lo afrontan "con las dificultades implícitas de no haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado, que han quedado prorrogados, cuestión que afecta a las transferencias corrientes reduciendo los ingresos, al tiempo que se vuelve a aplicar la regla de gasto que imposibilita utilizar los remanentes de tesorería para otra cosa que no sea amortización de deuda pública, impidiendo financiar nuevos proyectos".

Asimismo, ha censurado que el Ayuntamiento de Alicante "desconoce las medidas adoptadas desde el Ejecutivo" de cara a paliar las consecuencias que tendrá para las arcas municipales, la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024 y la prórroga de los PGE de 2023.

En este sentido, Toni Gallego ha mostrado su "preocupación" porque "a esta fecha, el Ministerio de Hacienda no ha informado todavía a los ayuntamientos sobre cuestiones tan importantes como la actualización de los importes de las entregas a cuenta con la previsión de los ingresos tributarios de Estado, de la aprobación de suplementos de crédito para poder atender el pago de la liquidación definitiva de 2022 y de la reclamación del incremento de la subvención anual al transporte público colectivo urbano, entre otras materias relevantes para el funcionamiento de una ciudad".

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El Ayuntamiento de Alicante habilita lanzaderas en la terminal de cruceros para mejorar la movilidad de los turistas

 ALICANTE.- El Ayuntamiento de Alicante ha habilitado lanzaderas a pie de la Terminal de Cruceros para mejorar la llegada y movilidad de los turistas, de manera que no tengan que desplazarse hasta la parada de la fachada marítima o subir en el ascensor para visitar el Castillo de Santa Bárbara.

Las áreas de Turismo, Tráfico y Seguridad han mantenido una reunión para coordinar la movilidad de los cruceristas cuando llegan a la ciudad, tras acordar con la Autoridad Portuaria de Alicante y la Asociación Alicante Costa Blanca por el Turismo de Cruceros mejoras en los flujos de turistas, especialmente cuando se produce una doble escala o cuando un crucero transporta a más de 2.000 pasajeros, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, el jefe de la Policía Local, José María Conesa, un inspector del cuerpo y técnicos responsables de Tráfico han participado en esta cita, en la que se ha acordado que una lanzadera al Castillo mantenga la parada habitual frente a la fortaleza y las dos de refuerzo accedan a la Terminal de Cruceros para recoger allí mismo a los viajeros que quieran visitar el Castillo de Santa Bárbara.

Poquet ha destacado la "coordinación entre las áreas municipales, el Puerto y la Terminal de Cruceros para mejorar la experiencia de los cruceristas a su llegada a Alicante". 

Además, ha anunciado que la Tourist Info abrirá una hora antes, a las 9.00 horas, los días de llegada de barcos para "complementar la información que los cruceristas reciben al desembarcar y ofrecer así más servicios".

Alicante prevé que este 2024 sea "histórico" en la llegada de cruceristas, con la arribada de 96 cruceros y 230.000 cruceristas a la ciudad, lo que supondrá un impacto económico de 60 millones de euros.

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El TSJCV estima dos recursos de la Diputación de Alicante contra el Fondo de Cooperación del Botànic para 2023 y 2024

 ALICANTE.- La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado en sendas sentencias los dos recursos presentados por la Diputación de Alicante contra los acuerdos del Consell del Botànic que aprobaban los planes sectoriales de financiación básica del Fondo de Cooperación Municipal para los ejercicios 2023 y 2024.

Los magistrados aplican en ambos casos la sentencia 124/2023 del Tribunal Constitucional, que declaró nulo el artículo 7 de la Ley 5/2021 de la Generalitat Valenciana que regula este mecanismo de financiación, por cuanto que los criterios objetivos que fija para asignar los recursos económicos que corresponden a cada entidad infringen el Estatuto de Autonomía, según ha indicado el alto tribunal valenciano en un comunicado.

Concretamente, señala que vulneran el artículo 64.3 del Estatuto de Autonomía, que establece que el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana se creará "con los mismos criterios que el fondo estatal".

"Como quiera que la asignación de fondos realizada por el acuerdo recurrido a cargo de la Generalitat Valenciana y las distintas Diputaciones Provinciales se rige por criterios distintos y no sigue los preceptivos que le impone una Ley Orgánica, como es el Estatuto de Autonomía, la determinación de las respectivas aportaciones no son correctas, lo cual las invalida, por haberse llevado a cabo según parámetros que están legalmente prohibidos", precisan los magistrados.

Además, la Sala ve también un motivo de anulabilidad del acuerdo en el hecho de que el método de análisis y de contribución fijado por el Fondo sea "erróneo", pues apunta que no ha tenido en cuenta las ayudas no dinerarias o en especie recibidas por parte de los ayuntamientos.

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El Teatro Chapí, de Villena, conmemora el 25º aniversario de su reinauguración tras más de 1.200 representaciones


VILLENA.- El Teatro Chapí, de Villena, celebró este miércoles el 25º aniversario de su reinauguración, con la cual se logró la restauración integral y la adecuación de sus instalaciones, que se llevó a cabo en 1999 y lo ha convertido en "uno de los espacios culturales más importantes" de la provincia.

Durante este periodo de 25 años, el teatro ha acogido más de 1.200 las representaciones, ofrecidas a más de 600.000 espectadores, según ha informado el Ayuntamiento de Villena en un comunicado.

El director del Teatro Chapí, Francisco Flor, ha destacado la programación de este espacio cultural, que también es parte del patrimonio de Villena y del conjunto de Comunitat Valenciana.

 "Durante estos años, el Teatro ha contado con artistas internacionales, nacionales y locales en las diferentes manifestaciones de las artes escénicas y la música" ha detallado.

"El Teatro se ha convertido en un referente para la provincia de Alicante y para muchos de los municipios cercanos de otras regiones", ha enfatizado Flor.

Por su parte, la edil de Cultura, María Server, ha señalado que la recuperación y renovación integral del Teatro Chapí logró posicionar a la ciudad de Villena entre los municipios "de referencia" en el ámbito cultural de la Comunitat Valenciana, "gracias a la excelente labor de gestión del teatro, que es capaz de poner sobre las tablas los grandes espectáculos del momento en un entorno único".

El Teatro Chapí es un edificio que se inauguró en 1925, dedicado al compositor local Ruperto Chapí, uno de los símbolos culturales de la ciudad. La renovación se inició en 1993 y, tras varias vicisitudes, se culminó una obra que preservó el valor arquitectónico de interior y fachada, pero en la que "se mejoraron las estructuras para la sonorización y para facilitar el trabajo de los artistas y la comodidad de los espectadores".

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El testaferro Belhot: "Los fondos eran de Zaplana. Era muy cuidadoso y destruía los extractos de las cuentas"


VALENCIA.- Fernando Belhot, abogado uruguayo y uno de los testaferros del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana, se ha ratificado este miércoles en la declaración que prestó en instrucción y ha asegurado que los fondos que gestionaba --supuestamente procedentes de comisiones ilegales-- eran del 'expresident'. También ha afirmado que éste era "muy cuidadoso" y "destruía los extractos de las cuentas que le daba para que no le vincularan con los activos".

Belhot se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra Zaplana y otras 14 personas más por el caso Erial, procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana. El fraude está cuantificado en más de 20 millones de euros.

Belhot, testigo clave de Fiscalía, ha explicado que conoció a Zaplana a principios del año 2009 a través de unos amigos "como persona de prestigio público" y éste le pidió una reunión por unas inversiones de un amigo suyo, Joaquín Barceló, conocido como 'Pachano'.

De esta forma se produjo un encuentro en el que estuvieron Belhot, Zaplana, Barceló y el exasesor fiscal del 'expresident' Juan Francisco Grau. Durante la reunión, Belhot les asesoró sobre la sociedad Imison, ubicada en Luxemburgo, y les ofreció una solución para lo que necesitaban. Les recomendó que fueran unas sociedades uruguayas las que realizaran la gestión del patrimonio.

 "Uruguay --ha explicado-- cumplía mejor sus requisitos: confidencialidad; país con uno de los secretos bancarios más fuertes del mundo y gran protección jurídica ante las inversiones".

El testigo ha indicado que inicialmente le comentaron que el dinero que había en la sociedad pertenecía a Barceló pero "luego, con el tiempo, fui comprobando que quien tenía el poder de decisión, el verdadero decisor de todas las operaciones que se podían realizar era Zaplana".

Y ha agregado: "Además, con el tiempo también me manifestó que efectivamente era el dueño de la gran mayoría de los activos y me dijo que no quería hacerlo público por su exposición pública como miembro de un partido muy importante en España y por su carácter de empresario vinculado con la asesoría y actividades de lobby".

Así, ha manifestado que la sociedad Imison, donde estaban los fondos presuntamente defraudados, "era en realidad de Zaplana" y tenía activos líquidos y a través de una sociedad, Medlevante. También participaba en Gesdesarrollo, ha agregado.

A través de su asesoramiento, se transfirieron los fondos de Imison a una sociedad holandesa que luego los redigiría "a donde se indicara" tras una comisión. "La idea era que todos los activos líquidos terminaran en una sociedad uruguaya. Mi despacho había abierto una cuenta a esa sociedad en un banco en Suiza", ha desgranado. En total, se transfirieron 7.950.000 euros.

Sobre las operaciones que se realizaban con ese dinero, ha agregado, "daba cuenta a Zaplana tres o cuatro veces al año, que viajaba a España y le llevaba extractos de operaciones con los activos. Zaplana, normalmente, como hombre inteligente que creo que es, lo entendía todo perfectamente y, en general, destruía los extractos. Algunas veces me pedía una copia para mostrarlos a Grau, su asesor, y luego los destruía porque era un hombre muy cuidadoso y no quería tener nada en su poder lo que lo vinculara a esos activos".

En una ocasión, ha narrado que Zaplana le manifestó que había parte del dinero que no quería que se invirtiera: "Zaplana me pedía que una parte de los activos se mantuvieran en liquidez. Le explicaba que no era rentable y que podía ser peligroso pero él necesitaba dinero para sus gastos personales y porque tuvo un problema de salud muy importante y se planteaba hacer un trasplante de médula ósea en Nueva York".

Así, en los ocho años en que administró su patrimonio le envió a España unos 2.300.000 euros. "Él me pedía cada cierto tiempo dinero, sobretodo en los años 2016 y 2017, para poder hacer frente a sus gastos personales, cosa que era difícil de hacer pero se hacía", ha explicado, y ha puntualizado que la manera de hacerlo era a través de "personas con contactos en distintas partes del mundo".

La entrega del dinero, ha añadido, se realizaba a través de la secretaria de Zaplana, Mitsouko Henríquez. "Nunca lo recibió él", ha puntualizado, para añadir que cuando tenía el dinero, le decía: "Los documentos llegaron. Todo correcto. Y nada más", ha reproducido.

Interpelado por la manera en que se comunicaba con Zaplana, el testigo ha afirmado que el 'expresident' era un hombre "extremadamente cuidadoso".

 "En nueve años que lo conocí nunca me envió un solo correo y siempre nuestra comunicación era por teléfono móvil, nunca por escrito" (...) "Tenía su móvil y los dos de su secretaria", ha añadido.

A preguntas del abogado de Zaplana, el testigo ha manifestado que en nueve años "nunca" pensó que el 'expresident' podía incurrir en estos hechos: "Él me decía que el dinero lo había ganado legítimamente y que lo tenía fuera de España no declarado. Me sorprendí de los cargos contra él", ha aseverado.

Interpelado por si condicionó su colaboración con la justicia a dejar de ser investigado --inicialmente estuvo imputado en el procedimiento-- ha respondido que "no".

 "No tenía por qué condicionarla porque no tenía nada que ver con los actos que se imputaban a Zaplana. Mi actitud era de colaborar con lo que me pedía la justicia española", ha manifestado.

Belhot, preguntado por cómo es posible que Zaplana le diera todo el dinero sin firmar ningún documento ni acuerdo escrito, ha señalado: "La relación con él era muy buena, de confianza generada, y entendió que la estructura montada no era la ideal y era muy costosa para él. En cualquier caso es una pregunta buena para hacérsela a Zaplana. No se firmó nada porque él no quiso, no quería que se hiciera público", ha apostillado. 

También le dijo que si alguna vez le pasaba algo, se pusiera en contacto con su hija mayor, "que no sabía nada de esto pero que se iba a encargar de hablarlo con ella", ha reproducido.

Tras destaparse el caso, Fernando Belhot ha dicho que entregó a la justicia española la totalidad del dinero de Zaplana que manejaba, es decir, unos 6.700.000 euros.

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El 90% de los colegios concertados de mayor tamaño de España cobran cuotas "ilegales", según un informe de Esade

 


BARCELONA.- El 90% los centros educativos concertados de mayor tamaño cobran una cuota a las familias, mientras que en los centros medianos y pequeños la proporción baja a entre un 60% y un 70% de los colegios.

Así lo refleja el informe 'El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas', elaborado por Esade, que destaca que el cobro de cuotas en los centros concertados "son ilegales en teoría pero habituales en la práctica".

La investigación recoge dos bases de datos elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE): la primera mira al fenómeno desde el lado del pago de cuotas (familias) y la segunda desde el lado del cobro (centros educativos).

Mientras que un 67% del alumnado acude a centros de titularidad pública, cerca de un 30% lo hace en centros financiados con fondos públicos pero de titularidad privada, llamados centros concertados (y solo un 4% acude a centros privados auto-financiados).

El estudio pone de manifiesto que, a día de hoy, "no hay gratuidad universal para acceder a la escuela concertada" en España. Además, la concertada, en comparación con la pública, escolariza en una proporción mucho menor al alumnado de renta baja y origen migrante, lo cual "daña significativamente la igualdad de oportunidades y la equidad, uno de sus objetivos fundamentales".

La razón principal que explica la no gratuidad es el sistema de financiación establecido para la escuela concertada y una regulación más laxa de sus servicios. "Ambos incentivan el cobro de cuotas, que son ilegales en teoría pero habituales en la práctica", señala el documento de Esade.

Dependiendo de la etapa educativa, entre un 81% y un 95% del alumnado paga cuotas, según datos de la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación (EGHE), realizada por última vez en 2019/2020.

La cuota media se encuentra entre los 680 y los 860 euros al año por alumno (incluyendo a las familias que no pagan como equivalentes a una cuota de 0 euros), lo que supone una cantidad total entre los 947 y los 1.186 millones de euros para las tres etapas (Infantil, Primaria y ESO), dependiendo de la definición de cuotas que se use.

Hay un 13% del alumnado que no paga cuota en estas etapas, mientras que un 18% pagan una cuota muy baja (de menos de 20 euros al mes por alumno). En el lado opuesto, el 10% de alumnado que más cuotas paga asume el 45% del gasto total.

En este sentido, el estudio advierte de que existen importantes diferencias de pago de cuota por renta de las familias: el 20% de renta más baja paga una media de 310 euros anuales de cuota, mientras que el 20% de renta más alta paga cuotas ligeramente superiores a los 1.000 euros.

En cuanto a las comunidades autónomas, el grueso de las cuotas (70% del total) se concentra en Cataluña, Madrid y País Vasco, donde más del 90% de las familias que acceden a centros concertados pagan cuotas. El porcentaje es algo menor en el caso de la Comunidad Valenciana (82% de las familias) y se reduce significativamente para Andalucía (60%).

La cuota media por alumno al año (solo de las familias que pagan) es de 1.696 euros en Cataluña, 1.156 euros en la Comunidad de Madrid, 959 euros en el País Vasco, 597 euros en la Comunidad Valenciana y 453 euros en Andalucía. Cataluña, seguida del País Vasco y Madrid, son las comunidades autónomas con mayor homogeneidad en el pago de cuotas entre familias, mientras que Andalucía muestra el reparto más desigual.

A partir de la Encuesta de Financiación y Gasto de la Educación Privada (EFGEP), el estudio analiza el cobro de cuotas por parte de los centros educativos concertados y las razones por las que lo hacen.

Así, revela que la financiación es "extremadamente desigual", con un 20% de centros con resultado económico negativo o esencialmente cero, otro 50% con un resultado económico positivo e inferior a los 300 euros por alumno al año y un 30% que tienen una clara situación de sobre-financiación.

El porcentaje de centros que cobra cuota oscila entre un 66% y un 75%, dependiendo de la etapa educativa, según apunta el informe, que señala que la probabilidad de cobro de cuotas y la magnitud de la cuota pagada "es mayor en los centros con peor y mejor financiación, y más bajo en la zona intermedia de la financiación".

Entre las razones por las cuales los centros educativos cobran cuotas, el estudio identifica tres situaciones posibles: centros infra-financiados que cobran cuota para sobrevivir; centros adecuadamente financiados que cobran cuotas para hacer frente a gastos no concertados (esto es, partidas de gasto no contempladas por las administraciones educativas y que permiten ampliar los servicios ofertados); y centros bien financiados que cobran cuota por diferenciación o beneficio económico.

En concreto, precisa que, para cada etapa educativa (Infantil, Primaria y ESO), un 17%, 20% y 19% respectivamente no cobran cuotas y están adecuadamente financiados; un 14,5%, 12% y 14,5% respectivamente no cobran cuotas y están infra-financiados; un 23% en todas las etapas educativas sí cobran cuotas para cubrir el hecho de que están infra-financiados; un 28%, 29% y 28% respectivamente sí cobran cuotas para cubrir gastos no concertados; y un 17,5%, 15% y 15% respectivamente cobra cuotas por diferenciación o beneficio económico.

Al realizar un análisis específico para las cinco comunidades autónomas con mayor presencia del sector concertado, el estudio señala que Andalucía se caracteriza por una financiación baja respecto a la media nacional, unos gastos no concertados razonablemente contenidos en la mayor parte de la distribución de financiación y, sobre todo, el nivel más bajo de cuotas de entre todas las CCAA consideradas.

Cataluña muestra una financiación de la red concertada muy polarizada (centros muy bien financiados o muy mal financiados) y un cobro de cuotas casi universal que responde con la misma herramienta a realidades económicas opuestas, ya sean las de infra-financiación (entre un 46% y un 53% de centros dependiendo de la etapa educativa) o las de diferenciación de la oferta o beneficio económico (entre un 25% y un 33% de los centros dependiendo de la etapa educativa).

En la Comunidad de Madrid, hay una relación muy fuerte entre el cobro de cuotas y el resultado económico (los centros mejor financiados tienen una mayor probabilidad de cobrar y cobrar cantidades altas) y una enorme importancia del tamaño de centro para entender las dinámicas de cobro de cuotas.

En esta comunidad se identifica una proporción baja de centros infra-financiados y una proporción ligeramente superior respecto a la media nacional de centros que cobran por razones de diferenciación respecto a otros centros o beneficio económico.

Por su parte, ña Comunidad Valenciana presenta una relación positiva entre el cobro de cuotas y el resultado económico (especialmente en la ESO), una enorme importancia del tamaño de centro para entender las dinámicas de cobro de cuotas y una proporción elevada de centros con infra- financiados (casi un 40%) con cuotas bajas que viven una situación precaria a nivel financiero.

Por último, el País Vasco presenta unos niveles de financiación muy elevados en relación con la media nacional y la proporción más baja de centros infra-financiados. También se observa una relación más débil entre el tamaño del centro y el cobro de cuotas, que son generalizadas y superiores a la media nacional y, sobre todo, una enorme importancia de los gastos no concertados, los más elevados de todas las CCAA analizadas, que constituyen la razón principal para el cobro de cuotas.

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El PP de Castilla-La Mancha vira su postura y ahora pide que se trasvase desde el Tajo solo por necesidades reales



MADRID.- El PP de Castilla-La Mancha ha virado en cuanto a la posición que ha mantenido en materia de agua y trasvases, al abogar por que estos, no solo en la cuenca del Tajo sino en los demás ríos, solamente se puedan realizar cuando esté garantizada las necesidades “presentes y futuras” de la cuenca cedente y cuando la cuenca receptora tenga “una necesidad real, y no una demanda ilimitada”. 

Ha sido el presidente de los 'populares' en la región, Paco Núñez, el que ha fijado posición en el acto de diálogo organizado por el Club Conecta en Madrid, bajo el título 'Ciudades castellano-manchegas: retos y oportunidades'.  

En este marco, el líder del principal partido de la oposición en la región también se ha mostrado partidario de que las alegaciones que Castilla-La Mancha presente a la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura salgan de una mesa de trabajo con todos los agentes afectados, que marque una línea común que ha de liderar el Gobierno de Castilla-La Mancha, “como no puede ser de otra manera”.

“Pero escuchando y participando a aquellos a los que les afectan dichas alegaciones”, ha reclamado Paco Núñez, que se ha vuelto a mostrar confiado en que en el pleno de este jueves, el Parlamento regional alumbre “un nuevo consenso político en materia de agua”, al hilo del debate general sobre el trasvase Tajo-Segura que plantea su grupo.

De ahí que tras volver a pedir al presidente regional, Emiliano García-Page, que abandone “la postura bélica que tiene en esta materia”, ha mostrado la voluntad de su partido “de consensuar, de llegar a un entendimiento y pactar”.

 “Es fundamental”.

A juicio del líder del PP, si Castilla-La Mancha ha de fijar una posición “nítida y unida” en torno al Tajo-Segura, “parece razonable que con carácter de urgencia, el Gobierno de Castilla-La Mancha, que debe de liderar el consenso, convoque a aquellos a los que se afecta el Tajo-Segura”.

“A mí me parece que es adecuado que haya unas alegaciones pactadas en nombre de Castilla-La Mancha, pero habrá que negociarlas”, ha insistido Núñez, que ha asegurado que el Gobierno regional no puede mandar un documento a los afectados y pedirles que firmen, “y si no, es que son unos traidores a la patria”.

“La política va de diálogo, va de consenso, va de negociación y por eso Page tiene que abandonar la postura impositiva”, ha insistido el líder de los 'populares' castellano-manchegos, que ha urgido al Ejecutivo regional a convocar una mesa de trabajo “urgente con aquellos a los que les afecta”, entre los que ha citado a los pueblos ribereños, a los 31 municipios de la comarca de Hellín, así como a Toledo y Talavera de la Reina.

Dicho esto, Núñez ha reiterado que dichas alegaciones han de servir para fijar “con contundencia” una posición clara de Castilla-La Mancha, que pasa por que las blindar que “las necesidades presentes y futuras de Castilla-La Mancha estén garantizadas”.

 “Eso pasa por una planificación hidrológica para Castilla-La Mancha que tiene que iniciarse mañana en el Parlamento de Castilla-La Mancha”, ha insistido.

En otro orden de cosas, y preguntado sobre si ha hablado con sus compañeros de partido de otras regiones, Núñez ha respondido que ha hablado con sus compañeros de Castilla-La Mancha, que es a quien está defendiendo y a quien representa.

“Yo soy el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, soy diputado en Castilla-La Mancha, lidero la alternativa al Gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, aspiro a presidir Castilla-La Mancha y, por supuesto, voy a defender siempre los intereses de Castilla-La Mancha”, ha aseverado Núñez, que ha añadido que con quien ha consensuado esta nueva postura es “con el alcalde de Talavera de la Reina, con el alcalde de Toledo, con la alcaldesa de Guadalajara o con alcaldes afectados de los pueblos ribereños tanto de Cuenca como de Guadalajara”.

“No sé si lo ha hecho Emiliano García Page, pero le aconsejo que lo haga”, ha terminado añadiendo.

El diputado regional del PSOE en Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha resaltado que este viraje en las declaraciones del PP “se tiene que concretar en realidades”.

 “Una de las más importantes al respecto es la implicación clara en la defensa del Tajo y, por tanto, la unidad de criterios en Castilla-La Mancha, con independencia de la ideología que se profese”, resaltó en rueda de prensa.

Además, Mora negó que exista una “polémica belicista” al respecto y pidió que se defiendan los intereses del río Tajo a través de un acuerdo “común” con el Ministerio para que “las reservas sean defendidas en favor de Castilla-La Mancha y los castellano-manchegos.

El también portavoz de Agua del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Fernando Mora, ha instado además al presidente regional del PP a que diga “efectivamente” que el “Memorándum de la vergüenza de Cospedal fue un paso atrás para Castilla-La Mancha” y que “traicionó los intereses de nuestra región y los intereses de los ciudadanos que viven a lo largo de la cuenca de nuestro río”.

En rueda de prensa ha asegurado que cuando Núñez dice “no batallar” para el PP eso significa “silencio” ante los trasvases, mientras que ha recordado que en el Levante “no se callan, es más, dicen que no tienen suficiente agua, que quieren más, son insaciables. Y ante eso, Núñez dice que nosotros no batallamos. Yo creo sinceramente que ese período de claudicación del PP, que quiere continuar Núñez, ya lo emprendió en su día la señora Cospedal”, ha criticado. 

Por ello, ha pedido al PP de Castilla-La Mancha que apoye y “no busque subterfugios” y ha trasladado que este jueves en el pleno de las Cortes regionales, los `populares´ tienen oportunidad de “mojarse por defender el Tajo”.

Durante la sesión plenaria habrá un debate general a propuesta del Grupo Socialista, relativo a las normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, al haberse abierto un plazo de alegaciones hasta el 2 de mayo, por parte del Ministerio, respecto del Real Decreto que regula las modificaciones normativas para actualizar las reglas de explotación.

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