Así se han pronunciado tres miembros de la Agencia, en calidad de
peritos propuestos por Fiscalía, en el juicio que se sigue contra el
expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo
Zaplana, el también expresidente del Consell José Luis Olivas y otras
13 personas más por el caso Erial, procedimiento en el que se ha
investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en
comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la
Comunitat Valenciana.
El fraude está cuantificado en más de 20 millones
de euros. Junto a estos tres funcionarios ha comparecido otro perito
propuesto por la defensa de Zaplana que ha cuestionado las conclusiones
de los primeros.
Los peritos han dividido su intervención en el análisis de la
privatización de las ITV, por un lado, y del plan eólico, por otro.
Respecto al primero, los funcionarios han afirmado que la primera
«irregularidad» detecta fue la ausencia de firma en los pliegos de
contratación.
«No es habitual encontrarnos con pliegos que no tienen
ningún tipo de firma y en los que nadie acredita su autoría», han
advertido, para agregar que sin la firma era «imposible» recusar a los
autores.
Frente a ello, el perito de Zaplana ha matizado que es «frecuente» en
la Administración que «muchas» propuestas lleguen sin firmar. «¿En qué
norma se recoge la obligatoriedad de la firma? Son elementos de control
interno de la propia organización», ha cuestionado.
Otra «irregularidad» a la que los peritos de Antifraude han hecho
alusión ha sido la ausencia del criterio económico objetivo sobre la que
el interventor que participaba en el expediente hizo una advertencia y
se le ignoró. De hecho, se le cesó dos días antes de que la Mesa de
Contratación elevara la propuesta definitiva al Consell.
De la manera en la que se planteó, han explicado, el criterio
económico suponía un 40% y, el técnico, otro 60%. Pero el económico
«dejó de ser objetivo» puesto que todas las empresas iban a obtener la
misma puntuación, han dicho. Esto, han asegurado, «perjudicaba a la
Administración».
«La parte objetiva del concurso se quedaba, así, sin
sentido puesto que todas las empresas podían llegar a la máxima
puntuación. El concurso se decidió entonces por criterio subjetivos y el
criterio objetivo no sirvió», ha relatado uno de los funcionarios.
En tercer lugar, los técnicos han cuestionado el hecho de que se
obligara a todos los licitadores a plicar a todos los lotes ofertados
--cinco--, lo que atentaba al principio de libre concurrencia.
«Se
establecía una fianza provisional por cada lote y se limitaba así la
participación de empresas que no tenían suficiente capacidad económica.
Pero, además, se tenía que pagar un canon antes de formalizar el
contrato que suponía 1.045 millones de pesetas en uno de los lotes, por
ejemplo. Esto limitaba la libre competencia y participación de pymes con
experiencia en gestión de las ITV», han subrayado.
El perito de Zaplana ha replicado que con la oferta por lotes se
buscaba que no hubiera ningún lote que se quedara sin adjudicatario.
«Era la única manera. Hubo concurrencia de varias empresas en cada uno
de los lotes y no hubo impugnaciones», ha puntualizado.
Por otro lado, los peritos de Antifraude han cuestionado que se
creara una comisión de estudio, «de manera unilateral» por el secretario
general de la Conselleria, para que puntuara a las licitadoras y, sin
embargo, únicamente ofreciera criterios y sub criterios. Además, han
asegurado que «lo normal» es que fuera la propia Mesa de Contratación la
que pidiera esta comisión de expertos.
«Es normal que la Mesa de Contratación, en un expediente tan
complejo, pida auxilio a un comité de expertos. Pero es una decisión que
solo puede ejercer la Mesa. Y lo más sorprendente es que este órgano
experto no valoró ni llevó propuestas concretas». Además, los
sub criterios que luego se valoraron no figuraban en los pliegos y esto
atentaba contra el principio de igualdad.
Con el informe de los expertos, recibido el 5 de noviembre de 1997,
han agregado los peritos, la Mesa de Contratación asignó ese mismo día
puntos individuales a las ofertas «con criterios subjetivos». Al
respecto, han expuesto que «materialmente no habían tenido tiempo para
hacer una valoración y fijar los puntos. Se hizo con mucha rapidez,
inusual», han expresado.
Frente a ello, el perito propuesto por la defensa de Zaplana ha
puntualizado que la ley «no dice quién tiene que nombrar a la comisión
asesora» y ha destacado que «la función de la Mesa es adjudicar y, la de
la comisión, ayudar. Si se aplicaron criterios y sub criterios ya se
estaba ayudando a la Mesa», ha sostenido.
Los peritos también han indicado que les ha llamado la atención que
se relevara al interventor del procedimiento dos días antes de que
tuviera lugar la última Mesa de Contratación, en la que se elevaba su
propuesta de adjudicación a la Conselleria. Esta decisión dependía de la
Conselleria de Economía, liderada entonces por José Luis Olivas.
«Era un problema importante porque en dos días era imposible que el
nuevo interventor designado pudiera compaginar su trabajo con una Mesa
de Contratación de tanta complejidad. A mí no me ha pasado nunca», ha
afirmado un técnico.
Al respecto, el perito de Zaplana ha dicho:
«Piensan que se cambió por no interesar y eso no está demostrado».
Una última «irregularidad» a la que han aludido los peritos de
Antifraude es que el acta de contratación que se elevó a Conselleria no
estaba firmada por el presidente ni por ningún miembro de la Mesa.
«Y
esto no es un vicio normal. El acta debe estar firmada, por ley, por el
presidente, el secretario y por todos los vocales que hagan
manifestaciones», han recordado.
En su informe, los peritos de Antifraude realizaron una simulación
sobre si se habría escogido a la misma empresa para las ITV si se
hubieran tenido en cuenta criterios económicos objetivos y la respuesta
fue que «no».
«El adjudicatario hubiera sido distinto», han advertido.
«La parte económica no tuvo efecto ninguno en el concurso y nosotros sí
la tuvimos en cuenta para ver el resultado», han dicho.
