MADRID.- Compromís ha pedido que acuda al Congreso el empresario valenciano José Ruz, el dueño de la constructora Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) que, según recuerda el diputado Alberto Ibáñez, tenía en «nómina» al exasesor ministerial Koldo García y, tras su salida del Ministerio de Transportes, resultó adjudicataria, en una UTE con Construcciones Vilor, de la construcción de la estación del AVE de Elche (Alicante).
Así lo ha reclamado la coalición valencianista tras aparecer referencias al respecto en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Eso sí, la comparecencia de ciudadanos particulares en el Congreso solo es obligatoria en las comisión de investigación, ya que las empresas privadas no son objeto de control parlamentario.
En concreto, Compromís ha solicitado copia de todos los contratos relacionados con la estación de Elche, particularmente los que hubiera directos con Levantina y Acciona, y una «una auditoria integral sobre los últimos 35 años de construcción de Alta Velocidad en España» para saber si las grandes constructoras han podido actuar como un «cártel de captación de fondos públicos».
«Sí lo que señala el informe de la UCO es cierto, además de las responsabilidades políticas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores debería intervenir ya que estas empresas cotizan en Bolsa», ha añadido Ibáñez.
Según el informe de la UCO, Ruz es un «elemento común» a tres investigados en la causa: Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Para la Guardia Civil, este empresario demostraba un «claro interés» por mantener una «estrecha relación» con Koldo García. Mantuvieron un primer contacto en marzo de 2019 y a partir de 2021 empezaron a usar líneas de teléfono desechables para sus comunicaciones a las que se referían con las palabras clave de «tomar café».
El informe detalla que a mediados de 2020 Ruz y Koldo comenzaron a ocultar su relación directa a Aldama si bien el constructor solicitaba «favores» a ambos para «fomentar» los negocios de LIC. Ruz llegó a pedir a Koldo que le incluyeran en los pliegos del «by-pass de Valencia», aunque el exasesor le comentó que ese asunto «ya estaba enviado y sería complicado incluirle».
Ante esta negativa, Ruz matizó que se refería a meter a su empresa en una UTE. Para la UCO, resulta «reseñable que un asesor del Ministro de Transportes tuviera capacidad para determinar las empresas que conformaban UTE para licitar obras de dominio público». El empresario también habría mantenido un contacto personal con Ábalos, con diversas reuniones presenciales en el Ministerio y sus domicilios.
El documento desgrana tres adjudicaciones otorgadas a LIC por presentar «indicios de irregularidad en su tramitación»: una obra de emergencias en Asturias; una obra de conservación de carreteras en Teruel y una obra en autovía A-12 Camino de Santiago.
Asimismo, en una grabación realizada por Koldo el 18 de noviembre de 2020, Ruz pidió al exasesor que «intercediese» ante la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en referencia a la reclamación de una obra a la que se referían como «Elche», según consta en el documento.
Tras dicha conversación, en enero de 2021, Koldo recordó a Pardo de Vera que LIC tenía pendiente una reclamación sobre Elche, y le pidió que se les informase cuanto antes del resultado. Pasado un mes, el empresario le volvió a inquirir si había podido hablar con «la jefa» sobre la obra de Elche, a lo que el exasesor le respondió afirmativamente y que esta le había prometido que saldría adelante.
Seguidamente, Koldo compartió una captura de pantalla con los datos de contacto de 'Isabel Presidenta De Adif', en la que se podían ver las llamadas telefónicas intercambiadas con ese contacto ese mismo día. Días más tarde tuvo lugar otra conversación en la que Ruz le volvió a recordar que hablase con «la jefa» para agilizar la reclamación de Elche o que, al menos, le indicase con quién debía hablar él.
Por su parte, las diputadas de Más Madrid en el Congreso adscritas al grupo Sumar, Tesh Sidi y Alda Recas, han registrado la petición de comparecencia en el Congreso del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales.
Las dos diputadas han solicitado que Entrecanales acuda a la comisión de Transporte de la Cámara Alta, una vez que el informe de los investigadores del Instituto Armado vinculan a Cerdán y el exministro José Luis Ábalos con la presunta trama Koldo y el cobro de mordidas por la adjudicación de contratos públicos.
Asimismo, exponen que las obras públicas que están siendo investigadas superan los 720 millones de euros y un elevado porcentaje --el 75% aproximadamente--, habría sido adjudicado a la empresa constructora Acciona.
Por tanto, las diputadas quieren que acuda a este órgano parlamentario a informar sobre presuntas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos y si están implicados en caso de haberlas miembros del PSOE y Acciona.
Las grabaciones realizadas por Koldo García recogen que le dijo al ya exministro de Transportes José Luis Ábalos que Cerdán había intentado «colocar» a gente de Acciona en ese departamento el mismo día de la toma de posesión de Óscar Puente como su sucesor en al frente del ministerio.
Desde Más Madrid subrayan que, con independencia de la actividad judicial que sigue su curso en el Tribunal Supremo, quieren ir «un paso más allá» con la solicitud de comparecencia del presidente de Acciona, dado que su objetivo es «levantar todas las alfombras y remover todas las esferas de poder vinculadas a la corrupción: la política y también la empresarial».
La semana pasada, Acciona expresó su «total desconocimiento, sorpresa y preocupación» por las informaciones en las que se alude a su filial de Construcción respecto a determinadas conductas irregulares en la contratación pública, que actualmente se instruyen en el Tribunal Supremo, y anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, además de ponerse a disposición de las autoridades.
La UCO sostiene que los contratos de obra pública que se investigan en el Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo' fueron adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), en proyectos destinados a Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Teruel.
