viernes, 27 de marzo de 2026

Lucha entre dioses / Guillermo Herrera *



El conflicto en Oriente Medio podría ser el reflejo un trasfondo oculto y complejo de conflictos cósmicos que incluiría una lucha entre dioses, portales estelares, gigantes y tecnología exótica, según el doctor Michael Salla. No se trata de justificar ninguna guerra, sino de explicar las causas ocultas de ella. Además, me he declarado pacifista en varias ocasiones.

Según George Kavassilas, las acciones bélicas no se limitan a tensiones geopolíticas ni a impedir la proliferación nuclear, sino que serían la fachada para una agenda mucho más oculta. El verdadero objetivo sería tomar el control de antiguos portales, puertas estelares y tecnologías exóticas enterradas bajo tierra. 

Estas tecnologías, junto con gigantes en cámaras de estasis, estarían conectadas a una agenda secreta del lado oscuro implicada en la llegada de alienígenas malignos y la supresión de nuevas tecnologías que podrían transformar a la humanidad.

A su juicio, el conflicto no se limitaría a la geopolítica actual, sino que posee una profunda dimensión religiosa y mitológica, arraigada en una lucha milenaria entre el dios persa Ahura Mazda y el dios judío Yahvé. 

Este antiguo conflicto se refleja en las batallas geopolíticas y espirituales que estallan en Oriente Medio y está vinculado al deseo de algunas facciones de desencadenar una guerra apocalíptica al estilo de Gog y Magog. Se cree que esta guerra facilitaría el esperado regreso de una figura mesiánica venerada en el judaísmo, el cristianismo y el islam.

Kavassilas explica que esta lucha no es sólo una cuestión de ideología religiosa, sino que está ligada a una matrix de control que ha regido a la Humanidad durante miles de años.

 El cubo negro, una inteligencia tecnológica incrustada en los anillos de Saturno, transmite señales de control mental a la Tierra a través de la Luna y de otras estructuras planetarias, influyendo en las tres religiones abrahámicas a través de medios simbólicos y energéticos.

El control ejercido sobre la Humanidad se mantiene mediante un sistema matricial vinculado al cubo negro, perpetuando una matrix de control que ha mantenido a la gente en estado de esclavitud. Esta matrix es un complejo sistema de control energético y simbólico que ha moldeado la conciencia humana y las narrativas culturales durante milenios.

Kavassilas también pone de relieve la presencia de múltiples alianzas interestelares que influyen en el destino de la Tierra. 

Describe a la verdadera alianza como una coalición de naciones estelares e inteligencias creadoras alineadas con el camino natural del amor, la vida y la luz, oponiéndose a fuerzas imperialistas con motivaciones conquistadoras.

 Una sub alianza adicional, de carácter virtuoso, trabaja para purificar los aspectos más oscuros de la matrix divina en la Tierra.

Kavassilas prevé un periodo turbulento, donde el conflicto artificial entre Gog y Magog llevaría a la Humanidad al borde del desastre. Sin embargo, ofrece la esperanza de que, en los momentos más oscuros, intervendrían fuerzas benévolas de otros mundos para evitar una catástrofe mundial.

 Este proceso forma parte de una alquimia colectiva para emancipar a la humanidad de sistemas de control milenarios arraigados en la genética, en la conciencia y en las narrativas culturales.

Según Kavassilas, el mayor desafío para la Humanidad es comprender la naturaleza del sistema de control y liberarse de él. Por lo tanto, la guerra en Oriente Medio no sería sólo un conflicto geopolítico, sino además un síntoma de una lucha cósmica y espiritual mucho mayor. 

Es crucial comprender la compleja red de fuerzas en juego para afrontar los desafíos que se avecinan.

A medida que avanzamos, es esencial ser conscientes de la matrix de control y de la matriz divina que ha moldeado la conciencia humana durante milenios. Con este conocimiento, podemos potenciarnos para liberarnos de los sistemas de control y alinearnos con el camino natural del amor, la vida y la luz.

https://www.youtube.com/watch?v=T3Fx585IbyE

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jueves, 26 de marzo de 2026

El PP defiende en el pleno de Alicante que impulsa "controles" sobre VPP y la izquierda recuerda el caso de 'Les Naus'



ALICANTE.- La polémica por las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan y cuyas adjudicaciones ya está investigando una jueza, se ha vuelto a colar en el pleno del Ayuntamiento de Alicante, que ha celebrado este jueves la sesión ordinaria de marzo. Mientras el equipo de gobierno ha defendido que el PP impulsa "mecanismos de control" para este tipo de inmuebles, los grupos de izquierdas (PSPV, Compromís y EU-Podem) han recordado el caso de Les Naus.     

La cuestión se ha abordado fundamentalmente durante el debate de dos declaraciones institucionales, que han sido rechazadas con los votos en contra de PP y Vox. La primera, ha sido una presentada por el PSPV en la que se ha pedido "instar al Consell de la Generalitat Valenciana a la creación la Unidad de Inspección en materia de vivienda prevista en el Decreto-Ley 3/2023, dotándola de los recursos humanos y materiales necesarios para ejercer sus funciones". La han respaldado, además de los socialistas, Compromís y EU-Podem.

La edil Silvia Castell, del PSPV, ha señalado que desde el equipo de gobierno 'popular' deben decidir si "votar a favor de esta propuesta y demostrar que quieren establecer controles en la adjudicación de vivienda pública o votar en contra y demostrar que el PP no va a hacer nada para que la vivienda pública no acabe en manos de cargos públicos".

En este sentido, Castell ha recordado el caso de Les Naus, al tiempo que ha pedido al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que solicite al 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, "que ponga en marcha este cuerpo de inspectores".

Además, ha dicho que la modificación de los pliegos de los pisos de la calle Ceuta es "una cortina de humo" y ha aseverado que "los promotores siguen controlando la adjudicación de vivienda pública" con el "permiso" del gobierno local.

Sobre este asunto, cabe apuntar que el Patronato de la Vivienda del Ayuntamiento de Alicante anunció un refuerzo de "las medidas de control" de inmuebles públicos con la actualización de los pliegos de la licitación de las futuras VPP de la calle Ceuta.

 "Las medidas que se incorporan y de las que se dará cuenta en la junta rectora del organismo municipal de este viernes mejorarán el control de todo el proceso de comercialización de las VPP, control de pagos y transacciones, acceso de los compradores y ausencia de conflictos de intereses, refuerzo del arraigo y seguimiento posterior", señaló el equipo de gobierno en un comunicado.

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha expresado que el ejecutivo del alcalde Luis Barcala está "salpicado por la corrupción". 

"Una panda de sinvergüenzas traficaron con nuestro suelo", ha enfatizado, en relación con la polémica de las VPP.

En la misma línea, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha manifestado que, "cuando las leyes no se aplican, la gente puede pensar que los derechos quedan en papel mojado". 

En relación con las inspecciones, ha trasladado que estas acciones no suponen "un fin en sí mismo", sino que son "una herramienta precisamente para controlar que la vivienda protegida sirva a quien tiene que servir". Y ha exigido a la Generalitat Valenciana que cumpla con "sus obligaciones" y ha afirmado que la ciudad necesita "una política de vivienda mucho más decidida", así como "más planificación" y "más participación".

De otro lado, el concejal de Vox Óscar Castillo ha criticado que la izquierda dé "lecciones de transparencia, de ética y del uso correcto de los recursos públicos". 

"Si hay un partido en España que ha convertido lo público en una oportunidad de negocio, para unos pocos, eso sí, ha sido el Partido Socialista", ha agregado.

En este contexto, Castillo ha recordado el "escándalo de las mascarillas", en el que, según el concejal de Vox, "intermediarios vinculados a entornos socialistas se llevaron comisiones millonarias en plena pandemia, mientras españoles estaban encerrados en sus casas".

No obstante, ha indicado que están de acuerdo en que "la vivienda pública no puede ser un negocio", si bien ha remarcado que están "cansados" de "discursos vacíos", de "doble moral" y de que "quienes han fallado sistemáticamente pretendan ahora presentarse como árbitros de la honestidad". 

"Mucho titular, pero ninguna solución real", ha concluido el edil voxista.

Por su parte, el concejal de Vivienda en el consistorio alicantino, Carlos de Juan, del PP, ha dicho que "el decreto en ningún momento habla de los mecanismos de control", como tampoco de "la promoción de vivienda pública".

Así, el edil ha defendido que "los únicos" que implementan "mecanismos de control" son los 'populares': "De una forma la Generalitat y de otra forma el Ayuntamiento, modificando los pliegos".

"Su resultado a día de hoy de cero viviendas es inamovible y nosotros vamos a seguir trabajando para sacar más viviendas", ha espetado a los grupos de izquierdas el concejal de Vivienda, que ha criticado la gestión del anterior Consell del Botànic.

Posteriormente, se ha rechazado la otra declaración institucional, en este caso presentada por Compromís, en la que se ha planteado "instar al Consell de la Generalitat Valenciana a iniciar el proceso de modificación de la Ley 8/2024, de Vivienda, con el objetivo de que las viviendas de protección pública lo sean de forma permanente, así como para que tanto las promociones públicas como las privadas tengan la misma consideración y los mismos requisitos de acceso, y para que el proceso de adjudicación se realice por sorteo público".

En el pleno de marzo también se ha aprobado instar al Gobierno de España a que declare "acontecimiento de excepcional interés público" el evento Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela, es decir, la salida de la Volvo Ocean Race desde la ciudad. Se ha acordado en una declaración institucional del PP, que, además de los 'populares', han respaldado PSPV, Vox y Compromís, mientras EU-Podem se ha abstenido, según detalla el Ayuntamiento en un comunicado.

Igualmente, se ha dado luz verde por unanimidad a otra declaración institucional del PP para instar al Ejecutivo central a "aprobar un plan de choque de inversión en carreteras" que "revierta el creciente deterioro del conjunto de la Red de Carreteras del Estado y el déficit inversor y garantice que los elementos del patrimonio viario se conserven en condiciones de funcionalidad".

Asimismo, han salido adelante dos declaraciones institucionales de Vox. Por un lado, la reprobación de la concejala socialista Silvia Castell "por llamar futuro pederasta" en el pleno de febrero a Juan Utrera. La propuesta ha sido aprobada con los votos de los ediles voxistas y 'populares', mientras PSPV, Compromís y EU-Podem la han rechazado.

Sobre este último punto, la portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha reconocido que esas palabras "no debieron decirse" y que "precisamente por eso fueron retiradas". 

"Hubo rectificación, hubo marcha atrás y eso debería haber bastado para cerrar un episodio desafortunado", ha aseverado sobre las declaraciones de Castell, respecto a lo que ha apuntado que fueron fruto de "una reacción espontánea, humana, un impulso desafortunado en defensa de un compañero que acababa de ser insultado y tratado con una falta de respeto intolerable por parte de Vox".

También se ha acordado "llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para erradicar la proliferación de asentamientos ilegales en lugares públicos, incluyendo la acción social y atención a las personas afectadas", así como "las actuaciones policiales y de otros servicios públicos para alcanzar tales objetivos". 

 Esta declaración presentada por la formación voxista ha salido adelante con el sí de PP, Vox y PSOE, frente al rechazo de Compromís y EU-Podem.

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La comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre las VPP fijará este viernes el calendario y la relación de comparecientes

 ALICANTE.- La comisión específica del pleno constituida el pasado lunes en el Ayuntamiento de Alicante tras la polémica de las viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan, y cuyas adjudicaciones ya está investigando una jueza, volverá a reunirse este viernes para fijar el calendario de sus próximas sesiones y concretar la relación de comparecientes llamados a declarar por los diferentes grupos municipales, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El presidente de este órgano, vicealcalde de la ciudad y concejal de Asesoría Jurídica, Manuel Villar (PP), ha destacado este jueves que las declaraciones prestadas ante esta comisión no permanente del pleno "pueden acarrear responsabilidades judiciales para los declarantes ante el órgano jurídico que instruye la causa sobre el residencial Les Naus en la zona de La Condomina".

Villar ha recordado que las comparecencias ante este órgano municipal "son voluntarias y nadie está obligado a prestar declaración ante una comisión cuyo verdadero objetivo es aclarar cómo se ha actuado en el seno del Ayuntamiento en relación con la promoción de Les Naus".

El vicealcalde ha recalcado que la función de la citada comisión es "arrojar luz sobre la intervención municipal en esta promoción de vivienda pública" y ha abundado en que el consistorio "se limitó a enajenar la parcela de suelo público para la construcción de las viviendas en La Condomina y a otorgar la licencia de obras".

"No vamos a entrar en otros ámbitos jurídicos o legales, en los que el Ayuntamiento no tiene competencias", ha subrayado, al tiempo que ha apostillado que "corresponde al juzgado investigar y dilucidar posibles responsabilidades" y que el Ayuntamiento "colabora con la justicia desde el primer momento en que se conoció el caso y presentó la correspondiente denuncia en la Fiscalía".

El Ayuntamiento constituyó el lunes la comisión no permanente y entre las propuestas de comparecencias que trasladaron los grupos políticos municipales están la de Rocío Gómez, exconcejala de Urbanismo y quien, además, es adjudicataria de un piso en Les Naus. En esta petición, coincidieron todas las formaciones.

Antes de finalizar esa sesión constitutiva, se acordó que la comisión de las VPP se volviera a reunir este viernes a las 13.00 horas, con el objetivo de poder concretar un calendario de sesiones. Cada grupo municipal planteó su plan de trabajo.

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El PSPV ve indecente la contratación de la pareja de Llorca

 VALENCIA.- El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha criticado la falta de  "decencia" en el acceso de la pareja del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a una plaza de funcionaria en la Diputación de València mediante una comisión de servicios, que ha definido como uno de los "escándalos" de la gestión del jefe del Consell durante los tres meses que lleva en el cargo.

En respuesta a estas críticas, en la sesión de control en Les Corts, Llorca ha acusado al PSPV de querer 'destrozarle públicamente'  utilizando la contratación de su pareja para 'desviar la atención' de casos que afectan al Gobierno o de la gestión del Ministerio de Transportes. Además, ha asegurado que para los socialistas 'el feminismo y la conciliación solo vale si es para los suyos'.

La contratación de la pareja de Llorca ha centrado la sesión de control tras conocerse que la Diputación ha fichado a su pareja, hasta ahora administrativa del Ayuntamiento de Finestrat, del que Llorca fue alcalde hasta su nombramiento como jefe del Consell. 

La pareja de Llorca, también líder del PPCV, pasa a cobrar el doble de la retribución que tenía en el consistorio. La Diputación justificó que cumple los requisitos para el puesto y defendió "absoluta normalidad administrativa" en el proceso.

Durante su intervención, el síndic del PSPV ha asegurado que, desde que Llorca llegó a la Generalitat "para darle normalidad institucional a la Comunitat Valenciana y recuperar el crédito perdido después del peor  'president' ", en alusión a Carlos Mazón que "sigue en su escaño" como diputado del PP "y sin venir a trabajar y con sus privilegios" como  "expresident", "los escándalos no dejan de incrementarse".

En primer lugar ha señalado la polémica por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante "adjudicadas por cargos del PP a cargos del PP", así como "la construcción ilegal" de la vivienda de Llorca en Finestrat.

Seguidamente ha criticado la investigación al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño, por la gestión de los bonos comercio en la Diputación de Alicante durante 2022 y 2023, por la que ha quedado en libertad con cargos. 

"También es mala suerte que el proyecto estrella de la Diputación que Mazón [entonces presidente de la corporación provincial] le dio a su hermano Carlos Baño acabe precisamente con Carlos Baño con los huesos en la cárcel", ha dicho.

Por último, ha denunciado que la pareja de Llorca se ha beneficiado de una comisión de servicios "hecha a medida para pasar de ganar 25.000 euros a 52.000 en pleno centro de València".

 "Usted estaba muy indignado con los jetas y, desde que usted preside la Generalitat, los jetas campan a sus anchas en la Comunitat Valenciana. ¿Piensa hacer algo al respecto", ha cuestionado al 'president'.

En su primera réplica, Llorca no ha hablado sobre la contratación de su pareja y ha acusado a los socialistas de "vivir de la manipulación y la mentira", para reiterar que no le "van a encontrar ahí".

Ha asegurado que "los únicos escándalos? se dan en el PSOE y ha apuntado como "caso más flagrante" la "inacción" de las secretarías socialistas de Organización e Igualdad, las valencianas Rebeca Torró y Pilar Bernabé, "por esconder los casos de abusos que habían denunciado sus compañeras de partido".

En su segundo turno, el síndic del PSPV ha replicado con la investigación al alcalde de Jérica, el 'popular' Jorge Peiró, por presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos menores de edad. "Sigue en su partido y como alcalde. Tome medidas antes de señalar al resto", ha exigido a Llorca.

Muñoz ha insistido en que la contratación de la pareja del  'president' es "cuanto menos para analizar, porque la plaza "estaba vacante desde octubre y se activó el 27 de enero" por 'conciliación'  como 'reconoció' este pasado miércoles el propio Llorca.

Se ha preguntado ?qué pensarán los miles de funcionarios que piden comisión de servicios para cuidar de sus mayores dependientes y de sus hijos y quieren conciliar?: ?¿Por qué ellos no tienen derecho y usted sí? ¿Será porque usted es ?president? y el resto no? ¿Pensarán ellos que usted es un jeta??.

Ha descrito esta situación como ?el síndrome del Palau? de la Generalitat, ?que es vivir un metro por encima de la realidad?. A su juicio, se suele producir ?en el segundo mandato?, mientras a Llorca ?le ha costado tres meses? y ?lo demuestra con las no explicaciones que está dando?.

?Es un traje a medida ?ha reiterado?. Hemos pasado de los trajes de Camps a los trajes a medida de Pérez Llorca?. Además, ha espetado al ?president? que no se le ?ocurra hablar de machismo? porque ?no es machismo, es enchufismo?, al tiempo que ha acusado a los ?populares? de machista tras las recientes declaraciones del presidente aragonés en funciones, Jorge Azcón, hablando del físico de las exministras Mª Jesús Montero y Pilar Alegría.

El síndic socialista se ha preguntado qué pasaría si la contratación de la pareja de Llorca hubiera sucedido con un ?president? del PSPV. Según él, ?nadie dudaría que Vito Quiles estaría en su puerta? y que ?habría habido un juez Peinado para investigarlo?.

También ha rechazado el argumento de Llorca de que es una ?cacería? contra él ??usted no es una víctima?, le ha espetado? y le ha preguntado si ?se mira al espejo y se reconoce como un jeta?, algo que el ?president? ha negado desde su escaño. Y ha rematado: ?No estoy hablando de legalidad, sino de decencia?.

En su contrarréplica, el jefe del Consell ha mostrado un listado de ?cuatro folios? con ?todas las parejas de cargos del PSOE y Compromís que entraron a trabajar en la administración? durante la etapa del Botànic. ?La diferencia es que yo no utilizaré el nombre de ellos para atacarles, me parece indecente?, ha recalcado, y ha rechazado ?entrar al fango, al lío y a la crispación?.

Ha señalado que en este listado no se sabe cuántas personas ?pasaron una prueba, fueron contratadas a dedo o cumplían los requisitos o no?, tras lo que ha acusado al PSPV de ?mendigar durante dos días a determinados medios de comunicación para que publicaran esta noticia y acogerse a ello?.

Llorca ha defendido las explicaciones que dio este miércoles y ha reiterado que su pareja ?lleva muchos años trabajando en la administración? y pidió una comisión de servicios, como las ?más de 11.500 que se han aprobado en los últimos siete años?. ?El pecado para la izquierda es que es la pareja del ?president? de la Generalitat?, ha reprochado, algo que ha asegurado que no tolerará.

Dicho esto, ha criticado que ayer se quedaron más de 50.00 valencianos ?atrapados? en la Pista de Silla por la ?mala praxis del Ministerio de Transportes y ha acusado al titular del departamento, Óscar Puente, de no pedir disculpas y dedicarse a ?atacar? a su pareja para ?desviar la atención?. Y ha añadido que ?ayer sufrimos que para ir en tren de València a Madrid vas a las misma velocidad que una moto de 49 centímetros cúbicos?.

Según ha argumentado, esto demuestra que, para el PSOE, ?el feminismo y la conciliación solo vale si es para los suyos? y no ?para alguien que no piensa como ellos?, así como que critican la contratación de su pareja para ?destrozarle públicamente?. ?Solo viven de eso?, ha aseverado.

Y ha finalizado: ?Un jeta es emplear a tus queridas en Adif, y ustedes lo taparon mucho tiempo. ¿De verdad intenta comparar a la mujer de un presidente del Gobierno que se va a sentar en un banquillo [en alusión a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez] con cualquier otra funcionaria? Son muy jetas?.

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El PP apoya una propuesta de Vox contra el burka, pero la suaviza para limitar las sanciones a si se obliga a llevarlo

 VALENCIA.- El PP ha apoyado en el pleno de Les Corts una proposición no de ley (PNL) de Vox contra el uso del burka y el niqab en espacios públicos de la Comunitat Valenciana, pero ha incluido una enmienda para limitar las sanciones planteadas en la propuesta a solo a si se obliga a llevar esta prenda y a no simplemente portarla como pedía el grupo minoritario de la oposición.

La iniciativa ha salido adelante gracias a los votos de ambos grupos, frente al rechazo tanto del PSPV como de Compromís. Ambos grupos de izquierda han denunciado que es una propuesta «racista y xenófoba» para señalar únicamente el machismo de una cultura y de una religión.

En concreto, la PNL de Vox insta al Consell a mostrar su rechazo al uso en el espacio público de las prendas de vestuario conocidas como niqab y burka, al considerar que son «contrarias a nuestra cultura y costumbres» y que «atentan contra la dignidad de las mujeres».

Inicialmente, Vox pedía en su iniciativa modificar la Ley orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, con la finalidad de sancionar la utilización de dichas prendas de vestuario, así como la acción de obligar a su uso por parte de padres o tutores, y de fijar las sanciones apropiadas.

Sin embargo, con la enmienda incluida por el PP y aceptada por Vox, se pide que se cambie la Ley 4/2015 «con la finalidad de sancionar, entre otras, la acción de obligar al uso de dichas prendas por parte de padres, tutores u otros, y de fijar las sanciones apropiadas».

Durante el debate de este miércoles, el síndic de Vox, José Mª Llanos, aseguró que esta iniciativa pretende «proteger a las mujeres frente a costumbres y tradiciones que las persiguen, las someten y las desprecian».

En su intervención, la diputada del PP Lucía Peral defendió que «toda la vestimenta que atente contra la dignidad de la mujer debe ser prohibida en nuestro país», como indicó que lo está en otros estados, pero remarcó que su partido no quiere «sancionar a las víctimas» sino a quien «impone» estas prendas.

El síndic de Vox dijo estar «completamente de acuerdo» con la enmienda de los 'populares': «Nosotros estaremos siempre con la víctima y señalaremos siempre a los culpables y a sus cómplices».

Por su parte, la diputada socialista Xelo Angulo lamentó que Les Corts se conviertan en «un parlamento xenófobo y racista» con esta propuesta «trampa», al considerar que PP y Vox dicen querer defender a las mujeres musulmanas sin pretenderlo realmente.

Y el diputado de Compromís Jesús Pla preguntó a Vox si también están en contra de otras prohibiciones por género en tradiciones ortodoxas o ultracatólicas, o de las bombas que van contra mujeres y niñas de Gaza y de Irán por parte del ejército de Israel. 

«No vamos a contribuir a una estrategia de criminalización de toda una cultura y religión», subrayó, además de rechazar «revictimizar a las mujeres que sufren ese patriarcado y machismo que suponen el burka y el niqab».

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La Eurocámara valida centros de deportación fuera de la UE tras un pacto del PP europeo y la ultraderecha

 BRUSELAS.- El pleno del Parlamento Europeo ha adoptado este jueves la posición para negociar con los 27 la reforma de la directiva de retorno, con un mandato que consolida el apoyo a los centros de deportación en países terceros y que ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de la ultraderecha, mientras socialistas, verdes e izquierda cuestionan que respete derechos fundamentales.

El mandato adoptado con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones defiende la obligación de los demandantes de asilo a los que se deniegue la protección de aceptar cooperar con las autoridades para agilizar su expulsión y aboga por plazos de detención para los repatriados de hasta 24 meses si no cooperan o las autoridades ven riesgo de fuga. 

Estos plazos se podrán aplicar incluso a menores no acompañados y a familias con niños pequeños, ya que aunque los eurodiputados piden que sea una medida de «último recurso» y se aplique por el periodo más corto posible teniendo en cuenta el interés superior del menor, no establecen límites por debajo de los 24 meses generales.

Con todo, los motivos para la detención y los plazos deberán estar recogidos en el ámbito de la legislación nacional y corresponderá a las autoridades judiciales decidir sobre ello. Además, reconocen la competencia de los Estados miembro para ofrecer alternativas a la detención como, por ejemplo, presentar informes periódicos, comunicar una residencia fija o pagar una garantía financiera. 

 Además, cualquier país de la Unión deberá reconocer y ejecutar las decisiones de retorno y las órdenes de expulsión emitidas por otro Estado miembro antes del 1 de julio de 2027, a propuesta de la Comisión.

Y el país en donde se encuentre la persona sobre la que pesa una orden de expulsión será responsable de garantizar su retorno. Por otra parte, los eurodiputados abogan por suprimir una disposición de la propuesta original que exige a los gobiernos tomar medidas para detectar a los ciudadanos no pertenecientes a la UE que se encuentran en su territorio de manera ilegal. 

En cuanto a la posibilidad de prohibir la entrada a migrantes a los que se rechaza conceder el estatus de asilo, el mandato defiende que quienes no cumplan una decisión de retorno en el plazo establecido para la vuelta voluntaria quedarán sujetos a la expulsión y se les podrá prohibir la entrada e vuelta a suelo comunitario durante un periodo determinado en función de cada caso, pero que podría llegar a ser permanente.

La posición del Parlamento Europeo, muy cercana a la propuesta de reforma que Bruselas puso sobre la mesa y al mandato que han acordado los Veintisiete de cara a la negociación, consolida los centros de deportación con los que la Unión busca externalizar a países terceros el proceso de retorno de los migrantes a los que se deniegue el permiso de asilo, para garantizar que están fuera de territorio de la UE mientras se tramita su deportación definitiva al país de origen o tránsito que proceda. 

Así, los eurodiputados respaldan modelos similares al que el Gobierno italiano de Giorgia Meloni negoció con Albania para trasladar allí a migrantes sin derecho a asilo mientras se gestiona su expulsión y reconocen que tales acuerdos pueden ser negociados por uno o varios países o incluso por la Unión.

En todo caso, advierten los eurodiputados, no podrán ser transferidos a esos centros fuera de la UE los menores no acompañados. 

Los grupos de Socialistas y Demócratas (S&D), Verdes e Izquierda europea forzaron el voto de este jueves en un intento de frenar el inicio de las negociaciones de esta reforma impugnando el mandato acordado en comisión parlamentaria entre el Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de ultraderecha de Patriotas por Europa, Conservadores y Reformistas Europeos y la Europa de las Naciones. 

 Sin embargo, el apoyo de la mayoría permitirá a los negociadores de la Eurocámara iniciar este mismo jueves los contactos entre el Consejo (gobiernos). El liberal holandés Malik Azmani liderará las negociaciones por el Parlamento en tanto que ponente de la posición de la institución, a pesar de que su informe decayó en favor de otro texto más duro redactado por el 'popular' François-Xavier Bellamy y negociado con la llamada «mayoría Venezuela».

Tras la votación, el Comité Internacional de Rescate (IRC) ha alertado de que esta decisión supone un «Un revés histórico para los derechos de los refugiados» e instado a la UE a defender sus propios principios jurídicos y morales durante el avance de las negociaciones. 

Desde Caritas Europa, por su parte, se han mostrado «profundamente preocupados» y han arremetido contra la Eurocámara por respaldar «medidas aún más estrictas que socavan la dignidad humana, los derechos fundamentales y las garantías legales». 

En un comunicado, el Partido Popular ha defendido que esta reforma permitirá reforzar la credibilidad de su política migratoria y reducir la inmigración irregular mediante normas más estrictas y coordinadas. 

«No podemos avanzar en una política migratoria creíble y eficaz si las decisiones de retorno no se cumplen», ha dicho al respecto el presidente de la comisión europarlamentaria de Libertades Civiles, Justicia e Interior y eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos, que sostiene que el nuevo reglamento entra en contradicción con la política migratoria y regularización extraordinaria del Gobierno.

Por parte de Vox, su jefe en la Eurocámara, Jorge Buxadé, ha puesto en valor que se acuerde un mandato «más duro» y subrayado que, cuando se aprobado definitivamente, será de obligado cumplimiento por todos los países de la UE. 

También ha celebrado que la posición de la Eurocámara vaya más allá que la Comisión y considere que los gobiernos nacionales vayan a ganar «autonomía» al poder decidir «deportaciones forzosas» si lo ven justificado, sin tener que someterse a una lista cerrada de criterios establecidos por la UE. 

«No se trata de un enfoque europeo equilibrado, sino un giro político impulsado por el deseo del PPE de alinearse con la extrema derecha», ha alertado, por su parte, la vicepresidenta de los socialdemócratas en la Eurocámara, Ana Catarina Mendes, quien ha avisado de que los derechos fundamentales consagrados en los Tratados no pueden ser considerados como «opcionales». 

La eurodiputada que negoció por Los Verdes, Mélissa Camara, que la víspera pidió aplazar el voto para dar más margen a la negociación de un texto menos duro, ha tachado del resultado de «vergüenza» y considerado que se trata de «una traición a los valores fundamentales de la Unión Europea».

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La Aemet pronostica el tiempo que hará en Semana Santa: comenzará con lluvias y bajada de temperaturas

 
https://www.eldebate.com/sociedad/sociedad-medio-ambiente/20260326/aemet-pronostica-tiempo-hara-semana-santa-comenzara-lluvias-bajada-temperaturas_400326.html

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Las exportaciones agroalimentarias españolas logran un nuevo récord en 2025 tras crecer un 4%

 
https://murciaplaza.com/murciaplaza/espana-murcia/las-exportaciones-agroalimentarias-espanolas-logran-un-nuevo-record-en-2025-tras-crecer-un-4

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