La crisis está afectando también al gremio de los políticos corruptos, particularmente a escala municipal, y aún más particularmente en las zonas turísticas. Tal como están las cosas, hay en la actualidad muchos más alcaldes y concejales dispuestos a venderse que gente adinerada dispuesta a comprarlos.En realidad, políticos vendidos, lo que se dice vendidos, yo no he conocido nunca a ninguno. He tenido noticia, eso sí, de muchos políticos alquilados por horas, para tal o cual faena concreta. Políticos de usar y tirar, como quien dice. Lo cual me ha parecido siempre muy sensato por parte de quienes les pagan.
Si el corruptor compra un político, ¿qué hace con él cuando no tiene en qué emplearlo? ¿Lo pone a que le arregle el jardín, o a que le cuide a los niños cuando sale a cenar con su señora? Funciona mucho mejor el contrato por obra: el político hace esta o la otra recalificación de terrenos, o autoriza la apertura de tal o cual hotel situado a un palmo de la orilla del mar, en flagrante violación de la Ley de Costas, o desoye las quejas por la insoportable bulla que arma la superdiscoteca de moda en la playa, que no deja dormir a nadie en 500 metros a la redonda… cobra su parte alícuota y sanseacabó.
Ambas partes salen ganando: el sobornador porque puede olvidarse del sobornado y dedicarse a sus cosas, y el sobornado porque queda libre para ofrecerse a otros hipotéticos alquiladores. Es lo que se llama el libre mercado.
Pero en esto que ha llegado la crisis económica, con particular gravedad en el gremio de la construcción, y en parte del turismo, lo que ha entrañado un frenazo muy importante de muchas iniciativas inmobiliarias, incluidas las de improbable legalidad. Y los alcaldes y concejales que ya le habían cogido gusto al cohecho, y que habían montado su tren de vida contando con la cadencia habitual de sobornos, se ven pillados. Se angustian: ¿tendrán que renunciar al yate, al casino, a las francachelas?
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