El pistoletazo para la integración de cajas de ahorros ante la crisis económica lo propició Rodríguez Zapatero en el Congreso de Diputados: "Es probable que se produzcan situaciones de fusión, dijo.La estrategia de esta operación corresponde a Braulio Medel, presidente de Unicaja, de Málaga, y vinculado de siempre al partido socialista.
Por eso, no fue de extrañar su presencia en la cumbre bancaria celebrada poco antes en La Moncloa y de la que fueron excluidos llamativamente José Luis Olivas y Vicente Sala, presidentes respectivos de Bancaja y CAM, dos de las principales y más productivas cajas de España. Total, ¿para qué iba a interesarle su opinión al jefe del ejecutivo?
El socialista Manuel Chaves, presidente andaluz, ya lleva tiempo tratando de unir las cinco cajas de su región y tener así una especie de banco central autonómico con el que financiar proyectos con más intención política que económica. Pero no es el único. Su homólogo del PP en Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha lanzado en plancha hacia la fusión de las seis cajas de su ámbito geográfico —en toda España hay 45 cajas de ahorro, supervivientes de aquellos Montes de Piedad del siglo XVIII—, aunque sea a costa de armar un guirigay político entre entidades tan opuestas como Caja España, de León, y la mucho mejor gestionada Caja Duero, de Salamanca.
Y es que lo importante no parece ser el beneficio público del dinero de todos, sino su control político para orientar así su uso hacia la conveniencia partidista. Sobre todo, no lo olvidemos, porque nuestras cajas están saneadas, pese a las dificultades crediticias y a su excesiva exposición a la financiación inmobiliaria. En la última década, cada tres o cuatro años han doblado sus ganancias y esta misma semana la CAM ha anunciado que sus beneficios durante 2008 se han incrementado en un 5 por ciento respecto al año pasado.
La culpa de la avaricia institucional hacia las cajas la tiene su propio y estrambótico estatus de "entidades de crédito constituidas bajo la forma jurídica de fundaciones de naturaleza privada".
En la práctica, eso supone su control por las instituciones públicas en un 50 por ciento. Se explica, así, la anomalía de que Bancaja sea gestionada por quien ha sido antes presidente de la Generalitat. El responsable máximo de Caja Castilla-La Mancha, a su vez, es el connotado socialista Juan Pedro Hernández Moltó. Y en esa línea de busca de obediencia política hacia el respectivo Gobierno autonómico de turno, tenemos el pulso de Esperanza Aguirre con Miguel Blesa para sacarle de Caja Madrid y el proyecto de Juan José Ibarretxe de fusionar la BBK y la Kutxa bajo la presidencia de José Antonio Ardanza. Y si ha dejado fuera a la alavesa Caja Vital es porque su presidente, Gregorio Rojo, pertenece al partido socialista.
El argumento para justiciar un mayor control y la ansiada fusión es que la morosidad de nuestras cajas se ha triplicado en lo que va de año y que para 2010 podría llegar al 5 por ciento. Aun en ese caso, el riesgo sería perfectamente asumible en las condiciones actuales. Bancaja y CAM, además, pertenecen al denominado Grupo dos de cajas, con una morosidad media del 2,875, inferior a las de La Caixa y Caja Madrid y también a las de mediano tamaño. O sea, que no hay motivo para un alarmismo interesado.
Hace años, siendo presidente del Consell Eduardo Zaplana, se intentó hacer con la non-nata fusión de cajas una especie de banco central de la Comunitat que propiciase arriesgadas inversiones.
La oposición frontal de sus dirigentes desvió el tema hacia una corporación conjunta de participaciones industriales cuya inanidad, por fortuna, ha sido absoluta. No parece que ahora Francisco Camps esté por la labor: entre otras razones, por entender que la falta de complementariedad de esas entidades en la región duplicaría costes sin obtener ningún beneficio a cambio.
Ante la abrumadora tentación de hacer fusiones a toda costa, valdría la pena utilizar razonamientos económicos antes que conveniencias políticas.
Una España con 17 bancos centrales al servicio del Gobierno de turno en otras tantas autonomías supondría un dislate financiero peor que cualquier pesadilla que pudiera sobrevenir.
Mejor que eso, sobre todo en el caso de CAM y Bancaja, sería la vinculación transversal con entidades financieras de otras regiones.
Así, sí. De esa manera podrían obtenerse sinergias y realizarse operaciones con mayor cobertura y menores riesgos. Pero, claro, eso supondría modificar una legislación que ningún partido parece dispuesto a apoyar.
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