ALICANTE.- La provincia lidera por cuarto mes consecutivo el descenso interanual de la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social. Los datos del Ministerio hechos públicos ayer indican que Alicante cerró septiembre con una media de 90.545 inscripciones de trabajadores inmigrantes, que representan una pérdida de 5.788 cotizantes en comparación con el mismo periodo de 2007, según "Información".
Este es el retroceso más acusado desde junio, cuando se detectó la tendencia a la baja de las afiliaciones de este colectivo. En septiembre el descenso porcentual alcanzó el 6%, frente al autonómico del 3,85% y el repunte a nivel estatal del 2,87%.
La crisis económica, derivada especialmente del brusco ajuste de la actividad de la construcción, se encuentra en el origen de este fuerte retroceso. Los trabajadores extranjeros han sido durante los años del "boom" inmobiliario los que más han contribuido a elevar las cotizaciones, al igual que el censo poblacional de la provincia debido al fuerte dinamismo empresarial.
Sin embargo, ahora, con la crisis son los primeros en desaparecer del sistema, lo que los coloca en una situación "especialmente vulnerable, ya que no tienen una protección por desempleo importante, ni cuentan con familias que suplan esa protección porque están en sus países de origen o porque todos sus miembros ocupan puestos de trabajo igualmente vulnerables", según advierte CC OO.
Este sindicato considera "imprescindible" no sólo reforzar la protección, sino también "aplicar en todo su rigor las normas contra el empleo irregular y la explotación laboral entre la población inmigrante, poniendo a disposición los recursos de inspección y control necesarios", incidía Salvador Roig, responsable de comunicación del CC OO.
El pasado mes de junio, la provincia contaba con 95.100 cotizantes extranjeros, que se vieron aumentados hasta los 95.820 en julio para volver a recortarse en agosto hasta los 93.267 y en septiembre a los 90.545. De éstos, 59.470 están inscritos al régimen general; 17.202 al de autónomos; 8.654, al agrario; 250, al del mar y 4.970 al de los empleados del hogar. En el ámbito autonómico, la Comunidad cuenta con 226.823 cotizantes extranjeros, que suponen una pérdida de 9.074 trabajadores.
El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, reclamó ayer al Gobierno central una partida destinada a la puesta en marcha de itinerarios formativos para la población inmigrante, debido a que "su permiso de residencia se encuentra condicionado a la posesión de un contrato de trabajo", según fuentes de la Generalitat.
Para Blasco, "la lucha contra el desempleo tiene que ser una de las prioridades del Gobierno", más si quiere evitar la presencia de trabajadores sin documentación en España "por la no renovación de permisos de empleo y la escasa acogida, de momento, de los programas de retorno voluntario".
Este es el retroceso más acusado desde junio, cuando se detectó la tendencia a la baja de las afiliaciones de este colectivo. En septiembre el descenso porcentual alcanzó el 6%, frente al autonómico del 3,85% y el repunte a nivel estatal del 2,87%.
La crisis económica, derivada especialmente del brusco ajuste de la actividad de la construcción, se encuentra en el origen de este fuerte retroceso. Los trabajadores extranjeros han sido durante los años del "boom" inmobiliario los que más han contribuido a elevar las cotizaciones, al igual que el censo poblacional de la provincia debido al fuerte dinamismo empresarial.
Sin embargo, ahora, con la crisis son los primeros en desaparecer del sistema, lo que los coloca en una situación "especialmente vulnerable, ya que no tienen una protección por desempleo importante, ni cuentan con familias que suplan esa protección porque están en sus países de origen o porque todos sus miembros ocupan puestos de trabajo igualmente vulnerables", según advierte CC OO.
Este sindicato considera "imprescindible" no sólo reforzar la protección, sino también "aplicar en todo su rigor las normas contra el empleo irregular y la explotación laboral entre la población inmigrante, poniendo a disposición los recursos de inspección y control necesarios", incidía Salvador Roig, responsable de comunicación del CC OO.
El pasado mes de junio, la provincia contaba con 95.100 cotizantes extranjeros, que se vieron aumentados hasta los 95.820 en julio para volver a recortarse en agosto hasta los 93.267 y en septiembre a los 90.545. De éstos, 59.470 están inscritos al régimen general; 17.202 al de autónomos; 8.654, al agrario; 250, al del mar y 4.970 al de los empleados del hogar. En el ámbito autonómico, la Comunidad cuenta con 226.823 cotizantes extranjeros, que suponen una pérdida de 9.074 trabajadores.
El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, reclamó ayer al Gobierno central una partida destinada a la puesta en marcha de itinerarios formativos para la población inmigrante, debido a que "su permiso de residencia se encuentra condicionado a la posesión de un contrato de trabajo", según fuentes de la Generalitat.
Para Blasco, "la lucha contra el desempleo tiene que ser una de las prioridades del Gobierno", más si quiere evitar la presencia de trabajadores sin documentación en España "por la no renovación de permisos de empleo y la escasa acogida, de momento, de los programas de retorno voluntario".
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