ALICANTE.- El Juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela ha abierto juicio oral por el caso de las llamadas 'primas únicas', por el que el fiscal Anticorrupción pide una pena de tres años de prisión y una multa de dos millones de euros para el ex conseller Luis Fernando Cartagena por un delito contra la Hacienda Pública, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).El Juzgado de Instrucción número 4 de Orihuela ha finalizado recientemente la instrucción del asunto y ha dictado el auto de apertura de juicio oral, para lo cual el Juzgado de lo Penal aún no ha realizado el señalamiento, según indicaron las mismas fuentes.
La investigación analiza las llamadas cesiones de crédito de nuda propiedad, un producto financiero comercializado por el Banco Santander entre los años 1988 y 1989, que según recoge el escrito provisional de acusación del Fiscal, "estaba encaminado a propiciar la inversión de dinero negro o físicamente opaco, asegurando el banco a sus clientes que la Hacienda Pública no tendría conocimiento de quiénes eran los propietarios de las cantidades invertidas".
No obstante, un decreto del año 1989 impidió que los activos financieros denominados 'seguros de prima única' y 'cesiones de crédito' siguieran en el mercado como opacos, y los bancos tuvieron que enviar a Hacienda la identidad de los titulares de estos productos.
Las indagaciones practicadas también permitieron conocer que uno de los titulares de estos productos financieros presuntamente era Luis Fernando Cartagena, pese a que las cuentas estaban a nombre de F.S.I. --un empresario ilicitano fallecido en la actualidad--, que aparecía como titular de nueve cesiones de crédito y que inicialmente fue imputado en la causa.
La Fiscalía sostiene que el estudio de la documentación contable y los estudios realizados por el Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia sobre las operaciones llevadas a cabo por el Banco Santander, avalan que el ex conseller era el verdadero beneficiario y quien había realizado las inversiones.
En este proceso, el ex conseller siempre ha negado que él estuviera detrás de las cuentas investigadas, aunque el fiscal recoge en su informe que el imputado tuvo un incremento de patrimonio no justificado, por capitales invertidos en cesiones de crédito imputables al ejercicio fiscal de 1988, de 158,5 millones de las antiguas pesetas.
En este sentido, estima que la cuota no ingresada, --el dinero presuntamente defraudado a Hacienda--, es de 502.817 euros, y por ello pide una pena de prisión de tres años y una multa de 1.508.453 euros --cantidad que triplica la cuota mínima defraudada--, por el delito contra la Hacienda Pública.
Además, como responsabilidad civil reclama una indemnización a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 502.817 euros en concepto de la citada cuota no regularizada del ejercicio fiscal 1988, a lo que hay que devengar los intereses legales.
En su escrito de acusación provisional, Felipe Briones también considera que procede dictar el sobreseimiento libre de la causa respecto a F.S.I. --el supuesto titular de las operaciones--, así como embargar de forma preventiva los bienes del acusado para asegurar el pago de la pena de multa y de la responsabilidad civil solicitada.
No tendrá que volver a prisión
En su casa de Valencia. Allí es donde va a cumplir la pena el ex conseller de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, condenado a cuatro años de cárcel por malversación de fondos públicos y falsedad documental al quedarse con ocho millones de las antiguas pesetas de una congregación de monjas, según "Levante".
Instituciones Penitenciarias ha concedido al también ex alcalde de Orihuela el tercer grado inicial que le permite completar la condena con control telemático, es decir, portando una pulsera que le obligará a permanecer en su domicilio un mínimo de ocho horas pero que, por contra, le exime de volver a la prisión de Albacete, en la que lleva desde julio y en donde ingresó, tras un permiso de fin de semana, probablemente por última vez por esta causa. El ex conseller pidió su traslado a esa cárcel desde la de Villena, en la que apenas permaneció unos días tras su ingreso voluntario el 16 de julio.
La decisión del cambio de régimen penitenciario de Cartagena se ha adoptado en Madrid previo informe favorable de toda la junta de tratamiento de la prisión albaceteña, que por unanimidad estimó que debía concedérsele el tercer grado. Un criterio que tampoco fue recurrido por el fiscal de Vigilancia Penitenciaria.
Fuentes del caso explicaron que a favor del ex político ha pesado, fundamentalmente, que haya devuelto el dinero con el que se había quedado zanjando así la responsabilidad civil, aunque también se ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos, 16 años, el que se trate de su primer delito, el apoyo familiar y que el interno está «socializado».
Las fuentes antes citadas agregaron que las condiciones que reúne Cartagena son «de libro» para concederle este nuevo status penitenciario que mejora sustancialmente el modo en que completará el cumplimiento de la condena. Las mismas fuentes puntualizaron que, con todo, esto no hubiera sido posible de haber superado la condena los cinco años de prisión.
La resolución se ha adoptado cuando aún no se han cumplido los tres meses de su ingreso en prisión y después de que el ex conseller estuviera esperando durante años a que se le concediera el indulto que había solicitado, lo que no ocurrió. Cartagena tiene aún otro proceso penan pendiente por el caso de las primas únicas.
«Para cumplir una condena no es necesario estar entre rejas. En casa, con el control telemático, también voy a estar cumpliendo la pena. No hay que confundir pena con castigo». Así se expresaba Luis Fernando Cartagena apenas una hora antes de regresar a la prisión de Albacete, tras disfrutar de un permiso de fin de semana, para el que el probablemente será su último ingreso por esta causa.
Cartagena explicó que está a la espera de que se resuelvan unos trámites administrativos para que se haga efectivo el cambio de grado del segundo al tercero inicial y poder regresar así a Valencia, donde seguirá cumpliendo la pena, pero ya con control telemático.
El ex conseller resaltó el hecho que hubiera habido unanimidad en la junta de tratamiento de la cárcel para acceder este cambio, solicitado por su abogado, y que desde que se produjeron los hechos «no haya tenido ni una multa de tráfico».
Aseguró que «sigo con mi vocación de vivir tranquilo» y, a la pregunta de si se iba a volver a incorporar a su actividad profesional en una mercantil de telefonía, precisó que «tengo que preparar mi adaptación a la vida profesional pero no reincorporarme porque no me he ido, me han seguido pagando».
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