Castellano, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, señaló que mientras gobierne el PP en la Comunitat Valenciana las corridas de toros y los festejos taurinos "estarán garantizados".
En esta línea, explicó que la declaración de BIC se hará "a través del trámite ordinario", es decir, mediante un decreto que no pasará por las Corts Valencianes.
Discrepancias
La coordinadora y portavoz parlamentaria de EUPV, Marga Sanz, se mostró hoy "rotundamente contraria" a la decisión de la Generalitat valenciana y, al respecto, consideró que la medida pretende "desviar la atención" de "los problemas reales" de la Comunitat Valenciana, según informó en un comunicado esta formación política.
En este sentido, Sanz criticó que el Consell demuestra "no tener capacidad política" al "copiar esta ocurrencia" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para "desviar la atención de los problemas reales del País Valencià". En su opinión, "los más de medio millón de desempleados y los miles de dependientes no están preocupados por los 'bous al carrer' sino por la deficiente gestión de un Gobierno que los tiene olvidados".
Sanz lamentó que el Consell, con esta decisión, "degrade tanto el nivel de la política valenciana" buscando "desesperadamente motivos de distracción respecto a los graves problemas políticos y económicos que hay de enfrentar".
"El otro día --continuó-- era la 'mascletà napolitana' y ahora son los espectáculos de 'bous al carrer', temas absolutamente folclóricos y que no tienen nada a ver con las necesidades reales de la ciudadanía, que sufre la crisis", criticó la diputada autonómica.
Además, la coordinadora de EUPV consideró una "provocación" que el Consell quiera aprobar "un BIC tan absurdo cuando está intentando cargarse el BIC de El Cabanyal".Por esta razón, instó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a "dejar de hacer el ridículo y retirar inmediatamente esta ocurrencia copiada de Esperanza Aguirre para desviar la atención de los problemas reales que no sabe como gestionar", concluyó.
También Els Verds-Esquerra Ecologista del País Valencià expresó hoy su "rotunda repulsa" y aseguró, en este sentido, que "los toros merecen estar protegidos, pero protegidos de la barbarie humana", así como del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que protege "el espectáculo de la tortura y la sangre derramada por los toros", lamentó.
En un comunicado, esta formación consideró que, con esta medida, Francisco Camps "vuelve a quedar en evidencia al impulsar la protección de una arcaica y violenta costumbre, tan solo respaldada por el 12 por ciento de la población, mientras que más del 70 por ciento (según recientes encuestas del Instituto Nacional de Estadística) no verían mal que se aboliesen".
Para Els Verds, "las Corridas de Toros son una muestra más del retraso y contracorriente de España respecto a la declaración de los derechos universales de los animales y algunas directivas europeas, como la 93/119/CE sobre la protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza".
A este respecto, este grupo denunció la "pasividad" del Gobierno valenciano para "proponer soluciones a los problemas socioeconómicos y ecológicos de primer orden del País Valencià, mientras el presidente Camps y todo el Consell dedican su tiempo a anunciar medidas populistas, demagógicas y electoralistas, que buscan crear más enfrentamientos y discrepancias".
"Una propuesta de BIC tan obsoleta y desfasada como la protección de la matanza con sufrimiento de toros y caballos en favor de un macabro espectáculo", censuró.
Asimismo, recordó que el grupo parlamentario de Compromís, al que esta formación pertenece, "propuso una mejora de la legislación de protección animal, hasta la fecha insuficiente, debido a la ambigua, sesgada, superficial y obsoleta Ley 4/94 de Protección Animal (sólo de compañía), proponiendo una propuesta integral de protección animal para que se apruebe y aplique en el País Valencià".
Els Verds-EEPV considera "urgente" elaborar y aprobar una Ley Integral del Animal, ya que "los animales son seres dotados de sensibilidad psíquica y física", lo que quiere decir que "son merecedores de unos derechos propios de su condición animal".
Asimismo, exigió que de forma "inmediata" las administraciones públicas "no financien actividades relacionadas con la tortura de animales, dejando de costear, por ejemplo escuelas o museos taurinos y reorientando estas inversiones a los centros de recuperación y albergues de animales", concluyó.
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