miércoles, 3 de marzo de 2010

El PP defiende levantar el derecho de veto autonómico en caso de intervención de una caja de ahorros

MADRID.- El secretario de Política Económica del PP, Cristóbal Montoro, afirmó que lo que su partido defiende es levantar el derecho de "veto" autonómico en casos de insolvencia de una entidad financiera que deba ser intervenida, al igual que se contempla en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El responsable económico 'popular' señaló que lo que se defiende es que se levante el derecho de veto en aquellos casos de insolvencia de una entidad bancaria donde haya que utilizar dinero público para rescatar o revisar el estatus de esa entidad bancaria.

"Es lo que se dice desde el principio de esta crisis y lo que está programado en el caso del FROB, donde hay habilitación para intervención que supera el veto autonómico en el caso de intervención de una entidad bancaria", aclaró.

Así, considera que no es "nada nuevo" y añadió que buena parte de ese documento en definitiva son las propuestas realizadas durante toda la legislatura y en concreto en el FROB, el cual considera que no se está aplicando.

"Estamos en el país donde no pasa nada, el Gobierno dice que no pasa nada y aprobamos un decreto ley, que en definitiva es una ley aprobada por la vía de máxima urgencia, apoyada por el PP, para que no se aplique", dijo.

De esta forma, insistió en que no hay contradicciones en el documento porque no van "contra la competencia autonómica" que contempla el derecho de veto en determinadas condiciones en relación con cambio de estatus de las entidades.

Precisamente reclamó a la vicepresidenta que explique que hay que hacer un nuevo mapa bancario en España y hacerlo "no todo por las buenas", sino impulsar los cambios en los estatus de aquellas entidades financieras que lo "necesiten", algo que a quien corresponde, en su opinión, es al Gobierno central con la información del Banco de España.

En cualquier caso, Montoro consideró que corresponde al ámbito de las autoridades de la comunidad autónoma tomar este tipo de decisiones sobre la presencia de cargos electos, pero además señaló que el Gobierno es el que tiene que poner orden porque se trata de una cuestión "general para todos".

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