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| enrique ortega |
Los Ayuntamientos son la administración que menos gasta (13% del gasto público, frente al 36% las autonomías y el 51% la administración central), pero el gasto municipal se disparó con el boom inmobiliario (+72 % entre 2001 y 2008), en obras faraónicas y dispendios sin control. Y ahora, con la crisis, les han caído en picado los ingresos (la cuarta parte y más), que en un 54% venían del ladrillo. Con ello, los Ayuntamientos tendrán este año un déficit de 8.719 millones de euros, un 27% más que en 2010 (aunque su agujero es la cuarta parte del de las autonomías). Y como ahora el Gobierno les ha prohibido endeudarse más (ya tienen una deuda de 29.503 millones de euros, casi la cuarta parte sólo Madrid), no les queda más remedio que recortar gastos y tratar de ingresar más.
Para darles la puntilla, la mayor parte de las autonomías (Cataluña y Asturias entre ellas) les han recortado transferencias este año. Además, tendrán que devolver al Estado, en 2011 y 2012, unos 6.200 millones en anticipos que cobraron de más en 2008 y 2009. Y para colmo, otros 1.022 municipios no cobrarán la transferencia de Hacienda en octubre (13,5 millones) como castigo por no haber presentado sus cuentas de 2010. En suma, menos ingresos.
Así que toca hacer recortes. Lo primero que están haciendo los Ayuntamientos es no pagar las facturas: luz (Valencia debe 12 millones), teléfono (León tiene 800.000 € sin pagar), recogida de basuras (Madrid paga con 9 meses de retraso) y miles de servicios. Se estima que los Ayuntamientos deben unos 35.000 millones de euros a proveedores y que tardan una media de 296 días en pagar (la Ley de Morosidad marca 50 días), lo que ha provocado ya algunos cortes de luz y teléfono. Lo segundo que hace la mayoría es recortar gastos corrientes, un tercio del presupuesto municipal: menos alumbrado, menos alquileres, gastos en fiestas, coches oficiales, móviles, tarjetas, viajes, publicidad… Y lo tercero, reducir subvenciones y ayudas: actos culturales, eventos deportivos y clubs, asociaciones, ayudas a comedores y transporte, a familias y colectivos desfavorecidos y recorte de gastos sociales.
Otro capítulo de recorte es el de personal, que se lleva otro tercio del gasto municipal, con 660.000 empleados públicos (un 60% contratados). Aquí las medidas van desde reducir sueldos de alcaldes y concejales a reducir horas extras e incluso sueldos, llegando a no renovar eventuales ni jubilados y hasta despidos de funcionarios. El problema es que los Ayuntamientos han creado una administración municipal paralela, una maraña de organismos autónomos (1.751) y empresas, Fundaciones y consorcios municipales (otros 1.602), para eludir controles y gastar más libremente en los años de “vacas gordas”: sociedades de gestión de urbanismo, teatros, auditorios, polideportivos, zoos, parques de atracciones, campos de golf, RTV locales, hasta hoteles… Y ahora hay que ver cómo se desmonta el tinglado. Y mientras, no hay un duro para inversiones nuevas ni para mantenimiento (desde calles a instalaciones).
No basta con los recortes y no pagar las facturas: hay que ingresar más. Por eso, la mayoría de los Ayuntamientos están subiendo las tasas, desde las basuras al pago por bodas, los vados, el agua, la tasa de circulación, la cuota de los polideportivos, la tasa de incendios, la expedición de documentos o una tasa por tener perro (Benidorm o Coslada)... Y algunos el impuesto sobre la vivienda, el IBI, tras la revisión del catastro, que la mayoría hará en 2012. Pero no pueden subir mucho sus ingresos, ya que los impuestos propios sólo son la mitad del presupuesto y los de vehículos, obras, terrenos y sobre la actividad económica (IAE) están de capa caída por la crisis.
Con ello, la vía obligada es el recorte de gastos, en muchos casos gastos sociales que les han crecido con la crisis. Y lo peor será el año 2012, ya que el Gobierno y los Ayuntamientos se han comprometido con Bruselas a recortar su déficit del 0,8 % del PIB (2011) al 0,3%. Y eso supone recortar 5.000 millones más, algo imposible para los Ayuntamientos si no se reforma su financiación, con una nueva Ley que lleva años esperando. Y también habrá que reducir el número de Ayuntamientos (8.116), para compartir servicios y ahorrar costes, como acaban de hacer ya Italia y Grecia: en España, el 85% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes (945 menos de 1.000), lo que encarece su gestión.
Pasado el 20-N, una de las tareas urgentes debía ser conseguir un gran pacto municipal, que fijara dos cosas: las competencias que deben tener los Ayuntamientos y cómo financiarlas. Y es que un 26% de los servicios que prestan los municipios (y que les cuestan 9.000 millones al año) son “gastos impropios”, que deberían hacer las autonomías (o el Estado central): seguridad y protección civil, cultura, protección social y servicios sociales (vivienda, educación, sanidad, bienestar comunitario, ayudas). Si lo siguen haciendo (España es el país europeo con menos peso del gasto local), hay que darles más ingresos y quitarlos de otro lado. No duplicar y triplicar servicios en distintas administraciones, cada una con su chiringuito, para que al final nos cueste más a los contribuyentes. Y ya puestos a elegir, menos autonomías y más Ayuntamientos. Pero saneados.
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