MADRID.- El abogado que denunció a los antiguos gestores de la CAM ante la Audiencia Nacional ha solicitado al Banco de España que abra una investigación más "exhaustiva" de los posibles delitos penales cometidos por los gestores de esta entidad y por los del Banco de Valencia, según el escrito enviado al organismo.
El letrado Diego de Ramón reclama al Banco de España "la apertura de una nueva inspección de control, vigilancia rigurosa y exhaustiva" y advierte al organismo de que pedirá su responsabilidad patrimonial ante los tribunales en caso de que no cumpla con sus obligaciones y remita los resultados a la Justicia.
En concreto, el abogado considera que los responsables de estas dos entidades intervenidas por el Banco de España ocultaron datos contables, realizaron favores políticos, concedieron créditos sin garantías y cobraron comisiones ilícitas, entre otras irregularidades.
De Ramón acusa al organismo supervisor bancario de "dejadez" en su obligación de inspeccionar a las entidades financieras, al quedar acreditadas en sus informes de intervención las irregularidades contables, las indemnizaciones millonarias a sus directivos y la concesión de créditos sin garantía.
El abogado también ha enviado una carta al futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le pide que "depure" a los responsables políticos del PP en las comunidades autónomas de Valencia y Murcia, que han mediado en las dos entidades y cifra en 6.000 millones de euros y entre 600 y 1.000 millones de euros las pérdidas provocadas en las dos comunidades, respectivamente.
En este sentido, el letrado denuncia que "existe un fuerte paralelismo geopolítico" entre la CAM y el Banco de Valencia en la relación mantenida entre sus antiguos gestores y los responsables políticos de las comunidades autónomas de Valencia y Murcia.
En este sentido, De Ramón explica que los últimos presidentes de la CAM y Banco de Valencia, Modesto Crespo y José Luis Olivas, respectivamente, "salieron de la misma cocina política de designación y sin ninguna experiencia financiera".
Además, denuncia que ambas entidades participaron en los mismos proyectos inmobiliarios concediendo "macrocréditos" con "dudosas garantías" a promotoras como Grupo Polaris (1.000 millones de euros), Hansa Urbana (300 millones de euros) y a Francisco Hernando 'El Pocero' (100 millones de euros). El abogado alerta del posible tráfico de influencias en las recalificaciones de terrenos.
Además, De Ramón pide que se investigue a las entidades tasadoras de los inmuebles, cuyos dictámines permitieron a las entidades "duplicar el volumen de negocio" como se demostró en la CAM, al crecer un 370% su cartera crediticia entre 2000 y 2008.
Por último, el abogado pide a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que asuma la responsabilidad de las cuotas participativas que la CAM vendía a sus clientes como si fueran un depósito, así como las elevadas comisiones que les imponían.
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