ALICANTE.- Durante
los meses previos a la intervención por el Banco de España, las
informaciones que llegaban al consejo de administración de Caja
Mediterráneo (CAM) mostraban el pesado lastre que para la entidad
financiera suponía el creciente número de impagados provocados por la
crisis del «ladrillo».
En
febrero de 2011, la CAM acumulaba un stock de 23.358 inmuebles
embargados —tanto viviendas como suelo edificables— por un valor
contable de 3.080 millones de euros. Según uno de los informes
analizados por el consejo de administración, al que ha tenido acceso
Abc, cerca del 65% de estos inmuebles procedía de daciones en pago de
familias que no podían pagar la hipoteca, mientras que el resto procedía
del embargo de bienes de promotores que habían acudido a concurso de
acreedores.
Esta situación no
hizo sino agravarse en los meses previos a la intervención del Banco de
España. Tan solo durante el primer semestre de 2011, la CAM recibió
otros 915 inmuebles procedentes de particulares, por deudas impagadas
cifradas en 142,8 millones de euros. A efectos contables, estos 915
inmuebles fueron valorados en 128,7 millones de euros, por lo que dichos
embargos acarrearon a la caja unas pérdidas de 9,4 millones de euros.
Y
mientras, dada la crisis del ladrillo, la CAM tenía las mismas
dificultades que otras entidades financieras para dar salida al stock de
pisos embargados. Durante 2010, la caja logró vender —a través de su
división inmobiliaria— 2.494 inmuebles por un valor total de 203
millones de euros, lo que solo supone una pequeña parte de un stock de
más de 23.000 inmuebles valorados en un total de 3.000 millones de
euros.
El
creciente número de impagos obligó a CAM a aprobar en el primer
semestre de 2011 quitas en operaciones de crédito que sumaban 30,5
millones, lo que le generó unas pérdidas adicionales de 5,7 millones de
euros.
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