ALICANTE.- La
excesiva concentración de riesgos en el sector del ladrillo, que dejó
un reguero de impagados tras el estallido de la «burbuja» inmobiliaria,
precipitó la quiebra de Caja Mediterráneo (CAM). Pese a que en 2010 el
desplome de la construcción ya era evidente, la caja siguió otorgando
créditos millonarios a las promotoras hasta poco antes de que tuviera
que ser intervenida por el Banco de España, el pasado 22 de julio, revela hoy 'Abc'.
Solo
seis meses antes de quebrar, el consejo de administración de CAM aprobó
(el 27 de enero de 2011) otorgar a las empresas del grupo Ortiz cinco
préstamos que suman 18 millones de euros, además de facilitarle un aval
de otros 12 millones de euros y refinanciar préstamos ya concedidos a
empresas participadas por el promotor —ampliando el plazo de
amortización o modificando sus condiciones— que suman 119 millones de
euros más.
En
total, seis meses antes de quebrar, CAM dio luz verde a operaciones de
financiación por un importe global de 150 millones de euros a las
sociedades de Enrique Ortiz, cuyo nombre ya había aparecido vinculado,
en aquellos momentos, al sumario del «caso Brugal».
En
el citado consejo de administración del 27 de enero del pasado año,
presidido por Modesto Crespo, la CAM aprobó otorgar cinco créditos por
importe de 18 millones de euros a la promotora Deproinmed —propietaria
mayoritaria del suelo edificable de Rabassa, además de en otros sectores
de Benalúa sur y La Condomina, en Alicante—, así como un aval de 12
millones de euros para la promotora, participada por Ortiz y Bancaja.
En la misma sesión, el consejo refinanció cuatro créditos ya otorgados a Deproinmed por importe de casi 66 millones de euros.
Del
mismo modo, el consejo acordó renovar —ampliando los plazos de
amortización— un préstamo de 29,5 millones concedido a Viviendas del
Mediterráneo Orvi, otro de 13,3 millones concedido a Vistahermosa Ciudad
y otro de 10,1 millones de la sociedad valle Condomina.
En
las siete operaciones refinanciadas, aparecen el constructor Enrique
Ortiz y Bancaja como titulares de las garantías otorgadas por su
participación accionarial en estos proyectos urbanísticos. Tan sólo seis
meses después de aquel consejo de administración, el Banco de España
intervino la caja.
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