VALENCIA.- El secretario autonómico de Hacienda y
Presupuestos de la Generalitat, Eusebio Monzó, ha cifrado en 35 millones
el coste de los despidos contemplados en el Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) de Radio Televisión Valenciana (RTVV) y, en este sentido,
ha justificado una modificación presupuestaria de 15.583.000 euros
realizada en diciembre de 2012 para pagar parte de este despido
colectivo.
Monzó ha comperecido este miércoles en la Comisión de
Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la
Generalitat de las Corts Valencianes, solicitada a petición propia y por
el grupo socialista para informar sobre las modificaciones del
presupuesto de Radio Televisión Valenciana (RTVV). El PSPV ha criticado
que en 2012 se alteró el presupuesto por 15.583.000 euros y ha
preguntado cuál ha sido la destinación concreta de este importe.
El secretario autonómico ha señalado que "la modificación
presupuestaria de 15 millones fue para la televisión en general y parte
de esos 15 millones van destinados al ERE". A su juicio, "esa
modificación presupuestaria no se entiende sin la nueva estructura que
se creó tanto para el ente como para la nueva radiotelevisión pública", y
ha destacado que "se necesitaban 35 millones para poder pagar los
despidos".
Al respecto, ha destacado que "ningún miembro del consejo de
administración está satisfecho de tener que despedir a ninguna persona,
pero las circunstancias que estamos viviendo son muy difíciles". Así, ha
señalado que el ERE en RTVV es "la mejor forma de preservar tanto la
estructura de la nueva televisión como de preservar los servicios
públicos esenciales".
Asimismo, durante su comparecencia ha explicado que el plan de
pago a proveedores del año pasado "necesitó la creación de créditos
presupuestarios" y ha puntualizado que en el caso de Canal 9 "se pagaron
120 millones de euros a proveedores" para lo que fue necesario "generar
un crédito para poder pagarlo".
El diputado socialista Josep Moreno ha preguntado "a quién están
pagando; parece que a tramas de corrupción" y ha asegurado que "los
auténticos acreedores de la Generalitat, que son los productores; los
dobladores; los actores valencianos; el amo de la gasolinera de
Burjassot, que ya no les pone gasolina; los empresarios valencianos, no
han visto ni un duro".
"Dígame una empresa a la que le han pagado que no
sea Triskel o no sea por la vivista del Papa", ha añadido.
Monzó, ante las críticas de la oposición por la ocultación de
información, ha respondido que las cuentas de RTVV "las he sacado de
Internet, no he tenido que hacer otra cosa". Así, ha subrayado que las
cuentas son "públicas" y que los miembros del consejo de administración,
en el que hay "gente de distinto signo político", disponen de los
informes. Por ello, ha insistido en que existe "absoluta transparencia".
Por su parte, el diputado de EUPV Ignacio Blanco ha criticado que
el Consell "está utilizando el ERE como excusa" y, así, ha lamentado que
"al final parece que los trabajadores son los culpables de todo". Al
respecto, ha denunciado que si el ERE resulta ilegal "lo pagarían los
trabajadores y los valencianos que se quedarían sin televisión pública".
"Si el ERE es legal o ilegal, lo decidirá quien lo tenga que
decidir", ha respondido el secretario autonómico, quien ha asegurado que
todo el grupo RTVV "está cumpliendo tanto la ley estatal como la
autonómica respecto". Además, ha destacado que el despido colectivo "se
ha hecho bajo el amparo de la legalidad y pensamos que en el grupo RTVV
concurrían circunstancias tanto de tipo económico como causas
organizativas que justificaban la materialización" del ERE.
Al respecto, se ha referido a "pérdidas sistemáticas, caída de
ingresos de explotación, déficit presupuestario, nivel de
endeudamiento", así como al "cambio en el mundo audiviosual por la
salida de nuevas televisiones con la TDT". Asimismo, ha destacado que
"este proceso" de despidos no solo se ha hrecho en RTVV, sino en todo el
sector público "para preservar el interés público".
Por parte de Compromís, la diputada Mireia Mollà ha preguntado por
qué la modificación presuputaria se hizo en diciembre cuando el ERE fue
en agosto, a lo que Monzó ha respondido que "el proceso de negociación
duró todo el año y fruto de ese proceso se cuantificaron las cantidades
que había que asignar".
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