ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha
considerado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV), que anula la aprobación del Plan Rabasa y
la adjudicación a una empresa del empresario Enrique Ortiz, imputado en
el 'caso Brugal', "hace referencia, parece ser, a una cuestión formal", y
ha confirmado que el consistorio no recurrirá esta decisión.
A
preguntas de los medios de comunicación, la primera edil ha aclarado que
no ha leído la resolución, si bien, ha comentado que en ella "se hace
referencia, parece ser, a una cuestión formal".
La alcaldesa además ha adelantado que no prevé plantear recurso de
casación contra esta sentencia. "A partir de ahí, evidentemente,
quienes estén interesados que la recurran", ha añadido, en referencia al
resto de las partes demandadas, entre las que se encuentran la
Generalitat valenciana, así como la mercantil Viviendas Sociales del
Mediterráneo SL --propiedad de Ortiz-- y la promotora Deproinmed SL.
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el
Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ull, ha instado a la alcaldesa de
Alicante Sonia Castedo a "buscar otro sitio adecuado para la ubicación
de Ikea" en Alicante, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de anular el plan Rabasa, en cuyos
terrenos estaba previsto ubicar esta superficie comercial.
A
preguntas de los medios de comunicación, el portavoz socialista ha
recordado que el grupo municipal socialista en 2006 aprobó este
ordenamiento urbanístico, si bien, posteriormente, el posicionamiento
del grupo y del PSPV "ha variado" hasta considerar que el plan "nació ya
cojo" y estaba "mal diseñado".
En esta línea, según ha resaltado, los socialistas presentaron en
2009 un recurso contra este plan que está pendiente de resolución, y
confía en que "se resuelva pronto".
Ull además ha lamentado que el equipo de Gobierno del PP "quiera
relacionar obligatoriamente Ikea con el plan Rabasa", y ha defendido que
"no tiene por qué tener ninguna relación.
Por ello, ha instado a la alcaldesa a que, "si está preocupada
porque Ikea venga a Alicante, como factor dinamizador de la economía,
tiene que buscar otro sitio adecuado para su ubicación", ha
apuntado.
Por su parte, el secretario general de la agrupación local del
PSPV en Alicante, Gabriel Echávarri, ha acusado a Sonia Castedo de poner
en peligro la llegada de Ikea "porque se empecina en que estas
instalaciones se construyan en terrenos de Enrique Ortiz", según informa
en un comunicado la citada formación política.
"Esta obsesión de la alcaldesa está provocando que la ciudad
vuelva a perder un tren importantísimo para generar actividad económica y
empleo", ha indicado el líder socialista.
"Ikea no va a venir de forma inminente como prometía la alcaldesa,
ni en los plazos previstos. Y todo porque la alcaldesa quería si o si,
que fuera a parar al Plan Rabasa, a pesar de que era un plan bajo
sospecha, porque estaba impugnado."
"Tomar decisiones caprichosas, y ya veremos si también delictivas,
está perjudicando gravemente a la ciudad de Alicante y parece que
Castedo no tiene ninguna intención de rectificar", ha asegurado, para
añadir que "se ha convertido en un lastre para la ciudad de Alicante".
Echávarri también ha recordado que el dueño de los terrenos donde
se pretende instalar Ikea es el mismo "con el que la alcaldesa se va en
yate o de vacaciones a Andorra, y el mismo que está imputado junto con
ella por el presunto amaño del PGOU".
También el portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de
Alicante, Fernando Llopis, ha lamentado "profundamente" la decisión del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de
anular el plan Rabasa, en cuyos terrenos estaba previsto ubicar Ikea, y
considera que es una "mala noticia para la ciudad" porque "es
imprescindible que una plataforma como Ikea se pueda instalar en
Alicante".
A preguntas de los medios de
comunicación, Llopis ha remarcado que esta superficie comercial "ahora
mismo era una fuente de puestos de trabajo y de referencia", y ha
defendido que "Alicante sigue siendo el centro ideal para instalar una
plataforma como Ikea".
El edil de UPyD ha indicado que hubiera sido preciso "un plan B"
por parte del equipo de Gobierno del PP en Ayuntamiento de Alicante, y
ha subrayado que "parece que cualquier infraestructura importante en
Alicante tiene que estar vinculada a un empresario", en alusión al
adjudicatario del plan Rabasa, el empresario Enrique Ortiz, "y no tiene
porqué ser así, porque hay otros terrenos".
"Lamentamos que, en su momento, tanto PP como PSOE hayan aprobado
un plan mal hecho y ahora estamos pagando, desgraciadamente años
después, en unos momentos de crisis, donde necesitamos que aquí se
pudieran implantar este fallo negativo".
Sin embargo, el portavoz de EU en el Ayuntamiento de
Alicante, Miguel Ángel Pavón, ha considerado que la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que
anula el plan Rabasa "es una buena noticia" para la ciudad y ha mostrado
su confianza en que esta resolución haya dejado la actuación "herida de
muerte".
Pavón se ha
referido así a la anulación de los acuerdos del Ayuntamiento de Alicante
y de la Generalitat Valenciana por los que se aprobó este plan y se
adjudicó a una mercantil propiedad del empresario Enrique Ortiz,
imputado en el caso 'Brugal'.
El portavoz municipal de EU ha opinado que este plan, que preveía
la reclasificación de 3,6 millones de metros cuadrados de suelo y la
previsión de edificación de 12.503 viviendas, "debería pasar a la
historia como un plan nefasto, típico del peor urbanismo de promotor,
que está ligado a esa burbuja inmobiliaria y que si todo transcurre como
indica esta sentencia, parece se va a abandonar".
Por ello, ha trasladado su deseo de que el Ayuntamiento "tome
buena nota, y no recurra" la sentencia, si bien ha indicado que
desconoce lo que va a hacer la Generalitat Valenciana, que fue la
administración que en 2009 aprobó definitivamente este plan.
"Nosotros esperamos que se abandone y que se centre el interés del
urbanismo de la ciudad en los barrios, que están abandonados, en la
ciudad real, existente, y que se abandonen estas operaciones
especulativas", ha reclamado.
Así mismo, Pavón ha señalado que "esta primera sentencia va a
marcar camino" en la resolución pendientes de otros recursos planteados
en su día contra el plan Rabasa por la propia EU y la Plataforma de
Iniciativas Ciudadanas (PIC).
Además, ha aludido a la reciente decisión de la Audiencia
Provincial de Alicante, que ha ordenado reabrir las diligencias de
investigación penal sobre el presunto amaño del plan Rabasa, que, según
ha dicho, habrá que "ver si no dilucida responsabilidades penales para
Díaz Alperi, Sonia Castedo y Enrique Ortiz que es el presunto corruptor
de la presunta trama de corrupción ligada al urbanismo de la ciudad,
tanto al plan Rabasa como el PGOU".
Por todo ello, ha asegurado que "el plan Rabasa es un plan herido
de muerte con esta sentencia, es un plan insostenible, inviable, que el
Ayuntamiento de Alicante intenta que salga a flote a través de una
actuación como Ikea".
"A Castedo se le están cayendo todos los proyectos emblemáticos
que vendía para la ciudad, su PGOU, el plan Rabasa e Ikea, porque si
plan Rabasa no va adelante, Ikea se cae inmediatamente", ha subrayado.
Pavón ha recordado que EU "siempre" se ha posicionado en contra de
Ikea, "no tanto por la propia superficie comercial de Ikea, como por la
gran macrosuperficie comercial añadida de Ikea, que supondría un golpe
mortal para el pequeño y mediano comercio de la ciudad".
Además, ha precisado que "la misma" falta de libre concurrencia y
publicidad observada ahora por el TSJCV en la adjudicación del plan
Rabasa "ha ocurrido recientemente con la macrocontrata de residuos de
esta ciudad, que se debería haber publicado el anuncio de licitación en
el diario oficial de la Unión Europea".
"Nosotros hemos trasladado una pregunta a la Comisión Europea a
través de nuestro eurodiputado Willy Meyer, y de hecho vamos a recurrir
la adjudicación de esa macrocontrata a una UTE participada casualmente
por el señor Ortiz, en base a que no se cumplen los requisitos de libre
concurrencia y publicidad", ha explicado.
Por ello, ha apuntado que "parece que todo lo relacionado con el
señor Ortiz está presuntamente amañado, y ya está bien de esta presunta
trama que parece que es la que gobierna la ciudad".
Finalmente, la diputada de Compromís, Mireia Mollà, ha
celebrado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana (TSJCV) de anular el plan Rabasa, que, según ha dicho, es "la
viva demostración de las políticas urbanísticas de los gobiernos del
PP, en este caso del Ayuntamiento de Alicante, primero de la mano de
Luis Díaz Alperi y después de Sonia Castedo", según ha informado en un
comunicado la coalición.
Según la diputada de Compromís, "los gobiernos municipales de
Alperi y Castedo han propiciado los pelotazos urbanísticos con la única
finalidad de favorecer y enriquecer a sus empresarios amigos, en este
caso el señor Ortiz y, por eso esta decisión judicial pone punto y final
a una etapa oscura del gobierno de Alicante".
"Exigimos hoy más que nunca las responsabilidades políticas de
Castedo y Alperi, que propiciaron esta barbaridad urbanística,
medioambiental y social que es el plan Rabassa", ha destacado Mireia
Mollà.
La diputada además ha pedido al presidente de la Generalitat,
Alberto Fabra, que "eche a Castedo del Ayuntamiento de Alicante y a
Alperi de su escaño en las Cortes", al considerar que "estas personas no
pueden seguir ensuciando el nombre de Alicante como lo están haciendo
con numerosos casos de irregularidades y presunta corrupción al frente
del consistorio".
A la vez, la diputada ha anunciado que el grupo parlamentario del
Bloc-Compromís va a solicitar la comparecencia de la consellera de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, "para que
dé las correspondientes explicaciones sobre este plan que el Gobierno
valenciano también apoyó a pesar de las irregularidades".
Por su parte, el portavoz de Compromís per Alacant, Tomàs Mestre,
ha mostrado su satisfacción por la resolución del TSJCV, y ha insistido
en que este plan "obedece a un concepto poco riguroso desde el punto de
vista de la sostenibilidad y del Medio Ambiente, además de fomentar una
producción urbanística salvaje lejos de la cohesión que necesita esta
ciudad".
"El TSJCV ha acabado con una manera de hacer política que ya se
termina, un modo de gobernar que se centra al hacer políticas para unos
cuantos y no para la mayoría", ha concluido Mestre.
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